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Los despojos de España

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«La fuente del derecho, y de las instituciones, no será ya el pueblo español, sino algunos de sus pueblos por medio de las élites políticas del lugar»

Por José Carlos Rodríguez  en Disidentia

El PNV, que es un partido corrupto, ha tomado la decisión de echar del poder al Partido Popular, que ha creado una máquina de expolio desde su espina dorsal, para entregárselo al PSOE, que es la corrupción hecha política. Y todo ello en nombre de la limpieza y la honradez. El portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, suma el escarnio a la desvergüenza, al preguntarse qué país es esta España cuyo gobierno depende de ellos. El escarnio es una recreación en una verdad oprobiosa; es un cinismo con saña, que no cae en una sima moral porque tiene el suelo de la verdad. Y la verdad es que España depende de un partido que la odia abierta y sinceramente; un odio que han convertido en un gran negocio.

El negocio es la clave del cambio de gobierno impreso por el Congreso de los Diputados, y que ha colocado a Pedro Sánchez en la Moncloa. Sánchez ha recibido el apoyo de 180 diputados procedentes de ocho grupos, y en los que sus 84 escaños son una minoría. Le llevan en volandas quienes ven a España como un obstáculo o una amenaza para su visión de lo que quieren hacer en este amplio solar de la Península Ibérica. Pablo Iglesias ha declarado que España para él es una realidad política que hay que derribar después del resultado de la Guerra Civil. De ERC y PDeCAT no será necesario añadir nada a este respecto. El PNV duda si dar el paso secesionista a la vista de que el expolio del resto de España le resulta tan conveniente; lo mismo cabe decir de Nueva Canarias. Compromís es el qué hay de lo mío desde una perspectiva progresista, valenciana y universal.

Se abre una oportunidad única, la de poder repartirse los despojos de España antes de quedar abandonada a su suerte. En un momento en el que el último bastión de la nación son los jueces y la Corona en las instituciones, y los españoles que no han caído en el descreimiento en la calle, el gobierno se ha convertido en una empresa de demoliciones. Esto es lo que parece que ocurrirá antes de las próximas elecciones, en la medida en que la parte más decente del PSOE lo permita.

España, como realidad histórica, como comunidad política, queda en entredicho. La fuente del derecho, y de las instituciones, no será ya el pueblo español, sino algunos de sus pueblos (Cataluña, Vascongadas…) por medio de las élites políticas del lugar. El propio Sánchez se refirió durante la moción al portavoz del PDeCAT como representante de “los catalanes”. Podemos, que tiene como objetivo mediato acabar con la Constitución Española, “saludará”, con ese lenguaje medido y manoseado que utilizan, los “procesos democráticos” que, como el del primero de octubre, asienten una nueva legitimidad que haga añicos la del 78. PNV y Bildu están pactando un nuevo Estatuto que, entre otras cosas, diferencia entre gudaris y maketos. Eso no tiene por qué salir tal cual, pero el proyecto de crear una nueva ciudadanía vasca está ahí.

Es necesario acabar con el poder que no controlan del todo, como es el judicial. Eso se intentará identificando el funcionamiento de la maquinaria judicial con un ejercicio autoritario que aplasta los legítimos derechos políticos de quienes no quieren ser españoles. Desde el gobierno se seguirá conspirando contra el país, pero ya no por medio de la inacción sino por iniciativa de los grupos que sostienen a Sánchez.

Aún queda una gran operación política que es condición sine qua non para la celebración de unas nuevas elecciones democráticas, y es la deslegitimación del centro y la derecha en España. El PSOE recuperará, con el apoyo de Podemos y del resto de grupos, la reforma de la Ley de Memoria Histórica que prevé nada menos que la censura de aquéllas obras de historia que pudieran considerarse favorables al bando nacional, entre otras medidas. Los restos de Franco dejarán de descansar en el Valle de los Caídos, y se esparcirán sus cenizas sobre media España para provocar enfrentamiento civil y deslegitimación política y social.

 

Todo ello se intentará. La nueva Ley de Memoria Histórica saldrá casi seguro. Pero el nuevo gobierno también tiene una posición muy difícil. Tiene oposición, para empezar, con Ciudadanos y el Partido Popular. En segundo lugar, el equilibrio de la coalición frentista es muy difícil. Sólo Sánchez puede convocar elecciones cuando él quiera, pero si hay perspectiva de que su partido suba en las encuestas a costa de Podemos, los de Pablo Iglesias pueden pararle los pies. O forzar nuevas elecciones si son ellos los que crecen.

Mientras, comprobaremos hasta qué punto España se ha convertido en un desguace o todavía tiene fibra como para mantenerse en pie.

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«¡No queda sino batirnos!»

Francisco de Quevedo

A BUEN ENTENDEDOR …

Ciudadanos malcriados a la sombra del Poder

«Como bebés chapoteando en un líquido amniótico embriagador, las personas eligen y consumen por instinto, ignorantes de todos las herramientas y recursos destinados a generar esas mismas elecciones»

Por  Eduardo Fort  en Disidentia

En un capítulo épico de The Simpsons, quizá la serie que mejor analiza la sociedad occidental contemporánea, dos extraterrestres que simulan ser Bill Clinton y Bob Dole(candidatos presidenciales en las elecciones de 1996) debaten sobre los humanos durante una manifestación pro-aborto y afirman: “Esto es muy sencillo. Banderitas estadounidenses para algunos, aborto para otros”. Ante la sonrisa siniestra de los visitantes del espacio exterior, los ciudadanos aparecen reflejados como niños malcriados a quienes hay que satisfacer.

otto_fc3bcrst_von_bismarck-1La segunda mitad del siglo XX marcó el establecimiento definitivo del Estado de Bienestar en la mayoría de los países desarrollados. Este avance, que nació como un sistema dirigido a paliar las desventajas del mercado capitalista así como alejar la amenaza comunista en los países occidentales, se convirtió pronto en un fetiche para casi todo el arco del espectro político. Sin entrar en detalles: con el paso del tiempo, este Frankenstein cuya existencia se remonta a los primeros bosquejos de la Seguridad Social implementada por el mariscal Otto von Bismarck (1815-1898) durante su mandato como primer canciller del Reich Alemán (1871-1890) degeneró en una especie de gigante dadivoso y deficitario que debe, por fuerza, cumplir los deseos de todos los ciudadanos.

¿Suena exagerado? No lo es y convendría no creer que lo sea. Los habitantes de la posmodernidad, herederos involuntarios pero desagradecidos de décadas de luchas políticas y revoluciones, entienden al Estado como un ente distante y etéreo, que sólo cifra su existencia en la consagración de muchos derechos y casi ninguna obligación. No hay una conciencia de la ciudadanía como conjunto de voluntades aunadas en pos de un objetivo común: ya sea por la fuerza, a lo Hobbes, o por la conveniencia armónica, a lo Rousseau.

Los habitantes de las grandes ciudades, como las chicas de la clásica canción de Cyndi Lauper, sólo quieren divertirse. En el imperio de lo efímero y lo fugaz, donde no existe respeto por la Historia y la Tradición, el distanciamiento con el legado ideológico y político de nuestros antepasados, sea cual fuere, es total. A diferencia de lo ocurrido en siglos anteriores, no se asesina a presidentes, no hay movilizaciones sociales que sacudan los cimientos del sistema y la participación política es nula.

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Quizá aquí los honestos espíritus liberales se congratulen de la descripción, pero habría que detenerse a pensar.

El escenario queda planteado, entonces, de la forma más perversa posible. Los miembros de las sociedades contemporáneas suponen que el Estado debe ponerse a su servicio. Hasta aquí, bien. Pero no es tan sencilla ni diáfana la evolución posterior. Los resortes ocultos que realmente detentan el Poder (dicho esto sin ánimo alguno de enfoques conspiranoicos) optan por generar artificialmente esas mismas necesidades que los ciudadanos creen requerir. Conclusión: nos encontramos con falsos talismanes e ídolos de barro que concitan el interés de las multitudes. Esto, que puede sonar televisivo y limitado al marketing publicitario, tiene un trasfondo siniestro; se aplica tanto a un kilo de arroz cuanto a un automóvil último modelo o al candidato presidencial de moda. No es casualidad que asistamos al boom de los asesores de imagen y los consultores de comunicación. Se votan rostros, vestuarios, maquillajes y estilos estéticos.

¿Y qué sucede con los ciudadanos? Como bebés chapoteando en un líquido amniótico embriagador, las personas eligen y consumen por instinto, ignorantes (en la inmensa mayoría de los casos) de todos las herramientas y recursos destinados a generar esas mismas elecciones. Citando al pionero de la publicidad Edward Bernays (1891-1995), se activan pretensiones que no existían y se inventan consumos jamás imaginados. Legiones de especialistas analizan los aspectos más diversos del (permítaseme la licencia poética) alma humana: se utilizan colores, sonidos, sabores y texturas para atraer al gran público.

¿Cuáles son las consecuencias? Es fácil imaginarlas. Mientras los ciudadanos dedican su tiempo al disfrute vacío y a la persecución vana de necesidades irrelevantes, quienes realmente reparten los naipes de la baraja se frotan las manos y pueden dar rienda suelta a sus más complejos diseños políticos. Como muestra, basta un botón: cualquiera puede advertir que las grandes multinacionales diseñan, merced a sus múltiples tentáculos, los productos necesarios para satisfacer a todos los paladares del mundo.

Con estas piezas sobre el tablero, es imperioso no caer en la tentación totalitaria (en términos de Jean François Revel): el sistema democrático que supimos (supieron) conseguir no tiene por qué terminar en el vertedero de la Historia, descartado sin más.

Jorge Luis Borges afirmó alguna vez, en una de sus clásicas boutades, que la democracia no es más que “un abuso de la estadística”. Es probable, pero, lamento decirlo, no hay a la vista otras reglas del juego más ecuánimes y satisfactorias. Aún corriendo el riesgo de parecer “antisistema”, superados los totalitarismos de corte fascista y comunista, impensables en la mayoría de los países del mundo las intervenciones militares sanguinarias que marcaron a fuego el siglo XX, es hora de criticar y repensar la forma y el fondo del “peor sistema político, exceptuando a todos los demás”, en palabras de Winston Churchill.

Presupuesto golpista, no

¡¡VÁYASE, SEÑOR RAJOY!!. Pero de la política y que le acompañen Pedro Sánchez y ese macarra de medio pelo de «El Coletas».

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FERNANDO ALVARADO / EFE

Por  Federico Jiménez Losantos en El Mundo

Albert Rivera ha dicho que «los españoles no se merecen» el acuerdo de Rajoy y Sánchez para que recomience el golpe de Estado ese Hitleret que llama «bestias» a los catalanes y otros cuatrocientos cincuenta millones más que en el mundo hablan español. Cierto. Por eso los españoles dejan en masa de votar a los partidos que han usufructuado el régimen constitucional durante cuarenta años. Ahora, en el momento más grave de la historia de España desde 1936, Rivera debe demostrar que merece ser el presidente de esos españoles traicionados por los que, ante el requetegolpe de Estado, huyen en desbandada camino de unos jueces a los que Catalá y Robles ya han apuñalado preventivamente, por si Torra accediera a disimular un añito.

La parte de representación o parlamentaria ante el requetegolpe ya la ha desempeñado magníficamente Ciudadanos. Es difícil hacerlo mejor que Inés Arrimadas en las sesiones de investidura del que nos llama «bestias», sin que se inmuten esos medios de comunicación catalanes apesebrados y golpistas. Torra presume también de que toda su familia, como pidió en un tuit, es parte de los CDR, esos matones que agreden a los que en Cataluña se oponen a la dictadura xenófoba de un nacionalismo que, al fin, muestra su verdadera faz. También ha negado la legitimidad de su propio nombramiento, al reconocer que es otro y no él, pese a haberlo votado el parlamento regional, el presidente legítimo: el forajido, archicobarde y requetegolpista Puigdemont. También ha dicho que repondrá al paramilitar golpista Trapero -que debería estar en la cárcel- al frente de los 17.000 mozos de escuadra que son los que han de enfrentarse a tiros con la policía, la guardia civil y el ejército español. Y, por supuesto, ya ha dicho que a ver qué día decae el 155 y le dan la llave de la caja para refinanciar el requetegolpe, o sea, el enfrentamiento civil.

Ese dinero es el de los futuros Presupuestos del Estado, que serían los del requetegolpe pactado por Rajoy con Urkullu y sus borrokas. Y Rivera no debería votarlos jamás. Si Sánchez, que participa plenamente del proyecto golpista catalán en la Comunidad Valenciana y Baleares, quiere votarlos, que lo haga. Los españoles no merecemos que Rivera también nos traicione. Aunque no sea por patriotismo sino por interés, debe romper ya con Rajoy.

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Un 155 contra Ciudadanos

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Hoy por hoy es el único partido que cree que la unidad de España es un bien a preservar.

Por     en Libertad Digital

El Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE de Pedro Sánchez se han puesto su mejor traje de hombres de Estado y han pactado que aplicarán el 155 en según qué circunstancias y con según qué alcance. Sus voceros justificarán la alianza en la gravedad de la situación. Nadie duda de esa gravedad. De lo que cabe dudar, y mucho, es de las intenciones de estos dos necios arrogantes. Si efectivamente Pedro Sánchez percibiera la gravedad de la situación que atraviesa España, habría ayudado al Gobierno en la tramitación de los presupuestos generales a fin de evitar el chantaje del PNV. Y si efectivamente Mariano Rajoy hubiera sido consciente de los peligros que acechan a la nación, jamás se habría sometido a la extorsión de un partido cuyo objetivo es destruirla. No sólo: si de verdad tuvieran tan clara la necesidad de colaborar, lo que harían sería formar un Gobierno de coalición y arremeter unidos con toda la fuerza del Estado contra quienes quieren romper España.

Nada de eso hay porque el peligro que perciben Rajoy y Sánchez es en realidad el mismo que empujó a los nacionalistas vascos a votar los presupuestos. Ese peligro se llama Ciudadanos. Los acuerdos a los que llegaron este martes Rajoy y Sánchez no tienen por objeto pactar una estrategia con la que hacer frente a los futuros desafíos de la Generalidad. Su razón de ser es aislar a Ciudadanos. Y la prueba está en la invitación a Pablo Iglesias que el pacto incluye. Tal invitación es absurda, toda vez que el invitado es el responsable de que su franquicia en Cataluña entregara la presidencia del Parlamento catalán a los soberanistas. Esto es así porque el pacto no está dirigido contra Torra, sino contra Rivera. Su propósito es demostrar al electorado que el partido naranja sufre un ataque de histeria, sobreactúa y está contraindicado para combatir el independentismo catalán. El mensaje es que los soberanistas sólo pueden ser vencidos con mesura y sosiego y no con la ansiedad y precipitación que empapan las propuestas de Ciudadanos. De manera que Rajoy y Sánchez no se unen para salvar España sino para salvar sus antifonarios. Es para este elevado fin para el que hay unidad.

Es evidente que Rivera cometió un gravísimo error cuando se permitió apoyar la ley de presupuestos junto con el PNV, pues eso lo convirtió en cómplice del chantaje. Quizá creyó que no debía desdecirse o le pudo más colgarse las medallas de las medidas que había logrado introducir en ellos. Sea como fuere, el caso es que hoy por hoy representa al único partido que cree que, mal que bien, la unidad de España es un bien a preservar. Lo que Rajoy y Sánchez pretenden en definitiva es destruir la única esperanza que les queda a quienes creen que merece la pena tratar de impedir que España se rompa, aunque sólo sea para proteger la libertad de los españoles que se tienen por tales y que viven en Cataluña.

Podemos exige cambiar la ley para no acusar de terrorismo a los violentos CDR.

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El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en su escaño durante una sesión de control en el Congreso (Foto: Efe)

 

Y luego, sus AFILIADOS, VOTANTES Y SIMPATIZANTES seguirán insistiendo en que eso de que apoyan y están con los terroristas es una falsedad, un FAKE.

PUES DE «FAKE» NADA, ESTA ES LA NOTICIA Y QUE LA REFUTEN SI PUEDEN.

Por Segundo Sanz en Ok diario

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que los miembros de los autodenominados ‘Comités de Defensa de la República (CDR)’ en Cataluña no puedan ser acusados de un presunto delito de terrorismo en la comisión de actos violentos al estilo de la ‘kale borroka. Si bien el texto presentado es una proposición no de ley (PNL), la formación morada sí que plantea en su contenido un cambio normativo en el Código Penal.

El partido de Pablo Iglesias y sus confluencias quieren que el Congreso inste al Gobierno a modificar el apartado 2 del artículo 573.1 del Código Penal para que “no se permita la aplicación de los tipos de terrorismo a protestas ciudadanas fruto del derecho a la libre participación política, de acuerdo con las directivas europeas y la legislación internacional en materia de derechos humanos”.

La iniciativa, registrada en la Comisión de Justicia con el título ‘Proposición no de Ley para garantizar el derecho de protesta’, señala que la actual redacción del Código Penal permite “una interpretación arbitraria” que “podría dirigirse sin problemas a la criminalización de las actuaciones de quien, en un momento dado, pueda considerarse enemigo del Gobierno de turno”.

En esta línea, el grupo parlamentario de Unidos Podemos critica que la Fiscalía acusara de terrorismo y rebelión a Tamara Carrasco, integrante de un Comité de Defensa de la República (CDR), por “coordinar y dirigir presuntamente las protestas llevadas a cabo en Semana Santa en las carreteras catalanas”. El texto recuerda que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, descartó la acusación de terrorismo e imputó a la acusada un delito de desórdenes públicos, decisión recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público acusó a Carrasco de desarrollar actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de los CDR. Añadió además que el objetivo de los mismos era normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso separatista catalán que se investiga en sendos procedimientos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Sin embargo, Podemos considera que “el derecho a la protesta forma parte del núcleo esencial de un Estado democrático, y los poderes públicos deben garantizarlo como medio de reivindicación del cambio democrático”. El partido de Iglesias subraya que “los mayores logros económicos, sociales y culturales de la historia han ido precedidos de movilizaciones ciudadanas” y advierte al Gobierno de que “debe abstenerse de instrumentalizar y desnaturalizar el derecho penal para criminalizar la protesta política“.

“Reunión pacífica”

La proposición, que lleva la firma de los diputados Alberto Garzón, Jaume Moya, Eduardo Santos y Lucía Martín, también insta a cambiar de la redacción del artículo 571 del Código Penal “para vincular en todo caso la actividad de la organización terrorista a la difusión de terror entre la población a través de actos violentos”. Además, exige “proteger el derecho a la reunión pacífica de toda la ciudadanía, como medio legítimo y constitucionalmente protegido para la incidencia política y cumplir la obligación de los poderes públicos de fomentar la participación política”.

Tal y como publicó OKDIARIO, la independentista Tamara Carrasco, cabecilla de los CDR, fue candidata de la marca de Podemos en Viladecans (Barcelona). En concreto, ocupó el puesto número de 3 de la candidatura Guanyem Viladecans en las elecciones municipales de 2015. Antes de ello, Carrasco se movió en el entorno de los radicales de la CUP.

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Torra es ilegítimo, Rajoy se ha deslegitimado

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Rajoy, en El Puerto de Santamaría/Quim Torra con Elsa Artadi durante el debate | EFE

Nadie que acepte la investidura de Torra podrá decir que no participa en el Golpe, porque lo hace.

Por 

Plácido Fernández-Viagas, letrado del parlamento andaluz e hijo del primer presidente de la Junta de Andalucía, luego senador por el PSOE y miembro del CGPJ, publicó ayer en El Mundo un gran artículo que, a mi juicio, ilumina la gravedad de la situación institucional española tras la proclamación del candidato «limpio» que buscaba Rajoy y que ha resultado ser un racista redomado llamado Torra, cuyo discurso de investidura fue una burla al Estado, un reto a los jueces y una llamada al conflicto civil entre catalanes, que son los separatistas, y los «fascistas españoles que viven en Cataluña», más de la mitad de los votantes que no aceptan el apartheid antiespañol. Nunca se vio con tal claridad la condición criminal del proyecto separatista y la gravísima responsabilidad de las instituciones españolas si lo aceptan.

La ilegitimidad del nombramiento de Torra

Aunque Rajoy, empeñado en conseguir, para evitar nuevas elecciones, un gobierno de la Generalidad a cualquier precio, salió de inmediato a decir que «no le gustaba» el discurso de Torra, pero que aguardaba a «sus hechos», la elección de alguien que anuncia que proseguirá el golpe de Estado plantea un problema no sólo ético -¿debe firmar el Rey el nombramiento de alguien que insulta a los españoles y proclama su empeño en la ilegalidad?- sino legal y político: ¿es legítima la elección de Torra con un programa guerracivilista?

Tres son los aplastantes argumentos de Fernández-Viagas. El primero es el del nombramiento de Torra y su elección por el Parlamento regional.

 

«¿Reúne los requisitos necesarios para superar los límites impuestos por la aplicación del artículo 155 de la CE? Es muy dudoso la verdad, sobre todo si se tiene en cuenta que participar en un proceso de carácter delictivo lo impediría claramente. No se puede incidir en una rebelión y, al mismo tiempo, presidir una de sus comunidades autónomas. Un Estado serio no puede aceptar, por comodidad, miedo, prudencia incluso, una actuación fraudulenta contra su ordenamiento jurídico.»

A partir de ahí, esgrime tres argumentos. El primero, la continuidad de la actividad delictiva de Puigdemont, expresamente exhibida por ambos:

«La candidatura de Quim Torra ha sido impuesta por un señor, Puigdemont, que está encausado por hechos susceptibles de ser tipificados como rebelión, conspiración para la rebelión, o sedición, y que se considera aún presidente legítimo de la Generalitat. Más grave aún, pretende utilizar a Torra como un elemento meramente ejecutor de su proyecto calificado como delictivo. Si es consciente el candidato de todo ello, y no parece muy tonto, debería tener en cuenta que nuestro Código Penal cuando determina la responsabilidad criminal señala, en su artículo 29, que «son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos», algo en lo que podría incidir claramente Quim Torra. ¿Cómo puede considerarse, entonces, legítima una propuesta dirigida a consolidar una rebelión?»

El segundo argumento, aunque no lo cite el artículo, cabría integrarlo en la instrucción del Juez Llarena en el Supremo y el agravamiento del delito:

«Sería disparatado no tener en cuenta que los efectos de los delitos de que viene acusado el señor Puigdemont no han sido consumados. Sus propios autores recuerdan que su único objetivo es «implementar la República». Y en ese propósito se enmarcan las actuaciones que vienen realizando a nivel internacional, los distintos hechos de resistencia, activa y pasiva, que se desarrollan en Cataluña y, sobre todo, la enorme campaña que su aparato de propaganda, desde medios oficiales incluso, sigue protagonizando. El proyecto criminal, de existir, se encontraría en una fase decisiva, la de consolidación del enfrentamiento con parálisis de nuestro aparato estatal.»

Y el tercer argumento, escrito -ojo- antes del discurso de investidura de Torra, plantea el problema de fondo: la «vuelta a la normalidad»… golpista:

«Para restablecer la legalidad constitucional no basta con la elección de un «presidente limpio» de imputación penal. Es ridículo siquiera plantearlo, lo que es necesario es que no participe en forma alguna en hechos que, en su día, pudieran merecerla. Y lo cierto es que el señor Torra está siendo utilizado de manera instrumental en hechos muy posiblemente constitutivos de un delito de rebelión, que el Estado no puede tolerar.»

Evidentemente, si los tres argumentos bastaban y sobraban para rechazar la investidura del candidato por lo que había manifestado antes de la sesión de investidura, el discurso de Torra despreciando la Ley, retando al Estado e insultando a los partidos españoles de Cataluña, lo convierten en absolutamente intolerable. Nadie que acepte la investidura de Torra podrá decir que no participa en el Golpe, porque lo hace. A PP y PSOE, que han hecho del borrón y cuenta nueva la política ante el golpismo catalán, les resultará difícil rectificar, pero si Ciudadanos mantiene -debe hacerlo- la ilegitimidad de la investidura de Torra, Rajoy y Sánchez serán socios de sus fechorías, al mismo nivel de Podemos. Pero el partido más afectado es el del Gobierno.

Ni normalidad, ni legalidad: insurrección que pagan los españoles

El «manejo magistral de los tiempos» de Rajoy, que tanto elogiaban sus turiferarios cuando tuvo una mayoría absolutérrima y no la usó para nada, se ha revelado como una pereza pavorosa a cualquier compromiso con la acción de Gobierno, que es para lo que está en la Moncloa. La vergonzosa dejación de funciones ante el separatismo catalán durante casi seis años, los que consigna Llarena en la instrucción del caso contra los golpistas, ha sido fundamental para que la situación haya desembocado en esto: la designación de un racista por un forajido para representar al Estado Español en Cataluña.

Pero Rajoy tiene un problema: al entregarse de pies y manos al separatismo para tirar año y medio en La Moncloa, sin otro plan que el de su particular y exclusiva supervivencia, sus socios debían procurar no delatarle. Urkullu lo ha hecho al elogiar su «sensibilidad» con los asesinos de la ETA, y ahora la famosa estrategia del «candidato limpio» desemboca en este Torra, que empieza re-proclamando la República, despreciando la Constitución e insultando a los españoles de Cataluña, en los que antaño tenía votos el PP.

Torra ha dejado en ridículo a Rajoy y a Pedro Sánchez a las primeras de cambio. Y le ha servido a Rivera el menú completo para hartarse de votos del PP y el PSOE, indignados por su actitud ante el golpismo vasco y catalán. La estrategia «normalizadora», de la que Rivera supo salirse a tiempo y que Arrimadas enterró ayer con otra gran actuación simbólico-parlamentaria, es un filón electoral sencillamente inagotable para Ciudadanos. Cada fechoría que haga Torra, y las hará a diario, porque es un fanático racista y místico, genuinamente pujolista, como explicaba ayer su examigo Miquel Giménez en Vozpopuli, se cargará en el debe de Rajoy; y en el de Sánchez; y en el de Podemos, porque comunismo y racismo separatista nunca encajan del todo.

El dilema del Rey

Por último, por si faltaba algo, está el dilema del Rey, que apareció en televisión justo cuando, por la deserción bipartidista, ganaba el golpismo y sacó a la calle a la nación española, mostrando la inmensa fuerza que atesora y los partidos desprecian. Afrentado institucionalmente por Torra, que además participó en un escrche contra él, debe firmar (o no firmar) su nombramiento como representante en Cataluña del Estado que quiere violentamente destruir. Porque cuando Arrimadas dijo que Torra no venía a presidir la generalidad sino los CDR dijo exactamente lo que va a hacer: la máxima violencia contra los catalanes no nacionalistas y el máximo desafío al Estado.

¿Y puede el Rey hacerlo como si estuviera respaldando cualquier nombramiento del Gobierno en el ejercicio de su papel constitucional? Dicho de otro modo: ¿es constitucional colaborar con el golpe anticonstitucional? No me extrañaría que, por prudencia y previendo violencias futuras, el Rey retrasara la firma del decreto de nombramiento de Torra como representante del Estado hasta tener un informe del Consejo de Estado sobre la legitimidad de ese nombramiento. Sólo entonces, si fuera positivo, debería firmarlo. En mi opinión, por las razones dadas al principio -o sea, tomadas de Fernández-Viagas- no debería hacerlo. En todo caso, y respetando la difícil decisión que tome, un gesto formal de reprobación sería necesario.

Y si Rajoy y Sánchez se atreven a alegar que eso es salirse de sus funciones, que se preparen. Todos hemos vimos que tuvo que salir en televisión porque ellos no las cumplieron, ni las cumplen, ni piensan hacerlo. España ha entrado en un terreno pantanoso por su personal y política cobardía. Ya veremos cuándo y cómo podemos salir.

líder del partido pro-sharia: Bélgica tendrá una mayoría musulmana dentro de 12 años / Pro-sharia party leader: Belgium will have a Muslim majority within 12 years

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E INSTAURARÁ LA SHARIA SIN MAS, lo ha dicho abiertamente mas de una vez. / AND SHARE THE SHARIA WITHOUT MORE, has said openly more than once.

Por / By VOICE OF EUROPA (ORIGINAL ARTICLE IN ENGLISH)

 

El líder del partido «Islam» de Bélgica dijo en una entrevista televisiva que Bélgica tendrá pronto una mayoría musulmana. Anteriormente hemos informado sobre cómo su partido Islam quiere introducir la sharia y crear un Estado islámico en Bélgica.

Redouane Ahrouch, quien es el fundador y líder del partido, asistió a un debate transmitido en la televisión nacional de Bélgica el martes. En el programa VRT «De Afspraak» anunció que su partido se expandirá desde Bruselas a otras grandes ciudades como Amberes y Gante.

(CLICK EN LA SIGUIENTE IMAGEN PARA VER VÍDEO (EN FRANCÉS / CLICK ON THE NEXT IMAGE TO SEE VIDEO (IN FRENCH))

LIDER MUSULMAN BELGA

Ahrouch piensa que la cambiante población de Bélgica aumentará las posibilidades de su partido pro-sharia: «Dentro de 12 años, Bélgica tendrá una mayoría musulmana». Agrega que habrá dos grupos que pueden liderar el país: «Extremistas o demócratas como nosotros».

Durante el debate televisivo, el líder del partido islamista se rehusó a mirar a la secretaria de Estado de Igualdad de Oportunidades, Zuhal Demir, porque ella es una mujer. Ahrouch dijo anteriormente que quiere separar a los hombres y mujeres en el transporte público para evitar ataques sexuales.

Hace 15 años, Ahrouch fue sentenciado por amenazar y herir a su esposa. La dejó incapaz para trabajar.

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PROGRES, podemitas y similares: Solo ven lo que quieren ver

ELLOS, colectivistas, progres, adoctrinados, PODEMONGERS, etc., etc., etc., aceptan cualquier cosa, excepto al hombre independiente. Por ignorancia, cortedad de intelecto o, simplemente por miedo a la LIBERTAD VERDADERA, es decir, LA LIBERTAD INDIVIDUAL.

OBSÉRVESE: 

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Lo reconocen al instante…Hay un odio especial, insidioso, reservado para él. Ellos perdonan a criminales. Ellos admiran a dictadores. El crimen y la violencia son un lazo. Ellos necesitan lazos. Ellos tienen que forzar sus miserables pequeñas personalidades sobre todas las personas con que se encuentren. El hombre independiente los mata.

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La libertad individual y el Estado.

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Ensayo de Enrique Arenz sobre la doctrina liberal

La libertad individual es la gran conquista de la civilización occidental. Pero una conquista permanentemente amenazada y puesta en tela de juicio por el deseo de algunos de imponer su voluntad a sus semejantes.

Siempre hay personas que aspiran a gobernar a los demás, a pesar de que nadie en el mundo tiene el derecho de hacerlo. Es inevitable que esto ocurra en todos los tiempos y en todas las sociedades. Por eso la libertad no puede conservarse si los hombres no están dispuestos a defenderla cada día de su existencia, siendo muchos los peligros que la acechan permanentemente. Tanto la sociedad en su conjunto, al ejercer sobre las energías creativas de las personas ciertas presiones inhibitorias, como algunos hombres antisociales, al intentar someter a otros hombres, tejen una sutil trama de coacciones que tienen a limitar, restringir o, en algunos casos extremos, a impedir el ejercicio de las libertades individuales.

Por algo el premio Nobel de economía, Friedrich A. Hayek definió a la libertad como aquella condición por la cual la coacción que algunos ejercen sobre los demás queda reducida, en el ámbito social, al mínimo. “La libertad es la independencia frente a la voluntad arbitraria de un tercero”, afirmó resumiendo su claro concepto.

Pero Manuel Tagle va aun más lejos y asevera que la libertad es algo más que la simple ausencia de coerción. En su artículoAlberdi y de Tocqueville, dos almas gemelas, publicado en el diario La Prensa del 25/9/84, dice este pensador argentino: “En una primera instancia menos madura, la libertad se reduce a cortar los lazos dealgo que nos sujeta. Pero una vez alcanzada esa ausencia de coerción, la libertad del individuo se transforma en libertad para algo por realizar”.

Ahora bien, suele pensarse erróneamente que todo orden social implica inevitablemente una disminución de la libertad individual como precio por las ventajas de la civilización. Algunos opinan que el hombre primitivo disfrutaba plenamente de su derecho natural a ser absolutamente libre, pero que al organizarse socialmente debió sacrificar parte de su libertad en beneficio del conjunto.

No es así. La pérdida de la libertad jamás podría ser el precio de la civilización por la sencilla razón de que no puede haber libertad sin civilización. Imposible fuera concebir la libertad individual desvinculada de un ámbito de organización y cooperación social. Sólo en la esfera de las relaciones humanas cobra sentido la idea de la libertad. Tiene razón von Mises cuando nos señala que el hombre no nació ni fue libre en sus orígenes, puesto que en el orden biológico los más fuertes dominan y vencen a los más débiles, razón por la cual nuestros antepasados, los hombres primitivos, aún no organizados socialmente, sólo eran libres hasta que tropezaban con criaturas más fuertes. Cabe afirmar, por lo tanto, que el hombre no puede ser libre si no se organiza socialmente para serlo.

Suele decirse también que el “bienestar común” exige progresivas restricciones a la libertad individual. Debemos rechazar esta cómoda y peligrosa idea sencillamente porque tal “bienestar común” no existe, es una mera abstracción. Sólo existe el bienestar de los individuos siempre y cuando éstos dispongan de suficiente libertad y medios adecuados para alcanzar sus propios y personales fines. Resulta inimaginable una sociedad bien alimentada y feliz, salvo que esté integrada por individuos bien alimentados y felices. La sociedad es una abstracción cuya existencia sería inconcebible sin los individuos que la componen. La sociedad fue voluntariamente creada por las personas cuando éstas comprendieron las ventajas de unirse y cooperar entre sí frente a las dificultades que implicaba tratar de sobrevivir aisladamente. Por lo tanto el individuo está antes que la sociedad. El llamado “bienestar común” deriva en todo caso del bienestar de los individuos que componen la sociedad. Von Mises afirmaba que en libertad las mentes más agudas y ágiles son impulsadas a promover el bienestar de las más rezagadas.

Diferente, en cambio, es el concepto del bien común siempre que con él estemos señalando las condiciones políticas y jurídicas que aseguran las libertades del individuo y a las cuales éste se subordina. El bien común es la finalidad del derecho, según veremos más adelante.

Límites de la libertad

La libertad, sin embargo, nunca es absoluta, ya que necesariamente debe el hombre someterse a tres categorías de leyes que limitan sus acciones: las leyes físicas, las leyes praxeológicas y las leyes humanas de orden público. (En cierto sentido, el orden moral también condicionaría la libertad. Jorge García Venturini afirmada que no hay libertad sin moral ni moral sin libertad. “El hombre -decía- es libre, pero no hace lo que quiere sino lo que puede, y tampoco debe hacer lo que pueda sino lo que deba”. Sin embargo, debemos advertir que esta cuestión pertenece al ámbito de la conciencia individual. Desde el estricto punto de vista de la doctrina libertad todo aquello que contribuye a fortalecer la cooperación social voluntaria es moral, en tanto que lo que tienda a entorpecer o impedir dicha cooperación debe considerarse inmoral).

Las tres categorías de leyes mencionadas arriba (físicas,praxeológicas y humanas) establecen límites a la libertad individual, pero cuando una sociedad está organizada para la libertad, estos límites tienden a expandirse en lugar de contraerse. Puede decirse que la libertad es un sistema de fronteras móviles que el hombre puede ampliar permanentemente.

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Este concepto encierra tanta importancia para la comprensión de nuestra doctrina que es conveniente demorarnos en una más detallada explicación.

Todo el mundo acepta la soberanía de las leyes físicas como razonable límite a la libertad. No ocurre así con las leyes praxeológicas que, por desconocimiento, suelen ser resistidas por las personas. Esto se refleja en las leyes humanas. Cuando la sociedad dicta sus leyes de orden público, respeta escrupulosamente la jurisdicción de las leyes físicas. Ninguna ley humana, por ejemplo, puede contradecir la Ley de gravitación universal de Newton. Sin embargo, las leyes humanas suelen extralimitarse en lo referente a las leyes praxeológicas cuyas zonas invaden por desconocimiento.

Absurdo sería aun para el más ignorante decir que un hombre no es libre porque no puede arrojarse desde un décimo piso y volar como las aves. Cualquier necio comprende las leyes físicas que impiden hacer tal cosa. Sin embargo, cuando se trata de juzgar la suba de precio de un producto que escasea, pocos son los que advierten (aún entre los más cultos) la existencia de leyes praxeológicas que producen ese fenómeno, y la mayoría prefiere culpar a los comerciantes y exigir la intervención del Estado en resguardo de la “libertad” de comprar barato. En muchos casos (en la Argentina y en muchos otros países, sobre todo en tiempos de inflación o de crisis) este reclamo popular induce al legislador a sancionar leyes arbitrarias que comprimen las libertades individuales, vulneran el derecho de propiedad y alteran el orden espontáneo del mercado agravando aun más el problema que se pretendía solucionar. (Comprobaremos más adelante que la “libertad de comprar barato” es equivalente a la “libertad de volar”. Tan ilusoria una como la otra, salvo que atinemos a ampliar inteligentemente las fronteras móviles de la acción humana, en cuyo caso ambas serán posibles.)

El hombre nunca podrá lograr absolutamente todo lo que se propone. Sus deseos son ilimitados, pero las posibilidades de que dispone para satisfacerlos son siempre escasas. Por eso su libertad se halla necesariamente restringida y condicionada a esfuerzos y sacrificios personales para ampliar sus límites.

Las leyes físicas y las leyes praxeológicas son dóciles con quienes las entienden y respetan. Pero castigan implacablemente a quienes las llevan por delante. “La naturaleza no consiente burlas -escribió Goethe-, es siempre verdadera, siempre seria, siempre rigurosa; tiene siempre razón, y los errores y equivocaciones son siempre de los hombres. Ella repudia al inepto y se rinde tan sólo a quien es capaz, verdadero y puro, revelándole sus secretos”

Pero así como las leyes físicas y las leyes praxeológicas ofrecen flexibilidad en el trazado de sus límites a la libertad individual, con la sola condición de que el hombre sepa descubrir y respetar sus postulados, las leyes humanas, cuando pretenden modificar la naturaleza de las cosas, crean barreras rígidas que reducen arbitrariamente la esfera de la acción humana. No hay forma de ensanchar las posibilidades del hombre dentro de un sistema jurídico que pretenda crear y conceder derechos contrarios al orden natural, cuando sólo debiera limitarse a proteger la propiedad privada, la libertad de todos y el ámbito de la convivencia pacífica.

Nadie se rebela contra las leyes físicas cuando son éstas las que se oponen a los caprichos humanos- Pero cuando se trata de leyes praxeológicas las personas suelen resistirse a sus designios simplemente por ignorancia, y en lugar de buscar las soluciones por los cauces que esas mismas leyes les ofrecen, prefieren inducir a los políticos a dictar leyes que expropien (porque de eso en definitiva se trata) los frutos del trabajo de unos en beneficio de otros, creyendo que la falla está en la distribución de la riqueza. Todos pierden libertad y prosperidad por este camino. La invocada “libertad de comprar barato” (que ciertamente no puede concederse por decreto por ser ella el resultado laborioso de comprender y respetar las leyes praxeológicas) se transforma así en una aspiración ilusoria.

Las leyes físicas le dicen al hombre que no puede volar, pero al mismo tiempo le sugieren las soluciones científicas para fabricar una máquina voladora. ¿A quién se le ocurriría pedir al gobierno la derogación de la ley de Newton en resguardo de la “libertad de volar”? Tan sólo respetando esta ley y otras leyes físicas ha podido el hombre volar libremente como los pájaros.

Ahora apliquemos este razonamiento a las leyes praxeológicas. Si un producto comienza a faltar en el mercado, es natural que suba de precios, porque hay una ley praxeológica que se llama “Ley de la oferta y la demanda” que dice que si muchas personas desean al mismo tiempo un bien escaso, se producirá una competencia entre los potenciales consumidores quienes ofrecerán más dinero para quedarse con el producto anhelado. El precio que finalmente se forme en el mercado debido a esta presión de la demanda será el factor selectivo que se encargue de segregar quiénes pueden pagar de quiénes no pueden hacerlo, ya que si así no ocurriera, la violencia o el azar serían los que decidirían a manos de qué consumidores irían a parar las limitadas existencias disponibles.

Puede parecer injusto que en una sociedad civilizada unos puedan pagar y otros no. Sin embargo no es así. Von Mises nos explica en La acción humana que la desigualdad económica entre las personas es en sí misma el resultado de una previa selección del mercado, el cual, en decisiones que se modifican todos los días, hace a la gente rica o pobre, triunfadora o fracasada, según haya sabido o no interpretar y satisfacer los caprichos de… nosotros los consumidores.

Por otra parte, para comprar un producto a un determinado precio, no basta solamente con “poder pagar”, también es indispensable estar dispuesto a hacerlo. Recordemos que todo intercambio comercial se produce únicamente si cada parte valora en más lo que recibe que lo que da. Por consiguiente, habrá consumidores que no aceptarán el precio de un bien deseado a pesar de contar con el dinero necesario, sencillamente porque no lo considerarán un buen negocio y preferirán destinar sus limitados recursos a la compra de otros bienes aun más deseados.

El precio de mercado (esto lo veremos detalladamente más adelante), como fenómeno social selectivo, se produce por influencia de muchos factores concurrentes en cada consumidor y en cada vendedor. Algunos de estos factores son de carácter subjetivo (valor atribuido, preferencia, necesidad, emotividad), y otros, rigurosamente objetivos (capacidad económica, apremio legal, etc.)

Pero retornemos a la cuestión de las leyes praxeológicas. Si bien el fenómeno de los precios nos suele llamar la atención únicamente en aquellos productos que experimentan alteraciones en su abastecimiento, se verifica, en rigor, en todos los bienes y servicios que existen, ya que la oferta siempre es menos a la demanda potencial.

Es la escasez (combinada con su utilidad) lo que convierte a las cosas en bienes económicos. Todo cuesta, todo es dificultoso, todo tiene su precio porque todo lo útil o bien es difícil de obtener, o es obra de la creatividad y del esfuerzo humano. Sólo el aire abunda en todas partes, y por eso no tiene precio. El agua, en cambio, tiene valor comercial en muchos lugares, y aun donde abunda, debe pagarse por el servicio de su potabilización y traslado a los domicilios. Decía Röpke: “Toda sociedad debe confrontar el hecho de que, por un lado están nuestros deseos ilimitados, y por el otro, nuestros limitados recursos para satisfacer dichos deseos”. Es por ello -según ya lo hemos dicho antes-  que nadie ve totalmente satisfechas sus ambiciones. Y cuando alguien se enfrenta a dos cosas que desea ardientemente pero que no puede obtener al mismo tiempo, debe siempre elegir una y renunciar a la otra.

Estas leyes praxeológicas parecen muy antipáticas porque se empeñan en poner freno a nuestros antojos y caprichos. Sin embargo, son estas mismas leyes las que nos enseñan a economizarrecursos escasos a la vez que nos revelan sus secretos sugiriéndonos la forma científica de producir más y mejor para satisfacer cada vez en mayor medida nuestros ilimitados deseos.

Respetando las leyes praxeológicas logramos ampliar sus fronteras y con ellas el campo de las posibilidades humanas. La libertad de comprar barato resulta así tan posible como la libertad de volar. Nada más destructivo para el hombre civilizado que ir contra ellas. Tan vano resulta fijar precios y salarios por decreto (por mencionar tan sólo una de las insensateces de la política moderna, como derogar la ley de Newton.

La libertad debe ser de todos

Ahora bien, de la misma manera que nadie puede considerarse menos libre porque debe obedecer las leyes físicas y las leyes praxeológicas, tampoco puede hablarse de pérdida de libertad cuando el hombre debe respetar los límites que le imponen las leyes humanas, siempre que estas leyes tengan por finalidad únicamente la protección del individuo y la defensa de la libertad de todos. Si las leyes humanas van más allá de este objetivo -que es, por otra parte, su única justificación- la libertad individual es irremediablemente lesionada.

“El derecho -escribe Kant- puede definirse en general como la limitación impuesta a la libertad de un individuo hasta donde lo permite su acuerdo con la libertad de todos los otros individuos, en cuanto ello es posible por medio de una ley universal”.

Y recordemos a nuestro Alberdi: “Lo que llamamos nuestro deber no es más que la libertad de los otros: es la libertad nuestra que paga el respeto que debe a la libertad de otros”

La libertad, pues, debe ser de todos, y ella presupone la existencia de un contexto de cooperación e interdependencia social y la ausencia de coacción. Más allá de los límites impuestos por la libertad de los demás, el individuo libre disfruta de una amplia esfera de actividad privada en la cual no pueden intervenir los otros ni la sociedad.

A cada integrante de la sociedad le conviene que sus vecinos y conciudadanos desarrollen al máximo sus energías creadoras a fin de que el aporte de cada uno de ellos hacia la comunidad sea el máximo que su capacidad le permita. Un país con abundancia es un país donde todos producen y se benefician con la diversidad creciente de posibilidades y recursos. Ahora bien, si la libertad individual (según lo hemos visto en el capítulo anterior) es la condición indispensable para el fenómeno productivo se multiplique geométricamente mediante la liberación de las energías creativas individuales, es natural que todos nosotros, desde el más pobre al más rico, tengamos especial y personal interés en la libertad de los otros. En las antiguas monarquías absolutas el rey no era más libre que sus siervos: no podía curar sus enfermedades, no disponía de medios para viajar cómodo y seguro, no había calefacción en sus húmedos y fríos aposentos, no era dueño de darse una ducha caliente ni de hacer sus necesidades en un cómodo sanitario.

“¡El Estado soy yo!”  “¡Después de mí el diluvio!”  Así expresaban su arrogancia los soberanos absolutos cuya autoridad de origen divino les concedía la potestad sobre vidas y haciendas de sus súbditos. Sin embargo no podían disfrutar de las mínimas comodidades que hoy tiene a su alcance el más humilde obrero de un país capitalista. Con todo acierto William Allen White dijo que la libertad es la única cosa que uno no puede tener sin estar dispuesto a que los demás también la tengan. Porque si yo tengo libertad para trabajar, comerciar y poseer bienes y las demás personas no la tienen, no podré intercambiar nada con ellas, por lo cual no dispondré de aquellos indispensables medios que sólo la múltiple creatividad de los otros podría proporcionarme. Y sin tales medios, de poco habrá de servirme la libertad, pues mis posibilidades de elección serán casi nulas. Por el contrario, si todos somos libres, aún el más pobre recibirá parte de la riqueza creada por todos. “La vida del hombre medio es hoy más fácil, cómoda y segura que la del más poderoso en otro tiempo. ¿Qué le importa no ser más rico que otros, si el mundo lo es y le proporciona magníficos caminos, ferrocarriles, telégrafo, hoteles, seguridad corporal y aspirina?” (Ortega y Gasset, La rebelión de las masas).

Yo viajo diariamente en autobús. Mi asombro se renueva en cada uno de esos fantásticos viajes. Confortablemente sentado en una mullida y bien tapizada butaca individual, suelo preguntarme si no estoy soñando al desplazarme velozmente como en un cuento de hadas por lisos y bien nivelados pavimentos, protegido del frío y de la lluvia por grandes y transparentes ventanilla. Cuando llego a destino, oprimo un botón y como en el país de las maravillas de Alicia, el vehículo se detiene y la puerta trasera se abre para que yo, el soberano del siglo XX, pueda descender. ¿Cómo es posible no asombrarse frente a ese prodigio de la civilización? ¿Es que a alguien puede parecerle cosa natural un autobús circulando a frecuencia regular al servicio de la gente? Yo, al menos, no lo creo así. Soy consciente de que cada vez que hago ese fantástico viaje estoy recibiendo generosamente la cooperación acumulada de millones de personas que trabajaron, estudiaron, crearon, inventaron, ahorraron e invirtieron para que yo, por unos centavos, me pueda dar diariamente ese lujo inconcebible en otros tiempos. He ahí un sencillo ejemplo -a menudo inadvertido- de lo mucho que nos beneficia la acumulación de capital y la creatividad libremente expresada.

Gracias al capitalismo, cualquier trabajador recibe de millones de personas que jamás conocerá, más servicios y ventajas personales que los que obtenía a fuerza de látigo un señor feudal de sus esclavos.

Fácilmente deducimos, entonces, que el principal interés de toda comunidad consiste en asegurar a todos por igual el ejercicio de la libertad individual, creando leyes y costumbres tendientes a tal fin y abjurando del principal enemigo de la libertad, la divinización del poder, ya sea en su forma individual o colectiva.

El Estado y el orden jurídico 

Recapitulando, recordaremos que libertad individual es aquella condición por la cual todo hombre disfruta de una amplia esfera de actividad privada en la cual los demás no pueden interferir.

Si quisiéramos analizar el significado de la libertad desde un punto de vista negativo, deberíamos definir la esclavitud. Para ello nada mejor que recurrir a Herbert Spencer. Decía este pensador que esclavo es alguien que trabaja sometido a coerción para satisfacer los deseos de otro, y el grado de severidad de la esclavitud a que está sometido depende de la mayor o menor medida en que el esfuerzo es aplicado compulsivamente en beneficio de otro en lugar de serlo en propio beneficio.

Hemos analizado hasta aquí las dos condiciones extremas de un hombre: la total libertad individual (limitada por las físicas, las leyes praxeológicas y las leyes humanas), y la máxima esclavitud posible (también limitada por la última y trágica libre opción del esclavo: obedecer o suicidarse). Todos los infinitos estados intermedios que puedan imaginarse entre ambas condiciones extremas, son exponentes de pérdida de libertad del hombre. No es una exageración tautológica afirmar que el hombre nunca es más o menos libre, sino más o menos esclavo. La condición del hombre libre es una sola: no absoluta ni ilimitada, como queda dicho, pero sí susceptible de constante perfeccionamiento. Nadie puede considerarse libre “a medias”. Sólo se puede ser esclavo a medias.

Ahora bien, cuando se pierde la condición de hombre libre, la disminución progresiva de la libertad no se detiene. Lamentablemente esto ocurre en forma gradual y las personas no advierten lo que les está sucediendo, sobre todo cuando la pérdida de la libertad se produce por el avance del Estado sobre el ámbito de acción privativo de los particulares, en violación de las leyes praxeológicas del mercado, provocan desocupación de un sector laboral en beneficio de los obreros que conservan sus empleos. Con esta arbitrariedad no solamente limitan la libertad del empleador -y del consumidor, que en definitiva es quien fija precios y salarios- sino que también limitan la libertad de los propios trabajadores que quizás preferirían trabajar por un sueldo menor antes que quedar sin empleo.

Los límites del Estado han sido siempre un motivo de discusión, ya que de la misma manera con que algunos pretenden llevar su poder hasta extremos en que el hombre se transforma en su siervo, otros pretenden negar toda forma de autoridad política, aduciendo que el menor atisbo de coerción gubernamental implica pérdida de libertad.

Ninguna de ambas posiciones es aceptable. Es más, constituyen las dos caras de una misma moneda totalitaria: el colectivismo y el anarquismo.

Von Mises se encargó de aclarar, con estas palabras los fundamentos del orden jurídico en un sistema de libertad: “Mientras el gobierno, es decir, el aparato social de autoridad y mando, limita sus facultades de coerción y violencia a impedir la actividad antisocial, la libertad individual prevalece intacta. Esta coerción no limita la libertad del hombre, pues aunque éste decidiera prescindir del orden jurídico y el gobierno, no podría al mismo tiempo disfrutar de las ventajas de la cooperación social, y actuar sin frenos obedeciendo a sus instintos de violencia y rapacidad”.

En efecto, cuando el hombre delega la defensa de su libertad en una organización social, no renuncia a dicha libertad, ya que lo que quiere es precisamente preservarla. A lo que renuncia es a la irracionalidad y a la violencia. Por eso el hombre no puede ser libre si no se desenvuelve en un medio social donde todos los hombres hayan pactado cooperar entre sí para ser libres.

Es obvio que los gobiernos carecerían de toda justificación moral si los hombres no tuvieran aquellos instintos de rapacidad y violencia que los llevan a enfrentar permanentemente entre sí. De no existir reglas estipuladas de convivencia y una fuerza defensiva organizada, los más fuertes e inescrupulosos terminarían por someter a los más débiles e indefensos. La justificación moral de todo gobierno se nutre en un derecho natural de todo ser viviente: usar de la fuerza para defenderse de las acciones destructivas de los demás.

Nadie pone en duda que el derecho más elemental e incuestionable de todo ser humano es el derecho a vivir y a conservar la propia existencia. Este derecho, lógicamente, implica el uso de los medios adecuados para la obtención del sustento y la preservación de la vida y la salud. (Recuérdese que hay una sola cosa que el hombre puede hacer sin medios: dejarse morir). Ahora bien, si admitimos el presupuesto del derecho a la vida y al uso de los medios idóneos para defenderla, fácilmente deducimos que el hombre es libre para elegir, usar y disponer de una variedad ilimitada e imponderable de dichos medios con los cuales ha de conservar la vida, ponerla a cubierto de futuros riesgos, asegurar la supervivencia y bienestar de los hijos, acumular reservas para la vejez y eventuales enfermedades y, finalmente, alcanzar fines superiores. Nadie puede razonablemente negarle al hombre tales lógicas atribuciones, con lo cual queda claramente perfilado su derecho natural e inalienable a poseer bienes y disponer libremente de ellos. He aquí el sentido de la propiedad privada.

Pero la propiedad privada sería ilusoria si no se la protegiera en forma efectiva mediante el orden jurídico. Los más fuertes y violentos impedirían este derecho a los más débiles y terminarían por apropiarse de todo. La vida humana se extinguiría en el planeta.

En todos los tiempos han existido hombres pacíficos y hombres violentos. Hombres buenos y hombres malos. Los pacíficos han intentado vivir en comunidad, trabajando, creando e intercambiando libremente el fruto de su trabajo. Pero los violentos, han utilizado sus energías destructoras para imponer su voluntad a sus semejantes y apropiarse por la fuerza de las energías creadoras de los demás.

He aquí, en esta realidad de la condición humana, la primera amenaza a la libertad del hombre. Caín impone su violencia homicida sobre el pacífico Abel. El Antiguo Testamento nos muestra descarnadamente esta trágica circunstancia que habrá de acompañar eternamente el destino del hombre: la libertad y su amenaza permanente. El hombre pacífico frente a su tirano, el hombre violento.

Como se recordará, Leonard Read define a esta realidad como “el único problema social que existe”, ya que todo lo demás queda en la jurisdicción de lo creativo y lo individual.

Según hemos visto, el derecho a la vida y a conservar la propia existencia, implica necesariamente el derecho a la libre elección de los medios con los cuales lograr tales primarios fines. No cabe pues duda de que la libertad individual es un derecho anterior al hombre mismo ya que proviene de su Creador que lo dotó de la voluntad de vivir y del instinto de la supervivencia. La libertad, sin embargo (y esto también lo dijimos), sólo es posible en un contexto de organización social, ya que el hombre primitivo jamás pudo ejercerla. Es, por lo tanto, un derecho que requiere el voluntario propósito de cultivarlo (la conciencia del hombre libre es, en rigor, un estado cultural), un derecho que exige una clara convicción de su conveniencia social y, sobre todo, una firme decisión de preservarlo. La manera moderna de ejercer la libertad individual (sobre todo en el plano económico que es donde alcanza su máxima significación social) constituye, como afirmamos al principio de este capítulo, la gran conquista de la civilización occidental. Pero una conquista constantemente amenazada y puesta en tela de juicio. Por ello la libertad es un derecho que debe ser defendido todos los días, un derecho ligado a la vida misma que -al igual que ésta- se halla expuesta a mil peligros y acechanzas.

Por esta razón la libertad no es posible sin los medios adecuados para defenderla. Ahora bien, cualquiera tiene el derecho moral de impedir las acciones destructivas de los demás. Pero, por las razones que analizaremos a continuación, el hombre pacífico no puede enfrentar por sí mismo a los seres violentos que amenazan su libertad.

En primer lugar porque el hombre pacífico que dedica todas sus energías creativas a su trabajo, no puede estar de vigilante, temeroso de las acechanzas de los demás. Y aunque así lo hiciera, su reducido ámbito de información no le permitiría conocer los peligros que se ciernen sobre su vida y bienes, tramados a veces a mucha distancia.

Porque si cada individuo se hiciera cargo personalmente de su propia defensa, tendríamos en la Argentina 35 millones de tribunales de justicia, cada cual con su propia concepción del derecho.

Porque al hombre sólo le está moralmente permitido usar la “fuerza defensiva” y jamás la “fuerza agresiva”. La diferencia entre ambas es demasiado sutil para que cada cual la interprete a su manera.

Y finalmente el argumento más convincente: porque si se trata de imponerse por el uso de la fuerza, es imprescindible el empleo de las armas, y en este terreno siempre ganan los que las manejan mejor. Entre un hombre laborioso y pacífico y un delincuente, sin duda este último habrá de manejar más hábilmente las armas. Si cada cual estuviese librado a su propia defensa, los delincuentes no tardarían en erigirse en gobernantes y someter por la fuerza agresiva a todos los seres pacíficos.

Con lo cual no podemos sino llegar a la siguiente conclusión:El hombre debe delegar la defensa de su libertad en una organización que utilice con carácter de monopolio la fuerza defensiva, a fin de enfrentar -orgánica y eficientemente- el único problema social que existe: las agresiones de algunos individuos contra la libertad individual. De ahí la necesidad de que exista un gobierno y un orden jurídico.

La organización de un Estado sólo se justifica, entonces, en la necesidad de los individuos de defenderse contra las acciones humanas que inhiben la energía creadora y su libre intercambio. Un gobierno justo deriva de esta única motivación: la necesidad común de todos los hombres de protegerse contra aquellos que quisieran limitar sus posibilidades creativas.

“El principio que justifica la organización, por parte de la sociedad, de una función defensiva -nos advierte Leonard Read-, impone limitaciones a lo que debe realizar dicha organización. En una palabra, la limitación del derecho reside en la propia justificación del derecho.La fuerza es una cosa peligrosa. Por lo tanto, la función organizada de la sociedad es un instrumento peligroso. Contrariamente a lo que algunos sostienen, no es un mal necesario. Siempre que se limite a su debido alcance defensivo, es un bien positivo. Cuando excede sus justas limitaciones y se convierte en una agresión, no es un mal necesario sino un mal, directamente.”

Es simple deducir que las facultades de un Estado están limitadas por los mismos principios que justificaron su creación. Si ningún individuo tiene el derecho de gobernar a otro, mucho menos la asociación de muchos individuos (el Estado) formada precisamente para proteger a sus integrantes de aquellos que aspiran a imponerles su voluntad por la fuerza, podría asumir facultades que el individuo no tiene. Es decir, si yo me organizo junto a otros individuos en una sociedad para evitar que los merodeadores violentos intenten limitar mi libertad, mal puedo aceptar que esa misma sociedad vaya más allá de sus fines y avance sobre los derechos para cuya preservación fue creada.

Podemos, en fin, hacer un resumen de lo expresado hasta aquí diciendo que el ámbito donde la criatura humana puede desarrollar al máximo sus potencialidades creativas e intercambiar libremente sus energías en una cooperación voluntaria que beneficia a todos, es la libertad individual. Como dicha libertad está siempre amenazada, el hombre debe hacer algo para preservarla. El Estado, pues, es la consecuencia de la necesidad del hombre de proteger su libertad. Por tal razón el Estado es una organización subordinada al hombre que tiene, por definición, facultades estrictamente limitadas. Si estos límites defensivos son sobrepasados, cosa que ocurre hoy, lamentablemente, en todos los países del mundo, el individuo pierde independencia y ve interferida y reducida su esfera privada de acción.

Digamos, para finalizar este capítulo que existen dos tipos de fuerza  según ya lo insinuamos antes: la fuerza defensiva y lafuerza agresiva. La primera es un derecho indiscutido de todo ser viviente sobre la tierra. La segunda, en cambio, es siempre inmoral y socialmente destructiva. La violencia agresiva sólo es legítima en el mundo salvaje, en medio de la competencia biológica por la supervivencia.

 La competencia social propia del hombre civilizado se basa en la cooperación y en la búsqueda de ganancias mediante un mejor servicio a los demás. Decididamente, toda forma de agresividad es dañina y antisocial.

Hemos visto que el hombre se ve precisado a delegar en el cuerpo político de la sociedad, el uso de la fuerza defensiva. Ahora bien, si nadie tiene el derecho moral de emplear la fuerza agresiva contra sus semejantes, nadie tampoco puede delegar en el gobierno ese derecho que no tiene. Además, lo que no puede hacer un solo individuo, tampoco lo puede hacer un grupo de individuos o una sociedad. Sólo la fuerza defensiva podemos moralmente utilizar, y sólo la fuerza defensiva delegamos legítimamente en el gobierno,

Sin embargo, los gobiernos suelen atribuirse derechos y facultados que los individuos no tienen. A raíz de esta extralimitación, la fuerza defensiva del Estado puede transformarse, casi inadvertidamente, en una fuerza agresiva y volverse contra aquellos mismos a los cuales debiera proteger.

El padre del liberalismo político, John Locke, ha dicho que la grande y principal finalidad de los hombres que se unen en república y se someten al gobierno es el mantenimiento de su propiedad. Podríamos agregar que la única función de un gobierno republicano es defender la propiedad privada, amparar la libertad de los ciudadanos y asegurar la convivencia pacífica.

Podemos afirmar que todo empleo de la fuerza agresiva por parte del gobierno atenta contra la propiedad, reduce las esferas privadas de acción, inhibe las energías creadoras de los individuos y disminuye las posibilidades y recursos globales perjudicando a toda la sociedad. En este aspecto la doctrina liberal es, como acertadamente la definió Carlos Sánchez Sañudo, la doctrina de la limitación del poder.

En resumen: el orden social de la libertad es un inteligente sistema de fronteras móviles que el hombre puede ensanchar hasta el infinito siempre que tenga la sabiduría de armonizar sus propias y falibles leyes con aquellas otras leyes perfectas que el Creador estableció en todo el Universo para nuestro exclusivo uso y beneficio.

Un diputado íntimo de Errejón tiene una red opaca que no paga impuestos y vende libros podemitas

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El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, se hace la fotografía para su credencial en la Cámara Baja (Foto: Efe)

Raimundo Viejo Viñas, íntimo de Íñigo Errejón y diputado de Podemos, ha diseñado una red societaria para no pagar parte de los impuestos mientras se lucra vendiendo libros de Podemos y expandiendo la ideología podemita. Se trata del mismo esquema que ya utilizó en su momento el propio Pablo Iglesias para su productora Con Mano Izquierda. Pero, en este caso, aún más enrevesada.

Viejo Viñas es diputado por Barcelona en el Congreso y está estrechamente unido al candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, porque fue uno de los miembros del tribunal que evaluó la tesis doctoral del otrora número 2 de la formación morada.

En su propia ficha del Parlamento señala que es profesor universitario y editor. Y efectivamente lo es: Raimundo Viejo Viñas aclara este punto en la web de Podemos: “Desde 2011 soy miembro del proyecto editorial y educativo, Artefaktey desde el 24M hasta el pasado 30 de Octubre fui concejal de Educación y Universidades por Barcelona en Comú”.

El Registro Mercantil efectivamente recoge esta situación en Artefakte: Viejo Viñas tiene el 50% de esta sociedad con forma de sociedad civil particular dedicada a la edición de libros, según sus propias afirmaciones. En su declaración de bienes del Congreso él describe esta participación: “Socio de ARTEFAKTE, SCP (Sociedad Civil Particular), al 50%. Tiene por objeto la edición de libros y la organización de ciclos formativos”. Porque también se dedica a las charlas y conferencias de materias relacionadas con el ideario de su partido.

Pero Artefakte, a su vez, opera a través de un segundo esquema donde consigue comercializar sus libros: se trata de Traficantes de Sueños. Esta segunda entidad tiene a su vez forma jurídica de Asociación Cultural, un mecanismo muy rentable que permite reducir el pago del Impuesto de Sociedades y otros tributos, y además y muy importante, no hacer públicas las cuentas con los mismos requisitos que las sociedades consideradas empresas. Es decir, tal y como ya ocurría con la productora que empezó haciendo el programa de Pablo Iglesias La Tuerka: Con Mano Izquierda.

Traficantes de Sueños se define como “un proyecto de producción y comunicación política que aspira a aportar contenidos y animar debates útiles para la acción colectiva transformadora”. Pero, al margen de esa filosofía, lo cierto es que logra fondos por medio de la venta de libros, la editorial y la distribuidora.

La propia web admite su función de “proyecto de economía social, esto es, una entidad sin ánimo de lucro y sin jefes, implicada en el mercado social y en el desarrollo de otra economía”. Pero resulta que esa “otra economía” logra fondos en los mismos euros que el resto. Eso sí, esta es asociación cultural, con lo que paga menos impuestos que el resto. Y mientras logra esos fondos divulga el ideario entero de Podemos.

Porque tiene “librería asociativa” y “distribuidora”; en “los 2000 llegaron la editorial, el taller de diseño y el espacio para la autoformación y producción de Nociones Comunes”.

Es más, tiene instalaciones en la Calle Duque de Alba 13 de Madrid, porque “nuestro espacio, no sólo es la sede de la librería, sino que es un espacio colectivo, abierto a la ciudad, que acoge multitud de presentaciones, proyecciones, reuniones, talleres y debates”. Es decir, prácticamente una divulgadora de los conceptos de Podemos.

Asociación cultural opaca

La comunicación oficial al Registro Mercantil recoge su objeto: “4761 – Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados”. No recoge el resto de actividades, pero, al margen de ello, poco se puede saber del comportamiento de esta asociación cultural porque su régimen le permite una mayor opacidad que a una empresa normal.

La participación de Viejo Viñas ha sido declarada en el Parlamento y autorizada. Pero también es verdad, que sólo figura la de Artefakte, no la derivada de su ubicación en Traficantes de Sueños. En esa anotación en el Congreso se puede leer que se trata de una actividad privada que se autoriza “en la medida en que no incurran en los supuestos del artículo 159.2 de la LOREG, con las cautelas de no invocar la condición de parlamentario, no menoscabar la dedicación parlamentaria, y no incurrir en actividades prohibidas del artículo 159.2”.

En el propio link de Artefakte ubicado en la página web de Traficantes de Sueños se puede acceder hasta la pestaña que resume el curriculum de Viejo Viñas. Allí relata que “mis campos preferentes de intervención son la teoría política (experimental), los movimientos sociales (con especial atención a los nacionalismos y las soluciones federales), identidades colectivas y cambios de régimen. Como ciudadano activo he intervenido en una larga lista de campañas de movimientos desde 1985; he sido integrante de múltiples colectivos y plataformas, desde la PADEG en 1986 hasta Artefakte en 2012; en la actualidad estoy de diputado en el Congreso”.

FUENTE: Ok Diario