Categoría: ACTUALIDAD

La desposesión de lo humano: el animalismo como barbarie

El animalismo forma parte de las ideologías autoritarias que en nombre del género, la digitalización o el cambio climático intentan modificar nuestra racionalidad

Cartel de Pacma para el 8-M. Pacma

Por DAVID SOUTO ALCALDE en VozPopuli

El animalismo, ese virus moral que defiende la igualdad jurídica entre humanos y animales, ha llegado como un ejército invasor a nuestras vidas para obligarnos a modificar hábitos, tradiciones e incluso la concepción que tenemos de nosotros mismos. Por medio de una macabra inversión de sentido, todos aquellos que defendemos los derechos humanos hemos pasado de ser considerados “humanistas” (defensores de la humanidad) a ser vilipendiados como “especistas” o guardianes de fronteras entre especies que legitiman la primacía humana sobre los animales. Incubado en las universidades de élite americanas como una corriente de activismo minoritaria (igual que la teoría queer o el posthumanismo), el animalismo se ha convertido en tiempo récord en uno de los instrumentos ideológicos de dominación poblacional. En España, su tóxica fumigación sobre la ciudadanía ha tenido lugar el pasado marzo por medio de una serie de eventos que han culminado en la aprobación de la Ley de Bienestar Animal y que buscan convertir el animalismo en un nuevo sentido común.

Si el 8 de marzo el PACMA conseguía copar titulares en todos los medios con un cartel anti-especista que equiparaba a una vaca con una mujer para reclamar “un feminismo sin distinción de especies” en el que no hubiese ni oprimidas (vacas) ni opresoras (mujeres, en tanto que humanas), tan solo un día después se anunciaba la concesión del premio BBVA a Peter Singer, fundador del movimiento animalista. Según el jurado, este galardón se debía al “progreso moral” ocasionado por las teorías del filósofo australiano, que inspiran de manera directa la ley animalista que se oficializó el 28 marzo impulsada por Unidas Podemos.

La polémica tardó poco en explotar, pues Singer lleva desde 1975 defendiendo el infanticidio, la experimentación en laboratorios con personas con retraso mental o la zoofilia como condición para borrar la frontera entre humanos y animales. Por ejemplo, mientras que Julio Llorente glosaba la barbarie animalista del premiado en un artículo publicado en estas mismas páginas, Pablo de Lora realizaba en The Objective una encendida, pero vacua defensa suya porque el filosofar de Singer, decía, “es revoltoso y escandaloso y no tiene empacho en formular las preguntas inaugurales”. 

El animalismo como anti-ética

El animalismo forma parte de las ideologías autoritarias que en nombre del género, la digitalización o el cambio climático intentan modificar nuestra racionalidad con el objetivo de hacernos creer que nuestra naturaleza ha cambiado o que tiene que cambiar a fuerza de ley. La desposesión, jurídica, pero también material, que el animalismo pone en marcha, pudiendo parecer la más inofensiva, es la más peligrosa de todas. Mediante la creación de un marco inhumano que sirve a los intereses del posthumanismo (hay que desterrar todo lo que sea humano, porque lo humano es irremediablemente igualitario por inmutables leyes naturales), el animalismo desprotege tanto a humanos como animales y nos somete a los designios arbitrarios de una élite tecnócrata que decide quién debe ser protegido y quién abandonado.

Las teorías animalistas de Peter Singer son las que más nos debieran preocupar pues son las que han directamente inspirado la Ley de Bienestar Animal, que no solo propone hasta 18 meses de cárcel por matar a un vertebrado (por ejemplo, un ratón), sino que legaliza la zoofilia y se compromete a otorgar derechos casi humanos a los grandes simios. El animalismo de Singer derriba la frontera entre humanos y animales de manera que ciertos seres humanos (bebés, personas con retraso mental, etcétera) dejan de tener derechos y pasan a ocupar el rol de bestias sacrificables, mientras que ciertos animales detentan derechos humanos. En palabras de Singer: “Algunos miembros de otras especies son personas: algunos miembros de nuestra propia especie no lo son. Ninguna valoración objetiva puede apoyar la postura de que en todas las ocasiones es peor matar a miembros de nuestra especie que no sean personas, que a miembros de otras especies que sí lo son”. Esta reformulación de categorías éticas que afirma que un bebé no es una persona, pero un cerdo sí lo es, lleva al propio Singer a aventurar que “si perros y gatos pueden ser calificados como personas, los mamíferos que utilizamos como alimentos no pueden encontrarse demasiado lejos” y a lamentar: “¿No estaremos convirtiendo personas en beicon?”.

El cambio radical que animalismo propone se basa en sacrificar aquello que nos hace humanos (la defensa de los vulnerables) para construir una nueva ética anclada en principios de eficacia propios de la filosofía utilitarista. Según esta corriente, que pensadores como Durkheim, Weber, Rawls o Nozick consideraban como incompatible con la naturaleza humana, la sintiencia (la capacidad de experimentar sufrimiento o placer) es la única fuente originaria de derechos, que serán tenidos en cuenta, en mayor o menor medida, dependiendo de la capacidad de autoconciencia y la probabilidad de ser felices, no solo en el presente sino también en el futuro. Por ejemplo, en libros como Liberación animal o Ética Práctica, Singer defiende que en los experimentos clínicos habría que sustituir a animales por humanos con retraso mental severo, pues así “el número de experimentos realizados con animales se reduciría de forma significativa”, puesto que “existen humanos discapacitados intelectualmente que tienen menos derecho a que se les considere conscientes de sí mismos o autónomos que muchos animales no humanos”.

El peligro de abrir la caja de Pandora de la animalidad se hace evidente cuando Singer defiende el derecho al infanticidio, ya que, según argumenta, “si podemos dejar a un lado los aspectos emocionalmente conmovedores, pero estrictamente sin pertinencia alguna, que surgen al matar un bebé, veremos que los motivos para matar personas no se aplican a los recién nacidos”. Esto sería así según este premiado y alabado impulsor del “progreso moral” porque “si el derecho a la vida debe basarse en la capacidad de querer seguir viviendo, o en la capacidad de verse a sí mismo como un sujeto con mente continua, un recién nacido no puede tener derecho a la vida”. Anticipándose a las posibles objeciones, Singer explica que “si estas conclusiones parecen demasiado escandalosas para ser tomadas en serio, quizá merezca la pena recordar que nuestra actual protección absoluta de la vida de los niños es una actitud típicamente cristiana más que un valor ético universal” y que “quizá ahora sea posible pensar en estos temas sin asumir el marco moral cristiano que ha impedido, durante tanto tiempo, cualquier revaloración fundamental”. Estas “preguntas inaugurales” que Pablo de Lora parecía celebrar en su artículo ponen fin a un tabú que según el filósofo australiano hace que “desde la derrota de Hitler, no ha[ya] sido posible (…) comparar el valor de la vida humana y no humana”. 

Es quizás por eso que en un texto titulado “Heavy Petting” Singer va más allá y defiende la zoofilia tras asegurar que la vagina de una vaca puede satisfacer sexualmente a un hombre, que las mujeres se sienten más atraídas hacia los caballos que hacia los seres humanos o que es muy normal que un orangután tenga una sincera erección al ver a una mujer por ser los límites entre especies algo artificial. Es más, Singer asegura que nuestro rechazo a la zoofilia “se ha originado como parte de un más amplio rechazo al sexo no reproductivo” como el sexo oral o el anal, pero que “la vehemencia con la que esta prohibición se mantiene mientras otras prácticas sexuales no reproductivas han sido aceptadas sugiere que hay otro poderoso motivo: nuestro deseo para diferenciarnos, eróticamente y de cualquier otra manera posible, de los animales”.

Francisco de Vitoria

El universalismo cristiano que Singer crítica como base de la vieja moral que nos impide matar a inocentes (niños, personas con retraso mental, etc.) y que prohíbe que humanos y animales tengamos los mismos derechos tiene su origen en el teólogo español Francisco de Vitoria (1483-1546). En su ensayo (relectio) “Sobre los indios”, considerado como el fundamento de los derechos humanos actuales, Vitoria explora las posibles razones ilegítimas que, de acuerdo con la ley natural, impedirían a los españoles ejercer su dominio sobre los indios del Nuevo Mundo, aun cuando leyes creadas por humanos lo permitiesen. Las conclusiones de Vitoria son claras: no existe ninguna razón por la que los españoles puedan dominar a los indios, ya que estos tienen dominio (dominium) sobre sus propios cuerpos, territorios y son perfectamente capaces de gobernarse a sí mismos sin importar que sean paganos, herejes o delincuentes. En su argumentación escolástica, Vitoria invierte avant la lettre los razonamientos animalistas de Singer y afirma que aunque los indios fuesen como niños pequeños, tuviesen algún retraso mental o estuviesen locos, no habría razón para dominarlos, pues de hacerlo serían víctima de una injusticia (iniura) por ser imágenes de Dios (imago dei).

El argumento de Vitoria es especista de principio a fin, y muestra que la igualdad y los derechos solo son posibles desde postulados especistas. Hablando en plata, los indios tienen tantos derechos como los españoles por la sencilla razón de que son humanos. Pese a las acusaciones de canibalismo, su humanidad se confirma mediante dos argumentos complementarios: tienen dominio, es decir, derecho natural a gestionar los recursos naturales y a autogobernarse, que se basa en que han sido creados a imagen y semejanza de Dios (son imagen de dios, no Dios, como parecen creer los posthumanos y los animalistas). Este dominio, que tiene un soporte legal humano o positivo mediante derechos como el de propiedad, es ajeno por completo a los animales, quienes según Vitoria no pueden ser víctimas de una injusticia pues “privar a un lobo o león de su presa no supone una injusticia”. Si los animales tuviesen dominio, prosigue, “cualquier persona que vallase un terreno con hierba que antes era consumida por ciervos estaría cometiendo un delito, pues estaría robando comida sin permiso del propietario”.

La lógica argumental de Vitoria es implacable. Pensemos, de hecho, que la mayor prueba de que los animales no tienen dominio la constituye la propia doctrina animalista que en su despiadada defensa de lo animal se arroga el derecho, por ejemplo, a esterilizar gatos sin su consentimiento o a intervenir en hábitats naturales si consideran, en base a principios utilitarios, que obtendrán un balance ecológico más justo aunque maten a miembros de tal o cual especie. Este mismo derecho a esterilizar o matar animales no existe con respecto a los seres humanos por la sencilla razón de que esterilizar o matar a miembros de una población (o a un individuo), fuese cual fuese la causa, sería visto como una injusticia. Es más, los miembros humanos de esa comunidad podrían declararle la guerra o directamente matar a los humanos que hubiesen esterilizado a su población, puesto que uno de los objetivos de los derechos humanos consiste en asegurar, en la medida lo posible, que aquellos que son capaces de agredirse a sí mismos con unos niveles de eficacia no poseídos por otras especies -los seres humanos- no lleguen a hacerlo.

La desposesión de lo humano (especismo o barbarie… tecnócrata)

El animalismo defendido por Peter Singer e inoculado en la política española por parte de nuestros políticos más “izquierdistas” (aspirantes eternos a mediocre profesor universitario, tecnócratas sin oficio que asumen como verdad toda vileza que la academia americana produce) implementa una desposesión humana que nos hace pasar de ser iguales en tanto que imago dei a estar sometidos a los caprichos de un dios arbitrario encarnado en la tecnocracia global. El animalismo, como recordaba Miguel Ángel Quintana en un debate reciente con Ernesto Castro, sustituye la ética de vínculos propia de la humanidad por una ética de atributos. Este modelo supone una desprotección absoluta de los seres humanos (y de los animales) en tanto que hace depender nuestros derechos y supervivencia de la posesión de un determinado atributo (un mayor grado de inteligencia, una mayor voluntad de vivir de manera feliz, etc.) que cambia de acuerdo con los deseos de aquel que dicta las reglas. Esta nueva ética, a diferencia de la humana, solo es posible mediante una violencia coercitiva y vertical que, en su aspecto aterciopelado, toma forma de lo que Ignacio Castro Rey ha denominado en En Espera como “violencia perfecta”.

La ética de atributos que el animalismo hace suya ha sido la mayor promotora de desigualdad a lo largo de la historia, pues es solo mediante ella como pueden llegar a darse males como el racismo o el machismo, que consideran que ciertos sujetos carecen de determinado atributo y no se bastan de su humanidad para tener derechos. Esta violencia animalista no tiene otro fin que promover una tecnocracia posthumana que elimine la frontera entre humanos y animales y nos convierta a todos en bestias que habitan el zoológico humano soñado por Sloterdijk. Estamos ante el enésimo uso instrumental de los animales, solo que esta vez en lugar de ser empleados en fábulas como fuentes de moralidad, los animales son utilizados como arma con la que desposeernos de la dignidad humana y de nuestra responsabilidad con la naturaleza.

El animalismo, como mostraré en otro artículo, es una doctrina alienante que mediante una moral new age hipnotiza a cantidades cada vez más grandes de población antes de que estas mueran ahogadas en el río de las falsas promesas identitarias. Por una parte, en tanto que defensor del principio utilitario del no sufrimiento y la felicidad como base del derecho a la vida, el animalismo hace creer a parte de la ciudadanía que toda frustración debe ser evitada por ir en contra de los delirantes postulados de la felicidad eficaz, que para ser efectiva debe ser medida en todo momento (de ahí, la incitación actual a cambiarse de sexo o a solicitar una eutanasia ante la menor contrariedad, como sucede en Canadá). Por otra parte, la proyección que el animalismo hace del pasado humano previo al surgimiento del utilitarismo como una época de barbarie refuerza la creencia de que la Ilustración, madre de todas las distopías del presente, es la verdadera época de la racionalidad y no una de sus más peligrosas negaciones.

En un contexto de desposesión humana como el actual solo nos queda mirar hacia adelante con un prudente retrovisor que nos permita visualizar en toda su complejidad teorías del pasado como la de la ética universal de Francisco de Vitoria, que hace de la vulnerabilidad humana la fuente de derechos y no un principio de exterminio. Vitoria, como Hegel, dio lugar a una izquierda y a una derecha vitoriana (cierta interpretación de sus teorías legitimó atrocidades cometidas en tierras extranjeras en nombre de lo que hoy denominaríamos libre mercado), pero defendió ante todo las bases naturales de la libertad humana y la necesidad de crear legislaciones que protegiesen esta. En un ejercicio de preventiva anticipación a la actual izquierda hobbesiana, que donde ve un ser humano detecta un criminal, el teólogo español aseguró, por medio de Ovidio, que “El hombre no es un lobo para el hombre, sino un hombre”. Si queremos evitar la criminal deshumanización del prójimo impulsada por el animalismo y demás golpes de estado woke, así como respetar a nuestros compañeros los animales, haríamos bien en memorizar esta máxima milenaria y en asimilar, sílaba a sílaba, su incontestable verdad.

«GRAPHIC DESCRIPTION OF PROGRESSIVISM»

El supermercado público de Ione Belarra será la ruina del españolito en dificultades

#PodemosBasura #PodemosChusma #PodemosMugre

«Todas estas promesas incrementan el gasto público, pero no generan riqueza nacional, lo que siempre obliga a que la Agencia Tributaria tenga que recaudar más y cometa más injusticias con los ciudadanos más esforzados»

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra y la ministra de Igualdad, Irene Montero EUROPA PRESS / Gustavo Valiente.

Por Rubén Arranz en VozPopuli

Antonio (por llamarle de alguna forma) es un joven español cuya familia es especialista en el equilibrismo financiero. Su madre trabaja de dependienta y su padre -de 55 años- cobra un subsidio de desempleado de larga duración. Lo complementa con alguna ñapa en negro que sirve para llegar a fin de mes. Antonio es universitario y no pudo disfrutar de una beca Erasmus porque su cuantía era muy baja y su familia no podía prestarle apoyo con los gastos de su estancia en otro país. Tampoco pudo acompañar a sus amigos en el largo mes de Interrail que pasaron hace un año, entre sacos de dormir en estaciones de tren, bocadillos de mortadela y episodios seminales. Antonio si acaso viaja con alguna oferta de aerolínea de bajo coste y nunca por más de 100 horas. Los veranos ‘los estudia’ y los trabaja y, como hormiga, mira a las cigarras viajeras con cierto desprecio mientras el sudor gotea bajo su camisa y sueña con la suerte, ese concepto tan abstracto y tan lejano.

Estos días, ha leído en sus redes sociales que el Gobierno pagará una parte de la próxima aventura en ferrocarril de sus compañeros y ha pensado: “Ellos ya se lo podían permitir y yo tampoco iba a poder irme un mes. Vaya tontería. Vaya forma de comprar votos”.

A la familia de Antonio no le cuentan la verdad quienes hablan estos días de justicia social para convencerlos de que deben votar a su partido el próximo 28 de mayo. Resulta tentador que un Gobierno regale cheques-viaje, perritos piloto, bonificaciones de 400 euros y rentas universales. «Algo caerá», piensa su padre, mientras pide a su mujer 5 euros para tabaco, no sin tragarse cierta ración de la típica frustración de quien se siente un perdedor.

Por si fueran pocas las referencias gubernamentales a la tierra prometida, Ione Belarra ha anunciado recientemente que Podemos quiere constituir empresas públicas para todos los sectores estratégicos. Entre ellos, el de los supermercados. “Esta propuesta no le gustará a Juan Roig”, expresaba este domingo Pablo Echenique. Y la madre de Antonio pensaba: “Con lo difícil que es llegar a fin de mes, pese a lo que trabajo, y con lo que han subido los precios, quizás sea bueno votar a quienes nos defienden de verdad y quieren que paguemos menos en el súper”.

Lo que no le cuentan los portavoces de Podemos a la familia de Antonio es que todas estas promesas incrementan el gasto público, pero no generan riqueza nacional, lo que siempre obliga a que la Agencia Tributaria tenga que recaudar más y cometa más injusticias con los ciudadanos más esforzados. Generalmente, para que las hormigas asuman las cargas que las cigarras rechazan.

Esto es lo que provoca que la jefa de la madre de Antonio no pueda contratar a otra trabajadora; o que su padre no tenga grandes opciones de salir del agujero del paro por la vía del autoempleo. En ambos casos, el Estado pone sobre los emprendedores la pesada losa de la tributación desmedida. La que -dicen- sirve para pagar los hospitales, carreteras y colegios. Esos que cada vez se encuentran en peor situación, sin que nadie haya propuesto un debate serio sobre la forma de gestionarlos en el medio y largo plazo. Aquí no se habla de eso. Aquí se reparten subvenciones y se desafía a la inteligencia de los ciudadanos con propuestas como la de los supermercados públicos.

Personas fáciles de engañar

Estas iniciativas siempre resultan peligrosas porque suelen calar entre los desencantados. Las personas que deben ocuparse de su supervivencia no tienen tanto tiempo para informarse sobre los ‘asuntos públicos de relevancia’ como quienes pueden procrastinar y liberarse en su sindicato. Llenar el frigorífico, reunir el dinero necesario para pagar las facturas y ahorrar un poco por si se rompe la lavadora provoca demasiados quebraderos de cabeza y no permite concentrarse, muchas veces, en la reflexión profunda y el análisis pormenorizado de los discursos estatalistas de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Cristina Fallarás.

Pero convendría aclarar que sus razonamientos son falaces, dado que la base de las sociedades prósperas no se encuentra en la política ministerial, sino en las relaciones comerciales y de colaboración de los individuos que las conforman. Cuanto mayor sea el volumen de ellas, mejor le irá a un territorio y más dinero tendrán sus habitantes. Cuanto más se impida el libre comercio, mayor dependencia del Estado habrá y más temor a los recaudadores de impuestos, que cada vez pedirán más a los contribuyentes. 

Medidas como las que proponen Belarra y Pedro Sánchez -ni que decir la estupidez de Yolanda Díaz de dar 20.000 euros de herencia universal a los jóvenes- incrementan la factura, pero no generan beneficios, lo que provocará que a Antonio le cobren más IRPF del primer sueldo que perciba cuando termine la universidad y acceda a un trabajo cualificado, lo que dificultará su ahorro y sus proyectos personales.

Y todo ese sistema tan injusto -que paraliza el ascensor social y sangra a las clases medias- impedirá que su padre se gane la vida como autónomo, dado que entre cuotas e impuestos no le será rentable. Tampoco ayudará a sus potenciales clientes, que también estarán obligados a pagar al Estado casi hasta por respirar. Reitero: lo que les quite Hacienda no lo invertirán en la economía doméstica.

La desesperanza en un Estado socialista

También puede ocurrir algo peor, y es que el empleador que iba a contratar a Antonio quizás se lo piense dos veces a la vista de que el Gobierno cada vez pone más cargas a los empresarios, así que el muchacho probablemente se vea con un título en la mano, pero sin la capacidad de progresar. En esas condiciones, pensará: «O repartidor de Glovo u opositor«. Quizás tenga suerte y consiga una plaza pública en unos años, a base de tesón y esfuerzos por agarrar la moral para que no descienda hasta el subsuelo en los largos días de estudio. Entonces, conseguirá un trabajo indefinido, pero con un sueldo normalucho que pagarán el resto de los contribuyentes. Incluida su madre cuando vaya al supermercado y le cobren el IVA de cada producto.

«La solución podría ser un supermercado público», le dicen en Podemos. La iniciativa ha sido un desastre allá donde se ha aplicado. La URSS cayó entre desabastecimiento, estanterías vacías y colas en la calle, a 10 grados bajo cero, por una barra de pan o un paquete de arroz. En Cuba, este fin de semana disparaban con cañones de agua a los manifestantes en Guantánamo por lamentar la decisión del Gobierno de privar de carne de pollo a los menores de 13 años. En Venezuela, Hugo Chávez vendía en televisión frigoríficos al ‘precio justo’ determinado por la revolución. Ahora, el país es tan pobre y el bolivar está tan devaluado que no hay muchas más opciones que hacer una sopa con papel moneda para llenar el estómago de forma barata.

A Antonio y a su familia les dirán estos días que hay que votar al PSOE y a Podemos porque son los partidos del pueblo. Son los que reparten el dinero público entre los pobres y los que distribuyen equitativamente los recursos públicos. En Europa, esa filosofía política ha implicado el incremento imparable de las deudas y la creación de sociedades adocenadas y subvencionadas que acaban pudriéndose en su propia mediocridad mientras despotrican contra los Amancio Ortega, Juan Roig o Iberdrola de turno por el mero hecho de ser empresarios y, por tanto, de estar asociados a la codicia y la esclavitud de los proletarios.

En otras latitudes, las vertientes radicales de esa ideología han traído resultados mucho más dramáticos. Tanto, que cualquiera de sus habitantes hubiera matado por trabajar en un Mercadona con un sueldo base de 1.400 euros y 15 pagas. Que son mucho más de lo que ofrecen quienes son incapaces de crear sociedades prósperas Los intentos de colectivizar los recursos que se obtienen a partir de las relaciones comerciales han derivado históricamente en desastre, dado que no hay mayor derrochador de dinero público que el Estado que se deja llevar por las ocurrencias socialistas. Tampoco es nuevo este debate. Los escolásticos ya hablaban del ‘precio justo’ y los intelectuales de mediados del siglo XVI se preguntaban el porqué la riqueza que se obtenía en las colonias se destinaba a guerras lejanas y no a garantizar la prosperidad en España. La respuesta por estos lares ha sido siempre similar: la ceguera, las manías y la impericia gubernamental ha aplastado las buenas ideas de otros muchos.

Sobra decir que el modelo que proponen Podemos y el PSOE ni crea prosperidad ni arregla las necesidades de los pobres. Sin duda, es necesario que existan unos impuestos justos para que Antonio pueda estudiar y ascender en la sociedad hasta poder encontrar un trabajo o montar una buena empresa con la que poder pagarse el Interrail o un viaje a Cancún con sus padres. Pero quienes hoy le prometen el oro y el moro son los que más difícil le pondrán el conseguir ese objetivo. Pero eso no lo dicen en los mítines que Antonio y sus padres escuchan cuando ponen el telediario del fin de semana.

El PP ganaría las elecciones en Madrid y Valencia, pero sólo gobernaría Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, en un acto (Foto: PP de Madrid)

Por Diariocrítico

Continúa el goteo de encuestas para las elecciones del 28 de este mes de mayo, donde hay comicios municipales en toda España y en gran parte de las comunidades autónomas.

Este lunes hemos conocido 2 importantes sondeos, para las que son sin duda las 2 comunidades estelares este 28-M: Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, ya que no habrá convocatoria en las urnas en Cataluña, Andalucía, Euskadi o Galicia.

Las encuestas han sido elaboradas por 40DB para ‘El País’ y la ‘Cadena SER’.

Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso arrasaría en las urnas, ganando de nuevo, como en la repetición electoral que se hizo en 2021, un triunfo que no logró en 2019 pese a accede a la presidencia madrileña.

En estos nuevos comicios el PP lograría un 46,6% de los apoyos, lo que le daría 69 escaños, superando en uno el número necesario para ostentar la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid.

El PSOE recuperaría la segunda plaza con el 18,6% de votos, mejorando Juan Lobato la herencia recibida de Ángel Gabilondo en 2021, aunque en 2019 había ganado las elecciones. Obtendría 27 escaños.

Más Madrid, que en 2021 dio el sorpasso a los socialistas con Mónica García, bajaría ahora a la tercera plaza con 26 diputados y el 17,7% de los votos. Mejora cifras respecto a 2021 pero la recuperación socialista le supera.

Vox se estanca y repetiría con el 9,2% de los apoyos los que obtuvo hace 2 años. La lista liderada por Rocío Monasterio se quedaría en 13 escaños que esta vez serían intrascendentes ante la mayoría absoluta de Ayuso.

Ciudadanos sigue fuera de la Asamblea, com en 2021, y Unidas Podemos está en peligro de no superar el corte. Según esta encuesta de 40DB, no llega ahora mismo al 5% de los votos necesarios. Los morados, liderados ahora por Alejandra Jacinto, se quedarían en el 4,4% de votos.

Ficha técnica: La encuesta de 40DB contó con 1.200 entrevistas realizadas entre el 28 de abril y el 3 de mayo.

Comunidad Valenciana

En esta región, el PP ganaría las elecciones autonómicas que ganó en 2019 el PSOE de Ximo Puig. Eso sí, no obtendría mayoría absoluta ni con el apoyo de Vox, por lo que entre socialistas, regionalistas de Compromís y la izquierda podrían retener el gobierno autonómico.

El PP arrasaría con el 30% de los votos y 33-35 escaños. La mayoría absoluta en Les Corts la marca el diputado número 50.

El PSOE valenciano obtendría el 26% de votos y 30-31 escaños, por lo que mejoraría sus cifras actuales a costa de la izquierda.

Compromís sería la siguiente fuerza política con el diputado nacional Joan Baldoví, que regresa a su tierra para dar el relevo a Mónica Oltra. Apenas pierde votos respecto a las anteriores elecciones y podría mantener sus actuales 17 escaños o perder uno.

La alianza de Podemos e Izquierda Unida, Unidas Podemos, se hunde con el 5,3% de los votos, pasando por los pelos el corte parlamentario del 5%. Lograrían 5 diputados.

En el lado de la derecha, Ciudadanos desaparecería con el 3,3% de los votos y no pasar el corte. Vox crecería hasta el 15% de los apoyos y 13-14 escaños.

PP y Vox podrían sumar 46-49 escaños, a sólo uno de la mayoría absoluta. PSOE y las izquierdas sumarían 51-52.

Ficha técnica: se realizaron 1.200 entrevistas entre el 28 de abril y el 3 de mayo para esta encuesta. El margen de error muestral es del 2,8%.

Las alertas sobre la IA de los científicos ‘arrepentidos’: «Será el fin de la raza humana»

Cientos de científicos, ingenieros e informáticos que durante años han trabajado e impulsado el mundo de la Inteligencia Artificial han abandonado el sector alertando de los peligros que supone su avance

REGINA MARÍN LATONDA

Esta semana, el ‘padrino de la Inteligencia Artificial’, Geoffrey Hinton, abandonó Google, donde durante años había promovido esta tecnología, alertando de los peligros que veía en ella. Una noticia sorprendente si se ve de manera aislada, pero poco extraña si se compara con otros cientos de científicos, ingenieros e informáticos que trabajaron e impulsaron la IA y finalmente dejaron el sector alarmando de los peligros que supone su avance.

En el año de la pandemia salió un documental que revolucionó la sociedad, enganchada y adicta a las redes sociales, a los teléfonos y las pantallas. Se llamaba «El dilema de las redes sociales» y en él, antiguos trabajadores de Facebook, desencatados y «espantados» por lo que su sueño era realmente, contaban los secretos de los dueños de las redes sociales para enganchar y manipular la sociedad.

Una de las frases que más reflejan lo que para muchos supone el avance de las inteligencias artificiales la dijo uno de sus protagonistas en este documental: «Hay dos industrias que llaman a sus clientes usuarios: la de las drogas ilegales y la del software». Y lo dijo precisamente un hombre que durante años formó parte de esa industria, convencido de sus maravillas.

Los peligros que señalan los expertos arrepentidos de su pasado (principalmente, trabajadores de Facebook, Twitter y Google) en pro de la tecnología son principalmente seis.

Que el objetivo es robar el tiempo de las personas, «una moneda valiosa para empresas, políticos, organizaciones o países que quieran vender productos o ideas a audiencias vulnerables e hipersegmentadas»; que «si no pagas el producto, es que tú eres el producto»; que las herramientas están diseñadas para enganchar y manipular, como ocurre con la droga; que nos engañan con falsas recompensas, creando métodos de navegación capaces de estimular la circulación de la dopamina a niveles sin precedentes; que nos venden seguridad por inseguridad (sobre todo por los peligros psicológicos) y que las noticias falsas se propagan seis veces más rápido que las verdaderas.

Años atrás, Stephen Hawking, uno de los grandes científicos de la historia, también mostró su rechazo a lo que ya entonces veía como el imparable avance de la IA. Entonces dijo que los esfuerzos por crear máquinas inteligentes representan una amenaza para la humanidad. Concretamente, el científico, que precisamente utilizaba una IA para comunicarse debido a la enfermedad que padecía, aseguró que «el desarrollo de una completa inteligencia artificial (IA) podría traducirse en el fin de la raza humana«.

Para Hawking la inteligencia artificial desarrollada hasta ese momento había demostrado ser muy útil, pero temía que una versión más desarrollada pudiera «decidir rediseñarse por cuenta propia e incluso llegar a un nivel superior». «Los humanos, que son seres limitados por su lenta evolución biológica, no podrán competir con las máquinas, y serán superados», aseguró el científico.

Este mismo año, en marzo, el propio Elon Musk, magnate de la tecnología y de la ciencia, pidió a través de una carta junto con otro grupo de científicos, que se suspendan durante seis meses los experimentos con inteligencia artificial muy potente porque consideran que «pueden plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad«.

«La sociedad ha hecho una pausa en otras tecnologías con efectos potencialmente catastróficos en la sociedad. Podemos hacerlo aquí. Disfrutemos de una larga pausa veraniega de la IA y no nos apresuremos a caer sin estar preparados», dice la carta abierta publicada por el organismo sin ánimo de lucro Future of Life Institute.

No son los únicos preocupados. En febrero, Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, empresa desarrolladora de ChatGPT, afirmó que el mundo podría no estar «tan lejos de herramientas de IA potencialmente aterradoras» y que la regulación sería fundamental, pero que llevaría tiempo resolverla.

Los peligros de la IA que destaca Hinton

El último científico que desde dentro del sector tecnológico pide el fin del avance de los robots y de las inteligencias ha sido precisamente el ‘padrino en Google de las IA’s’. El experto ha contado en una entrevista que de repente «ha cambiado de opinión sobre si estas cosas van a ser más inteligentes que nosotros». «Creo que ahora están muy cerca de ello y que en el futuro serán mucho más inteligentes que nosotros… ¿Cómo sobreviviremos a eso?», ha expresado.

Para él, los problemas que plantea esta tecnología son principalmente cuatro, muy similares a los que dicen los extrabajadores de Facebook. Que es posible que la IA sea más inteligente que nosotros los humanos, que puede sobre alimentar la difusión de información falsa, que provocará la destrucción de miles de empleos (como contamos en este periódico, la Inteligencia Artificial destruirá uno de cada cuatro empleos actuales en España) y que ni los más expertos saben cómo detenerlo.

La sequía española es la gran oportunidad de los hijos de puta

Por Diego Herchhoren

En agosto de 2005, el huracán Katrina desoló el interior de Estados Unidos provocando más de 1300 víctimas y una migración de centenares de miles de personas. El llamado «tercer mundo» ingresó en los Estados Unidos, y para el diario Wall Street Journal, esto era una «ventana de oportunidades» para reformar drásticamente el sistema de protección social en las zonas afectadas, donde empresas de primera línea podrían hacer grandes negocios con la gestión de determinados servicios públicos.

La sequía que padece la geografía española (inducida o no) recorre los mismos derroteros que aquella funesta experiencia, y los fondos Next Generation de la Unión Europea son el instrumento para que un bien esencial para el desarrollo humano sea convertido, bajo el paraguas de la eficiencia y la sostenibilidad, en un bien de pago. De hecho, el plan de recuperación español auspiciado por la UE aboga precisamente por una «digitalización» del ciclo del agua, similar al que ya ha sido incorporado en el negocio de la electricidad.

Entendido el negocio del agua como la suma de productos, canales de distribución, concesiones y puntos de venta, empresas españolas como Sacyr, con su proyecto SOS Agua, se han erigido en «facilitadoras» del acceso a este recurso.

La Comisión Europea impulsó en el año 2003 la creación de Water Europe, un grupo de presión encargado de asesorar a los Estados miembros y a sus administraciones en lo que ellos llaman «agua inteligente» y que tienen cuatro objetivos: reducir un 50% las fuentes de extracción de agua; agregarle valor como commodity; añadir competitividad al mercado del agua europeo y «garantizar a largo plazo la estabilidad y la sostenibilidad de los acuíferos y las diferentes fuentes de obtención de agua».

Es decir, el patrón es convertir el agua en un bien escaso que motive la incautación de regadíos, la distribución de contadores, el abono de precios libres en función de la oferta y la demanda, así como el necesario cambio cultural español en torno a este recurso, hasta ahora más o menos convencido de la generosidad en su acceso.

Para ello apuestan por «soluciones digitales y modelos de buen gobierno corporativo y de negocio que contribuyan a resolver, con objetivos sostenibles, el desafío de unas sociedades inteligentes en las que los recursos del agua estén plenamente garantizados y su demanda, satisfecha”, afirman en su web.

Water Europe es el ejemplo más claro de eso que se viene a llamar «colaboración público privada», es decir, un grupo de empresas líderes que promueven a una serie de «especialistas» distribuidos en organismos, confederaciones hidrográficas y administraciones públicas y que no se sabe nunca para quién trabajan. Corporaciones punteras como Suez, Veolia, Acciona o Coca-Cola son las empresas que están detrás de este lobby.

El paulatino acceso de «empresas gestoras» en las concesiones de agua potable a partir del año 2000 se ha ido naturalizando, y la evolución del sector (que es normalmente el anticipo de las regulaciones por venir) augura un próspero negocio en la «gestión eficiente».

Durante los gobiernos de Jose Luís Rodríguez Zapatero se introdujeron en España profundos cambios en la antigua Ley de Aguas, limitando los derechos e introduciendo el mercado del agua, así como se introdujo el llamado «Plan Hidrológico Nacional» y la Directiva Marco Europea, que fue una silenciosa pero contundente privatización de los recursos hídricos.

El concepto de esta reforma era que recaudando por consumo de agua se repercutirían los ingresos en la mejora de la infraestructura, evitando así los efectos de sequías prolongadas. Y podría pensarse que el objetivo fracasó, pero no es así.

En efecto, se han reducido notablemente las fuentes de extracción y la sequía, entendida ya no como anomalía del clima, sino como concepto político, se ha instalado en la población española, y la idea del «racionamiento», la «gestión eficiente» (de pago) y los «límites de acceso» están cada vez más asumidos.

Franklin Roosvelt definió al dictador nicaragüense Anastasio Somoza como «nuestro hijo de puta, trabaja para nosotros». Quienes diseñaron esta política hídrica son los hijos de puta que están haciendo cola en los despachos oficiales para llevarse alguna concesión hídrica o de infraestructura, y que seguramente fueron los que colocaron a otros como ellos a cargo de esos despachos.

Los efectos de esa sequía políticamente inducida los estamos viendo en el precio de los alimentos y en todo aquello que repercute en el bienestar general, que ya no es general, sino de pago. Y animamos a los lectores a que busquen en sus municipios quienes serán los encargados de «gestionar» el racionamiento hídrico previsto para este verano.

Las elecciones no detendrán el declive de España

Escrito por Fernando del Pino Calvo-Sotelo

Como diría Dickens, España rueda con extraordinaria suavidad pendiente abajo. Sus mejores momentos parecen haber quedado atrás y el edificio constitucional de 1978 –un capítulo más de su larga historia, pero el orden vigente hoy en día- parece estar siendo sistemáticamente demolido. ¿Es esta situación responsabilidad exclusiva del actual gobierno o estamos ante un problema más profundo?

Resulta fácil, y más en el rifirrafe propio de períodos preelectorales, denostar a un gobierno tan dañino como el que tenemos y mantener la esperanza de que un cambio de ciclo político reconstruirá lo destruido y nos devolverá a un pasado mejor o, al menos, más tranquilo. Pero personalizar el declive de nuestro país en quienes nos gobiernan hoy nos dibuja un cuadro incompleto de la realidad, y la esperanza de que la indolente no-oposición cambie las cosas de manera duradera nos conducirá con toda probabilidad a la frustración, una vez más.

Me gustaría que no se considerase este punto de vista como una absolución de un gobierno que considero liberticida y subversivo. ¿Cómo no enjuiciar negativamente a quien dinamita nuestro Estado de Derecho, traiciona su promesa de lealtad y demuestra repetidamente no aceptar ningún límite ético, estético o legal?

Sin embargo, estas consideraciones, aun siendo ciertas, no nos muestran toda la verdad, porque el problema de España es mucho más profundo y complejo y no desaparecerá cuando este gobierno, que es un síntoma de la enfermedad que aqueja a España mas no la enfermedad en sí misma, pase al baúl de los olvidos.

Así, me gustaría ahondar en los factores estructurales de mayor calado que explican la deriva de nuestro país. El primero es la crisis institucional causada por las debilidades del régimen del 78 y por el abuso reiterado que de él han hecho los dos grandes partidos durante décadas.

La necesaria separación de poderes

En efecto, aunque la causa próxima de la crisis de régimen sea este gobierno, el problema de fondo radica en los desaciertos constitucionales que han permitido el desproporcionado poder alcanzado por los partidos políticos, un cáncer que ha hecho metástasis colonizando todas las instituciones del Estado e invadiendo con el transcurso del tiempo órganos vitales.

Ya en 1977 ese gran observador de la Transición que fue el filósofo Julián Marías advirtió que no le quedaba claro si los partidos se habían creado para servir al Estado o el Estado para servir a los partidos. Décadas más tarde nadie duda de la respuesta: los partidos consideran que el Estado es de su propiedad, una propiedad sobre la que tienen derecho de aprovechamiento por turno. Así, cuando se produce la alternancia política, el partido entrante ocupa todas las parcelas que ha tenido que desalojar el saliente convencido de que “tiene derecho” a ostentar no sólo el poder, sino el monopolio del poder durante un tiempo. “Ahora me toca a mí”, es la consigna.

Esta pretensión de monopolio del poder es muy peligrosa. Los sabios de antaño, conocedores de la inmutabilidad de la naturaleza humana y ajenos, por tanto, a toda tentación utópica, tenían claro que para preservar la libertad se debía evitar la concentración del poder en pocas manos.

Ya en la República Romana la razón de ser de su maraña de instituciones era dividir el poder para que la ambición de unos frenara el exceso de ambición de los otros. Veintitrés siglos más tarde Montesquieu lo resumió en una frase: “para evitar el abuso de poder, es preciso que el poder frene al poder”.

Quienes aplicaron este concepto con mayor rigor fueron los fundadores de los EE. UU., cuya Constitución moderaba el ejercicio de poder para que las mayorías no abusaran de las minorías y evitar la tiranía de las masas, tan manipulables, veleidosas y tendentes al linchamiento. Asimismo, crearon un complejo equilibrio de pesos y contrapesos con sus listas abiertas, sus primarias, su estricta separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el Senado del Congreso, la duración de los mandatos y la existencia de instituciones independientes.

Comparen este sistema con el español, en el que el poder ejecutivo emana del legislativo, el judicial está completamente politizado y donde existen listas cerradas, disciplina de voto y un Senado inútil. Nuestra Constitución no preservó debidamente la separación de poderes: el poder ejecutivo y el legislativo quedaron fusionados en uno solo y se dejó abierta la puerta para que ese poder único controlara también el judicial.

¿Puede haber un gobierno delincuente?

Pero aparte de la separación de poderes, en un Estado de Derecho es la ley la que limita la caprichosa voluntad del que ostenta el poder. Por eso, el primero que debe cumplir la ley es el propio gobierno, porque cuando los gobernantes dejan de respetar la ley y puentean los procedimientos formales destinados a preservar la seguridad jurídica, se abre la caja de Pandora, estalla el Estado de Derecho y se liberan fuerzas destructivas que conducen primero a la anarquía y luego a la tiranía.

Así, la persistente vulneración por parte de todos los partidos de la norma suprema de nuestro sistema, la Constitución de 1978, y el abuso procedimental (o incluso el fraude de ley) habitual en este gobierno, suponen un verdadero riesgo existencial. Defender la Constitución no significa glorificarla ni mitificarla negando sus evidentes debilidades, sino defender el orden legal vigente.

Es importante comprender que, del mismo modo que el escorpión de la fábula no puede evitar picar a la rana, aunque ello conduzca a ambos a la muerte (“es mi naturaleza”), el poder no puede evitar tender a expandirse en el tiempo y en el espacio, aunque ello nos conduzca al desastre. Así, está en su naturaleza buscar constantemente la permanencia en el tiempo y la totalidad en su alcance, es decir, el poder perpetuo no sujeto a ley alguna, pues el súmmum del poder es la arbitrariedad. Esta amenaza es más alarmante cuando el poder político cae en manos de una persona que exhibe evidentes rasgos psicopáticos, como es nuestro caso.

Si el poder anhela la permanencia y la arbitrariedad intentará por todos los medios evitar límites temporales o legales que obstaculicen su voluntad de poder ilimitado y procurará saltarse los laboriosos procedimientos establecidos por la ley que le estorban en el ejercicio absoluto del poder. Así, para quien ostenta el poder las elecciones son un mal irremediable que le gustaría posponer, evitar o trampear. También es frecuente – como hace este gobierno – que manifieste su hostilidad hacia aquellas instituciones que le son más difíciles de controlar, acusándolas, por ejemplo, de “no ser democráticas” (la Jefatura del Estado, el Poder Judicial, la Guardia Civil, el CNI o el Banco de España, por ejemplo). Esta crítica, proveniente de partidos tan poco democráticos en su estructura interna y funcionamiento (vulnerando, una vez más, nuestra Constitución), no sólo es un ejercicio de hipocresía, sino que parte de un concepto de unicidad de poder liberticida, puesto que la democracia no sujeta a la ley es dos lobos y una oveja votando qué vamos a cenar esta noche – o dos subsidiados y un trabajador votando cuánto vamos a subir los impuestos.

Abusando de las debilidades de la Constitución del 78

Reitero que el origen último del deterioro institucional que estamos viviendo es el sistema político débil e impotente que lo permite. En efecto, estamos pagando los errores e ingenuidades de nuestro texto constitucional de 1978 y el abuso reiterado de ellos perpetrado por los partidos políticos durante décadas. Si a esto unimos una sociedad civil medrosa y una carencia de instituciones independientes, es fácil comprender el daño que puede hacer la llegada al poder de un dinamitero.

Una Constitución puede ser escrita por un sabio, por un necio o por un cínico. El sabio la escribe pensando que quien va a ocupar el poder es su peor adversario, por lo que pone todas las trabas posibles a su ejercicio. El necio, por el contrario, piensa que sólo cabe la posibilidad de que gobierne él y, por lo tanto, procura allanarse el sendero. El cínico, por último, piensa que antes o después le llegará el turno y que cuando llegue podrá apurar hasta la última gota del néctar del poder puesto que, a fin de cuentas, la Constitución es papel mojado si se puede incumplir con total impunidad.

Como toda obra humana, todo sistema político es imperfecto y está condicionado por la época en que nació, por los miedos y esperanzas de sus actores y por la tendencia a compensar, a veces de modo torpe y miope, los elementos percibidos como negativos de la experiencia histórica más reciente. Pero, así como el paso del tiempo permite formarse una opinión más ecuánime de los acontecimientos pasados, también dificulta ponerse en el lugar de quienes tomaron las decisiones en su momento. Por tanto, no juzgaré a los “padres” de nuestra Constitución ni el proceso de aprobación de ésta salvo para decir que uno de ellos me confesó hace años que dicho proceso había sido “una improvisación permanente” y que no comprendía su desorbitada exaltación. En cualquier caso, el texto constitucional no arbitró suficientes mecanismos de autodefensa frente a los excesos de los propios partidos que la redactaron.

El diálogo sólo es posible sobre la base de unas premisas básicas compartidas y de una identidad indiscutida. ¿Alguien podría decirme, casi medio siglo después, cuál es la identidad indiscutida de España? El problema, hoy agravado, ya existía en 1977, de modo que el consenso entre la izquierda, la derecha y los entonces débiles nacionalismos fue más aparente que real, fruto de lo cual se inventaron conceptos para salir del paso (“nacionalidades”), párrafos contradictorios (propiedad privada “delimitada” por su “función social”) y remisiones a futuras leyes de inferior rango que cada partido confiaba poder redactar sin el molesto requisito del consenso. Dicho eso, y más allá de las buenas intenciones de unos, de la frivolidad, ignorancia y maquiavelismo de otros y de la ignorancia de la mayoría, me invade cierta nostalgia cuando pienso en la capacidad de encuentro de la España de entonces.

El obsceno asalto al poder judicial

En un ejemplo de remisión a norma inferior en ausencia de consenso, la Constitución no especificó quién elegía a 12 de los 20 miembros del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial. En un primer momento (1980) los dos grandes partidos votaron a favor de que fueran los propios jueces (258 votos a favor). Tan sólo cinco años más tarde, la mayoría absoluta del PSOE (202 escaños) decidió unilateralmente que fueran elegidos por 3/5 de Congreso y Senado.

El posterior recurso de la oposición ante el Constitucional fue desestimado por unanimidad (1986) aunque el Tribunal aclaró, con el cómodo voluntarismo del que suelta al zorro confiando en que no va a comerse a las gallinas, que el criterio de 3/5 debía implicar que todos los candidatos fueran elegidos por consenso y, por tanto, sometidos a veto mutuo, evitando “cuotas” de poder proporcionales. El “consenso” incentivaba la presencia de independientes de reconocido prestigio y evitaba figuras con excesivo perfil político. Por el contrario, las “cuotas” han fomentado que jueces y magistrados tengan una creciente afinidad o lealtad política y ha desacreditado al Poder Judicial al dividirlo entre jueces y magistrados “conservadores” y “progresistas”.

Con estos antecedentes, el actual gobierno ha dado un paso más nombrando al Tribunal Constitucional candidatos indistinguibles de políticos de partido y sujetos incluso a conflictos de interés que suelen ser precursores de conductas prevaricadoras. Este asalto fue inicialmente abortado en legítima defensa por el propio Tribunal provocando que algunos criticaran un “choque de poderes sin precedentes”, cuando es precisamente el choque de poderes lo que garantiza el funcionamiento del sistema y la protección de nuestras libertades. En este choque inicial, por cierto, y fiel a su matonismo y desprecio de la ley, el gobierno presionó al Tribunal vulnerando el decoro y la legislación vigente con críticas groseras más propias de repúblicas bananeras que de países europeos. Le salió bien, y quedó impune.

El torpedeo bipartidista del Estado de Derecho

Sin embargo, aunque el actual gobierno esté demoliendo el Estado de Derecho y la seguridad jurídica sin ningún escrúpulo, la oposición carece de autoridad moral para criticar el intento de toma de control del poder judicial, pues el torpedeo del Estado de Derecho ha tenido una naturaleza bipartidista.

En efecto, los dos grandes partidos han modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus mayorías cuando les ha convenido, y la actual oposición no ha tenido ningún interés en cambiar el statu quo una vez ha llegado al gobierno, incumpliendo sus promesas electorales a pesar de contar con ocho años de mayoría absoluta.

La realidad es que en este asunto ningún partido político ha defendido elevados principios o el interés general, sino intereses particulares y cortoplacistas. Unos lo han hecho por su ideología totalitaria o por una voluntad de poder narcisista y psicopática; otros, por razones más prosaicas, como intentar que sus corruptelas no salgan a la luz controlando la “puerta de atrás”.

Este inquietante y enésimo asalto contra el Estado de Derecho dirigido por un presidente que prometió una lealtad a su país y a sus instituciones que traiciona constantemente no será el último, pues su patología no tolera perder ningún pulso ni le permite comprender por qué su voluntad no puede transformarse en ley ipso facto. El deterioro institucional ha alcanzado tal extremo que ya no se cubren siquiera apariencias meramente estéticas o pudorosas.

Cuando el que toma las decisiones no sufre las consecuencias de sus actos o lo hace de forma asimétrica (esto es, si sale bien, me beneficio, y si sale mal, no me pasa nada) se crea un sistema de incentivos perverso. En efecto, cualquier ciudadano paga con creces la menor infracción de la más pequeña de las normas. Sin embargo, nuestros políticos pueden atacar e incumplir la más importante de las leyes y no les pasa absolutamente nada, como vimos con el ilegal estado de alarma.

Como colofón a décadas de abuso de los partidos políticos, el régimen del 78 está siendo derribado ante nuestros ojos por un gobierno subversivo. Obviamente, el primer paso es desalojarlo del poder y exigir las responsabilidades que correspondan, porque la impunidad de la clase política debe acabar. Pero el segundo paso debe ser mejorar nuestro sistema político en vista de los errores y excesos cometidos. La pregunta es qué líder político comprende la gravedad de la situación y qué partido tomará la decisión de limitar su propio poder una vez lo haya alcanzado.

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Sequía y demolición de presas

Escrito por Fernando del Pino Calvo-Sotelo

Tras un enero y febrero con temperaturas normales, España ha tenido un marzo y abril muy calurosos y está sufriendo una severa sequía. Como siempre, los que han hecho del cambio climático su modus vivendi han aprovechado la circunstancia para retomar la antigua denominación de “calentamiento global” y asustarnos con el apocalipsis que nunca llega. Ya saben: cuando se producen olas de frío (como Filomena en 2021) lo atribuyen a una borrasca pasajera, pero el calor siempre es cambio climático.

Sin embargo, más allá de la cansina propaganda climática, produce estupor ver cómo los mismos que vierten lágrimas de cocodrilo por los efectos de la sequía están haciendo la vida imposible a agricultores y ganaderos en nombre de la propia religión climática.

La guerra contra el campo

En este contexto se enmarcan los crecientes obstáculos al uso los fertilizantes derivados del nitrógeno, la inmoral campaña contra el consumo de proteína (p.ej., carne), la grotesca demonización del ganado como emisor de metano o las restricciones al uso de pesticidas mediante la moda “eco”, “orgánica” y “sostenible”, eslóganes bonitos con los que los iluminados de Davos, de la UE y de la ONU ocultan su verdadero objetivo: revertir la Revolución Verde, que permitió multiplicar el rendimiento de los cultivos y alimentar a una población creciente.

Sumen a esto el aumento de la factura eléctrica causada por el propio fanatismo climático y el sinfín de regulaciones absurdas que están asfixiando el campo, normas caprichosas decididas por burócratas urbanitas que, desde sus cómodos despachos, utilizan el arma de las subvenciones y la amenaza de las sanciones para ejercer un control absoluto sobre el sector primario.

Estas políticas tendrán graves consecuencias. De hecho, existen precedentes de lo que puede ocurrir, llegados al extremo. En 2021, el gobierno de Sri Lanka decidió prohibir los fertilizantes químicos y los pesticidas argumentando que los primeros incrementaban el efecto invernadero y los segundos perjudicaban el ecosistema. Su presidente alardeó de ello en un discurso en el COP26 en el que mencionó el “cambio climático” en su primera frase y abogó por la “agricultura orgánica” y por las energías renovables, que quería supusieran un 70% de la generación eléctrica para el 2030. “El hombre debe vivir en sintonía con la naturaleza”, afirmó[1]. Su país logró, cómo no, un rating ESG de 98.1 sobre 100, casi perfecto. Tres años antes, el Foro Económico Mundial (WEF) de Davos había publicado un artículo del entonces primer ministro del país en el que publicitaba su “visión”. Pues bien, las medidas para “paliar” el cambio climático provocaron en sólo seis meses una caída de la producción agrícola del 20% y un aumento de precios del 50%[2] mientras ciertos productos, como los tomates y las zanahorias, multiplicaban su precio por cinco y el gobierno se veía obligado a importar arroz. Finalmente, en 2022 llegó una terrible hambruna, las masas asaltaron el palacio presidencial y el presidente huyó del país (mientras el WEF borraba el artículo de su web[3]). El daño estaba hecho: hoy la desnutrición infantil sigue siendo un problema en Sri Lanka[4].

El derribo de presas y la agenda climática

El coste de oportunidad de la agenda climática está siendo inmenso. Imaginen el uso alternativo de los miles de millones desperdiciados durante años en subvencionar las ineficientes energías renovables – que también detraen superficies de cultivo– si se hubieran utilizado para fortalecer nuestras reservas hídricas en previsión de las recurrentes sequías. Sin embargo, lo que han estado haciendo los chamanes climáticos que nos gobiernan desde Madrid, Bruselas, Davos y Nueva York ha sido demoler presas para favorecer a pececillos y demás fauna, cuyo valor en esta época oscura parece ser superior al de la vida humana.

Las presas fueron inventadas para asegurar regadíos y reservorios de agua potable, aprovechar las lluvias y evitar inundaciones. Las más antiguas se remontan a comienzos de la Edad Antigua: la presa de Jawa, en Mesopotamia, se construyó en el 3.000 a.C. y la de Marib, capital del reino de Saba, alrededor del 2.000 a.C. Ésta fue utilizada durante 2.600 años, y su catastrófico derrumbe provocó la migración de 50.000 personas que ya no tenían cómo regar. Las más antiguas que aún permanecen en uso, construidas por los romanos hace cerca de 2.000 años, se encuentran en Homs (Siria) y Mérida (España).

Así, estas obras de ingeniería siempre se consideraron un avance de la civilización, hasta ahora. En efecto, desde 2021 el gobierno español ha derribado más de un centenar de ellas con el objeto de favorecer la libre circulación de la fauna fluvial. Aunque la mayor parte hayan sido presas y azudes pequeños (con excepciones, como el alucinante proyecto de demolición de Valdecaballeros), sólo el 15% de las presas europeas están obsoletas o en desuso[5]. Queda claro, una vez más, que destruir es la especialidad de este gobierno, y que destruir siempre es más fácil que construir.

Sin embargo, el vandalismo del gobierno y el fanatismo de las organizaciones ecologistas que promueven estas acciones no son los únicos responsables de haber destruido presas en vísperas de una sequía severa. El origen de esta medida está en la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 de la UE, que aboga por “la eliminación o adaptación de las barreras que impiden el paso de los peces migratorios (…)” de modo que “de aquí a 2030 al menos 25.000 km de ríos vuelvan a ser de caudal libre mediante la eliminación de obstáculos (…)”[6]. Esta misma estrategia propone “reducir el uso de fertilizantes en un 20% como mínimo (…), reducir en un 50% el uso global de los pesticidas químicos y gestionar al menos el 25% de las tierras agrarias en régimen de agricultura ecológica”. ¿Recuerdan Sri Lanka? A su vez, la Comisión Europea especifica que sus propuestas “están en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático”, no en balde el punto 6.6 de la Agenda 2030 propone “restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los ríos (…)”. Ahí lo tienen: ecologismo, cambio climático y Agenda 2030.

¿Otra vez el cambio climático?

En efecto, la destrucción de las presas y la guerra contra el campo tienen como raíz la ideología ecologista y climática, que aprovecha los fenómenos meteorológicos locales, como el calor y la sequía, para sus campañas de propaganda.

Sin embargo, los fenómenos meteorológicos locales nunca pueden considerarse prueba de ningún “calentamiento global”. Primero, porque el mundo es muy grande: el estado de California, casi tan extenso y poblado como España, ha sufrido en 2023 el quinto mes de marzo más frío desde 1895[7] y nadie ha advertido de un enfriamiento global. Segundo, porque el aumento de temperaturas del planeta es irrisorio e inapreciable, salvo sugestión. Desde 1979, año en que comienzan a tenerse mediciones por satélite y un año particularmente frío para comenzar la serie (de hecho, si hubiera comenzado en 1998 no podríamos hablar de calentamiento alguno), el planeta se ha calentado a razón de sólo 0,13°C (trece centésimas de grado) por década[8].

Siempre he pensado que un observador ecuánime consideraría esta escasísima variación una estabilidad asombrosa en la temperatura de un fluido del volumen de la atmósfera dentro de un sistema que nunca está en equilibrio, como es el clima. Ese mismo observador quizá diría lo mismo viendo la evolución de las temperaturas en España desde 1961, ajustadas al efecto isla de calor urbana o UHI (fuente: AEMET):

La pertinaz sequía

La relación entre temperatura y precipitaciones es compleja y no siempre intuitiva. Por ejemplo, la Antártida es el continente más frío, pero también el más seco del planeta, mientras que en el subcontinente indio llueve torrencialmente durante los meses de monzón coincidiendo con las elevadas temperaturas veraniegas.

La sequía es un fenómeno natural cíclico que ha afectado desde siempre a nuestro país, una anomalía transitoria de precipitaciones que puede conllevar una incapacidad de atender la demanda de agua para riego o consumo. En EEUU la sequía más grave de su historia se produjo entre 1933 y 1940, mientras que en España la peor tuvo lugar entre 1941 y 1946, cuando el río Manzanares se secó por completo y el Ebro se convirtió en un riachuelo (con razón, “la pertinaz sequía” se convirtió en un latiguillo del franquismo). Otra sequía importante, cuyas restricciones recuerdo con claridad, fue la de 1991-1995, aunque en aquel entonces la sociedad era menos histérica y mucho más libre que hoy y el cambio climático no se había convertido todavía en un dogma. Claro que en esos años el IPCC aún defendía que “el incremento de temperatura observado en el s. XX ha podido ser en gran parte causado por una variabilidad natural[9].

Aquí tienen la evolución de la pluviosidad anual en España hasta 2022. Como verán, aunque en el último tercio del período se ha producido una ligera disminución, la tendencia no es significativa (fuente: AEMET):

Estos son los datos en España, pero en el planeta cada vez llueve más. Efectivamente, a nivel mundial -sorpresa, sorpresa-, las precipitaciones han aumentado desde 1900[10], y no ha habido aumento alguno de sequías, inundaciones, huracanes[11] o incendios forestales[12]. Todos estos datos contradicen, una y otra vez, las mentiras recurrentes de la propaganda climática.

Pero las medias de precipitación anual pueden enmascarar la realidad local de las sequías: por ejemplo, en 2022, un año entre normal y seco en España, en la misma provincia de Badajoz unas comarcas tuvieron un año húmedo y otras, muy seco, y mientras que en gran parte de Castilla fue un año entre normal y húmedo, en el norte fue muy seco y en Levante, muy húmedo. La sequía, a veces, es contraintuitiva: en 1752 una importante sequía afectó el norte peninsular mientras el Guadalquivir sufría riadas, y en 2018, año muy húmedo en prácticamente toda España (el quinto más húmedo desde 1965), el oeste de Galicia sufrió un año seco o muy seco[13].

Nadie ha comentado lo más relevante de la sequía actual, esto es, que nadie – ningún “experto”, ningún modelo – ha sido capaz de predecirla. Sin embargo, los mismos que no supieron predecir un fenómeno tan cíclico como la sequía, y que tampoco pueden decirnos si volverá a llover en unas semanas, afirman conocer exactamente cuál será el clima del planeta dentro de 100 años. La tomadura de pelo es de tal calibre que sigue sorprendiéndome el recorrido que ha tenido.  ¿La ciencia es incapaz de predecir la meteorología local más allá de unos pocos días y es capaz de comprender un sistema multifactorial y caótico como el clima terrestre, plagado de retroalimentaciones de signo opuesto y sistemas de reequilibrio y en el que faltan mediciones fiables en series largas, y hacer predicciones para dentro de un siglo?

La teoría del cambio climático antrópico parte de hipótesis enormemente resbaladizas: el clima ha cambiado de forma natural desde el albor de los tiempos, ¿y ahora sólo cambia por la acción humana? Algo tan complejo como el clima, ¿depende del control de una sola variable como es la emisión de un gas residual como el CO2, cuyo origen antrópico apenas supone una ínfima parte del 0,04% de su composición atmosférica? Las variaciones naturales de la radiación solar, las anomalías orbitales y rotacionales, los océanos y las nubes, ¿ya no cuentan? ¿Por qué debería preocuparnos lo más mínimo un eventual aumento de temperaturas de 1,5°C cuando en los últimos 150 años aparentemente han aumentado lo mismo sin que pasara absolutamente nada? ¿Acaso no nos adaptamos sin problemas a cambios de temperatura de 20 o 30°C entre el alba y la tarde o entre el invierno y el verano?

Cabe añadir que el ciudadano perspicaz se percatará de que, casualmente, las políticas propuestas para combatir el “calentamiento global” son idénticas a las que se propusieron en su momento frente al “enfriamiento global” de los años 70 o la lluvia ácida, tal y como nos recordaba el Prof. Lindzen[14], uno de los más prestigiosos expertos en clima del mundo.

Los corresponsables

El gobierno, la UE (Bruselas-Davos) y la ONU ha declarado la guerra al campo en nombre de una ideología enemiga del hombre. Sin embargo, nunca habrían podido llegar a estos extremos sin la complicidad de otros actores, como los medios de comunicación, que aplican la censura, estigmatizan al “negacionista” (ellos, que ignoran los datos más elementales) e imponen la ideología climática como dogma de creencia obligada, bajo pena de ostracismo.

Pero lamentablemente también son cómplices las instituciones de la sociedad civil (empresas, universidades, etc.) que, llevadas por las buenas intenciones, por intereses económicos o por corrección política, se dedican a promover la Agenda 2030 y la consigna de lo “sostenible” como si fuera una moda inocua. Confío en que comprendan que al hacer esto están contribuyendo a la destrucción de nuestro campo.

El cambio climático es la mayor estafa de todos los tiempos y la ideología más destructiva desde los totalitarismos del s. XX, pues aspira al poder total mediante el control de la producción de energía y alimentos. ¿Cuántas pruebas más necesitarán para convencerse? ¿Tendremos que llegar a la pobreza y el hambre?

[1] Speech by President Gotabaya Rajapaksa at the “Rediscovering Nitrogen: Solutions and Synergies for Climate Change, Health, Biodiversity and Circular Economy”, COP26 Side Event, Scotland, UK on 31 October 2021 (slembassyusa.org)
[2] Sri Lanka Is a Wake-Up Call for Eco-Utopians – HumanProgress
[3] The WEF questioned after deleted Sri Lanka PM article is recovered by Wayback Machine « Euro Weekly News
[4] Sri Lanka’s children go hungry as food prices soar – BBC News
[5] 0.-REPORT_Dam-Removal-Progress-2021-WEB-SPREADS.pdf (damremoval.eu)
[6] Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 (europa.eu)
[7] California endured the fifth-coldest March since 1895, data show – Los Angeles Times (latimes.com)
[8] UAH_LT_1979_thru_March_2023_v6.jpg (749×432) (drroyspencer.com)
[9] IPCC AR1, WG1, Policymakers Summary p. XII (1990)
[10] Climate Change Indicators: U.S. and Global Precipitation | US EPA
[11] IPCC AR5, Working Group 1, Chapter 2.6, p.214-220
[12] A human-driven decline in global burned area | Science
[13] Resúmenes climatológicos – Página 1 – España – Anuales – Agencia Estatal de Meteorología – AEMET. Gobierno de España
[14] Alarmismo climático y la irrelevancia de la ciencia – Fernando del Pino Calvo-Sotelo (fpcs.es)

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Un importante desarrollador de inteligencia artificial (IA) renuncia y alerta de la amenaza para la humanidad

Tecnologías de inteligencia artificial (Foto: Pexels/cottonbro-studio)

Por Diariocrítico

Un desarrollador de inteligencia artificial que trabajaba en Google ha dejado su puesto para replantearse el futuro de esta tecnología y sus riesgos para la humanidad.

No es el primero y habrá más como él que alerten de que la inteligencia artificial (IA) supone una amenaza para la humanidad.

Se trata de Geoffrey Hinton, quien ha renunciado a seguir trabajando para Google en el desarrollo de estas tecnologías, ya que considera que hay que replantearse su futuro.

Hinton es uno de los pioneros en el desarrollo de la inteligencia artificial y toma esta decisión porque dentro de la empresa para la que trabajaba no podía, por contrato, decir lo que opinaba.

Desde la libertad, ahora deja claro que esta inteligencia digital se está creciendo mucho más rápido de lo que los ritmos deberían ser y que suponen una amenaza para la humanidad en el sentido de que pueden utilizarse para suplantar la realidad sin que las personas pueden distinguir entre lo real y lo virtual.

Desde su perfil en Twitter, Hinton explica que se ha marchado de Google porque así puede «hablar sobre los peligros de la IA sin perjudicar a Google».

Además, ha concedido una entrevista a ‘The New York Times’ en la que admite su enorme preocupación por las aptitudes de la inteligencia artificial, y da ejemplos, como cuando se usa para crear imágenes y textos que no son reales pero que son tan exactos que el público podría llegar a un punto en que «no podrá saber qué es verdad».

Los engaños digitales

Hace muchos años que existen tecnologías para, por ejemplo, crear vídeos a partir de grabaciones y poner en boca de un mandatario político o de un famoso unas declaraciones que no son suyas. Lo que se llamaba ‘deep fake’, por lo realista que era.

IA ha perfeccionado las formas hasta hacer casi imposible diferenciar entre lo real y lo creado. Hay que recordar la controversia que originó las imágenes del Papa Francisco con extraños atuendos, que todos tomaron por ciertos. También dándose las manos con una inquietante personalidad de apariencia satánica:

Amenaza también para el empleo

Hinton también cree que la IA es una amenaza para el empleo, porque supone sustituir tareas que desarrollan ahora personas y que además esta tecnología está creciendo algo descontroladamente con nuevos comportamientos no esperados: «Es difícil prever y evitar que determinados actores lo usen con malas intenciones».

Aunque no lo menciona, recientemente su ex compañía, Google, se alertó al ver cómo su IA, Bard, había aprendido el idioma de Bangladés sin esperarlo.

Hinton sostiene en esa entrevista que «estas cosas podrían volverse más inteligentes que las personas», pero que se pensaba que quedaba mucho tiempo para eso. Sin embargo, el crecimiento ha sido alarmante: «La mayoría de la gente pensó que estaba muy lejos, y yo también pensaba que estaba muy lejos, que faltaban entre 30 y 50 años o incluso más. Obviamente, ya no pienso eso».

Pese a sus temores y haber dejado Google, Hinton deja claro que esta compañía está siendo responsable a la hora de desarrollar ‘Bard’, su propio sistema de IA: «Ha actuado de manera muy responsable». También desvincula su renuncia a una especie de denucia pública por comportamientos que no pudieran ser éticos o responsables.

Hacia un corralito de alta tecnología

Escrito por Juan Manuel Olarieta


Durante los tres años de pandemia los gobiernos paralizaron deliberadamente la actividad económica. Generaron una cantidad gigantesca de deudas y, para pagarlas, liberaron dinero fiduciario a espuertas.

Esa gran masa de moneda circulante (dólares, euros, libras) aumentó aún más con la Guerra de Ucrania, desatando una inflación galopante. El coste de la energía y los alimentos redujo los salarios reales de los trabajadores.

Para frenar la inflación, los bancos centrales elevaron los tipos de interés, tras lo cual el valor de los bonos se desplomó y el castillo de naipes empezó a tambalearse.

Algunos bancos han quebrado y la respuesta política es reforzar la supervisión “para que no se vuelva a repetir”. En las crisis financieras, los bancos centrales siempre salen absueltos. Los medios ni siquiera hablan de ellos, como si sólo fueran árbitros. Quieren dar la impresión de que no tienen la culpa del corralito, que es consecuencia de los bancos privados.

Es la gran coartada socialdemócrata: lo público es mejor que lo privado, hay que cambiar las reglas del juego, intensificar los controles, regular los mercados…

Las criptomonedas son uno de esos asuntos privados. Dos de los bancos que se han hundido (Silvergate y Signature) habían invertido en ellas, lo mismo que el SVB. Quieren aparentar que las criptomonedas son un peligro para el sistema financiero porque son privadas.

En consecuencia, pretenden regular las criptomonedas y la mejor manera es que sean los bancos centrales quienes las emitan. En la jerga de los expertos se llaman CBDC.

Esa política económica conduce a reforzar el capitalismo monopolista de Estado en los mercados financieros. Del mismo modo que España acabó con las cajas de ahorros (públicas) en beneficio de los bancos (privados), ahora tratan de eliminar a los pequeños bancos en beneficio de los grandes. Habría menos bancos y serán más fáciles de manejar para los bancos centrales.

A su vez, los bancos centrales ya funcionan de manera “independiente” de los gobiernos respectivos, es decir, no son tan políticos ni públicos como antes. El modelo es la Reserva Federal de Estados Unidos, un banco privado: instituciones privadas ejerciendo funciones públicas (de política económica).

En el caso de las criptomonedas, el sistema funcionaría al revés: una institución pública asumiría funciones privadas. Es otro espejismo: a muchos las CBDC les parecen más seguras que las criptomonedas de los bancos privados porque las emite un organismo público (que no tiene ánimo de lucro ni, por lo tanto, un afán de especular con la moneda digital).

Pero si, como ocurre, los fondos de garantía de depósitos cubren las cuentas de los clientes de los bancos quebrados, cualquiera que sea la cantidad, las instituciones públicas ya están sustituyendo a las privadas.

Lo que se está preguntando ahora mismo el capital financiero es: ¿las CBDC serán un factor de estabilización financiera?, ¿cómo afectarían a los futuros corralitos? Eso significa que hay algo que tienen muy claro: el actual sistema financiero internacional es insostenible y puede desatar una crisis económica sin precedentes.

En enero de este año, el Foro Económico Mundial publicó un documento titulado : “¿Pueden las monedas digitales de los bancos centrales ayudar a estabilizar los mercados financieros mundiales?” El Banco de Pagos Internacionales respondió que puede ocurrir todo lo contrario: las CBDC (y el dinero digital en general) pueden agravar las crisis bancarias, pero sólo respecto de los bancos que tengan dificultades. Ahora bien, como permiten transferir dinero de forma instantánea, los depositantes huirían de los pequeños bancos para marcharse a los fuertes.

Por lo tanto, de momento, el capital financiero sólo piensa en crisis bancarias localizadas en los pequeños bancos y juegan con la suposición de que los bancos centrales no van a dejar caer a los grandes, que se beneficiarían de la crisis de los demás, es decir, que se produciría una monopolización aún mayor del mercado financiero.

Con más razón se puede decir eso mismo de las CBDC: los depositantes de los bancos privados comprarían las CBDC de los bancos centrales a golpe de móvil, sin necesidad de guardar cola en la sucursal del banco, ni en el cajero automático.

Los corralitos serían mucho más discretos, sin gritos en las calles, pero mucho más acelerados y, por lo tanto, más graves. Bastaría que los rumores corrieran por las redes sociales para vaciar las cuentas en muy pocos segundos. Las retiradas de fondos serían más frecuentes y más masivas, llevando a los bancos privados a la quiebra.

Con los CBDC los bancos centrales van a hacer exactamente lo mismo que con el dinero fiduciario, creando más inestabilidad financiera y provocando el colapso de los bancos privados, las aseguradoras y, finalmente, las bolsas de valores.

Antes de que esa situación se produzca, quienes estén enganchados a los móviles y sus aplicaciones se encontrarán con una sorpresa desagradable: empezarán a pulsar las teclas pero no podrán recuperar su dinero. El móvil dejará de mover dinero sin esperar a que el corralito haya aparecido. Es política preventiva. Para evitar una quiebra lo mejor es dejar a los clientes sin su dinero.

Se acabaron las crisis, las quiebras y los corralitos. No es futurología; ya ocurrió con las acciones de GameStop hace un par de años. En lo sucesivo no bastará tener cuidado con los bancos, sino también con las aplicaciones de los móviles, como Robin Hood, que funcionan muy rapido y dejan de funcionar más rápido aún.

La plataforma digital Robin Hood hizo todo lo contrario de lo que cabía esperar de una denominación así: robó el dinero a los pobres para dárselo a los ricos. No sólo los bancos funcionan así; también las empresas tecnológicas, aunque presuman de “alternativas”.

Hay que tener mucho cuidado con los “alternativos”. Forman parte de lo mismo: robar a los pobres para dárselo a los ricos, porque es la manera de paliar las crisis capitalistas.

La España embargada y el marrón de las renovables que Sánchez ha multiplicado

Los pleitos internacionales por las renovables brindan una pésima imagen ante las agencias de calificación y los grandes inversores. Mala tarjeta de presentación para un país obligado a financiar una deuda inmensa

JUAN T. DELGADO en VOXPOPULI

No debe ser plato de buen gusto para los profesionales del Tesoro, ni para algunos funcionarios ‘top’ del Ministerio de Economía. Sobre sus espaldas recae la misión de mover en los mercados la deuda soberana española. Esta tarea implica dar la cara ante quienes tienen que calificarla y, por supuesto, ante quienes pueden comprarla. Y el presente no facilita, precisamente, la ‘venta’. España es hoy cualquier cosa menos un ejemplo para los inversores internacionales, y no sólo porque tiene una deuda pública excesiva: para colmo, no paga lo que debe.

Las principales agencias de calificación (Moody’s, Fitch o S&P) son plenamente conscientes. Se lo han hecho saber los fondos que llevan años litigando contra el Estado por los cambios de retribución de las energías renovables. El marrón lo dejó el Ejecutivo de Mariano Rajoy sin medir las consecuencias. Recordemos: el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas de ensueño para promover fuentes, como la solar o eólica. El Gobierno de Rajoy, al que tocó comerse el rescate europeo, consideró disparatada la factura y tiró por la calle de en medio, aplicando un tajo radical a la retribución. 

De aquellos polvos vienen los actuales lodos. Los inversores se lanzaron en tromba a denunciar al Estado. Las cortes de arbitraje fueron dándoles uno por uno la razón, imponiendo compensaciones… que el Gobierno de Sánchez se niega a pagar ahora. La bola de nieve se ha hecho tan grande que sólo Venezuela supera hoy a España en el ranking de países morosos. Lo ha contado en Vozpópuli Alberto Sanz: ya hay ocho laudos impagados por valor de 700 millones y un reguero de litigios que supera el medio centenar.

Hasta el Banco Mundial ha sacado los colores al Gobierno, exigiendo que abone lo exigido en los arbitrajes. Mala tarjeta de presentación para un país obligado a lidiar con una deuda pública descomunal. En septiembre de 2022 superó por primera vez la barrera del billón y medio de euros, y el pasado febrero cerró con un nuevo récord (1,52 billones). La factura desbocada de las pensiones o la falta de voluntad para recortar el gasto superfluo explican, entre otros factores, por qué España tardará mucho más que otros países vecinos en recuperar los niveles de deuda prepandemia.

Sólo este año, el Tesoro tiene que colocar cerca de 257.000 millones de euros, sumando las nuevas emisiones (70.000 millones) y la refinanciación de los títulos en circulación. La rentabilidad exigida en las primeras operaciones del año ya alcanzó los niveles más altos en una década (casi un 3% para los bonos a 10 años).

Al Tesoro le queda un gran trabajo por delante en los próximos meses. A la incertidumbre que genera entre los inversores el año electoral, se suma el goteo de informaciones negativas que seguirán generando los pleitos de las energías renovables.

Pulsos por las renovables

No olvidemos que esos pulsos se libran en las principales plazas del mercado, como Londres o Nueva York. E incluso en la lejana Sidney, donde la Corte Suprema ha iniciado un proceso que puede culminar en el embargo de activos de la pública Navantia en suelo australiano. 

Eso es, exactamente, lo que ya está ocurriendo en Reino Unido. El Tribunal Superior de Londres aceptó a principios de este mes el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en la capital. Todo un bochorno para quienes trabajan en la institución. Y un apunte negativo más para quienes dan la cara en el Ministerio de Economía ante los inversores y las agencias de calificación de riesgos.

Tanto Moody’s como Fitch o S&P conocieron hace diez días un hecho que prendió como la pólvora en los mercados y en la prensa: un fondo estadounidense (Blasket Renewable Investments) ha solicitado que se declare el ‘default’ de una partida de deuda española. Sus abogados esgrimen que los bonos españoles merecen tal castigo al ser emitidos por un Estado tan mal pagador.

El incendio, lejos de aplacarse, irá extendiéndose, a la vista de la lista de laudos pendientes de pago. El marrón de Rajoy que Sánchez ha multiplicado acabará en manos del próximo presidente. «Lo peor que nos puede pasar es que los inversores internacionales empiecen a percibir que España va camino de convertirse en una especie de Venezuela», asegura uno de los principales banqueros de inversión que operan en nuestro país. «En el fondo, eso es lo que percibió Rafael del Pino. Por eso se marcha Ferrovial.