Etiqueta: GOBIERNO

Acuso a los jueces en el Gobierno

¡¡Todos a las calles…!! ¡¡Fuera Pedro Sánchez…!!

La patocracia

El Bosco. ‘Extracción de la piedra de la locura’

LA PATROCRIA: O EL REINO DE LOS PSICÓPATAS

Por Hughes

¿Y si sucediera que no sólo Sánchez fuera un psicópata, sino que lo fuera el gobierno en su conjunto?

«Imagina no luchar contra la vergüenza, ni siquiera una sola vez en la vida.»

Martha Stout

Se repite mucho lo de la psicopatía de Pedro Sánchez, algo que quizás simplifica las cosas en exceso pues ignora los problemas estructurales o constitucionales. Habría una fórmula intermedia: que no sólo Sánchez sea un psicópata, que lo sea el gobierno en su conjunto. El régimen entero.

Este sistema de gobierno existe, ha sido analizado. Sería la patocracia, cuando una minoría de psicópatas gobierna a una mayoría de personas normales. Lo teorizó Andrzej Lobaczewski, psiquiatra y sociólogo polaco que partió del estudio del nazismo y el comunismo para crear una disciplina apenas esbozada, la ponerología, el estudio del mal aplicado a la política.

La patocracia, a la que se llega por la acción combinada y sucesiva de doctrinarios, esquizoides y paranoicos, cumpliría la ley de hierro de las oligarquías. Los oligarcas, que ya sabemos son amigos, serían además psicópatas.

Esto se extendería a toda la sociedad. Las personas con rasgos psicopáticos prosperarían en ella. Lo explica el mencionado autor en La ponerología política: «En una patocracia, todos los puestos de liderazgo deben ser ocupados por individuos con trastornos psicológicos que, por lo general, son hereditarios (…). En semejantes condiciones, ningún área de la vida social puede desarrollarse con normalidad.

Ya sea la economía, la ciencia, la tecnología, la administración, u otras. La patocracia lo paraliza todo progresivamente. Las personas normales se ven obligadas a desarrollar un grado de paciencia superior al de cualquiera que viva en un sistema del hombre normal, simplemente para poder explicar qué se debe hacer o cómo hacerlo a un trastornado psicológico de obtusa mediocridad colocado al mando de cualquier cosa o departamento».

Lobaczewski y sus compañeros estimaron que aproximadamente el 6% de la población constituye la estructura activa de un régimen así, con mínimas variaciones por países, y que, dentro de ese porcentaje, el 0’6% son psicópatas esenciales.

El doble de individuos, alrededor del 12%, conforman el segundo grupo: aquellos que han logrado modificar su personalidad para cumplir con las exigencias de la nueva realidad. No son psicópatas, solo se adaptan. «Este segundo grupo está compuesto por individuos que, en promedio, son más débiles, de salud menos robusta y menos vitales. La frecuencia de enfermedades mentales conocidas dentro de este grupo es dos veces mayor que el promedio nacional. Podemos entonces asumir que la génesis de su actitud sumisa hacia el régimen (…) incluye diferentes anomalías relativamente indetectables».

El grupo que equivale al 6% constituye la nueva nobleza; el grupo del 12 % forma progresivamente la nueva burguesía, cuya situación económica es la más ventajosa. Juegan un papel importante. Al adaptarse a las nuevas condiciones sin problemas de conciencia, los integrantes de este segundo grupo se transforman en tramposos y, simultáneamente, intermediarios entre los que mandan y los que obedecen. «Dado que poseen mejores capacidades y aptitudes técnicas que las de los miembros del grupo patocrático activo, asumen diferentes puestos gerenciales».

De esta forma, sólo el 18% de la población total de un país está a favor del nuevo sistema de gobierno. Aunque la intensa propaganda afecta a la persona normal debilitando sus procesos de pensamiento y su capacidad de autodefensa, a los normales les cuesta adoptar un pleno compromiso con la patocracia porque eso «devastaría su personalidad y engendraría neurosis».

Para Lobaczewski, hay otra diferencia fundamental entre el patócrata (psicópata al mando) y el hombre normal. «Una persona que carece de privilegios o de un puesto alto saldrá en busca de trabajo y realizará tareas que le permitan ganarse el pan. Por el contrario, los patócratas nunca han tenido habilidades prácticas sólidas, y el tiempo que dura su mandato elimina cualquier posibilidad de que puedan llegar a adaptarse a las demandas del trabajo normal». Por eso, los patócratas son muy conscientes de su destino si perdieran el poder. Difícilmente llegarían a los mil quinientos euros.

No se debe confundir la subdivisión en tres (psicópatas, adaptativos y normales) con la de los miembros de diferentes partidos. Lo ideológico es secundario y la ideología inicial es sustituida. Los patócratas saben que su verdadera ideología es producto de su naturaleza trastornada, no la «otra», la ideología máscara de cordura con la que se disfrazan. Los partidos compartirían así, tras la aparente discrepancia, una ideología de fondo, enfermiza y psicopática. Estaríamos ante una patocracia partitocrática (perdón), un sistema de mando y colocación de los psicológicamente enfermizos que va desarrollando un lenguaje novedoso y una estructura paralela a la realidad: una paralógica, una paramoralidad y un doplepensar que considera inmoral cualquier oposición. ¿Y si nuestro Consenso evolucionara según unos mecanismos y unas claves psicológicas de funcionamiento y adscripción que primaran lo no moral, lo no empático, lo no capaz de vergüenza?

En opinión de Lobaczewski, contra esto los sistemas legales pueden muy poco. La Ley no sería apoyo suficiente para contrarrestar un fenómeno así. Al contrario, los psicópatas se aprovecharán del modo de pensamiento jurídico. Para Lobaczewski, esto convierte la patocracia en el sistema social del futuro y al psicópata en el tan esperado Hombre Nuevo.

Al Puchi lo ampara el Pumpi

El adelanto de Sánchez no evita la mayoría absoluta del PP con Vox y dispara a Bildu por encima del PNV

El PP, con 141 diputados, firmaría una holgada mayoría con Vox (44)

El PSOE (84) y Podemos con Sumar (40) no tienen opción alguna de revalidar el Gobierno

Por LUZ SELA

La decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 23 de julio para «clarificar» la situación política tras la debacle socialista del domingo no tiene ningún impacto en la intención de voto. La encuesta de Data10 para OKDIARIO -la primera tras la convocatoria de los comicios-constata que los españoles tienen decidida su papeleta y los bloques permanecen intactos. El Partido Popular ganaría las elecciones (141 diputados) y, sumando con Vox (44), lograría una holgada mayoría absoluta de 185 escaños. El PSOE (84) y Podemos con Sumar (40) no tienen opción alguna de revalidar el Gobierno.

Los datos demuestran que ni el sorpresivo anuncio de Sánchez, ni siquiera los resultados de las elecciones de este domingo, influyen en una convocatoria nacional. Si los comparamos con el anterior sondeo -publicado por este periódico a principios de mes-, el PP y PSOE suben un escaño y Vox y Podemos bajan dos. El equilibrio a ambos lados del espectro ideológico confirma una tendencia que viene observándose desde hace meses y que apuntala el rumbo de Alberto Núñez Feijóo hacia La Moncloa.

De hecho, el PP supera hasta en 17 diputados la suma de todas las izquierdas que conforman el actual Ejecutivo (124), esto es, PSOE, Podemos y el nuevo proyecto de Yolanda Díaz. Incluso la unión de la izquierda más radical en una única lista sería incapaz de desbancar a Vox como tercera fuerza. El adelanto ha truncado el calendario de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y obliga a Díaz y a Podemos a aparcar sus disputas y a forzar un pacto en apenas 10 días para concurrir juntos a los comicios. En Moncloa consideran que esta unión es fundamental para que sus opciones no queden aún más mermadas.

Estrategia

En realidad, la estrategia de Sánchez con el anticipo no va más allá de una mera operación cosmética para evitar males mayores para sí mismo. Esto es, taponar una probable rebelión interna tras un resultado electoral dramático para los socialistas el 28M: la Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Aragón y La Rioja pasan a manos del PP, que también podría sumar Canarias, y el PSOE tampoco gobernará en Cantabria. El jefe del Ejecutivo, que hace apenas un mes rechazaba el adelanto, da un sorprendente giro de guión para derivar el foco del fracaso hacia un nuevo y cercano horizonte electoral.

«Todas estas razones aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles y de las españolas, una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el Gobierno de la Nación, y una clarificación sobre las fuerzas políticas que deben liderar esta fase», alegó Sánchez este lunes para blanquear su decisión.

Movilización

Los estrategas monclovitas -que quieren evitar una agonía de seis meses con fatal desenlace- fían ahora la movilización de su votante como respuesta a los pactos territoriales del PP con Vox, algo que previsiblemente no ocurrirá antes de las elecciones. Creen, además, que extrapolando los resultados de este domingo aún tienen margen para una remontada. Tras un fin de campaña marcado por los escándalos de la compra de votos e incluso la imputación del número dos del PSOE andaluz, el partido esperaba un batacazo, pero no de tal calibre.

Los sondeos demuestran, en cambio, que la derecha está mucho más movilizada que la izquierda: si hoy se celebrasen las generales, el PP recabaría el 33,7% de los apoyos, lo que se traduce en 52 diputados más que en las elecciones del 10 de noviembre de 2019. El PSOE (21,3%), perdería 36. Los de Feijóo encaran la nueva etapa electoral pletóricos por el indiscutible triunfo de las elecciones municipales y autonómicas, tras ganar en siete de las 12 comunidades disputadas y en ciudades estratégicas como Valencia o Sevilla, y firmar una rotunda mayoría absoluta en ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Aunque Feijóo ha advertido de que «el sanchismo no ha sido derogado todavía», sí se puede decir que el partido encara la segunda vuelta con las mejores expectativas. Si los populares habían planteado las elecciones como un plebiscito sobre Sánchez, las urnas les han revelado además que su proyecto puede atraer al electorado moderado del PSOE, absorber al de Ciudadanos -sin representación en unas generales- y taponar la sangría hacia Vox. Los de Abascal, aunque con ocho actas menos que hace cuatro años (15,4%), mantienen aún una relativa estabilidad en el convulso escenario político, lo que revela la fidelidad de sus votantes.

Auge de Bildu

Entre los socios del Gobierno socialcomunista, ERC sufre un retroceso y se quedaría en 11 diputados, dos menos en comparación con el último sondeo de Data10. El partido de Oriol Junqueras pierde así su particular batalla por liderar el frente separatista y se ve atenazado por Junts, también con 11 asientos pero con una décima más en intención de voto.

Relevante es también el impulso de Bildu que, aunque empata con el PNV en cuanto a representantes (6), le supera en porcentaje de votos. El partido de Arnaldo Otegi rentabiliza su papel de socio preferente de Pedro Sánchez no sólo en las generales: en los comicios locales de este domingo, los proetarras ganaron en el Ayuntamiento de Vitoria y estuvieron a punto de hacerlo en San Sebastián, mientras los peneuvistas pierden influencia. Hasta 15 terroristas condenados de los 44 que concurrían en las listas de Bildu lograron escaño. Dos de ellos, con delitos de sangre.

Ficha técnica de la encuesta

El sanchismo es el mayor problema de España

FULGENCIO COLL

El sanchismo es una buena denominación para la actual situación de España, que puede conducirnos a un punto de no retorno. El apellido del que se dice que ejerce como presidente del Gobierno sirve para describir una situación derivada de un autoritarismo que es difícil de distinguir del despotismo, junto con una osadía y cinismo en el ejercicio de sus funciones, que no conoce límites.

De todos los numerosos desmanes producidos por el Sr. Sánchez, en el ámbito interno nacional, para seguir en el Gobierno, deben de destacarse por su impacto en la integridad del Estado dos: la amnistía ad hoc al golpe catalán y el canje de presidiarios de la organización terrorista vasca a cambio del apoyo al Gobierno instalado en Moncloa.

En 2017 tiene lugar la proclamación de la República Catalana, precedida de un referéndum ilegal, situación mal gestionada por el Gobierno de entonces, que termina con la detención, enjuiciamiento y encarcelación de sus autores. Pero no se ilegalizan los partidos promotores del golpe, que ofrecen su apoyo a Sánchez a cambio de amnistía.

Las soluciones a ambos casos son de gran originalidad. En el caso vasco, los internos se trasladan a las cárceles en territorio vasco a la vez que se transfería la competencia de prisiones al gobierno autonómico de Álava. La pregunta es: para qué querrá una autonomía la competencia penitenciaria. En el caso catalán se procede a la abolición de los delitos cometidos y hasta luego Lucas. Pura transacción en fraude de ley.

Un estado que acoge esas prácticas es muy frágil y su calidad democrática está ausente. La vara de medir para los vencedores del 36 de hace 87 años es una perversa Ley de Memoria, la vara de medir para los terroristas vascos es el acuerdo de convertirlos en socios parlamentarios. Sánchez, tanto en el caso vasco como el catalán, sigue el camino que conduce al desastre. Legalizar a los enemigos del Estado conduce al caso colombiano: Otegi, presidente de la República.

En los cinco años de presidencia sanchista, las instituciones del Estado se han modificado, impunemente, en lo necesario para que el presidente siga en el cargo. La situación, si no fuese trágica para la existencia de la democracia en España, podría calificarse de absurda. Tómese por ejemplo la mutación del Tribunal Constitucional, la presidencia la ejerce una persona objetivamente parcial, apoyada por letrados cuya nominación es evidente que surge del presidente del Gobierno. Por ahora crea derechos cuando su función es vigilar su cumplimiento. Organismos estatales de base técnica como el CIS se ponen continua y descaradamente al servicio del presidente.

La débil democracia española nunca entendió que el Estado era atacado por los independentismos catalán y vasco. En el caso catalán, manipulando el autonomismo hasta la náusea y acabando con la declaración de Independencia. Desde mucho antes del advenimiento constitucional de 1978, el independentismo vasco había declarado la guerra al Estado español, empleando como instrumento una organización terrorista conocida por sus siglas que provocó más de 850 muertos y 2.600 heridos. Habría que preguntarse si el Estado de las autonomías hubiese existido sin la acción terrorista del independentismo vasco.

La evolución política en España y Europa provocó el tardío rechazo del terrorismo, baza que aprovechó el independentismo vasco para negociar su legalización política por la hibernación de la violencia. Esa legalización fue ofrecida al sanchismo como apoyo en el Congreso de los Diputados a cambio de un modesto precio.

Si alguien se imagina que ETA ha sido vencida es que vive en la ignorancia, esa situación no se puede resolver con medias tintas. ETA es el independentismo vasco y se activará cuando lo necesite. El alto el fuego se produjo porque no era rentable y la vía política se prestaba más eficaz. Su estrategia no depende de las legislaturas, es atemporal hasta conseguir su fin y si hay que volver a la violencia, se hará.

El independentismo vasco muestra su verdadero rostro en las listas electorales. Es un acto que pretende humillar al sanchismo, llevarlo a admitir otro trágala. Públicamente lo lamentará, pero acabará aplicándose la legislación democrática, y si hay que transferir a la comunidad vasca la competencia de política exterior se hará.

Es muy probable que la promulgación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, ampliada en 2022, marcase el fin del sistema constitucional de 1978. Se volvía a poner de manifiesto que los nostálgicos de una época que no habían vivido reclamaban una justicia que afectaba al acuerdo constituyente. Incidir en esta herida fue la primera estrategia sanchista al inicio de su mandato, que activa en época electoral. La exhumación de cadáveres y el derribo de monumentos eran factores de su estrategia regeneracionista.

Ante esta situación, creo que queda muy claro que debemos conseguir democráticamente sacar de la Moncloa a un déspota e impostor, capaz de todo. Es posiblemente la última oportunidad que tenemos. Estas elecciones del 28M deben tomarse como un primer paso para conseguirlo.

– YOU FOOLED THEM AGAIN
– YES

Sequía y demolición de presas

Escrito por Fernando del Pino Calvo-Sotelo

Tras un enero y febrero con temperaturas normales, España ha tenido un marzo y abril muy calurosos y está sufriendo una severa sequía. Como siempre, los que han hecho del cambio climático su modus vivendi han aprovechado la circunstancia para retomar la antigua denominación de “calentamiento global” y asustarnos con el apocalipsis que nunca llega. Ya saben: cuando se producen olas de frío (como Filomena en 2021) lo atribuyen a una borrasca pasajera, pero el calor siempre es cambio climático.

Sin embargo, más allá de la cansina propaganda climática, produce estupor ver cómo los mismos que vierten lágrimas de cocodrilo por los efectos de la sequía están haciendo la vida imposible a agricultores y ganaderos en nombre de la propia religión climática.

La guerra contra el campo

En este contexto se enmarcan los crecientes obstáculos al uso los fertilizantes derivados del nitrógeno, la inmoral campaña contra el consumo de proteína (p.ej., carne), la grotesca demonización del ganado como emisor de metano o las restricciones al uso de pesticidas mediante la moda “eco”, “orgánica” y “sostenible”, eslóganes bonitos con los que los iluminados de Davos, de la UE y de la ONU ocultan su verdadero objetivo: revertir la Revolución Verde, que permitió multiplicar el rendimiento de los cultivos y alimentar a una población creciente.

Sumen a esto el aumento de la factura eléctrica causada por el propio fanatismo climático y el sinfín de regulaciones absurdas que están asfixiando el campo, normas caprichosas decididas por burócratas urbanitas que, desde sus cómodos despachos, utilizan el arma de las subvenciones y la amenaza de las sanciones para ejercer un control absoluto sobre el sector primario.

Estas políticas tendrán graves consecuencias. De hecho, existen precedentes de lo que puede ocurrir, llegados al extremo. En 2021, el gobierno de Sri Lanka decidió prohibir los fertilizantes químicos y los pesticidas argumentando que los primeros incrementaban el efecto invernadero y los segundos perjudicaban el ecosistema. Su presidente alardeó de ello en un discurso en el COP26 en el que mencionó el “cambio climático” en su primera frase y abogó por la “agricultura orgánica” y por las energías renovables, que quería supusieran un 70% de la generación eléctrica para el 2030. “El hombre debe vivir en sintonía con la naturaleza”, afirmó[1]. Su país logró, cómo no, un rating ESG de 98.1 sobre 100, casi perfecto. Tres años antes, el Foro Económico Mundial (WEF) de Davos había publicado un artículo del entonces primer ministro del país en el que publicitaba su “visión”. Pues bien, las medidas para “paliar” el cambio climático provocaron en sólo seis meses una caída de la producción agrícola del 20% y un aumento de precios del 50%[2] mientras ciertos productos, como los tomates y las zanahorias, multiplicaban su precio por cinco y el gobierno se veía obligado a importar arroz. Finalmente, en 2022 llegó una terrible hambruna, las masas asaltaron el palacio presidencial y el presidente huyó del país (mientras el WEF borraba el artículo de su web[3]). El daño estaba hecho: hoy la desnutrición infantil sigue siendo un problema en Sri Lanka[4].

El derribo de presas y la agenda climática

El coste de oportunidad de la agenda climática está siendo inmenso. Imaginen el uso alternativo de los miles de millones desperdiciados durante años en subvencionar las ineficientes energías renovables – que también detraen superficies de cultivo– si se hubieran utilizado para fortalecer nuestras reservas hídricas en previsión de las recurrentes sequías. Sin embargo, lo que han estado haciendo los chamanes climáticos que nos gobiernan desde Madrid, Bruselas, Davos y Nueva York ha sido demoler presas para favorecer a pececillos y demás fauna, cuyo valor en esta época oscura parece ser superior al de la vida humana.

Las presas fueron inventadas para asegurar regadíos y reservorios de agua potable, aprovechar las lluvias y evitar inundaciones. Las más antiguas se remontan a comienzos de la Edad Antigua: la presa de Jawa, en Mesopotamia, se construyó en el 3.000 a.C. y la de Marib, capital del reino de Saba, alrededor del 2.000 a.C. Ésta fue utilizada durante 2.600 años, y su catastrófico derrumbe provocó la migración de 50.000 personas que ya no tenían cómo regar. Las más antiguas que aún permanecen en uso, construidas por los romanos hace cerca de 2.000 años, se encuentran en Homs (Siria) y Mérida (España).

Así, estas obras de ingeniería siempre se consideraron un avance de la civilización, hasta ahora. En efecto, desde 2021 el gobierno español ha derribado más de un centenar de ellas con el objeto de favorecer la libre circulación de la fauna fluvial. Aunque la mayor parte hayan sido presas y azudes pequeños (con excepciones, como el alucinante proyecto de demolición de Valdecaballeros), sólo el 15% de las presas europeas están obsoletas o en desuso[5]. Queda claro, una vez más, que destruir es la especialidad de este gobierno, y que destruir siempre es más fácil que construir.

Sin embargo, el vandalismo del gobierno y el fanatismo de las organizaciones ecologistas que promueven estas acciones no son los únicos responsables de haber destruido presas en vísperas de una sequía severa. El origen de esta medida está en la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 de la UE, que aboga por “la eliminación o adaptación de las barreras que impiden el paso de los peces migratorios (…)” de modo que “de aquí a 2030 al menos 25.000 km de ríos vuelvan a ser de caudal libre mediante la eliminación de obstáculos (…)”[6]. Esta misma estrategia propone “reducir el uso de fertilizantes en un 20% como mínimo (…), reducir en un 50% el uso global de los pesticidas químicos y gestionar al menos el 25% de las tierras agrarias en régimen de agricultura ecológica”. ¿Recuerdan Sri Lanka? A su vez, la Comisión Europea especifica que sus propuestas “están en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático”, no en balde el punto 6.6 de la Agenda 2030 propone “restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los ríos (…)”. Ahí lo tienen: ecologismo, cambio climático y Agenda 2030.

¿Otra vez el cambio climático?

En efecto, la destrucción de las presas y la guerra contra el campo tienen como raíz la ideología ecologista y climática, que aprovecha los fenómenos meteorológicos locales, como el calor y la sequía, para sus campañas de propaganda.

Sin embargo, los fenómenos meteorológicos locales nunca pueden considerarse prueba de ningún “calentamiento global”. Primero, porque el mundo es muy grande: el estado de California, casi tan extenso y poblado como España, ha sufrido en 2023 el quinto mes de marzo más frío desde 1895[7] y nadie ha advertido de un enfriamiento global. Segundo, porque el aumento de temperaturas del planeta es irrisorio e inapreciable, salvo sugestión. Desde 1979, año en que comienzan a tenerse mediciones por satélite y un año particularmente frío para comenzar la serie (de hecho, si hubiera comenzado en 1998 no podríamos hablar de calentamiento alguno), el planeta se ha calentado a razón de sólo 0,13°C (trece centésimas de grado) por década[8].

Siempre he pensado que un observador ecuánime consideraría esta escasísima variación una estabilidad asombrosa en la temperatura de un fluido del volumen de la atmósfera dentro de un sistema que nunca está en equilibrio, como es el clima. Ese mismo observador quizá diría lo mismo viendo la evolución de las temperaturas en España desde 1961, ajustadas al efecto isla de calor urbana o UHI (fuente: AEMET):

La pertinaz sequía

La relación entre temperatura y precipitaciones es compleja y no siempre intuitiva. Por ejemplo, la Antártida es el continente más frío, pero también el más seco del planeta, mientras que en el subcontinente indio llueve torrencialmente durante los meses de monzón coincidiendo con las elevadas temperaturas veraniegas.

La sequía es un fenómeno natural cíclico que ha afectado desde siempre a nuestro país, una anomalía transitoria de precipitaciones que puede conllevar una incapacidad de atender la demanda de agua para riego o consumo. En EEUU la sequía más grave de su historia se produjo entre 1933 y 1940, mientras que en España la peor tuvo lugar entre 1941 y 1946, cuando el río Manzanares se secó por completo y el Ebro se convirtió en un riachuelo (con razón, “la pertinaz sequía” se convirtió en un latiguillo del franquismo). Otra sequía importante, cuyas restricciones recuerdo con claridad, fue la de 1991-1995, aunque en aquel entonces la sociedad era menos histérica y mucho más libre que hoy y el cambio climático no se había convertido todavía en un dogma. Claro que en esos años el IPCC aún defendía que “el incremento de temperatura observado en el s. XX ha podido ser en gran parte causado por una variabilidad natural[9].

Aquí tienen la evolución de la pluviosidad anual en España hasta 2022. Como verán, aunque en el último tercio del período se ha producido una ligera disminución, la tendencia no es significativa (fuente: AEMET):

Estos son los datos en España, pero en el planeta cada vez llueve más. Efectivamente, a nivel mundial -sorpresa, sorpresa-, las precipitaciones han aumentado desde 1900[10], y no ha habido aumento alguno de sequías, inundaciones, huracanes[11] o incendios forestales[12]. Todos estos datos contradicen, una y otra vez, las mentiras recurrentes de la propaganda climática.

Pero las medias de precipitación anual pueden enmascarar la realidad local de las sequías: por ejemplo, en 2022, un año entre normal y seco en España, en la misma provincia de Badajoz unas comarcas tuvieron un año húmedo y otras, muy seco, y mientras que en gran parte de Castilla fue un año entre normal y húmedo, en el norte fue muy seco y en Levante, muy húmedo. La sequía, a veces, es contraintuitiva: en 1752 una importante sequía afectó el norte peninsular mientras el Guadalquivir sufría riadas, y en 2018, año muy húmedo en prácticamente toda España (el quinto más húmedo desde 1965), el oeste de Galicia sufrió un año seco o muy seco[13].

Nadie ha comentado lo más relevante de la sequía actual, esto es, que nadie – ningún “experto”, ningún modelo – ha sido capaz de predecirla. Sin embargo, los mismos que no supieron predecir un fenómeno tan cíclico como la sequía, y que tampoco pueden decirnos si volverá a llover en unas semanas, afirman conocer exactamente cuál será el clima del planeta dentro de 100 años. La tomadura de pelo es de tal calibre que sigue sorprendiéndome el recorrido que ha tenido.  ¿La ciencia es incapaz de predecir la meteorología local más allá de unos pocos días y es capaz de comprender un sistema multifactorial y caótico como el clima terrestre, plagado de retroalimentaciones de signo opuesto y sistemas de reequilibrio y en el que faltan mediciones fiables en series largas, y hacer predicciones para dentro de un siglo?

La teoría del cambio climático antrópico parte de hipótesis enormemente resbaladizas: el clima ha cambiado de forma natural desde el albor de los tiempos, ¿y ahora sólo cambia por la acción humana? Algo tan complejo como el clima, ¿depende del control de una sola variable como es la emisión de un gas residual como el CO2, cuyo origen antrópico apenas supone una ínfima parte del 0,04% de su composición atmosférica? Las variaciones naturales de la radiación solar, las anomalías orbitales y rotacionales, los océanos y las nubes, ¿ya no cuentan? ¿Por qué debería preocuparnos lo más mínimo un eventual aumento de temperaturas de 1,5°C cuando en los últimos 150 años aparentemente han aumentado lo mismo sin que pasara absolutamente nada? ¿Acaso no nos adaptamos sin problemas a cambios de temperatura de 20 o 30°C entre el alba y la tarde o entre el invierno y el verano?

Cabe añadir que el ciudadano perspicaz se percatará de que, casualmente, las políticas propuestas para combatir el “calentamiento global” son idénticas a las que se propusieron en su momento frente al “enfriamiento global” de los años 70 o la lluvia ácida, tal y como nos recordaba el Prof. Lindzen[14], uno de los más prestigiosos expertos en clima del mundo.

Los corresponsables

El gobierno, la UE (Bruselas-Davos) y la ONU ha declarado la guerra al campo en nombre de una ideología enemiga del hombre. Sin embargo, nunca habrían podido llegar a estos extremos sin la complicidad de otros actores, como los medios de comunicación, que aplican la censura, estigmatizan al “negacionista” (ellos, que ignoran los datos más elementales) e imponen la ideología climática como dogma de creencia obligada, bajo pena de ostracismo.

Pero lamentablemente también son cómplices las instituciones de la sociedad civil (empresas, universidades, etc.) que, llevadas por las buenas intenciones, por intereses económicos o por corrección política, se dedican a promover la Agenda 2030 y la consigna de lo “sostenible” como si fuera una moda inocua. Confío en que comprendan que al hacer esto están contribuyendo a la destrucción de nuestro campo.

El cambio climático es la mayor estafa de todos los tiempos y la ideología más destructiva desde los totalitarismos del s. XX, pues aspira al poder total mediante el control de la producción de energía y alimentos. ¿Cuántas pruebas más necesitarán para convencerse? ¿Tendremos que llegar a la pobreza y el hambre?

[1] Speech by President Gotabaya Rajapaksa at the “Rediscovering Nitrogen: Solutions and Synergies for Climate Change, Health, Biodiversity and Circular Economy”, COP26 Side Event, Scotland, UK on 31 October 2021 (slembassyusa.org)
[2] Sri Lanka Is a Wake-Up Call for Eco-Utopians – HumanProgress
[3] The WEF questioned after deleted Sri Lanka PM article is recovered by Wayback Machine « Euro Weekly News
[4] Sri Lanka’s children go hungry as food prices soar – BBC News
[5] 0.-REPORT_Dam-Removal-Progress-2021-WEB-SPREADS.pdf (damremoval.eu)
[6] Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 (europa.eu)
[7] California endured the fifth-coldest March since 1895, data show – Los Angeles Times (latimes.com)
[8] UAH_LT_1979_thru_March_2023_v6.jpg (749×432) (drroyspencer.com)
[9] IPCC AR1, WG1, Policymakers Summary p. XII (1990)
[10] Climate Change Indicators: U.S. and Global Precipitation | US EPA
[11] IPCC AR5, Working Group 1, Chapter 2.6, p.214-220
[12] A human-driven decline in global burned area | Science
[13] Resúmenes climatológicos – Página 1 – España – Anuales – Agencia Estatal de Meteorología – AEMET. Gobierno de España
[14] Alarmismo climático y la irrelevancia de la ciencia – Fernando del Pino Calvo-Sotelo (fpcs.es)

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El antídoto a la tiranía es la libertad, no la democracia ni el Gobierno Mundial

por J.B. Shurk

Traducción del texto original: The Antidote to Tyranny is Liberty, Not Democracy or International Government
Traducido por El Medio

El lenguaje político manipula el debate político. Los detractores del aborto que se definen a sí mismos como «pro vida» convierten semánticamente a los partidarios del aborto en «pro muerte». Los partidarios del aborto que se definen como «pro elección» semánticamente convierten cualquier oposición en «anti elección». ¿Quién quiere ser «pro muerte» o «anti elección», después de todo? Tal es la naturaleza de la política. Las palabras son armas: cuando se manejan con destreza, modelan el campo mental de batalla.

Así las cosas, ¿por qué los dirigentes occidentales hablan tanto de democracia y tan poco de derechos individuales? ¿Por qué predican las virtudes de las instituciones internacionales mientras demonizan el nacionalismo como algo xenófobo y peligroso? Eso significa que la soberanía nacional y los derechos naturales e inviolables están siendo atacados frontalmente en todo Occidente.

Se ha vuelto bastante común que los políticos europeos y estadounidenses dividan el mundo entre naciones «democráticas» y «autoritarias»; las primeras son descritas como poseedoras de una bondad inherente y las segundas, despreciadas como una amenaza para la existencia misma del planeta. Por supuesto, después de más de dos años de imposición de mascarillas, vacunas y permisos de viaje por el covid-19, a menudo por medio de acciones ejecutivas o administrativas unilaterales –y no por medio de una decisión del Legislativo o tras un referéndum popular–, cuesta afirmar que las naciones democráticas están libres de impulsos autoritarios.

Cuando los presidentes y primeros ministros elaboran y aplican leyes a su antojo so pretexto de los «poderes de emergencia», la ciudadanía no debería sorprenderse cuando descubren un sinfín de emergencias que requieren una actuación urgente. Si hay alguna duda al respecto, sólo hay que mirar la implacable decisión del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de sofocar las protestas pacíficas del Convoy de la Libertad de los camioneros contra la obligatoriedad de las vacunas experimentales, a principios de este año, confiscando cuentas bancarias y efectuando detenciones por la fuerza, con escasa consideración por el proceso debido o la libertad de expresión de los canadienses. La emergencia decretada por Trudeau prevaleció sobre los derechos individuales de los ciudadanos canadienses.

Ciertamente, la democracia en sí misma no es garantía de una sociedad noble y justa. En una democracia perfectamente funcional de cien ciudadanos, cincuenta y uno pueden votar para negar a los otros cuarenta y nueve la propiedad, la libertad e incluso la vida. Si un miembro de la minoría se ve esclavizado por el Estado o condenado a ser ejecutado simplemente porque la mayoría así lo desea, no cantará las alabanzas de la democracia cuando le pongan la soga al cuello.

Los principios del federalismo (donde la jurisdicción del gobierno soberano se divide entre una autoridad central y sus partes constituyentes locales) y la separación de poderes (donde las funciones judicial, legislativa y ejecutiva del gobierno se dividen en ramas distintas e independientes) procuran controles de peso contra la concentración y el abuso del poder.

Ahora bien, es la asunción que ha hecho tradicionalmente Occidente de los derechos naturales, que existen al margen de y son superiores a la autoridad constitucional, lo que brinda la mayor protección contra el poder injusto del gobierno (democrático o no). Cuando los derechos naturales se consideran inviolables, como sucede en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la libertad de expresión no puede ser censurada simplemente por que el gobierno no esté de acuerdo con determinado mensaje. Cuando la propiedad privada se entiende como un derecho inherente a los individuos, Trudeau no puede ir tan fácilmente a por las cuentas bancarias privadas al declarar una emergencia. Sin embargo, cuando los derechos naturales individuales se consideran obsequios del gobierno, desaparecen rápidamente cuando las autoridades lo consideran oportuno.

Cada vez es más frecuente que se ataque a los derechos individuales como «egoístas» y contrarios al «bien común». Si los gobernantes convencen a los ciudadanos de que los derechos personales no existen, o de que no deberían existir, entonces los regímenes autoritarios que adoptan diversos tonos de comunismo o fascismo llaman a la puerta.

El imperio de la ley no sanciona la tiranía simplemente porque lo injusto haya sido promulgado democráticamente. Si una minoría con derecho a voto resulta vulnerable ante los caprichos de la mayoría, entonces percibirá el régimen democrático como excesivamente autoritario. Y si su vida, su libertad o su propiedad están en juego, es muy posible que usted prefiera el juicio de un dictador benévolo antes que las exigencias de una turba resentida pero democrática.

Lo contrario de la tiranía no es la democracia, sino la libertad y los derechos individuales. ¿No resulta sorprendente, pues, que los dirigentes occidentales exalten la democracia pero rindan tan poco homenaje a las libertades personales? Sin duda, la civilización occidental debería ensalzar la libertad de expresión, la libertad de religión y la libertad de acción, tan arduamente conquistados. Sin duda, el avance de la libertad humana debería celebrarse como un triunfo de la razón y la racionalidad sobre los sistemas feudales de poder y sus formas imperiosas de control. Las sociedades libres se distinguen de los regímenes autoritarios por su firme protección de los derechos humanos inviolables, que existen con independencia del derecho estatutario. Sin embargo, rara vez se habla de la libertad y los derechos individuales. Los políticos ensalzan las «virtudes» de la democracia y poco más. Es como si un juego de manos lingüístico hubiera despojado a los ciudadanos occidentales de su patrimonio más valioso.

Los líderes políticos occidentales han recurrido al vudú retórico para sustituir la «libertad individual» por vagas nociones a la «democracia», y utilizado una brujería similar para sustituir la soberanía nacional por formas internacionales de gobierno. ¿Qué son la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud sino estructuras institucionales para debilitar el poder del voto particular de los ciudadanos de cada nación entregando a no ciudadanos poderes antaño vinculados a la soberanía nacional?

¿No es extraño que los dirigentes occidentales alaben la democracia por encima del autoritarismo mientras, al mismo tiempo, reducen el poder de sus votantes y refuerzan la autoridad de las instituciones extranjeras? ¿No deberían las naciones democráticas decidir sus propios destinos? Si no es así, si deben someterse a la autoridad de la UE, la ONU o la OMS, ¿pueden seguir afirmando que están siendo gobernadas democráticamente?

Hoy en día, nacionalismo es un término denigrante, como si todo lo que se haga en interés de la nación fuera intrínsecamente sospechoso. Los ciudadanos que expresan orgullo patriótico por su cultura y su historia suelen ser tachados de cerriles e intolerantes. Los movimientos políticos que defienden la autodeterminación nacional (como la coalición MAGA del presidente Trump en Estados Unidos y el Brexit en el Reino Unido) son ridiculizados habitualmente como «fascistas» o «neonazis». Y se les tacha de «amenazas« a la democracia incluso cuando triunfan en elecciones democráticas.

Pero ¿por qué las formas más grandes y vastas de gobierno internacional deberían considerarse más virtuosas y menos corruptas que las formas nacionales? Cuando Roma pasó de República a Imperio, ¿se volvieron sus instituciones, ya internacionales, intrínsecamente más fiables? Cuando el Sacro Imperio Romano Germánico unió gran parte de Europa, ¿lucieron sus emperadores menos autoritarios? Por otra parte, si el Partido Nazi de Hitler hubiera logrado conquistar toda Europa, ¿habría merecido su Unión Europea una mayor legitimidad que los regímenes nacionales de Polonia, Bélgica o Francia?

Seguramente es tan absurdo alabar las instituciones internacionales por encima de los regímenes nacionales sin tener en cuenta las formas que adoptan como lo es alabar la democracia sin tener en cuenta las libertades y los derechos individuales. Seguramente es más fácil fiscalizar las acciones de un político local que exigir responsabilidades a un funcionario de un ente lejano, en Washington DC, Nueva York, Bruselas o Ginebra. Sin embargo, los organismos internacionales gozan hoy de una enorme consideración, mientras que los nacionales son tratados con frecuencia con desdén. Es como si la soberanía nacional hubiera sido demolida porque no se puede confiar en los votos de las naciones democráticas para servir a los intereses internacionales. Cuando los líderes occidentales replican como loros lo quedice el Foro Económico Mundial, no parece que sigan el mandato de sus electores. Recurrir a organizaciones no electas, no transparentes y que no rinden cuentas parece una forma bastante extraña de luchar contra el autoritarismo.

Cuando a las poblaciones nacionales se les niega la autodeterminación y las libertades personales se tratan como privilegios en vez de como derechos, la tiranía nunca está lejos de imponerse. Ocultar esa realidad tras manipulaciones del lenguaje no cambia la poderosa verdad. Simplemente se difiere el conflicto para más tarde, cuando sea más explosivo.

Cómo el gobierno nos roba derechos de forma gradual y progresiva

Escrito por: Jose Miguel

La única forma que el gobierno tiene para «justificar» su existencia es a través de problemas. Si hay problemas, «necesitamos al gobierno», pero ¿Si no hay problemas? El gobierno los inventa.

Cada nueva ley, política, ordenanza o cualquier forma que el gobierno encuentra para hablar de «un problema» y regular, legislar o controlar en base a ese problema, no es más que la forma en la que el gobierno convence a la gente de que este «es necesario» y así prolongar su existencia.

En Twitter escribí:

Son muchos los ejemplos que existen de cómo el gobierno ha crecido en tamaño e intervención, gracias al brillante trabajo que hacen de convencernos de que «solo ellos pueden resolver ciertos problemas».

El sistema de salud, el educativo y la seguridad nacional, son los temas más populares cuando se habla de la supuesta «necesidad de un gobierno», porque han magnificado estos tres a tal punto que la gente termina creyendo que no hay forma de tenerlos sin el gobierno, o que no pueden ser resueltos de manera local y focalizada.

Mientras el gobierno más mete sus narices, más son los controles, restricciones y robo de libertades de los que somos objeto constantemente por parte de esta institución, que crece constantemente, mientras trata de evitar que otros lo hagan.

¿Qué hace el gobierno cuando encuentra resistencia a sus intenciones de restringir y controlar? Comienza una campaña que se ejecuta de manera gradual pero progresiva, en la que la gente empieza a aceptar poco a poco grandes regulaciones que vienen en paquetes pequeños, pero constantes.

Veamos esto con ejemplos recientes, como el libre porte de armas. Es todo un tema en Estados Unidos, porque la gente está siendo convencida desde los medios de comunicación que «la violencia con armas de fuego en el país es un gran problema».

Una secta política anti-segunda enmienda, financia estas matrices de opinión que aterrorizan a la gente, a pesar de que en la realidad, casi cualquier país de Latinoamérica -con control de armas- es mucho más violento que Estados Unidos.

Siempre inician la propuesta con un paquete «all-in», en el que está todo lo que quieren hacer: que menos personas puedan tenerlas, que sea imposible comprarlas, que de ser posible sean totalmente prohibidas; así es el paquete inicial.

Cuando consiguen resistencia, empiezan con cambios «graduales», pero progresivos, para que la gente los acepte creyendo que «no alteran el derecho en su conjunto» y -de paso- creen que «es lo racional de hacer».

Por ejemplo:

Cuando nos damos cuenta, de 18 años cambiaron la edad para 21, lo que quiere decir que hay que esperar 3 años más para tener derecho a la legítima defensa. Aceptamos ese cambio y el gobierno viene con otro: aumentemos los controles del chequeo de antecedentes.

Unos años después, 21 años «ya no son suficientes», «subámoslo a 25» grita el gobierno y en un abrir y cerrar de ojos, el libre porte de armas ha sido derogado y con él, el derecho a la legítima defensa.

Cierro con esto:

Una grave amenaza para la sociedad española y sólo un partido se la está tomando en serio

España tiene un gobierno que está favoreciendo a toda clase de delincuentes

España está viviendo un momento a la vez grave y surrealista, debido a un gobierno que es un cóctel de autoritarismo, fanatismo, arrogancia e incompetencia.

Un gobierno que pacta sus cuentas con quienes no condenan el terrorismo

Sería difícil resumir en pocas palabras lo que viene ocurriendo en los últimas años en España a quien no conozca la realidad de este país, pero a grandes rasgos podría decirse que el gobierno de coalición formado por socialistas y comunistas se ha puesto al servicio de unos delincuentes. Hace ahora dos años llegó el primer grave escándalo en ese sentido cuando el gobierno de Pedro Sánchez decidió pactar sus cuentas con los herederos de la banda terrorista ETA, con un partido político que llama «presos políticos» a unos criminales que asesinaron a 853 personas e hirieron y mutilaron a 6.389, unas cifras en las que hay que incluir 20 niños asesinados y 60 niños heridos y mutilados.

El gobierno de Sánchez ha estado pagando el apoyo de los herederos de ETA con el acercamiento a prisiones vascas de los presos de esa banda terrorista y con otras medidas que han servido para indignar y humillar a las víctimas de esos asesinos. Una de las medidas más escandalosas fue pactar una reescritura de la historia de España con los que no condenan el terrorismo de ETA, mediante una ley que no hace ninguna mención a los crímenes de bandas terroristas de extrema izquierda como ETA y los GRAPO, que han estado asesinando, hiriendo y mutilando a españoles durante décadas con el objetivo de poner a nuestra democracia de rodillas y que cediese a sus intolerables exigencias.

Un gobierno que pacta dejar impunes a unos golpistas

Los pactos del gobierno con delincuentes también han tenido como resultado los indultos a los condenados por el golpe separatista de 2017 en Cataluña, un grave intento de socavar el orden constitucional y romper la convivencia entre españoles. Y como el gobierno se apoya en el separatismo catalán para gobernar, su última cesión es cambiar la ley para eliminar el delito de sedición e incluso abrir la puerta a reformar el delito de malversación de fondos públicos, que son los dos principales delitos por los que fueron condenados los autores de ese golpe. El objetivo de esas cesiones es que Pedro Sánchez pueda seguir un año más en el poder, hasta la convocatoria de las próximas elecciones generales, aunque el resultado sea dejar impunes a unos delincuentes y desarmar al Estado de Derecho ante un nuevo golpe separatista.

Un gobierno que favorece a violadores y pederastas

Las medidas del gobierno de Sánchez en beneficio de delincuentes han derivado esta semana en un escándalo por las rebajas de condena a violadores y pederastas a causa de la desastrosa «ley de libertad sexual» promovida por el gobierno y que fue aprobada el pasado verano. Esa ley está generando una gran alarma social, así como desasosiego e indefensión entre las víctimas.

Un gobierno que no reconoce sus errores y no asume ninguna responsabilidad por ellos

Este último escándalo ha vuelto a poner en evidencia que España tiene un gobierno que es una grave amenaza para la propia sociedad española, al favorecer a los que quieren romper nuestra convivencia, a los que han estado asesinando a niños y adultos, y también a los que han violado a mujeres. Hasta ahora, ni un solo miembro del gobierno ha dimitido por estos escándalos, lo que muestra, además, que estos gobernantes se niegan a asumir ninguna responsabilidad sobre sus actos. Ni siquiera piden perdón ni reconocen los errores que cometen. La política oficial es culpar siempre a los demás (jueces, oposición parlamentaria, medios de comunicación) y señalar con el dedo a esos colectivos en una actitud que es una mezcla de amenaza e incitación al odio.

La dispar respuesta de la oposición política: Vox se moviliza…

Si todo lo que acabamos de ver lo hubiese hecho un gobierno de derechas, la izquierda ya estaría incendiando las calles desde hace tiempo. La reacción de la oposición española a los atropellos de la izquierda está siendo muy dispar, pero hasta ahora no ha habido ni una sola protesta violenta. Sólo un partido de la oposición ha decidido convocar protestas en las calles: Vox. Es el mismo partido conservador que en 2017 recurrió a los mecanismos del Estado de Derecho para perseguir judicialmente a los autores del golpe separatista en Cataluña. Nadie puede acusar a ese partido de radicalismo: todas sus protestas son pacíficas y siempre respeta las reglas democráticas, algo que no se puede decir de los socios separatistas del gobierno de Pedro Sánchez.

En esa misma línea, Vox, el tercer partido más votado de España, ha vuelto a recurrir a los mecanismos del Estado de Derechoanunciado un recurso ante el Tribunal Consitucional contra la amnistía encubierta del gobierno a los golpistas con la eliminación del delito de sedición. Además, Vox también ha planteado la necesidad de una moción de censura al gobierno. De hecho, ese partido ya presentó una moción de censura hace dos años que no apoyó ningún otro partido político (todos los demás votaron en contra junto al gobierno).

… y el Partido Popular se cruza de brazos

Entre tanto, el segundo partido más votado de España, el Partido Popular (PP), ha tenido una respuesta muy distinta: ni protestas en las calles, ni moción de censura ni recurso ante el Tribunal Constitucional. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha limitado a decir que cuando llegue al gobierno deshará lo que hizo Sánchez. Hasta entonces -repito que las elecciones están previstas para dentro de un año-, su solución parece ser cruzarse de brazos y esperar.

Ante el momento crítico que vive España, ante un gobierno que es una grave amenaza para la sociedad española, sólo Vox parece tomárselo en serio y actuar como debe hacerlo la oposición democrática. Porque la labor de la oposición parlamentaria no debe a limitarse a quejarse ante los medios o en las redes sociales. Cuando la Nación está en un trance como el actual, lo que se espera de la oposición es que actúe en consonancia, y que no se encoja de hombros y se resigne a esperar una nueva llamada a las urnas.

Lo que está haciendo el PP ahora es lo que ya hizo ante el golpe separatista de 2017: intentar no mojarse y esperar a que otros resuelvan el problema, aunque luego sea ya demasiado tarde para reparar el daño hecho. Ya lo dice la famosa cita atribuida al conservador Edmund Burke que figura en la portada de esta web: «Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres de bien no hagan nada«. Lo del PP no es «moderación», como tanto presumen: es una actitud tibia y cobarde que facilita el triunfo de los malvados.




FUENTE: ELENTIR