Pero ¿quién no va a querer ser, por ejemplo, Inspector de Hacienda del Estado, Inspector de Trabajo, Abogado del Estado, o Interventor, con un simple test y una entrevista, ¿seguido de un curso de formación en el que ya cobras un sueldo? La respuesta es obvia.

José María Peláez Martos   Inspector de Hacienda del Estado

Miremos dos años atrás, cuando el Ministerio de Función Pública (ahora integrado en Hacienda y Función Pública) lanzó la idea de que para aprobar cualquier oposición bastaba con hacer un examen tipo test y pasar una entrevista, eliminando los ejercicios orales, y reduciendo los temarios al mínimo, o lo que es lo mismo, despreciando el esfuerzo y el conocimiento necesario en la actualidad para acceder a cualquier puesto de funcionario.

Dentro de esta filosofía «NINI», ya se ha ideado una prueba piloto en el sistema de promoción interna para un Cuerpo, el llamado Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, para el que se reducirán los temas a estudiar: de 83 temas se quedarán en 16, y se pasará de los cuatro exámenes actuales a solo uno, de tipo test, pero en el que las respuestas negativas no penalizan.

Miremos ahora a la Generalitat Valenciana en la que se hará también una prueba piloto similar para todos los cuerpos nivel A1 (el nivel más alto de la Administración) que va a consistir en un ejercicio tipo test, y en un curso teórico-práctico de cuatro meses que – dicen – tiene como objetivo facilitar el desarrollo de habilidades comunicativas de relación en el equipo de trabajo y de sociabilización. En esa prueba piloto las bases de la convocatoria determinarán qué capacidades se van a evaluar, como análisis y resolución de problemas, determinación de prioridades y organización, liderazgo, trabajo en equipo…, utilizando para ello pruebas como dinámica de grupos, o entrevistas.

Pues bien, este nuevo sistema de oposiciones ideado es una tremenda aberración, aunque lo estén intentado vender con mensajes grandilocuentes, a los que pocos se pueden resistir: «necesidad de captar talento», «simplificar los trámites», «democratizar la función pública», «valorar las aptitudes de los candidatos» …

Pero ¿quién no va a querer ser, por ejemplo, Inspector de Hacienda del Estado, Inspector de Trabajo, Abogado del Estado, o Interventor, con un simple test y una entrevista, ¿seguido de un curso de formación en el que ya cobras un sueldo? La respuesta es obvia.

Solo se me ocurre pensar que quienes pretenden implantar este sistema pertenezcan a esa generación de jóvenes NINI, que se han dedicado a la política, sin trabajar nunca, salvo los puestos que han ido escalando en el partido político, y sin estudiar demasiado. Recordemos los escándalos descubiertos en los últimos años, relativos a inflar los currículums con estudios inacabados, carreras universitarias terminadas en tiempos récord – eso sí que es talento – o títulos master regalados. Ahora bien, tampoco es cuestión de generalizar, puesto que hay políticos que han llegado a los puestos más altos, presidente del gobierno, vicepresidente o ministro, que pertenecían a Cuerpos Superiores de la Administración: Inspectores de Hacienda, Registradores de la Propiedad o Abogados del Estado.

Todos sabemos que, en el caso de nuestra querida España, este nuevo sistema en el que se sustituyen criterios objetivos – como los que existen en las actuales oposiciones –por otros subjetivos, nos llevaría inexorablemente a que los futuros funcionarios serán aquellos que tengan algún padrino, incluidos, por supuesto, los políticos. Y ya puestos, ¿por qué no podrían ocupar esos puestos los NINI que intentan escalar puestos en el partido político y no lo consiguen? Éste sería un buen premio.

Los promotores de este sistema no deben de olvidar que todos tenemos que cumplir las normas, y ellos los primeros, y la norma principal, nuestra Constitución, establece en su artículo 103 que la ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Es decir, los puestos de funcionarios no se pueden regalar.

Como primera medida de esta filosofía «NINI», se ha firmado un acuerdo entre Función Pública y tres sindicatos para implantar este nuevo sistema en la promoción interna- para pasar de un cuerpo a otro superior- confundiendo la carrera administrativa de los funcionarios, que está sin desarrollar, con el acceso a otro cuerpo superior, que, como se ha dicho, tiene que cumplir los requisitos constitucionales de mérito y capacidad. Las dos partes firmantes no han tenido en cuenta la opinión de los más afectados, los cuerpos de nivel A1, porque saben que estarían en contra de esos regalos, y que han propuesto muchas alternativas para solucionar los problemas actuales que tiene la función pública.

Si las medidas que hemos propuesto no les interesan, podría ser porque su objetivo es conseguir miles y miles de estómagos agradecidos, muy importantes en el próximo año electoral, tanto de elecciones políticas como sindicales. De paso, los políticos sustituyen a los funcionarios actuales, altamente cualificados e independientes-pero que en los próximos años se jubilarán casi la mitad-, por estos nuevos funcionarios «NINI», que estarían dispuestos a agradar a los políticos que les han regalado el puesto de funcionario o el acceso a un cuerpo superior.

Recordemos a los políticos que su función es gestionar lo público, pero no son los dueños de la Administración ni de la cosa pública. La existencia de una función pública cualificada e independiente es una condición imprescindible para el correcto funcionamiento del Estado y, en muchos momentos, el elemento corrector de la acción política.

Estos cambios ideados en las oposiciones para entrar como funcionario, o para ascender en la Administración a cuerpos superiores desde niveles inferiores, son un gravísimo atentado contra el esfuerzo, la excelencia y la preparación acreditada. Además, van en contra de los principios constitucionales de mérito y capacidad, y supondrán la muerte de una Función pública profesional, preparada e independiente. No sólo los directivos de la Administración, sino todos los funcionarios y la sociedad deberían oponerse a ello, porque recuerden: un funcionario con menos conocimientos es más vulnerable y manipulable.