Franco y la Seguridad Social

El año 2000 ha sido declarado oficialmente como el año del Centenario de la Seguridad Social. Es también el 25 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Y vale la pena hacer, como homenaje a su memoria, algunas consideraciones sobre la excepcional significación de su Régimen en el desarrollo de esta Institución, básica para la justicia, la solidaridad y la paz de los españoles.

Verdaderamente es difícil señalar fecha de nacimiento a fenómenos socio-políticos tan complejos como la Seguridad Social. Y es discutible que la Ley Dato de 1900 tuviera ya este carácter. Pero hay que reconocer que ha sido inteligente por parte del Gobierno vincular el centenario por abajo con un Gobierno conservador como el de Silvela, del que era ministro Dato, y por arriba con el actual de centro-derecha, arrebatando esta bandera a la izquierda, que, con tanta audacia como poco mérito, le hubiera gustado hacer suya. El centenario de la Seguridad Social puede ser una buena ocasión para poner de manifiesto que muchos de los avances sociales son obra de gobiernos considerados de «derecha», frente a lo que pregonan los políticos y los doctrinarios de «izquierda», mucho más parciales y radicales que los de derecha, aunque presuman de lo contrario. Ya comentaremos más adelante la decisiva aportación del régimen de Franco al desarrollo de la Seguridad Social española, que le costará mucho trabajo reconocer a una izquierda empeñada en dar una imagen capitalista y reaccionaria del mismo. Quizá por todas estas razones, el entusiasmo de la izquierda por esta conmemoración brilla hasta ahora por su ausencia. Ni partidos políticos de este signo ni organizaciones sindicales han hecho hasta ahora nada por resaltar algo tan importante para los trabajadores como el nacimiento de la Seguridad Social.

La Seguridad Social ha sido, a mi juicio, el instrumento más poderoso para el cambio social, para la redistribución de la renta, para la igualdad de oportunidades, para la constitución de una sociedad más igualitaria y más libre. Bastaría que por una abstracción mental elimináramos del entramado de nuestra sociedad y de la vida de los españoles el sistema público de pensiones, la protección sanitaria, el seguro de accidentes, la protección frente al desempleo… Nos daríamos cuenta de que retrocederíamos a una sociedad distinta, en la que la mayoría ni se sentirían iguales, ni se sentirían auténticamente libres, acosados por incertidumbres e inseguridades absolutamente vitales, de las que sólo estarían libres los económicamente privilegiados; retrocederíamos a una sociedad no sólo injusta, sino insegura y enfrentada por el espíritu de clase.

En la construcción de esta sociedad en la que vivimos han sido importantes, sin duda, los avances en la protección del trabajo y el salario, la política impositiva, la creación incesante de bienes y servicios… pero, si se piensa en ello profundamente, habrá que concluir que para la verdadera igualdad, seguridad, promoción y libertad de los hombres en que esta sociedad se basa, ha habido dos instrumentos decisivos: el acceso de todos a la educación y la cultura, y la Seguridad Social. En ambos temas, la obra de Franco ha sido decisiva.

Y hay que resaltarlo para evitar que una vez más se pueda falsear la Historia, como ya se hizo al comienzo del centenario en un medio público. Estos medios están siempre disponibles y abiertos para cualquier ataque directo o indirecto a Franco y a su Régimen y para la exaltación de las ideas, los hechos y las personas que lo combatieron. Extraña manera de entender la objetividad y la verdad histórica en el servicio a los españoles. Se dice, por algunos, que ello contribuye a la «pacificación» de las «dos Españas», que parece que exige dar ahora la victoria en las conciencias a los que perdieron la Guerra, convirtiendo a los vencidos en vencedores y viceversa. Extraña manera de pacificar los espíritus, reabriendo heridas que estaban ya bien cerradas y cicatrizadas…

Se está creando en la conciencia y en la opinión pública española un sentimiento de hostilidad y un juicio realmente falso y «revanchista», por incompleto y parcial, de lo que el Régimen de Franco supuso y fue en realidad. Menos mal que todavía quedan muchos testigos de aquellos años que conocen la verdad. Ellos saben quién creó sus regímenes de pensiones, sus Residencias y Ambulatorios, sus sistemas de protección social. Pero cuando ellos falten, y para muchos desde ya mismo, se puede empezar a creer que «todo», y en ese «todo» entra la Seguridad Social, ha sido obra de los gobiernos de la democracia. No hace muchos días me contaba un amigo una anécdota reveladora. Estaba en la Residencia hospitalaria «La Paz», visitando a un familiar enfermo, y oyó cómo, en la cama de al lado, un hombre relativamente joven comentaba con otro visitante las excelencias del hospital y lo que había supuesto en su enfermedad, y terminaba su comentario diciendo: «¡Hay que ver lo que le debemos a Felipe González!». Mi amigo tuvo que recordar a su vecino que en ese mismo hospital había muerto el anterior Jefe del Estado, por lo que mal se podía atribuir la Institución a ningún político actual.

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Por ello, y ya que se ha hablado del Centenario de la Seguridad Social, hay que dejar algún testimonio de la verdad, de cómo, cuándo y por quiénes se ha creado realmente. Ningún lugar mejor para hacerlo que las páginas de Razón Española, que tan denodadamente está defendiendo la verdad y la razón.

Cuando en 1936 España se vio envuelta en la tragedia de la Guerra, ni siquiera a nivel doctrinal o programático existía la idea de la Seguridad Social, como hemos dicho al principio. Ni en España ni en la mayor parte de Europa, excepción hecha de la Alemania de Bismark. Sólo se habían producido pequeños avances en la protección social de algunos sectores de trabajadores, y se estaba fomentando lo que podría llamarse la «previsión social». Aquella Ley Dato, de 1900, sobre accidentes de trabajo, que se ha tomado como origen del centenario, supuso un avance importantísimo en la protección social de esta contingencia, como ya hemos dicho, al declarar la responsabilidad objetiva del empresario por los accidentes laborales de sus trabajadores; pero no se configuró como un embrionario seguro social, de alcance limitado a ciertos sectores hasta 1932, siendo Ministro de Trabajo el socialista Largo Caballero, cuyo nombre no quiero dejar de citar para no caer en la misma parcialidad que estoy denunciando.

En 1905 se creó el Instituto de Reformas Sociales, y en 1908, y también por el Gobierno «conservador» de Dato, se creó el Instituto Nacional de Previsión, meritoria Institución de gran prestigio, que tuve el honor de dirigir y que fue luego clave en el desarrollo de la Seguridad Social, pero que hasta los años cuarenta estuvo concebido más como un instrumento de impulso de la provisión popular. En 1919 se había creado el Retiro Obrero y en 1929 el Seguro de Maternidad. Ambos, aunque con limitaciones, podrían considerarse ya «seguros sociales». Y poco más. Todo limitado, embrionario y parcial, con el mérito que hay que reconocer siempre a quienes en la doctrina y en los hechos van abriendo camino en las reformas sociales.

Lo cierto es que en 1936 apenas existían atisbos doctrinales y escasas medidas de protección, limitadas a ciertos sectores de trabajadores asalariados, que de ninguna manera configuraban un sistema de Seguridad Social más o menos incipiente.

El gran aldabonazo y la orden de salida para una auténtica Seguridad Social, que, no obstante, tardaría todavía años en lograrse, se dio en 1938, todavía en plena Guerra, con el Fuero del Trabajo (inspirado, como he dicho en otras ocasiones, en la idea de justicia social de José Antonio y en la doctrina social de la Iglesia). El Fuero del Trabajo no sólo decía que «el Estado valora y exalta el trabajo y lo protegerá con la fuerza de la ley, otorgándole las máximas consideraciones y constituyéndolo en uno de los más nobles títulos de jerarquía y honor», sino que estableció, además, el compromiso del Estado de proporcionar al trabajador la seguridad de su amparo en el infortunio, estableciendo que se incrementarían los seguros sociales de vejez, invalidez, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro total. El Fuero se mueve todavía en ideas de «previsión» y protecciones sociales parciales y dispersas, pero habla ya de «seguros sociales» en su conjunto y apunta a la idea de un seguro total; en definitiva, a la idea de una Seguridad Social completa e integrada. Lo que se refuerza en el Fuero de los Españoles de 1945, que da ya un cuadro bastante completo de seguros sociales. Esa Seguridad Social completa e integradora se acabó consiguiendo con el desarrollo de estos principios a lo largo del Régimen, como veremos luego. Y se puede hablar de un verdadero Sistema de Seguridad Social a partir de la Ley de Bases de 1963.

Ya en 1938, todavía antes de terminar la Guerra, se crearon los subsidios familiares, completados luego con el Plus Familiar (los famosos puntos), que en muchos sectores profesionales y para muchas familias llegó a suponer el 20% del salario. Yo tuve el honor de que mi primera intervención en un Pleno de las Cortes, para defender un proyecto de Ley, cuando a principios de los sesenta era Delegado General del Instituto Nacional de Previsión, fuera precisamente para defender la Ley de Régimen Laboral de Ayuda familiar. Esta ayuda no formaba parte propiamente de la Seguridad Social, pero sí la completaba, y constituía en todo caso una protección a la familia de carácter obligatorio, que luego, con el tiempo, desapareció, por los inconvenientes que acabó suscitando.

La Ley de Bases de 1963 integró los subsidios y el «plus» en un único sistema de prestaciones económicas de protección a la familia, lo que se potenció y amplió en las leyes de 1972 y 1974, de las que hablaremos más ampliamente en otro lugar, porque son claves para el Sistema de la Seguridad Social y han constituido la base de su posterior desarrollo legislativo. La protección era muy amplia y comprendía: asignaciones por hijo, incluso ilegítimo, asignación mensual por la esposa, con ciertas limitaciones, asignaciones por matrimonio y natalidad, que incluso beneficiaban a los pensionistas. La protección se incrementaba en los casos de familias numerosas. El sistema era, como en otras prestaciones de la Seguridad Social, de los más completos de Europa, si bien la cuantía de las prestaciones me pareció siempre escasa.

Es una pena que el deterioro del sistema de protección a la familia se haya ido acentuando a partir de los años setenta, deterioro que se refiere no sólo a la cuantía sino también al carácter y alcance de las prestaciones, según la nueva regulación de 1994. Nunca podremos determinar en qué medida este deterioro ha influido en el descenso de la natalidad, que está adquiriendo caracteres alarmantes. Lo cierto es que los países que quieren invertir esa tendencia están incrementando las prestaciones familiares, entre otras medidas.

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El antiguo Retiro Obrero se sustituyó por un auténtico Seguro de Vejez e Invalidez, cuya reforma empezó ya también en 1939 y fue luego ampliándose y perfeccionándose al mismo tiempo que se extendía a colectivos inicialmente excluidos y se suprimían limitaciones. Pero no se puede hablar de los avances en la protección social de los trabajadores en su vejez, en aquellos años, sin resaltar la importancia del Mutualismo Laboral, a través del cual se establecieron pensiones complementarias por rama de actividad, integrando a trabajadores y empresarios en la gestión. El Mutualismo Laboral llegó a alcanzar una fuerza y popularidad impresionantes, no sólo por la cuantía de las prestaciones, que mejoraban substancialmente el Régimen general, sino por la creación de servicios y actividades complementarias para los afiliados y sus hijos, entre las cuales destacaron las Universidades Laborales, que tantas posibilidades de promoción social dieron a los hijos de los trabajadores. Pero fueron importantes también las ayudas para adquisición de viviendas, préstamos de interés social, becas, etc.

La creación de la Mutualidad Agraria, del Montepío del Servicio Doméstico, del Régimen de autónomos… fueron abriendo camino para la creación de un genuino sistema de pensiones, que, como hemos dicho, adquirió ya el sentido de parte integrante de un auténtico Sistema de Seguridad Social con la Ley de Bases de 1963 y posteriormente con la Ley de 1972, por la que tanto luché siendo Ministro, y en la que se sentaron los principios de un completo sistema de pensiones, proporcionales al salario y permanentemente actualizadas.

En la Ley de 1972 se señalaban como objetivos esenciales el acercamiento de las cotizaciones y las prestaciones a los salarios reales, y en definitiva y como resultado una elevación permanente de las pensiones. Al defender la Ley en el Pleno de las Cortes dije que «lo que queremos es que en ese horizonte cada día más amplio de la España del desarrollo, tengan un lugar al sol los hombres que han aportado y están aportando a ese desarrollo la principal fuente de energía, que es el trabajo. Que participen en la renta nacional que se vaya consiguiendo con una participación suficiente que les corresponde no sólo por razones de solidaridad sino de justicia… La renta nacional que ahora tenemos no la produce sólo nuestro esfuerzo, la produce también el esfuerzo aportado antes por los que a lo largo del tiempo y en condiciones ciertamente mucho más difíciles fueron creando nuestro patrimonio y las bases que hacen posible esa renta; fueron creando esa España mejor en la que nosotros podemos permitirnos ahora el orgullo de mirar un horizonte de esperanza para nosotros y para nuestros hijos, horizonte del que no podemos dejar al margen precisamente a nuestros padres…». Naturalmente, este discurso y los principios que contiene fueron consultados con Franco, que los respaldó plenamente.

Siempre he sostenido que el problema de las pensiones es un problema de solidaridad, no sólo entre sectores, sino entre generaciones, y no puede tratarse con la frialdad con que últimamente lo tratan algunos desde una concepción puramente individualista de liberalismo económico. No se puede decir a los hombres que cada uno se las arregle como pueda para constituir un capital con el que tener en el futuro una pensión. No sólo porque no es seguro, sino porque es profundamente insolidario e injusto y condenaría a la miseria a los sectores más débiles de nuestra sociedad, que nunca podrían constituir con sus ahorros el capital que les garantice la pensión suficiente, pero sí han aportado su trabajo a la creación permanente de riqueza.

En definitiva, y como no puedo extenderme más en los conceptos doctrinales y políticos que inspiraron la regulación de las pensiones en el Régimen de Franco, lo que sí quiero resaltar es que en 1975, España tenía, como parte esencial de la Seguridad Social, un sistema completo de pensiones, permanentemente actualizadas, que se había ido extendiendo desde los trabajadores asalariados industriales a los hombres del mar, a los campesinos, a los autónomos, a los empleados de hogar, al clero, a los artistas, a los escritores, a los toreros…, en definitiva, a toda la población necesitada de esta protección.

Y la política en relación con los mayores no se quedó sólo en las pensiones, sino que en 1970 aprobamos el Plan Gerontológico Nacional (ese que llevan no sé cuantos años diciendo que quieren aprobar ahora), y empezamos a construir Residencias y Hogares de Pensionistas por toda España a un ritmo que en 1975 suponía inaugurar una Residencia cada mes y un hogar cada semana. Residencias y Hogares se constituyeron en centros de asistencia y convivencia, pero también en centros de rehabilitación y de participación y difusión cultural, comenzándose entonces las exposiciones, conferencias y viajes protegidos que, después, y hay que alabarlo, han conseguido tan notable desarrollo. Avances importantes que hay que fomentar e incrementar con una política integral de mayores, que no debería degradarse ni envilecerse nunca convirtiéndola en instrumento electoral.

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Pero tal vez el avance más importante en materia de Seguridad Social lo constituyó la creación del Seguro de Enfermedad en 1942. Como en otras cosas, el ímpetu revolucionario de José Antonio Girón venció todas las barreras que dificultaron su creación y puesta en marcha. Cuando se habla de la Seguridad Social española, hay que recordar a Pedro González Bueno, Ministro cuando se proclamó el Fuero del Trabajo y se crearon los subsidios familiares, pero es de necesaria justicia decir que su gran impulsor, de acuerdo con las directrices de Franco, fue el Ministro de Trabajo José Antonio Girón. El fue abriendo los caminos y poniendo las piedras fundamentales sobre las cuales pudimos construir y avanzar los ministros que le sucedimos: Fermín Sanz Orrio, Jesús Romeo Gorría, Fernando Suárez, yo mismo… Cada uno iniciamos una nueva etapa o dimos un giro o una impronta nueva a lo que al final ya era de verdad uno de los sistemas de Seguridad Social más completos y avanzados de Europa, que abarcaba a la muerte de Franco al 87,8% de la población española, con un cuadro de prestaciones perfectamente comparable al de cualquier país europeo.

Pero volvamos a la asistencia sanitaria. Como digo en mi libro Valió la pena, los avances del Seguro de Enfermedad (que adquirió tanta importancia que llegó a llamarse popularmente el «Seguro» por excelencia) supusieron inicialmente una tensión con los sectores privados de la medicina y los propios profesionales, que veían recortado su ejercicio profesional libre. Era comprensible su punto de vista. Pero la extensión de un Servicio de Sanidad al máximo nivel para la gran mayoría de la población española era una exigencia de la justicia social. Y requería una ampliación y modernización de la red hospitalaria, entonces escasa, anticuada y deficiente, la creación de ambulatorios o centros de salud y la estructuración, coordinación y jerarquización de servicios. La medicina privada española no estaba entonces en condiciones de abordar este cambio, que tampoco podía ni debía hacerse desde la beneficencia. Había que hacerlo desde la Seguridad Social. Y se hizo. Es cierto que recortamos a la medicina privada y a los médicos el ejercicio profesional libre, pero pusimos en cambio a su disposición instituciones y servicios que mejoraron rápidamente y de forma impresionante su ejercicio profesional y dieron a la gran mayoría amplias posibilidades de promoción y seguridad en el trabajo. Ellos acabaron entendiéndolo y se integraron plenamente en la Seguridad Social, cuya medicina pusieron al máximo nivel de prestigio y eficacia.

Las Residencias sanitarias de la Seguridad Social, a las que no se quiso llamar «hospitales» por el sentido peyorativo que esta palabra tenía entre la población trabajadora, acabaron convirtiéndose en centros no sólo asistenciales, sino de formación e investigación, siendo decisivos a este respecto la labor y el impulso del Dr. Segovia Arana. Y su prestigio ha permitido que puedan llamarse «hospitales», palabra que ya no tiene el sentido peyorativo que tenía cuando se creó el seguro de enfermedad.

Sólo quienes conocen el antes y el después pueden comprender el avance que para la medicina española y para la salud de los españoles supuso la Seguridad Social. La Seguridad Social hizo una auténtica revolución de la sanidad española, no sólo al ponerla al alcance de todos los españoles, sino al dotarla de un nivel de servicios hasta entonces desconocidos. En 1936, en España sólo existían las clínicas privadas (escasas y mal dotadas), para los que podían pagarlas; y los hospitales y servicios de Beneficencia (meritísimos, pero insuficientes, infradotados y masificados), para la inmensa mayoría de la población española. En 1975, España disponía de una de las más modernas y completas redes de Hospitales y Ambulatorios de Europa, y de un cuadro médico capacitado al máximo nivel al servicio de todos los españoles. Entre una y otra fecha está la ingente obra de un Régimen.

Esa obra no puede ser silenciada y olvidada. En todas las principales ciudades españolas se levanta el testimonio de las Ciudades Sanitarias o Residencias hospitalarias sobre las que todavía se sigue apoyando la asistencia sanitaria de los españoles y cuyas fechas de construcción dan fe de cuándo se hicieron. Pensemos, por ejemplo, lo que suponen en Madrid los hospitales de «La Paz», «Puerta de Hierro», «12 de Octubre», «Ramón y Cajal»… Y pensemos en lo que suponen «La Fe» en Valencia, el «Valle de Hebrón» u «Hospitalet» en Barcelona, el «Rocío» en Sevilla, «Cruces» en Bilbao. Y tantos y tantos en todas las ciudades de España… Todos son obra del Régimen. (No de Felipe González como decía, intoxicado por la propaganda, el enfermo de «La Paz» en la anécdota que contamos antes).

En 1975, los indicadores de la Organización Mundial de la Salud colocaban a España en el aspecto de dotaciones sanitarias en el tercio de cabeza de los países desarrollados. Se disponía de 5,33 unidades de hospitalización por cada 1.000 habitantes, muy cerca de la media europea, siendo además la mayoría de nuestros hospitales más modernos. El porcentaje de médicos superaba la media europea… Pero no sólo se trata del número de instituciones o de médicos, es que el nivel de asistencia era tan alto que los no incluidos en la Seguridad Social querían ser asistidos en sus hospitales, pagando lo que fuera. Muchas veces tuve que hacer frente a este tipo de peticiones. Desgraciadamente, la ampliación de la población protegida y de la demanda de servicios, unida a la falta de construcción de nuevos centros y de modernización de los antiguos y a la descoordinación de muchos servicios, ha hecho que el nivel en muchos casos no se haya mantenido. Me duele conocer casos cada vez más frecuentes de beneficiarios de la Seguridad Social que si pueden se pagan ahora un seguro privado.

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La protección de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se inició en 1900 y adquirió el carácter de seguro social en 1932, se desarrolló y amplió durante el Régimen, siendo clave a estos efectos la Ley de 1955, en cuanto a los accidentes, y las de 1947-49 y 1961-62 para las enfermedades profesionales. Las posteriores de 1963 y 1972, citadas reiteradamente a lo largo de este trabajo, eran ya reguladoras de la Seguridad Social como un sistema completo, y por tanto incluían en su ámbito de protección los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales con la máxima amplitud. En el orden asistencial, se construyeron modernos centros de Traumatología y llegamos a contar con uno de los centros señeros de Europa en su especialidad: el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

En 1971 pusimos en marcha el Plan Nacional de Prevención de accidentes de trabajo y dotamos de centros regionales y provinciales de prevención y reconocimiento a toda la geografía española, incidiendo así favorablemente en la sangría abierta que para la vida y la capacidad de los españoles suponen los accidentes de trabajo. El Plan, como tantas otras cosas, se descuidó; no se siguió insistiendo en esta fundamental tarea y la sangría de los accidentes ha vuelto a incrementarse de forma alarmante.

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El Seguro de desempleo se creó en 1961, y antes se había creado el Seguro Escolar, el Montepío del Servicio Doméstico, y más tarde se perfeccionaron y ampliaron la Seguridad Social Agraria y la del Mar. La Seguridad Social se fue extendiendo también a los autónomos, a los escritores, al clero, a los toreros, a los artistas… No vamos a abrumar al lector con una interminable lista de fechas y disposiciones que fueron jalonando los distintos avances parciales. Lo que importa subrayar es que el objetivo de una Seguridad Social completa, que comprendiera a la práctica totalidad de la población trabajadora, con un sistema integrado de prestaciones, se había conseguido en los años sesenta. Los diversos avances parciales se convirtieron ya legalmente en un verdadero Sistema por la Ley de Bases de 1963 y por la Ley de Perfeccionamiento de 1972, tantas veces citadas. Tan importantes y decisivas fueron estas leyes, que las posteriores, que no siempre han mejorado el sistema, las toman siempre como punto de referencia para modificarlas más o menos parcialmente, y luego hacer textos refundidos, hasta el punto de que algunas colecciones legislativas siguen publicándolas para el mejor entendimiento de las normas vigentes.

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Hoy, la Seguridad Social, gracias sobre todo a la obra de Francisco Franco, es una realidad consolidada en el patrimonio del pueblo español, que hay que defender a toda costa.

En este Centenario de la Seguridad Social, tenía la necesidad de llenar silencios y olvidos injustificables, con estas consideraciones, que tratan de hacer justicia a su significación histórica, social y política, y a la tarea de los hombres que la hicieron posible, a cuyo frente está Francisco Franco Y al hablar de los hombres, no me refiero sólo ni especialmente a los políticos. Están ahora en mi memoria centenares, miles de representantes sindicales, de mutualistas, millones de trabajadores y empresarios, sobre cuyas inquietudes sociales y esfuerzo de creación de riqueza fue posible construir tan hermosa obra de solidaridad y justicia, para la convivencia y el bienestar de nuestro pueblo.

AUTOR: Licinio de la Fuente

FUENTE: RAZÓN ESPAÑOLA a través de: Marisa Quel Franco