Etiqueta: PEDRO SANCHEZ

Despotismo indefendible

El autobombo de Sanchez acabará en autodecepción y cavará su tumba

Por JIMMY GIMÉNEZ-ARNAU

La escoria totalitaria que integra este Gobierno (destructor de las libertades y proclive a los abusos) perderá las elecciones, según las encuestas, el despotismo de su caudillo papanatas es indefendible. Las encuestas serias, casi todas, a excepción de las del CIS, que inventa el cerril Tezanos y con chulería barata reconoce que nunca es imparcial, pues debe atender las consignas de la voz de su amo, un crustáceo enrocado en La Moncloa decidido a no abandonarla. Tan zumbado está el iluso, que sueña con que su ego hortera e inepto transformará los abucheos en votos, lo único que en verdad le mortifica, porque el futuro de la nación española le importa un rábano. Él sólo piensa en sí mismo… Que el futuro de la gente no le preocupa y la deuda que nos va a dejar, se la sopla.

El autobombo de Sánchez acabará en autodecepción y cavará su tumba. El enemigo público número uno ya no engaña a nadie, de sumar las atrocidades y las traiciones que ha cometido, no le vota ni su madre. Cada voto que compre con subvenciones, a cargo de nuestros impuestos, equivale a cientos, sino miles, de votos de cuantos lo odian. Las elecciones lo van a triturar. El tirano mutó en un muerto viviente, huele a cadáver y tiene los días contados. De quedarle una pizca de raciocinio, cosa que dudo, vista su ineptitud, tendría que hacer el equipaje y mendigar asilo en un edén comunista, llevándose a la escoria totalitaria, en pleno, como ayudantes de cámara. Quizá algún demente dictador tropical los alquile y les permita plagiar, sus falsas memorias de redención.

Poco les queda por hacer tras humillar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, llamándola «asesina» en el templo de la Complutense. Así demostraron lo que son estas bandas de infradotados, que nos gobiernan. Dicen ser feministas, pero atacan a una noble mujer que sabe hacer su trabajo y les planta cara, pues repudia a las hordas que hacen daño a la capital de España, el motor de nuestra economía. Despotismo a granel es el arma que utiliza el maniquí contra Ayuso, su enfermiza fijación, que ella triunfa, donde él fracasa. Y sabe que perderá las elecciones irremisiblemente. Mientras la diosa Ayuso logró que prosperase la Comunidad de Madrid, el muy lerdo consiguió arruinar a España entera.

Hoy priva, entre las pedorras de Igualdad, atacar a insignes empresarios, como Amancio Ortega y Juan Roig. Valgan tres frases de sabias personas, para que las incultas se ahoguen en su ignorancia. Sir Winston Churchill: «Si pones comunistas a cargo del desierto del Sahara, en cinco años, habrá escasez de arena». Mrs. Margaret Thatcher, la dama de hierro: ·»Todo izquierdista es un incompetente y fracasado que cree que las personas que tienen éxito, le deben algo». El genial Antonio Escohotado: «Ser comunista en un país libre es fácil, lo difícil es ser libre en un país comunista». Las pedorras ya pueden dimitir que, como socias de Sánchez, le conducirán al desastre. Aunque, sin ellas, también se habría estampado, porque no sirve para gobernar una nación como España. Le cae demasiado grande a tal presuntuoso.

El Constitucional tumba las recusaciones, acepta el recurso del PP y votará si frena el golpe de Sánchez

El plan de Pumpido hoy: volver a levantarse y dejar el Pleno sin quórum si ve que hay mayoría a favor del PP


Pumpido forzó al presidente del Constitucional a suspender el Pleno bajo amenaza de dejarlo sin quórum


Magistrados del Constitucional creen que se puede frenar a Sánchez antes de que el Senado valide el golpe

POR: TERESA GÓMEZ PARA: OK DIARIO

El Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional ha rechazado este lunes por seis votos a cinco las recusaciones del presidente Pedro González- Trevijano y el magistrado Antonio Narváez. Las mismas fueron solicitadas por PSOE y Podemos para facilitar el asalto de Pedro Sánchez a la Corte de Garantías. Ahora los magistrados deberán decidir si admiten a trámite las cautelarísimas interpuestas por los populares que en caso de aprobarse paralizarían la votación que afecta a la insólita reforma del Código Penal que, vía enmiendas, modifica las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional asegurándose una mayoría de izquierdas en el órgano máximo garante de la Constitución.

El bloque izquierdista formado por Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán y Juan Antonio Xiol han votado a favor del apartar a al presidente González- Trevijano y al magistrado Narváez de la votación que decidirá si se admiten las cautelarísima solicitadas por el PP. Estos se han apoyado en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exige examinar la composición del tribunal para cumplir con la exigencia de «apariencia de imparcialidad de sus miembros».

Admisión del recurso

Sin embargo, el bloque formado por los propuestos por el PP ha defendido que en la actualidad no sólo tienen el mandato caducado el presidente González-Trevijano y el fiscal Narváez sino que que también lo tienen el vicepresidente Juan Antonio Xiol y el magistrado Santiago Martínez-Vares. Si se aparta del tribunal todos los miembros con el mandato vencida el Pleno se vería reducido a siete magistrados y, por tanto, no tendría el quórum mínimo –de ocho– para poder formarse.

En ese mismo Pleno, los magistrados han admitido a trámite el recurso del PP contra dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al Constitucional que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como adelantó OKDIARIO. Por tanto, la Corte de Garantías ahora deberá decidir únicamente si admiten a trámite las cautelarísimas interpuesta por los populares que en caso de aprobarse paralizarían el asalto de Pedro Sánchez al órgano máximo garante de la Carta Magna.

Recurso del PP

El PP había solicitado al Constitucional que suspendiera de forma cautelarísima la votación de esta tarde. Sin embargo, el Pleno extraordinario del tribunal de garantías convocado el pasado jueves decidió que debía resolver primero sobre las recusaciones de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley, dado que implicaría su salida del tribunal.

La recusación de estos dos magistrados ha sido promovida por Podemos. En un escrito presentado esta misma mañana, los morados explican que según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) «es causa de abstención y, en su caso, de recusación «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa». Y en este caso, señalan, «los magistrados respecto de los que se solicita su abstención o recusación son aquellos cuyo mandato se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada en la proposición de ley que busca precisamente cumplir con la renovación de los órganos constitucionales».

González-Trevijano y Narváez son dos de los cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio. Ellos dos fueron los nombrados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que los otros dos que continúan en funciones -el vicepresidente, Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares- fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El PSOE también ha enviado un escrito al Tribunal Constitucional por el cual pide al Pleno que rechace la medida cautelarísima solicitada por el PP –que evitaría el asalto de Sánchez al Poder Judicial–al considerar que, de hacerlo, se provocaría «una perturbación en un interés constitucionalmente protegido», como la potestad legislativa.

Los magistrados del PSOE

El presidente del Tribunal Constitucional decidió aplazar el Pleno del pasado jueves a instancias de un escrito presentado por los cinco magistrados (Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez y las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán) designados por el PSOE con la excusa de disponer del «tiempo indispensable» que les permitiese «el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión.

El Gobierno ¿nacional? socialista de España

«Hay un defecto claro en la tramitación de la proposición de ley y la jurisprudencia es clara, por tanto, el temor del Gobierno se circunscribe a que la oposición lleva razón»

Fachada del Tribunal Constitucional. | Europa Press

Ibor Fernandes Romero

Se habla mucho de memoria democrática, expresión de la que se ha apropiado completamente la actual izquierda de nuestro país, como si los demás se sintieran cómodos en una suerte de alzhéimer histórico. En realidad, el objetivo es claramente mantener un clima político de guerracivilismo que, desde la perspectiva de movilización de su electorado, es manifiestamente beneficiosa. Sin embargo, muchos de los que esta semana se rasgan las vestiduras por que el Tribunal Constitucional intervenga en el marco del proceso legislativo, deberían quizá repasar la historia política del constitucionalismo, para entender por qué la soberanía del poder legislativo debe tener límites (también, si han estudiado Derecho, quizá podrían echar un ojo a su manual de Derecho Constitucional). En este sentido, hemos escuchado hasta la saciedad el argumento de que las decisiones adoptadas por la mayoría del Congreso son legítimas en tanto ostentan la voluntad popular, por consiguiente, la autonomía parlamentaria es inatacable. Un argumento muy interesante para un ciudadano del siglo diecinueve, sin embargo, completamente superado en el constitucionalismo moderno, dado que, nada más y nada menos, era la base del sistema parlamentario liberal que dio pie al nazismo, que culminó con la atroz Segunda Guerra Mundial.

De hecho, esa argumentación recuerda a la teorización de Carl Schmitt, jurista y politólogo alemán, que a principios del pasado siglo defendía a ultranza dicha premisa liberal. La ley es un producto de la razón, consecuencia de un proceso público y contradictorio desarrollado por los representantes del pueblo, por lo que su bondad, razonabilidad y respeto a la constitución es irrefutable. Más tarde, la cosa terminó con el conflicto bélico más importante que ha vivido la humanidad, en la que murieron entre cuarenta y cincuenta millones de personas.

Es por ello por lo que, en el constitucionalismo moderno, la doctrina ha entendido imprescindible la inclusión de instituciones e instrumentos jurídicos que controlen el estricto cumplimiento de la constitución por todos los órganos del Estado. En el caso español, dicha competencia la ostenta el Tribunal Constitucional y, por supuesto, incluye velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, también en el ámbito del proceso legislativo. De lo contrario, podría de facto vaciarse de contenido la Constitución, tramitarse una ley palmariamente inconstitucional, o ¿por qué no? silenciar a un diputado por que no nos guste lo que diga; si lo dice la mayoría, pues se le expulsa del hemiciclo y asunto resuelto.

«Lo cierto es que el recurso de amparo parlamentario es un instrumento procesal para la defensa de los derechos fundamentales previsto en el ordenamiento jurídico, de hecho, su planteamiento es usual»

Muchas voces desinformadas se han oído los últimos días en relación con el recurso de amparo planteado por el Grupo Parlamentario Popular y, lo que es peor, otras voces con pleno conocimiento han llegado a denunciar la consecución de un golpe de Estado. Lo cierto es que el recurso de amparo parlamentario es un instrumento procesal para la defensa de los derechos fundamentales previsto en el ordenamiento jurídico, de hecho, su planteamiento es usual (a modo de ejemplo, según las estadísticas del TC, en el año 2020 se plantearon 25 recursos de este tipo, en el 2021 se plantearon 26 y en el 2019 fueron 28). La ingeniosa novedad del recurso de amparo planteado esta semana es que junto al mismo se ha solicitado una medida cautelarísima (instrumento procesal que, del mismo modo, está nítidamente regulado en la Ley) con la finalidad de que se restablezca el orden constitucional en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, dado que la Mesa de la Comisión había incumplido objetivamente lo previsto en el Reglamento del Congreso, en dos planos: primero, permitiendo la incorporación de enmiendas desconectadas completamente del objeto de la tramitación legislativa (recordemos que la misma versaba sobre la inefable reforma del Código Penal para contentar al independentismo y, en el último momento, con nocturnidad y alevosía se incluye la reforma del régimen de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional); y, por otro lado, dejando de resolver, dado que en una demostración del más rancio caciquismo, el presidente de la Comisión decidió no decidir sobre las rectificaciones solicitadas y, así, evitar adrede generar un acto recurrible. Por consiguiente, un manifiesto fraude constitucional ante el que nuestro Tribunal Constitucional no puede permanecer de imposible.

Entonces, ¿qué es lo que molesta tanto al Gobierno? Pues, sencillo, hay un defecto claro en la tramitación de la proposición de ley y la jurisprudencia es clara, por tanto, el temor se circunscribe a que la oposición lleva razón y es muy posible que se dicte una resolución que, sin entrar a valorar la constitucionalidad del fondo del asunto, sin embargo, aprecie que no se puede cercenar los derechos fundamentales de la minoría en el proceso legislativo, dado que esa es la esencia del Estado de Derecho, evitar que las mayorías aplasten a las minorías, a través de unas garantías y derechos que se consagran en la Constitución.

En definitiva, independientemente de lo que este lunes se decida, afortunadamente, en nuestro Estado de Derecho el Parlamento seguirá sometido a la Constitución y a la revisión por el Tribunal Constitucional de sus actos, circunstancia que nos aleja de un modelo, como el que imperaba en el constitucionalismo liberal de principios del siglo pasado, aunque algunos actores políticos, con poca «memoria democrática», al parecer, lo añoran.

* Ibor Fernandes Romero es doctor en Derecho Constitucional y profesor del CES Cardenal Cisneros de Madrid.

Pedro Sánchez dijo que imitaría a un líder socialista que encabezó un golpe de Estado

«Actuó como hoy queremos actuar nosotros», anunció el 19 de mayo de 2021

Elentir

El golpe de Sánchez a la separación de poderes, violando la Constitución e imitando a Hugo Chávez, ¿es sólo el comienzo de algo aún peor?

«Actuó como hoy queremos actuar nosotros», dijo sobre Largo Caballero

El 19 de mayo de 2021, en un discurso en el 43º congreso del sindicato socialista UGT, Pedro Sánchez reivindicó a Francisco Largo Caballero y anunció: «Actuó como hoy queremos actuar nosotros». El propio Partido Socialista difundió esas palabras de Sánchez y el vídeo correspondiente en su cuenta de Twitter:

Un dirigente socialista que quería imponer una dictadura y que justificaba la violencia

Francisco Largo Caballero fue presidente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre octubre de 1932 y diciembre de 1935. Era el dirigente del ala más radical y marxista del partido y defendió abiertamente una «dictadura socialista» durante los años de la Segunda República. Largo Caballero solía recurrir a una oratoria incendiaria en la que defendía abiertamente la violencia con fines políticos y saltarse la legalidad cuando no le resultase favorable: «Que conste bien: el Partido Socialista va a la conquista del Poder, y va a la conquista, como digo, legalmente si puede ser. Nosotros deseamos que pueda ser legalmente, con arreglo a la Constitución, y si no, como podamos«, dijo el 23 de julio de 1933 en un discurso durante un mitin del PSOE en el cine Pardiñas de Madrid (fuente: Nº 7.634 de ‘El Socialista’, 25 de julio de 1933, página 2).

Largo Caballero amenazó con una «guerra civil» antes de las elecciones de 1933

De cara a las elecciones generales de noviembre de 1933, las primeras en las que las mujeres votaron en España, y ante la previsión de una victoria electoral de la derecha, Largo Caballero amenazó con una guerra civil: «Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. (…) Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil. ¿Qué es si no la lucha que se desarrolla todos los días entre patronos y obreros? Estamos en plena guerra civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. Era una clara amenaza de golpe de Estado y Largo Caballero la pronunció el 8 de noviembre de 1933, once días antes de las elecciones, en un mitin del PSOE en Don Benito, Badajoz (fuente: Nº 7.726 de ‘El Socialista’, 9 de noviembre de 1933, página 6).

Las amenazas de la izquierda aplazaron casi un año la llegada de la derecha al gobierno

A pesar de las amenazas del presidente del PSOE, la derecha ganó las elecciones de 1933, pero las amenazas de Largo Caballero continuaron. En abril de 1934, en el V Congreso ordinario de la Federación de Juventudes Socialistas celebrado en Madrid, el presidente del PSOE afirmó: «hay que apoderarse del Poder político revolucionariamente», y acto seguido añadió: «tengo que manifestar que la revolución no se hace con gritos de viva el Socialismo, viva el comunismo y viva el anarquismo. Se hace violentamente«. Largo Caballero advirtió a los jóvenes socialistas: «Cuando llegue este momento habrá que afrontar la lucha decisivamente» (fuente: Nº 7.867 de ‘El Socialista’, 21 de abril de 1934, portada).

Las amenazas de la izquierda llevaron a constituir un gobierno de centro, presidido por Alejandro Lerroux, y aplazaron casi un año la entrada de los ministros derechistas en el gobierno, hasta el 3 de octubre de 1934.

Cumplió sus amenazas y encabezó un golpe de Estado el 5 de octubre de 1934

Finalmente, dos días después de que la derecha llegase al gobierno tras haber ganado las elecciones, Largo Caballero y el PSOE cumplieron sus amenazas y encabezaron una rebelión armada, apoyada por el Partido Comunista de España y los anarquistas de la CNT. Fue un golpe de Estado sangriento y que tuvo su principal escenario en Asturias, obligando al gobierno a enviar al Ejército para restablecer el orden. Los golpistas asesinaron a 33 sacerdotes y religiosos y a 300 militares y miembros de las fuerzas del orden, y también destruyeron 17 iglesias, 40 edificios religiosos y docenas de fábricas, puentes, casas y edificios públicos. Fue un golpe mucho más violento que el ocurrido el 23 de febrero de 1981, conocido como el 23-F.

Largo Caballero fue detenido el 14 de octubre y enviado a la Cárcel Modelo de Madrid como dirigente máximo del golpe de Estado. Estuvo preso hasta la celebración del juicio un año después. Sorprendentemente, el 30 de noviembre de 1935 fue absuelto por falta de pruebas, una sentencia escandalosa si tenemos en cuenta que el propio presidente del PSOE instigó y encabezó ese golpe.

Amenazó con una «guerra civil» si la derecha ganaba las elecciones de 1936

La impunidad de la que gozó después de dar un golpe de Estado contra un gobierno democrático animó a Largo Caballero a seguir por la misma línea que antes. El 27 de enero de 1936, en un discurso en un mitin del PSOE en Alicante, amenazó con una «guerra civil» si la derecha ganaba las elecciones de febrero de ese año: «Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados; pero si triunfan las derechas, nuestra labor habrá de ser doble, porque con nuestros aliados podremos laborar dentro de la legalidad, y ganando las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada. Y esto no es una amenaza, es una advertencia. Y que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas: que nosotros las realizamos» (fuente: Nº 8.044 de ‘El Socialista’, 28 de enero de 1936, página 4, columnas 1 y 2).

El máximo responsable político de la masacre de Paracuellos

Ya durante la Guerra Civil Española, Largo Caballero era el presidente del Consejo de Ministros de la República cuando se produjo la masacre de Paracuellos, en la que unos 5.000 presos políticos (hombres, mujeres y también 50 niños) fueron asesinados a manos de comunistas. Largo Caballero fue el máximo responsable político de esa matanza.

Cuando Pedro Sánchez dijo que Largo Caballero «actuó como hoy queremos actuar nosotros», no sólo reivindicó a ese dirigente socialista, violento, golpista y totalitario, sino que animó a imitarle. Así pues, no nos debe extrañar lo que está ocurriendo ahora en España, ni lo que está por venir, porque mucho me temo que este golpe a la separación de poderes sólo es el comienzo de lo que tiene Sánchez en mente.

Sánchez reactiva la ‘alerta antifascista’ como arma para las elecciones de mayo 

Moncloa prepara una ofensiva contra el «golpista Feijóo» por negarse a retirar el recurso e «interferir en la soberanía nacional»

Pedro Sánchez. | Moncloa/Jorge Villar

Ketty Garat

@KettyGaratkg@theobjective.com

El Gobierno está en guardia, a la espera de la decisión que el Tribunal Constitucional adopte el próximo lunes sobre el polémico asalto al Tribunal Constitucional que el PSOE ha perpetrado vía enmienda a la reforma del Código Penal para derogar la sedición y reformar la malversación, y que se aprobará de forma definitiva el jueves 22 en el Senado, tal y como adelantó THE OBJECTIVE. Tras la tensión extrema de los últimos días, avivada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las aguas se han serenado y los nervios se han disipado. Durante la noche del miércoles, el Ejecutivo vio una amenaza real, que podía dar al traste con sus planes de forzar por la puerta de atrás una mayoría progresista en el TC. Sin embargo, esa amenaza parece haberse desvanecido. 

Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE manifiestan su confianza en que el Tribunal de Garantías rechace el próximo lunes las medidas cautelares que supondrían paralizar la reforma del Código Penal y, en consecuencia, «una injerencia del poder ejecutivo en el legislativo» que, de forma «insólita» permite entrar en el fondo de una ley que no se ha aprobado aún. «Confiamos en que el TC admita el recurso, pero no paralice la reforma, porque no tiene competencias para actuar sobre una intención. El hecho se producirá el jueves en el Senado y, a partir de ahí, se pueden presentar recursos de inconstitucionalidad. Para eso está».

Las esperanzas de que el lunes se sucedan los acontecimientos según lo previsto no son, sin embargo, certezas. Por ese motivo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lanzó este viernes al PP un llamamiento para retirar su recurso de amparo. Porque hay un punto de inquietud, hasta de temor, que motiva una amenaza velada: «No se atreverán a hacerlo». Porque, si lo hacen, «habrá un conflicto institucional de primer orden entre el poder ejecutivo y el judicial, y se sentará un precedente muy peligroso que atenta contra la separación de poderes». La inquietud de Gobierno radica en la desconfianza del poder judicial, su convicción de que hay «fachas con toga»; un concepto que verbalizaban los ministros de Podemos en los inicios de la coalición para bochorno de sus colegas socialistas, y que ahora está en boca de ministros y dirigentes socialistas, tanto en privado como en público. 

«Quieren derrocar a un Gobierno okupa»

Se trata de un salto cualitativo fundamentado en otra convicción real -no una sobreactuación-, que pasa por atribuir a los jueces la voluntad de «derrocar a un Gobierno que consideran ilegítimo y okupa por el mero hecho de ser socialistas». El populismo ha impregnado los discursos del Ejecutivo y el PSOE, hasta el punto de que se admiten los discursos belicistas y guerracivilistas, como el del presidente de la comisión de Justicia, Felipe Sicilia, comparando el golpe de Estado de Tejero el 23-F con este «golpe de Estado de la derecha judicial y política. Fondo y forma habrían sido duramente reprobados en otros tiempos del PSOE, pero hoy son aplaudidos, también en privado. 

Los diputados más moderados admiten: «Yo no lo habría expresado así ni habría hablado de Tejero». Pero añaden: «Lo que está ocurriendo es gravísimo, un ataque a la democracia sin precedentes». La prueba de que no fue un calentón, motivado por el beligerancia del debate, es el control que ejercen Moncloa y Ferraz sobre los oradores del partido, en el diseño de la estrategia y el envío de argumentarios. Fuentes consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que, el pasado martes, la dirección del grupo socialista comunicó en la reunión del grupo que sería Sicilia quien intervendría en el debate de la reforma del Código Penal 48 horas después. El resto de los grupos elevaron el perfil de los comparecientes, eligiendo a sus portavoces parlamentarios. Por ese motivo, la irrupción de Sicilia en la tribuna de oradores motivó el griterío en la bancada popular para calentar el debate: «Patxi Patxi», pedían para tentar al portavoz socialista.

Esta fue una intervención calculada, al igual que las intervenciones posteriores. Tras un debate bronco y grueso, Sicilia canceló una entrevista pactada esa misma noche y rechazó otras ofertas de medios de comunicación al día siguiente, porque el elegido por Gobierno y PSOE para colocar el mensaje era Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Fuentes socialistas aseguran a este periódico que «ya estaba enfermo por la mañana y fue a peor». Asimismo, niegan desautorización alguna sobre su discurso. No hay impostura en los argumentos, ni fisuras en el grupo parlamentario.

El discurso de Sicilia, planeado desde el martes

Y el mejor botón de muestra es la similitud entre el discurso de Sicilia y el del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el jueves por la noche desde Bruselas: «Han intentado amordazar al parlamento. Estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia desde la derecha y la ultraderecha (…) ya sea desde los magistrados conservadores o de la derecha política y mediática que han intentado una operación incalificable». El presidente dijo que deseaba mandar un mensaje de tranquilidad, de confianza en el prevalecimiento de la Constitución y la democracia frente a cualquier «atropello». Pero el tono de su discurso sugería lo contrario. 

En el salto inevitable de la esfera privada a la pública, la verbalización de argumentos antaño en boca de Podemos se traspasaron a los socialistas. Al principio, entre bambalinas y ahora con un argumentario que asume el ala socialista del Ejecutivo, desde Felipe Sicilia hasta el Presidente Sánchez. En el PSOE restan importancia a la dureza de estas afirmaciones porque estamos en una «fase de inflamación del discurso político» que «no es recomendable para nadie, ni para nosotros ni para el PP. No podemos estar todo el día hablando de golpistas, pero la oposición no puede comparar este gobierno con el de Perú o Venezuela. Tenemos que desinflamar», explican los diputados más veteranos, ajenos a las estrategias de la dirección de grupo. 

Otra cosa es que esta sea la intención del Palacio de la Moncloa, donde auguran: «Si el lunes el TC no aprueba cautelares, el PP habrá patinado». Y los estrategas monclovitas ya se frotan las manos diseñando una ofensiva contra «el golpista Feijóo» y su intento de «secuestrar el Parlamento. Vamos a exprimirlo hasta mayo», admiten. Esta es una oportunidad en un momento de necesidad para un PSOE que precisa un revulsivo electoral. Se ha pasado de la «alerta antifascista» acuñada por Iván Redondo a la alerta «antigolpista» con la que los socialistas pretenden tensionar el debate publico para simular una nueva y supuesta amenaza antidemocrática que les sirva para revalidar mandato. Es una vieja estrategia que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias utilizaron en noviembre de 2019, en la campaña de las generales, azuzando el fantasma del miedo a Vox y la llegada de la ultraderecha. Lo malo es que la estrategia pinchó. Ambos se dejaron más de 700.000 votos, respectivamente, desde los comicios de abril hasta los de noviembre.

El nuevo plan golpista que obligaría a invocar el Artículo Octavo de la Constitución Española

El separatismo quiere romper España con el 27,49% de los votantes catalanes

Elentir

Los separatistas se sienten tan envalentonados con las cesiones de Pedro Sánchez que ya plantean que una minoría sea capaz de romper la unidad de España.

El separatismo quiere romper España con el 27,49% de los votantes catalanes

Según ha publicado la agencia Europa Press, los separatistas de ERC quieren un referéndum en el que con una participación del 50% y el sí del 55% se declare la independencia de Cataluña. De hecho, es el plan que tienen de cara a los próximos 4 años, después de haber conseguido que Sánchez indultase a los autores del golpe separatista de 2017, y después promoviese la eliminación del delito de sedición y una rebaja sustancial de penas para los autores del delito de malversación. Que socialistas y comunistas hayan aceptado crear un Código Penal a la carta para el separatismo ha transmitido a éste la idea de que Sánchez y sus socios están dispuestos a hacer lo que sea por seguir en el poder.

Aprovechándose de esa falta de escrúpulos de la izquierda, ERC quiere un referéndum pactado con el gobierno para romper España pero que sólo voten los catalanes, mientras el resto de los españoles nos quedamos de espectadores viendo como despedazan nuestro país. Pero la burla planteada por los separatistas no sólo se dirige contra el resto de los españoles, sino también contra los españoles de Cataluña. Las cifras señaladas por ERC implican que el «sí» a la independencia un 27,49% de los votantes catalanes bastase para romper la unidad de España. En las elecciones catalanas de 2021, con un 51,29% de participación, los partidos separatistas sumaron el 48,68% de los votos emitidos. Tal vez esperan conseguir una cifra raspada con la que puedan romper cientos de años de convivencia e historia común entre españoles.

Un golpe a la Constitución con el gobierno como posible cómplice

Por supuesto, lo que ERC plantea claramente es un nuevo golpe separatista, por eso tenía tanto interés en que el gobierno de Pedro Sánchez derogase el delito de sedición y rebajase el delito de malversación: para volver a hacerlo y salir impunes. Si el gobierno de Sánchez aceptase un referéndum así, entonces se convertiría en cómplice del golpe separatista. Ningún gobierno español tiene autoridad ni derecho para convocar un referéndum de independencia. El Artículo 2 de la Constitución es muy claro: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles«. Si el gobierno aceptase trocear España, el gobierno estaría dando un golpe de Estado contra la legalidad constitucional.

Lo que dice el Artículo Octavo de la Constitución Española

Ante una situación así, además de apelar al Artículo 2, deberíamos recordar también el Artículo 8 de la Constitución: «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional«. Si el gobierno decide demoler España, el Rey, las Cortes y el Tribunal Constitucional estarían legitimados a reclamar la intervención de las Fuerzas Armadas para poner fin a ese golpe de Estado.

Hay que recordar que la Constitución Española fue aprobada por el 91,81% de los españoles, con una participación del 67,11%. En Cataluña la participación fue del 67,9% y el «sí» sumó el 90,5% de los votos. Así pues, lo que plantea el separatismo no sólo es un nuevo golpe a la Constitución, sino también un secuestro del pueblo catalán. Y para resolver secuestros están las Fuerzas de Seguridad del Estado y, de ser necesario, también las Fuerzas Armadas. No cabe imaginar una misión más noble para nuestros Ejércitos que defender la unidad de España, la democracia y el Estado de Derecho frente a unos golpistas que quieren destruirlos. Es lo que ocurrió en Perú, donde la Policía y el Ejército defendieron la democracia frente al golpe de Estado de Pedro Castillo.

El manifiesto de 123 periodistas españoles contra el asalto de Sánchez a la democracia

Denuncian la deriva antidemocrática del gobierno izquierdista de España

Elentir

El golpe de Sánchez contra la independencia judicial está haciendo crecer las voces de alarma y de protesta en la sociedad española.

Esas protestas también se están escuchando en el mundo del periodismo, uno de los colectivos al que el gobierno de Sánchez está tratando con hostilidad, por la resistencia de muchos comunicadores a la propaganda y a las mentiras del gobierno. En el día de ayer se publicó un manifiesto firmado por 123 periodistas y colaboradores de medios de comunicación españoles, con el título de «Defender la democracia».

Contando Estrelas se adhiere a este manifiesto, y anima a todos sus lectores a darle la máxima difusión posible en las redes sociales.

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DEFENDER LA DEMOCRACIA

Los abajo firmantes, periodistas y colaboradores de distintos medios de comunicación españoles, asistimos con creciente preocupación a la deriva antidemocrática de un gobierno, el de Pedro Sánchez, que ignora voluntariamente los límites marcados en nuestro pacto constitucional, en un intento de conservar el poder a cualquier precio.

Asistimos con preocupación al uso torticero de la actividad legislativa, negociando normas penales con aquellos que las violan y diseñando modificaciones legales para favorecer a delincuentes específicos por ser socios coyunturales del actual gobierno.

Asistimos con preocupación a la pretensión del actual gobierno de premiar, precisamente, a quienes han cometido graves delitos contra esa Constitución que garantiza la pacífica convivencia social.

Asistimos con preocupación a la deriva autoritaria de un gobierno que está llevando a cabo un asalto frontal del Tribunal Constitucional y del órgano de gobierno del Poder Judicial, con el único fin de poder llevar a término su tarea de derribo del marco constitucional.

Es por ello que, antes de que la democracia quede herida de forma irreversible,

EXIGIMOS a todos los funcionarios públicos que cumplan con su deber de defender el marco constitucional de convivencia.

INSTAMOS a los partidos de oposición a que utilicen todos los mecanismos constitucionales a su alcance para cortar, o al menos dificultar lo más posible, la deriva autoritaria y antidemocrática del actual gobierno.

ANIMAMOS a las organizaciones de la sociedad civil a convocar cuantos actos y protestas sean necesarios para hacer llegar al gobierno, y a toda la sociedad, la voz de los ciudadanos comprometidos con la defensa de la democracia y el estado de derecho.

RECORDAMOS la responsabilidad de los medios de comunicación, sus profesionales y colaboradores en la defensa de la democracia y la libertad consagradas en la Constitución Española.

PEDIMOS a todos los ciudadanos que respalden de manera activa todas las acciones y movilizaciones que los partidos de la oposición y las organizaciones de la sociedad civil puedan poner en marcha, y que cada uno defienda los valores constitucionales en todos los ámbitos, sin esperar a que los demás lo hagan.

Las democracias no mueren cuando sus enemigos tratan de destruirlas. La democracia muere cuando los que tenemos la obligación de defenderla no cumplimos con nuestro deber de hacerlo.

Nuestro marco democrático de convivencia, plasmado en la Constitución española, está en peligro. Y es deber de toda la ciudadanía defenderlo, con todos los instrumentos legales a nuestro alcance.

LISTA ALFABÉTICA DE FIRMANTES (a 13/12/2022):

Dolores Agenjo
Pepe Albert de Paco
Yago Alonso
Carmen Álvarez-Vela
Rebeca Argudo
Adolfo Arjona
Benito Arruñada
Manuel Artero
Iñaki Arteta
Alberto Asensi
Luis Balcarce
Rafael Bardají
Miguel Angel Belloso
Javier Benegas
Jaime de Berenguer
María Blanco
Dieter Brandau
Antonio Burgos
Susana Burgos
Tacho de la Calle
Nicolás de Cárdenas
Xosé Carlos Caneiro
Toni Cantó
Susana Cañil
Carmen Carbonell
Josué Cárdenas
Fran Carrillo
Cristina Casabón
Jenaro Castro
Carmen Celdrán
Álvaro Climent
Malena Contestí
Carlos Cotón
Rebeca Crespo
Jesús Cuadrado
Carlos Cuesta
Itxu Díaz
Rosa Díez
Gari Durán
María Durán
Óscar Elía Mañú
José Javier Esparza
Eduardo Fernández Luiña
Sergio Fidalgo
José Antonio Fúster
Javier García Isac
Miquel Giménez
Teresa Giménez Barbat
Juan Carlos Girauta
Pepa Gea
Jaime González
Santiago González
Pau Guix
Antonio Herráiz
Carlos Herrera
Fátima Iglesias
María Jamardo
Antonio Jiménez
Federico Jiménez Losantos
Carmelo Jordá
Daniel Lacalle
Fernando Lázaro
Paco Linares
Julio Llorente
Benjamín López
Luis Losada
Romualdo Maestre
Carlos Martínez Gorriarán
Ángel Mas
F. Javier de Mendizábal
Pablo Molina
Patricia MorenoAntonio Muro
Antonio Naranjo
Santiago Navajas
Javier Negre
Santiago Orúe
Mario Noya
Adolfo Ortega
Maite Pagazaurtundúa
Ignacia de Pano
Isaac Parejo
María José Peláez
Miguel Ángel Pérez
Xavier Pericay
Luis del Pino
Pablo Planas
Juan Pablo Polvorinos
Miguel Ángel Quintana
Berta Rivera
Antonio Robles
José Carlos Rodríguez
Juanma Rodríguez
Carlos Rodríguez Braun
Daniel Rodríguez Asensio
Daniel Rodríguez Herrera
Alfonso Rojo
Ricardo Ruiz de la Serna
Isabel San Sebastián
Yésica Sánchez
Diego Sánchez de la Cruz
Fernando Sánchez Dragó
Fernando Sancho
Javier Santamarta
Patricia Sanz
Fernando Savater
Jaume Segalés
César Sinde
Javier Somalo
Domingo Soriano
Raquel Tejero
Juan Carlos Téllez
Asís Tímermans
Carmen Tomás
Santiago Trancón
Alfredo Urdaci
Alfonso Ussía
Juan Van-Halen Acedo
VelardeDaoíz
Luis Ventoso
Alejo Vidal-Quadras
Raúl Vilas
Javier Villamor
Eduardo Vírgala

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Foto: RTVE.

Ayer Perú y ahora España: golpe del gobierno izquierdista contra la independencia judicial

Sánchez beneficia a golpistas y corruptos y amenaza con la prisión a los jueces

Elentir

Esta semana estamos asistiendo a una exhibición de pisoteo de la democracia por parte de la izquierda. Tras el golpe de Estado en Perú, ahora le toca a España.

Un atraco a la democracia, violando la separación de poderes

Anoche, aprovechando que en España era día festivo, un medio de ultraizquierda afín al gobierno, Eldiario.es, publicó una noticia anunciando un auténtico asalto al Poder Judicial, con el fin de suprimir la mayoría de tres quintos en el Consejo General del Poder Judicial para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, reformando una norma vigente desde 1985. Se trata de una forma descarada de violar la independencia judicial para someter a ese Tribunal al control del gobierno, cambiando la mayoría cualificada que era necesaria para su renovación, simplemente porque el gobierno no tiene esa mayoría. Es un atraco a la democracia, que se basa en la separación de poderes.

Impunidad para golpistas y corruptos y amenazas de prisión contra los jueces

Además, los socialistas del PSOE y los comunistas de Podemos quieren cambiar otra ley de 1979 para amenazar con consecuencias penales al Poder Judicial si no renuevan el Tribual Constitucional en el plazo exigido por el gobierno. El colmo de la indecencia es que esos cambios se van a tramitar como enmiendas a una reforma del Código Penal que simultáneamente elimina el delito de sedición a petición de los socios separatistas del gobierno, a fin de dejar impunes a los autores del golpe separatista de 2017 en Cataluña, y además rebaja el delito de malversación a fin de dejar impunes también los delitos de corrupción cometidos en ese golpe, abriendo la puerta, además, a que otros políticos corruptos condenados por delitos de malversación se beneficien de esa reforma.

En resumidas cuentas: Pedro Sánchez favorece a golpistas y corruptos, porque depende de su apoyo para seguir un año más en el poder, y a la vez amenaza con la prisión a los jueces por no someterse a los caprichos del gobierno. Y todo eso ante el silencio cómplice de Bruselas, debido a que los socialistas tienen una amplia presencia en la actual Comisión Europea.

Este gobierno es una amenaza para el Estado de Derecho en España

Estamos ante un hecho de una enorme gravedad, con el que el gobierno de socialistas y comunistas encabezado por Sánchez amenaza con liquidar el Estado de Derecho en España, cambiando las leyes a su voluntad y con el exclusivo fin de servir a sus intereses personales, y adaptándolas a la carta a los delitos cometidos por los aliados del gobierno. Es el mayor escándalo de corrupción que se ha visto en España: un descarado tráfico de favores entre el gobierno y unos delincuentes, hecho públicamente y, además, procediendo a liquidar la independencia del Poder Judicial para que los jueces no entorpezcan ese pisoteo del Estado de Derecho. ¿Qué será lo siguiente? ¿Disolver el Congreso como hizo Pedro Castillo en Perú?

El precedente de la suspensión ilegal del Congreso en 2020

Lamentablemente, ya hay precedentes recientes sobre eso en España. En octubre de 2021, el Tribunal Constitucional que Sánchez quiere someter a su control sentenció que el gobierno suspendió ilegalmente el funcionamiento del Congreso durante el primer estado de alarma con motivo de la pandemia en marzo de 2020. Fue la primera vez en la historia de la democracia en España que se declaraba que un gobierno había violado la Constitución suspendiendo la actividad del Congreso, pero en vez de reconocer que obró mal, Sánchez dijo que lo volvería a hacer. Una declaración que, unida a este asalto del gobierno al Poder Judicial, dejan claro que la democracia está amenazada en España por un gobierno que no respeta la Constitución y que la viola con descaro.

España va camino de ser una réplica de Venezuela, Bolivia y Nicaragua

Ya hemos visto a la izquierda dar pasos así en otros países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, corrompiendo países democráticos hasta convertirlos en dictaduras. Muchos pensaban que no era posible que algo así ocurriese en España, pero está ocurriendo. Y si está ocurriendo algo así, que hasta ahora parecía impensable en un país como el nuestro, no es sólo por la prepotencia y el autoritarismo del gobierno, sino también por la tibieza de una parte de la oposición (el Partido Popular), por la complicidad de muchos medios de comunicación (regados por el gobierno con millones de euros en ayudas públicas) y por la pasividad de gran parte de la sociedad. Los españoles tienen que reaccionar ya, si no quieren acabar como Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

La complicidad de la Comisión Europea con el autoritarismo de Sánchez

Además, es necesario que la oposición emprenda una ofensiva en las instituciones europeas no sólo contra este asalto del gobierno de Sánchez a la democracia, sino también por la complicidad de Bruselas. Es gravísimo que esto ocurra en un país de la Unión Europea y que la Comisión Europea no haga nada, simplemente porque Sánchez es un político afín, mientras emprende una persecución contra los gobiernos conservadores de Polonia y Hungría por motivos puramente ideológicos. Si Ursula von der Leyen está dispuesta a permitir que España se convierta en una réplica de Venezuela para no perder el apoyo de sus aliados socialistas en el Parlamento Europeo, entonces lo que debe hacer la presidenta de la Comisión es dimitir y dejar paso a una persona más capaz y que no esté dispuesta a subordinar el Estado de Derecho a sus intereses personales.

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Foto: Europa Press.

Feijóo mantiene una ventaja de 38 escaños sobre Sánchez y sumaría 187 con Abascal

El PP ganará con 131 escaños y junto a los 56 de Vox tendrá una holgada mayoría absoluta de 187 diputados
El PSOE cae hasta los 93 diputados, 27 menos de los que hoy disfruta en la Carrera de San Jerónimo
El 41% de los españoles cree que Feijóo será presidente, frente al 34,7% que piensa que seguirá Sánchez

Por AGUSTÍN DE GRADO

El PP ganará las elecciones generales con una amplia distancia frente al PSOE y podrá gobernar con una cómoda mayoría absoluta si logra un acuerdo con Vox. Los de Alberto Núñez Feijóo lograrían 131 diputados (incluyendo los dos de Navarra +, la coalición con la que el PP se presenta en la Comunidad Foral). Son 38 más de los que alcanzaría la formación liderada por Pedro Sánchez y que, sumados a los 56 pronosticados para Vox, permitirían a la derecha acabar con el sanchismo en el poder, según la última encuesta electoral de Data10 para OKDIARIO antes de que España entre en un intenso año electoral.

El mapa electoral permanece estable desde que a mitad de año el liderazgo de Feijóo se afianzó en el PP y colocó al partido del centroderecha como el favorito de los españoles, con una intención de voto por encima del 30%. Sólo varía ligeramente en función de la intensidad política que coincide con la elaboración de la encuesta. Así, la bronca y polarización originada por la acusación de Irene Montero al PP de «fomentar la cultura de la violación» y la calificación de «filoetarras» que Vox hizo de los socios de Sánchez -que ofendió a los socialistas, pero no a Bildu- ha mejorado los resultados mensuales tanto de Vox como de Podemos (los dos partidos ganan dos escaños respecto a noviembre), pero sin alterar el resultado final. Éste no es otro que el PP ganaría las elecciones con una amplia ventaja sobre el PSOE y dejará a Vox en la situación de apoyarle si quiere desalojar a la izquierda del Gobierno de España.

El PP cede dos escaños respecto al sondeo de noviembre que van a parar a Vox, pero el 30,9% de los votos que obtendría le reportaría 131 diputados. Serían 40 más que los conquistados en la última cita electoral y dejarían en manos de Santiago Abascal la responsabilidad de poner fin a la estancia de Sánchez y sus socios en la Moncloa. Según el sondeo, Vox concentraría 56 escaños, cuatro más que en 2019, por lo que la mayoría de la derecha política se dispararía hasta los 187 diputados, 11 por encima de la mayoría absoluta.

Los dos partidos que forman el Gobierno de coalición están muy lejos de poder renovar su mandato cuatro años más. El PSOE cae casi cuatro puntos en intención de voto respecto a 2019 y sigue por debajo del centenar de escaños. La encuesta de Data10 le atribuye 93, que son 27 menos de los que actualmente disfrutan los socialistas en la Carrera de San Jerónimo. Por su parte, y con el futuro de Yolanda Díaz aún por resolver, Podemos también sigue muy lejos de poder repetir los 35 diputados que ahora jalean a Irene Montero desde sus escaños.

Así, después de tres años de gestión socialcomunista, los españoles otorgan al bloque ideológico de la derecha política (PP y Vox) 44 escaños más que la última vez que fueron a las urnas. Por el contrario, reducen la fuerza política de PSOE y Podemos de 155 a 119 escaños.

El vuelco sociológico viene producido por varios factores. El primero, que casi un millón de votantes de Sánchez se pasan a Feijóo tres años después. El segundo, que el PP capitaliza como nadie la desaparición de Ciudadanos: 820.000 votantes de Albert Rivera depositarán ahora la papeleta del PP. Y, por último, que el PSOE es el partido que más votantes envía a la abstención, desencantados con una gestión que no encuentra siquiera el apoyo decidido de los barones territoriales.

Consulados españoles colapsan por las nacionalizaciones masivas autorizadas por Sánchez.

La instrucción de Sánchez a los consulados españoles es acelerar la aplicación de la ley sin exigir la acreditación del exilio en la mayoría de los casos. Con esa orden ya operan los consulados en Ciudad de México, La Habana, Miami y Caracas, entre otros.

Con la presión de los sondeos encima, las nacionalizaciones masivas de Sánchez son una esperanza para su partido.  (Twitter)

por Gabriela Moreno

Las nacionalizaciones masivas aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez para todos los descendientes de españoles migrados, a través de la Ley Memoria, colapsan a los consulados. Las sedes diplomáticas están desbordadas de solicitudes y las colas en los alrededores lo confirman.

Sin embargo, la instrucción de Sánchez a los consulados españoles es acelerar la aplicación de la ley sin exigir la acreditación del exilio en la mayoría de los casos, porque la normativa establece que «se presumirá la condición de exiliado respecto a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». El requisito solo será necesario para aquellos cuya salida de España se hubiera producido entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, informó Ok Diario.

Con esa orden ya operan los consulados en Ciudad de México, La Habana, Miami y Caracas, entre otros. Allí los interesados sólo deben acreditar ser hijo o nieto de personas originariamente españolas, de modo que puedan iniciar el trámite para recibir la nacionalidad. Uno de los que figura con un número importante de solicitudes es la representación diplomática en Buenos Aires, que actualmente cuenta con 25500 citas desde que el proceso se aceleró.

Sin intermediarios 

Esta vez los bufetes de abogados no pueden actuar de intermediarios ni gestionar el papeleo. Sin embargo, para el medio, la medida representa “una tergiversación del censo por la puerta de atrás” que arrastra además un fin claramente electoral para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la tolda de Sánchez, hundida en las encuestas donde el Partido Popular  (PP) mantiene una holgada mayoría con Vox.

El último sondeo de Data10 arroja ese panorama. El PP figura como el eventual triunfador de las elecciones generales, tras proyectar que lograrían 131 diputados, con lo cual obtendría 38 escaños más de los que alcanzaría la formación liderada por Pedro Sánchez y que, sumados a los 56 pronosticados para Vox, permitirían a la derecha acabar con el sanchismo en el poder.

Un beneficio con ausencia de datos

Con la presión de los sondeos encima, las nacionalizaciones masivas de Sánchez son una esperanza para su partido. Si bien desde la Moncloa evitan responder cuántos solicitantes alcanzarían el beneficio, existe la referencia del medio millón de peticiones que reportó José Luis Rodríguez Zapatero cuando se llevaron a cabo las nacionalizaciones similares que impulsó durante su mandato.

Negar que exista una proyección mínima es una estrategia, porque desde que se aprobó la Ley de «Memoria Democrática», la secretaria de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, lidera encuentros con los descendientes de emigrados en América Latina para publicitar la norma y hacer propaganda del Gobierno, reveló Ok Diario.  

Además, es inevitable interpretar el proceso como la preparación de un terreno electoral cuando nacionalizaciones masivas de Sánchez también pretenden beneficiar a corto plazo a 622.000 rumanos que residen en el país evadiendo que 12 % de esta comunidad tiene antecedentes penales en la policía y expedientes en los tribunales por distintos delitos, entre ellos, la trata de personas.

Una ley retocada

El Consulado General de España en Caracas ya presumió en Twitter de la aprobación de las primeras 18 solicitudes de nacionalidad mientras que, el Consulado General de España en México hasta publicó una fotografía de José Pablo del Castillo Zabalgoitia, un ingeniero de 37 años de padres mexicanos, quien se convirtió en el primer nacionalizado en base a esta ley.

El colapso de la sede consular en Cuba sigue el proceso advirtiendo que “no se admitirán registros a través de terceros, los interesados deben tramitar su registro personalmente”. Todo ello es la consecuencia del retoque a la ley que hiciera el gobierno de Sánchez a través del ministerio de Justicia a finales de octubre que dejó sin efecto la necesidad de demostrar la salida de España durante la Guerra Civil o la dictadura, lo cual incide en la ampliación del censo electoral exterior.

El presidente sabía las consecuencias al derogar que la «adquisición de la nacionalidad española» únicamente pudiera ser otorgada a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción.