FULGENCIO COLL

El sanchismo es una buena denominación para la actual situación de España, que puede conducirnos a un punto de no retorno. El apellido del que se dice que ejerce como presidente del Gobierno sirve para describir una situación derivada de un autoritarismo que es difícil de distinguir del despotismo, junto con una osadía y cinismo en el ejercicio de sus funciones, que no conoce límites.

De todos los numerosos desmanes producidos por el Sr. Sánchez, en el ámbito interno nacional, para seguir en el Gobierno, deben de destacarse por su impacto en la integridad del Estado dos: la amnistía ad hoc al golpe catalán y el canje de presidiarios de la organización terrorista vasca a cambio del apoyo al Gobierno instalado en Moncloa.

En 2017 tiene lugar la proclamación de la República Catalana, precedida de un referéndum ilegal, situación mal gestionada por el Gobierno de entonces, que termina con la detención, enjuiciamiento y encarcelación de sus autores. Pero no se ilegalizan los partidos promotores del golpe, que ofrecen su apoyo a Sánchez a cambio de amnistía.

Las soluciones a ambos casos son de gran originalidad. En el caso vasco, los internos se trasladan a las cárceles en territorio vasco a la vez que se transfería la competencia de prisiones al gobierno autonómico de Álava. La pregunta es: para qué querrá una autonomía la competencia penitenciaria. En el caso catalán se procede a la abolición de los delitos cometidos y hasta luego Lucas. Pura transacción en fraude de ley.

Un estado que acoge esas prácticas es muy frágil y su calidad democrática está ausente. La vara de medir para los vencedores del 36 de hace 87 años es una perversa Ley de Memoria, la vara de medir para los terroristas vascos es el acuerdo de convertirlos en socios parlamentarios. Sánchez, tanto en el caso vasco como el catalán, sigue el camino que conduce al desastre. Legalizar a los enemigos del Estado conduce al caso colombiano: Otegi, presidente de la República.

En los cinco años de presidencia sanchista, las instituciones del Estado se han modificado, impunemente, en lo necesario para que el presidente siga en el cargo. La situación, si no fuese trágica para la existencia de la democracia en España, podría calificarse de absurda. Tómese por ejemplo la mutación del Tribunal Constitucional, la presidencia la ejerce una persona objetivamente parcial, apoyada por letrados cuya nominación es evidente que surge del presidente del Gobierno. Por ahora crea derechos cuando su función es vigilar su cumplimiento. Organismos estatales de base técnica como el CIS se ponen continua y descaradamente al servicio del presidente.

La débil democracia española nunca entendió que el Estado era atacado por los independentismos catalán y vasco. En el caso catalán, manipulando el autonomismo hasta la náusea y acabando con la declaración de Independencia. Desde mucho antes del advenimiento constitucional de 1978, el independentismo vasco había declarado la guerra al Estado español, empleando como instrumento una organización terrorista conocida por sus siglas que provocó más de 850 muertos y 2.600 heridos. Habría que preguntarse si el Estado de las autonomías hubiese existido sin la acción terrorista del independentismo vasco.

La evolución política en España y Europa provocó el tardío rechazo del terrorismo, baza que aprovechó el independentismo vasco para negociar su legalización política por la hibernación de la violencia. Esa legalización fue ofrecida al sanchismo como apoyo en el Congreso de los Diputados a cambio de un modesto precio.

Si alguien se imagina que ETA ha sido vencida es que vive en la ignorancia, esa situación no se puede resolver con medias tintas. ETA es el independentismo vasco y se activará cuando lo necesite. El alto el fuego se produjo porque no era rentable y la vía política se prestaba más eficaz. Su estrategia no depende de las legislaturas, es atemporal hasta conseguir su fin y si hay que volver a la violencia, se hará.

El independentismo vasco muestra su verdadero rostro en las listas electorales. Es un acto que pretende humillar al sanchismo, llevarlo a admitir otro trágala. Públicamente lo lamentará, pero acabará aplicándose la legislación democrática, y si hay que transferir a la comunidad vasca la competencia de política exterior se hará.

Es muy probable que la promulgación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, ampliada en 2022, marcase el fin del sistema constitucional de 1978. Se volvía a poner de manifiesto que los nostálgicos de una época que no habían vivido reclamaban una justicia que afectaba al acuerdo constituyente. Incidir en esta herida fue la primera estrategia sanchista al inicio de su mandato, que activa en época electoral. La exhumación de cadáveres y el derribo de monumentos eran factores de su estrategia regeneracionista.

Ante esta situación, creo que queda muy claro que debemos conseguir democráticamente sacar de la Moncloa a un déspota e impostor, capaz de todo. Es posiblemente la última oportunidad que tenemos. Estas elecciones del 28M deben tomarse como un primer paso para conseguirlo.