En apenas unas horas, los compañeros de viaje del PSOE en una eventual investidura están exhibiendo sin pudor una falta de compromiso con las más elementales formas democráticas

Después de que el Rey propusiera a Pedro Sánchez como candidato para la investidura, se ha abierto el tiempo en el que el presidente del Gobierno en funciones debe buscar los apoyos parlamentarios para intentar revalidar su mandato al frente de un nuevo Ejecutivo. Han bastado unas horas para constatar que los socios del PSOE son, cuando menos, un tanto anómalos. En primer lugar, no podemos normalizar que formaciones políticas como EH Bildu, Junts, ERC o el BNG no hayan comparecido a la ronda de consultas iniciadas por Felipe VI. La descortesía de estos partidos nacionalistas con la jefatura del Estado y con lo que representa deberían ser prueba suficiente para evidenciar que los compañeros de viaje que el PSOE ha escogido para una posible investidura no cumplen con los requisitos mínimos de institucionalidad democrática que serían deseables en quienes están llamados a servir de sostén para un eventual gobierno. La situación no mejora sustancialmente en lo que se refiere a Sumar. Durante el tiempo en el que Alberto Núñez Feijóo intentó tejer una legítima mayoría parlamentaria, Yolanda Díaz no creyó oportuno reunirse con el líder del partido más votado en las pasadas elecciones generales. En aquellos días, la vicepresidenta segunda no tuvo reparos, en cambio, en reunirse en Waterloo con Carles Puigdemont y posar, entre sonrisas, delante de los fotógrafos.

Hace muy pocos días se hablaba de una investidura exprés y se valoraba como fecha posible el 17 de octubre. Aquella estimación optimista parece haberse desdibujado ya que desde Sumar han planteado como límite para las negociaciones la última semana de este mes. Sólo un ingenuo podría considerar que Yolanda Díaz no aceptará cualquier propuesta que le formule Pedro Sánchez sean cuales sean los detalles de la oferta. Una repetición electoral sería letal para Sumar, por lo que la extensión de este nuevo plazo sólo es una mascarada para que el PSOE y Junts puedan negociar el encaje de una inaceptable amnistía y otras prebendas fiscales. El activismo de Armengol, dando por hecha la investidura al tiempo que no fija un plazo, vuelve a dar muestra de su paradigmática mala praxis. Cada acción de la nueva presidenta del Congreso pone de manifiesto su falta de pericia así como su impúdica parcialidad.

Desde Junts las cosas tampoco parecen estar enteramente claras. Una asociación llamada Consell de la República votará la posibilidad de bloquear la «investidura en el Estado español». Este consejo es una entidad privada y fue creada por Puigdemont en Bélgica tras huir de la justicia. El sector crítico con la gestión del prófugo es minoritario, por lo que esta consulta no debería arrojar un resultado distinto del que decida el propio fugado. Sin embargo, la mera posibilidad de que se pueda privatizar una decisión de tanto calado demuestra a las claras el nivel de surrealismo político al que Sánchez está condenando a nuestro país al otorgar un protagonismo fundamental a Junts y a alguien como Puigdemont. Han bastado unas horas para que se hagan evidentes los frágiles e insólitos fundamentos sobre los que el PSOE estaría intentando vertebrar una mayoría parlamentaria que, por lo demás, no dejaría de ser precaria. Lo que parecía una investidura asegurada comienza a exhibir sus primeras fisuras. Independientemente de cuál sea el resultado final, la mera negociación de los apoyos está demostrando una total falta de escrúpulos no ya por personalidades políticamente tan excéntricas como Puigdemont, sino por aquellos que están dispuestos a entregarles la llave de la gobernabilidad de España a formaciones políticas alejadas de las más elementales formas democráticas.

FUENTE: ABC