EL INFORME ES ANTIGUO, SI, DE HACE UNOS AÑOS PERO LAS CIFRAS, QUE HAN IDO EN CLARO AUMENTO Y LOS HECHOS, LO HACEN PERFECTAMENTE ACTUAL Y ES….¡¡¡ATERRADOR!!.

INFORME

Concesión de voto a los inmigrantes: Posibles consecuencias.

Los extranjeros: ¿ árbitros de la política española ?

Según la nota de prensa emitida por el Instituto Nacional de Estadística el 25 de julio de 2006, relativa al Padrón Municipal – cuyos datos son, no obstante, provisionales – el número de extranjeros empadronados alcanza la cifra de 3,88 millones, lo que supone nada más y nada menos que el 8’7 % de la población española, sin contar a los no empadronados que, sin duda, elevarían la cifra de manera ostensible.

De estos extranjeros empadronados, el 23’58 % son ciudadanos de la Unión Europea –entre los que se contaría a los ciudadanos polacos, 1’17 % del total de extranjeros –.

El resto, el 76,42 %, proviene de países extra–comunitarios como Marruecos que, con un 13’77 % se encuentra a la cabeza de los países emisores, seguido de Ecuador con un 10’29 % y Rumanía con un 9’83 %.

Por Comunidades Autónomas, el área levantina es, en líneas generales, la zona que absorve más población extranjera, estándo encabezada la lista por las Islas Baleares, cuya población extranjera supone un 15,6 % de la población total, la Comunidad Valenciana – un 13,4 % respecto de la población total – y Murcia con un 13,3 %.

En cifras absolutas, en Cataluña habría algo más de 866 mil extranjeros empadronados, seguida por Madridcon más de 695 mil, – sin contar los polémicos 50 mil supuestamente no contabilizados por el INE –, la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Es interesante notar que, aunque Andalucía cuenta con 462.700 extranjeros empadronados y las Islas Baleares con sólo 153.700, el porcentaje respecto a la población total es de 15’6 % y 5’8 % respectivamente.

Así mismo, aunque en Castilla-La Mancha hay 126 mil extranjeros empadronados y en la Comunidad Foral de Navarra sólo 54 mil, el porcentaje de extranjeros empadronados respecto a la población total es de 6,6 % y de 9,1 % respectivamente.

Como último ejemplo, en Cantabria hay 22.800 extranjeros empadronados que suponen un 4 % de la población, mientras que en Asturias hay 29.700 extranjeros empadronados que supndrían sólo un 2’8 %.

No pretendemos hacer aquí un análisis exhaustivo de los datos ofrecidos por el INE, sino poner de relieve el peso alcanzado en España, a todos los niveles, por la población extranjera, algo que no ha pasado desapercibido a los partidos políticos dominantes: La inmigración supone una bolsa de votos por explotar y todos han considerado la posibilidad de conceder el derecho a voto a los extranjeros.

Aunque resultaría muy interesante contar con un estudio sociológico profundo y completo sobre la población inmigrante que, entre otras cosas, tuviera en cuenta los contextos sociológicos, históricos y culturales del país de origen, así como los valores, concepciones y prejuicios de los inmigrantes, a fin de conocer mejor las posibles inclinaciones políticas de dicha población, sólo diremos que el inmigrante viene con un bagage ideológico y político concreto configurado o condicionado por sus experiencias históricas, colectivas o individuales, por su cultura, etc. que puede inclinar al inmigrante hacia una u otra tendencia ideológica o partidista en España, de manera que no está, necesariamente, “todo el pescado vendido”, como quizás algunos analistas y estrategas políticos anhelan.

No obstante, si en su país de origen el inmigrante puede sentirse inclinado hacia una u otra tendencia, o puede estar interesado por la política con vistas a mejorar el futuro de su país, en España es probable que no se sienta tan obligado a votar por aquella opción que considere mejor para el país receptor como tal, sino en tanto en cuanto es inmigrante: Es decir, que no votará pensando tanto en qué puede ser mejor para los ciudadanos españoles, sino en qué es lo mejor para él como ciudadano o trabajador extranjero.

Es por esto que el campo está abonado para la demagogia: Los partidos ya no competirán tanto por conseguir mejoras para los ciudadanos españoles, cuyo voto está ya decidido y condicionado por diversas experiencias, prejucios y concepciones pre–establecidas – algo que tiene mucho que ver con el dramático envejecimiento de la población –, sino que competirán por dar más privilegios y derechos a los inmigrantes, al constituirse en protagonista, incluso árbitro de las contiendas electorales, máxime si atendemos al elevado porcentaje de extranjeros presentes en nuestros municipios, Comunidades Autónomas y Estado, en general.

¿ Más derechos y privilegios para los inmigrantes en detrimento de los españoles ?

Efectivamente, los sectores que tradicionalmente habían centrado la atención y la estrategia electoral de los partidos políticos, – por constituir sustanciosas y nuevas bolsas de votantes–clientes por exprimir –, tales como las mujeres o los jóvenes, se verán cada vez más marginados y ninguneados por esta nueva fuerza electoral que constituyen los inmigrantes. Dado que el ciudadano extranjero no votará tanto en función a sus ideas políticas, como en función a lo que pueda obtener del gobierno del país receptor, los partidos políticos ampliarán y profundizarán cada vez más en las cesiones al colectivo inmigrante, generalmente, en detrimento del ciudadano español: Prioridad en la concesión de plazas en guarderías y colegios, en la adjudicación de pisos de protección oficial, ampliación de prestaciones sociales o de voto a los ilegales, ampliación del voto para Congreso y Senado, laxa concesión de ciudadanía, exenciones fiscales a los empresarios que contraten a inmigrantes o a mujeres inmigrantes, mayores ayudas a los inmigrantes emprendedores…

En definitiva, mientras que los inmigrantes serán objeto de las mayores atenciones por parte de los partidos políticos, ansiosos de hacerse con su decisivo voto, los españoles dejarán de ser los protagonistas de la política, ya no tendrán apenas peso para los partidos políticos a la hora de diseñar sus estrategias electorales, serán más un complemento que el objeto de la acción política, lo que indudablemente habrá de repercutir en sus derechos sociales, laborales, etc.

El envejecimiento de la población española contribuye decisivamente a este proceso: Los jóvenes son los activistas políticos y los que tienen todo un futuro por delante del que preocuparse por despejar amenazas a su supervivencia, además que, como trabajadores en activo, no se encuentran condicionados (amenazados) por el fantasma del impago de pensiones… El hecho de que gran parte del electorado español supere los sesenta años limita las posibilidades de movilización y organización cívica y política en defensa de los derechos sociales y laborales de los ciudadanos españoles.

A un nivel jurídico, el concepto de ciudadanía, se relativizará y banalizará tanto que perderá su sentido. La ciudadanía, tal y como la entendían griegos y romanos, se parecerá cada vez más al modelo de los bárbaros germanos o hunos, un simple aglutinamiento de clientes basado en la adhesión a uno u otro líder tribal, en este caso, a uno u otro jefe de partido, a cambio de asegurar botín.

Ni siquiera la ampliación de ciudadanía a todos los habitantes del Imperio Romano ejecutada por Caracalla?? tiene parangón con el proceso de relativización del concepto de ciudadanía española o europea, dado que, al menos, los dirigentes romanos tenían claras las raíces y valores que definían la identidad Roma y la excelencia de la Civilización romana.

Por su parte, más que “grupo de presión” inmigrante podemos llegar a una estrategia de presión muy similar a la llevada a cabo por los nacionalismos “clásicos”: Mientras que el “grupo de presión” tiende más a evitar un agravio, a establecer un equilibrio frente a otro grupo de presión contrario o a procurar cierta atención a un colectivo concreto, la estrategia nacionalista se ha caracterizado por agitar agravios reales o inventados, mantener una constante presión reivindicativa y ampliar cada vez más sus privilegios incluso hasta llegar a un desequilibrio brutal, – «asimetria» lo han venido a llamar –, en el que el supuesto o real agravio a enmendar no sólo ha sido reparado con creces, sino que se ha reparado a costa de agraviar o perjudicar a otros grupos o regiones.

Todo apunta a que ésta estrategia de exigencia–cesión, a cambio de privilegios para los que piden y poder para los que dan, se repita en España con los inmigrantes, estrategia articulada por una izquierda que, por un lado, considera que va a ser masivamente apoyada por los extranjeros y que, por otro, es consciente del peso electoral que tiene la población inmigrante precisamente en las comunidades autónomas sólidamente gobernadas por el Partido Popular en las que, además, apenas han podido consolidarse partidos nacionalistas de izquierda con los que el PSOE pudiera pactar para desplazar al PP del poder, un Partido Popular que, por su parte, no ha querido quedarse atrás en la tarea de granjearse el apoyo de los trabajadores extranjeros.

Dado que los grandes partidos de ámbito nacional, PSOE, PP e IU, están súmamente interesados en explotar ésta nueva bolsa de votantes, es muy probable que no dentro de demasiado, los extranjeros se conviertan en árbitros de la polítca española, especialmente a nivel local, e incluso a nivel de comunidad autónoma o estatal. Así, los partidos políticos estarán más preocupados por hacerse con el apoyo de éste jóven, dinámico y cada vez más numeroso colectivo inmigrante, de manera que es previsible que inicien una delirante carrera de concesiones de cada vez más y más derechos y privilegios a los extranjeros, en detrimento de los ciudadanos españoles que, como dijimos antes, ya no serán objeto prioritario ni del Estado de Bienestar ni de las propuestas de acción política y social diseñadas por los partidos políticos.

Suecia y la concesión del voto a los inmigrantes

Suecia se ha caracterizado caracterizdo siempre por su espíritu progresista y multi–cultural, así como por una generosa política de admisión de refugiados y de protección de los extranjeros. Respondiendo a éste espíritu, aunque también a una estrategia electoral, el gobierno social–demócrata concedió en 1976 a todos los extranjeros que hubieran residido en el país por lo menos tres años, el derecho a voto y a la candidatura en las elecciones municipales y provinciales, aunque el derecho de voto en las elecciones al Parlamento quedó reservado exclusivamente a los ciudadanos suecos. La estrategia electoral social–demócrata estuvo muy bien concebida, dado que poder estaba muy centralizado en Suecia y, en consecuencia, ni los municipios ni las regiones tenían apenas competencias o capacidad decisoria alguna. No obstante, la experiencia sueca puede servirnos de ejemplo a la hora de estudiar algunos de los efectos de la concesión del voto a los inmigrantes.

No obstante, no debemos perder de vista que, “en el período de 1968 a 1970 vinieron a Suecia 166.000 ciudadanos extranjeros en total, de los que 100.000 fueron finlandeses” y que, todavía en 1996, “alrededor del 50% de todos los extranjeros en Suecia procedían de los demás países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega)”, países que en 1954 habrían firmado un convenio de mercado común nórdico del trabajo. Tenemos, pues, que la llegada de trabajadores extranjeros a Suecia estaba regulada y que respondía a las complementarias necesidades de los distintos países, – Suecia necesitaba mano de obra para sus industrias y los países del entorno necesitan puestos de trabajo para sus ciudadanos –. Por su parte, ésta población inmigrante poseía un nivel de educación considerable, era más homogénea culturalmemte y, posiblemente, era más estacional que permanente. Sin embargo, el porcentaje de inmigrantes de países no pertenecientes al Consejo Nórdico o a la Unión Europea, se ha ido incrementando en los últimos años, lo que ha ido generando una serie de turbaciones, agravadas por el colapso del modelo de Estado social–demócrata.

Uno de los efectos del incremento de la inmigración, ha sido la aparición del fenómeno conocido como “white flight” o “huída de blancos” que ya sacude Holanda y Reino Unido: Muchos suecos han optado por abandonar barrios o ciudades conflictivas o por llevar a sus hijos a colegios con un procentaje menor o nulo de alumnado extranjero, en lo que la Fundación Blågula Frågor denomina “votar con los pies”, dado que una sociedad tan “políticamente correcta” como la sueca, no puede permitirse el lujo de mostrarse como insolidaria o xenófoba.

Sin embargo, muchos ciudadanos suecos han decidido romper con las convenciones y las rígidas y extravagantes reglas de lo “políticamente correcto” y han manifestdo democrática y cívicamente su protesta: Por ejemplo, en 1988 se celebró en Sjöbo un referendum sobre la acogida de inmigrantes en la provincia, en el que el 76% votó no. Por su parte, en las últimas elecciones de septiembre de 2006, partidos que reivindican los derechos de los ciudadanos suecos y alertan sobre los efectos nocivos y los desequilibrios que puede causar una inmigración excesiva o descontrolada, aumentaron significativamente su porcentaje de apoyo.

¿Hasta qué punto la concesión del voto a los inmigrantes, a nivel municipal y provincial, ha podido favorecer políticas cada vez más exigentes de discriminación «positiva» en aquellos municipios o regiones con una notable presencia de población inmigrante?

La huída de ciudadanos suecos de sus barrios o localidades, ¿es resultado de ésta política de discriminación «positiva» que les deja en una situación de exclusión y desventaja en favor de los inmigrantes, principales destinatarios del presupuesto municipal, de la inversión pública y de las prestaciones sociales?

El ciudadano español medio debería preguntarse qué ha ocurrido cuando ciudadanos de sociedades tan abiertas y tolerantes como la sueca o la holandesa se han visto obligados a huir, a abandonar sus barrios, escuelas o municipios apabullados por la masiva presencia de extranjeros, y cuando incluso los ciudadanos de las avanzadas, progresistas y multiculturalistas sociedades holandesa y sueca, han decidido organizar y manifestar su protesta contra los efectos de la presión migratoria.

La concesión del voto a los inmigrantes: El caso de los musulmanes.

“Dentro de unos años los musulmanes gobernarán Ceuta y Melilla por mayorías absolutas”.

Así de rotundo se mostraba Mansur Abdussalam Escudero, presidente de la FEERI y antiguo militante comunista, en una entrevista concedida a Webislam cuya lectura resulta súmamente reveladora. Para el presidente de la Federación de Comunidades Islámicas de España, “La población musulmana crece tres veces más deprisa que la cristiana y dentro de 15 ó 20 años será mayoritaria en ambas ciudades, in sha Allah”. Y es que, según Ben Laden, el Islam vencerá o Occidente a través de los vientres de sus mujeres.

Por su parte, según AbdelQader Muhammad Ali, eurodiputado de Izquierda Unida por Melilla, en ésta Ciudad Autónoma “el 40% de la población (…) es musulmana, tiene derecho a voto y compone una fuerza electoral muy importante”. Si a éste 40 % añadimos el 5,8 % de extranjeros, previsiblemente de origen fundamentalmente marroquí, que según el INE están empadronados en la ciudad de Melilla, la cifra de musulmanes censados en la misma se elevaría a un 45 % aproximadamente. No obstante, Abderramán Benyahia, secretario general de la Comisión Islámica de Melilla, eleva el porcentaje a más del 50 %, (Irujo, J. Mª. El futuro de Ceuta y Melilla: La presión de «nuestro» Islam El País, 12/09/05, recogido en la web Marruecos Digital).

Sea como fuere, la rotunda aseveración de Mansur Escudero no parece ser tan descabellada a tenor de las cifras señaladas.

Una de las acusaciones planteadas tanto por las asociaciones islámicas como por algunos musulmanes pertenecientes a partidos políticos o asociaciones culturales, es que los españoles no admiten la idea de que puede existir un islam español, plenamente integrado en la realidad española y por eso, les asusta la idea de que los musulmanes puedan tener un día una presencia decisiva: Para Mansur Escudero, “El estado español debe asumir, de una vez por todas, su parte de identidad islámica que le corresponde. Ese es su deber y su gran prueba”, y para AbdelQader Muhammad Ali, “ser español es una condición que puede muy bien reflejar la realidad islámica, si tenemos en cuenta los ocho siglos de permanencia del Islam en Al Andalus”. ¿Cómo interpretar el concepto de “realidad islámica” esgrimido por los musulmanes españoles? ¿Estámos ante una nueva “realidad nacional” o “nacionalidad histórica”?.

Lo cierto es que en las reivindicaciones musulmanas pueden encontrarse diversos elementos que caracterizan a los moviemientos nacionalistas, desde el agravio histórico (Reconquista, conquista de Granada por los Reyes Católicos, expulsión de los moriscos, el legado andalusí, etc.) hasta la reivindicación lingüística como es caso del árabe en Ceuta y del tamazight en Melilla.

En este sentido, ante el debate en torno a la conversión de Ceuta y Melilla en Comunidades Autónomas y las consiguientes reformas estatutarias, es significativo que los partidos musulmanes Unión Democrática Ceutí y Coalición por Melilla, junto con la Federación Ceutí e Izquierda Unida presentaran una ponencia en la que reivindicaran“la protección y reconocimiento de la identidad étnica, lingüística y cultural de todos los melillenses y ceutíes”. (Noticia recogida en Verde Islam del 18/06/2006).

De hecho IU–ICV planteó, con éxito, ante la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso de los Diputados, una proposición no de ley relativa al fomento de la cultura tamazight, discrimanada según Gaspar Llamazares, para el cual ésta iniciativa ha de servir “para empezar a que haya (sic), al menos, un reconocimiento cultural que empiece por la lengua” (Verde Islam, 22/06/2006). ¿Que empiece por la lengua? ¿Y por dónde habrá de acabar?. Parece que estámos ante un nuevo episodio de nacionalismo basado en la táctica del agravio histórico y de la presión–cesión abierto de nuevo por la izquierda.

Las palabras de AbdelQader Muhammad Ali, compañero de partido de Llamazares, resultan en éste sentido profundamente reveladoras: “Los musulmanes de Melilla ¿se sienten españoles culturalmente? Esa es una (sic) interrogante que habría que trasladar a los musulmanes o al menos a sus representantes”.

Lo cierto es que, a pesar de haber luchado en los años ochenta por obtener la nacionalidad española, como señala Mansur Escudero, “la gran mayoría de los musulmanes residentes en España son marroquíes o de origen marroquí.” y no hay que olvidar que “Marruecos tiene una vocación imperial que hace parte de su ser como estado y naturalmente tiende a expandirse por todos los lados: Sur, Este, Oeste y Norte”, “de ahí que se tenga la sensación en estas ciudades de que, tarde o temprano, España las cederá a Marruecos, sobre todo cuando la mayoría aplastante de la población sea musulmana”.

No obstante, para Mansur Escudero resulta más interesante que “una clase política musulmana gobernante (en Ceuta y Melilla), aparentemente independiente de Marruecos, mantenga vivas las reivindicaciones marroquíes”, para que “éstas reivindicaciones produzcan lo que ya producen hoy, y por otro lado colaboren a servir a los intereses económicos de Marruecos”: “A Marruecos lo que le importará entonces no es tanto la ‘devolución’ de las ‘ciudades ocupadas’ como su control político” yasí,“no abrirá el dossier de Ceuta y Melilla”.

Resulta muy interesante destacar que la estrategia de presión musulmana, estimulada por la izquierda española, se plantea tanto como en forma de petición como en forma de coacción: Para Abdelmu’min Aya, sucesor de Mansur Escudero al frente de Verde Islam, “El día que los musulmanes españoles se den cuenta de que no necesitan al Estado sino que es el Estado el que les necesita a ellos demostraremos haber llegado a nuestra etapa de madurez”-, es decir,que mientras el Estado español ceda, no tendrá que preocuparse ni de Marruecos ni del islamismo radical. ¿Otra vez unos agitan el árbol y otros recogen las nueces?.

Y es que, según Abdelmu’min Aya, “estámos en yihad”, aunque recomienda que “los que están en taqiya (disimulo, ocultamiento) que sigan así; los que no, que tomen la calle. Que se den cuenta de que son miles”… Para muchos , Mansur constituye la cara amable del Islam español, pero los elogios a él dirigidos por alguien que afirma que estámos en yihad y que incita a los miles de musulmanes a tomar las calles, nos obligan a reconsiderar algunas posturas: Mansur me quiere con locura, como yo a él. Él es un santo”.

Sin embargo, esta especie de “nacionalismo andalusí”, como el nacionalismo catalán o vasco, parecen retroalimentarse:Para Abdelqader Muhammad Ali“como musulmanes españoles tenemos todo el derecho a sentirnos insatisfechos, porque hay evidencias históricas que nos legitiman, permitiéndonos situar el listón lo más alto posible”

Según Mansur Escudero: “Hay en España, entre algunos musulmanes españoles, la tendencia a considerar a Andalucía como el Magreb Norte, un poco como pasa en Euskadi con los territorios vascos de Francia. Sé incluso de un musulmán andaluz que en un congreso celebrado en Inglaterra hace unos años se presentó así, como del Magreb Norte, y así constaba en todos los sitios (…)”

Y es que, si para Mansur “Al Ándalus seguirá siendo Al Andaluz para los musulmanes de todas las épocas”, Abdelmu’min Aya resulta mucho más explícito: “Andalucía será dentro de algún tiempo un paisaje islámico bajo la férula de Marruecos”, asegura el Presidente de la Academia de Jurisprudencia Islámica Española.

De hecho, ante la mención hecha por Verde Islam a las predicciones del alquimista medieval Yabir sobre el ‘retorno’ del Islam a España en torno a cinco siglos después de la pérdida de Granada, Mansur responde: “El hecho de que se firmase un acuerdo de colaboración entre los musulmanes españoles con el estado español, cinco siglos justos después de la pérdida de Granada, puede ser y no puede ser significativo”, y es que, como asevera José Luis Rodríguez Bazán entrevistador de Verde Islam, los musulmanes, especialmente los conversos,”se fueron a Granada como lugar simbólico por donde comenzar a reislamizar España”, a lo que su entrevistado, en este caso Abdelmu’min Aya, responde que, efectivamente, “el campo andaluz es una mina a la hora de islamizar esta tierra”.

Según el artículo “El Islam crece a hurtadillas” publicado en la eidición digital de El País, de 15 de enero de 2006, “la comunidad marroquí alcanza ya las 40.000 personas”, – sin contar, por tanto a los conversos y musulmanes de otras nacionalidades –,en Granada, “la población de religión musulmana puede oscilar entre 15.000 y 17.000”, mientras que “la población musulmana en Algeciras, (…) puede alcanzar ya las 10.000 personas”. Un caso significativo, mencionado en el artículo, es el caso de Linares, donde la comunidad pakistaní alcanza los 400 miembros, si bien supone ¡¡ el 24 % de la población !!. Sin duda, “el campo andaluz es una mina a la hora de islamizar esta tierra”.

En una entrevista publicada en LIbertad Digital el 15 de septiembre de 2006, Gustavo de Arístegui, señala que los islamistas llaman a esta estrategia, “la política del pie en el dintel” y menciona las declaraciones recogidas por un equipo de investigación de Telecinco de varios musulmanes del barrio granadino de Albaicín: Si habían sido capaces de conquistar este importante barrio, eran absolutamente capaces de conquistar la ciudad y después, todo al–Andalus.

Y es que ya decía Abdelqader Muhammad Ali, que los musulmanes con DNI español, – esos que el eurodiputado de Izquierda Unida por la Ciudad de Melilla no tiene muy claro que se sientan españoles, aunque estén súmamente interesados en disfrutar de los beneficios que la ciudadanía española les reporta –, “tienen todo el derecho del mundo a sentirse insatisfechos y a poner el listón muy alto”: ¿De la “normalización” lingüística a la integración de una Andalucía islamizada en el Magreb Norte, quizás? ¿Y si tenémos en cuenta que las fronteras al–Andalus llegaron a Toledo y Zaragoza? ¿Qué entiende Abdelmu’min Aya como pago de la “deuda histórica”? ¿Qué cesiones políticas, jurídicas, económicas o territoriales esperan los musulmanes que haga el Estado español?.

Por su parte, teniendo en cuenta el porcentaje de población musulmana, española y sobre todo extranjera, existente en ciudades como Ceuta, Melilla, Algeciras, Granada o Linares ¿Qué escenario abriría la concesión del voto a los inmigrantes?

Una vez más, las declaraciones de Abdelqader Muhammad Ali son enormemente significativas:

“Actualmente hay en Europa más de quince millones de musulmanes europeos. Europa no puede seguir ignorando esa realidad” […] . Si los musulmanes europeos se organizaran podrían tener representación política, porque (las elecciones europeas) son las únicas elecciones que permiten al candidato presentarse desde cualquier punto de la geografía europea. Si el voto musulmán europeo se aglutinara…”

Muchos musulmanes de nacionalidad española, prefieren trabajar en el seno de los grandes partidos, para regocijo de los mismos, muy preocupados por presentar unas impeclables credenciales multiculturalistas, si bien las exigencias islamistas parecen llegar a niveles insospechados: Verde Islam informaba con alborozo, el 19/09/2006, que los partidos catalanes ya incluían candidatos de origen árabe en sus listas, aunque señalaba que CiU, que habría incorporado al médico de origen Jamil Ajram, no podía “ presumir del mismo calado intercultural que el de los socialistas o los ecosocialistas, porque Ajram es de confesión cristiana”.

Ante éstas palabras, me gustaría señalar, permitiéndome un pequeño excurso, que la alianza islamo–progresista está perfectamente engrasada:

Además de seguir dedicándose a dar credenciales de buena conducta democrática y ciudadana, éste párrafo explicita la estrategia forjada entre ambas fuerzas socio–políticas:

Por un lado, los progresistas incitan a los demás partidos a incluir candidatos árabes, pero preferiblemente musulmanes, y éstos, por su parte, dejan claro que los progresistas son los más multiculturales y solidarios con la causa e intereses musulmanes.

Por otro lado, vemos reducido el concepto de multiculturalismo: Sólo se es multicultural si se respeta, ampara y promueve la cultura islámica, orillando en éste caso a los sirios de confesión cristiana que forman parte sustancial de la cultura árabe, de hecho, de una manera mucho más genuina y original de lo que consideran los islamistas.

Hecha ésta observación, seguiremos donde lo dejamos: Si es cierto que, de momento, muchos musulmanes españoles prefieren trabajar en el seno de los grandes partidos, también es cierto que allí donde tienen cierta fuerza, crean partidos para encuadrar al electorado musulmán como es el caso de Unión Democrática Ceutí y la Coalición por Melilla.

¿Qué pasaría si se concede el voto a los inmigrantes, y por tanto a los musulmanes?

¿Votarían a los partidos tradicionales españoles o crearían partidos de corte musulmán?

Si, como anhela Abdelqader Muhammad Ali, los musulmanes se organizaran políticamente para mostrar a los europeos o a los españoles que son una realidad a tener en cuenta, podrían pasar dos cosas:

a) Desarrollarían posiblemente una estrategia de presión sobre los partidos o los gobiernos municipales y autonómicos para obtener cada vez más derechos y privilegios, o icnluso para plantear reivindicaciones cada vez más exigentes.

b) Podrían organizarse como partidos y alcanzar el poder en ciudades y / o comunidades autónomas como Ceuta, Melilla, Granada, Linares, Algeciras…

Como ya adelantamos más arriba, no podemos olvidar que la población inmigrante trae sus propias experiencias e ideas políticas, y por ello no podemos ignorar que el Partido Justicia y Desarrollo cuenta con un importante apoyo entre la población marroquí, y que aunque representa al islamismo moderado, no deja de coincidir con el más radical movimiento e ilegalizado Justicia y Espiritualidad de Yasim, – cuya legalización reclamó Mansur Escudero cuando era presidente de la FEERI, el cual también invitó a su hija, Nadia Yasim a hablar en la sede de la Comisión Islámica sita en Almodóvar del Río –, en torno a reivindicaciones como la arabización total de la educación y la administración o la aplicación de la sharia, o lo que es lo mismo, en cuanto la potenciación de las «referencias culturales islámicas», como las denomina Juan José Escobar en su artículo “Los islamistas en el reinado de Mohamed VI”, publicado en Política Exterior de mayo/junio de 2001.

¿De qué manera podrían entonces los musulmanes de Ceuta y Melilla emplearel manifiesto firmado por los partidos musulmanes y la izquierda por el que se exigía“la protección y reconocimiento de la identidad étnica, lingüística y cultural de todos los melillenses y ceutíes”? Puesto que para los islamistas la aplicación de la sharia y la arabización de la educación y la administración constituyen «referencias culturales islámicas», dado el apoyo con que éstos partidos cuentan entre la población marroquí y dado que la población musulmana en Melilla, por ejemplo, es fundamentalmente de origen marroquí y constituiría alrededor del 50 % del electorado una vez se concediera el voto municipal y autonómico a los inmigrantes… ¿Cabría la posibilidad de que en Melilla alcanzara el poder un partido de corte islamista? ¿Podría incluso llegar a aplicar la sharia en ésta ciudad española? ¿Podría aplicarse indirectamente, sin necesidad de promulgarla como ordenamiento jurídico, a través de leyes que, por ejemplo, restringieran el consumo o venta de alcohol? Teniendo en cuenta que las políticas lingüísticas aplicadas por nacionalistas e izquierda en Comunidades Autónomas como Cataluña, donde las constantes denuncias de vulneración de la Constitución Española o los derechos culturales de los castellano–hablantes no han impedido dicha aplicación, ¿podría un gobierno islamista, a tenor del manifiesto suscrito por partidos musulmanes y de izquierda, forzar la arabización o bereberización de la educación o la administración de ciudades como Melilla, Ceuta, Granada o Algeciras?.

Las contínuas cesiones de la izquierda al colectivo musulmán, – mientras se recortan las ayudas al colecivo católico –, recuerdan al proceso de cesiones que durante las últimas décadas se vienen haciendo a los nacionalistas vascos y catalanes. El caso catalán es, en este sentido, muy significativo: Ante la cesión, el nacionalismo, lejos de moderarse, ha radicalizado en sus planteamientos y actitudes, planteando exigencias cada vez más desorbitadas y grotescas, siempre en detrimento del resto de las comunidades autónomas que ven reducidas las inversiones del Estado en las mismas, lo cual ha de repercutir necesariamente en el conjunto de los ciudadanos españoles.

El musulmán, constituye uno de los colectivos mejor organizado y más cohesionado, y se ha dotado, además, con ayuda de conversos y comunistas, de un discurso victimista e irredentista en la línea de los nacionalismos periféricos clásicos. Llegará el día en que, como los castellanos residentes en Cataluña, los españoles residentes en algunas ciudades del Sur, tendrán que arabizarse e islamizarse si quieren disfrutar de los mismos derechos y prestaciones que la mayoritaria población musulmana empadronada en las que fueran sus ciudades.

Conclusiones: ¿Nos convertiremos los españoles en ciudadanos de segunda?

La concesión del voto a los inmigrantes puede convertir a los mismos en protagonistas fundamentales de la acción política, económica y social de los partidos políticos, en detrimento de una desorganizada y apática ciudadanía española que considera que los recursos públicos son ilimitados.

El colectivo inmigrante, como tal colectivo o como grupos culturales definidos, planteará cada vez más y más exigencias, consciente de su decisivo papel de árbitro en las contiendas electorales.

Los partidos políticos se verán obligados a ceder ante las exigencias planteadas por los inmigrantes, si quieren contar con su apoyo en las elecciones.

Como ya dijimos más arriba, las estrategias electorales y las acciones sociales, económicas, jurídicas, etc. de los partidos se centrarán en los inmigrantes, quedando desplazados otros colectivos, antes prioritarios, como las mujeres, los jóvenes o los parados de larga duración.

Esto implica que los ciudadanos españoles verán lesionados y mermados sus derechos a recibir prestaciones sociales, mejoras salariales y reducido el presupuesto a ellos dedicados, a manos, no ya de ciudadanos de otra comunidad autónoma del Estado espñaol, sino a manos de extranjeros que ni siquiera tienen la ciudadanía española.

Precisamente, el valor jurídico y práctico que tiene para los españoles la figura y concepto de ciudadano se verá desvirtudo y vaciado de contenido, dado que es previsible que una de las principales exigencias de los inmigrantes sea la generosa y amplia concesión de la ciudadanía española a una población en constante crecimiento y apenas integrada en la cultura receptora.

La conservación de una identidad cultural muy definida, y las exigencias y reivindicaciones planteadas en torno a la protección, promoción y “normalización” lingüística, cultural o religiosa por parte de las administraciones públicas, puede llegar a poner en serio peligro la conservación de la cultura de la sociedad receptora.

En definitiva, la concesión del voto a la cada vez más numerosa población inmigrante puede dejar sumido al español a la categoría de ciudadano de segunda y a minoría cultural en su propio país: A estos fenómenos, cuando han ocurrido en países del Tercer Mundo, se les ha denominado discriminación social y económica racista y genocidio cultural.

Ya dijimos que, incluso una ciudadanía tan caracterizada por su espíritu solidario y progresista como la sueca o la holandesa, ha tomado conciencia de sí misma y se ha organizado para defender sus derechos sociales, laborales, salariales, de seguridad, culturales, o lo que es lo mismo, se han decidido a recuperar el lugar que les corresponde como ciudadanos suecos que son.

El equilibrio entre las necesidades de los puebles desfavorecidos y las necesidades de los ciudadanos de las sociedades más avanzadas pasa, en primer lugar, por establecer una Fórmula Migratoria Sostenible que permita el desarrollo de los países emisores sin lesionar el desarrollo y los derechos de las economías y los ciudadanos de los países receptores.

Ante el manifiesto desequilibrio producido por una pésima gestión del fenómeno migratorio, se hace preciso reivindicar dicha Fórmula Migratoria Sostenible beneficiosa para todos, así como exigir el respeto al concepto y figura jurídica de ciudadanía y a los derechos sociales, económicos, culturales, etc. derivados de la misma.

De mantenerse dicho desequilibrio y seguir vulnerándose y nadificándose la figura jurídica de ciudadanía, los ciudadanos europeos corremos el riesgo de padecer, en nuestra propia polis, en nuestra propia República, la discriminación, la merma de nuestros derechos sociales y económicos, la exclusión y un lento genocidio cultural, lingüístico, religioso y, por qué no, étnico.

España se encuentra, en este sentido, especialmente expuesta, dado que puede llegar a generarse un fenómeno que podríamos llamar “irrdentista”, estimulado por la izquierda y por ciudadanos españoles conversos al Islam, y que podría encontrar eco entre la numerosa población musulmana, generalmente concentrada en ciertas ciudades y regiones españolas. Las exigencias de carácter cultural, lingüístico, religioso e incluso territorial, basadas en conceptos políticos como “nacionalidad histórica”, “deuda histórica”, “normalización lingüística”, “protección cultural y étnica” o “discriminación positiva”, y la constitución de consistorios municipales dominados políticamente por musulmanes o de gobiernos regionales condicionados por formaciones políticas musulmanas, podría implicar la aplicación de políticas desiguales o abiertamente discriminatorias para con la población española autóctona, que podría llegar a tener, en caso de ser minoritaria, la condición de dimmí o protegido, con la consiguiente desigualdad jurídica y merma de derechos.

POR FAVOR, LEE, MEDITA Y MANDA ESTE INFORME A TODOS LOS AMIGOS Y TODO CIUDADANO ESPAÑOL PREOCUPADO POR SU FUTURO, SU DERECHO, SU CULTURA Y SU LIBERTAD. GRACIAS.