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SALARIO MÍNIMO: ¿PARA QUÉ?

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Cuanto más produce el individuo, tanto más acrecienta la riqueza de toda la comunidad. Cuanto más produce, tanto más valiosos son sus servicios para los consumidores y, por lo tanto, para los empresarios. Y cuanto mayor es su valor para el empresario, mejor le pagarán. Los salarios reales tienen su origen en la producción, no en los decretos y órdenes ministeriales.

Henry Hazlitt – Economía en una Lección

Por Bernal Mauricio

Por lo general, el argumento económico en favor a incrementar el salario mínimo se resume en que incrementos en el mismo, permitirá incrementar la demanda agregada, lo que permitirá incrementar la producción, lo que a su vez estimulará nuevamente.

De Historia de las Doctrinas Monetarias de Juan Ramón Rallo tratamos el primer argumento, que deriva de la tradición subconsumista y consiste en que, a mayor demanda agregada, mayor oferta agregada. Si bien existen diversos medios para cebar la demanda agregada, uno de ellos es aumentando el salario mínimo por decreto, es decir, que incrementos en el salario están concebidos para incrementar la demanda de bienes de consumo, lo que a su vez, incrementará la oferta agregada. Dicho argumento subconsumista (propio de los mercantilistas) de que sin aumentos en la demanda agregada la oferta agregada se deprimiría deprimiendo a su vez a la demanda agregada en un círculo vicioso de depresiones, podemos encontrarlo en Simonde de Sismondi, quien, sin proponérselo, revivió los razonamientos mercantilistas al igual que Thomas Malthus; posteriormente economistas como James Mill (padre de John Stuart Mill), David Ricardo y Jean Baptiste Say refutaron el argumento subconsumista, puesto que no es la demanda agregada la que determina la oferta agregada y con esto el crecimiento, sino por el contrario, es la producción la que posibilita la demanda de otros productos.

Pero la réplica que definitivamente refuta el razonamiento de que no es la demanda de los consumidores la que consigue la generación de rentas, sino que es la inversión del exceso de renta sobre los gastos de los consumidores la que mantiene altas las rentas se halla en el artículo El mejor test de Hayek para un economista de Jesús Huerta de Soto, para quien:

“Me parece más que nunca que es verdad que la comprensión de la doctrina de que ‘la demanda de producto no es demanda de trabajo’ es ‘el mejor test para un economista’”.[1]

Hayek quiere destacar aquí uno de los puntos clave de la teoría del capital: la estructura productiva real es muy compleja y está formada por muchas etapas, de tal manera que un aumento en la demanda de productos de consumo siempre perjudicará el empleo en las etapas más alejadas del consumo (que son precisamente donde se emplea a la mayoría de los trabajadores). O, en otras palabras, los empresarios pueden perfectamente ganar dinero incluso si disminuye su ingreso (o “demanda agregada”), si reducen sus costes al remplazar trabajo por equipos de capital, generando indirectamente una demanda importante de empleo en las etapas de la producción de bienes de capital más alejadas del consumo.[2]

Ahora bien, dejando de lado las cuestiones de tipo moral sobre si es justo o no incrementar el salario mínimo o, dicho de otra manera, si depende de los políticos y sus arbitrariedades el incrementarlo ¿Qué es lo que incrementa el salario mínimo? Guiándonos por la teoría económica, la productividad marginal que añada el trabajador al proceso productivo es lo que permite lograr incrementos en el salario, sea en una empresa unipersonal, de responsabilidad limitada o sociedad anónima, el principio es el mismo. Si el salario mínimo que decreta el gobierno se ubica por encima de la productividad marginal de un trabajador o, dicho de otra manera, si el trabajador no produce por encima de lo que le impone el salario mínimo, el empresario no tendrá incentivos a contratar, ya que si los costos son mayores al valor que produce incurrirá en pérdidas. En palabras de Henry Hazlitt:

La mejor manera de elevar, por lo tanto, los salarios, es incrementando la productividad del trabajo. Tal finalidad puede alcanzarse acudiendo a distintos métodos: por una mayor acumulación de capital, es decir, mediante un aumento de las máquinas que ayudan al obrero en su tarea; por nuevos inventos y mejoras técnicas; por una dirección más eficaz por parte de los empresarios; por mayor aplicación y eficiencia por parte de los obreros; por una mejor formación y adiestramiento profesional. Cuanto más produce el individuo, tanto más acrecienta la riqueza de toda la comunidad. Cuanto más produce, tanto más valiosos son sus servicios para los consumidores y, por lo tanto, para los empresarios. Y cuanto mayor es su valor para el empresario, mejor le pagarán. Los salarios reales tienen su origen en la producción, no en los decretos y órdenes ministeriales.

Pero además, el incremento salario mínimo aumentará la demanda elevando los precios con el tiempo, lo que terminará traduciéndose en mayores costos de producción dado el mayor costo laboral del incremento del salario mínimo para las empresas; es decir, que por un lado, el salario mínimo eleva la renta del trabajador, pero por otro lado, al elevarse el precio de los bienes que consume el efecto incremento se neutraliza pero termina perjudicando a los trabajadores informales, que difícilmente ganan más allá del salario mínimo.

Y es que el problema de decretar “el” salario mínimo es que no tiene en cuenta las distintas rentabilidades de todas las empresas que producen en el país: ¿el gobierno tendrá el conocimiento de las rentabilidades de todas las empresas que operan en el país como para establecer un “nivel” de salario mínimo tal que beneficie a todas? Si la rentabilidad que estiman los proyectos empresariales no cubre los costos impuestos por el salario mínimo lo que está generando el gobierno aún sin que no se lo haya propuesto es destruir dichos proyectos empresariales y, por tanto, la generación de nuevos puestos de trabajo.

Más aún, puesto que cualquier persona que abra una empresa pagaría un salario que vaya acorde con lo que el trabajador produce, según el documento de trabajo de la Fundación INESAD:

Los bajos niveles de productividad laboral que, en las últimas décadas, representaron, en promedio, apenas el 15% de la productividad de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), y el 38% de América Latina. Aún más, entre 2005 y 2016, la productividad laboral en el país tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de apenas el 0,6%.

Sin embargo, vemos que el salario mínimo por decreto, para el mismo periodo 2005-2016 ¡se ha incrementado 310%! según cifras del INE. Ante este panorama, uno podría preguntarse: si no hay incentivos para contratar trabajadores por parte del sector privado ¿por qué el desempleo bajó? Lo que puede explicarse por: el incremento en la demanda de puestos de trabajo por parte del gobierno y es un factor que explica los elevados niveles de informalidad laboral. Sobre lo primero, escribí un artículo explicando dónde es que creció más la demanda de empleo y por qué no beneficia a la sociedad boliviana. Sobre lo segundo ¿Cuál es el problema de la elevada informalidad? En que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema integral de pensiones (en camino a su estatalización) y supone una merma de ingresos impositivos para el Estado.

Así las cosas, el salario mínimo es un factor que impide la generación de empleo pero no el único, otros factores como la rigidez laboral y la facilidad para hacer negocios en el país, por ejemplo, complementan la batería de medidas que: perjudican sobre todo a los jóvenes en busca de su primera experiencia laboral que actualmente están luchando por incorporarse al mercado de trabajo, desalienta nuevas inversiones, destruye el capital, beneficia a la cúpula de los sindicatos, empeora la competitividad de las exportaciones, lo que a su vez, merma la acumulación de reservas internacionales, etc. Por tanto, el salario mínimo, junto con todas las trabas que impiden incrementar el empleo tienen que eliminarse, de otra forma los efectos secundarios mencionados que afectan a la economía nunca terminarán.

[1] F.A. Hayek, The Pure Theory of Capital, Londres: Routledge, 1976, p. 439. [Teoría pura del capital]

[2] Huerta de Soto, J. (2006). Money, Bank Credit and Economic Cycles, Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute, 2006, pp. 265-395. [Dinero, crédito bancario y ciclos económicos].

Podemos empobrecerá a los más pobres con su ley de salario mínimo.

Una ley de salario mínimo solo decreta la prohibición jurídica de trabajar por debajo de una determinada remuneración. La ley no obliga a subir los sueldos de nadie

JUAN RAMÓN RALLO

El Congreso aprobó el pasado martes una proposición de Ley de Unidos Podemos para incrementar progresivamente el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio de España en el año 2020. Dado que en la actualidad el salario medio de España asciende a unos 1.881 euros mensuales, la propuesta de la formación morada pasa por fijarlo en 1.108 euros mensuales en 2020 (950 euros mensuales en 14 pagas).

La idea parece razonable, dado que únicamente desarrolla la respectiva sugerencia de la Carta Social Europea: a saber, que los salarios mínimos nacionales representen al menos el 60% de los salarios medios. Sin embargo, su fundamentación económica es muchísimo más endeble y peligrosa, justamente por no entender qué es y qué implicaciones conlleva un incremento normativo del sueldo mínimo.

¿Qué es el salario mínimo?

Empecemos por lo básico: una ley de salario mínimo solo decreta la prohibición jurídica de trabajar por debajo de una determinada remuneración. La ley no obliga a subir los sueldos de nadie, dado que el empresario puede optar por despedir al trabajador antes que abonarle un mayor salario. Si muchas personas confunden ambas proposiciones (subir el salario mínimo legal con incrementar los salarios más bajos de la economía) es porque implícitamente asumen que el empresario no podrá permitirse prescindir de sus empleados y, por consiguiente, se verá empujado a incrementarles su sueldo.

Si la aportación mensual que efectúa un trabajador a los ingresos de la empresa es inferior al salario mínimo legal, el empresario optará por despedirle

Pero esta última hipótesis —que el empresario preferirá siempre aumentar la remuneración de sus trabajadores antes que despedirlos— es cuando menos discutible. Si la aportación mensual que efectúa un trabajador a los ingresos de la empresa (lo que suele llamarse “productividad marginal del trabajador”) es inferior al salario mínimo legal, entonces el empresario optará por despedir a su empleado: “Si gracias a ti ingreso 10 pero me cuestas 15, mejor no te contrato”. Imaginen que el Congreso aprobara una “ley de altura mínima”, según la cual los empresarios no pudieran contratar a trabajadores que midieran menos de 1,85 metros: ¿lograría esa normativa aumentar la altura de los obreros más bajitos o más bien equivaldría a prohibirles trabajar por ley? O imaginen que el Congreso aprobara una “ley de ingresos mínimos” para los autónomos, según la cual ningún trabajador autónomo con ingresos inferiores a 1.100 euros mensuales tiene permitido desarrollar la actividad en nuestro país: ¿conseguiría esa ley que los autónomos ingresaran más o simplemente los condenaría al desempleo? El problema de las leyes de salario mínimo es justamente ese: en lugar de contribuir a mejorar las remuneraciones de los sectores más débiles de la sociedad, puede terminar relegándolos al desempleo estructural.

Ahora bien, es verdad que hay muchos economistas que defienden los aumentos del salario mínimo legal. ¿Por qué? Pues una de dos: o porque consideran que parte de los trabajadores están percibiendo a día de hoy un salario inferior a su productividad marginal (es lo que ocurriría en mercados laborales monopsónicos o con comportamientos similares al monopsonio) o porque creen que el incremento de los salarios mínimos contribuirá a elevar la productividad del trabajo de manera endógena (por ejemplo, porque el mayor coste laboral inducirá a los empresarios a reducir sus ineficiencias organizativas internas; o porque el mayor salario actuará como un estímulo keynesiano sobre el resto de la economía; o porque el mayor salario estimulará a los propios trabajadores a volverse más eficientes; o porque el mayor salario desincentivará la alta rotación de empleados en un mismo puesto de trabajo). En principio, pues, no cabe rechazar teóricamente de plano que un cierto incremento del salario mínimo pudiera generar un incremento sostenible de la ocupación y de las remuneraciones.

Por tanto, para conocer la relevancia real de los anteriores efectos no queda otra que recurrir a la empírica: ¿qué nos dice la experiencia acerca de las consecuencias de los aumentos del salario mínimo legal?

Efectos del salario mínimo

En 2009, los economistas Hristos Doucouliagos y T. D. Stanley publicaron una meta-análisis de 1.474 estimaciones acerca de los efectos del salario mínimo sobre el empleo, y el conjunto de tales estimaciones mostraba que, por cada incremento del 1% en el salario mínimo, el empleo se reducía un 0,19%. Es decir, si Unidos Podemos propone aumentar el salario mínimo legal un 45%, el empleo tenderá a reducirse un 8,5% con respecto a los niveles actuales: una destrucción de 1,5 millones de puestos de trabajo.

Es verdad, sin embargo, que Doucouliagos y Stanley consideran que su devastadora estimación sobre los efectos del salario mínimo se debe a que existe un sesgo de publicación entre los ‘journals’ de Economía: esto es, que los autores y los editores tienden a publicar en mayor medida análisis críticos con el salario mínimo que análisis favorables al mismo. Pero fijémonos en que la exoneración de los efectos destructivos del salario mínimo no se debe a que la evidencia disponible concluya que el salario mínimo es inocuo, sino a la presunción de que la evidencia disponible no es totalmente válida.

Si Unidos Podemos propone aumentar el salario mínimo legal un 45%, el empleo tenderá a reducirse un 8,5%: una destrucción de 1,5 millones de puestos

Pero supongamos que, en efecto, un incremento del salario mínimo no provoca destrucción neta de empleo porque la evidencia negativa sí se halla sesgada. ¿Significa ello que carece de consecuencias negativas sobre los trabajadores? En absoluto. La destrucción de empleo es solo uno de los posibles canales de transmisión de una subida del salario mínimo, pero hay al menos otros cinco canales negativos para los que contamos con diversos grados de evidencia empírica:

Ralentización de la creación de empleo: El incremento del salario mínimo no tiene por qué reducir el volumen de empleo actual, sino que bien puede frenar la creación de nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, los economistas Meer y West estiman que un aumento del 10% en el salario mínimo conlleva una reducción del 25% en el ritmo de creación de empleo. Dado que Unidos Podemos desea aumentar el salario mínimo más de un 40%, ello significaría que la creación de empleo de la economía española se frenaría por entero.
Reducción del número de horas trabajadas: Los empresarios pueden no despedir a aquellos trabajadores cuyo salario mínimo ha aumentado, pero sí pueden reducir el número de horas por las que los contratan (sustitución de la jornada a tiempo completo por jornada a tiempo parcial). Si la hora de trabajo sale más cara, su demanda de horas de trabajo cae.
Reducción de los salarios en especie: Los empresarios pueden compensar el mayor coste salarial con un menor coste no salarial (por ejemplo, una menor inversión en formación interna), de modo que la remuneración total de un trabajador no cambiará pese al mayor salario mínimo legal.
Sustitución de trabajadores no cualificados por trabajadores cualificados: Imaginemos que la productividad de un trabajador no cualificado es 10 y la de un trabajador cualificado es 15. Si el coste de contratar al no cualificado es 5 y el de contratar al cualificado es 12, el empresario preferirá incorporar al trabajador no cualificado (su margen de ganancias es mayor). Sin embargo, si se eleva el salario mínimo de 5 a 8, pasará a ser más rentable contratar al trabajador cualificado, de modo que el empresario podría optar por despedir a los empleados no cualificados para incrementar la contratación de los cualificados (el efecto del salario mínimo sobre el empleo total sería nulo, pero saldrían perdiendo aquellos a los que se quería beneficiar con el mayor salario mínimo).
Aumento de precios: Los empresarios que vendan bienes o servicios con una demanda muy inelástica podrán repercutir su mayor coste salarial sobre los precios finales. Pero, evidentemente, si los precios de los bienes de consumo aumentan, los salarios reales de todos los trabajadores se reducirán. O dicho de otro modo, el aumento nominal del salario mínimo de algunos trabajadores ocasionará un recorte del salario real de otros trabajadores. ¿Cuál es el saldo neto de este efecto redistributivo entre los que ganan y los que pierden? De acuerdo con un reciente estudio del economista Thomas MaCurdy, el efecto es netamente perjudicial para los más pobres (pues son ellos los que consumen un mayor porcentaje de los productos que más se encarecen).

La evidencia disponible, pues, no parece avalar un incremento del salario mínimo en España: incrementar la frontera mínima legal a partir de la que está permitido trabajar en nuestro país solo contribuirá a reducir muy significativamente el empleo y a hundir los ingresos reales de las familias más pobres. Un riesgo que, con una tasa de paro del 20%, no nos podemos permitir.

Incrementar la frontera mínima legal a partir de la que está permitido trabajar contribuirá a reducir el empleo y a hundir los ingresos de las familias más pobres

Ahora bien, imaginemos que somos relativamente escépticos con respecto a los resultados anteriores. A la postre, sigue habiendo numerosos economistas partidarios de subir el salario mínimo legal. ¿Quedaría en tal caso justificada la propuesta de Unidos Podemos? No, ni mucho menos. Incluso aquellos economistas partidarios de subir el salario mínimo son conscientes de que, a partir de ciertos umbrales, el efecto es siempre negativo. Tomemos el caso de uno de los más destacados defensores académicos de incrementar los salarios mínimos: el profesor Arindrajit Dube.

Dube defiende que los distintos estados que componen EEUU fijen un salario mínimo equivalente al 50% del salario mediano de ese estado. Él mismo reconoce que se trata de una propuesta osada y arriesgada —“la propuesta de incrementar el salario mínimo hasta el 50% del salario mediano va algo más allá del rango salarial para el que disponemos de una mejor evidencia empírica”—, pero por la que cree que merece la pena apostar. En España, el salario mínimo ya representa el 47,8% del salario mediano (el salario mínimo en doce pagas son 764 euros mensuales y el salario mediano en 2015 fue de 1.596 euros), de modo que incluso para economistas como Dube tendríamos poco margen para incrementarlo sin considerables riesgos.

Sucede que Unidos Podemos no pretende aumentar el salario mínimo al entorno —o algo por encima— del 50% del salario mediano, sino al 60% del salario medio, lo cual equivale al 70% del salario mediano. Se trataría, con diferencia, del salario mínimo relativo más elevado de toda la OCDE. Una absoluta imprudencia que multiplicaría todos los riesgos de destrucción de empleo en una economía que ya padece una altísima tasa de paro estructural como la nuestra:

En definitiva, la propuesta de Unidos Podemos de incrementar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio es puro populismo laboral. No existe ningún otro país desarrollado con una regulación salarial tan restrictiva y obstructiva, acaso porque sus consecuencias serían verdaderamente devastadoras: y lo serían, muy en especial, para aquellos trabajadores con menores sueldos. Si a Unidos Podemos realmente le preocuparan los sectores más desfavorecidos de la sociedad, mañana mismo procedería a retirar su pauperizadora proposición de Ley: no lo hará porque su genuina preocupación no son los trabajadores pobres, sino alcanzar el poder a hombros del populismo más descarnado… caiga quien caiga.

Consideraciones sobre el salario mínimo y la relación empleado-empleador como resultado de la intervención del Estado

Por Alejandro Alarma Cabrerizo

El argumento que se esgrime para defender la aplicación del salario mínimo interprofesional es siempre el mismo: la defensa de los derechos de los trabajadores más vulnerables. Es decir, se entiende que con la aplicación de un salario mínimo se protegen mejor los derechos del trabajador y se conseguirá también un mejor reparto de los “ingresos”, que no los “beneficios” de una actividad empresarial. Por tanto, además, se le atribuye al salario mínimo unas virtudes como catalizador para una mejor redistribución de la riqueza.

Nada más lejos de la realidad. Su efecto es más bien contrario a los beneficios que sus defensores predican. ¿Por qué comento esto? Principalmente por una cuestión de teoría económica, además de por los resultados obtenidos donde se ha aplicado.

La única variable a tener en cuenta cuando hablamos del salario minino es la “productividad”. El salario está directamente relacionado con la productividad y por lo tanto, cualquier subida salarial que no vaya de la mano de un aumento de la productividad tendrá solo un impacto en el nivel de precios, provocando inflación.

El principal error de los defensores del salario mínimo es tomar como referencia el “salario nominal”, lo cual no deja de ser otra gran equivocación. Para comprobar correctamente cómo se encuentra el poder adquisitivo de los trabajadores debemos tomar como referencia el “salario real”. Y sabemos perfectamente que éste, solo presenta mejorías cuando ocurren dos cosas: el ya comentado aumento de la productividad y un aumento de la inversión.

El salario real sirve para mostrar si el poder adquisitivo del trabajador se ha reducido como consecuencia de la inflación, o si por el contrario ha aumentado, lo cual sería ideal. Podemos encontrarnos con casos donde el trabajador ha experimentado un aumento salarial, pero este no se ha traducido en un aumento de su poder adquisitivo. Por tanto, la única subida que nos debería interesar son las subidas del salario real ya que se traducirían en un mayor poder adquisitivo para el trabajador. Pero mientras no aumente la productividad, estas subidas solo serán artificiales, como las provocadas por subidas automáticas o programadas del salario mínimo.

Voy a utilizar como ejemplo datos de una economía dinámica como la norteamericana, donde se llevan recopilando estadísticas desde principios del siglo XIX. El primer aumento salarial en EEUU decretado por el gobierno federal ocurrió en el año 1938, y tuvo como resultado un aumento significativo de la tasa de desempleo, especialmente entre los trabajadores con menos formación, curiosamente aquellos a los que estas medidas pretenden ayudar.

Y ¿porque?. Pues, como dice el adagio: «there is no free lunch». En castizo: «no hay tal cosa como una almuerzo gratis, o no es almuerzo, o no es gratis». Cada vez que el gobierno impone una subida del salario mínimo, las empresas actúan en consecuencia, reduciendo personal, jornada laboral, quitando beneficios y por supuesto aumentando el precio final de sus productos. En definitiva, trasladando a los consumidores y por ende a los trabajadores más desfavorecidos el aumento del coste de la contratación.

Por lo que se ve, los políticos parecen no enterarse, o bien, prefieren seguir con el discurso electoralista y populista. Desde 1938 el salario mínimo en EEUU ha experimentado subidas en veintidós ocasiones. Según un estudio publicado en 2012 por Mark Wilson, los aumentos del salario mínimo en gran parte del siglo pasado no tuvieron ningún efecto a la hora de reducir el número de ciudadanos en situación de pobreza. Todo esto unido a los efectos que una subida de precios tendría sobre la inflación son argumentos más que sólidos para posicionarse en contra de la intervención del Estado a la hora de regular las condiciones económico-laborales.

Desgraciadamente, el control sobre el salario mínimo no es la única injerencia del Estado en las relaciones empleado-empleador. Tenemos los dichosos convenios colectivos regulados por sindicatos y gobierno, y que imponen a la fuerza a empresas con realidades económicas totalmente distintas en una especie de “café para todos” que solo sirve para reducir la flexibilidad de las mismas y entorpecer a los empresarios y trabajadores, que son realmente quienes mejor conocen su realidad y podrían establecer sus relaciones de forma más eficiente.

Mientras siga primando el discurso populista y desfasado de la actualidad, y continúe imperando el grito a la razón, seguiremos siendo castigados por un sistema que limita nuestras libertades y nos empobrece a todos.