El programa de Pablo Iglesias plantea hasta tres mecanismos para impedir el uso y disfrute de la vivienda a sus legítimos propietarios.

Podemos ya avanzó en su programa electoral de las pasadas europeas la posibilidad de expropiar viviendas para impulsar el “alquiler social”. Su programa hablaba, entonces, de “pisos vacíos” en general, incluyendo los que pertenecen a particulares y no sólo a bancos o inmobiliarias.

Se trataba, por tanto, de una expropiación indirecta de viviendas privadas, ya que o bien los propietarios les daban uso de forma forzosa (residiendo en ellas o alquilándolas) o pasarían a formar parte de un nuevo “parque público” por el que recibirían una renta muy inferior al precio de mercado (“alquiler social”).

En caso de no ofrecer sus inmuebles en “alquiler social”, el propietario sería castigado con el pago de nuevos impuestos sobre dicha vivienda vacía. La aplicación de estas medidas se traduciría en una expropiación de uso. De hecho, meses después, Podemos concretó un poco más su plan en materia de vivienda, incluyendo la posibilidad de expropiar, directamente, los inmuebles en manos de grandes propietarios privados (más de diez pisos).

En concreto, el partido de Iglesias defendió la posibilidad de imponer la “cesión obligatoria” de viviendas para alquiler social, más allá del aumento de impuestos, en caso de que cualquier tenedor (empresa o particular) posea más de diez inmuebles vacíos. Sin embargo, una vez abierta la puerta de la expropiación a particulares, ¿qué impediría al Estado reducir ese umbral de diez pisos vacíos para apropiarse de viviendas privadas?

Pero es ahora cuando Podemos desvela realmente los detalles concretos de su política de vivienda, tras aprobar la semana pasada su programa electoral para las generales de diciembre, y la conclusión es que el partido de Iglesias acaba de declarar la guerra a los propietarios privados mediante, al menos, tres vías distintas: prohibir todo tipo de desahucios; imponer y extender el “alquiler social”; y despenalizar la okupación de pisos vacíos.

1. No podrá desalojar a los morosos

Podemos plantea, en primer lugar, prohibir los desahucios, todo tipo de desahucios, tanto por impago de hipoteca como de alquiler, imitando la regulación que existe en Venezuela. Así, los propietarios no podrán expulsar al inquilino o al hipotecado moroso (en caso de bancos) hasta que no se le garantice una “alternativa habitacional”, según el programa.

• Propuesta de Ley Orgánica de protección al derecho a la inviolabilidad del domicilio y prohibición de los desalojos sin alternativa habitacional […] En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.

Esta medida es idéntica a la que está vigente en Venezuela desde hace años y cuya aplicación ha condenado a muerte al mercado del alquiler, ya que la oferta de pisos brilla por su ausencia y los precios son desorbitados. En concreto, la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas que aprobó Venezuela en 2011 establece en su artículo 13 lo siguiente:

En todo caso, no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona.

Este punto, idéntico al que propugna Podemos, unido al cúmulo de incentivos previos que marca la regulación venezolana, se ha traducido en un impago masivo de alquileres y en la imposibilidad de recuperar la vivienda.

1. Legalización de los ‘okupas’

Pero los propietarios españoles no sólo verían vulnerado el derecho a recuperar su vivienda en caso de que el inquilino dejase de pagar, sino que, además, quedaría indefenso si su inmueble es okupado por otro. El programa de Podemos establece que, “en ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda […]”.

De hecho, aboga por la “despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas”. Es decir, la intención de Podemos es legalizar la okupación de pisos vacíos, con el consiguiente menoscabo de sus legítimos propietarios.

1. Sanciones y expropiación de pisos

El tercer gran mecanismo para expropiar viviendas privadas consiste en imponer sanciones, subir impuestos, prorrogar obligatoriamente contratos, reducir rentas y, en última instancia, decretar la “cesión obligatoria” de dichos inmuebles a la Administración Pública con el fin de garantizar el “alquiler social”. Podemos plantea diversas medidas al respecto:

Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos: alargar el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de vivienda habitual hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler obligatoria cuando el arrendador sea gran propietario de viviendas, con un mínimo de 10 viviendas.
Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares, que habiendo cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional.
El alquiler social no podrá superar el 30% de la renta familiar incluyendo suministros básicos. Asimismo se tendrá en cuenta la delimitación del número de miembros de la unidad familiar para reducir la cuantía hasta un umbral sostenible.
Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre y entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias) garantizarán el alquiler social […] a través de la movilización de pisos vacíos.
Creación de figuras jurídicas que incentiven la cesión en usufructo de los propietarios a la administración pública de viviendas para la creación del parque público de alquiler social.
Impuesto a los tenedores de vivienda vacía.
Definición de procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los tenedores de más de 10 viviendas, con especial agravante para las situaciones de abandono por el menoscabo que supone para el derecho a la ciudad y a la convivencia. El procedimiento contemplaría la cesión obligatoria en los casos graves.
Prohibición de la privatización del parque público de vivienda en alquiler.
Dación en pago con carácter retroactivo

Por otro lado, Pablo Iglesias también pretende imponer la dación en pago por ley y con carácter retroactivo, lo cual acabaría perjudicando a la inmensa mayoría de hipotecados -presentes y futuros-.

Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado. Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo.

Igualmente, plantea que las empresas privadas asuman las pérdidas derivadas del impago de “suministros básicos” de agua, luz y gas, y estudiará la posibilidad de crear una “suministradora pública” -de cero o bien nacionalizando alguna de las empresas existentes-.

• Derecho a los suministros básicos garantizados como parte integrante del derecho a una vivienda digna y adecuada. El derecho al contrato de suministro sólo requerirá el requisito de empadronamiento.
• Se impedirán los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar.
• Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras.
• Se estudiará la posibilidad de crear una empresa suministradora pública.

Fuertes subidas de impuestos a los propietarios

Por último, el programa de Podemos incluye nuevas y generalizadas subidas fiscales a todos los propietarios de vivienda, tal y como recoge Idealista.news.

• Se reduce el techo del Patrimonio. Actualmente, los contribuyentes empiezan a pagar el Impuesto sobre el Patrimonio cuando tiene un valor superior a los 700.000 euros. Podemos propone que sea a partir de los 400.000 euros de patrimonio para obtener más dinero por esa vía. El Patrimonio incluye toda la riqueza de una persona, desde propiedades (que suelen ser las que más peso tienen), hasta dinero en efectivo, depósitos o acciones. Curiosamente, fue creado en 1978 de forma ‘extraordinaria’ y se ha suprimido y vuelto a aplicar desde entonces.

• Derogar bonificaciones a Sucesiones y Donaciones. Podemos promete negociar con las comunidades autónomas para derogar las bonificaciones al impuesto de Sucesiones y Donaciones, que es competencia de cada comunidad. En muchas comunidades, como en Madrid, se bonifica casi el 100%.

FUENTE: Riete de Podemos