Miles de ciudadanos se concentraron frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid. La actividad derivó en disturbios cuando los asistentes quisieron saltarse el cerco policial
Más de 3.000 personas se congregaron en la Calle de Ferraz de Madrid. Se trata del tercer día consecutivo en el que se registran concentraciones en la emblemática vía capitalina.
La reunión de este lunes culminó, sin embargo, en incidentes violentos. Lo que era una movilización pacífica derivó en disturbios cuando los asistentes quisieron saltarse el cordón policial.
Los agentes resguardaban el edificio que alberga las oficinas principales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la tolda política a la que pertenece Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno de España.
Carles Puigdemont (centro), se desempeñó como jefe de Gobierno de Cataluña. Huyó a Bruselas, Bélgica, luego de ser acusado de sedición por la justicia española
Aquella consulta, que rompió el hilo constitucional en España, pretendía conseguir la independencia de Cataluña y, por consiguiente, su separación del resto de la geografía española.
Tras seis años de auto exilio, el ex presidente de la Generalitat podría regresar a territorio español. Lo haría sin cuentas pendientes, gracias a la ley de amnistía que ha propuesto Pedro Sánchez.
🇪🇦📹 | Las sedes del partido socialista PSOE en varias ciudades de España registraron este lunes protestas en contra de una posible amnistía a independentistas catalanes a cambio de su apoyo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. pic.twitter.com/XnWyuRuU1O
El texto, que aún no es una realidad, funcionaría como moneda de cambio. Junts, el partido catalán liderado por Puigdemont, ha prometido apoyar a Sánchez si éste perdona al dirigente.
El presidente en funciones, quien busca permanecer en el cargo, intentará formar Gobierno. Para ello requiere, sin embargo, de una coalición que le garantice los apoyos necesarios.
Entre las toldas estarían los izquierdistas de Sumar, los ultranacionalistas del PNV y, por supuesto, Junts, en caso de que se concreten las negociaciones sobre la posible amnistía.
De acuerdo con cifras oficiales, 3.800 personas acudieron a la concentración que se efectuó, la noche de este lunes, frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Más allá de los destrozos, los disturbios de este lunes no arrojaron lesionados. Que la cifra de heridos se mantuviera en cero parecía improbable cuando iniciaron los choques entre manifestantes y policías.
Los oficiales emplearon gas lacrimógeno para dispersar a la muchedumbre. En algunos casos también recurrieron al empleo de balas de goma. Esa acción ha sido condenada por representantes de VOX.
Desde el partido de derecha acusaron al Ejecutivo en funciones de “criminalizar a los españoles que protestan contra la amnistía y contra el golpe”. “Seguiremos en la calle”, advirtió Santiago Abascal, secretario general de la tolda.
Pedro Sánchez, por su parte, calificó a los manifestantes como “reaccionarios”. El gobernante en funciones señaló que, a su juicio, “atacar las sedes del PSOE es atacar a la democracia”.
Y entiende esto Pedrezuelo, mejor ser un reaccionario que un mentiroso convulsivo y compulsivo, plagiador, tahur y fullero, además de, como el resto de su partido, inútiles y parásitos. La izquierda mundial, en general, debería desaparecer como si nunca hubiera existido. Todas sus ideas, además de majaderas y de casquero de tercera y analfabeto total, llevan a la pobreza y al totalitarismo.
¡Dejad de hacer el canelo votándola, no seáis CENUTRIOS! Y lo primero que hay que hacer es expulsar al tahur plagiador del país, exiliándolo al desierto de Gobi o alguna isla desierta de las que aun queda o … se admiten ideas.
JAIME I ENTRA TRIUNFAL EN VALENCIA TRAS DERROTAR A LOS MUSULMANES.
La verdad sobre la tarde del 9 de Octubre de 2017 que las televisiones y medios de la izquierda y nazional-imperialismo catalán han manipulado. Comparte y que se sepa la verdad.
No solo han sido las televisiones y demás, es que redes sociales como Facebook o Twitter no han permitido, haciendo una nueva demostración de que se pasan la libertad de expresión por el forro, subir el audio, por lo que el autor lo ha compuesto como vídeo y lo ha subido a YouTube (por tanto, ver y escuchar rápido y, el que pueda, que se lo baje, pues YouTube tampoco es precisamente muy de fiar en cuanto a la libertad de expresión, sobre todo en cuanto a la libertad de expresión de unos, a otros si que los deja poner todo lo que les da la gana)
Esto es otra demostración de quienes son en realidad los TOTALITARIOS. Y no solo TOTALITARIOS, sino también IMPERIALISTAS, pues ¿que otra cosa es quien quiereANEXIONARSE un territorio QUE NUNCA LE HA PERTENECIDO?
Y con el apoyo de esa izquierda que tanto clama contra el imperialismo, y muy especialmente, COMO NO PODÍA SER DE OTRA FORMA, ESA CHUSMA NAUSEABUNDA QUE ES PODEMOS, el partido de ese MACARRA DE MEDIO PELO del «Pableras Coleta Morada» y, naturalmente, COMPROMIS, la marca blanca de PODEMOS en la Comunidad Valenciana.
ES MUY IMPORTANTE E INTERESANTE LEER el texto que va apareciendo en el vídeo al mismo tiempo que se escucha la grabación. Una lección de historia para que se entere TANTO IGNORANTE catalano-independentista y otros independentistas, así como la chusma izquierdista, la mayor parte de ellos también ignorantes, palurdos y analfabetos integrales, que es de quien mas se surte la izquierda.
-Desde mediados del XIX la economía de Cataluña ha estado manejada y explotada por las 300 viejas y endogámicas familias que conformaron el núcleo duro de esa burguesía…
-Primero se apropiaron de la riqueza adaptándose a todos los vaivenes políticos que en España han sido…republicanos con la República, franquistas sumisos con la dictadura, e independentistas ahora, cuando ya no pueden seguir explotando la clásica mano de obra xarnega.
-Pero de contrario a los héroes de las Termópilas, ellos no dan la cara ni se manchan las manos con el trabajo sucio y recurren a los canes Cerveros, serviles y desclasados que para conseguir las migajas que caen de su mesa, se prestan sumisos al totum revolutum de la algarabía populista, violenta, represora y fascista…
-Ellos no aúllan ni en las instituciones, ni en las calles ni en los foros públicos…para eso tiene a sus siervos de la gleba, rufianes y macarras chillones…
-Y al parecer, ahora que la mano esclava ya no puede venir del resto del país, tratan de seguir conformando el estrato social sometido, sobre el que perpetuar su corrompido y explotador modo de medre…
-Y por eso sus brazos abiertos a esos refugiados en los que creen ver el relevo de las antiguas masas esclavas.
Montesquieu, que no confiaba en los jueces, afirmó que éstos eran “la boca que pronuncia la palabra de la ley”. Más tarde, cuando se adoptaron las primeras constituciones liberales reconociendo derechos procesales (en el texto o en las enmiendas), la doctrina jurídica se consolidó en torno a la regla de reconocimiento (Hart) o el principio de jerarquía normativa (Kelsen) y los jueces, en los Estados democráticos, han venido interpretando y aplicando las normas conforme a estos principios, teniendo en cuenta, debidamente, la jerarquía existente, también, entre los tribunales.
Por si la doctrina jurídica no fuera suficiente, en nuestro caso concreto y para dejarlo claro, la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone textualmente, tras una reforma que fue necesaria para consolidar el modelo interpretativo diseñado por la Constitución, en su artículo 5:
<<1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.>>
Así las cosas, resulta que, ahora, una treintena de jueces, de los más o menos 700 que ejercen su jurisdicción en Cataluña, se descuelgan con un manifiesto favorable al denominado “derecho a decidir”, fundamentado en una, para ellos, “indiscutible realidad nacional de Cataluña” que legitimaría la realización del referéndum que el Tribunal Constitucional acaba de declarar que su puesta en marcha es radicalmente contraria a la Constitución.
En efecto, el reciente Auto del Tribunal Constitucional, de 14 de febrero de 2017, relativo a la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, en incidente de ejecución de sentencia previsto en la LOTC (arts. 87 y 92), dispone que:
– <<queda fuera de la competencia autonómica formular consultas, aun no referendarias, que incidan «sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente y que resultan sustraídas a la decisión de los poderes constituidos […]» (STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4). Es patente, pues, que el parecer de la ciudadanía sobre tales cuestiones ha de encauzarse a través de los procedimientos constitucionales de reforma” (STC 31/2015, FJ 6).>>
– <<en el Estado social y democrático de Derecho configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda”, pues la legitimidad de cualquier actuación del poder público se basa en su conformidad con la Constitución, que tiene, precisamente, su fundamento en el principio democrático (art. 1.1 CE). De modo que “la primacía incondicional de la Constitución es la garantía de la democracia tanto por su fuente de legitimación y por su contenido, como por la previsión misma de procedimientos para su reforma” (STC 259/2015, FJ 5).>>
– <<no puede oponerse una supuesta legitimidad democrática de un cuerpo legislativo o de una Comunidad Autónoma a la primacía incondicional de la Constitución.>>
– <<no resulta constitucionalmente admisible que la actividad parlamentaria se dirija a dar continuidad y soporte al objetivo proclamado en la anulada Resolución l/XI: la apertura de un proceso constituyente en Cataluña encaminado a la creación de la futura constitución catalana y del Estado catalán independiente en forma de república>>.
Rotundamente, el Tribunal Constitucional, continúa diciendo:
<<La Resolución 306/XI, en los apartados impugnados, plasma la voluntad del Parlamento de Cataluña de eludir los procedimientos de reforma constitucional para llevar adelante su proyecto político de desconexión del Estado español y creación de un estado catalán independiente en forma de república, lo que supone “intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica” (SSTC 103/2008, FJ 4 y 259/2015, FJ 7. Con ello contraviene y menoscaba frontalmente los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 y los AATC 141/2016 y 170/2016. Desatiende asimismo lo resuelto por este Tribunal en las citadas SSTC 31/2015, 32/2015 y 138/2015, en cuanto el Parlamento insta al Gobierno de la Generalidad “a celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, como muy tarde en septiembre de 2017 con una pregunta clara y de respuesta binaria” (punto 3 del capítulo I.1.1) y por ello a preparar “los procedimientos y reglamentos necesarios para hacer efectivo el referéndum” (punto 6 del capítulo I.1.1), comprometiéndose a su vez la Cámara “a activar todos los dispositivos legislativos necesarios para llevar a cabo la celebración del referéndum y para darle al mismo tiempo cobertura legal” (punto 4 del capítulo I.1.1). El referéndum de autodeterminación se erige así en la Resolución 306/XI como instrumente decisivo en ese “proceso constituyente en Cataluña.>>
Esta doctrina constitucional es la que deben seguir los jueces y magistrados, en toda España. Deben seguirla los que ejercen en Cataluña. Por “imperativo legal” si quieren así considerarlo. Porque tienen que aplicar la ley conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sus argumentos, los que se exponen en el manifiesto que enlazo, se sitúan completamente al margen de la doctrina del Tribunal Constitucional que acabo de reseñar.
La ciudadanía tenemos derecho a que los jueces cumplan con sus funciones. ¿Cómo queda reflejada la imparcialidad objetiva -no la subjetiva, en el caso concreto- de estos jueces que son capaces de manifestar públicamente su oposición a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Si, objetivamente, es decir, con efecto general, no tienen reparo en apartarse del mandato del art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿son fiables, subjetivamente, en el caso concreto? ¿Podemos confiar, con base en el principio de seguridad jurídica, que nos van a juzgar, repito, en el caso concreto, conforme a ley y a la jurisprudencia que están obligados a seguir?
¿O serán fieles seguidores de la doctrina del “Juez de la horca”, que impone su voluntad sin tener en cuenta la ley establecida, simplemente porque creen que es su criterio el que debe imponerse al margen de la ley?
¿O es que, cómplices del intento de desacreditar a España ante organismos internacionales, buscan ser sancionados por manifiesto incumplimiento de sus funciones, para “demostrar” que “el Estado ataca a Cataluña”? Recordemos que, del mismo modo que las dilaciones indebidas se imputan a quien las provoca, los ataques infundados también pueden volverse en contra de quien, con su actuación, los haya originado.
ENGLISH
Montesquieu, who did not trust the judges, asserted that these were «the mouth that utters the word of the law.» Later, when the first liberal constitutions were adopted, recognizing procedural rights (in the text or in the amendments), legal doctrine was consolidated around the rule of recognition (Hart) or the principle of normative hierarchy (Kelsen) and judges , In democratic States, have been interpreting and applying the rules in accordance with these principles, taking due account of the existing hierarchy, also among the courts.
In case the legal doctrine was not enough, in our case and to make it clear, the Organic Law of the Judicial Power provides textually, after a reform that was necessary to consolidate the interpretive model designed by the Constitution, in its article 5:
<< 1. The Constitution is the supreme norm of the legal system and binds all judges and courts, who will interpret and apply the laws and regulations according to the constitutional principles and principles, according to the interpretation of the same that results from the resolutions issued by the Court Constitutional in all kinds of processes. «>>
Thus, it turns out that, now, some thirty judges, of the more or less 700 who exercise their jurisdiction in Catalonia, are removed with a favorable manifesto to the so-called «right to decide», based on one, for them, «indisputable National reality of Catalonia «that would legitimize the completion of the referendum that the Constitutional Court has just declared that its implementation is radically contrary to the Constitution.
The recent Order of the Constitutional Court of February 14, 2017, concerning Resolution 306 / XI of the Parliament of Catalonia of October 6, 2016, in an incident of execution of a judgment provided for in the LOTC (articles 87 And 92) provides that:
– «it is beyond the autonomous competence to formulate consultations, which are not yet referential, which concern» fundamental questions resolved by the constituent process and which are subtracted from the decision of the constituted powers … «(STC 103/2008, of 11 Of September, FJ 4). It is clear, then, that the opinion of the public on such issues must be channeled through constitutional reform procedures «(STC 31/2015, FJ 6). >>
– «in the democratic and social state of law established by the 1978 Constitution, it is not possible to oppose democratic legitimacy and constitutional legality to the detriment of the latter», since the legitimacy of any action by the public power is based on its conformity with the Constitution, Which is precisely based on the democratic principle (Article 1.1 EC). Thus, «the unconditional primacy of the Constitution is the guarantee of democracy both by its source of legitimacy and by its content, and by the very provision of procedures for its reform» (STC 259/2015, FJ 5).
– «The supposed democratic legitimacy of a legislative body or an Autonomous Community can not be opposed to the unconditional primacy of the Constitution.»
– << it is not constitutionally admissible that parliamentary activity should be aimed at giving continuity and support to the objective proclaimed in the annulled Resolution l / XI: the opening of a constituent process in Catalonia aimed at the creation of the future Catalan constitution and the Catalan State Independent in the form of a republic.»>>
The Constitutional Court goes on to say,
<< Resolution 306 / XI, in the contested sections, reflects the will of the Catalan Parliament to circumvent the procedures of constitutional reform to carry out its political project of disconnection of the Spanish State and creation of an independent Catalan state in the form of a republic, (Which is incompatible with the social and democratic rule of law enshrined in Article 1.1 EC) to reform the Constitution on the fringes of it or to achieve its practical ineffectiveness «(SSTC 103/2008, FJ 4 and 259/2015, FJ 7. In this way, it violates and directly impedes the pronouncements contained in STC 259/2015 and AATC 141/2016 and 170/2016. It also disregards what has been resolved by this Court in the aforementioned SSTC 31/2015 , 32/2015 and 138/2015, as Parliament urges the Government of the Generalitat «to hold a binding referendum on the independence of Catalonia, at the latest in September 2017 with a clear and binary question» (Item 3 Of Chapter I (1) (1)) and therefore to prepare «the procedures and regulations necessary to give effect to the referendum» (point 6 of Chapter I.1.1), with the House undertaking to «activate all legislative provisions necessary to To hold the referendum and to provide it with legal cover «(point 4 of Chapter I.1.1). The referendum on self-determination thus emerges in Resolution 306 / XI as a decisive instrument in this «constituent process in Catalonia.»>>
This constitutional doctrine is the one to be followed by judges and magistrates throughout Spain. They should be followed by those who practice in Catalonia. By «legal imperative» if they want to consider it. Because they have to apply the law in accordance with the jurisprudence of the Constitutional Court. Their arguments, which are set out in the manifesto I link, are completely outside the doctrine of the Constitutional Court that I have just described.
Citizens have the right to have judges perform their duties. How is it reflected objectively – not the subjective, in the specific case – of these judges who are able to publicly express their opposition to the jurisprudence of the Constitutional Court? If, objectively, that is to say, with general effect, they have no objection to departing from the mandate of art. 5 of the Organic Law of the Judiciary, are they subjectively reliable in the specific case? Can we rely, based on the principle of legal certainty, that we are going to be judged, I repeat, in the specific case, according to law and the jurisprudence that they are obliged to follow?
Or will they be faithful followers of the «Hangman» doctrine, which imposes its will without regard to the established law, simply because they believe that it is their criterion that should be imposed outside the law?
Or is it that, accomplices of the attempt to discredit Spain before international organizations, seek to be punished for manifest breach of their duties, to «prove» that «the State attacks Catalonia»? Recall that, just as undue delays are imputed to the person who provokes them, unfounded attacks can also turn against those who, by their action, have originated them.
PorAdolfo Prego,Magistrado excedente del Tribunal Supremo
Aumenta la frecuencia de los desplantes de los secesionistas frente al Estado. No pasa un día sin que insistan en su desafío de convocar ilegalmente una consulta previa a su declaración de independencia, o directamente amenacen con lo que denominan desconectarse del Estado español.
Diariamente nos desayunamos con esa cantinela, cansina por lo reiterada pero preocupante por la intensificación de la firmeza con la que expresan su enloquecido plan secesionista. Y porque ya empiezan a pasarse abiertamente por el arco del triunfo las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo con la mayor desfachatez. Dicen que no se sienten sujetos a sus decisiones porque son tribunales españoles….
Todo esto se veía venir desde hace muchos años. La pasada Historia contemporánea de España avalaba los peores augurios, y los acontecimientos políticos recientes los corroboraban. Sin embargo, quienes tenían el deber y el poder de poner a punto los mecanismos jurídicos de respuesta no lo han hecho. Prefirieron mirar hacia otro lado. De hecho, se dedicaron de manera suicida a desarmar el aparato jurídico del Estado, eliminando sus defensas hasta dejarlo inerme frente a los retos del secesionismo. Y esto durante veintiún años, que se dice pronto.
Pero hemos llegado ya al final del trayecto y las autoridades del Estado parece que por fin ven las orejas al lobo y dicen que quieren responder. Proclaman ahora solemnemente que tienen dispuestos y a punto los mecanismos de reacción. Si es así, a buenas horas…
Yo, la verdad, no veo tales mecanismos por ninguna parte. Por más que los busco y estudio el ordenamiento jurídico no los encuentro. No descubro ninguna respuesta legal verdadera y seria. Me refiero, claro está, a una respuesta que sea eficaz y dotada de una escala que se ajuste realmente a la gravedad del desafío que hay que neutralizar.
Porque si de lo que se trata es de tener una reacción raquítica,canija, lo mejor será no usarla ni exhibirla siquiera. Por dignidad. Por no hacer el ridículo, y por evitarnos a todos los españoles tener que rematar con un triste espectáculo final la incompetencia de quienes desde los resortes del poder político nos han traído a rastras hasta esta lamentable situación histórica.
Le dirán a usted, amable lector, que el Estado está preparado. Pero no se deje engañar. Sepa usted que hoy en España, aunque parezca mentira, proclamar la independencia de una parte de su territorio no es un delito. Ni puede ser castigada semejante enormidad con una pena. A la opinión pública se le dice que sí lo es, pero no es cierto. Me consta que importantes juristas de altísimo nivel situados en las instituciones del Estado trabajan con ahínco para encontrar la naturaleza delictiva del desafío secesionista. Yo lo veo muy difícil sin retorcer los textos legales y sin quebrantar el principio de legalidad, fundamental en el Derecho Penal civilizado.
Lo que es verdad es que el comportamiento al que me refiero fue un grave delito en España durante muchos años hasta que el Código Penal de 1995, llamado Código de la democracia, suprimió todas las figuras penales que castigaban los ataques a la unidad nacional, y los comportamientos secesionistas dirigidos a la fragmentación del Estado. Ataques que castigaba, y muy severamente, por cierto, el Código Penal de la Segunda República: su artículo 242 recogía como delito de rebelión “los ataques a la integridad de España… bajo una sola Ley fundamental y una sola representación de su personalidad como tal Estado español”. La pena no era precisamente menuda: de seis años y un día a doce años de prisión; y en el caso de llegar a tener efecto la rebelión, la de prisión de doce años y un día a veinte años para los promovedores de ella.
El Código Penal de la Segunda República castigaba, y muy seriamente, los ataques a la unidad nacional.
Este delito se mantuvo en los Códigos Penales posteriores, primero como delito de rebelión y luego como delito de sedición. Pero el legislador del 95, aquejado de un buenísimo suicida, los suprimió todos haciendo gala de una ceguera política verdaderamente asombrosa. Pero la verdad es que tampoco nadie después rectificó este error, aunque lo conocían. Y así hemos seguido durante veintiséis años. Ahora las cosas quieren arreglarse tarde y mal. Y posiblemente no puedan ya arreglarse de ningún modo.
Ésta es la verdad que no se cuenta.
¿Y ahora qué tenemos?, se preguntará usted. Pues nada… No tenemos nada que castigue la proclamación de independencia de una parte de España: no es ya rebelión porque ésta exige que la finalidad de separar una parte del territorio español se pretenda a través de un alzamiento público que además tiene que ser “violento”. No es tampoco sedición porque este delito exige que el alzamiento público sea además “tumultuario”. Así que proclamar la independencia de parte del territorio español, sin que medie violencia ni haya tumulto, aun concurriendo alzamiento público, no es nada.
Es más: ni siquiera los sucesivos gobiernos de España han querido incluir semejante barbaridad entre los delitos contra la Constitución. Le parecerá mentira pero así es. Entre esos delitos encontrará el lector un variado repertorio de conductas más o menos perturbadoras del trabajo de los diputados; incluso el inocuo hecho de manifestarse ante las sedes del Congreso de los Diputados, por citar sólo un ejemplo de algo irrelevante pero que ha sido elevado a la categoría de delito contra la Constitución. Sin embargo, no encontrará usted ninguna figura que describa la proclamación de independencia de una comunidad autónoma o de una parte de nuestro territorio, en el seno de una asamblea legislativa por votación y decisión colectiva de sus Señorías secesionistas.
¿Qué nos queda entonces? Pues el modesto campo de la desobediencia a los tribunales en el que no faltan ciertas particularidades verdaderamente bochornosas: cuando el desobediente es una autoridad (por ejemplo, Presidente de la Comunidad Autónoma) que se niega abiertamente a dar debido cumplimiento a una resolución judicial (por ejemplo, Supremo o Constitucional), ni siquiera su comportamiento rebelde es delito contra la Constitución a pesar de que integra un verdadero ataque a la estructura del Estado y a la división de poderes. Es sólo un modesto delito contra la Administración Pública, o sea, un delito en el que lo que se protege es la eficacia de la maquinaria que dispensa los servicios públicos. La pena por ello es ridícula: una pequeña multa, y una inhabilitación por dos años como máximo para ejercer empleos o cargos públicos… precisamente en España. Es fácilmente imaginable lo que estas penas pueden impresionar a la autoridad autonómica secesionista que se constituye en Estado independiente.
Aún más: el precepto que recoge este delito de la autoridad desobediente a las sentencias judiciales es el mismo que, también con idéntica pena, sanciona a cualquier funcionario que desobedece las órdenes recibidas de la autoridad superior. No importa ni el rango jerárquico del que desobedece ni la relevancia de la autoridad desobedecida, desde una perspectiva constitucional. Así que para el legislador ambas cosas son equiparables: la conducta del modesto funcionario que desobedece a la autoridad de la que depende y la conducta de la autoridad rebelde que se niega a cumplir las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional o de nuestro Tribunal Supremo.
Y todavía algo peor: el precepto contiene la vergonzosa previsión de que el desobediente (pensemos en un Presidente autonómico que se niega a cumplir una sentencia del Supremo o del Constitucional) pretenda su exención de responsabilidad con el alegato de que el mandato incumplido era contrario a la Ley. No digo que este alegato pueda prosperar. Digo que la norma prevé la posibilidad de hacer esta alegación incluso cuando el mandato desobedecido proceda del más alto Tribunal de España. Y digo yo que el sólo hecho de que el Código Penal contemple esta hipótesis como posible y por tanto como alegable en un proceso, debería abochornar al legislador español que ha mantenido este estado de cosas en el repertorio jurídico del Estado.
Así que cuando ahora nos dicen que están preparados los mecanismos jurídicos para responder al desafío, pienso para mis adentros: “menos lobos…”
El Gobierno, viniéndose arriba, busca tranquilizar a la inquieta opinión pública. Pero no nos engañemos. Para soltar un órdago así al envite del nacionalismo hace falta algo más que entusiasmo. Hace falta tener mejores cartas jurídicas. En este problema no se puede ir de farol porque se corre el riesgo de que te contesten: “veo”. Y en ese momento hay que enseñar las cartas.
Entonces, ¿qué haremos? Mucho me temo que, aparte del ridículo, no haremos nada. Sólo contemplar un desastre de gravísimas consecuencias para la Historia de España. Un desastre que tiene una larga nómina de responsables.
La aprobación de la moción para iniciar la construcción de un estado Catalán ya es una realidad. La mayoría absoluta en diputados de la argamasa Junts Pel Sí y los radicales de la CUP ha iniciado el proceso ilegal de desconexión del territorio español teniendo al 52% de la población catalana y a toda la comunidad internacional en contra.
Un golpe de estado en toda regla. A continuación detallaré por qué lo que pretenden los independentistas es absolutamente delirante, dictatorial, totalitario antidemocrático y atenta gravemente contra el conjunto y la integridad de España.
Un mandato emanado de las urnas
Ni mucho menos el mandato emanado de las urnas desea la independencia, puesto que los que parecían independentistas encubiertos, Catalunya Sí que es Pot, finalmente han votado “no” a la moción, a pesar de que Artur Mas, Romeva y el resto de la cuadrilla soberanista se jactaban continuamente de contarlos…
No hay canallada mayor a la que se pueda someter a un Ejército que ponerle frente a su propio pueblo desarmado.
Lo de Cataluña, no es que haya llegado a la línea roja más allá de la cual se entra el el territorio de lo sin Ley, de la descomposición del Estado, del caos; en realidad, ayer, 27 de Octubre, la línea roja ha sido traspasada por las huestes separatistas catalanas y lo han hecho a bombo y platillo, desplegando estandartes y fanfarrias y en el «templo de la democracia» convertido en taberna de conspiradores.
Es le penúltimo paso después de un sin fin de infracciones en materia grave, como lo es siempre el incumplimiento de la Ley y de las sentencias de los tribunales. Pero su sistemática impunidad ha envalentonado a una clase polìtica no ya sólo encanallada y corrupta hasta la náusea, sino enloquecida por el vino del éxito que supone humillar una y otra vez al Estado de Derecho sin que éste reaccione o, lo que es peor, lo haga con más concesiones, más entrega, más debilidad…
Desde hace ya demasiado tiempo, llevamos soportando del Presidente del Gobierno, de sus ministros, de diversos responsables de Instituciones del Estado y, por supuesto, de esa nueva subespecie de sabios que todo lo saben, los tertulianos, lecciones magistrales de cómo se actuará llegado el momento de que se consume eso que todos pensaban que no iba a suceder. Lo pensaban y, pese a lo ocurrido en el día de ayer, uno se asombra al comprobar que, con excepciones, parece que la mayoría lo sigue pensando.
He oído hablar a Políticos de todas las tendencias, a juristas, a tertulianos y todos, con un par de excepciones (Santiago Abascal y Rosa Díez), siguen teorizando sobre lo que habrá que hacer cuando se consume el delito de sedición; el primero, el Presidente del Gobierno ¿No se ha enterado este señor de que tiene a su disposición todo un cuerpo de Abogados del Estado para asesorarse y dar a cada acto el valor exacto que tiene?
Lo que ayer ha ocurrido en el Parlamento catalán ha sido un clarísimo acto de conspiración y proposición para la sedición que constituye, en si mismo, un delito que la Justicia y el Estado tienen la obligación de perseguir de oficio; un delito que, además, anuncia DE FORMA INEQUÍVOCA que, de inmediato, en cuestión de horas o de muy pocos días, se va a cometer el delito principal: LA SEDICIÓN contra ESPAÑA. Y se ha hecho en sede parlamentaria, mediante documento oficial. Conspiración pública y formalmente escenificada contra la Democracia, contra la Ley, contra la Constitución Española y contra el Pueblo Español para romper la indisoluble unidad de España.
¿Qué ha hecho el Gobierno, su Presidente y el resto de las Instituciones del Estado cuyos dirigentes han jurado o prometido solemnemente cumplir y hacer cumplir la Ley y la Constitución como Norma fundamental del Estado? Pues lo de siempre: NADA. Decirnos que si los conspiradores siguen adelante, harán lo que deban de hacer, pero que no han hecho hasta ahora ante el incumplimiento de leyes y sentencias de altos tribunales, ni lo han hecho ayer ante la perpetración de un delito de CONSPIRACIÓN PARA Y PROPOSICIÓN DE SEDICIÓN CONTRA ESPAÑA.
¿No es esto una prevaricación manifiesta de todos los Poderes del Estado?
¿No es esto una absoluta dejación de funciones del Gobierno, de la Fiscalía, de los Tribunales, de las mismísimas Cortes de España cuando está en RIESGO EVIDENTE E INMEDIATO nada menos que la ruptura de España y con ella y, por efecto dominó, de su supervivencia como NACIÓN?
Ya es grave que desde hace tiempo en Cataluña no se cumpla la Ley ni las sentencias de los tribunales de Justicia, pero ¿Por qué ayer no se han puesto en marcha todos los mecanismos del Estado para castigar a los responsables de un gravísimo delito consumado y prevenir y evitar la consumación del delito más grave en el que se puede incurrir contra la propia esencia de una nación?
¿Alguien es, a estas alturas, tan ingenuo o tan imbécil que sigue pensando aquello de que «no se van a atrever»? Ya no es cuestión de que se atrevan o no. Artur Mas y su caterva de traidores ya no tiene más salida que la huida hacia adelante; son prisioneros de su propia osadía. Una marcha atrás ahora sería meterse en las fauces del monstruo que ellos mismos han creado y que, por supuesto, les devoraría, y ellos lo saben.
Ayer debió de producirse un golpe de autoridad y un obligado acto de justicia. A instancias del gobierno, la Fiscalía General del Estado debiera de haber pedido a la instancia judicial que proceda la detención inmediata de los autores del delito de conspiración para la sedición, es decir, de los cuatro firmantes del cuerpo del delito, que a estas alturas ya estarían a disposición judicial. Acto seguido debiera de haberse procedido a poner en marcha con carácter de máxima urgencia, los trámites legales previstos en la Constitución (Art. 155) para la intervención de la autonomía.
A estas alturas, el ordenamiento constitucional, en estos momentos quebrantado o en vías de grave quebranto en Cataluña, ya estaría restablecido con una ventaja: El Estado se habría anticipado a la agenda de los sediciosos cortando e imposibilitando los pasos que tienen perfectamente estudiados y calculados.
Sin embargo, ha vuelto a ocurrir. El Estado vuelve a dar ventaja a quienes planean su destrucción.
No salgo de mi asombro cuando oigo a destacados miembros de esa subespecie a la que antes me he referido, los tertulianos, decir que no pasa nada, que no hay que alarmarse, que, llegado el momento (como si el momento no hubiera ya llegado ¡CIEGOS!), el Estado tiene todos los instrumentos necesarios para reconducir la situación. Porque, si bien esa afirmación es cierta, parece que nadie quiere pensar en el precio que, si les dejamos actuar conforme a su agenda, puede llegar a tener la operación de desmontaje de esta ALTA TRAICIÓN. O es que, habiendo llegado hasta aquí, ¿alguien ignora de que ellos no dudarán en incitar a sus seguidores (son el 47% de la población y eso es mucho) a la rebelión activa?
¿Se imaginan, si les dejamos marcar sus tiempos, que pongan en la calle a doscientos, trescientos mil o muchos más (ya lo han hecho en varias ocasiones; auténticos ensayos encubiertos que nadie ha querido ver) fanáticos enaltecidos, dispuestos a respaldar la sedición de sus líderes?
¿Alguien se imagina las consecuencias?
Una multitud enloquecida de esas dimensiones no hay Policía ni Guardia Civil que la pare. Y les diré una cosa: No hay canallada mayor a la que se pueda someter a un Ejército que ponerle frente a su propio pueblo desarmado.
Y todo esto, para lo que existen altas probabilidades de convertirse en realidad, podría haberse evitado ayer con un acto de valentía en el cumplimiento del deber llevado a cabo por sorpresa y sin vacilaciones por un Gobierno verdaderamente consciente de sus responsabilidades y de lo que su pueblo espera de él.
Otra vez nos has fallado, Mariano Rajoy.
A pesar de todo, es tan alto el precio que nos jugamos, que ahora no hay más remedio que todos, Instituciones, partidos políticos y ciudadanos, ponernos al lado del Gobierno y plantar cara al desafío de unos canallas que, de nuevo, una vez más se empeñan en romper España.
Habrá tiempo después, cuando los culpables estén a buen recaudo, de pedir responsabilidades y de poner a cada uno en su sitio.
El escritor Jesús Laínz desenmaraña en su último libro «España contra Cataluña»(Encuentro Editorial) las mentiras históricas sobre las que se asienta el nacionalismo catalán:
1).- Cataluña fue un Estado en el pasado, luego tiene el derecho a serlo en el futuro En primer lugar, no es cierto que haber sido un Estado en el pasado legitime secesiones futuras. Todos los países de Europa, sin excepción, son el agregado de múltiples territorios que fueron reinos, principados, repúblicas, ducados, cantones, condados y señoríos. Y algunos de ellos hasta tiempos tan recientes como el siglo XIX: por ejemplo, Alemania e Italia. Y, en segundo, los condados catalanes nunca conformaron un reino independiente, sino que pasaron en el siglo XIII de la soberanía de los reyes francos a la de la Corona de Aragón. Por el contrario, otras regiones españolas actuales (Asturias, León, Castilla) sí fueron reinos y, sin embargo, no se deduce de ello derecho alguno a la secesión.
2).- Cataluña no participó de la historia de España La primera capital de la Hispania romana fue Tarragona. Y la primera de la Hispania visigoda, Barcelona. Durante la Edad Media, los catalanes participaron, al igual que los demás españoles, en la reconquista. Jaime I de Aragón, por ejemplo, conquistó el reino de Murcia en nombre y por cuenta de su yerno Alfonso X de Castilla. Asimismo participaron en el proceso repoblador, pero no sólo de Valencia y Baleares, sino también de territorios castellanos como Valladolid o Sevilla. La sevillana Coria del Río, por ejemplo, fue otorgada por Alfonso X a «150 omes de Catalunna». Y los catalanes participaron durante siglos en todos los hechos de armas de la historia de España: la conquista de Granada, la de Navarra, la de Nápoles, la de América, los Tercios de Flandes, la batalla de Lepanto, etc.
3).- Los catalanes medievales no se consideraban españoles Todos los testimonios de aquella época demuestran lo contrario. En su «Llibre dels feits», escrito por él mismo, Jaime I explicó sobre la colaboración de los soldados catalanoaragoneses en beneficio del reino de Castilla: «Porque lo hemos hecho en primer lugar por Dios, en segundo por salvar a España, y en tercero para que tengamos el gran honor de que gracias a nosotros se haya salvado España». Y al salir en Lyon del concilio en el que se había ofrecido para ir en cruzada a Oriente, declaró: «Barones, ya podemos irnos, que hoy ha sido honrada toda España». Y de Ramón Muntaner nos ha llegado la mejor explicación de la solidaridad política que, por encima de ambiciones y enfrentamientos, informó a todos los monarcas medievales españoles, cuando reclamó una política conjunta de todos los reyes «de España, que son una carne y una sangre».
4).- Los catalanes fueron excluidos de América En primer lugar, todo el victimismo queda anulado de raíz pues, aun en el caso de que hubiese sido cierta la exclusión, sus destinatarios no habrían sido los catalanes, sino los súbditos de los territorios de la Corona de Aragón. La confusión inicial nació de que los derechos sobre las tierras recién descubiertas derivaban del Tratado de Alcaçovas que puso fin a la guerra lusocastellana por el trono de Enrique IV y que otorgaba a Castilla las tierras que se descubrieran hacia el oeste. Aragón no era parte en este acuerdo, tanto por no participar en la pugna por el trono como por no tener litoral atlántico. Por lo tanto, del hecho de que sólo la Corona de Castilla tuviera derechos en el Atlántico se derivó la incorporación a ella de las tierras descubiertas por Colón.
A pesar de alguna confusión jurídica inicial y de muy corta duración, la orden dada por Isabel y Fernando en 1501 a Ovando sobre que «no haya extranjeros de nuestros reinos y señoríos» se refería a los flamencos de la corte de Felipe el Hermoso y estaba destinada a prohibir el comercio de las Indias con y desde puertos de Flandes. La realidad fue, además, que los aragoneses y los catalanes participaron desde el principio en la empresa americana, monopolizada, eso sí, desde los puertos castellanos hasta su liberalización por Carlos III. Por ejemplo, el jefe militar del segundo viaje de Colón fue el ampurdanés Pedro de Margarit al frente de doscientos soldados catalanes. El primer vicario apostólico en las nuevas tierras fue Bernardo Boil, benedictino de Montserrat. Jaime Rasqui fue uno de los conquistadores del Río de la Plata. Juan Orpí fundó Nueva Barcelona en Venezuela. Juan de Grau y Ribó, compañero de Hernán Cortés, se esposó con Xipaguazin, hija de Moctezuma. Y el leridano Gaspar de Portolá conquistó California.
5).- En 1714 Cataluña perdió su independencia al ser conquistada por España No es cierto que Cataluña fuese un estado soberano en 1714, sino un territorio con algunas instituciones propias, como en cualquier otro lugar de la Europa del Antiguo Régimen, y parte constituyente de la Corona de Aragón, es decir, de España. No es cierto que se tratase de una guerra entre castellanos y catalanes, sino entre partidarios de dos candidatos al trono de España. No es cierto que lo que moviese a los catalanes fuera la castellanofobia, sino la francofobia. No es cierto que Felipe V suprimiera la soberanía nacional representada en las Cortes catalanas, pues eran estamentales y no representaban a soberanía nacional alguna. No es cierto que Felipe V incorporara Cataluña a Castilla, sino que uniformizó legislaciones y centralizó el gobierno, fenómeno general en toda la Europa de aquel tiempo, lo que también conllevó grandes cambios en la vieja planta castellana, detalle que no suele recordarse.
No es cierto que los catalanes fuesen austracistas y los castellanos, borbónicos: muchos de los más importantes gobernantes castellanos fueron austracistas y en Cataluña hubo comarcas enteras que se destacaron por su borbonismo. No es cierto que Cataluña fuese austracista desde el primer momento, pues las cortes catalanas juraron por rey a Felipe V en 1702, tres años antes de hacer lo propio con el Archiduque Carlos tras el desembarco angloholandés en Barcelona. No es cierto que en el famoso 11 de septiembre combatieran catalanes contra castellanos, pues hubo castellanos defendiendo Barcelona del mismo modo que el ejército de Felipe V contó con miles de voluntarios catalanes. Y no es cierto que los catalanes austracistas fueran separatistas, sino que presumieron de ser los más españoles de todos.
6).- Cataluña es otra nación por tener otra lengua Carod Rovira y el conseller balear, Albert Moragues, en París para participar en la inauguración de Expolangues, febrero de 2010 Una lengua no equivale a una nación. Si en la ONU hay 193 naciones y en el mundo varios miles de lenguas, ¿faltan miles de naciones en la ONU o sobran miles de lenguas en el mundo? Todos los países europeos son multilingües, con la única excepción de Islandia. Y España no es precisamente el más multilingüe de todos: más variedad de lenguas hay en Francia o en Italia. Además, si una lengua es igual a una nación, ¿pertenecerían los araneses a la nación catalana? Finalmente, ¿por qué de la existencia de una lengua han de deducirse consecuencias políticas?
7).- La castellana es una lengua impuesta a los catalanes por la fuerza La extensión del castellano sobre tierras catalanas comenzó en la Edad Media, cuando fue consolidándose como la lengua franca, la lengua en la que era más fácil entenderse dada su mayor extensión territorial, su mayor número de hablantes y su posición geográfica central. Los lingüistas lo han explicado mil veces. Un solo ejemplo: Jaime II de Aragón, siglo XIII, escribía sus cartas a los reyes musulmanes de Granada en castellano, sin que el rey de Castilla tuviese participación, influencia, autoridad ni culpa alguna en ello. Por otro lado, el cultivo literario de la lengua castellana, que no alcanzó ninguna otra lengua española, su prestigio y su peso económico provocaron el abandono paulatino de las lenguas de alcance regional, como ha sucedido siempre en todo el mundo. Fueron los propios catalanohablantes, empezando por las elites sociales e intelectuales, los que fueron pasándose a la lengua castellana y abandonando la lengua catalana. Así lo hicieron Despuig, Martí de Viciana, Viñoles, Boscán y Timoneda en los siglos XV y XVI. Muchos catalanes incluso recomendaron el abandono de la lengua catalana, como Antonio Capmany, que la consideró «un idioma antiguo y provincial, muerto hoy para la república de las letras»; o nada menos que Aribau, que animó al gobierno español a que «generalizase en todos sus dominios una misma lengua». Las medidas de extensión de la lengua común de la monarquía (que no es lo mismo que la extirpación de las regionales, lo que sí se hizo, por ejemplo, en la Francia republicana), tomadas desde el comienzo del siglo XVIII, palidecen en comparación con el abandono por parte de los hablantes. Así lo reconocieron todos los ideólogos nacionalistas. Cambó, por ejemplo, declaró en 1916 que «quienes más han trabajado para la destrucción de la personalidad catalana han sido los propios catalanes». El periódico de su partido, «La Veu de Catalunya», escribió en 1910 que «el castellano no se ha impuesto por decreto en Cataluña, sino por adopción voluntaria, lenta, de nuestro pueblo, efecto del gran prestigio adquirido por la lengua castellana. Éramos libres, teníamos completa autonomía política, con Cortes más soberanas que las propuestas por las Bases de Manresa, y ya se hablaba y escribía en castellano».
8).- España ha sido tradicionalmente reaccionaria, a diferencia de Cataluña Barcelona. Febrero de 1936. En el Teatro Olymppia, mitin de la Liga Catalana bajo la presidencia de Cambó. Olvidando el hecho de que las primeras cortes europeas fueron las leonesas, y viniendo a tiempos más cercanos, la Cataluña del siglo XIX se caracterizó por ser una abundante fuente de pensamiento conservador y el principal reducto, junto a las provincias vasconavarras, del absolutismo y el carlismo. Cataluña fue la única región española que se alzó en armas cinco veces en defensa de los sagrados derechos del trono y el altar, además del especial entusiasmo con el que los catalanes lucharon contra la Francia revolucionaria en 1793 y la napoleónica en 1808: durante el trienio liberal (1820-23), en defensa de la Regencia de Urgell contra la Constitución de Cádiz; en 1827, la Guerra dels Agraviats o dels Malcontents, que reivindicaron el apartamiento de los ministros liberales y el restablecimiento de la Inquisición; y en 1833-40, 1846-49 y 1872-76, las tres guerras carlistas. Mientras tanto, gran parte de la España castellana se distinguía por su apoyo al liberalismo. Por otro lado, Cataluña fue la fortaleza del proteccionismo frente al librecambismo, Prat de la Riba y otros liguistas fueron partidarios del sufragio censitario, y Cambó y la Lliga apoyaron a Primo de Rivera y a Franco.
9).- España ha sido tradicionalmente imperialista y belicista, a diferencia de Cataluña Detalle del cuadro de Ramon Padró i Pijoan «Embarcamiento de los voluntarios catalanes en el puerto de Barcelona» ¿Habrá que olvidarse, pues, de los almogávares, que dejaron imborrable recuerdo en el Mediterráneo a golpe de espada? ¿Y de los reyes catalanoaragoneses que expulsaron a los moros de España y a continuación se dedicaron a conquistar Cerdeña, Sicilia e Italia? En tiempos más cercanos, Cataluña fue la región española que más encarnizadamente se alzó contra la invasión napoleónica, según palabras del mariscal Berthier. Los gerundenses prefirieron morir antes que entregarse. Y la primera batalla ganada a los franceses fue la del Bruch. Durante todo el siglo XIX; Cataluña fue la región más patriota, belicista, islamófoba, esclavista, colonialista e imperialista de España. Durante la Guerra de Marruecos de 1859-60 Cataluña se llenó de versos, canciones, zarzuelas, himnos y obras de teatro incitando a los jóvenes catalanes a alistarse para borrar la Media Luna de la faz de la tierra. Respecto a la esclavitud, de todas las ligas antiabolicionistas de España, la más activa fue la de Barcelona. La prensa catalana, de todas las tendencias, incluida la de la extrema izquierda republicana y anticlerical, fue extraordinariamente agresiva y patriotera tanto contra los alemanes en la crisis de las Carolinas en 1885, como contra los marroquíes en la de Melilla de 1893, como contra mabises y yanquis en las guerras de Cuba y Filipinas. Cataluña fue la primera región en levantar tercios de voluntarios para todas esas guerras, como ha quedado inmortalizado en incontables versos, cuadros y periódicos de la época.
10).- La de 1936 fue una guerra entre España y Cataluña Habrá que olvidarse, por lo tanto, de los dos principales apoyos eclesiásticos de Franco, los cardenales Gomá y Pla. Y de un Cambó que, tras medio siglo de liderazgo catalanista, puso su fortuna a disposición de Franco y organizó en París, junto con Llonc, Ventosa, Estelrich y otros huidos de la Cataluña republicana, la Oficina de Propaganda y Prensa para defender el bando franquista ante la opinión pública europea y organizar su servicio de espionaje. Cambó también fue el responsable del manifiesto que secundaron cientos de personalidades catalanas de la política, la empresa y la cultura en el que proclamaron que «como catalanes, afirmamos que nuestra tierra quiere seguir unida a los otros pueblos de España por el amor fraternal y por el sentimiento de la comunidad de destino, que nos obliga a todos a contribuir con el máximo sacrificio a la obra común de liberación de la tiranía roja y de reparación de la grandeza futura de España». Otros catalanes que se distinguieron por su apoyo a Franco fueron, entre otros muchos, Josep Pla, Eugenio d’Ors, Agustí Calvet, Federico Mompou y Salvador Dalí. Por otro lado, Xavier de Salas, Josep Maria Fontana, Josep Vergés, Ignasi Agustí y Juan Ramón Masoliver fundaron en Burgos la influyente revista Destino, y tres de los principales dibujantes y guionistas de las revistas juveniles Pelayos y Flecha fueron Valentí Castanys, Josep Serra y Josep Maria Canellas. Por no hablar de los miles de alcaldes, gobernadores, procuradores, diplomáticos y ministros catalanes del régimen franquista. Entre estos últimos estuvieron Joaquín Bau y Nolla, Francisco Serrat y Bonastre, Eduardo Aunós, Joaquín Planell y Riera, Pedro Gual Villalbí, etc.
Periodista Digital entrevista a Jesús Laínz. -15 dic 2011-
Hans Albert Einstein falleció en el hospital de Princeton a primeras horas del día 18 abril 1955, durante la autopsia, el patólogo Thomas Stoltz Harvey extrajo el cerebro de Einstein para conservarlo -sin la autorización de su familia- con la esperanza de que en el futuro se pudiese saber que hizo a Einstein ser tan inteligente. Sabemos que el único dato científico relevante obtenido del estudio del cerebro del genial físico es que una parte de él -la parte que está relacionada con la capacidad matemática- era más grande que en otros cerebros. La neurocientífica Sandra Witelson desveló en 1999 que el lóbulo parietal inferior de Einstein era un 15 por ciento más ancho de lo normal.
Es sabido es que la sociedad occidental posee una herencia cultural, fruto de las costumbres asimiladas y naturalizadas por nuestros antepasados. Los griegos consideraban idiotas a quienes no demostraban interés por los asuntos de la polis, derivando etimológicamente…
Escocia, aunque hace la tira, SI fue un REINO INDEPENDIENTE, tuvo REYES PROPIOS y TAMBIÉN FUE CONQUISTADA.
CATALUÑA NO, NUNCA FUE REINO, NI ESTADO, NI NACIÓN NI SIQUIERA UNA REPÚBLICA AL ESTILO DE LAS ANTIGUAS REPÚBLICAS ITALIANAS (FLORENCIA, VENECIA …) NI TAMPOCO FUE CONQUISTADA.
El primer ministre britànic diu que en democracia todo «debe ajustarse al imperio de la ley».
Como saben los dolços, uno de los Tres Mandamientos del buen nacionalista es «CREURÀS QUE ENSVOLENAIXAFAR». Que se declina, según el momento y audiencia, en el noensestimen (para los menos convencidos), el espanyansroba (para los sacudidos por la crisis), el ensvolenresiduals (para los atrapados en la cultureta), el volemserlliures (para los convencidos y radicales), o el noensdeixenvotar (para los que confunden la democracia como forma de gobierno con la democracia como fundamento de gobierno; es decir, para los seguidores de la democracia populista).
El Huffington Post nos cuenta que el primer ministro británico, David Cameron, ha afirmado este viernes que:
«Nunca son iguales las situaciones (…) Es importante que ante cualquier situación, los países, los gobiernos, los primeros ministros y aquellos que quieran tomar otro camino cumplan con el imperio de la…
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