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Bandas de violadores abusaron de 1.400 menores inglesas: la Policía no actuó porque eran musulmanes

Bandas organizadas de brutos han secuestrado, violado y a veces revendido a 1400 menores de edad.

De: Riete de Podemos – Administración

Sucede en Rotherham, en el norte de Inglaterra.

Un informe publicado recientemente, firmado por la profesora Alexis Jay, que concluye una investigación independiente que le encargó el ayuntamiento, habla claro y no esconde los detalles.

[El informe de 160 páginas puede descargarse en PDF en inglés aquí] 

Describe historias de menores, sobre todo de chicas de entre 11 y 16 años de edad, empapadas de gasolina y a las que se amenaza con prender fuego, amenazadas con pistolas y obligadas a asistir a violaciones brutales, amenazadas de ser las siguientes si hablan de ello con alguien.

De niños vendidos en otras ciudades y utilizados como objetos sexuales.

De más niñas violadas de manera continua hasta el punto que, una vez fuera de la pesadilla, han declarado que “la violación en grupo ya se había convertido en un modo de vivir”.

Esto ha estado ocurriendo durante 16 años, de 1997 a 2014, sin que nadie interviniera.

Sin embargo, las autoridades inglesas locales estaban perfectamente al tanto de estos hechos.

Las autoridades no creían las denuncias

Alexis Jay, la profesora que vencido a 16 años de silencio institucional con su informe

Antes del actual informe Jay, se habían redactado otros tres informes. Todos archivados.

En el primero, las autoridades no habían dado crédito a los datos. Los otros dos informes habían sido sencillamente dejados a un lado. En su opinión, los datos eran «exagerados».

Efectivamente, 1400 víctimas menores de abusos en una ciudad que no tiene ni siguiera 120.000 habitantes es una cifra enorme, absurda en su desproporción. Y, además, se trata aún de una estimación conservadora, porque en estos 16 años las víctimas podrían ser muchas más.

Hay otra causa para este silencio, que está emergiendo con clamor. Los brutos en cuestión, de hecho, no son los padres de las víctimas, no se habla de violadores ingleses, sino de miembros de bandas de pakistaníes, a las que se han añadido iraquíes y algún kosovar.

Inmigrantes que la prensa británica define genéricamente «asiáticos». O que no define para nada.

De hecho la BBC, en las primeras veinticuatro horas de esta noticia, ha borrado totalmente el origen de los miembros de la banda de los horrores.

¡La policía creía a los verdugos y arrestaba a padres!

La policía no se ha movido, o lo ha hecho de manera contraproducente.

Por lo menos en dos casos los padres de las niñas violadas han intentado salvar a sus hijas de los verdugos, pero han sido ellos los arrestados: los verdugos se han hecho pasar por víctimas y su origen, evidentemente, los ha hecho más creíbles a los ojos de los agentes.

Ha habido casos de clara intimidación: chicos que no han denunciado a sus violadores, porque estos les amenazaban con tomar represalias contra sus hermanos o hermanas menores.

Y ha habido muchas denuncias de profesores y miembros del personal escolar de los institutos locales que han sido totalmente ignoradas.

Las víctimas eran atrapadas, a las buenas o a las malas, en el exterior de los colegios y la policía se quedaba mirando.

Unas pocas detenciones… sin ahondar

En 2010 cinco pakistaníes acabaron en la cárcel por violaciones continuas a niñas y adolescentes locales. Pero la investigación no fue más allá, a pesar de que el periódico The Times, en 2012, llegó a la conclusión de que el círculo de violaciones y violadores era mucho más amplio y conocido a la policía desde al menos un decenio.

El caso que centró la atención sobre Rotherham fue el de una joven de 17 años, Laura Wilson, asesinada por haber «ofendido» a las familias de dos pakistaníes que abusaban de ella.

Laura había sido víctima de abusos desde la edad de 11 años y los asistentes sociales lo sabían.

En agosto de 2013, cuatro mujeres iniciaron una acción legal contra la junta de Rotherham por sus «fracasos sistemáticos» en protegerlas de los abusos sexuales sufridos desde que eran niñas a manos de un grupo de hombres.

Una chica, conocida como “Jessica”, declaró que era violada a diario, cuando tenía 14 años, por un joven que tenía diez años más que ella y los servicios sociales no quisieron clasificarla como víctima de abusos.

Los documentos revelan que en por lo menos un caso la policía la encontró en «actitud íntima» con su acosador, deteniéndola a ella (ya confiada a los servicios sociales) y dejándole a él libre.

No querían ser acusados de racistas

La autocensura dictada por al antiracismo ha sido, esta vez, directamente cómplice de los criminales. Efectivamente, esto emerge claramente en el informe de Alexis Jay: las autoridades locales tenían miedo de ser acusadas de «racismo».

«Parece ser que algunos (funcionarios, ndr) pensaban que se trataba de casos excepcionales y que según ellos no se habrían repetido. Otros estaban preocupados por el hecho de indicar los orígenes étnicos de los responsables por miedo a ser considerados racistas; otros, en cambio, recuerdan haber recibido instrucciones claras de sus jefes para que non lo hicieran».

Conclusión: las autoridades no se han movido.

Y sin embargo el fenómeno ya existía durante el decenio anterior.

En el informe de 2003, la relatora de entonces, Angie Heal, había escrito: «En Rotherham, la comunidad asiática local rara vez denuncia (a los culpables, ndr)».

Según la profesora Jay, en el informe Heal ya se describía el aumento de incentivos a quien participara en el tráfico de menores. «En el pasado lo hacían sólo por gratificación personal; ahora, a los inmigrantes asiáticos que están implicados se les ofrece también oportunidades económicas y la posibilidad de hacer carrera».

Ya en el informe de 2006 se llegó a la siguiente conclusión:

«Un cierto número de funcionarios piensa que una de las mayores dificultades para prevenir eficazmente este crimen es el origen étnico de quienes lo perpetran».

Despertar del coma étnico

La BBC, una vez despierta del coma étnico y admitido el origen de los criminales, ha profundizado el tema con diligencia, desvelando como este tabú antirracista ha impedido identificar a las víctimas, no sólo a los verdugos.

Efectivamente, esas 1400 víctimas no serían todas: la mayoría son inglesas, no musulmanas.

Pero hay muchos otros niños y niñas musulmanes inmigrantes a los que aún no se les ha hecho justicia.

Zlakha Ahmed, líder de la organización Apna Haq para la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños de origen «asiático», afirma que «el informe no me ha sorprendido para nada, pues conocíamos este problema desde hace unos años».

Ella misma ha redactado, con su organización, numerosos estudios similares «con la única diferencia que las víctimas son jóvenes mujeres musulmanas asiáticas y los verdugos son hombres pakistaníes musulmanes».

Todo este tacto hacia violadores pedófilos ha ofendido también a los representantes musulmanes locales.

«¿En nombre de qué cohesión comunitaria y de qué corrección política se ha hecho todo esto? ¡No en nombre de mi comunidad!» – reacciona Muhbin Hussein, fundador de la Juventud Musulmana Británica.

«Siento verdadera repugnancia al ver un informe como este que atañe a mi ciudad, Rotherham. El hecho de que estos hombres sean principalmente pakistaníes de origen no les debe proporcionar un manto de invisibilidad».

Y, sin embargo, no es la primera vez que el origen étnico y sobre todo la pertenencia religiosa al islam proporciona un salvoconducto fácil al agresor.

Permaneciendo en Inglaterra, es muy reciente el escándalo de las escuelas islamizadas en Birmingham.

También en ese caso las autoridades locales conocían la existencia de un plan de ocupación e islamización progresiva de las escuelas públicas, pero el miedo a ser acusados de racismo e islamofobia les impidió intervenir a tiempo.

No es el islam el que debe asombrar, sino la increíble ceguera autoinducida de las autoridades.

La Policía nórdica no apunta la etnia de agresores

No se trata de un problema británico; atañe a toda Europa. Y al norte de Europa en particular.

En Suecia y Noruega han aumentado exponencialmente las violaciones de niñas locales, y las estadísticas de la policía ya no indican el origen étnico de los agresores.

Sin embargo, ambos países, en los que la violencia sexual hasta hace dos decenios estaba en los niveles mínimos, ahora están en la cima en las clasificaciones europeas sobre violación; mira por donde, coincide con el inicio de la gran oleada migratoria de los países musulmanes.

Las últimas estadísticas hablan de una mayoría absoluta de casos en los que el agresor era de origen «no occidental», un modo políticamente correcto para indicar al inmigrante islámico.

En Alemania, el pasado abril, el homicida afgano de su ex novia (acusada por él de no querer abortar) ha gozado de atenuantes culturales. No es el primer caso. Y no será el último.

Los atenuantes culturales se están convirtiendo en una verdadera costumbre de la magistratura alemana.

Nos hemos dado cuenta también nosotros [italianos] cuando, en 2007, un sardo, en la Baja Sajonia, gozó del mismo privilegio tras haber violado a su ex novia. El subsecretario de Justicia de la época, Luigi Manconi, habló explícitamente de «ejemplo de racismo contemporáneo».

¿El multiculturalismo es otro racismo?

Y de hecho el multiculturalismo (del que Manzoni, en otras ocasiones, se ha hecho portavoz) ¿qué es, sino racismo contemporáneo?

Su primera regla es: no existen «nuestras» reglas aplicables a «su» comunidad.

Se crean islas de anarquía en las que la sharia es impuesta por los líderes religiosos locales. En Inglaterra este proceso empieza a ser incluso formalizado, con la introducción de tribunales islámicos y la aplicación de la ley coránica en los tribunales.

LA RAZÓN POR LA QUE RAJOY CALLA SOBRE BILDU

 

Mariano Rajoy

El pasado viernes Rajoy hizo una declaración oficial acerca de la sentencia del TC sobre Bildu. En ella decía lamentar dicha sentencia, y si bien afirmaba acatarla, la consideraba “una decisión que no podemos compartir y que supone un paso atrás evidente en la lucha contra el terrorismo”. Desde ese día ha sido imposible sacarle a Rajoy una sola palabra sobre Bildu. ¿A qué responde tal mutismo? Lo más inmediato es pensar que ese silencio se deve a la estrategia marcada por Pedro Arriola de sólo hablar de economía. Sin embargo, hay una serie de hechos que me hacen pensar que estamos ante una estrategia de mayor calado que un mero diseño de marketing electoral. Repasemos algunos de esos hechos.

Objetivo: asegurar la obediencia del TC al Gobierno

Nos situamos en diciembre de 2007, cuando espira el turno de los cuatro miembros del TC nombrados por el Senado, tres de ellos del llamado sector conservador y otro del sector progresista. En el TC hay un empate a seis entre ambos sectores, lo que hace peligrar algunos proyectos ideológicos del Gobierno. El 14 de mayo de 2008 el recurso a la Ley de Violencia de Género se rechaza por siete votos frente a cinco porque uno de los miembros del sector conservador vota junto al ala izquierdista a favor de imponer penas mayores a los hombres que a las mujeres por los mismos delitos, liquidando así la igualdad ante la ley. Sin embargo, están pendientes de sentencia los recursos a dos proyectos legislativos de aún más difícil encaje en la Constitución -el Estatuto catalán de 2006 y la llamada Ley Zerolo (que autorizó los matrimonios del mismo sexo)- y el PSOE no tiene la seguridad de un veredicto favorable a sus tesis.

Una muerte muy oportuna tras un brutal acoso montado por el CNI

Tres días después de conocerse el fallo del TC sobre la Ley de Violencia de Género, el 17 de mayo de 2008 muere en extrañas circunstancias Roberto García-Calvo, miembro del sector conservador del TC. Se trata, sin duda, de uno de los episodios más siniestros de nuestra democracia, pues dicho fallecimiento se produce tras una brutal campaña de acoso montada por el CNI y apoyada por el aparato mediático del Gobierno. La muerte de García-Calvo es de lo más oportuna para el ejecutivo: sin el fallecido, el TC queda repartido entre cinco conservadores y seis progresistas, inclinando la balanza a favor del Gobierno.

Con todo, se trata de una mayoría frágil. En febrero de 2007 el progresista Pablo Pérez Tremps había sido recusado a petición del PP en relación al recurso sobre el Estatuto catalán. Eso deja a los miembros del TC afines al gobierno con menos capacidad de maniobra -se da un nuevo empate entre conservadores y progresistas-, con lo que la sentencia se pospone otros dos años ante los reparos de la presidenta del TC, María Emilia Casas, a usar su voto de calidad para lograr un desempate. En julio de 2010 el TC avala la mayor parte del Estatuto, siendo la mayoría de las votaciones por seis votos (los del sector progresista y el conservador Guillermo Jiménez) contra cuatro (los del resto de miembros del ala conservadora). Para evitar el empate, María Emilia Casas tiene que ceder en algunos aspectos que provocan duras críticas al TC desde las filas socialistas y las iras de los aliados nacionalistas del Gobierno. El Gobierno se da cuenta de que necesita una mayoría más cómoda en el Tribunal.

Una incomprensible claudicación del PP

En este punto, la renovación de los cuatro miembros del TC designados por el Senado seguía aparcada. La negativa sistemática del gobierno de Zapatero a alcanzar cualquier consenso con el Partido Popular deja pendiente esa renovación durante tres años. Sin embargo, a finales de septiembre de 2010 PSOE y PP desbloquean las negociaciones, y lo hacen con una clara y absurda cesión del partido de Rajoy: los cuatro miembros salientes del TC (tres conservadores y uno progresista) serían sustituidos por dos conservadores y dos progresistas, inclinando aún más la balanza a favor del Gobierno y sin que éste haya accedido a cubrir la vacante dejada por el fallecimiento de García-Calvo. Esta incomprensible claudicación del PP, que deja perplejos a propios y extraños, se produce en plena ola de euforia en Génova 13 por las favorables encuestas electorales tras los recortes anunciados por el Gobierno en mayo y la caída en picado de la popularidad de Zapatero. Rajoy ya tiene la certeza de que va a gobernar. En mi opinión, es eso lo que explica la claudicación, como veremos más abajo.

El 1 de diciembre son votados por el Senado los cuatro nuevos miembros del TC. El pacto entre PSOE y PP se cumple como estaba previsto y entran dos nuevos magistrados a propuesta de cada partido. El TC se reparte ahora entre siete progresistas y cuatro conservadores. El Constitucional se convierte en un órgano bajo el total dominio de Moncloa, de tal forma que ya puede planear estrategias para usar al TC como parapeto para maniobras que no se atreve a hacer el Gobierno, como se verá seis meses después con el caso de Bildu.

Bildu: el TC cumple su nueva función de parapeto del Gobierno

En noviembre de 2010 se agota el turno de otros tres miembros del TC: un conservador y dos progresistas. Además, la plaza del fallecido García-Calvo sigue vacante. Al Gobierno no le interesa para nada ocuparla pues ha obtenido una posición de poder absoluto sobre ese Tribunal. Ni siquiera tiene que preocuparse por la actitud díscola del magistrado progresista Manuel Aragón, pues ahora al PSOE le sobran votos para ganar cualquier votación. El 30 de enero, PSOE y PP deciden aplazar esa renovación hasta la próxima legislatura.

Así llegamos a la sentencia sobre Bildu. Manuel Aragón vota junto al ala conservadora contra la admisión de las candidaturas avaladas por ETA. Los demás magistrados del PSOE votan a favor. Bildu es legalizada por seis votos contra cinco. El TC se come el marrón de ser señalado como el responsable de la vuelta de ETA a las instituciones, un papel muy impopular que el Gobierno elude formalmente. El TC cumple así su nueva función de parapeto del ejecutivo.

Rajoy tendría que convivir más de un año con un TC en manos del PSOE

Volvemos en este punto al comienzo de la entrada: el silencio de Rajoy. ¿Qué interés puede tener Rajoy en guardar silencio ante un TC tan politizado y capaz de adoptar resoluciones tan escandalosas como la del caso Bildu? Para obtener la respuesta hay que repasar los próximos plazos y posibles renovaciones del Constitucional. De acuerdo con lo anunciado por PSOE y PP en enero, los cuatro nuevos magistrados designados por el Congreso serían elegidos en 2012. Actualmente esos cuatro puestos se reparten así: dos progresistas (Eugeni Gay y Elisa Pérez), un conservador (Javier Delgado) y una plaza vacante (la del fallecido García-Calvo). Es de suponer que entrarán dos progresistas y dos conservadores, quedando el TC repartido entre siete miembros propuestos por el PSOE y cinco del PP. Si Rajoy gana las Elecciones de 2012, tendrá que convivir más de un año con un TC en manos del PSOE.

El siguiente turno de renovación no llegará hasta junio de 2013. Entonces habrán de ser sustituidos los dos miembros del TC propuestos por el Gobierno (en la actualidad dos progresistas) y los propuestos por el CGPJ (hoy en día, un conservador y un progresista). Si el reparto de los miembros designados por el Poder Judicial se mantiene como ahora y Rajoy ejerce su prerrogativa de designar a dos conservadores, a mediados de 2013 cambiarían las tornas en el TC: siete del PP y cinco del PSOE.

¿Se propone Rajoy usar al TC como parapeto igual que el PSOE?

Así pues, el actual Constitucional aún tendrá dos años para rechazar los recursos a algunas de las leyes más polémicas del zapaterismo: la Ley Zerolo y sobre todo la Ley Aído, que instauró la barra libre para matar a niños no nacidos hasta las 14 semanas de vida. También tendrá tiempo para asegurar otras leyes radicales que prepara el PSOE, como la Ley de Eutanasia y la estalinista Ley de Igualdad de Trato de Leire Pajín. Una vez convertido en la apisonadora ideológica del PSOE, del actual TC cabe esperar más sentencias que retuerzan los preceptos constitucionales para complacer a Ferraz.

Rajoy lo sabe, e igual que el Gobierno ha usado al TC como parapeto para legalizar Bildu, el PP podría usar al TC como coartada para no tener que desmontar el tinglado legislativo del zapaterismo, complaciendo así al ala más tibia del partido. La actual escora de ese Tribunal, provocada por el PP hace ocho meses, invita a pensar que eso es lo que han planeado en Génova 13, pues no es creíble que una claudicación como ésa se hiciese sin tener en cuenta el aprovechamiento que harían de ella los propios populares. El TC podría asumir así toda la responsabilidad de los incumplimientos de Rajoy ante su electorado, minimizando el descontento de los votantes más favorables a la derogación de las citadas leyes. Por eso Rajoy no muestra interés por cuestionar demasiado las decisiones del TC, por polémicas que sean como en el caso de Bildu, y deja eso a sus subalternos. De hecho, que ese Tribunal asuma formalmente lo que de hecho es responsabilidad del Gobierno le sirve al PP como coartada para no romper el pacto con el PSE por la maniobra de los socialistas para facilitar la vuelta de ETA a las instituciones. Ayer mismo Basagoiti criticaba al TC mientras afirmaba que “jamás” romperá el pacto con Patxi López, una posición que sólo se explica en el marco de la estrategia de ambos partidos para usar a ese tribunal como parapeto.

Me gustaría muchísimo equivocarme, pero la tendencia del PP hacia la tibieza en estos últimos tres años y los indicios aquí referidos me hacen esperar lo peor. ¿De qué forma se podría evitar que esta traición se llegue a consumar? Pues ejerciendo una firme presión social sobre Rajoy antes y después de las próximas Elecciones Generales. Antes, para hacer que concrete su compromisos con claridad, sin descargar en el TC su responsabilidad de cara al futuro. Y después, para que una vez en el poder Rajoy -si es que llega a gobernar- cumpla sus promesas o, en caso contrario, tenga que pagar un enorme precio político por traicionarlas.

FUENTE: http://www.outono.net/elentir/2011/05/10/la-razon-por-la-que-rajoy-calla-sobre-bildu/