El auténtico origen del gasto y hasta del derroche y escándalo está en las Autonomías. No digo disminución más o menos notable de la cantidad que reciben del Estado. Me refiero a algo que se deriva de la misma existencia y de la misma estructura de las llamadas Comunidades Autónomas. Durante estos días no he oído la menor referencia a este tema por parte de los partidos. De ninguno de ellos.

Únicamente ha aludido a este problema el director de este periódico, Ángel Expósito. Y lo ha hecho con valientes y duras afirmaciones: el actual modelo de Estado (mal llamado «Estado de las Autonomías») resulta absolutamente insostenible. Nuestro país no puede sostener lo que Expósito llama «monstruo de administraciones superpuestas». Y eso que, entre los ejemplos de superposiciones que cita, no están «las comarcas», absolutamente innecesarias y creadas artificialmente por razones electorales. Va de suyo que el origen de cuanto ahora sufrimos en este tema estaba ya en la redacción de la misma Constitución: empleo de la expresión «nacionalidades» (a ello no llegó ni la Constitución de la Segunda República ahora tan «generosamente recordada»), distinción entre Comunidades con base a algo tan discutible como si en el pasado hubieran votado Estatutos, generalización de Autonomías sin ningún requisito previo (se valoraba «lo diferencial», en vez de lo común, sabiendo que lo diferente no existía o se inventaba sobre la marcha) y, posiblemente lo peor, dejando abierta la cesión de competencias estatales a las Comunidades (artículo 150,2) que es lo que en realidad ha servido para el «toma y daca» actual, con el auténtico adelgazamiento del Estado. Naturalmente, acabar con esto supone la redacción de un nuevo texto constitucional (algo previsto en el artículo 168) y muy posiblemente hasta el diseño de una democracia bien distinta a la actual partitocracia sin límites que es lo que, se diga o no, ahora tenemos.

En el terreno económico esto llega a lo escandaloso. Mantenimiento de diecisiete «Parlamentos regionales», miles de sueldos de diputados regionales, Gobiernos regionales cuajados de consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios técnicos, asesores a cientos y nombrados a dedo, Defensores regiones de esto o aquello, empleados en grupos parlamentarios, coches oficiales, escoltas, locales, etcétera. Sin olvidar las creaciones de «Embajadas» de algunas Comunidades en el extranjero o representaciones en Madrid, subvenciones sin control y a quien convenga, sueldos en el Senado para traducir intervenciones caprichosas cuando existe un idioma oficial común que todos conocen. ¿Podemos seguir costeando este auténtico derroche? ¿Es que no existen otras formas más sencillas y económicas para canalizar las indudables variedades que dan riqueza a la Patria común pero que no la lleven a la ruina? Y todo esto, ¿a cambio de qué? Reitero: no podemos seguir con este auténtico derroche, casi siempre manchado de caciquismo partidista. Y por aquí, justamente por aquí y no por los maestros de escuela, es por donde hay que comenzar a la hora de hablar de ahorro. Aunque, claro está, se acabe con quienes precisamente viven a costa de las Autonomías.

Y si ésta es la consecuencia en el terreno económico, de igual o superior importancia es la que se encuadra en el terreno ideológico o político. A medida en que se impulsaba y premiaba lo diferente, a medida en que renacía lo que hace años me atreví a llamar «regionalismo visceral» y, por supuesto, a medida igualmente en que ninguna autonomía consentía tener menos que la vecina y con ello se jugaba electoralmente, como consecuencia de todo ello ha ido disminuyendo por doquier el sentimiento de un prioritario y hasta orgulloso talante de pertenencia a un todo común llamado Patria. ¡Qué olvido actual de aquel deber de amarla que establecía nada menos que la primera de nuestras Constituciones, la gaditana de 1812! Lo que se ha derivado de este aquelarre autonómico es la valoración de lo cercano, de lo que cada Comunidad establece como vivencia próxima. Y así es fácil oír que uno es catalán, vasco, andaluz o gallego y después, y no siempre, se añade «y español». Y decimos que no siempre.

Manuel Ramirez, catedrático de Derecho Político
ABC 24-5-2010