Amordazándonos dulcemente

¿Carecemos de sensibilidad hacia aquellos que deberían ser libres?

por Mark Steyn

Para ser honesto, no había pensado de hecho demasiado en la “libertad de expresión” hasta que me convertí en objeto de tres demandas por “discurso de odio” en Canadá en el 2007. Quiero decir que yo estaba filosóficamente a favor de ella y me he opuesto consecuentemente a las espantosas comisiones de “derechos humanos” del Dominion y sus equivalente en cualquier parte durante toda mi vida adulta y, de vez en cuando, cuando surge algún ejemplo especialmente selecto de imposición políticamente correcta, lo aporreo un rato en una o dos columnas.

Pero no creo que entendiese realmente cuán avanzado estaba en verdad el asalto de la izquierda a este núcleo de libertad occidental. En 2008, poco después de que mi escrito fuese procesado por “flagrante islamofobia” en la Columbia Británica, varios lectores del National Review me enviaron correos electrónicos desde los Estados Unidos para preguntarme cuál era el gran problema.  Vamos, relájate, ¿qué pueden hacer unas pseudo-cortes de “derechos humanos”? Y yo les respondí que la pena establecida por la ley bajo el Código de “Derechos Humanos” de la Columbia Británica era que a Maclean’s, el semanario de noticias más vendido de Canadá y, por extensión, a cualquier otra publicación, podría serle prohibido a partir de entonces publicar cualquier cosa mía sobre el Islam, Europa, terrorismo, demografía, asistencia social, multiculturalismo y varios temas relacionados. Y que esta prohibición duraría para siempre y que se estimaba que tenía la misma fuerza que una decisión de la corte suprema. Yo resultaría impublicable, en efecto, en mi país natal. En teoría, si se me presentase un trabajo de crítico de danza o corresponsal de jardinería, podría solicitarlo, aunque si el Ballet Real de Winnipeg se decidiera a ofrecer Yihad: El Ballet para su sesión de Navidad tendría probablemente que rechazarlo.

Y lo que me pareció raro de esto es que a muy pocas personas les pareció raro. En realidad, el sistema canadiense parece pensar que es totalmente natural que el estado canadiense deba encargarse del negocio de la prohibición de por vida de publicaciones, de la misma manera que el sistema holandés piensa que es totalmente natural que el estado holandés deba procesar a líderes electos de la oposición parlamentaria por sus plataformas políticas, y que el sistema francés piensa que es apropiado que el estado francés procese a novelistas por sentimientos expresados por personajes ficticios. A través de casi todo el mundo occidental, salvo por América, el estado se siente cada vez más cómodo con los discursos públicos microrregulados y, de hecho, con los discursos no-tan-públicos: Lars Hedegaard, jefe de la Sociedad de Prensa Libre danesa, ha sido procesado, ha sido absuelto, se le ha invalidado la absolución y ha sido condenado por “racismo” por algunos comentarios sobre el tratamiento a las mujeres del Islam realizados (así pensaba él) en privado, pero grabados y hechos públicos a todo el mundo. El reverendo Stephen Boissoin fue condenado por el atroz crimen de escribir una carta homófoba a su periódico local y fue sentenciado por Lori Andreachuk, la agresiva ingeniera social que trabaja de comisaria de “derechos humanos” en Alberta, a una prohibición de por vida a pronunciar nunca más nada “despreciativo” sobre la homosexualidad en sus sermones, en periódicos, en la radio o en correos electrónicos privados. Nótese ese concepto legal: no “ilegal” u “odioso”, sino simplemente “despreciativo”. Dale McAlpine, un (atención) cristiano practicante, estaba repartiendo folletos en la ciudad inglesa de Workington y cuchicheando con los compradores cuando fue arrestado bajo cargos de “orden público” por Constable Adams, un oficial de relaciones comunitarias gay, lesbiana, bisexual y transexual. El oficial escuchó al Sr. McAlpine  decir que la homosexualidad es un pecado. “Soy gay”, dijo Constable Adams. “Bueno, sigue siendo un pecado”, dijo el Sr. McAlpine. Así que Constable Adams lo arrestó por causar angustia a Constable Adams.

Para ser justos, debería añadir que el Sr. McAlpine fue arrestado también por causar angustia, en general, a los miembros de su público y no sólo al ofendido poli gay. En realidad ningún miembro del público se quejó, pero, como Constable Adams señaló, el Sr. McAlpine estaba hablando “con una voz tan alta” que podría haber sido, teóricamente, “escuchado por otros”. Y no podemos permitirlo, ¿verdad? Así que se le tomaron las huellas, muestras de ADN y se le lanzó a una celda durante siete horas. Cuando era un chaval, el viejo chiste de los lavabos públicos de Picadilly Circus era que no debías mirar nunca a los ojos a nadie porque ese lugar estaba abarrotado de risibles policías vestidos poco convincentemente de paisano en jerséis blancos de cuello de cisne deseando arrestarte por solicitar sexo gay. Ahora están deseando arrestarte por no solicitarlo.

En un clima como éste, las características nacionales honradas durante mucho tiempo se extinguen fácilmente. Hace una generación, incluso los politécnicos trotskianos y marxistas de Inglaterra mantenían todavía una suficiente parte inglesa, residualmente, como para sentir que el cuento de escala industrial de familia y amigos que fueron a la Europa del Este comunista no era precisamente un juego limpio, compañero. Ahora Inglaterra es la Pequeña Stasi-on-Avon, un país donde, si estás fuera del alcance de ser escuchado por un oficial gay, un infeliz comentario en presencia de un compañero de trabajo o incluso de juegos es más que suficiente. Codie Scott, de catorce años, preguntó a su profesor del Instituto Harrop Fold si podía sentarse con otro grupo para hacer su proyecto de ciencias, ya que en el suyo los otros cinco alumnos hablaban urdu y ella no entendía qué estaban diciendo. El profesor llamó a la policía, se la llevaron a comisaría, la fotografiaron, le tomaron las huellas, muestras de ADN, le quitaron su joyería y los cordones de los zapatos, la metieron en una celda durante tres horas y media o cuatro horas y la interrogaron por ser sospechosa de haber cometido una “infracción del orden público racial” según la Sección Quinta. “Se realizó una acusación de naturaleza muy seria sobre un comentario motivado racialmente”, declaró el director, Antony Edkins. El instituto “no tolerará el racismo en ninguna de sus formas”. En una declaración, la Greater Manchester Police dijo que se toman muy seriamente los “crímenes de odio” muy seriamente y que su trato a la señorita Stott estaba en consonancia con el “procedimiento normal”.

Sin duda lo estaba. Y ése es el problema. Cuando me metí en problemas en el norte, unos cuantos miembros con principios de entre los bien pensants de Canadá hicieron frente argumentando que la policía estaba fuera de control y que la ley debía frenarse. Entre ellos estaba Keith Martin, un miembro liberal del parlamento y así mismo miembro de una minoría evidente o, como él dice, un “chico marrón”. Para su desesperación, tanto él como otros liberales con principios fueron motivo de burla por parte de Warren Kinsella, asesor de imagen de tercera del partido liberal y tipo que se las da de ser el James Carville de Canadá. Tal y como Kinsella se burló de estos solitarios defensores de la libertad de expresión, ¿cómo os sentís al estar en el mismo bando que Steyn… y los antisemitas… y los defensores de la supremacía de la raza blanca? Eh, eh, ¿cómo os sentís por eso, eh?

Al Sr. Kinsella se le obligó, posteriormente, a ofrecer una humillante disculpa ante la “comunidad china” por hacer un chiste sobre pedir gato en su restaurante chino favorito de Ottawa: incluso los más censuradores de entre los que prescriben la corrección política, a veces, se olvidan de sí mismos y, sin querer, se comportan como seres humanos normales. Pero, antes de que el gato chino se comiese su lengua, el escritorzuelo liberal, como tantos otros del mismo tipo, no capta lo esencial: “libertad de expresión” no significa que el “chico marrón” está en el mismo bando que el “defensor de la supremacía de la raza blanca”. Significa que reconoce que el otro tiene derecho a elegir un bando. Por otro lado, las comisiones de “derechos humanos” de Canadá y el oficial comunitario gay de Inglaterra y los diferentes fiscales de Europa parecen pensar que tan sólo debería haber un bando en este debate, y están más cómodos que nunca sosteniendo eso de forma bastante abierta.

Así que, después de que Anders Breivik acribillase a balazos a docenas de sus compatriotas noruegos, lo único sobre esta historia que hizo la boca agua a la izquierda occidental fue la oportunidad que les permitía reducir todavía más los parámetros del discurso público. Con regocijo se lanzaron sobre su “manifesto” de 1.500 páginas, en el que me cita a mí, a John Derbyshire, Bernard Lewis, Theodore Dalrymple y a diversos nombres familiares en estos lares. También cita a Winston Churchill, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Mark Twain, Hans Christian Andersen y a mi compatriota de izquierdas, Naomi Klein, la chica “No logo” columnista de The Nation en los Estados Unidos y del Guardian en Inglaterra. Para que conste, mi nombre aparece cuatro veces, el de la señorita Klein aparece cuatro veces.

Y a pesar de ello, la izquierda británica, canadiense, australiana, europea y americana —y más que unos pocos americanos de ideas afines— se alzaron juntos para pedir restricciones sobre una muy estrecha tajada del material de lectura extraordinariamente —¿cuál es la palabra? — diverso de Anders Breivik.

“No puedo comprender que pienses que está bien que la gente vaya por ahí diciendo que debemos matar a todos los musulmanes”, suspiró Tanya Plibersek, la ministra australiana de servicios humanos, en una mesa redonda, “y que eso no tenga ningún efecto real en el mundo”. Porque, después de todo, abogar por el asesinato de todos los musulmanes es lo que yo y Bernard Lewis y Theodore Dalrymple y Naomi Klein y Hans Christian Andersen hacemos durante todo el día.

Se estaba dirigiendo a Brendan O’Neill, un atribulado defensor de la libertad de expresión en un programa en el que el anfitrión, los invitados, la audiencia del estudio y los tweeteros que seguían la emisión estaban todos animadamente a favor de la regulación estatal, y no de actos humanos sino de opiniones. Y no sólo por incitar a chalados noruegos, sino también a Rupert Murdoch. De un modo u otro, también estaban a favor de que el gobierno tomara medidas para poner en su sitio a los medios. ¿En qué sitio? Bueno, en el del gobierno, presumiblemente. Tanto si consiguen salirse con la suya en las regiones australes, en Londres se está animando activamente al Estado británico a regular el contenido de la prensa por primera vez en cuatro siglos.

¿Cómo llegamos a esta situación? Cuando mis tribulaciones en Canadá comenzaron, alguien me recordó un comentario del escritor americano Heywood Broun: “Todo el mundo está a favor de la libertad de expresión en los momentos de inactividad en los que no se han de enterrar las hachas”. Creo que es exactamente lo contario. Es precisamente cuando no hay hachas que enterrar que Occidente decidió que podía prescindir de la libertad de expresión. Hubo un tiempo, hace unos 40 años, cuando parecía que todas las grandes preguntas habían sido solucionadas: no habría más Tercer Reichs, ni más regímenes fascistas, ni más antisemitismo; las democracias sociales avanzadas se dirigían inevitablemente a una avenida iluminada de una sola dirección hacia el pacífico reino del multiculturalismo; y así parecía a una determinada mentalidad que era totalmente razonable introducir códigos de expresión y crímenes de pensamiento, esencialmente como un tipo de operación de limpieza. Los tribunales de “derechos humanos” de Canadá fueron creados originalmente para ocuparse de la discriminación laboral y doméstica, pero los canadienses no son terriblemente odiosos y no había mucho de eso, así que se pusieron a perseguir el “discurso del odio”. Era una noción no liberal impuesta, supuestamente, por la causa del liberalismo: ¿que un puñado de perdedores neonazis en habitaciones alquiladas  en los sótanos están dejando folletos de supremacía blanca en las cabinas telefónicas? Venga, relájate, cazaremos a esos perdedores marginales y extremistas y nos aseguraremos de que no te molesten más. No son más que unos pocos cavernícolas recalcitrantes que se han negado a seguir el ritmo. No penséis en ellos. Nada importante, chicos.

Cuando aceptas que el estado tiene el derecho a criminalizar la negación del Holocausto, estás terriblemente cediendo mucho mucho terreno. No me refiero únicamente de forma específica: la República de Weimar era una auténtica proto-Trudeaupia de leyes de “discurso del odio”. 15 años antes de la subida de los nazis al poder, hubo más de 200 procesos por “discurso antisemita” en Alemania, y cedieron mucho terreno. Pero más importante que la inutilidad práctica de tales leyes es la suposición que estás haciendo: estás aceptando que el estado, al excluir una opinión de sus límites, se contentará con detenerse ahí.

Como resulta claro ahora, no lo está. Las restricciones en la libertad de expresión socavan los fundamentos de la justicia, incluyendo el principio fundamental: igualdad ante la ley. Cuando se trata de la libre expresión, Inglaterra, Canadá, Australia y Europa son, antes que países de leyes, países de hombres –y de mujeres, heteros y gays, musulmanes e infieles– cuyos derechos ante la ley varían en función de a qué combinación de estos diferentes grupos identitarios pertenezcan.

Apareciendo en un club de comedia de Vancouver, Guy Earle se vio obligado a calmar a un par de borrachas que lo interrumpieron. Si me lo hubiese dicho a mí o a Jonah Goldberg, no tendríamos una compensación legal. Por desgracia para él, se lo dijo a dos borrachas molestas de creencias lésbicas, así que lo acusaron de hacerlas callar homofóbicamente y fue multado con 15.000 dólares. Si John O’Sullivan y Kathryn Lopez hubieran tenido la ocasión de entrar en el bar Driftwood Beach de la Isla de Wight mientras, en el curso de una noche de personas mayores, Simon Ledger interpretaba “Kung Fu Fighting”, no habrían tenido motivos para quejarse, incluso si hubiese tocado una nueva mezcla dance extendida. Sin embargo, los que pasaron por allí eran chinos y por ello el Sr. Ledger fue arrestado por racismo.

En un mundo así, las palabras no tienen un sentido consensuado. “Eran chinos enrollados del barrio chino enrollado” es legal o ilegal según quién lo escuche. Ciertamente, en mi ejemplo favorito de este modo de pensar, las mismas palabras pueden servir de prueba a dos crímenes de odio completamente diferentes. Iqbal Sacranie es un musulmán cuya “moderación” ejemplar ha sido armada caballero por la Reina. El jefe del Concilio Musulmán de Inglaterra, Sir Iqbal, fue entrevistado en la BBC y expresó la opinión de que la homosexualidad era “inmoral”, “no era aceptable”, “propaga enfermedades” y “daña los fundamentos básicos de la sociedad”. Un grupo gay se quejó y Sir Iqbal fue investigado por la “unidad de seguridad comunitaria” de Scotland Yard por “crímenes de odio” y “homofobia”.

Independiente pero simultáneamente, la revista de GALHA (Gay and Lesbian Humanist Association) llamó al Islam “doctrina descabellada” creciendo “como un cáncer” y profundamente “homofóbica”. A su vez,  el Foro de Crimen Racial de Londres pidió a Scotland Yard que investigara a GALHA por islamofobia.

¿Lo pilláis? Si un musulmán dice que el Islam se opone a la homosexualidad, Scotland Yard lo investigará por homofobia; pero si un gay dice que el Islam se opone a la homosexualidad, Scotland Yard lo investigará por islamofobia.

Dos hombres dicen exactamente lo mismo y se les investiga por diferentes crímenes de odio. Por otro lado, podrían haber cantado “Kung Fu Fighting” una y otra vez durante todo el día y no habría sido un crimen a no ser que una pareja de transeúntes chinos entrara en la sala.

Si no eres gay o musulmán o chino, probablemente te estarás preguntando: ¿cómo puedo tener un trozo del pastel? Después de todo, si el Estado crea un derecho humano para ser ofendido y lo extiende sólo a los miembros de determinados grupos de interés, está incentivando de forma bastante natural la afiliación a aquellos grupos de interés. Andrew Bolt, destacado columnista de Australia, estaba sorprendido por la bien notable no negritud de un gran número de destacados australianos “negros” y escribió un par de columnas sobre el tema del oportunismo de los grupos identitarios. Ahora está siendo arrastrado a la corte y denunciado como “racista”: “racismo” que ha degenerado en un término para cualquiera que mencione el tema. Pero, si la ley confiere privilegios particulares a los miembros de grupos identitarios reconocidos, cómo definimos los criterios de pertenencia de esos grupos es sin duda un tema legítimo para un de debate público.

Uno de los puntos fuertes del derecho consuetudinario ha sido su antipatía generalizada hacia los derechos colectivos, porque la minoría fundamental es el individuo. En cuanto tengas derechos colectivos, necesitarás un poder estatal drásticamente magnificado para mediar entre las jerarquías de los diferentes grupos de víctimas. En un mundo de gays islamófobos, musulmanes homófobos y negros blancos, es tentador asumir que todo este jaleo colapsará sobre el peso de su propia absurdidad.

En lugar de esto, la ley se inclina cada vez más ante esos que peor la tratan. En algunas de las más antiguas sociedades libres del mundo, el Estado no está actuando como mediador para asegurar la tranquilidad social, sino que tortura la lógica y la ley y la libertad de formas cada vez más estúpidas para acomodarse a aquellos que podrían verse tentados a expresar sus preocupaciones de un modo no discursivo. Considérese el caso de Elisabeth Sabaditsch-Wolff, un ama de casa vienesa que ha vivido en varios países musulmanes. Fue llevada a una corte austríaca por llamar a Mahoma pedófilo en base a que consumó su matrimonio cuando su esposa, Aisha, tenía nueve años. La Sra. Sabbaditsch-Wolff fue declarada culpable y multada con 480 euros. El razonamiento del juez fue fascinante: “La palabra pedofilia es objetivamente errónea, ya que la pedofilia es una preferencia sexual que se dirige única o principalmente a niños. Sin embargo, no se aplica a Mahoma. Seguía casado con Aisha cuando ésta tenía 18 años”.

Ah, lo pillo. Así que, según la ley austríaca, no eres un pedófilo si desfloras a la niña de cuarto grado pero sigues con ella hasta el instituto. Es un consejo muy útil si estás planeando unas vacaciones en la montaña en los Alpes este otoño. ¿O se trata de otra de esas exenciones que no tiene aplicación universal?

Los gobiernos occidentales han ido ya demasiado lejos por este camino. “La majestuosa idea de ‘la guerra al racismo’ se está convirtiendo, poco a poco, en una ideología terriblemente falsa”, dijo en 2005 el filósofo francés Alain Finkielkraut. “Y este anti-racismo será para el s. XXI lo que el comunismo fue para el s. XX: una fuente de violencia”. Impecable. Aceptemos en nombre del argumento que el racismo es malo, que la homofobia es mala, que la islamofobia es mala, que las aseveraciones ofensivas son malas, que los pensamientos miserables son malos. ¿Y qué?

Tan malos como puedan ser, que el gobierno los criminalice todos y constituya un régimen de orden público para microrregularnos en su cumplimiento es mil veces peor. Si ésa es la alternativa, dadme el “Kung Fu Fighting” cantado por la esposa de nueve años de Mahoma mientras hago que dos molestas lesbianas devuelvan el Gato del Día de un restaurante chino.

Como John Milton escribió en su Areopagítica de 1644, “Dadme la libertad de conocer, de hablar y de discutir libremente según mi consciencia, sobre todas las libertades”.

O como me dijo un ciudadano canadiense ordinario, después de que yo testificara en defensa de la libertad de expresión ante el parlamento de Ontario en Queen’s Park: “Dadme el derecho a la libertad de expresión y lo utilizaré para reclamar todos mis otros derechos”.

A la inversa, si les dejas tomar tu derecho a la libertad de expresión, ¿cómo vas a evitar que te quiten el resto?

FUENTE: AGON Grupo de Estudios Filosóficos