La falta de un modelo constitucional autonómico y el hecho de que la descentralización de España se haya hecho para contentar a los nacionalistas y a impulsos electorales de los barones territoriales de los partidos políticos han dado lugar a que resulte un Estado autonómico en el que proliferan las duplicidades o triplicidades, las redundancias y los excesos administrativos, porque se ha generalizado una mentalidad “autonómica” que consiste en asumir la mayor cantidad posible de competencias, porque a más competencias mayor poder, aunque sea necesario endeudarse para ejercer competencias adicionales.

Los políticos gobernantes de las entidades políticas territoriales, comunidades autónomas o ayuntamientos han procurado obtener la mayor cantidad posible de competencias, sin tener en cuenta si ello beneficiaba o no a los ciudadanos y tampoco si podían ejercerlas eficientemente, dados sus recursos disponibles. Finalmente las CCAA se han convertido en voraces mini-Estados que han intentado dotarse de una administración cuasi-estatal, desproporcionada y despilfarradora, en la que abundan las duplicidades.

La concurrencia de administraciones superpuestas (estatal, autonómica, provincial y municipal) es causa de numerosas duplicidades y redundancias. El sistema autonómico existente sufre de falta de coordinación efectiva, que produce duplicidades en la actuación y en su coste, pues han multiplicado por 17 los órganos y entidades de la Administración: 17 Parlamentos, 17 Gobiernos autonómicos, 17 Defensores del Pueblo, 17 Tribunales de Cuentas, 17 Agencias de Protección de Datos, 17 Institutos Meteorológicos, 17 Institutos de Estadística, 17 TVs públicas (algunas de ellas con varios canales) y, en fin, 17 de todo, como un verdadero semi-Estado que se precie. ¡Ah!, y miles de empresas públicas y entes autonómicos; así como órganos representativos para mejorar las relaciones “internacionales”: embajadas y oficinas comerciales y de turismo en el extranjero, amén de oficinas de representación en Madrid y en otras capitales españolas. En 1999, el Gobierno vasco contaba con una única oficina en el exterior (Bruselas). Hoy en día, su red cuenta con ocho embajadas. En los últimos nueve años el País Vasco ha destinado 27,6 millones de euros a esta política. Lo mismo ocurre también en Cataluña, que cuenta con delegaciones en Alemania, Reino Unido, Nueva York y Francia, para lo que se han destinado, en 2009, 25,9 millones de euros.

Actualmente el grado de descentralización del gasto público en las ruinosas CCAA es mayor en España que en cualquier Estado federal. UPyD estima en 40.000 millones de euros el despilfarro existente como “gasto excesivo”, por la existencia de duplicidades y redundancias. Por mi parte, yo creo que esa estimación se queda corta, y que la verdadera cifra de gasto innecesario por duplicidades sería de unos 50.000 millones. En todo caso, dicha cifra es muy considerable, teniendo en cuenta que, en 2011, las CCAA costaron 86.333 millones de euros, solo en personal y gastos corrientes.

Además, hay que tener en cuenta que, en marzo de 2011, los empleados públicos en las CCAA eran 1.748.160, y que de ellos, solo algo menos de la mitad de esa cifra se explica por el traspaso de competencias. En dos años, en plena crisis económica, el empleo público en las Autonomías —que ha favorecido principalmente a militantes de los partidos y a otros enchufados— ha aumentado en 415.316 personas; en enero de 2009, los empleados públicos sólo eran 1.332.844. Ese aumento se debe a que las administraciones autonómicas han seguido creciendo en ese periodo para poder ocuparse bien de las duplicidades y de las redundancias existentes.

Ante estas cifras un observador extranjero, desconocedor de nuestro singular Estado de las Autonomías, deduciría que en España somos muy ricos, a la vista del aumento de empleados públicos y del coste de las lujosas CCAA, por gastos públicos necesarios y por duplicidades y redundancias. Pues ¡nada de eso! Lo que ocurre es que, los gobernantes autonómicos, si no hay consignación presupuestaria para un gasto importante para ellos, acuden inmediatamente a la deuda pública. Efectivamente, la pésima e irresponsable costumbre del endeudamiento se da tanto en las Comunidades gobernadas por el PSOE, como en las del PP y en la nacionalista Cataluña. Todos los partidos políticos tienen el mismo vicio: gastar por encima de lo presupuestado y de las posibilidades. ¡Si al menos lo gastaran bien! Pero, ¡no!: las cuentas de las CC.AA. son escandalosas porque, muchas veces, muestran inútiles despilfarros. ¡Claro!, parece que el dinero que gastan no es de nadie, ni siquiera de los contribuyentes.

El problema es de base. Las CCAA llevan años presupuestando por debajo de lo que gastan en la Sanidad —entre un 15 a 20% menos, según los expertos— y esa diferencia continúa acumulándose. La Infra-financiación es el principal problema que aducen la mayoría de las comunidades cuando se les menciona la deuda. Lo que no dicen es que esa Infra-financiación se debe a que la prestación de servicios sanitarios es, por economías de escala, por lo menos un 20 % más caro si lo gestionan 17 CCAA que si lo hace directamente la administración del Estado.

Por ello, como demostraron S. Alcelay e Y. Gómez, en un artículo publicado en ABC el 2 de abril de 2012, “las Autonomías han doblado el gasto en Sanidad y educación en diez años”. Desde luego, ello no se debe a que han duplicado los servicios sanitarios en diez años, sino al mayor coste de la Sanidad y de la Educación, si la prestan 17 CCAA en vez del Estado, y también a la existencia de duplicidades y redundancias.

En definitiva, lo que resulta indudable es que nuestro modelo autonómico es muy ruinoso para los ciudadanos, que sufren los recortes sociales, los copagos y los aumentos de impuestos que son necesarios para reducir la asfixia financiera de las CCAA, que ellas mismas han provocado con sus despilfarros, sus duplicidades y su excesivo endeudamiento.

• Influir en la opinión pública mediante campañas para que sean conscientes de que deben desaparecer esas costosas duplicidades, reformando el Estado de las Autonomías.