por Francesco Giubilei

Se trata de fenómeno que encuentra su aplicación en la política, pero que hunde sus raíces culturales en el concepto de odio a lo propio. De ahí el deseo de borrar nuestra identidad construyendo una nueva Europa mediante normativas de la Unión Europea.

Si las analizamos una a una, las normativas aprobadas por la Unión Europea en los últimos años parecen decisiones con un impacto limitado a un único ámbito social, como, por ejemplo, el medio ambiente, la alimentación, la familia o la religión. Ahora bien, si unes todos los puntos, surge con claridad un diseño político muy preciso.

Es entonces cuando nos damos cuenta de que se trata de un proyecto realizado por una parte del establishment europeo para redefinir nuestros estilos de vida, nuestras costumbres y tradiciones: un gran plan de reeducación pedagógica basado en un leitmotiv, el sentido de culpa. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir porque nuestros comportamientos hacen que el planeta se deteriore. Tenemos que dejar de comer carne porque las granjas producen demasiada contaminación. Ya no podemos decir que un niño nace de una madre y un padre porque es discriminatorio. No se pueden celebrar fiestas cristianas porque los fieles de otras religiones se ofenden. Tenemos que renunciar a nuestro pasado a causa del colonialismo y otras gaitas… Todo un desparrame de corrección política.

Es un fenómeno que encuentra su aplicación en la política, pero que hunde sus raíces culturales en el concepto de oikofobia, el odio al hogar, el odio a lo propio. De ahí el deseo de borrar nuestra identidad construyendo una nueva Europa mediante normativas y directivas de la Unión Europea que imponen decisiones de arriba a abajo y deben ser aceptadas e implementadas por los ciudadanos. Se pierde así uno de los pilares básicos del buen gobierno, que es el principio de subsidiariedad. Cuanto más cerca esté una institución del ciudadano, mejor podrá realizar su tarea y más podrá el ciudadano verificar su trabajo. Por el contrario, cuanto más lejos esté el poder de los ciudadanos, más difícil resultará controlar la acción de quienes lo ejercen. Y como es bien sabido, una entidad supranacional como la UE es cualquier cosa menos un organismo local.

El campo de acción de la UE es global y se inmiscuye en todos los ámbitos de nuestra vida, pero hay algunos sectores sobre los que la acción comunitaria se empecina especialmente, en particular el medio ambiente. La nueva Biblia de la UE se llama Green Deal (Acuerdo verde), un gran plan que ya está en marcha y cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad energética en 2050, con un plazo inicial en 2030 mediante el “Fit for 55”, es decir, la reducción de emisiones en un 55%. Para entender la relevancia que las instituciones europeas atribuyen a este proyecto, basta citar las palabras de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, para quien el Green Deal será “como el aterrizaje del hombre en la luna”.

Aunque el plan de la UE es efectivamente lunático en términos de contenido y de plazos, las consecuencias para los ciudadanos europeos son, lamentablemente, bien concretas.

La última hazaña ha sido prohibir los automóviles diésel y gasolina para 2035, una decisión votada en el Parlamento Europeo la semana pasada. Los efectos socioeconómicos de esta decisión son múltiples y corren el riesgo de desmantelar el liderazgo europeo e italiano en el sector del automóvil. No sólo afecta a las grandes compañías automovilísticas sino también a numerosas PYMES dedicadas a los componentes. Además del impacto en el empleo, esta decisión frenará las inversiones en biocombustibles, motores híbridos y otras tecnologías alternativas a la electricidad menos contaminantes. Pero hay otro aspecto aún más preocupante y se refiere a la seguridad. Tras la crisis energética de los últimos meses en la que comprendimos por fin lo que significa depender en demasía de un único proveedor de gas como Rusia, la UE no parece haber aprendido la lección y está cometiendo un error parecido con China, que tiene un papel preponderante en el vehículo eléctrico.

Lo mismo sucede con las energías renovables ya que Beijing detenta prácticamente el monopolio de las tierras raras, minerales esenciales para los componentes de paneles solares y turbinas eólicas. Centrarse en exclusiva en las energías renovables sin haber desarrollado primero una cadena de suministro europea es un suicidio en términos de seguridad energética.

Otro sablazo para los ciudadanos es la directiva de vivienda verde que aún no ha sido aprobada por el Parlamento Europeo, pero que es casi cosa hecha. Esta directiva presenta numerosos problemas insalvables, en particular para los italianos, que tienen más activos inmobiliarios que otras naciones europeas. La obligación de mejorar la eficiencia es un aumento disfrazado del valor patrimonial que no tiene en cuenta las características de muchos de nuestros edificios, especialmente en los centros históricos, construidos hace siglos y que nunca podrán ser eficientes al 100%. En efecto, la propuesta inicial de la directiva recogía la imposibilidad de vender o alquilar viviendas que no presentaran eficiencia energética. Es un ejemplo perfecto de cierta mentalidad, generalizada en Bruselas, que afecta a la propiedad privada.

La Unión Europea no solo entra en nuestras casas, también nos dice qué debemos comer. La obsesión por la alimentación es la nueva frontera de la reeducación europea, que quiere que dejemos de comer carne porque las granjas contaminan, aunque los insectos sí que son bienvenidos en nuestras mesas. No entiende que estamos perjudicando a un sector como el alimentario que no sólo forma parte de nuestra identidad, sino que también representa uno de los principales sectores económicos del país. De forma reciente, fue el vino el producto que acabó en el banquillo de los acusados con la propuesta irlandesa de incluir las palabras “perjudica gravemente la salud” en las etiquetas de las botellas.

Si no se está de acuerdo con las políticas de la UE, se nos tacha de “negacionista climático” en el tema del medio ambiente y de “teórico de la conspiración” en el caso de los insectos. Pero el caso más llamativo es el asunto de la familia, ya que argumentar que un niño nace de un padre y de una madre o estar en contra del vientre de alquiler lleva a ser acusado de “homofobia”. Así es como asistimos a la ausencia de verdaderas políticas de apoyo a la natalidad y a la familia, y tenemos que aguantar una catarata de normas para las “familias” (estrictamente en plural).

Si el hundimiento de las tasas de natalidad no es una prioridad para la Unión Europea, sí lo es la inmigración, no tanto para regular los flujos migratorios, sino para suplir el declive demográfico con una nueva fuerza de trabajo que sataniza el concepto de fronteras y promueve la sociedad abierta.

Así es como ha surgido la superación del concepto de nación y el deseo de borrar nuestra identidad fundada en raíces cristianas. Y eso a pesar de que, como recuerda Benedicto XVI, el autor de un libro esclarecedor como La nueva Europa: identidad y misión: “Europa no es un concepto geográfico, sino cultural, conformado por un recorrido histórico que, aunque conflictivo, está centrado en la fe cristiana”.

Es difícil olvidar el documento de la Comisión Europea que quería suprimir la palabra Navidad y los nombres de pila. Pero, mientras tanto, la UE, empeñada en denunciar una supuesta islamofobia, no dice ni una palabra sobre los crecientes episodios de intolerancia hacia los cristianos (que mientras no se demuestre lo contrario son la mayoría de los ciudadanos) en los países europeos. En Francia y Bélgica, los casos de iglesias quemadas, estatuas religiosas destrozadas, e incluso sacerdotes asesinados como el padre Jacques Hame, se han vuelto habituales.

Si se considera que lo espiritual y lo religioso son aspectos de la vida humana de los que podemos prescindir (Augusto del Noce ya advertía de los peligros de la secularización), la reeducación europea pasa por el uso de la tecnología y por la tecnocracia. Las redes sociales e internet, que deberían representar una herramienta para la libertad de palabra, corren el riesgo de verse restringidas bajo el pretexto de luchar contra la desinformación y la injerencia extranjera, como lo demuestra la última directiva europea sobre publicidad política.

El enfoque dirigista de la Unión Europea no perdona a ningún sector de la sociedad y está cada vez más omnipresente. Prevalece sobre las naciones y las autoridades locales, sin tener en cuenta las necesidades de las comunidades y favoreciendo una visión homogeneizadora. Una función pedagógica destinada a los europeos, plasmada negro sobre blanco por la UE en las conclusiones de la Conferencia sobre el futuro de Europa. Por un lado, propone una estandarización destinada a borrar las identidades individuales. Por otro, las políticas europeas acaban siendo rehenes de minorías ideológicas que quieren imponer su agenda.

Y por si las normativas y directivas aprobadas hasta la fecha no fueran suficientes, lo peor está por llegar: la reeducación europea no ha hecho más que empezar.