La privacidad es la esencia de la libertad. Sin ella, no pueden existir los derechos individuales.

Por / By Ron Paul para MisesInstitute

[Extraído de A Foreign Policy of Freedom]

La privacidad es la esencia de la libertad. Sin ella, no pueden existir los derechos individuales. Privacidad y propiedad están entrelazadas. Si se protegieran ambas, poco habría que decir acerca de otras libertades civiles. Si la casa, iglesia o negocio propios son nuestro castillo y la privacidad de una persona, de sus papeles y efectos, está rígidamente protegida, todos los derechos deseados en una sociedad libre estarán garantizados. Proteger diligentemente el derecho a la privacidad y la propiedad garantiza la experiencia religiosa, periodística y política, así como una economía de libre mercado y una moneda fuerte. Una vez aparece una actitud descuidada con respecto a la privacidad, todos los demás derechos están en peligro.

Hoy vemos un ataque sistemático y persistente a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses, que socava el principio de propiedad privada. Comprender por qué el ataque a la privacidad se está extendiendo rápidamente y reconocer la necesidad de invertir esta tendencia son algo necesario si ha de sobrevivir nuestra República.

La falta de respeto por la privacidad y la propiedad de los colonos americanos por parte del trono británico fue una poderosa motivación para la Revolución Americana y generó la Cuarta Enmienda, clara y de palabras fuertes. Se destaca que las pesquisas y apropiaciones están prohibidas salvo cuando se emita orden judicial por causa probable corroborada por juramento o protesta, dando detalles como el lugar, persona y cosas a embargar. Esto está muy lejos de la apropiación rutinaria del gobierno federal y la expropiación de propiedad que se producen hoy. Nuestros papeles ya no se consideran personales y se ha eliminado su confidencialidad. La propiedad privada es investigada por agentes federales sin anuncio previo. Se imponen enormes multas cuando parecen haberse violado regulaciones federales y se reclama probar la inocencia si alguien decide luchar contra el abuso en tribunales y evitar las duras multas.

Ochenta mil burócratas federales y policías armados patrullan hoy nuestro territorio y establecimientos comerciales. Se monitoriza a grupos religiosos sospechosos y a veces se destruyen su el proceso legal oportuno, con poca o ninguna evidencia de mala actuación. La jurisdicción local y estatal raramente se reconoce una vez que aparecen los federales. Hoy es habitual que el gobierno expropie propiedad ilegalmente, obligando a las víctimas a probar su inocencia para recuperarla. Fracasan muchas veces debido a los costes y los obstáculos legales que se ponen en el camino de la víctima.

A pesar de que los votantes de la década de 1990 han reclamado un cambio de dirección y un gobierno más pequeño y menos intrusivo, se ha acelerado el ataque a la privacidad del Congreso, la administración y los tribunales. Se han planteado o implantado planes para una tarjeta nacional de identidad, un banco nacional de datos médicos, un banco de datos sobre médicos individuales, padres irresponsables, programas intrusivos monitorizando todas nuestras transacciones financieras.

El número de la Seguridad Social se ha establecido como identificador universal. Ahora el número de la Seguridad Social se usa comúnmente para casi todo: obtener un certificado de nacimiento, comprar un coche, ver a un médico, conseguir un empleo, abrir una cuenta corriente, conseguir una licencia para conducir, hacer cualquier compra rutinaria y, por supuesto, un certificado de defunción. La vigilancia del gobierno de la cuna a la tumba está aquí haciéndose cada día más omnipresente. El ataque a la privacidad no es una coincidencia ni un acontecimiento que aparece por ninguna razón explicable. Es el resultado de una filosofía que lo justifica y lo requiere. Un gobierno no dedicado a conservar la libertad debe, por su propia naturaleza, permitir que se erosione este preciado derecho. Un sistema político diseñado, como estaba el nuestro, para proteger la vida, la libertad y la propiedad, protegería con vigor todos los derechos ciudadanos a la privacidad; esto no puede pasar salvo que la propiedad y frutos del trabajo propio de todo ciudadano estén protegidos frente a la confiscación por matones en la calle, así como en nuestros cuerpos legislativos.

Los promotores de la intrusión del gobierno en nuestra privacidad normalmente usan clichés desgastados para defender lo que hacen. El argumento más común es que si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te preocupas? Es ridículo. No tenemos nada que ocultar en nuestras casas o nuestros dormitorios, pero esa no es una razón para que deba permitirse al Gran Hermano monitorizarnos con una cámara de vigilancia.

Lo mismo puede argumentarse acerca de nuestras iglesias, nuestros negocios o cualquier acción pacífica que podamos realizar. Nuestras actividades personales no son asunto de nadie más. No tenemos nada que esconder, pero si no tenemos cuidado, tenemos mucho que perder: nuestro derecho a que nos dejen en paz. Otros argumentan que al hacer funcionar programas públicos eficientemente y sin fraude, se logra un mejor control con un identificador universal, el número de Seguridad Social. Puede que la eficiencia y la protección mejoren con el uso de un identificador universal, pero esto contradice toda idea del papel apropiado del gobierno en una sociedad libre. La mayoría de los programas federales son inconstitucionales, para empezar, así que eliminar el despilfarro y el fraude y promover la eficiencia para un programa que requiere la violación de los derechos de otro no debería ser una gran prioridad del Congreso. Pero la tentación es demasiado grande, incluso para los que cuestionan la sensatez de los programas públicos, y se hace aceptable un compromiso sobre la Cuarta Enmienda.

Nunca he oído una propuesta para promover una tarjeta nacional de identificación o algo parecido ofreciendo una razón que no sea un buen propósito. Esencialmente todos los que votan para permitir la erosión continua de nuestra privacidad y otros derechos constitucionales nunca lo hacen porque apoyen conscientemente un gobierno tiránico: siempre se hace con buena intención.

Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe.

Privacy is the essence of liberty. Without it, individual rights cannot exist. Privacy and property are interlocked. If both were protected, little would need to be said about other civil liberties. If one’s home, church or business is one’s castle, and the privacy of one’s person, papers and effects are rigidly protected, all rights desired in a free society will be guaranteed. Diligently protecting the right to privacy and property guarantees religious, journalistic and political experience, as well as a free market economy and sound money. Once a careless attitude emerges with respect to privacy, all other rights are jeopardized.

Today we find a systematic and pervasive attack on the privacy of American citizens, which undermines the principle of private property ownership. Understanding why the attack on privacy is rapidly expanding and recognizing a need to reverse this trend are necessary if our Republic is to survive.

Lack of respect for the privacy and property of the American colonists by the British throne was a powerful motivation for the American Revolution and resulted in the strongly-worded and crystal-clear Fourth Amendment. Emphatically, searches and seizures are prohibited except when warrants are issued upon probable cause supported by oath or affirmation, with details given as to place, person and things to be seized. This is a far cry from the routine seizure by the federal government and forfeiture of property which occurs today. Our papers are no longer considered personal and their confidentiality has been eliminated. Private property is searched by federal agents without announcement. Huge fines are levied when federal regulations appear to have been violated, and proof of innocence is demanded if one chooses to fight the abuse in court and avoid the heavy fines.

Eighty thousand armed federal bureaucrats and law enforcement officers now patrol our land and business establishments. Suspicious religious groups are monitored and sometimes destroyed without due process of law, with little or no evidence of wrong doing. Local and state jurisdiction is rarely recognized once the feds move in. Today, it is routine for government to illegally seize property, requiring the victims to prove their innocence in order to retrieve their property. Many times they fail due to the expense and legal roadblocks placed in the victim’s way.

Although the voters in the 1990s have cried out for a change in direction and demanded a smaller, less-intrusive government, the attack on privacy by the Congress, the administration, and the courts has, nevertheless, accelerated. Plans have now been laid or implemented for a national I.D. card, a national medical data bank, a data bank on individual MDs, deadbeat dads, intrusive programs monitoring our every financial transaction.

The Social Security number has been established as the universal identifier. The Social Security number is now commonly used for just about everything: getting a birth certificate, buying a car, seeing an MD, getting a job, opening up a bank account, getting a driver’s license, making many routine purchases, and, of course, a death certificate. Cradle-to-the-grave government surveillance is here and daily getting more pervasive. The attack on privacy is not a coincidence or an event that arises for no explainable reason. It results from a philosophy that justifies it and requires it. A government not dedicated to preserving liberty must, by its very nature, allow this precious right to erode. A political system designed as ours was to protect life, liberty, and property would vigorously protect all citizens’ rights to privacy; this cannot occur unless the property and the fruits of one’s labor, of every citizen, is protected from confiscation by thugs in the street as well as those in our legislative bodies.

The promoters of government intrusion into our privacy characteristically use worn out clichés to defend what they do. The most common argument is that if you have nothing to hide, why worry about it? This is ludicrous. We have nothing to hide in our homes or our bedrooms, but that is no reason why Big Brother should be permitted to monitor us with a surveillance camera.

The same can be argued about our churches, our businesses, or any peaceful action we may pursue. Our personal activities are no one else’s business. We may have nothing to hide, but, if we are not careful, we have plenty to lose — our right to be left alone. Others argue that to operate government programs efficiently and without fraud, close monitoring is best achieved with a universal identifier, the Social Security number. Efficiency and protection from fraud may well be enhanced with the use of a universal identifier, but this contradicts the whole notion of the proper role for government in a free society. Most of the federal programs are unconstitutional to begin with, so eliminating waste and fraud and promoting efficiency for a program that requires a violation of someone else’s rights should not be a high priority of the Congress. But the temptation is too great, even for those who question the wisdom of the government programs, and compromise of the Fourth Amendment becomes acceptable.

I have never heard of a proposal to promote the national I.D. card, or anything short of this for any reasons other than a good purpose. Essentially all those who vote to allow the continual erosion of our privacy and other Constitutional rights never do it because they consciously support a tyrannical government; it is always done with good intention.