«Todo aquel que critica el sistema para mejorarlo desde una posición moderada y reformista, es inmediatamente arrojado extramuros y etiquetado como antisistema»
Por Benegas y Blanco en Disidentia
El teléfono sonó dos veces. Tan pronto el alto ejecutivo descolgó, la voz al otro lado del hilo comenzó a hablar de manera atropellada, en un tono tan alto que sus palabras resonaron por todo el despacho. El directivo frunció el ceño. Impaciente, golpeó rítmicamente la superficie de la mesa con las yemas de los dedos mientras las palabras brotaban incesantes del auricular.
De pronto, interrumpió a su interlocutor y le espetó: “Escucha, Fulano, sabemos que no es culpa tuya pero no es lo que hablamos, no es lo acordado… y habrá que poner remedio”. Sin dejar margen a la réplica, continuó: “tú lo que vas a hacer es lo siguiente…” y, en un tono complaciente y a la vez amenazante, le dio una serie de instrucciones claras y concisas.
La voz al otro lado de la línea enmudeció unos instantes. Cuando volvió a hablar, era casi ininteligible, un dulce susurro. El ejecutivo escuchó satisfecho, asintió con la cabeza, se despidió de su interlocutor cariñosamente y colgó. Luego, volviéndose hacia quien había sido testigo de la conversación, se encogió de hombros y dijo: “Estos estúpidos políticos se ahogan en un vaso de agua”.
Un secreto a voces
Infinidad de rumores apuntan hacia situaciones similares, sean conversaciones telefónicas, reuniones informales o charlas cara a cara entre un político y un gran empresario durante algún evento con acceso restringido. En ocasiones, se trataría de amañar adjudicaciones públicas a cambio de un pago diferido en el tiempo; en otras de promulgar determinadas leyes, normas y regulaciones que afectarían a los sectores llamados “estratégicos”, donde el Boletín Oficial del Estado, con su letra pequeña, es la llave que abre y cierra mercados, la cal que ensancha o estrecha el terreno de juego.
La consecuencia es que, finalmente, en la estructura productiva española existe una desproporción enorme entre grandes empresas, por un lado y pequeñas y medianas empresas (pymes), por otro. Esta anomalía se debe a motivos legales y regulatorios. Las pequeñas empresas no crecen porque si aumentan de tamaño deben comenzar a cumplir infinidad de nuevas normas y requisitos extraordinariamente costosos, muchas veces inalcanzables. Lógicamente, al no crecer no pueden competir con las grandes compañías, que sí tienen suficiente músculo, y también relaciones, para asumir las cargas del marco regulatorio.
Así, en España, las pymes suponen el 99,9% de las compañías: son 3.110.522. Y lo que es peor, más de la mitad de ellas, 1.670.329 (el 53%), son microempresas sin empleados, y de ellas 1.050.714 son meras personas físicas. Pero hay una gran escasez de medianas empresas. ¿Cómo generar “salarios dignos” con una estructura productiva tan precaria?
La trampa regulatoria: un arma contra la competencia
Muchas regulaciones no son neutrales ni inocentes: surgen precisamente de esas llamadas telefónicas, encuentros y conversaciones entre políticos y empresarios; es decir, de la connivencia del poder político y económico. Por ello, el Régimen español se asemeja más a un sistema de acceso restringido que a un sistema de libre acceso. En Violence and Social Orders (2009), Douglass North, John Wallis y Barry Weingast explicaron la diferencia entre ambos.
El Sistema de Acceso Restringido es cerrado porque imperan los privilegios, las relaciones de tipo personal y las barreras a la participación en la política y en la economía. Por el contrario, en el Sistema de Libre Acceso predominan las relaciones impersonales, institucionalizadas, la ausencia de barreras, la libre competencia en la política y la economía, y la igualdad de oportunidades.
Cuando el sistema es cerrado, los políticos generan una legislación, unas normas y regulaciones que no son neutrales sino simples estratagemas para impedir la competencia y favorecer a las grandes empresas amigas que, a cambio, corresponden con financiación al partido, pagos opacos a sus dirigentes o lo que se han venido a llamar “puertas giratorias“.
¿Por qué son tan pocos los que lo denuncian?
En un sistema de acceso restringido, pocas cosas suceden de manera espontánea; los primeros comprometidos son los medios de comunicación, que viven de la publicidad de las grandes empresas. Un publicidad que, aunque lo parezca, en realidad no es comercial. Su precio está extraordinariamente inflado, porque su verdadero objetivo es comprar la voluntad de unos medios incapaces de vivir de sus lectores, del mercado.
Las alocuciones de gobernantes o políticos en activo, poco o nada dicen al respecto: tienen mucho que perder. Algo más de sustancia contienen las declaraciones de ex políticos que ya no participan de la vida partidista ni aspiran a cargo o prebenda alguna. Por ejemplo, José Bono, ex ministro de Defensa, denunció que, en España, las listas electorales sólo incluyen a los amigos del jefe del partido. O Francisco Granados reveló, justo al abandonar su escaño, que las tareas de los senadores se limitaban a pulsar un botón. Los hechos eran de sobra conocidos pero… ninguno de los dos había pregonado estas “verdades del barquero” cuando se encontraban en activo.
La sinceridad sobrevenida
Al contar su historia, el ex político suele ofrecer una versión exculpatoria, demasiado idealizada de su trayectoria, pero también se siente mucho más libre para señalar esos fallos del sistema sobre los que antes guardó silencio. La entrevista que Rosa Díezconcedió a Disidentia contiene todos estos elementos pero, sobre todo, denuncias de hechos demasiado graves como para ser pasados por alto.
De sus declaraciones puede deducirse que España está dominada por un puñado de grandes empresas, que poseen o controlan los medios de comunicación y que utilizan este poder, no directamente para influir en el día a día de las decisiones gubernamentales, pero sí para encauzar los cambios, alzando a los partidos que mejor sirven a sus intereses y saboteando a los que no les sirven. Así explicaba por qué su partido, UPyD, desapareció súbitamente no solo de los medios de comunicación; también de unas encuestas que no pretenden tanto medir la opinión pública como manipularla.
Lo que la veterana ex política define con sus palabras es lo que se conoce popularmente como “capitalismo de amigotes”, un sistema en el que existe una coalición gobernante, compuesta por un puñado de grandes empresas, estructuras de partidos, grupos de interés y burócratas que, mediante acuerdos tácitos o explícitos, utilizan de forma interesada el poder imponiendo barreras tanto en la política como en la economía.
De esta forma, el imperio de la ley es desplazado por un esquema de pura arbitrariedad, de intercambio de favores. Y los personajes pudientes obtienen un trato de favor, no sólo del ejecutivo o del legislativo; a veces también del judicial.
Así, Emilio Botín no sólo pasará a la historia por haber presidido el Banco Santander, también a los anales de la jurisprudencia por la doctrina jurídica que lleva su apellido, un invento de última hora del Tribunal Supremo para retorcer la ley, evitando una condena a tan ilustre banquero. Un favor similar fue concedido a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los famosos “Albertos”, cuando el Tribunal Constitucional decidió cambiar toda la doctrina sobre prescripción de delitos para librarlos de la cárcel. Con suficiente influencia y dinero… casi todo es posible en España.
Los antisistema, tontos útiles… del sistema
Rosa Díez insinúa que al Establishment le convienen los partidos antisistema. Y tiene razón, pero por un motivo que no señala: sirven para desactivar la crítica que se lleva a cabo desde posiciones reformistas sensatas… pero peligrosas para determinados intereses. Las críticas al modelo de acceso restringido para proponer la eliminación de las barreras, la evolución hacia un régimen abierto a la política y la economía se manipula en los medios para identificarla con la que realizan los antisistema, cuya beligerancia no es demasiado sincera; más bien una forma de ganar votos e introducirse dentro del esquema de poder.
Así, todo aquel que critica el sistema para mejorarlo, para hacerlo más eficiente y justo, desde una posición moderada y reformista, es inmediatamente arrojado extramuros y etiquetado como antisistema. Sin embargo, hay una sustancial diferencia entre ambos: la solución propuesta. Mientras que los antisistema pretenden construir un régimen todavía más cerrado, con añadidas trabas, componendas y cambalaches, los verdaderos reformistas desean abrirlo, retirar esas barreras que impiden la participación de todos.
Un modelo peligroso e inestable
Ahora bien, los sistemas de acceso restringido, por muy correosos que parezcan, tienen un flanco muy débil: a largo plazo resultan inestables. Los acuerdos suelen quebrar por voluntad de algún miembro de la coalición gobernante que aspira a obtener una parte mayor del pastel. Es el caso en España de parte de la oligarquía catalana, que decidió romper la baraja presionada por las apreturas que trajo consigo la Gran depresión. Esto, junto con la crisis de los partidos tradicionales, el conocimiento de la corrupción estructural y los escándalos de tipo económico desembocó en una sensación de fin de Régimen.
En efecto, el sistema está agotado y sólo hay dos caminos. O bien restablecer el statu quoque ha estado vigente hasta hoy, aseando el Régimen para que parezca que cambia, pero siga todo igual, es decir, lo que ha venido en llamarse la operación Ciudadanos. O, como abogamos algunos, acometer las reformas necesarias para eliminar barreras, liquidar los privilegios, garantizar la igualdad ante la ley. Dicho de otro modo, avanzar hacia un sistema de libre acceso, en beneficio de todos.
Como señaló Jean-François Revel, “la libertad de emprender es, ante todo, el medio de defensa de los pequeños contra los grandes y de los débiles contra los fuertes”. La connivencia entre gobernantes y grandes empresarios para establecer barreras causa un quebranto enorme a los ciudadanos, les impone incalculables costes económicos, pero sobre todo socava pilares fundamentales.
Los políticos no resuelven los problemas porque no gobiernan en beneficio de la población, sino en interés de ellos mismos y de determinados grupos. Y la sociedad civil desaparece, queda desvertebrada, limitada: como esa mayoría de empresas… incapaz de crecer.
desacuerdo sea expuesto como odio y acusarlo de eso. Pronto, en el momento que alguien se atreva a afirmar su desacuerdo con ese estilo de vida, será verbalmente atacado e injuriado como alguien que odia al homosexual. Así eventualmente, aunque solo estén en desacuerdo con la homosexualidad las personas comienzan a mantenerse calladas. Es decir la corrección política se utiliza para forzarlo a aceptar un nuevo valor, suprimiéndole el de su tradición.
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Para comprender cómo se lucran todas estas entidades, es necesario entender que se trata de un circuito de retroalimentación, donde se encuentran las denuncias por violencia de género, los presupuestos y subvenciones y la financiación con los Fondos Europeos. Cuantas más denuncias, más ayudas, más financiación; y cuantas más ayudas, más se incentivan las denuncias.
Las denuncias falsas existen
Hasta la década de los 90 se producían en España en torno a 15.000-20.000 denuncias al año por violencia de hombres a mujeres en el ámbito de la pareja. Posteriormente, hasta principios de este milenio, se registraron unas 70.000 denuncias anuales. Y a partir del 2005, con la implantación de la ley, las denuncias ascienden a 126.000 al año, cifra que continúa aumentando (en 2017 ya 166.000). El primer salto se explica porque, en 1999, comienza a contemplarse el maltrato psicológico como delito y, además, el delito de violencia contra la mujer se extiende a los casos entre ex parejas. Eso explica que se incremente sustancialmente el número de denuncias.
Pero el segundo salto no se debe a una recalificación de los actos delictivos, sino a la “Ley contra la Violencia de Género”, que introduce el concepto de discriminación positiva, vulnerando así, de forma evidente, la igualdad ante la ley. Se empiezan a aplicar penas diferentes en función de si el hecho lo comete un hombre o una mujer. Incluso, determinados actos constituyen delito si son cometidos por un hombre… pero no si los comete una mujer. También se suprime la presunción de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba: el hombre denunciado es culpable hasta que no demuestre su inocencia. Y, además, esta ley concede sustanciosas ayudas económicas y ventajas jurídicas a las mujeres que denuncian, incluso antes de que se dicte sentencia.
No sólo eso, se crea una jurisdicción específica para la violencia de género, unos Tribunales de Excepción, inconstitucionales pues están expresamente prohibidos por la Constitución Española de 1978, en los que solamente se juzga a hombres. A este proceso discriminatorio se le añade otro más perverso: se crean fuertes incentivos para que la mujer acuse a su esposo de malos tratos en los procesos de separación conyugal. Hasta el punto que surgen abogados especializados en ello, que introducen estas acusaciones como elemento de presión en la negociación del divorcio.
Pero, ¿qué impulsa a una mujer a recurrir a estas más que dudosas prácticas de denuncia indebida? Muy sencillo: con una denuncia por malos tratos se agiliza el proceso de separación. Para empezar, el expediente de separación pasa de ser un trámite civil (Juzgado de Familia) a uno penal (Juzgado de Violencia de Género). Además, sin que el esposo haya sido juzgado, se aplican medidas cautelares desproporcionadas, como una orden de alejamiento.
Pero aquí no termina el despliegue de incentivos. La mujer que ha denunciado obtiene, en pocos días, la custodia total de los hijos, una pensión alimenticia y el derecho exclusivo al uso de la vivienda. Y, aunque la mujer disponga de medios económicos sobrados, puede beneficiarse de los servicios gratuitos de un abogado a cargo de la Administración. Infinidad de beneficios para la mujer; al hombre, por el contrario, se le despoja de todo sin haber sido ni siquiera juzgado.
Las denuncias falsas apenas se investigan
Mientras esta práctica inmoral está a la orden del día, los medios de comunicación insisten en afirmar que sólo el 0.0075% de las denuncias son falsas. Su fuente proviene de la Fiscalía General del Estado pero lo que dice esta fiscalía realmente no es que sólo exista este porcentaje de denuncias falsas sino que solo ha investigado y comprobado como falsas ese número. Existen muchas más que quedan impunes. Pero ¿por qué no se investigan?
Los procesos legales son complejos; si el juez no aprecia delito de violencia de género se debe a que o no existió o bien no se encuentran indicios o pruebas. La mayoría de las veces no se sabe si se debe a una razón u otra y por ello se procede a archivar y a absolver al hombre denunciado. Del más de millón de denuncias interpuestas desde la ley, la tasa de delitos inexistentes, archivados o sobreseídos es del 80% respecto a los hombres enjuiciados, según los datos del CGPJ. Exactamente ahí, en esas sentencias es donde se ocultan las denuncias falsas.
Ahora bien, si el juez tiene claro que no hay pruebas porque no hay delito de malos tratos y sospecha que la denunciante lo sabía, entonces se puede abrir un nuevo proceso por denuncia falsa. Pero este nuevo procedimiento discurre de igual modo: si no hay pruebas de denuncia falsa, el caso se archiva. Al contrario, si hay pruebas de ello y se condena, la pena máxima para esa mujer es de 2 años de prisión pero, sin antecedentes, la pena queda en suspenso. Por tanto, para una mujer, el riesgo de denunciar falsamente a su esposo es mínimo, casi inexistente.
Resumiendo, ese famoso 0,0075% hace referencia solamente a los casos en los que se abrió un proceso penal contra la mujer, se acusó, juzgó y condenó, confirmando la Audiencia Provincial la sentencia. Cabe preguntarse por qué la Fiscalía no actúa de oficio ante un falso testimonio. Lo cierto es que sólo actúa en casos muy flagrantes y, además, resulta que denunciar sin pruebas no es un delito. Pero, sobre todo, lo fundamental aquí es que la Fiscalía no es independiente: trabaja para el Gobierno, para el Poder Político.
Existen incentivos cuantiosos para incitar la denuncia falsa
Todo el edificio económico de subvenciones pivota en un hecho jurídico, las denuncias. A través de la ley se establecen unos criterios para el reparto de los Fondos Europeos. Una tercera parte de los fondos atiende a criterios vinculados con valores demográficos. Las otras dos terceras partes atiende al número de mujeres asesinadas, al número de mujeres que se declaran maltratadas y al número de denuncias interpuestas. Así, a mayor número de denuncias más dinero procedente del Fondo Social Europeo se reparte al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Qué mejor forma de obtener fondos que por medio de las denuncias. Pero, para ello, tuvieron que modificar el Código Penal y violentar los principios de igualdad ante la ley, causalidad y presunción de inocencia. Así se amparan situaciones esperpénticas como un hombre que fue condenado por soltar una ventosidad durante una discusión con su pareja. Incorporándose este hecho en el largo catálogo de acciones punibles por las que los hombres pueden ser denunciados. En palabras de Soledad Murillo de la Vega“cuando hicimos la ley se nos planteaba el dilema entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas”. Suena a naufragio: “primero las mujeres y los niños”.
A las motivaciones para denunciar se suma la llamada Renta Activa de Inserción (RAI),una ayuda que, como otras, se concede a la mujer por la mera denuncia, sin que exista base legal base legal constitutiva de la existencia de maltrato. Así se explica que, a pesar del descenso de número de hombres condenados, haya aumentado el número de mujeres perceptoras de los pagos de la RAI: 10.913 hombres condenados frente a 31.555 mujeres perceptoras de la RAI en 2015.
A este sistema de percepción de fondos se le suman las múltiples subvenciones que conceden las Administraciones Públicas. Hace poco Absolutexe, el Grifo de Twitter, documentó más de 93 millones de euros concedidos, en más de 9.000 subvenciones aprobadas desde el año 2014. Partiendo de los términos “mujer” y “convocatoria” hizo toda una aproximación. Así aparecen entidades como la Fundación Mujeres, la Asociación Mujeres para la Salud o la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quienes reciben cuantiosas ayudas en esta materia además de otras distintas instancias. En cualquier caso, la lista de entidades que reciben subvenciones es muy larga. Es todo un enredo de aportaciones que confirma el lucro de estas asociaciones y otras tantas. Pero también confirma el papel del Estado y su intención a la hora de incentivarlas y mantenerlas.
La verdadera lacra de la Ley de Violencia de Género
Como se puede apreciar, esto es un círculo vicioso: la pescadilla que se muerde la cola. Con una simple denuncia se activan los mecanismos económicos: y las ayudas y subvencionas animan a denunciar. La dotación para la denominada “violencia de género” y su difusión y relevancia en los medios de comunicación nada tiene que ver con el bienestar de las personas sino con el beneficio privado que las ayudas proporcionan a algunas asociaciones, que han hecho de la Ley de Violencia de Género su medio de vida.
Como consecuencia de esta perniciosa ley se violan sistemáticamente los derechos humanos, no sólo de los hombres afectados, sino también de niños, abuelos, familias, etc. Y otro daño colateral de esta ley es el infligido a aquellas mujeres que realmente necesitan ayuda, que piden auxilio y no tienen las asistencias necesarias para salvaguardar sus vidas.
La ley falla porque no quiere ver que la violencia íntima en la pareja es un problema humano en el que están implicados factores psicobiológicos y culturales. La Ley no funciona porque no protege ni siquiera a las mujeres, por más que diferentes estamentos elogien su aprobación y puesta en marcha. Pero los datos en contra son muy tozudos. Sólo la sociedad puede impedir que la política y sus brazos largos se adueñen definitivamente de nuestras vidas. Depende absolutamente de todos nosotros no seguir ignorando tan enorme daño. La vida de cada persona no debería tener un precio distinto y menos aún en función de su “género”.