Por Luis I. Gómez

En Europa, la representación de los intereses de las mujeres se ha convertido en uno de los asuntos primordiales de la acción politica. La Comisión Europea decidía el pasado noviembre de 2012 por iniciativa de Viviane Reding, Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, que en las 5000 empresas europeas que cotizan en bolsa se impusiese, a partir de 2020, una cuota del 40 por ciento de mujeres en puestos de dirección. Reding ve a la ley como un gran avance, esperando provocar con ella una reacción en cadena en la economía y la sociedad. El Parlamento Europeo aún no ha aprobado definitivamente la nueva ley y once Estados miembros de la UE han mostrado serias reticencias frente el proyecto hasta el momento. En España la ley Orgánica de 2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, incluye en el artículo 75 una recomendación a las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias, para que “intenten alcanzar un presencia equilibrada de hombres y mujeres en su consejo de administración, en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de dicha ley”.

Esa ley convertía a España en una de las pioneras europeas en materia de legislación por la igualdad. Sin embargo, los resultados son apenas apreciables y las críticas cada vez más notorias. Son cada vez más las mujeres profesionales que denuncian abiertamente la intervención del legislador. Muchas de ellas consideran que su posición actual, conseguida sólo gracias a su propio mérito profesional, se ve seriamente devaluada en un sistema de cuotas. También señalan que la cuota en los consejos de administración no se corresponde en la mayoría de los casos con la todavía baja proporción de mujeres en numerosas ramas de la industria y la economía. Por otra parte, las condiciones persistentemente insuficientes para la conciliación de la vida laboral y familiar son, con mucho, el mayor problema para la mayoría de las mujeres. Además, la falta de viabilidad de las cuotas para mujeres en ocupaciones tradicionalmente masculinas y las industrias relacionadas con ellas supone una restricción severa de  la libertad de elección de las empresas, indispensable para su éxito en una economía libre. No menos importante, son cada vez más las voces que insisten en un enfoque pragmático del tema, haciendo hincapié en que la calidad y la experiencia en la vida laboral debe ser criterio de selección más importante que la afiliación de género.

Permítanme que llame su atención sobre el hecho de que la disputa sobre la política de cuotas ya no nace “desde abajo”, sino que se alimenta de y en la propia élite política: las políticas de igualdad actuales no giran en torno a la necesidad de facilitar por igul el acceso de hombres y mujeres a los puestos de control del poder político y económico, sino que refleja el conflicto entre sistemas de valores diferentes, que se atribuyen a los sexos.

Para darnos cuenta de lo alejados que vivimos en el día a día de la discusión sobre cuántas mujeres y cuántos hombres ocupan los puestos de poder en nuestras empresas basta con salir a la calle o moverse por las redes sociales. Mientras que entre el común de los mortales se extiende como la pólvora  el fuerte rechazo a las luchas por el poder y el arribismo en la política y los negocios, “el movimiento feminista desde arriba” centra su discurso en la igualdad de representación en los consejos de administración en las grandes empresas y, por lo tanto, en las áreas de la vida que no tienen relevancia para la gran mayoría de mujeres y hombres . Así, al tiempo que en la población – y sobre todo en las mujeres – el deseo de vivir una vida sólo en función de una carrera profesional que permita acceder a uno de esos puestos políticos o profesionales devaluados por la corrupción (los políticos roban) y la crisis (los ejecutivos roban y son malvados)  pierde su atractivo, luchan los políticos de ambos sexos y de todos los colores por asegurar un mayor número de mujeres en posiciones de liderazgo.

En el día a día, son sobre todo las madres que trabajan las que se enfrentan a verdaderos problemas a la hora de poder desarrrollar conjuntamente su papel de madres y trabajadoras. Si la intención de los políticos y sus leyes de igualdad fuera realmente ayudar a las mujeres de todas las clases sociales, desde todos los ministerios nacerian iniciativas y presupuestos encaminados a mejorar el acceso a (por ejemplo) guarderías de jornada completa. Pero es justamente aquí donde no se alcanzan –ni se fijan- objetivos verdaderamente encaminados a facilitar la integración de las madres en la vida laboral. Al contrario, los ojos políticos están puestos exclusivamente en los consejos de administración, no en el cuidado de los niños de esas madres que quieren trabajar. Es más fácil conseguir grandes titulares (y comprar votos de forma más barata) legislando igualdad en una junta de accionistas que trabajar – y gastar- denodadamente por la mejora real de las condiciones de esa gran proporción de mujeres trabajadoras que viven su maternidad y no desean renunciar a su vida laboral.

En relidad asistimos a un ejemplo perfecto de ingeniería social. Cuando las personas y sus formas de organización social no se desarrollan tal y como desean los impacientes “iluminados” de la élite gobernante, entonces – sin cuestionar los motivos – se imponen los cambios mediante las pertinentes decisiones políticas. Esta forma de diseño social podemos verla hoy en día en muchas áreas de nuestras vidas: política energética, políticas de integración, políticas económicas, financieras y laborales, políticas de  familia y la política medioambiental. Nos vemos obligados a seguir los dictados de este estilo autoritario, incapaces de ver alternativas, concediendo que la causa de nuestros problemas reside en nuestra incapacidad para superar nuestros defectos humanos y aceptando tales normativas como el único motor posible para desarrollar aquellos procesos de desarrollo de la sociedad civil para los que las buenas intenciones no son suficientes.

Las políticas de igualdad son magníficas herramientas de regulación autoritaria, ya que partiendo de  supuestas características de comportamiento específicos de género profundamente arraigadas en el verdadero soberano – el individuo, mujer u hombre- es sencillo diseñar medidas de represión o favoritismo redefiniendo los contenidos que al legislador-diseñador más le interesen. Feministas y estudiosos de los llamados “asuntos de género” deploran la desventaja real que las mujeres siguen padeciendo a pesar de la igualdad jurídica , ilustrándolo en diversas biografías profesionales frustradas o en la persistente escasa representación de las mujeres en los consejos de administración. La conclusión de todo ello es: la igualdad ante la ley no es suficiente. Necesitamos entonces una política que no descanse en la igualdad formal, sino en la promoción específica de las mujeres, incluso en términos de lo que se denomina “discriminación positiva”, es decir, una diferencia de trato específico de los hombres y las mujeres. Esta es la idea básica del Gender-Mainstreaming, desde 1999 objetivo oficial de la política de igualdad de género de la Unión Europea y ahora introducida en todos los ámbitos políticos.

Siguiendo la tradición feminista clásica, las principales causas para la persistencia de diferencias entre los hombres y las mujeres  no son sólo buscadas en los defectos de las estructuras sociales existentes, sino en la interpretación de su existencia como una expresión de la dominación masculina. El cambio en el énfasis está claro: el problema no es la falta de estructuras en sí (que se podrían cambiar), el problema es que los hombres están atrapados en su identidad masculina y en su sistema social de  valores masculinos y no tienen interés en el fortalecimiento de la posición femenina. La consecuencia lógica es que el problema no se puede resolver desde la sociedad masculina. Es necesario un nuevo orden social.

Cuando los problemas de orden social no se discuten como tales, sino que se interpretan como manifestación de deformaciones psicológicas y sexuales típicas individuales que requieren un tratamiento integral, aparece una forma de política que podemos definir como “autoritarismo terapéutico”. Es autoritario, ya que el otrora “soberano”, el individuo, ya no sirve como diseñador y ha de ser devuelto –o reeducado- por todos los medios al camino correcto. Es terapeútico porque la única forma de integrarse en él es la curación de aquellas características personales que nos hacen diferentes unos de otros.

Autoritaria, terapeútica y discriminatoria: cuando el legislador toma partido por una de las partes, la defensa de la igualdad ante la ley deja de serlo, ciertamente, para convertirse en arma profundamente discriminatoria. No es casualidad la aparición de una ley de cuotas, encaminada a disolver cualquier intención de fomento del mérito en condiciones de igualdad de oportunidades. El mérito, después de todo, no es más que un residuo de las antiguas estructuras sociales basadas en la familia. Y ésta es la estructura nuclear más temida y combatida por el estatismo. El “Estado social” asume el papel de la familia como fuente única de justicia social, educación y protección. Los hombres se convierten en expendedores de esperma y pagadores de manutención, las mujeres en clientes agradecidas, por fin a la misma altura que ellos. A ambos se les obliga a renunciar a su función de educadores.

Una sociedad en la que el legislador se pone al servicio de quienes consideran la familia no más que un sistema de opresión de la mujer, los embarazos una invasión indeseada del cuerpo femenino, a los niños sólo como un obstáculo para el desarrollo de la “capacidad laboral femenina” y la falta de pene argumento fundamental para llegar a ser ministro está condenada a la autodestrucción. Una sociedad que se ignora a sí misma como fruto de las sinergias de la masculinidad y la feminidad que le son propias, está negando su propia capacidad de crecimiento. No porque fomentar la feminidad sea negativo. Porque no fomentar la excelencia, tenga el sexo que tenga, sólo puede acabar en la decadencia.