Diseccionamos el programa electoral de los morados en aquellas áreas en las que se planteó su entrada en el Ejecutivo.

Pablo Iglesias no será ministro, ni Irene Montero vicepresidenta. Al menos por ahora. En septiembre, ya veremos. Las negociaciones para un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos han fracasado. Y sí, se ha hablado mucho de cargos y de nombres propios. Pero no podemos olvidar el contenido. Lo sustancial. Las propuestas.

Como explican Cristina Losada y Alberto Penadés, nunca ha habido un gobierno de coalición en la UE formado exclusivamente entre socialistas y comunistas. Ni siquiera aquel primer Ejecutivo de François Miterrand de comienzos de los años 80 era como éste que proyectaban Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque en aquel caso había otros partidos involucrados. Por una parte, parece que a los socialdemócratas europeos no les atrae demasiado la posibilidad de compartir en exclusiva el Consejo de Ministros a unos tipos poco preparados, en muchas ocasiones sin ninguna experiencia de gestión y con propuestas que ya parecían antiguas en 1989.

Desde el lado de la extrema izquierda, entrar en un Gobierno como socio minoritario puede ser un arma de doble filo: durante unos años pisas moqueta y ganas relevancia, pero también perderás la pureza ideológica ante tu electorado al que tendrás que explicar por qué se aprueban o no se aprueban determinadas medidas. Y casi siempre, en las siguientes elecciones, el socio minoritario sale trasquilado. Quizás por eso el empeño de Podemos en crear una especie de Gobierno B, en el que los ministros de uno y otro partido marchasen en paralelo, cerca pero sin tocarse.

Mientras tanto, los españoles se preguntan qué habrían hecho los ministros de Podemos si hubieran llegado al poder. Por ahora, es una incógnita. Eso sí, las peticiones de ministerios de los de Iglesias no son producto de la casualidad. Hablamos de carteras clave en el área económica, con mucho presupuesto y competencias muy relevantes. Con una enorme capacidad para intervenir el mercado, las relaciones laborales y la vida de las empresas.

Para los seguidores de Podemos, éste será un resumen de lo que España se pierde. Los que temían la llegada de la dupla Iglesias-Montero al Consejo de Ministros pensarán «de la que nos hemos librado».

Las propuestas

Dividimos las propuestas en cinco apartados. Los que corresponden con los cinco ministerios incluidos en el documento que filtró el PSOE con las exigencias de Podemos. Y tomamos como referencia el programa de la formación de extrema izquierda para las elecciones del pasado abril.

– Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad

En este punto, el objetivo está claro. Podemos quiere «derogar las dos reformas laborales, de Zapatero y Rajoy». Por aquí se intuye el primer elemento de fricción con sus posibles socios. Porque en cada punto del programa en el que se habla del tema, se asocian las reformas aprobadas en 2011 y 2013, por PP y PSOE. Tanto en lo que hace referencia al coste del despido, como en lo que tiene que ver con la negociación colectiva. Podemos quiere cargárselo todo.

De hecho, en las modalidades de contratación y coste del despido, Podemos pide ir más allá de lo que había vigente hasta 2011. No les gusta que se diga esto, pero lo cierto es que plantea un modelo de relaciones laborales más parecido al que salió del franquismo que a cualquiera que haya vigente en la Europa actual. Así, la contratación temporal sería casi imposible: se prohíben los contratos de menos de un mes, se obliga a hacer fijo a los seis meses de contrato y se amenaza con inspecciones a las empresas que despidan temporales para comprobar que no se hace para evitar hacerlos fijos.

Evidentemente, este endurecimiento contra los contratos temporales no va en la línea de promover una contratación indefinida algo más flexible (similar al contrato único propuesto por Ciudadanos), sino todo lo contrario. Podemos pide endurecer las causas de despido objetivo para hacer más complicado recurrir a esta herramienta. Por lo tanto, lo que tendríamos es un encarecimiento muy importante de la contratación, menos flexibilidad para hacer frente a imprevistos en las empresas y un mercado laboral más rígido.

Además, en este mismo sentido, Podemos propone «recuperar el poder de la negociación colectiva, devolviendo a los sindicatos la fuerza que les quitaron las reformas de Zapatero y de Rajoy», otorgando prioridad a los convenios sectoriales sobre los de empresa (más poder para las centrales sindicales frente a los sindicatos de empresa) y retomando la ultraactividad de los convenios (un arma de bloqueo para los sindicatos, que pueden exigir lo que deseen en la negociación, porque mientras no haya acuerdo, se mantiene el convenio anterior).

Pero hay más en este Ministerio. Podemos también propone una «jornada laboral de 34 horas semanales (siete horas de lunes a jueves y seis horas los viernes), sin reducción de salario, y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados». Puede que a algunos les suene bien, pero en realidad es un aumento de costes muy importante para unas empresas españolas que no andan precisamente sobradas en productividad y competitividad.

A los autónomos, se les promete que cotizarán por los «ingresos realmente obtenidos». En el programa electoral se asocia esta promesa a los autónomos de muy bajos ingresos que, efectivamente, verían una reducción de su cuota. A cambio, más del 85% de los trabajadores por cuenta ajena verían un incremento en lo que pagan mes a mes.

Por último (y hablamos de una selección de artículos, en el programa hay mucho más), Podemos introduce una de esas medidas que pueden pasar desapercibidas, porque suenan a lo ya escuchado, pero que tendrían un enorme impacto. Así, la formación morada propone que se considere «discriminación salarial una brecha de más del 20% en las retribuciones de las empresas, de manera que deberán justificarlas ante los tribunales». O lo que es lo mismo, cualquier empresa en la que esto ocurra (el 20% de diferencia) se considerará culpable por defecto y tendrá que demostrar su inocencia. Es decir, se invierte la carga de la prueba, con una consecuencia indeseada muy posible: habrá empresas que se pensarán mucho contratar mujeres con baja cualificación, porque sólo por tenerlas en plantilla se podría ampliar la brecha estadística y tener un problema con la inspección.

En pensiones, Podemos pide derogar la reforma de 2013 (es decir, acabar con cualquier medida de control del gasto) y subir las mínimas y no contributivas (erosionando, todavía más, el carácter contributivo del sistema). Además, propone cambiar las reglas de cálculo para que los nuevos jubilados puedan elegir los años para el cómputo de su base (de nuevo, más gasto). Y, por supuesto, eliminar los topes de cotización (sin tocar la pensión máxima, es decir, sistema todavía menos contributivo) y acabar con los incentivos fiscales a los planes de pensiones.

Por cierto, para cerrar este capítulo, una curiosidad: las políticas activas de empleo, ese conejo que se sacó de la chistera Podemos justo antes de la segunda votación, el pasado jueves, sólo tienen una mención en el programa electoral, en el apartado dedicado a los españoles que viven fuera y quieren retornar. No hay nada sobre el tema en el resto del documento ni propuestas concretas para mejorar la formación de parados o los trabajadores. Es extraño que cobrara tanta importancia a última hora.

– Ministerio de Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude

Detrás de este novedoso nombre (y no es el único ministerio bautizado de forma algo peculiar), lo que se esconden son las propuestas de podemos en materia de impuestos. Aquí el resumen es sencillo: los de Iglesias piden subirlos todos. O casi todos. Hay algunos productos (pocos) que verían reducido el IVA. A cambio, las principales figuras impositivas incrementarían sus tipos:

• «Tipo efectivo mínimo en Sociedades del 15% sobre el rendimiento neto positivo de los grupos empresariales y del 20% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos». A cambio, proponen una rebaja del 25 al 23% para las pymes que facturen menos de un millón de euros al año.
• «Crear un impuesto para las grandes fortunas que grave los grandes patrimonios con el fin de recaudar un 1el PIB. Este impuesto sustituirá al actual impuesto sobre el patrimonio, que es inoperativo, y no podrá bonificarse por parte de las comunidades autónomas»
• Subida del IRPF: por un lado, con dos nuevos tipos del 47 y el 55% para rentas superiores a los 100.000 y 300.000 euros. A esto se le suma la igualación de la tributación sobre el ahorro a los tipos de las rentas del trabajo (esto afectaría a todos, no sólo a las rentas más altas). A cambio, Podemos propone fijar el tramo más bajo del IRPF en el 18% desde el 19% actual.
• Fijar «un impuesto de transacciones financieras que grave las ventas brutas en el mismo día, y no solo las netas».
• Establecer un impuesto a la banca que aumente 10 puntos el tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto sobre sociedades.
• «Bajar el IVA al tipo del 4% a más alimentos y bebidas no alcohólicas, y del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad). También se bajará el IVA de los servicios veterinarios, del 21% actual al 10%, y de los productos de higiene femenina y de alimentación animal, del 10% actual al 4%».
• Fijar un impuesto para operaciones de la economía digital para «empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 500 millones y con ingresos en España superiores a los 3 millones».

Eso sí, aquí hay un desequilibrio: son muchas subidas tributarias, pero no especialmente importantes en términos de recaudación. A pesar de la retórica habitual, el grueso de lo que recauda el Estado llega de las clases medias, no de las grandes fortunas (que no hay muchas en España) o de las multinacionales. Si no subes los impuestos a esas clases medias, no subirás sustancialmente los ingresos.

Por eso, si combinamos estas propuestas con el resto del programa de Podemos que, como veremos, implica muchísimo más gasto, las cuentas no salen. La clave está en lo que proponen los de Iglesias en su primer punto para el Ministerio de Hacienda: derogar el artículo 135 de la Constitución, aquel que se reformó en 2011 y dice que «el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario». Y junto a ese artículo de la Constitución, pide derogar también la «Ley de Estabilidad Presupuestaria«.

En resumen, lo que quería Podemos es un ministro de Hacienda con las manos libres en lo que tiene que ver con el déficit. Con barra libre de gasto «social» y apenas medidas impopulares por el lado de los impuestos. Con unos números rojos disparados y sin restricciones legales a ese desequilibrio. Otro problema, y este de los gordos, para Sánchez y para el ministro de Economía al que le tocase ir a Bruselas a defenderlo ante los socios comunitarios.

– Ministerio de Transición Energética, Medioambiente y Derechos de los Animales

Éste es un tema central para Podemos. De hecho, es el que abre su programa electoral: el primer capítulo está dedicado a estos temas. ¿Y qué es lo que se proponía hacer el posible ministro designado por Pablo Iglesias? Pues intervenir en el mercado energético de una forma desconocida en nuestro país desde hace décadas: volvemos, de nuevo a un diseño que se parece más a lo que había vigente durante el franquismo que a cualquier otra cosa.

En este punto, la formación neo-comunista es coherente con lo que tradicionalmente ha propuesto la extrema izquierda y pide crear una «empresa pública de energía» que, para empezar, recupere la gestión de las centrales hidroeléctricas. Y por supuesto, intervenir en el mercado eléctrico de forma directa, entre otras cosas abaratando la factura de la luz vía decreto y escogiendo tecnologías ganadoras (con ayudas) y perdedoras.

El ministro morado tendría también el cometido de cerrar cuanto antes las centrales nucleares y las de carbón. Eso sí, con un matiz interesante: Podemos asegura que «antes de que se pierda un empleo del sector de los combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y que tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las personas afectadas». ¿Cómo se crearán esos empleos en las comarcas mineras afectadas? ¿Quién los creará? ¿Por decreto? No hay detalles al respecto.

Por supuesto, esta lucha por un futuro «más verde» se haría con subvenciones: a la compra de coches eléctricos, a las instalaciones de renovables (pasadas y futuras), a la rehabilitación de viviendas, a las empresas que «adopten las tecnologías más eficientes», a la inversión en baterías, a las infraestructuras de recarga, a las infraestructuras ferroviarias, a la implementación de una estrategia de «reindustrialización verde y economía circular»… ¿Quién pagará todo esto? ¿A cuánto ascendería el coste? Sobre eso no se dice nada. De eso se ocuparía el ministro de Hacienda, el que quiere cargarse la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En este punto Podemos plantea otra propuesta que sería muy polémica, en Madrid y en Bruselas. La formación morada quiere crear un «Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) con el fin de asumir las principales inversiones para la transformación productiva que vamos a emprender» y «aprovechar Bankia como banco público» que atienda las «funciones sociales de la banca». ¿Un sector financiero público que disponga barra libre de crédito para lo que el Gobierno exija y sin atender a criterios comerciales? Nuestros socios en la UE, los que pusieron el dinero para el rescate financiero, algo que no hay que olvidar, seguro que tendrían bastante que decir al respecto.

– Ministerio de Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los cuidados

En este epígrafe hay un poco de todo. Sonaba a Ministerio batiburrillo, que mezclaba dependencia, mayores, educación infantil, pobreza infantil, lucha contra la pobreza, derecho a la vivienda, juventud, familia…

En la mayoría de estos capítulos hay mucho margen para políticas de poco presupuesto (en términos relativos), algunas cedidas a las CCAA, pero con mucho impacto en la opinión pública, con grandes titulares y muy populares para el público de izquierdas: subvenciones, ayudas, programas integrales, observatorios, comisionados contra la pobreza…

Pero por encima de todo, destaca la política de vivienda. Aquí Podemos sí quería entrar a por todas. Su programa electoral implicaba una intervención radical en el mercado inmobiliario que empezaba por la exigencia de «blindar» en la Constitución el derecho a la vivienda. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo se hace? Pues garantizando, todavía más, que el ocupante de un inmueble, no importa cuáles sean las circunstancias de esa ocupación, tendrá prioridad sobre el propietario del mismo.

De esta manera, Podemos propone «prohibir los desalojos sin alternativa habitacional»: o lo que es lo mismo, una vez que una persona o familia esté dentro de una casa, no podrán sacarla de la misma si no le garantizan otra vivienda similar (sin que eso quiera decir que tengan que pagar algo, por la primera o la segunda vivienda). En términos prácticos, esto supondría legalizar la ocupación. De hecho, supondría incentivarla hasta extremos desconocidos en ningún otro país europeo. Para tener casa gratis sólo habría que entrar en una que ya estuviese construida y hacerse fuerte allí.

Evidentemente, la formación morada no se queda ahí. También quiere meter la mano en el mercado de alquiler: obligará a los grandes tenedores a ceder sus viviendas vacías para ponerlas en el mercado en régimen de «alquiler social», aseguran que incrementará el parque público de viviendas durante toda la legislatura y prometen «garantizar un alquiler estable, asequible y seguro» limitando las causas de rescisión del contrato. Por supuesto, todo esto unido a una «intervención» decidida en el mercado para «impedir subidas abusivas mediante el control de los precios». Ningún Gobierno europeo ha planteado nunca un programa de intervención del mercado inmobiliario como éste.

Pues bien, esto es lo que lleva Podemos en su programa y lo que habría hecho en el Gobierno. Porque, además, si hay una cartera que desde el principio se dio por hecho que terminaría en sus manos, era la de vivienda.

– Ministerio de Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital

Aquí Podemos rompe con todo lo anterior, al menos en lo que tiene que ver con la retórica fiscal. Para las universidades, la formación morada apuesta por la política más regresiva posible: la gratuidad total de la matrícula en la educación superior. Los ricos del pasado y los del futuro podrán acceder a un servicio de primer nivel financiado con los impuestos de todos los contribuyentes, ricos y pobres. Ni una palabra de posibles préstamos o de otras opciones similares, que garanticen la igualdad de acceso sin que esto implique cargar al contribuyente con la financiación de este servicio.

En lo que tiene que ver con Ciencia, Podemos promete convertir la «I+D+i en un puntal de nuestra economía», aumentando la inversión pública hasta el equivalente al 2% del PIB. Además, hablamos de «ayudas directas», que superarán «ampliamente a los créditos». En resumen, dinero a fondo perdido, con retorno o no. En esta misma línea, el programa incluye aumentar la inversión de la Agencia Estatal de Investigación con préstamos del citado BITTE (el nuevo banco público que plantean).

Por último, están una serie de propuestas que podríamos denominar voluntaristas acerca de los investigadores y científicos. El partido morado habla de lograr «un aumento neto de 5.000 investigadores e investigadoras cada año» y que «hasta un 75e las personas que inician una carrera científica puedan dedicarse de manera estable a la ciencia o a la educación superior». Es complicado imaginar cómo puede asegurarse esto. ¿Van a ofrecer un puesto de trabajo, sí o sí, al 75% de los licenciados en las carreras de ciencia? ¿Una nueva empresa pública para incluirlos a todos? ¿Sin más requisitos? ¿El objetivo es puramente numérico? Tampoco sobre esto hay demasiados detalles. Como no habrá ministro, por ahora quedará la incertidumbre de cómo lo habrían intentado lograr.