
«AUNQUE SE INSISTA EN LA RESPONSABILIDAD DE COLEGIOS Y UNIVERSIDADES A LA HORA DE PRODUCIR SUJETOS CON UNA INMADUREZ CRÓNICA, EL ORIGEN DE ESTA DERIVA ESTÁ TAMBIÉN EN LOS HOGARES»
Por Javier Benegas para DISIDENTIA
Dios no existe, no hay más allá, esto que ves es todo. Así pues, si no hay un paraíso al otro lado, si no hay vida más allá de esta, el sufrimiento y la adversidad dejan de ser entendidos como episodios que nos redimen y fortalecen, y se convierten en agresiones y ofensas que deben ser evitadas. Así lo entendemos todos, no sólo los adversarios. Por eso el mundo se vuelve antagónico a la libertad y la responsabilidad. Por eso también es falso que la izquierda tenga superpoderes, simplemente expande su imperio de la corrección política sobre el desierto de los ideales contrarios.
¿Mérito y esfuerzo?… Nadie se lo cree, tampoco los conservadores y liberales porque prácticamente desaparecieron. Fueron arrastrados con todo lo demás por la corriente arrolladora de un desesperado nihilismo. En la actualidad, ser libre y responsable es un desiderátum y la independencia, la muerte social. Todos buscamos con desesperación una tribu, un grupo o simplemente una banda en la que alistarnos. Por eso medimos cada una de nuestras manifestaciones públicas, cada mensaje, incluso una simple declaración o la ocasional reseña que hacemos de un tercero, porque si nos descuidamos podemos liberar una crítica inconveniente que, como un neutrón separado de su núcleo, provocará en nuestro círculo una reacción en cadena que pondrá demasiadas cosas en duda, y eso arruinaría nuestros planes.
No sólo en la izquierda, sino en todos lados, ser tenido en cuenta exige una lealtad a toda prueba, un aplauso permanente, un servilismo libre de cualquier sombra de duda. De esta forma se consigue el salvoconducto para ingresar en el pelotón de la carrera hacia la relevancia. Pero esta relevancia carece de verdadera utilidad, menos aún tiene algún sentido trascendente. Al contrario que nuestros antepasados, ya no creemos en la inmortalidad. Pero no nos hemos parado ahí, hemos ido más lejos: tampoco creemos en la importancia del legado. Tenemos prisa por alcanzar el falso ideal de la seguridad y no queremos equipaje porque, aunque la palabra muerte sea tabú, nuestro conocimiento es básicamente conocimiento de la muerte: sabemos que hoy estamos vivos pero mañana ya no.
La búsqueda de la recompensa inmediata ha degenerado en un presentismo que se derrama de arriba abajo para, luego, rebotar de abajo arriba generando un círculo vicioso. Así, como el ciclo del agua, la mentira del mundo feliz cae sobre nosotros como una lluvia fina y persistente que cala hasta los huesos, y, después, mediante el inevitable desencanto de cada uno, regresa a las alturas en forma de microscópicas partículas que, sumadas unas a otras, dan lugar a las tormentas.
Los que atribuyen la responsabilidad de esta pérdida de referencias a la escuela, o a la universidad, tienen razón, pero sólo en parte. El problema es mucho más complejo y profundo: nuestra visión del mundo es por lo general intranscendente y estrecha, se ciñe al presente inmediato y a la autosatisfacción. Por eso el mérito y el esfuerzo ya no sirven para alcanzar la relevancia. Prima la pertenencia al grupo, los contactos, las relaciones personales; no el talento ni la honestidad.
Para Richard M. Weaver, da igual que llamemos a este fenómeno decadencia de la religión o pérdida de interés en la metafísica, el resultado es el mismo, puesto que ambas son núcleos integradores que, cuando ceden, generan una dispersión inabarcable que sólo cesa cuando la cultura ha sido reducida a escombros. Y, quizá, esté en lo cierto, porque Occidente parece ir camino de convertirse en un inmenso patio de colegio gobernado por los caprichos y ocurrencias de seres infantiles.
Sin embargo, aunque se insista en la responsabilidad de colegios y universidades a la hora de producir sujetos con una inmadurez crónica, el origen de esta deriva está también en los hogares. Muchos padres —bien es verdad que animados por la opinión de los expertos— llegaron a la conclusión de que ser severos y exigentes con los hijos mermaba sus fuerzas y convertía su fugaz paso por el mundo en un suplicio innecesario. ¿Por qué debían sufrir si su existencia era intrascendente y breve? Había pues que actuar en sentido contrario, evitándoles contrariedades y sufrimientos, y engordando su autoestima. Así, los padres renunciaron a su autoridad para convertirse en amigos de sus hijos, en cómplices cuyo deber era eliminar obstáculos y proporcionar una autoestima artificial que ya no procedía de la experiencia, de las duras lecciones de la vida, sino de la potenciación del ego.
En opinión de Hanna Arendt, era en la crianza y educación de los niños donde la autoridad en el sentido más amplio siempre se consideró un imperativo natural. Se exigía tanto por las necesidades naturales, como es la indefensión del niño, como por una evidente necesidad política: la continuidad de una civilización sólo podía perdurar si sus vástagos asumían el mundo preexistente y aceptaban que debían madurar, es decir, alcanzar cierta edad y sabiduría, para ocupar un sitio en la mesa de los adultos. Sin embargo, Arendt añadía ya en 1950 que la Autoridad no había entrado en crisis, sino que era una causa perdida.
Un buen amigo sostiene que el principio de autoridad no ha desaparecido, simplemente se habría trasladado de las figuras tradicionales, como podía ser el maestro, el cura o el médico, a otras nuevas, como los “influencers” de Instagram. Pero discrepo de esta idea. El principio de autoridad clásico, aunque evolucionara de forma progresiva, era bastante estable, no se mostraba voluble ante las reacciones del público porque estaba incardinado en la tradición y en un marco común de entendimiento que trascendía a la persona, esto hacía que el principio de autoridad, por lo general, no se plegara a los estados de opinión del momento o a modas pasajeras.
El influencer, en cambio, gira a la deriva en el remolino de las tendencias, está sometido al arbitrismo del público y el espejismo de su autoridad se desvanece tan pronto como contraría a sus seguidores. En realidad, es la masa quien domina al influencer, ejerciendo sobre él no ya una cierta y paradójica autoridad, sino un voluble e imprevisible autoritarismo. Por eso el influencer sólo expresa aquello que, estima, agradará al público, no lo que debe ser dicho. Como los padres con sus hijos, alimenta la autoestima de sus seguidores.
En un demoledor artículo sobre la izquierda actual y la propensión al totalitarismo de buena parte de la juventud, Gonzalo Garcés apunta a las universidades y se pregunta “por qué la democracia tiene tantas dificultades para defenderse de un virus ideológico que ni siquiera atinamos a nombrar: ¿política identitaria? ¿Social justice? ¿Posmodermismo? ¿Teoría crítica?” Pero si los universitarios de hoy no saben quién fue Aristóteles, mucho menos sabrán qué es la Teoría crítica. Pueden reconocer determinadas expresiones, términos y consignas, pero son incapaces de vincularlas a argumentos elaborados.
Han aprendido a odiar a Occidente, pero no saben razonarlo; menos aún son capaces de confrontar sus opiniones con otras distintas porque su ánimo no obedece a teorías ni razonamientos, sino a un hipertrofiado sentimiento de amor propio que ha sido alimentado con devoción por el entorno. Por eso cualquier argumentación contraria desata su furia, porque no pone en cuestión una determinada idea u opinión sino su propio ego.
A este respecto, apuntaba Margaret Thatcher en la década de los 60 del pasado siglo que uno de los efectos de la rápida difusión de la educación superior había sido equipar a las personas para criticar y cuestionar casi todo. Y añadía que algunas de ellas parecían haberse detenido allí en lugar de pasar a la siguiente etapa, que consistía en llegar a nuevas convicciones o reafirmar las antiguas. Así, recordaba la noticia en la prensa del momento en la que se reseñaba que el líder estudiantil Daniel Cohn-Bendit había sido premiado por un trabajo extraordinario. Sus examinadores justificaban el galardón en que había planteado una serie de preguntas muy inteligentes, a lo que Thatcher añadía: “¿Significativo? Hubiera sido más feliz si él también hubiera encontrado una serie de respuestas inteligentes.” Pero el tiempo no pasa en balde. Desde entonces hasta hoy las universidades se han degradado bastante, y los activistas universitarios ya ni siquiera plantean preguntas inteligentes, las han sustituido por dogmas.
En este proceso, los ideólogos han actuado como los belicistas del pasado, utilizando el ansia por significarse de la juventud para promocionar sus guerras. Han asimilado los impulsos irreflexivos de los jóvenes a teorías que no están en el origen de los delirios narcisistas, sino que surgen a colación de éstos. En realidad, no son los artífices, simplemente, como el “influencer” de Instagram, seducen al público diciéndole aquello que quiere oír. Su trabajo consiste, pues, en avivar el fuego. Aunque les gusta que creamos que ellos dan forma al mundo, a lo sumo están contribuyendo a destruirlo. Pero sobre las ruinas no podrán edificar el sistema totalitario que añoran, porque el caos que están ayudando a desencadenar es una fuerza ciega que lo arrollará todo a su paso, a ellos también.
Las guerras —también las culturales— se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan ni tampoco cómo acaban. El problema añadido en el presente es que los ideólogos y políticos carecen de la autoridad que sí tenían los viejos gobernantes. Van a remolque de los acontecimientos, no controlan su deriva. Corren apresuradamente para colocarse en la cabeza de la manifestación, pero no la gobiernan, la masa les arrastra mediante la gratificación de la relevancia… y la promesa del poder.
En los años 70 del siglo XX algunos pensaban que el enorme deterioro de la Autoridad abriría una nueva era de mayor libertad individual. Otros creían, por el contrario, que conduciría a la anarquía social y al caos moral. Robert Nisbet apuntó, sin embargo, que el vacío dejado por la Autoridad sería llenado por un ascenso irresistible del poder. La pregunta medio siglo después es: ¿qué poder será ése?
Sea cual sea la respuesta, debemos tomar conciencia del peligro y entender que lo que cada uno haga o deje de hacer importa y mucho, que salvaguardar la libertad no sólo depende de las leyes o del Estado de derecho, que no existe un modelo político, por óptimo que sea, que por sí mismo la garantice y evite el auge irresistible del poder sobre el que advierte Nisbet.
La libertad es un valor trascendente, lleno de significado, por lo tanto, es incompatible con la creencia de que nuestros actos individuales son intrascendentes. Puede que la existencia sea un suceso fugaz, sin embargo, lo que hacemos tiene consecuencias. Así pues, debemos asumir nuestra responsabilidad y aceptar determinados sacrificios. No podemos abandonar a los jóvenes porque, en el colmo del cinismo, hemos concluido que son una causa perdida; tenemos que hablar con ellos, aunque hacerlo implique contrariarlos. Es crítico ayudarles a entender aquello que dijo Orwell, que, si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. Ningún colegio, universidad, gobierno o Estado hará esto por nosotros.
Foto: Mika Baumeister







Para comprender cómo se lucran todas estas entidades, es necesario entender que se trata de un circuito de retroalimentación, donde se encuentran las denuncias por violencia de género, los presupuestos y subvenciones y la financiación con los Fondos Europeos. Cuantas más denuncias, más ayudas, más financiación; y cuantas más ayudas, más se incentivan las denuncias.
Las denuncias falsas existen
Hasta la década de los 90 se producían en España en torno a 15.000-20.000 denuncias al año por violencia de hombres a mujeres en el ámbito de la pareja. Posteriormente, hasta principios de este milenio, se registraron unas 70.000 denuncias anuales. Y a partir del 2005, con la implantación de la ley, las denuncias ascienden a 126.000 al año, cifra que continúa aumentando (en 2017 ya 166.000). El primer salto se explica porque, en 1999, comienza a contemplarse el maltrato psicológico como delito y, además, el delito de violencia contra la mujer se extiende a los casos entre ex parejas. Eso explica que se incremente sustancialmente el número de denuncias.
Pero el segundo salto no se debe a una recalificación de los actos delictivos, sino a la “Ley contra la Violencia de Género”, que introduce el concepto de discriminación positiva, vulnerando así, de forma evidente, la igualdad ante la ley. Se empiezan a aplicar penas diferentes en función de si el hecho lo comete un hombre o una mujer. Incluso, determinados actos constituyen delito si son cometidos por un hombre… pero no si los comete una mujer. También se suprime la presunción de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba: el hombre denunciado es culpable hasta que no demuestre su inocencia. Y, además, esta ley concede sustanciosas ayudas económicas y ventajas jurídicas a las mujeres que denuncian, incluso antes de que se dicte sentencia.
No sólo eso, se crea una jurisdicción específica para la violencia de género, unos Tribunales de Excepción, inconstitucionales pues están expresamente prohibidos por la Constitución Española de 1978, en los que solamente se juzga a hombres. A este proceso discriminatorio se le añade otro más perverso: se crean fuertes incentivos para que la mujer acuse a su esposo de malos tratos en los procesos de separación conyugal. Hasta el punto que surgen abogados especializados en ello, que introducen estas acusaciones como elemento de presión en la negociación del divorcio.
Pero, ¿qué impulsa a una mujer a recurrir a estas más que dudosas prácticas de denuncia indebida? Muy sencillo: con una denuncia por malos tratos se agiliza el proceso de separación. Para empezar, el expediente de separación pasa de ser un trámite civil (Juzgado de Familia) a uno penal (Juzgado de Violencia de Género). Además, sin que el esposo haya sido juzgado, se aplican medidas cautelares desproporcionadas, como una orden de alejamiento.
Pero aquí no termina el despliegue de incentivos. La mujer que ha denunciado obtiene, en pocos días, la custodia total de los hijos, una pensión alimenticia y el derecho exclusivo al uso de la vivienda. Y, aunque la mujer disponga de medios económicos sobrados, puede beneficiarse de los servicios gratuitos de un abogado a cargo de la Administración. Infinidad de beneficios para la mujer; al hombre, por el contrario, se le despoja de todo sin haber sido ni siquiera juzgado.
Las denuncias falsas apenas se investigan
Mientras esta práctica inmoral está a la orden del día, los medios de comunicación insisten en afirmar que sólo el 0.0075% de las denuncias son falsas. Su fuente proviene de la Fiscalía General del Estado pero lo que dice esta fiscalía realmente no es que sólo exista este porcentaje de denuncias falsas sino que solo ha investigado y comprobado como falsas ese número. Existen muchas más que quedan impunes. Pero ¿por qué no se investigan?
Los procesos legales son complejos; si el juez no aprecia delito de violencia de género se debe a que o no existió o bien no se encuentran indicios o pruebas. La mayoría de las veces no se sabe si se debe a una razón u otra y por ello se procede a archivar y a absolver al hombre denunciado. Del más de millón de denuncias interpuestas desde la ley, la tasa de delitos inexistentes, archivados o sobreseídos es del 80% respecto a los hombres enjuiciados, según los datos del CGPJ. Exactamente ahí, en esas sentencias es donde se ocultan las denuncias falsas.
Ahora bien, si el juez tiene claro que no hay pruebas porque no hay delito de malos tratos y sospecha que la denunciante lo sabía, entonces se puede abrir un nuevo proceso por denuncia falsa. Pero este nuevo procedimiento discurre de igual modo: si no hay pruebas de denuncia falsa, el caso se archiva. Al contrario, si hay pruebas de ello y se condena, la pena máxima para esa mujer es de 2 años de prisión pero, sin antecedentes, la pena queda en suspenso. Por tanto, para una mujer, el riesgo de denunciar falsamente a su esposo es mínimo, casi inexistente.
Resumiendo, ese famoso 0,0075% hace referencia solamente a los casos en los que se abrió un proceso penal contra la mujer, se acusó, juzgó y condenó, confirmando la Audiencia Provincial la sentencia. Cabe preguntarse por qué la Fiscalía no actúa de oficio ante un falso testimonio. Lo cierto es que sólo actúa en casos muy flagrantes y, además, resulta que denunciar sin pruebas no es un delito. Pero, sobre todo, lo fundamental aquí es que la Fiscalía no es independiente: trabaja para el Gobierno, para el Poder Político.
Existen incentivos cuantiosos para incitar la denuncia falsa
Todo el edificio económico de subvenciones pivota en un hecho jurídico, las denuncias. A través de la ley se establecen unos criterios para el reparto de los Fondos Europeos. Una tercera parte de los fondos atiende a criterios vinculados con valores demográficos. Las otras dos terceras partes atiende al número de mujeres asesinadas, al número de mujeres que se declaran maltratadas y al número de denuncias interpuestas. Así, a mayor número de denuncias más dinero procedente del Fondo Social Europeo se reparte al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Qué mejor forma de obtener fondos que por medio de las denuncias. Pero, para ello, tuvieron que modificar el Código Penal y violentar los principios de igualdad ante la ley, causalidad y presunción de inocencia. Así se amparan situaciones esperpénticas como un hombre que fue condenado por soltar una ventosidad durante una discusión con su pareja. Incorporándose este hecho en el largo catálogo de acciones punibles por las que los hombres pueden ser denunciados. En palabras de Soledad Murillo de la Vega“cuando hicimos la ley se nos planteaba el dilema entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas”. Suena a naufragio: “primero las mujeres y los niños”.
A las motivaciones para denunciar se suma la llamada Renta Activa de Inserción (RAI),una ayuda que, como otras, se concede a la mujer por la mera denuncia, sin que exista base legal base legal constitutiva de la existencia de maltrato. Así se explica que, a pesar del descenso de número de hombres condenados, haya aumentado el número de mujeres perceptoras de los pagos de la RAI: 10.913 hombres condenados frente a 31.555 mujeres perceptoras de la RAI en 2015.
A este sistema de percepción de fondos se le suman las múltiples subvenciones que conceden las Administraciones Públicas. Hace poco Absolutexe, el Grifo de Twitter, documentó más de 93 millones de euros concedidos, en más de 9.000 subvenciones aprobadas desde el año 2014. Partiendo de los términos “mujer” y “convocatoria” hizo toda una aproximación. Así aparecen entidades como la Fundación Mujeres, la Asociación Mujeres para la Salud o la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quienes reciben cuantiosas ayudas en esta materia además de otras distintas instancias. En cualquier caso, la lista de entidades que reciben subvenciones es muy larga. Es todo un enredo de aportaciones que confirma el lucro de estas asociaciones y otras tantas. Pero también confirma el papel del Estado y su intención a la hora de incentivarlas y mantenerlas.
La verdadera lacra de la Ley de Violencia de Género
Como se puede apreciar, esto es un círculo vicioso: la pescadilla que se muerde la cola. Con una simple denuncia se activan los mecanismos económicos: y las ayudas y subvencionas animan a denunciar. La dotación para la denominada “violencia de género” y su difusión y relevancia en los medios de comunicación nada tiene que ver con el bienestar de las personas sino con el beneficio privado que las ayudas proporcionan a algunas asociaciones, que han hecho de la Ley de Violencia de Género su medio de vida.
Como consecuencia de esta perniciosa ley se violan sistemáticamente los derechos humanos, no sólo de los hombres afectados, sino también de niños, abuelos, familias, etc. Y otro daño colateral de esta ley es el infligido a aquellas mujeres que realmente necesitan ayuda, que piden auxilio y no tienen las asistencias necesarias para salvaguardar sus vidas.
La ley falla porque no quiere ver que la violencia íntima en la pareja es un problema humano en el que están implicados factores psicobiológicos y culturales. La Ley no funciona porque no protege ni siquiera a las mujeres, por más que diferentes estamentos elogien su aprobación y puesta en marcha. Pero los datos en contra son muy tozudos. Sólo la sociedad puede impedir que la política y sus brazos largos se adueñen definitivamente de nuestras vidas. Depende absolutamente de todos nosotros no seguir ignorando tan enorme daño. La vida de cada persona no debería tener un precio distinto y menos aún en función de su “género”.