ESTA POLÍTICA YA ESTÁ CAUSANDO DESABASTECIMIENTO DE MATERIAL SANITARIO EN ESPAÑA
La imprevisión del Gobierno socialista-comunista ante la extensión del coronavirus le ha llevado a una huida hacia adelante que ya está empezando a tener efectos muy negativos en el suministro.
Difaman a una empresa y dejan a la sanidad andaluza sin mascarillas
La Comunidad de Madrid también sufre los efectos de las requisas masivas del Gobierno
Este jueves el problema ha surgido en la región con más casos de coronavirus en España:la Comunidad de Madrid ha denunciado que el Gobierno retiene en las aduanas el material sanitario que necesita:“Desde que estamos en el estado de alarma, nosotros como comunidad no podemos comprar material y tenemos retenido en las aduanas material de todo tipo”, ha denunciado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, añadiendo: “En las últimas 48 horas, no nos ha llegado ni una sola mascarilla, absolutamente nada para los hospitales. Estamos trabajando a mínimos”. Esto después de que el Gobierno de Sánchez haya centralizado la distribución de ese material.
El Gobierno niega las requisas mientras la Guardia Civil las confirma
En respuesta a esas acusaciones,hoy el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha negado que haya requisasy ha asegurado que ese material ya se ha enviado. Pero a decir verdad, la credibilidad del ministro y de todo el Gobierno está ya muy tocada después de pasarse semanas restando importancia a esta amenaza sanitaria. Que ahora niegue requisas mientras la propia Guardia Civil las anuncia en su webes la guinda que faltaba para confirmar que en este difícil momento el ejecutivo sigue mintiendo a los españoles para tapar los efectos de su imprevisión y sus improvisaciones, y también de algo que viene caracterizando a la facción más extremista de este Gobierno: su torpe empeño en despreciar la ayuda de la iniciativa privada, maltratando a las empresas que la ofrecen generosamente, una política ideológica y sectaria que tiene su máxima plasmación en los mensajes de Podemos y de Izquierda Unida contra la sanidad privada.
El resultado de esta medida: freno a las importaciones de material sanitario
Lo que provocó la política de requisas instaurada por Lenin
La actuación del Gobierno de Sánchez no es la propia de un estado de alarma, ni siquiera de un estado de excepción. El ejecutivo está aplicando unas formas propias de una economía de guerra, y para más inri al estilo soviético. De hecho, este desastre que está provocando con la importación de material sanitario empieza a recordar mucho ala Prodrazvyorstka, la política de requisas impuesta por Lenin. Esa medida se puso en marcha en 1918 cuando la Rusia bolchevique empezó a sufrir el desabastecimiento de grano. La ocurrencia de los comunistas fue confiscar a los campesinos primero el grano, y después el forraje, las patadas y la carne, en muchos casos pretendiendo obligarles a producir estos artículos sin garantizar siquiera un pago por ellos. En agosto hubo en Tambov una revuelta campesina contra esas requisas, que fue brutalmente reprimida por los comunistas, dejando 240.000 muertosentre las ejecuciones masivas y los internamientos en el Gulag, el sistema de campos de concentración instaurado por la dictadura de Lenin.
Cuanto peor, mejor: jugando con la desesperación de la gente
La represión también alcanzó a los hambrientos obreros de las fábricas que se declararon en huelga por las duras condiciones impuestas por los bolcheviques: en abril de 1919, en la fábrica de Putilov, 900 huelguistas fueron detenidos y 200 fueron ejecutados sin juicio previo. El propio Lenin animaba a matar a los huelguistas, tachándolos de saboteadores: “Me sorprende que usted tome el asunto con tanta ligereza y no ejecute inmediatamente un gran número de huelguistas por el delito de sabotaje”, le dijo a Vladimir Smirnov en un telegrama el 29 de enero de 1920 ante las huelgas de los trabajadores de la región de los Urales. El resultado de estas políticas leninistas fueron hambrunas masivas en las que murieron entre 3,9 millones y 7,75 millones de rusos, kazajos y tártaros. Hay que decir que el propio Lenin fomentaba estas desdichas, bajo la premisa de cuanto peor, mejor, en la creencia de que la desesperación de las masas a causa del hambre les haría más favorables a los comunistas: “Todas las consideraciones indican que más adelante no lo haremos, porque en ningún otro momento, además del hambre desesperada, nos dará ese estado de ánimo entre la masa general de campesinos que nos garantizaría la simpatía de este grupo”, escribió enuna carta dirigida al Politburó el 19 de marzo de 1922 que se conserva en la librería del Congreso de EEUU.
Al menos dos ministros del Gobierno de Sánchez son admiradores de aquel brutal dictador
A la vista de los planteamientos del primer dictador comunista, en este momento empieza a resultar más escalofriante que nunca acordar de queal menos dos ministros del Gobierno, Pablo Iglesiasy Alberto Garzón, son admiradores de Lenin. Recordemos que en marzo de 2013, sólo un año antes de fundar Podemos y en una conferencia para las Juventudes Comunistas,Iglesias llegó a compararse con Leninen su papel de títere de los alemanes para desestabilizar a la Rusia zarista, pero en su caso con la dictadura islámica de Irán ocupando el sitio de Alemania. ¿Qué recetas y qué resultados hemos de esperar de un Consejo de Ministros en el que se sientan totalitarios que admiran a ese dictador criminal que mató de hambre a millones de personas? Desde luego, tenemos el peor gobierno posible en una situación tan crítica como ésta.
Diseccionamos el programa electoral de los morados en aquellas áreas en las que se planteó su entrada en el Ejecutivo.
Pedro Sánchez escucha a Pablo Iglesias durante su intervención en la tercera jornada del debate de investidura, este jueves, en el Congreso. | EFE
Pablo Iglesias no será ministro, ni Irene Montero vicepresidenta. Al menos por ahora. En septiembre, ya veremos. Las negociaciones para un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos han fracasado. Y sí, se ha hablado mucho de cargos y de nombres propios. Pero no podemos olvidar el contenido. Lo sustancial. Las propuestas.
Como explicanCristina LosadayAlberto Penadés, nunca ha habido un gobierno de coalición en la UE formado exclusivamente entre socialistas y comunistas. Ni siquiera aquel primer Ejecutivo de François Miterrand de comienzos de los años 80 era como éste que proyectaban Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque en aquel caso había otros partidos involucrados. Por una parte, parece que a los socialdemócratas europeos no les atrae demasiado la posibilidad de compartir en exclusiva el Consejo de Ministros a unos tipos poco preparados, en muchas ocasiones sin ninguna experiencia de gestión y con propuestas que ya parecían antiguas en 1989.
Desde el lado de la extrema izquierda, entrar en un Gobierno como socio minoritario puede ser un arma de doble filo: durante unos años pisas moqueta y ganas relevancia, pero también perderás la pureza ideológica ante tu electorado al que tendrás que explicar por qué se aprueban o no se aprueban determinadas medidas. Y casi siempre, en las siguientes elecciones, el socio minoritario sale trasquilado. Quizás por eso el empeño de Podemos en crear una especie de Gobierno B, en el que los ministros de uno y otro partido marchasen en paralelo, cerca pero sin tocarse.
Mientras tanto, los españoles se preguntan qué habrían hecho los ministros de Podemos si hubieran llegado al poder.Por ahora, es una incógnita. Eso sí, las peticiones de ministerios de los de Iglesias no son producto de la casualidad. Hablamos de carteras clave en el área económica, con mucho presupuesto y competencias muy relevantes. Con una enorme capacidad para intervenir el mercado, las relaciones laborales y la vida de las empresas.
Para los seguidores de Podemos, éste será un resumen de lo que España se pierde. Los que temían la llegada de la dupla Iglesias-Montero al Consejo de Ministros pensarán «de la que nos hemos librado».
Las propuestas
Dividimos las propuestas en cinco apartados. Los que corresponden con los cinco ministerios incluidos en eldocumento que filtró el PSOEcon las exigencias de Podemos. Y tomamos como referencia el programa de la formación de extrema izquierda para las elecciones del pasado abril.
– Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad
En este punto, el objetivo está claro. Podemos quiere «derogar las dos reformas laborales, de Zapatero y Rajoy». Por aquí se intuye el primer elemento de fricción con sus posibles socios. Porque en cada punto del programa en el que se habla del tema, se asocian las reformas aprobadas en 2011 y 2013, por PP y PSOE. Tanto en lo que hace referencia al coste del despido, como en lo que tiene que ver con la negociación colectiva. Podemos quiere cargárselo todo.
De hecho, en las modalidades de contratación y coste del despido, Podemos pide ir más allá de lo que había vigente hasta 2011. No les gusta que se diga esto, pero lo cierto es que plantea un modelo de relaciones laborales más parecido al que salió del franquismo que a cualquiera que haya vigente en la Europa actual. Así, la contratación temporal sería casi imposible: se prohíben los contratos de menos de un mes, se obliga a hacer fijo a los seis meses de contrato y se amenaza con inspecciones a las empresas que despidan temporales para comprobar que no se hace para evitar hacerlos fijos.
Evidentemente, este endurecimiento contra los contratos temporales no va en la línea de promover una contratación indefinida algo más flexible (similar al contrato único propuesto por Ciudadanos), sino todo lo contrario. Podemos pide endurecer las causas de despido objetivo para hacer más complicado recurrir a esta herramienta. Por lo tanto, lo que tendríamos es un encarecimiento muy importante de la contratación, menos flexibilidad para hacer frente a imprevistos en las empresas y un mercado laboral más rígido.
Además, en este mismo sentido, Podemos propone «recuperar el poder de la negociación colectiva, devolviendo a los sindicatos la fuerza que les quitaron las reformas de Zapatero y de Rajoy», otorgando prioridad a los convenios sectoriales sobre los de empresa (más poder para las centrales sindicales frente a los sindicatos de empresa) y retomando la ultraactividad de los convenios (un arma de bloqueo para los sindicatos, que pueden exigir lo que deseen en la negociación, porque mientras no haya acuerdo, se mantiene el convenio anterior).
Pero hay más en este Ministerio. Podemos también propone una «jornada laboral de 34 horas semanales (siete horas de lunes a jueves y seis horas los viernes), sin reducción de salario, y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados». Puede que a algunos les suene bien, pero en realidad es un aumento de costes muy importante para unas empresas españolas que no andan precisamente sobradas en productividad y competitividad.
A los autónomos, se les promete que cotizarán por los «ingresos realmente obtenidos». En el programa electoral se asocia esta promesa a los autónomos de muy bajos ingresos que, efectivamente, verían una reducción de su cuota. A cambio, más del 85% de los trabajadores por cuenta ajena verían un incremento en lo que pagan mes a mes.
Por último (y hablamos de una selección de artículos, en el programa hay mucho más), Podemos introduce una de esas medidas que pueden pasar desapercibidas, porque suenan a lo ya escuchado, pero que tendrían un enorme impacto. Así, la formación morada propone que se considere «discriminación salarial una brecha de más del 20% en las retribuciones de las empresas, de manera que deberán justificarlas ante los tribunales». O lo que es lo mismo, cualquier empresa en la que esto ocurra (el 20% de diferencia) se considerará culpable por defecto y tendrá que demostrar su inocencia. Es decir, se invierte la carga de la prueba, con una consecuencia indeseada muy posible: habrá empresas que se pensarán mucho contratar mujeres con baja cualificación, porque sólo por tenerlas en plantilla se podría ampliar la brecha estadística y tener un problema con la inspección.
En pensiones, Podemos pide derogar la reforma de 2013 (es decir, acabar con cualquier medida de control del gasto) y subir las mínimas y no contributivas (erosionando, todavía más, el carácter contributivo del sistema). Además, propone cambiar las reglas de cálculo para que los nuevos jubilados puedan elegir los años para el cómputo de su base (de nuevo, más gasto). Y, por supuesto, eliminar los topes de cotización (sin tocar la pensión máxima, es decir, sistema todavía menos contributivo) y acabar con los incentivos fiscales a los planes de pensiones.
Por cierto, para cerrar este capítulo, una curiosidad: las políticas activas de empleo, ese conejo que se sacó de la chistera Podemos justo antes de la segunda votación, el pasado jueves, sólo tienen una mención en el programa electoral, en el apartado dedicado a los españoles que viven fuera y quieren retornar. No hay nada sobre el tema en el resto del documento ni propuestas concretas para mejorar la formación de parados o los trabajadores. Es extraño que cobrara tanta importancia a última hora.
– Ministerio de Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude
Detrás de este novedoso nombre (y no es el único ministerio bautizado de forma algo peculiar), lo que se esconden son las propuestas de podemos en materia de impuestos. Aquí el resumen es sencillo: los de Iglesias piden subirlos todos. O casi todos. Hay algunos productos (pocos) que verían reducido el IVA. A cambio, las principales figuras impositivas incrementarían sus tipos:
«Tipo efectivo mínimo en Sociedades del 15% sobre el rendimiento neto positivo de los grupos empresariales y del 20% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos». A cambio, proponen una rebaja del 25 al 23% para las pymes que facturen menos de un millón de euros al año.
«Crear un impuesto para las grandes fortunas que grave los grandes patrimonios con el fin de recaudar un 1el PIB. Este impuesto sustituirá al actual impuesto sobre el patrimonio, que es inoperativo, y no podrá bonificarse por parte de las comunidades autónomas»
Subida del IRPF: por un lado, con dos nuevos tipos del 47 y el 55% para rentas superiores a los 100.000 y 300.000 euros. A esto se le suma la igualación de la tributación sobre el ahorro a los tipos de las rentas del trabajo (esto afectaría a todos, no sólo a las rentas más altas). A cambio, Podemos propone fijar el tramo más bajo del IRPF en el 18% desde el 19% actual.
Fijar «un impuesto de transaccionesfinancieras que grave las ventas brutas en el mismo día, y no solo las netas».
Establecer un impuesto a la banca que aumente 10 puntos el tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto sobre sociedades.
«Bajar el IVA al tipo del 4% a más alimentos y bebidas no alcohólicas, y del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad). También se bajará el IVA de los servicios veterinarios, del 21% actual al 10%, y de los productos de higiene femenina y de alimentación animal, del 10% actual al 4%».
Fijar un impuesto para operaciones de la economía digital para «empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 500 millones y con ingresos en España superiores a los 3 millones».
Eso sí, aquí hay un desequilibrio: son muchas subidas tributarias, pero no especialmente importantes en términos de recaudación. A pesar de la retórica habitual, el grueso de lo que recauda el Estado llega de las clases medias, no de las grandes fortunas (que no hay muchas en España) o de las multinacionales. Si no subes los impuestos a esas clases medias, no subirás sustancialmente los ingresos.
Por eso, si combinamos estas propuestas con el resto del programa de Podemos que, como veremos, implica muchísimo más gasto, las cuentas no salen. La clave está en lo que proponen los de Iglesias en su primer punto para el Ministerio de Hacienda: derogar el artículo 135 de la Constitución, aquel que se reformó en 2011 y dice que «el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario». Y junto a ese artículo de la Constitución, pide derogar también la «Ley de Estabilidad Presupuestaria«.
En resumen, lo que quería Podemos es un ministro de Hacienda con las manos libres en lo que tiene que ver con el déficit. Con barra libre de gasto «social» y apenas medidas impopulares por el lado de los impuestos. Con unos números rojos disparados y sin restricciones legales a ese desequilibrio. Otro problema, y este de los gordos, para Sánchez y para el ministro de Economía al que le tocase ir a Bruselas a defenderlo ante los socios comunitarios.
– Ministerio de Transición Energética, Medioambiente y Derechos de los Animales
Éste es un tema central para Podemos. De hecho, es el que abre su programa electoral: el primer capítulo está dedicado a estos temas. ¿Y qué es lo que se proponía hacer el posible ministro designado por Pablo Iglesias? Pues intervenir en el mercado energético de una forma desconocida en nuestro país desde hace décadas: volvemos, de nuevo a un diseño que se parece más a lo que había vigente durante el franquismo que a cualquier otra cosa.
En este punto, la formación neo-comunista es coherente con lo que tradicionalmente ha propuesto la extrema izquierda y pide crear una «empresa pública de energía» que, para empezar, recupere la gestión de las centrales hidroeléctricas. Y por supuesto, intervenir en el mercado eléctrico de forma directa, entre otras cosas abaratando la factura de la luz vía decreto y escogiendo tecnologías ganadoras (con ayudas) y perdedoras.
El ministro morado tendría también el cometido de cerrar cuanto antes las centrales nucleares y las de carbón. Eso sí, con un matiz interesante: Podemos asegura que «antes de que se pierda un empleo del sector de los combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y que tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las personas afectadas». ¿Cómo se crearán esos empleos en las comarcas mineras afectadas? ¿Quién los creará? ¿Por decreto? No hay detalles al respecto.
Por supuesto, esta lucha por un futuro «más verde» se haría con subvenciones: a la compra de coches eléctricos, a las instalaciones de renovables (pasadas y futuras), a la rehabilitación de viviendas, a las empresas que «adopten las tecnologías más eficientes», a la inversión en baterías, a las infraestructuras de recarga, a las infraestructuras ferroviarias, a la implementación de una estrategia de «reindustrialización verde y economía circular»… ¿Quién pagará todo esto? ¿A cuánto ascendería el coste? Sobre eso no se dice nada. De eso se ocuparía el ministro de Hacienda, el que quiere cargarse la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
En este punto Podemos plantea otra propuesta que sería muy polémica, en Madrid y en Bruselas. La formación morada quiere crear un «Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) con el fin de asumir las principales inversiones para la transformación productiva que vamos a emprender» y «aprovechar Bankia como banco público» que atienda las «funciones sociales de la banca». ¿Un sector financiero público que disponga barra libre de crédito para lo que el Gobierno exija y sin atender a criterios comerciales? Nuestros socios en la UE, los que pusieron el dinero para el rescate financiero, algo que no hay que olvidar, seguro que tendrían bastante que decir al respecto.
– Ministerio de Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los cuidados
En este epígrafe hay un poco de todo. Sonaba a Ministerio batiburrillo, que mezclaba dependencia, mayores, educación infantil, pobreza infantil, lucha contra la pobreza, derecho a la vivienda, juventud, familia…
En la mayoría de estos capítulos hay mucho margen para políticas de poco presupuesto (en términos relativos), algunas cedidas a las CCAA, pero con mucho impacto en la opinión pública, con grandes titulares y muy populares para el público de izquierdas: subvenciones, ayudas, programas integrales, observatorios, comisionados contra la pobreza…
Pero por encima de todo, destaca la política de vivienda. Aquí Podemos sí quería entrar a por todas. Su programa electoral implicaba una intervención radical en el mercado inmobiliario que empezaba por la exigencia de «blindar» en la Constitución el derecho a la vivienda. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo se hace? Pues garantizando, todavía más, que el ocupante de un inmueble, no importa cuáles sean las circunstancias de esa ocupación, tendrá prioridad sobre el propietario del mismo.
De esta manera, Podemos propone «prohibir los desalojos sin alternativa habitacional»: o lo que es lo mismo, una vez que una persona o familia esté dentro de una casa, no podrán sacarla de la misma si no le garantizan otra vivienda similar (sin que eso quiera decir que tengan que pagar algo, por la primera o la segunda vivienda). En términos prácticos, esto supondría legalizar la ocupación. De hecho, supondría incentivarla hasta extremos desconocidos en ningún otro país europeo. Para tener casa gratis sólo habría que entrar en una que ya estuviese construida y hacerse fuerte allí.
Evidentemente, la formación morada no se queda ahí. También quiere meter la mano en el mercado de alquiler: obligará a los grandes tenedores a ceder sus viviendas vacías para ponerlas en el mercado en régimen de «alquiler social», aseguran que incrementará el parque público de viviendas durante toda la legislatura y prometen «garantizar un alquiler estable, asequible y seguro» limitando las causas de rescisión del contrato. Por supuesto, todo esto unido a una «intervención» decidida en el mercado para «impedir subidas abusivas mediante el control de los precios». Ningún Gobierno europeo ha planteado nunca un programa de intervención del mercado inmobiliario como éste.
Pues bien, esto es lo que lleva Podemos en su programa y lo que habría hecho en el Gobierno. Porque, además, si hay una cartera que desde el principio se dio por hecho que terminaría en sus manos, era la de vivienda.
– Ministerio de Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital
Aquí Podemos rompe con todo lo anterior, al menos en lo que tiene que ver con la retórica fiscal. Para las universidades, la formación morada apuesta por la política más regresiva posible: la gratuidad total de la matrícula en la educación superior. Los ricos del pasado y los del futuro podrán acceder a un servicio de primer nivel financiado con los impuestos de todos los contribuyentes, ricos y pobres. Ni una palabra de posibles préstamos o de otras opciones similares, que garanticen la igualdad de acceso sin que esto implique cargar al contribuyente con la financiación de este servicio.
En lo que tiene que ver con Ciencia, Podemos promete convertir la «I+D+i en un puntal de nuestra economía», aumentando la inversión pública hasta el equivalente al 2% del PIB. Además, hablamos de «ayudas directas», que superarán «ampliamente a los créditos». En resumen, dinero a fondo perdido, con retorno o no. En esta misma línea, el programa incluye aumentar la inversión de la Agencia Estatal de Investigación con préstamos del citado BITTE (el nuevo banco público que plantean).
Por último, están una serie de propuestas que podríamos denominar voluntaristas acerca de los investigadores y científicos. El partido morado habla de lograr «un aumento neto de 5.000 investigadores e investigadoras cada año» y que «hasta un 75e las personas que inician una carrera científica puedan dedicarse de manera estable a la ciencia o a la educación superior». Es complicado imaginar cómo puede asegurarse esto. ¿Van a ofrecer un puesto de trabajo, sí o sí, al 75% de los licenciados en las carreras de ciencia? ¿Una nueva empresa pública para incluirlos a todos? ¿Sin más requisitos? ¿El objetivo es puramente numérico? Tampoco sobre esto hay demasiados detalles. Como no habrá ministro, por ahora quedará la incertidumbre de cómo lo habrían intentado lograr.
Lanzo al respetable el siguiente experimento mental. Imaginemos que en España hubiera unos 60 asesinatos de pareja al año, con las víctimas repartidas por igual entre mujeres y hombres. ¿Estaríamos hablando, con escándalo, de un problema que supone el 0,02% del total de muertes en España? Lo dudo mucho. Hay otras causas mayores de muerte sobre las que -en teoría- se podría actuar, y no nos escandalizan nada.
Es 19 veces más frecuente que una mujer se suicide, a que la mate su pareja masculina. Y 53 veces más frecuente que un hombre se suicide, a que mate a su pareja femenina. Pero nadie hace una guerra o campaña moral contra el suicidio. Bueno, nadie, hasta que la podemía intenta relacionar suicidios y desahucios, y con eso ya tiene alguien a quien atacar. Que es una característica de la lucha moral; no es tanto para favorecer a alguien, como para atacar a alguien.
¿Por qué apuesto que la misma cifra de asesinatos de pareja, pero bien repartidos, no darían nada que hablar? Por otros ejemplos relativamente similares, como suicidios, carreteras, y homicidios en general.
Hace unos años hubo mucha acción contra las muertes en carretera. Y ahí tenemos un ejemplo del tipo de cifra que nos motiva a la acción. Por ejemplo, en 1989 las muertes en carretera suponían un 2,5% del total de muertes en España. Dos órdenes de magnitud más que la “violencia de género”. Y ha bajado a representar, en 2017, el 0,5% de las muertes totales de España. Aun así, 18 veces más que la violencia de género. Pero ya no hablamos con escándalo de las muertes en carretera, ni pensamos en ulteriores esfuerzos. No nos permitiría atacar a nadie, no tiene morbo.
Si hablamos de suicidio, es mucho peor. 0,9% del total de muertes, en vez del 0,5% de accidentes de tráfico. Pero hay una diferencia; es fácil pensar en formas eficaces de reducir los accidentes de tráfico, pero no mucho para los suicidios. Lo que nos da otra pista verosímil de lo que nos mueve a la acción, cuando no se trata de atacar a un grupo (una “guerra moral”). No solo se trata de la cantidad de muertes que ocurren, sino de las razonables posibilidades de conseguir algo con el esfuerzo. De cajón. No actúas si no esperas resultados, o si el coste es inasumible. Salvo cuando el objetivo es el actuar, y no el resultado.
Podemos darle una vuelta de tuerca al ejercicio mental. Es obvio que dentro de la pareja, la violencia física será casi exclusiva del hombre. En los mamíferos, la violencia física dentro de la especie corre abrumadoramente del lado de los machos. Por eso el 90% de todos los homicidios los producen hombres. ¡Pero los hombres matan a muchos más hombres que mujeres. Sin que nadie se escandalice por la violencia “no machista”! Y supongo que tampoco será “machismo” que los hombres salven con gran preferencia a las mujeres sobre los hombres. La frase -las mujeres y niños primero- es la quintaesencia del “heteropatriarcado machista”. Eso, aparentemente, no hay que corregirlo. Ninguna desigualdad a la vista, ahí.
No hay ninguna violencia “machista” estructural. Sí hay una estructura por la que el macho es más violento (en general) que la hembra. Pero no mata mata más mujeres “por ser mujeres”, sino lo contrario. Y además, es una medición muy fácil de hacer, que yo sospecho que nadie quiere hacer. Se perdería el formidable morbo moral de atacar a un grupo por lo que es.
Medida posible: ¿Qué tasa de homicidios de pareja hay en parejas homosexuales masculinas, comparadas con las heterosexuales? Si fuera la misma tasa, no serían asesinatos “por ser mujeres”, sino por ser pareja. ¿A que no se le ocurre medir eso a ninguna de nuestras combativas feministas, corriendo el riesgo de que se vaya al carajo toda su apasionante lucha moral?
De ahí mi apuesta. No es un problema de cantidad; es un problema de igualdad. De una igualdad que ni existe, ni va a existir. Se puede reducir la violencia. Se ha hecho. Y seguro que se puede hacer más, y se hará. Pero intentar reducir el diferencial de violencia macho / hembra, en una especie de mamíferos, es de coña. Aunque igual no se trata de eso, sino de una conveniente disculpa para … lo que se ve. Disculpa que nunca va a desaparecer, mientras exista un solo asesinato de pareja. ¡El asesino será hombre! Semos así.
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Complemento añadido. Un artículo interesante de Marta Iglesias:
Complemento añadido. Estudio que apunta a los que se pregunta en la entrada.
Intimate Partner Homicide Methods in Heterosexual, Gay, and Lesbian Relationships. Krystal D. Mize, MA Todd K. Shackelford , PhD. Florida Atlantic University.
Homicide rates for married and unmarried heterosexual partners, gay partners, and lesbian partners were calculated using population estimates secured from the U.S. Census (2003; population estimates available on request). The intimate partner homicide rate was:
63.72 per million per annum for gay couples
21.25 per million per annum for heterosexual couples
Segunda jornada de protestas convocadas por Podemos para expresar su pataleta contra Vox y contra los resultados de las elecciones andaluzas. En Cádiz la protesta degeneró en actos de violencia.
A las 12:50 del mediodía de ayer, la cuenta de Twitter de Podemos Cádiz convocó una protesta para las 19:00 horas a las puertas del ayuntamiento, gobernado por el partido de ultraizquierda:
La manifestación reunió a unas cientos de personas, entre las que ondeaban banderas comunistas (como se ve en la imagen que encabeza esta entrada, tomada de un vídeo deCádiz Vive). La parafernalia es muy significativa: claman contra el “fascismo” exhibiendo banderas de una ideología antidemocrática y genocida queha provocado más de 100 millones de muertosy ha sembrado el mundo de dictaduras, compitiendo con los fascistas -y ganándoles por goleada- en número de personas oprimidas y asesinadas. Obvia decir que Vox es un partido democrático: los de esas banderas rojas no son demócratas, son unos totalitarios.
Periodistas de tres medios denuncian agresiones por parte de los manifestantes
Como suele ser habitual en las manifestaciones ilegales convocadas por la extrema izquierda, la violencia no tardó en hacer acto de presencia. A las ocho de la tarde, la coordinadora de informativos de Onda Cádiz Televisión denunciaba la agresión a un cámara y una redactora de esa cadena por parte de asistentes a la manifestación “antifascista” convocada por Podemos:
Casi una hora después, un periodista de Canal Sur denunciaba que un equipo de ese medio fue “insultado, amenazado y apedreado”:
A las 21:26 una periodista de Telecinco denunciaba que también fueron agredidos periodistas del canal Cuatro en pleno directo:
En un comunicado,el Colegio de Periodistas de Cádiz ha condenado las agresionesy ha explicado en qué consistieron: “Les han tirado piedras, escupido, les han pintado la ropa, los objetivos de las cámaras, han intentado destruir sus herramientas de trabajo, les han insultado, amenazado, y en general, han sufrido vejaciones absolutamente deplorables”.
La sede del PP, atacada entre gritos de “arriba con la goma dos” y “pium, pam, pum”
Sobre las nueve y media, el Partido Popular de Cádiz denunciaba el ataque a su sede:
El momento del ataque de la sede del PP, contra la que lanzaron pedradas, se puede ver en este vídeo a partir del minuto 7:18 (ya lo he puesto para que comience en ese momento):
En este otro vídeo del Diario de Cádiz se escucha claramente a los manifestantes coreando “arriba con la goma dos, porque en Cádiz se prepara, PIM PAM PUM, la revolución”, un clásico de las consignas amenazantes en las manifestaciones de extrema izquierda. En el vídeo también se ve a manifestantes cruzando contenedores en la calle y prendiéndoles fuego:
Contenedores incendiados y tiendas pintadas y apedreadas
Crecidos por el grupo y creyendo que ser de izquierdas les da derecho a hacer lo que les dé la gana, los energúmenos incendiaron el mobiliario urbano que pagan todos los contribuyentes y que forma parte del servicio público de recogida de basuras (foto deÁlvaro Morilla):
Contenedores en llamas en Cádiz, fruto de las movilizaciones de la izquierda contra los resultados de las elecciones andaluzas. / Álvaro Morilla
También apedrearon escaparates de comercios y pintaron varios establecimientos, como vemos en estas fotos publicadas por el periodista de La SextaJuan Carlos Jiménez:
Después de haber jaleado a los antidemócratas que se han manifestado contra el resultado de unas elecciones porque la gente no votó como ellos querían,Podemos Cádizy el alcalde podemita José María González “Kichi” se han limitado a solidarizarse con los periodistas agredidos: ni una palabra de condena del ataque de la sede del PP, ni de los ataques a comercios ni del incendio de mobiliario urbano. Con esta forma de actuar, el partido de extrema izquierda le está haciendo un enorme favor al partido de Santiago Abascal. Y es que Vox es un partido que defiende ideas democráticas por medios pacíficos y legales, cosa que no hace Podemos, como quedó demostrado ayer en esa ciudad andaluza. Mi solidaridad y apoyo desde Contando Estrelas con todos los agredidos ayer por esos matones de ultraizquierda.
He pensado que voy a diseñar unos carteles para poner en vuestras puertas que pongan “Cuidado con el ultra”. Eso sí, lo que ya no os puedo prometer es que vais a tener a la Guardia Civil en la puerta porque no sois moderados, ni llamáis a la violencia hablando bajito, como Pablo.
Manifestantes de izquierda acampan en la plaza del Carmen de Granada enprotesta por el resultado electoral de Vox en las elecciones andaluzas de 2018 /EFE
Sois unos ultras. Mirad que os lo tengo dicho, pero nada, vosotros a lo vuestro, a ultrear como locos. Y luego pasa lo que pasa. Que llegan los moderados, los tolerantes, y se enfadan con vosotros, ¡normal!
No les queda otro remedio que salir a las calles a quemar cosas y a amenazar con despedazaros, con mataros y todas esas cosas que tanto les gusta a la gente pacífica y comedida que no os tolera. Bueno, también están los de guante blanco que se sientan detrás de una mesa en los matinales de las televisiones, ideales y bien peinadas ellas y estudiadamente desenfadados ellos, todos a una gritando, a su manera, contra vosotros, los ultras. Pero nada, seguís “erre que erre”.
Parece que no os habéis dado cuenta de que en España todo lo que suponga ser coherente con algún que otro principio es un acto de desfachatez ultra y fascista que la pseudoprogresía no está dispuesta a tolerar; y estáis todo el día provocando con que si hay que defender la igualdad y la dignidad del ser humano desde su concepción; que si hay que procurar que los pobres que vienen de fuera lleven aquí una vida mejor y no sean engañados y manipulados en origen y en destino; que si hay que ahorrar en administraciones y centralizar competencias; que si hay que tratar por igual al hombre y a la mujer y luchar contra cualquier tipo de violencia; que si hay que dar libertad a la gente para que profese su religión; que si hay que dejar a los padres que eduquen a sus hijos…
En fin, todas esas barbaridades que defendéis. Y si además os mantenéis en firmes defendiéndolo sin claudicar y sin dejaros chantajear por los sedientos de dinero y poder, todavía peor.
Así que nada, pedazo de ultras, es imposible que hagáis esto por convicción, por coherencia, por principios. Seguro que tenéis a gente rica, hetero y blanca financiándoos, seguro que sois de alguna secta rara de estas que está forrada y os estáis llevando la pasta por ahí, y luego os iréis con los vuestros a disfrutar mientras los progrecillos rabiosos se quedan aquí levantando España todos los días, subiendo la persiana del local o con su furgoneta de comercio en comercio.
Si veis que están acampando todo el día por las plazas o quemando contenedores en la calle no penséis que son malos chicos y no curran, es que tienen tiempo para todo, ellos sí que tienen principios de verdad.
He pensado que voy a diseñar unos carteles para poner en vuestras puertas que pongan “Cuidado con el ultra”, para que así la gente de bien, la que gusta de darle a todo y a todos para no mojarse con nada tengan cuidado cuando pasen cerca de vosotros. Así no se acercarán a vosotros y al menos os dejarán vivir en paz.
Eso sí, lo que ya no os puedo prometer es que vais a tener a la Guardia Civil en la puerta porque no sois moderados, ni llamáis a la violencia hablando bajito, como Pablo. Aunque ahora que Pedro Sánchez los va a echar de Navarra, puede que haya algunos de ellos que quieran sumarse a vosotros para seguir defendiendo la unidad de España, las tradiciones, los valores y esas cosas tan casposas que defendéis los ultras. Pero mientras sí y mientras no, vosotros a lo vuestro, con esa sonrisita de bobos como si no pasara nada, mirando para otro lado y sin dejar vuestra causa. Y luego queréis que no os peguen…..Si es que no tenéis remedio.
Por fin. Al final lo reconocen. Las subidas de impuestos no son para pagar las pensiones ni para reducir el déficit, son por “justicia social” –según la Ministra de Hacienda-.
La frase es magnífica y se une a aquellas proféticas palabras de Carmen Calvo, que ustedes recordarán “el dinero público no es de nadie”. Dice así: «Hay subidas de impuestos con afán recaudatorio y otras que se hacen por justicia social».
La frase parece una broma. Todas las subidas de impuestos tienen afán recaudatorio. ¿“Justicia social”? Pues no. Si lo que le preocupase a nuestra ministra es la justicia social, habría atajado la administración paralela,esa red clientelar de empresas y fundaciones fantasma, que en su comunidad, Andalucía, detrae más de 3.000 millones de euros anuales de recursos públicos (un 3,5% más que en 2017 en el presupuesto de la Comunidad, casi el 10% del gasto no financiero total). Y lo mismo en otras comunidades autónomas. Más de 28.000 millones anuales.
Si al PSOE le preocupase la justicia social, no habría subido impuestos a familias y empresas en todas las comunidades autónomas gobernadas con Podemos hasta alcanzar una presión fiscal entre un punto y hasta dos puntos superior a la media nacional.
El cuento de demonizar las rentas altas empieza por el lenguaje. “Rentas altas”. ¿Quién define “altas”? Parte de hacer creer al que lo lee o escucha que es una renta injusta o desproporcionada. No dicen “las rentas más productivas” o “las rentas mejor remuneradas”, no. “Rentas altas”. Para que usted piense que somos malvados explotadores.
El PSOE y Podemos les cuentan el cuento de que 600.000 personas van a pagar 20.000 millones más de gastos anuales, ustedes se lo creen y, mientras se carcajean, les suben los impuestos a todos con nombres originales (verdes, locales, regionales, Google, CO2). Luego bajan el listón “de rico” a medida que su voracidad confiscatoria no se ve saciada. Hasta que usted es rico y no se había enterado.
En España, el contribuyente medio dedica 177 días de sueldo anual para pagar impuestos.
Las “rentas altas”, por su parte, trabajan 180 días al año solo para pagar impuestos.
Si partimos de un contribuyente soltero y sin hijos que gana 150.000 euros brutos al año, vemos que su cuña fiscal ya es del 48,25% en las comunidades autónomas del régimen común, y quellega hasta el 53,11% en Navarra. El concepto de “renta alta” es en realidad casi inexistente en España.
Las rentas de 150.000 euros abonan unos 84.000 al año en impuestos, antes de entrar en impuestos indirectos, al ahorro, a la vivienda, etc. Es decir, el equivalente a unos cuatro sueldos brutos medianos.
Ellos saben que un incremento del 10% en el tipo efectivo medio sobre las rentas de más de 150.000 euros hundiría la recaudación entre 500 millones y 2.500 millones de euros. En el más optimista de los casos, efecto casi nulo. Como indica Juan Rallo, haydiversos estudios que lo demuestran.
Si le preocupase la justicia social, no consideraría aceptable detraer en impuesto de la renta más de la mitad de los ingresos de un trabajador, sea cualificado o no, para luego detraer un tercio de sus ahorros, un cuarto de su vivienda y un quinto de su consumo. Pero si le preocupase la justicia social, desde luego se daría cuenta que expoliando a los 90.000 ciudadanos, trabajadores, que ganan más de 120.000 euros ni se pagan las pensiones ni se reduce el déficit ni se mejora el patrón de crecimientoni aumentan los salarios.
En España la mayor desigualdad es entre contribuyentes y burócratas.
Aquí, de lo que se trata no es de garantizar el estado de bienestar, que se garantiza creando empleo, empresas grandes y sólidas y atrayendo inversión.Se trata de financiar el gasto clientelar y poner escollos al crecimiento para presentarse luego como el salvador. “No le importa quemar el bosque si se convierte en rey de las cenizas” como decían en Game of Thrones.
Ninguna sociedad ha hecho más ricos a los pobres haciendo pobres a los ricos.
Pero lo que es absolutamente intolerable es que digan que no va a afectar a “la clase trabajadora”. Como si los que ganan 120.000 o 150.000 euros al año, o lo que sea, no fueran trabajadores. Y además, incansables, como los demás. Como si los médicos, ingenieros, arquitectos o cualquier grupo que se gane su salario con su esfuerzo no fueran trabajadores que se levantan cada mañana para generar crecimiento, empleo y prosperidad.
Estamos ante una guerra de odio al mérito, al éxito y a la prosperidad. El odio populista a la gran empresa o a los salarios superiores no es la defensa del pueblo o el pequeño empresario. Esla constatación de la envidia al éxito.Porque la definición de gran empresa se va rebajando –como la de “ricos”- hasta que el kiosco de barrio les parece Exxon.
En España tenemos aproximadamente 600.000 personas que ganen más de 60.000 euros y a eso llaman “ricos”. Y unas 750 empresas contribuyen a la inmensa mayoría del impuesto de sociedades. Esas empresas son hasta un 30% más pequeñas en tamaño a la media de los grandes grupos de nuestros países comparables, pero lo llaman “grandes empresas”. La empresa española es fundamentalmente pequeña y mediana y, encima, más pequeñas que la media de nuestras economías comparables.
La fiscalidad confiscatoria es devastadora para el estado de bienestar, el crecimiento y el empleo. Porque los impuestos confiscatorios generan un efecto depresor, y estamos sobrepasando ese nivel con el cuento de que “hay margen”.
“Recaudamos poco”, dicen. Y usan presión fiscal (una ratio recaudatoria, ingresos fiscales sobre PIB) en vez de cuña fiscal (lo que usted y yo pagamos con respecto a lo que ganamos). La primera es ópticamente baja. La segunda es muy alta. ¿Cómo lo solucionan? Subiendo impuestos. Y siguen recaudando “poco”. El que parte, reparte y se lleva la mejor parte.
¿Se han dado cuenta que los que siempre encuentran margen lo hacen con el dinero de los demás? ¿Que los solidarios con el salario y ahorro ajeno siempre consideran que usted gana demasiado y ellos gastan poco?
Una renta de 150.000 euros paga más impuestos que cuatro salarios medianos. ¿No deberíamos incentivar que fuera atractivo atraer inversión, contratar y subir sueldos en vez de multiplicar el coste del impuesto al trabajo y la inversión para que nunca aumenten?
Las grandes empresas generan 1,21 millones de empleos. Es decir, crean 1,21 millones de puestos de trabajo más que los populistas que las atacan. ¿No deberíamos atraer más y mejores?
Según Funcas, el 10% más rico en términos de renta soporta el 48% de todo lo que se recauda en impuesto sobre la renta.
Los “ricos”, señora ministra, son los que mantienen en sus sillones a esos que jamás han creado un puesto de trabajo ni arriesgado sus ahorros para montar una empresa, que jamás se han quedado hasta altas horas de la madrugada, fines de semana y sin vacaciones, para crear riqueza. Los “ricos” son los que pagan el sueldo a esos que atacan al capitalismo desde su iPad pagado con nuestros impuestos mientras se toman un mes de vacaciones después de cuarenta días de “gobierno”. Nunca he visto a unos anticapitalistas más apegados al capital… de los demás.
Las “rentas altas”, señora ministra, son la clase trabajadora que mantiene a su clase política.
Los trabajadores, empresarios, autónomos y familias que ustedes llaman “los ricos” están hartos de los políticos rentistas extractivos, que usan la demagogia para incitar el odio y multiplicar el gasto clientelar, no garantizar el estado de bienestar.
Lo verdaderamente preocupante de España es esta carrera hacia cero de subir impuestos constantemente para recaudar peor y menos. Y así nunca progresaremos. Pero nos daremos palmadas en la espalda diciendo que la culpa es de la nueva, e inferior, definición de “los ricos”. Prepárese.
No se engañen, los populistas saben que las empresas y “rentas altas” pagan muchos impuestos. Lo que buscan es fomentar la envidia, destruir lo que queda y echar a quien quiera venir. Y presentarse como la solución repartiendo las migajas de lo que quede. Destruyendo miles de empleos al día, como ya hemos visto en el pasado. Justicia social.
«Echenique fue el impulsor de la falacia que siguieron todos los miembros de Podemos y del PSOE. Manipular a las masas aborregadas, darles pan y circo mientras desmantelan la democracia.»
La maldad tiene muchas formas pero hay un rasgo característico a todas las personas que la poseen: la inteligencia. No todas las personas inteligentes son malvadas pero sí todos los malvados son inteligentes. Pablo Echenique es una mente brillante, un científico del CSIC con un currículum espectacular. Pero Pablo Echenique también tiene otra cualidad, por llamarlo de alguna forma: la maldad. Hace de la mentira un discurso y estoy convencido de que no es por ignorancia sino por sus enfermizas ganas de implantar en España una dictadura a la imagen y semejanza del Madurismo más puro. Un argentino kirchnerista que vino a España porque en su país de origen se habría muerto de hambre con un gobierno que imitaba al chavismo. Un personaje que es la viva imagen del totalitarismo, más incluso que su alter ego, Pablo Iglesias, o mejor dicho, el ideólogo y ejecutor de todo esto en la sombra: Juan Carlos Monedero.
Pero lo peligroso no es que esta gente piense así, sino que un partido de gobierno como el PSOE haya adoptado su discurso y sus formas. PSOE y Podemos se han aliado (otra vez) para desmontar la democracia y el Estado de Derecho. Los socialistas siempre han intentado, desde sus inicios, destruir España. Nunca lo han conseguido y ahora va su enésimo conato.
Todos llevamos escuchando, desde que Sánchez es presidente, las cacicadas y golpes del Gobierno que, durante 2 meses, se está dedicando a tres cosas: a enfrentar a la sociedad, a usar el dinero público para usos privados y a realizar concesiones a todos los que quieren cargarse la integridad territorial del país. Pedro Sánchez, un ser acomplejado, es, ahora mismo, lo más parecido a un dictador que hemos tenido en los últimos 43 años. Pero va a más y además con la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación. El PSOE también ha adoptado (más que nunca) el discurso de la mentira de Podemos, pero en esta ocasión hasta límites aberrantes. La última cacicada ha sido intentar cargarse el Senado, el último resquicio de poder que tenía el PP, poder dado por los españoles en las urnas. Saben que hacer esto es un auténtico golpe dictatorial y una prueba más del totalitarismo que les caracteriza pero sabían como venderlo: mediante la mentira.
Echenique fue el impulsor de la falacia que siguieron todos los miembros de Podemos y del PSOE. Manipular a las masas aborregadas, darles pan y circo mientras desmantelan la democracia. De ahí que el tema candente en la actualidad sea Franco mientras, tras la puerta del consejo de ministros, el Gobierno se está dedicando a atarlo todo para evitar que la derecha vuelva al poder, algo que intentó Zapatero pero que se le vino abajo cuando estalló la crisis.
Al aberrante tuit de Echenique se le unieron las declaraciones de Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso. Todos sabemos que Adriana no tiene ningún tipo de estudio más que el graduado escolar. No es un ataque, no le reprocho el no haber estudiado pues no conocemos sus circunstancias personales, pero lo que sí es reprochable es que ni siquiera haya hecho un mínimo esfuerzo por conocer la profesión a la que se dedica, la política. A un político se le exige, como mínimo, que conozca la Constitución, o al menos que sepa por qué es cargo público, quién le ha votado y por qué ha sido elegido. Pero a Adriana Lastra le dio pereza hasta eso, así que no dudó en hacer unas declaraciones que en cualquier país decente inhabilitarían a un político para volver a abrir la boca. Adriana dijo nada más y nada menos, que el Senado era antidemocrático y que la soberanía nacional estaba en el Congreso de los Diputados. Bien, esto es un extracto de la Constitución Española.
Sinceramente, o Adriana Lastra es una analfabeta o no ha votado en su vida. Me inclino más por lo primero así que vamos a explicar cómo se elige al Senado en España ya que esta señorita y, por lo visto, Echenique, toda su tropa y el PSOE al completo, no saben que, cuando acudimos a las urnas cada cuatro años, estamos votando en dos elecciones distintas: una para el Congreso y otra para el Senado, con dos papeletas distintas y bien diferenciadas.
Al contrario que en las elecciones al Congreso, donde se votan listas cerradas y bloqueadas, es decir, votas a un partido en un pack, las elecciones al Senado son, quizás, las más legítimas y democráticas (dentro de la legitimidad que obviamente tienen las dos, luego ya podemos entrar en la utilidad o no de esta cámara). Cuando votamos al Senado, tenemos que marcar tres nombres en la mayoría de provincias, pueden ser incluso personas de partidos distintos. Los más votados en cada provincia obtienen escaño en el Senado (además de los 58 senadores por designación regional), por eso nunca se dan los porcentajes de voto de las elecciones al Senado pues no se calculan por partidos sino por personas.
Que Echenique confundiera (a propósito) el 30% de votos (33 realmente) del PP en el Congreso con los Senadores obtenidos o que Adriana Lastra deslegitimara el Senado como si nadie lo hubiera votado es un hecho gravísimo que denota que estamos en manos de auténticos inútiles, totalitarios o ignorantes. Pero lo mejor es que sus acólitos se han tragado el cuento como pavos. Fue decir Echenique esas palabras del tuit anterior y segundos después podías encontrarte con miles de usuarios diciendo exactamente la misma barbaridad para justificar el golpe dictatorial que pretenden dar. Amén de este otro tuit que provoca auténtico pánico.
Acudamos a la RAE para leer la significado del término “arrebatar”.
Sí, arrebatar, en el contexto utilizado por Echenique significa “quitar con violencia y fuerza”. Si os sorprende esta expresión del Secretario de Organización de Podemos, es necesario ponernos en antecedentes ya que, en 1999, una de las primeras medidas de Hugo Chávez fue precisamente eliminar el Senado para que quedara únicamente la cámara de diputados, llamada allí Asamblea Nacional. Y, ¿qué ocurrió cuando hace unos años el chavismo perdió la mayoría en esta Asamblea? Fácil, que el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, eliminó las funciones legislativas de esta cámara y Venezuela se convirtió oficialmente en una dictadura.
No es ni más ni menos que lo que pretenden hacer el PSOE y Podemos, siguiendo calcados los pasos aprendidos en aquella escuela de la que bebieron todos los líderes del Podemos y a la que ahora el PSOE se ha sumado.
Y, ¿pensáis que alguien va a hacer algo por España? Lo dudo mucho. Mientras el PP sigue con su corrección política en lugar de movilizar al electorado para que salgan a protestar o mientras ciudadanos está pendiente de la próxima encuesta que salga para ver qué postura toman, los españoles ven como no solo no hay oposición a esto sino que la que hay en el Congreso es una oposición cobarde y acomplejada, que es en lo que convirtió Rajoy al PP o lo que es el partido de Rivera, que se arrima al sol que más calienta. En España hay una derecha social huérfana de derecha política. Muchos dicen que VOX es la solución. Yo no creo que en soluciones mágicas ni en el advenimiento de un líder que arregle los despropósitos y los desastres del país, ya hemos visto la experiencia de muchos mesías que han acabado en fiascos de proporciones épicas. Yo no tengo la solución pero sé quién está provocando el problema. Igual es ahí por donde tenemos que empezar.
Por un delito mucho más grave, el tráfico de drogas, fue condenado y obligado a dimitir José Oliver, dirigente del partido morado en Baleares. Fue condenado en 2013 a 20 meses de prisión y 3.000 euros de multa por la posesión de más de 148 gramos de metanfetamina.
En Asturias, fue el parlamentario regional Enrique López, el que fue acusado de un delito de atentado contra agente de la autoridad y de falta de lesiones. Su condición de aforado hizo que el caso se derivara al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que finalmente le absolvió.
También integra esta lista negra la exparlamentaria en las Cortes Valenciana, Covadonga Peremarch, a la que Podemos tuvo que expulsar del partido por un delito de corrupción.
Uno de los casos más escabrosos y recientes. El candidato de Podemos por Badajoz fue detenido en abril del año pasado por corrupción de menores y delitos relativos a la prostitución.
De vuelta a Madrid, especial revuelo mediático provocaron las hermanas Rosa y Paloma Agudo, número 2 y 3 de la lista de Ganemos en Valdemoro. Fueron condenadas a 3 años de cárcel por un delito de insolvencia punible, por repartirse 600.000 euros que reclamaban a una inmobiliaria.
Uno de los casos más escabrosos se produjo en Castilla León y tuvo como protagonista al parlamentario regional de Podemos, Pedro de Palacio, condenado cuando era menor por abusar de una niña. Acabo dimitiendo de su cargo.
El parlamentario de Podemos en Castilla y León Pedro de Palacio. Dimitió vinculado a un sórdido caso de pederastia.
Problemas con el tráfico de drogas tuvo también el senador por Lanzarote, Ramón Galindo, detenido en 2008 por posesión de cocaína.
También con repercusión en las Cortes Generales, en la relación de ovejas negras de Podemos figura su senadora por Álava, Elvira García, expulsada del partido morado y tránsfuga en el Grupo Mixto. Fue condenada por dejar de pagar el alquiler de la vivienda social de la que disfrutaba en Vitoria. Pese a su nómina de casi 8.000 euros en la Cámara Alta.
El senador de Podemos por Guipúzcoa, Josetxo Arrieta, detenido en su día por pertenecer a un comando de ETA.
Uno de los casos más relevantes lo protagoniza el senador por Guipuzcoa, Josetxo Arrieta, exmiembro de ETA. Con tan solo 18 años fue detenido en San Sebastián, junto a otros dos miembros de un comando terrorista.
El de las agresiones a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es uno de los delitos más habituales en muchos cargos de Podemos. Es el caso de José Bail, ex-diputado por Huesca y condenado por agredir en 2012 a la Guardia Civil en una protesta contra el recrecimiento del pantano de Yesa.
Uno de los casos más mediáticos afecta al diputado por Tenerife Alberto Rodríguez, popularmente conocido como el «diputado de las rastas». Precisamente hace dos semanas fue citado por el Tribunal Supremo en relación con un delito de desorden público cometido cuando, en la madrugada del 25 de diciembre de 2006, tuvo un altercado con policías locales en La Laguna (Tenerife).
Por agresión a un concejal del PSOE fue condenado el edil de Podemos en Jaén, Andrés Bódalo. Condenado a tres años de cárcel y por reincidente, permanece en prisión.
En el Ayuntamiento de Madrid, las distintas marcas bajo el paraguas de Podemos tienen a varios de sus concejales imputados. La última, Rommy Arce, por un delito de odio. También Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por prevaricación y malversación de caudales públicos. La propia portavoz municipal, Rita Maestre, fue condenada por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos por asaltar la capilla de la Universidad Complutense.
El delito de estafa tampoco le es ajeno a Podemos. El gaditano Francisco Cano fue condenado por la Audiencia Nacional a siete años de prisión por su participación en la estafa de la empresa de inversión de bienes Arte y Naturaleza. Una estafa de carácter piramidal.
Otro de los casos que más revuelo mediático provocó tuvo como protagonista a la concejal de Guanyar Alicante, Marisol Moreno, conocida como ‘Marisol la Roja’, por injurias al Rey. La Fiscalía pedía para ella 10 meses de cárcel por las frases «absolutamente vejatorias» que dedicó en las redes sociales a la familia real. Finalmente fue condenada a una multa de 6.000 euros por injurias a la Corona.
En 2015, el cabeza de lista de Catalunya sí que es Pot por Tarragona, Gerard Bargalló, se vio obligado a dimitir como diputado en el Parlament al conocerse que cobró el paro de forma irregular.
Otro de los casos más escabrosos, y más recientes, se produjo en Badajoz. En abril del año pasado, su candidato en 2015 Salvador Salvatierra de Toro fue detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores y delitos relativos a la prostitución. La Policía encontró en su domicilio un ordenador con imágenes de menores desnudas.
Otro dirigente de Podemos con problemas con la Justicia es el diputado autonómico extremeño Eugenio Romero, acusado por dos delitos de coacciones y desorden público. Son los 20 «nombres de la vergüenza» que Pablo Iglesias trata de ocultar.
Pero los problemas con la Justicia, con Hacienda o con la Seguridad Social no le son ajenos tampoco a la cúpula del partido. Los pagos opacos de Venezuela e Irán a Pablo Iglesias, la beca-black de Íñigo Errejón, el caso del asistente sin contrato de Pablo Echenique, los cobros irregulares de Carolina Bescansa o los problemas fiscales de Juan Carlos Monedero son algunos de ellos.
El PNV, que es un partido corrupto, ha tomado la decisión de echar del poder al Partido Popular, que ha creado una máquina de expolio desde su espina dorsal, para entregárselo al PSOE, que es la corrupción hecha política. Y todo ello en nombre de la limpieza y la honradez. El portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, suma el escarnio a la desvergüenza, al preguntarse qué país es esta España cuyo gobierno depende de ellos. El escarnio es una recreación en una verdad oprobiosa; es un cinismo con saña, que no cae en una sima moral porque tiene el suelo de la verdad. Y la verdad es que España depende de un partido que la odia abierta y sinceramente; un odio que han convertido en un gran negocio.
El negocio es la clave del cambio de gobierno impreso por el Congreso de los Diputados, y que ha colocado a Pedro Sánchez en la Moncloa. Sánchez ha recibido el apoyo de 180 diputados procedentes de ocho grupos, y en los que sus 84 escaños son una minoría. Le llevan en volandas quienes ven a España como un obstáculo o una amenaza para su visión de lo que quieren hacer en este amplio solar de la Península Ibérica. Pablo Iglesias ha declarado que España para él es una realidad política que hay que derribar después del resultado de la Guerra Civil. De ERC y PDeCAT no será necesario añadir nada a este respecto. El PNV duda si dar el paso secesionista a la vista de que el expolio del resto de España le resulta tan conveniente; lo mismo cabe decir de Nueva Canarias. Compromís es el qué hay de lo mío desde una perspectiva progresista, valenciana y universal.
Se abre una oportunidad única, la de poder repartirse los despojos de España antes de quedar abandonada a su suerte. En un momento en el que el último bastión de la nación son los jueces y la Corona en las instituciones, y los españoles que no han caído en el descreimiento en la calle, el gobierno se ha convertido en una empresa de demoliciones. Esto es lo que parece que ocurrirá antes de las próximas elecciones, en la medida en que la parte más decente del PSOE lo permita.
España, como realidad histórica, como comunidad política, queda en entredicho. La fuente del derecho, y de las instituciones, no será ya el pueblo español, sino algunos de sus pueblos (Cataluña, Vascongadas…) por medio de las élites políticas del lugar. El propio Sánchez se refirió durante la moción al portavoz del PDeCAT como representante de “los catalanes”. Podemos, que tiene como objetivo mediato acabar con la Constitución Española, “saludará”, con ese lenguaje medido y manoseado que utilizan, los “procesos democráticos” que, como el del primero de octubre, asienten una nueva legitimidad que haga añicos la del 78. PNV y Bildu están pactando un nuevo Estatuto que, entre otras cosas, diferencia entre gudaris y maketos. Eso no tiene por qué salir tal cual, pero el proyecto de crear una nueva ciudadanía vasca está ahí.
Es necesario acabar con el poder que no controlan del todo, como es el judicial. Eso se intentará identificando el funcionamiento de la maquinaria judicial con un ejercicio autoritario que aplasta los legítimos derechos políticos de quienes no quieren ser españoles. Desde el gobierno se seguirá conspirando contra el país, pero ya no por medio de la inacción sino por iniciativa de los grupos que sostienen a Sánchez.
Aún queda una gran operación política que es condición sine qua non para la celebración de unas nuevas elecciones democráticas, y es la deslegitimación del centro y la derecha en España. El PSOE recuperará, con el apoyo de Podemos y del resto de grupos, la reforma de la Ley de Memoria Histórica que prevé nada menos que la censura de aquéllas obras de historia que pudieran considerarse favorables al bando nacional, entre otras medidas. Los restos de Franco dejarán de descansar en el Valle de los Caídos, y se esparcirán sus cenizas sobre media España para provocar enfrentamiento civil y deslegitimación política y social.
Todo ello se intentará. La nueva Ley de Memoria Histórica saldrá casi seguro. Pero el nuevo gobierno también tiene una posición muy difícil. Tiene oposición, para empezar, con Ciudadanos y el Partido Popular. En segundo lugar, el equilibrio de la coalición frentista es muy difícil. Sólo Sánchez puede convocar elecciones cuando él quiera, pero si hay perspectiva de que su partido suba en las encuestas a costa de Podemos, los de Pablo Iglesias pueden pararle los pies. O forzar nuevas elecciones si son ellos los que crecen.
Mientras, comprobaremos hasta qué punto España se ha convertido en un desguace o todavía tiene fibra como para mantenerse en pie.
El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que los miembros de los autodenominados ‘Comités de Defensa de la República (CDR)’ en Cataluña no puedan ser acusados de un presunto delito de terrorismo en la comisión deactos violentos al estilo de la ‘kale borroka’. Si bien el texto presentado es una proposición no de ley (PNL), la formación morada sí que plantea en su contenido un cambio normativo en el Código Penal.
El partido de Pablo Iglesias y sus confluencias quieren que el Congreso inste al Gobierno a modificar el apartado 2 del artículo 573.1 del Código Penal para que “no se permita la aplicación de los tipos de terrorismo a protestas ciudadanas fruto del derecho a la libre participación política, de acuerdo con las directivas europeas y la legislación internacional en materia de derechos humanos”.
La iniciativa, registrada en la Comisión de Justicia con el título ‘Proposición no de Ley para garantizar el derecho de protesta’, señala que la actual redacción del Código Penal permite “una interpretación arbitraria” que “podría dirigirse sin problemas a la criminalización de las actuaciones de quien, en un momento dado, pueda considerarse enemigo del Gobierno de turno”.
En esta línea, el grupo parlamentario de Unidos Podemos critica que la Fiscalía acusara de terrorismo y rebelión a Tamara Carrasco, integrante de un Comité de Defensa de la República (CDR), por “coordinar y dirigir presuntamente las protestas llevadas a cabo en Semana Santa en las carreteras catalanas”. El texto recuerda que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, descartó la acusación de terrorismo e imputó a la acusada un delito de desórdenes públicos, decisión recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El Ministerio Público acusó a Carrasco de desarrollar actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de los CDR. Añadió además que el objetivo de los mismos era normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso separatista catalán que se investiga en sendos procedimientos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
Sin embargo, Podemos considera que “el derecho a la protesta forma parte del núcleo esencial de un Estado democrático, y los poderes públicos deben garantizarlo como medio de reivindicación del cambio democrático”. El partido de Iglesias subraya que “los mayores logros económicos, sociales y culturales de la historia han ido precedidos de movilizaciones ciudadanas” y advierte al Gobierno de que “debe abstenerse de instrumentalizar y desnaturalizar el derecho penal para criminalizar la protesta política“.
“Reunión pacífica”
La proposición, que lleva la firma de los diputados Alberto Garzón, Jaume Moya, Eduardo Santos y Lucía Martín, también insta a cambiar de la redacción del artículo 571 del Código Penal “para vincular en todo caso la actividad de la organización terrorista a la difusión de terror entre la población a través de actos violentos”. Además, exige “proteger el derecho a la reunión pacífica de toda la ciudadanía, como medio legítimo y constitucionalmente protegido para la incidencia política y cumplir la obligación de los poderes públicos de fomentar la participación política”.
Tal y como publicó OKDIARIO, la independentista Tamara Carrasco, cabecilla de los CDR, fue candidata de la marca de Podemos en Viladecans (Barcelona). En concreto, ocupó el puesto número de 3 de la candidatura Guanyem Viladecans en las elecciones municipales de 2015. Antes de ello, Carrasco se movió en el entorno de los radicales de la CUP.
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