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El Gobierno ¿nacional? socialista de España

«Hay un defecto claro en la tramitación de la proposición de ley y la jurisprudencia es clara, por tanto, el temor del Gobierno se circunscribe a que la oposición lleva razón»

*Fachada del Tribunal Constitucional.* | Europa Press

Se habla mucho de memoria democrática, expresión de la que se ha apropiado completamente la actual izquierda de nuestro país, como si los demás se sintieran cómodos en una suerte de alzhéimer histórico. En realidad, el objetivo es claramente mantener un clima político de guerracivilismo que, desde la perspectiva de movilización de su electorado, es manifiestamente beneficiosa. Sin embargo, muchos de los que esta semana se rasgan las vestiduras por que el Tribunal Constitucional intervenga en el marco del proceso legislativo, deberían quizá repasar la historia política del constitucionalismo, para entender por qué la soberanía del poder legislativo debe tener límites (también, si han estudiado Derecho, quizá podrían echar un ojo a su manual de Derecho Constitucional). En este sentido, hemos escuchado hasta la saciedad el argumento de que las decisiones adoptadas por la mayoría del Congreso son legítimas en tanto ostentan la voluntad popular, por consiguiente, la autonomía parlamentaria es inatacable. Un argumento muy interesante para un ciudadano del siglo diecinueve, sin embargo, completamente superado en el constitucionalismo moderno, dado que, nada más y nada menos, era la base del sistema parlamentario liberal que dio pie al nazismo, que culminó con la atroz Segunda Guerra Mundial.

De hecho, esa argumentación recuerda a la teorización de Carl Schmitt, jurista y politólogo alemán, que a principios del pasado siglo defendía a ultranza dicha premisa liberal. La ley es un producto de la razón, consecuencia de un proceso público y contradictorio desarrollado por los representantes del pueblo, por lo que su bondad, razonabilidad y respeto a la constitución es irrefutable. Más tarde, la cosa terminó con el conflicto bélico más importante que ha vivido la humanidad, en la que murieron entre cuarenta y cincuenta millones de personas.

Es por ello por lo que, en el constitucionalismo moderno, la doctrina ha entendido imprescindible la inclusión de instituciones e instrumentos jurídicos que controlen el estricto cumplimiento de la constitución por todos los órganos del Estado. En el caso español, dicha competencia la ostenta el Tribunal Constitucional y, por supuesto, incluye velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, también en el ámbito del proceso legislativo. De lo contrario, podría de facto vaciarse de contenido la Constitución, tramitarse una ley palmariamente inconstitucional, o ¿por qué no? silenciar a un diputado por que no nos guste lo que diga; si lo dice la mayoría, pues se le expulsa del hemiciclo y asunto resuelto.

«Lo cierto es que el recurso de amparo parlamentario es un instrumento procesal para la defensa de los derechos fundamentales previsto en el ordenamiento jurídico, de hecho, su planteamiento es usual»

Muchas voces desinformadas se han oído los últimos días en relación con el recurso de amparo planteado por el Grupo Parlamentario Popular y, lo que es peor, otras voces con pleno conocimiento han llegado a denunciar la consecución de un golpe de Estado. Lo cierto es que el recurso de amparo parlamentario es un instrumento procesal para la defensa de los derechos fundamentales previsto en el ordenamiento jurídico, de hecho, su planteamiento es usual (a modo de ejemplo, según las estadísticas del TC, en el año 2020 se plantearon 25 recursos de este tipo, en el 2021 se plantearon 26 y en el 2019 fueron 28). La ingeniosa novedad del recurso de amparo planteado esta semana es que junto al mismo se ha solicitado una medida cautelarísima (instrumento procesal que, del mismo modo, está nítidamente regulado en la Ley) con la finalidad de que se restablezca el orden constitucional en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, dado que la Mesa de la Comisión había incumplido objetivamente lo previsto en el Reglamento del Congreso, en dos planos: primero, permitiendo la incorporación de enmiendas desconectadas completamente del objeto de la tramitación legislativa (recordemos que la misma versaba sobre la inefable reforma del Código Penal para contentar al independentismo y, en el último momento, con nocturnidad y alevosía se incluye la reforma del régimen de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional); y, por otro lado, dejando de resolver, dado que en una demostración del más rancio caciquismo, el presidente de la Comisión decidió no decidir sobre las rectificaciones solicitadas y, así, evitar adrede generar un acto recurrible. Por consiguiente, un manifiesto fraude constitucional ante el que nuestro Tribunal Constitucional no puede permanecer de imposible.

Entonces, ¿qué es lo que molesta tanto al Gobierno? Pues, sencillo, hay un defecto claro en la tramitación de la proposición de ley y la jurisprudencia es clara, por tanto, el temor se circunscribe a que la oposición lleva razón y es muy posible que se dicte una resolución que, sin entrar a valorar la constitucionalidad del fondo del asunto, sin embargo, aprecie que no se puede cercenar los derechos fundamentales de la minoría en el proceso legislativo, dado que esa es la esencia del Estado de Derecho, evitar que las mayorías aplasten a las minorías, a través de unas garantías y derechos que se consagran en la Constitución.

En definitiva, independientemente de lo que este lunes se decida, afortunadamente, en nuestro Estado de Derecho el Parlamento seguirá sometido a la Constitución y a la revisión por el Tribunal Constitucional de sus actos, circunstancia que nos aleja de un modelo, como el que imperaba en el constitucionalismo liberal de principios del siglo pasado, aunque algunos actores políticos, con poca «memoria democrática», al parecer, lo añoran.

* Ibor Fernandes Romero es doctor en Derecho Constitucional y profesor del CES Cardenal Cisneros de Madrid.

La reforma constitucional del PP y PSOE no es fiable y constituye un grave riesgo para España

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Por Francisco Rubiales

El drama catalán ha terminado uniendo en alianza al PP y al PSOE, pero los socialistas han impuesto al PP el compromiso de abordar en seis meses una reforma constitucional, lo que constituye para España un riesgo y una amenaza que podría ser peor que el independentismo catalán.

PP y PSOE han acordado cambiar la Constitución, lo que representa un gravísimo riesgo para España. Son los dos partidos más corrompidos de Europa y los culpables de la actual situación de España. Uno y otro alimentaron el independentismo catalán durante décadas, pactando con los nacionalistas, concediendoles más poder y cerrando los ojos ante sus violaciones a la Constitución y a los derechos humanos, a cambio de votos para mantenerse en el poder. Permitir que esos dos partidos cambien la Constitución sin las aportaciones de los ciudadanos es un suicidio para España.

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No tenemos constancia de que la noticia sea cierta, pero tampoco ha sido desmentida formalmente. El periodista Carlos Cuesta, sin duda uno de los mejor conectados con las altas esferas de Moncloa, publicaba el lunes que Mariano Rajoy ofreció a Carles Puigdemont, a través de intermediarios, una reforma constitucional extremadamente favorable para Cataluña si renunciaba a la declaración de independencia, o bien su procesamiento.

Este es el contenido de la propuesta de reforma constitucional ofrecida a Puigdemont, que cuenta con el visto bueno del PSOE, en el caso de que se retracte de la declaración de independencia:

– Cataluña es una nación constituida como estado libre asociado al reino de España para seguir en la Unión Europea y no perder sus privilegios.
– Nuevo modelo de financiación similar al cupo vasco-navarro. Agencia Tributaria, Seguridad Social y Sistema de Pensiones propios. Las ventajas fiscales supondrían al resto de España un déficit de 60.000 millones de euros anuales.
– Representación exterior propia con embajadas catalanas independientes de las de España en todos los países y organismos internacionales. Cataluña sería una nación diferente de España a estos efectos.

Si Rajoy ha sido capaz de ofrecer esas concesiones a un delincuente como Puigdemont y a una Cataluña dominada por sediciosos y traidores, entonces no es de fiar y permitirle que cambie la Constitución, junto con el PSOE, es todo un suicidio para España.

Otorgar a dos partidos como el PP y el PSOE, inmersos en la corrupción y culpables de haber construido una España nada ejemplar, injusta, desigual y con gravísimos deficits democráticos es un privilegio que no merecen.

La Constitución de 1978 fue el resultado de compromisos y acuerdos difíciles y complejos y fue redactada por políticos que amaban a España mucho más que los actuales e impulsada por partidos que todavía no estaban podridos por la corrupción y el abuso de poder. De aquel debate, en el que no se permitió la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil, surgió un documento que al menos es garantista y que, aunque no se cumpla, es democrático, equilibrado y homologable con las constituciones de nuestro entorno.

Pero una Constitución redactada por los actuales grandes partidos, dos organizaciones habituales en los banquillos de los tribunales, con tantos delitos acumulados y políticos imputados y condenados que se han convertido en las organizaciones más delictivas del país, junto con la extinta ETA, no sólo no representa una esperanza y una ilusión sino un verdadero peligro de muerte para España.

No es la Constitución de 1978 la que ha llenado España de corruptos, la que nos ha impuesto un Estado tan lleno de políticos y de privilegios que es imposible de financiar, ni la que ha permitido que los impuestos sean agobiantes, que la desigualdad sea hiriente y que los partidos lo dominen todo, incluyendo una Justicia politizada y una ciudadanía marginada, sino que fueron los gobiernos de los dos partidos que ahora quieren reformar la Constitución, toda una amenaza que debería causarnos estremecimiento y pánico.

La única manera de reformar la Constitución sería abrir un periodo de libertad constituyente en el que intervinieran cabezas decentes e independientes, al margen de los actuales partidos políticos, y en la que la voz de los ciudadanos tuviera cauces reales para influir.

Si los únicos que van a imponer los cambios son el PSOE y el PP, tendremos una nueva Constitución más partitocrática, con menos defensas civiles, con menos protagonismo de la ciudadanía, con los poderes básicos del Estado y todos los recursos en manos de los partidos y en la que la unidad de España quede debilitada por un «sistema federal» que constituye la más absurda obsesión del PSOE que controla Pedro Sánchez.

Una reunión que no sirve para nada.

Sánchez: «Le he dicho a Rajoy que nos gustaría que acabara la campaña del miedo»

El secretario general dice que su reunión con el presidente del Gobierno en funciones fue «útil», pese a que no han llegado a ningún tipo de acuerdo. Le pide que sea tan «leal» como el PSOE en la oposición

Leer más: Pactos Electorales 20-D: Sánchez: Le he dicho a Rajoy que nos gustaría que acabara la campaña del miedo Elecciones Generales 2015 http://goo.gl/6NMFY1

—-UNA REUNIÓN QUE NO SIRVE PARA NADA—–

POR: Luis Fernandez Arenas.

Se reunieron. Rajoy y Sánchez se vieron en el Congreso, y ¿para qué?¿para un diálogo de sordos?¿para «aparentar» normalidad?. Pues me parece que España no está para esas estampas.

No. España no está para bromas con la que se nos avecina. Y es que las turbulencias de los mercados, la crisis en las economías emergentes y el derrumbe del precio del petróleo, entre otras cosas, desestabiliza el conjunto de sistemas monetarios, restringe el comercio y siembra dudas en la capacidad de generar beneficios para las inversiones. Y ese axioma básico de que el Capital quiere Beneficios cuando se le requiere para Invertir, sigue siendo una Ley de Bronce en el sentido más duro de ese término, de modo tal que sin Beneficios, nada de Inversión. Así de claro y sencillo.

¿Y cual es la «ocurrencia» de Pedro SÁNCHEZ?: pues, sencillamente, ante la imposibilidad de formar Gobierno con otras fuerzas políticas que no sean PODEMOS, IU, y la abstención y/o ausencia de fuerzas tales como PNV, BILDU, ESQUERRA, y así unos cuantos partidos más, no le que da otra que mirar el pavor que tal enjendro entre OCHO PARTIDOS como mínimo, provoca en las distintas fuerzas productivas, que son las que crean empleo.

¿Olvidamos lo que acontece en Portugal, donde su prima de riesgo está ya en los 400 puntos básicos?¿y sus Presupuestos?¿no han sido rechazados en su Parlamento?¿olvidamos el experimento de Grecia, donde las pensiones HAN BAJADO YA un 35% y las huelgas generales acosan a Tsipras?…¿y pretenden que, con estos vaticinios que se pueden comprobar YA en Europa, no se les pongan la piel de gallina a los españoles, y, en especial al Capital?¿acaso en España, en esas Comunidades Autónomas donde gobiernan estas coaliciones, YA ESTÁN SUBIENDO LOS IMPUESTOS y RECORTANDO, los derechos de los ciudadanos, rechazando inversiones productivas y colocando a parentelas y amiguetes?.

Pero Pedro SÁNCHEZ tiene una solución, «genial» como todo en el PSOE, solución que viene a ser tan sencilla como: RAJOY, DÉJATE DE ADVERTIR A LOS ESPAÑOLES DE LOS RIESGOS DE ESTE DISPARATE QUE VOY A HACER CON EL PSOE y así los españoles pasarán de la IGNORANCIA AL ESPANTO, pero ya con el PSOE en La Mocloa.

Luego ¿quién es el demagogo?¿el que nos avisa o el que no quiere que seamos conscientes de lo demasiado que nos estamos jugando?. Ustedes mismos decidan, ya que nos va mucho, demasiado, en ello.

Saludos cordiales.

INDEPENDIZARSE DE LA CORDURA

Infoblogger

La aprobación de la moción para iniciar la construcción de un estado Catalán ya es una realidad. La mayoría absoluta en diputados de la argamasa Junts Pel Sí y los radicales de la CUP ha iniciado el proceso ilegal de desconexión del territorio español teniendo al 52% de la población catalana y a toda la comunidad internacional en contra.

Un golpe de estado en toda regla. A continuación detallaré por qué lo que pretenden los independentistas es absolutamente delirante, dictatorial, totalitario antidemocrático y atenta gravemente contra el conjunto y la integridad de España.

Un mandato emanado de las urnas

Ni mucho menos el mandato emanado de las urnas desea la independencia, puesto que los que parecían independentistas encubiertos, Catalunya Sí que es Pot, finalmente han votado “no” a la moción, a pesar de que Artur Mas, Romeva y el resto de la cuadrilla soberanista se jactaban continuamente de contarlos…

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RELEYENDO LA CONSTITUCIÓN DE ESPAÑA.

Decidí estos días leer la Constitución como ejercicio democrático.

Lo he hecho previamente, desde que llegué a esta, mi segunda tierra, mi país adoptivo. Le leo por tercera vez, y en esta ocasión he revisado artículos concretos.

Como cada libro que “cae” en mis manos, acostumbro a leer el prólogo y las diferentes notas previas al texto, con lo cual también me he detenido en el Preámbulo, y este en particular vale la pena releerle, dice textualmente “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía”.

Paralelamente, recuerdo la definición de la RAE sobre Constitución, “Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política”.

Me queda claro que el Preámbulo busca explicar las razones de una Constitución hecha en un momento en el que España salía de un largo período dictatorial, para encausarse, o al menos eso es lo que se planteó en su momento, en una democracia. Se mencionan varios términos en los que vale la pena detenerse: Justicia, Libertad, Seguridad, Bien de cuantos integran la nación, Soberanía. No puedo evitar revisarles a su vez recordando los hechos ocurridos en estos últimos años.

Hablamos de Justicia, cuando se suceden hechos de corrupción que afectan a partidos e instituciones, donde lo que vale es cuanto poder que se llega a tener o el dinero de las cuentas bancarias; cuando nos sentimos desamparados ante un Estado que protege a asesinos, terroristas, violadores… un Estado que no nos trata a todos por igual, cuando se tiene un título nobiliario que nos hace “diferentes”. Esta Justicia, que si uno de sus miembros actúa bien, debe hacerlo solo y sabiendo que cada paso va a ser medido, revisado y a su vez juzgado por un sector de la sociedad y del mismo Estado.

Seguidamente está a la palabra Libertad, y si, pareciera que disfrutáramos de ella. Podemos hablar, dialogar, dar nuestras opiniones y sabemos que no se nos prohíbe; más si nos comparamos con regímenes donde cualquiera de estos actos, o incluso pensar puede costarte la muerte o en mejores casos la cárcel. Pero qué casualidad, en estos últimos días, la Generalitat de Cataluña ha creado un organismo con fondos del Estado, es decir, de los contribuyentes, nuestros, que quiere o pretende controlar lo que se dice, todo aquello que esté en contra del denominado “derecho a decidir” o inmersión lingüística, o la aberración idiomática “discriminación en positivo”, todo lo que vaya en contra de la secesión/independencia/nacionalismo, e incluso penalizarnos por ello. Lo peor, es que todo ocurre en medio de una profunda crisis, cuando hay una parte importante de la sociedad en paro, sin trabajo, y bajo la tibia mirada del Gobierno Nacional, o más bien su inacción.

Seguridad, siguiente palabra. Cómo olvidar que la Doctrina Parot, con todos sus bemoles acaba de ser abolida. No por el Tribunal de Estrasburgo, si consideramos lo que refieren diferentes abogados, no es vinculante, pero sí lo es la Audiencia Nacional. Quien con un retraso en cientos de casos ha resuelto dejar en libertad a asesinos, terroristas, violadores sin considerar la “seguridad” y los Derechos Humanos del resto de la sociedad, si, de las más de 45 millones de personas que vivimos en esta nación. Seguridad, con una policía catalana que a la vista de los acontecimientos recientes está en la mente de cada uno de nosotros, ¿cumple sus funciones en la “Seguridad ciudadana”, o no?… da mucho que pensar y analizar.

Luego retumba en mi mente, porque no puede más que hacerlo, la palabra “Bien” de los ciudadanos que integran España. Últimamente este “deber” de buscar el “bien” de los ciudadanos queda grande a muchos que son servidores públicos, que distan de serlo, pero si de buscar sus propios bienes y beneficios. La palabra Bien le queda grande a un Estado que en lugar de plantearse qué necesita su población antes de instaurar unas medidas que le ahogan, cumple con los preceptos dictados por organismos internacionales. Creo que hemos de recordar los Derechos Humanos, estos que fueron firmados en 1948, que están en relación directa con la palabra Bien. ¿Se están cumpliendo?, si no es así, ¿A qué esperamos para reclamarles?

Por último, y no menos importante se menciona Soberanía, si recordamos la definición de la RAE, “…reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos”. En estos últimos meses, de manera constante este principio ha sido pisoteado, y quizás lo más grave, es que las instituciones quienes tienen la responsabilidad de protegerle, resguardarle, parecieran paralizadas en bloques de hielo, como aquellas estatuas de sal que menciona la Biblia, solo que esta vez ni siquiera sabemos hacia donde dirigen su mirada. La Soberanía sobre un territorio que por una minoría quiere ser fragmentado. La Soberanía no se discute, es, existe, se ejerce. Eso, debemos recordarlo.

Estoy segura que queda mucho por discutir, hay mucho más en el tintero sobre una constitución que nos podría lucir lejana en el tiempo y de cara a las necesidades actuales. Para ello, hay países que han introducido cambios en sus constituciones a través de enmiendas, otros directamente han hecho constituyentes para crear una nueva. Valdría la pena sopesar los pro y los contras de cada acción. En todo caso, con esta, que hoy alcanza 35 años de haber sido promulgada, estamos incumpliéndole, y desde su preámbulo.

Ante todo esto, ¿Permaneceremos impasibles, nos mantendremos inmutables? ¿Dejaremos que otros decidan por nuestros derechos?, creo que es hora de la ciudadanía activa, y esto desde hace tiempo, desde hace años.

Escrito por Carolina Rodríguez-Cariño, miembro de la Red de Blogs Comprometidos

¿TODOS LOS ESPAÑOLES SOMOS IGUALES ANTE LA LEY?….¡ NI DE COÑA ¡

A continuación y porque me parece del mayor interés, procedo a reproducir integro el post de mi compañero Jose Luis de Valero en su blog «DESDE EL INFIERNO»:

No todos los españoles somos iguales ente la Ley. Tal afirmación es una DEGRADANTE CONTRADICCIÓN impresa en la Constitución Española, según la cual quedó escrito:

CAPÍTULO II DERECHOS Y LIBERTADES

Artículo 14 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

A dicha frase cabe añadir que todos somos iguales ante la ley… EXCEPTO el Rey y también otros personajes de índole macarra: léase como tales a políticos corruptos, banqueros ladrones, terroristas etarras, etc,etc,…, incluso agrego que en estos etcéteras cabe añadir a miembros de la Judicatura Española.

Por ejemplo, “Luz y Taquígrafos”:

Tened la bondad de descargar el presente ARCHIVO en pdf. Pertenece a una demanda que interpuso el juez Andrés Maestre Salcedo contra el diario El País. basándose en datos casi idénticos a los que interpuso ante mi y por los cuales he sido condenado.

Y voy a resumirlo ya que es un tocho judicial.

JUZGADO DE PRIMERA Nº 5 DE SABADELL

En Sabadell a catorce de Noviembre de 2011.

JUICIO CIVIL

Parte demandante: Andrés Maestre Salcedo (el mismo Juez que me demandó a mí por la emisión de mi vídeo ¡¡VIVA LA GUARDIA CIVIL!!

Parte demandada: Editora de Diario El País

El Juez Andrés Maestre Salcedo alega que debido a la noticia que publica El País, ha sufrido un daño moral con estrés que ha culminado en la aparición de múltiples adenopatías metabólicas, daños psíquicos, se encuentra con una gran desazón, está nervioso, hundido y alterado, y presenta informes clínicos en los cuales se especifica que dicho Juez ha sufrido un infarto de miocardio, un infarto cerebral y que está en tratamiento psiquiátrico.….

¡Coño!, me digo…. ¡ Los mismos informes clínicos con los que me emplumó a mí debido a la emisión de mi vídeo ¡¡VIVA LA GUARDIA CIVIL!! Para que podáis verificar cuanto digo ver mi otro vídeo LA BATALLA POR LA LIBERTAD

Total, que el Juez reclama a El País una indemnización de 80.000 € en concepto de daños físicos, morales y a su “honor”. Según el Fallo, dicha cantidad queda reducida a 10.000 €, que el Juez supongo se embolsa.

Pero está visto que el mencionado Juez con eso de las indemnizaciones lo lleva más que crudo. De mí pretendía obtener 30.000 € alegando idénticos daños clínicos, y la cifra ha quedado reducida a 3.000 €. Sin embargo asimismo se me ha impuesto una multa de 1.620 € , pero a la Editora del diario el País no se le impuso multa alguna.

Existe pues una desproporción en cuanto a la indemnización final que se me exige, 3.000 a mí y 10.000 a El País, teniendo en cuenta que entre la difusión que tiene dicho diario, a la difusión que pueda tener mi blog de Blogger, media un abismo.

Se da la circunstancia que parte del texto que escribió El Pais el 2 de Mayo de 2009 y por el cual El País es demandado por el juez de marras, corresponde íntegramente a lo que yo le digo y denuncio en mi vídeo JUECES, FISCALES, POLICÍAS Y LADRONES emitido el 5 de Marzo de 2009 en el cual lo puse a parir por los mismos hechos. O sea que me adelante dos meses a El País.

Lo cierto es que mi vídeo se basaba en la noticia que publicó el diario catalán “El Punt” fechada el 1 de Marzo de 2009, en la cual se describía el juicio bufo. Dicho vídeo junto con otros sesenta vídeos de producción propia fueron suprimidos de mi canal de YouTube, cerrándose asimismo mi canal por Orden Judicial. (por Orden del ya mencionado Juez)

El gráfico que adjunto corresponde al FALLO del citado juicio. Como podréis comprobar al final del texto, en el apartado 4) el juez encargado del caso especifica: “ no impongo las costas procesales a ninguna de las partes “…..

Visto lo cual repito:

¿TODOS LOS ESPAÑOLES SOMOS IGUALES ANTE LA LEY?…. ¡ NI DE COÑA ¡

A la vista está, ya que además y de entrada, a mí también se me condena a pagar las costas judiciales. Y de tal detalle me acabo de enterar ahora, ya que he recibido un e.mail de mi abogada de Oficio en el cual, entre otros datos, me informa:

“En los próximos días contactarán con usted según he solicitado para que pueda usted aportar la documentación que le pidan y así verifiquen si le conceden Asistencia Gratuita y no tiene que hacerse cargo de las costas judiciales. La Asistencia Gratuita supone que usted no pagaría las costas a no ser que venga a mejor fortuna en los próximos dos años, para cuyo caso sí deberían abonarse.”

O sea que visto el grado de condena y castigo que se me ha impuesto, yo soy más culpable y mi blog de Blogger es más importante y tiene mayor difusión que el diario “El Pais”…..COJONUDO, oiga ustezzz….entonces…

¿TODOS LOS ESPAÑOLES SOMOS IGUALES ANTE LA LEY?…. ¡ NI DE COÑA ¡

Lo único cierto es que todos los españoles somos iguales ante la Muerte.

Yo ignoro si en los próximos dos años tendré mejor o peor fortuna, o si antes de los próximos dos años mis cenizas ya estarán reposando en el Mediterráneo.

Lo que sí sé, es que cuando yo abandone este perro mundo lo haré por la puerta grande y con la satisfacción del deber cumplido…..Otros sin embargo no podrán hacer otro tanto….,Abandonarán su efímero paraíso de iNJUSTICIA por la puerta de atrás, con sus negras togas hechas jirones por la infamia, y teniendo en mente a todas y a cada una de sus víctimas:

Las mal juzgadas y peor condenadas.

José Luís de Valero.

PD: Agradezco a mi buen amigo y tocayo JOSELE la gentileza que ha tenido conmigo al enviarme desde Panamá el ya mencionado ARCHIVO

EL FRACASO DE UN REGIMEN

EL FRACASO DE UN REGIMEN.

EL INÚTIL DESPILFARRO DE LAS DUPLICIDADES ESTADO–CCAA.

POR: JOAQUÍN JAVALOYS (Junio 2012)

La falta de un modelo constitucional autonómico y el hecho de que la descentralización de España se haya hecho para contentar a los nacionalistas y a impulsos electorales de los barones territoriales de los partidos políticos han dado lugar a que resulte un Estado autonómico en el que proliferan las duplicidades o triplicidades, las redundancias y los excesos administrativos, porque se ha generalizado una mentalidad “autonómica” que consiste en asumir la mayor cantidad posible de competencias, porque a más competencias mayor poder, aunque sea necesario endeudarse para ejercer competencias adicionales.

Los políticos gobernantes de las entidades políticas territoriales, comunidades autónomas o ayuntamientos han procurado obtener la mayor cantidad posible de competencias, sin tener en cuenta si ello beneficiaba o no a los ciudadanos y tampoco si podían ejercerlas eficientemente, dados sus recursos disponibles. Finalmente las CCAA se han convertido en voraces mini-Estados que han intentado dotarse de una administración cuasi-estatal, desproporcionada y despilfarradora, en la que abundan las duplicidades.

La concurrencia de administraciones superpuestas (estatal, autonómica, provincial y municipal) es causa de numerosas duplicidades y redundancias. El sistema autonómico existente sufre de falta de coordinación efectiva, que produce duplicidades en la actuación y en su coste, pues han multiplicado por 17 los órganos y entidades de la Administración: 17 Parlamentos, 17 Gobiernos autonómicos, 17 Defensores del Pueblo, 17 Tribunales de Cuentas, 17 Agencias de Protección de Datos, 17 Institutos Meteorológicos, 17 Institutos de Estadística, 17 TVs públicas (algunas de ellas con varios canales) y, en fin, 17 de todo, como un verdadero semi-Estado que se precie. ¡Ah!, y miles de empresas públicas y entes autonómicos; así como órganos representativos para mejorar las relaciones “internacionales”: embajadas y oficinas comerciales y de turismo en el extranjero, amén de oficinas de representación en Madrid y en otras capitales españolas. En 1999, el Gobierno vasco contaba con una única oficina en el exterior (Bruselas). Hoy en día, su red cuenta con ocho embajadas. En los últimos nueve años el País Vasco ha destinado 27,6 millones de euros a esta política. Lo mismo ocurre también en Cataluña, que cuenta con delegaciones en Alemania, Reino Unido, Nueva York y Francia, para lo que se han destinado, en 2009, 25,9 millones de euros.

Actualmente el grado de descentralización del gasto público en las ruinosas CCAA es mayor en España que en cualquier Estado federal. UPyD estima en 40.000 millones de euros el despilfarro existente como “gasto excesivo”, por la existencia de duplicidades y redundancias. Por mi parte, yo creo que esa estimación se queda corta, y que la verdadera cifra de gasto innecesario por duplicidades sería de unos 50.000 millones. En todo caso, dicha cifra es muy considerable, teniendo en cuenta que, en 2011, las CCAA costaron 86.333 millones de euros, solo en personal y gastos corrientes.

Además, hay que tener en cuenta que, en marzo de 2011, los empleados públicos en las CCAA eran 1.748.160, y que de ellos, solo algo menos de la mitad de esa cifra se explica por el traspaso de competencias. En dos años, en plena crisis económica, el empleo público en las Autonomías —que ha favorecido principalmente a militantes de los partidos y a otros enchufados— ha aumentado en 415.316 personas; en enero de 2009, los empleados públicos sólo eran 1.332.844. Ese aumento se debe a que las administraciones autonómicas han seguido creciendo en ese periodo para poder ocuparse bien de las duplicidades y de las redundancias existentes.

Ante estas cifras un observador extranjero, desconocedor de nuestro singular Estado de las Autonomías, deduciría que en España somos muy ricos, a la vista del aumento de empleados públicos y del coste de las lujosas CCAA, por gastos públicos necesarios y por duplicidades y redundancias. Pues ¡nada de eso! Lo que ocurre es que, los gobernantes autonómicos, si no hay consignación presupuestaria para un gasto importante para ellos, acuden inmediatamente a la deuda pública. Efectivamente, la pésima e irresponsable costumbre del endeudamiento se da tanto en las Comunidades gobernadas por el PSOE, como en las del PP y en la nacionalista Cataluña. Todos los partidos políticos tienen el mismo vicio: gastar por encima de lo presupuestado y de las posibilidades. ¡Si al menos lo gastaran bien! Pero, ¡no!: las cuentas de las CC.AA. son escandalosas porque, muchas veces, muestran inútiles despilfarros. ¡Claro!, parece que el dinero que gastan no es de nadie, ni siquiera de los contribuyentes.

El problema es de base. Las CCAA llevan años presupuestando por debajo de lo que gastan en la Sanidad —entre un 15 a 20% menos, según los expertos— y esa diferencia continúa acumulándose. La Infra-financiación es el principal problema que aducen la mayoría de las comunidades cuando se les menciona la deuda. Lo que no dicen es que esa Infra-financiación se debe a que la prestación de servicios sanitarios es, por economías de escala, por lo menos un 20 % más caro si lo gestionan 17 CCAA que si lo hace directamente la administración del Estado.

Por ello, como demostraron S. Alcelay e Y. Gómez, en un artículo publicado en ABC el 2 de abril de 2012, “las Autonomías han doblado el gasto en Sanidad y educación en diez años”. Desde luego, ello no se debe a que han duplicado los servicios sanitarios en diez años, sino al mayor coste de la Sanidad y de la Educación, si la prestan 17 CCAA en vez del Estado, y también a la existencia de duplicidades y redundancias.

En definitiva, lo que resulta indudable es que nuestro modelo autonómico es muy ruinoso para los ciudadanos, que sufren los recortes sociales, los copagos y los aumentos de impuestos que son necesarios para reducir la asfixia financiera de las CCAA, que ellas mismas han provocado con sus despilfarros, sus duplicidades y su excesivo endeudamiento.

Pero, ¿existe alguna manera de eliminar las duplicidades Estado-CCAA? Por supuesto que sí; hay varias formas de eliminarlas. La primera, tan obvia como radical, es eliminar las Autonomías, aunque ello tropieza con dos obstáculos enormes: uno, porque la autonomía territorial es un derecho reconocido en la Constitución española y para eliminarla es preciso modificar profundamente la Constitución; otro, porque los partidos mayoritarios y los nacionalistas prefieren mantener las actuales CCAA en vez de refundar el Estado, ya que las Autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política y para los militantes de los partidos políticos. En efecto, las CCAA mantienen a legiones de políticos y de enchufados.

Para eliminar las costosas duplicidades Estado-CCAA hay que proceder por fases. Lo más urgente es revisar la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, porque aunque el modelo previsto en los artículos 148 y 149 de la CE es asumible, la aplicación abusiva de lo previsto en el artículo 150.2, referente a la posibilidad de transferir a las comunidades autónomas facultades de competencia exclusiva del Estado, ha vaciado la Administración del Estado, que actualmente realiza sólo el 21 % del gasto público, por lo que se ha convertido en una administración residual. Por lo tanto, el Estado debe reasumir las competencias exclusivas que le corresponden constitucionalmente, evitando la mayoría de las duplicidades y redundancias existentes. Todos los españoles, independientemente del lugar en que habiten, deben obtener los servicios sociales con un nivel de calidad similar, pero ya sabemos que ciertas comunidades autónomas, como Cataluña, aplican prioritariamente los recortes presupuestarios a la Sanidad y a otros servicios sociales en lugar de hacerlo en asuntos identitarios y en “adelgazar” la administración y las empresas públicas.

Además, es indispensable la aprobación de leyes orgánicas que normalicen las autonomías territoriales en un nivel semejante, para que todos los territorios autónomos establezcan techos competenciales.

Antes o después, deberemos entrar en razón y, sea para lograr el bien común o por imposición de Europa —tal vez tras una intervención o rescate de España— ante la insostenibilidad económica del “café para todos”, tendremos que conformarnos con el “café para unos pocos” o, incluso, con ningún café para ninguna comunidad territorial. En todo caso, el “café” autonómico debe ser no atractivo. Y el café se conseguirá cuando sea verdaderamente autofinanciable, es decir, solo con los impuestos de los habitantes de cada territorio autónomo, en vez de ser financiado por el Estado; o sea, por el resto de los españoles, como ahora. ¡Ah!, y cuando digo autofinanciación de la autonomía, quiero decir que sea suficiente para pagar también las amortizaciones y los intereses de la deuda pública de cada comunidad autónoma. Y el “café” se conseguirá asimismo cuando las competencias autonómicas sean pocas, tasadas y no ampliables con transferencias de competencias exclusivas del Estado. En fin, el “café” autonómico será amargo si deja de ser el chollo que es actualmente para los nacionalistas, incluso electoralmente, y pasa a ser un mal negocio. Y, por supuesto, a la comunidad territorial que no le guste esa autonomía, siempre podrá renunciar a ella, para ser igual que las otras comunidades de régimen común. ¡Se trata de dejar de privilegiar las Autonomías!

Por supuesto, los partidos mayoritarios y los nacionalistas persistirán en su actitud de no modificar las Autonomías, aunque saben que conllevan costosas duplicidades y ruinosos despilfarros. ¿Qué podemos hacer entonces los ciudadanos para que PP y PSOE se avengan a eliminar las duplicidades Estado-CCAA, y a reformar profundamente las Autonomías? Pues sencillamente luchar democráticamente contra ellos hasta que cambien de actitud sobre este asunto, lo que exige llevar a cabo, entre otras cosas, lo siguiente:

Influir en la opinión pública mediante campañas para que sean conscientes de que deben desaparecer esas costosas duplicidades, reformando el Estado de las Autonomías.

Pedir la celebración de un Referéndum sobre duplicidades Estado-CCAA.

Exigir la devolución al Estado de las competencias de Sanidad, Educación y Justicia, así como de otras que se estimen convenientes para evitar duplicidades y redundancias.

Votar solo a partidos políticos que propugnen la eliminación de esas duplicidades mediante la reforma del Estado de las Autonomías; o, incluso, la eliminación de las CCAA, tras la necesaria reforma de la Constitución.

DESPIERTA ESPAÑA !. Si estas de acuerdo algo se puede hacer.‏

Ley de Reforma del Congreso de 2011 (enmienda a la Constitución)

DESPIERTA ESPAÑA !

En tres días, la mayoría de las personas de este país tendrán este mensaje. Esta es una idea que realmente debe ser considerada y repasada para el Pueblo.

Ley de Reforma del Congreso de 2011 (enmienda de la Constitución de España)

1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y no tendrá jubilación proveniente solamente del mandato.

2. El diputado contribuirá a la Seguridad Social. Todos los diputados (anteriores, actuales y futuros) que están actualmente en el fondo de jubilación del Congreso pasarán al régimen vigente de la Seguridad Social al día siguiente de la publicación de esta enmienda en el BOE. El diputado participará de los beneficios dentro del régimen de la S.Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad.

3. Cada diputado habrá de pagar su plan de jubilación, como todos los españoles.

4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario. Los aumentos de salario estarán previstos en función de una serie de tablas como las que rigen para todos los ciudadanos.

5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles.

6 El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles. Su inmunidad cesará con el cese de su mandato y los hechos delictivos que haya podido cometer habrán de ser juzgados una vez cese su inmunidad parlamentaria sin que, a efectos de prescripción, cuente el tiempo que haya ejercido como diputado.

7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas), después irse a casa y buscar empleo.

Si cada persona pasa este mensaje a un mínimo de veinte personas, en tres días la mayoria de los españoles recibirán este mensaje.

La hora para esta enmienda a la Constitución es AHORA.

ES ASÍ COMO PUEDES ARREGLAR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

NUEVO BATACAZO DE LOS SINDICATOS

Algo que por otro lado no debería sorprendernos. ¿Alguien confiaba en el poder de convocatoria de estos sindicalistas y que la ciudadanía llenara las calles protestando contra la reforma constitucional? De poco importan las cifras de asistencia que unos y otros barajan. Este nuevo intento de Mendez y Toxo por liderar el descontento de los españoles ha sido un fracaso. No han aprendido nada de la desastrosa huelga general de octubre de 2010.

Ayer los manifestantes nos obsequiaron con los mismos mensajes machacantes y repetitivos de siempre, tal vez como aperitivo de las movilizaciones que tienen previstas ante el previsible cambio de gobierno. En ese momento querrán comportarse unos verdaderos sindicatos de clase y no perderán ni un minuto en levantarse contra la siempre odiada derecha española

Y ciertamente no se trata de que estén más o menos cargados de razón, se trata de su falta de credibilidad. Una nula credibilidad que se han ido ganando a pulso a lo largo de los años cuando han mirado para otro lado, han agachado la cabeza ante el drama del paro convertidos en los perfectos sindicatos verticales que rinden pleitesía al gobierno socialista de turno.

Aquí no se cuestiona la necesidad de contar con un sindicalismo que proteja y defienda los derechos de los trabajadores, pero sí de este sindicalismo que ha perdido el sentido de la realidad y que cada vez está más alejado de los problemas que afectan a los trabajadores. Para muchos, CCOO y UGT no son la solución a nuestros problemas sino los causantes y culpables del abismo al que se ha visto abocado nuestro sistema laboral. Son percibidos como organizaciones anacrónicas, con unos postulados decimonónicos, que utilizan ayudas y subvenciones exclusivamente para sus propios intereses, y que no representan ni a una cuarta parte de los trabajadores.

FUENTE: GRITAD LIBERTAD.