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Podemos quiere expropiar 120.000 viviendas a empresas y particulares

El partido morado pretende que los pisos vacíos de los grandes propietarios -más de diez inmuebles- sean cedidos a alquiler social.

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Una de las grandes obsesiones del Podemos consiste en declararle la guerra a los propietarios de viviendas, ya que, desde su nacimiento como partido, plantea la cesión obligatoria de inmuebles a la Administración Pública con el fin de fomentar el «alquiler social», así como la legalización de los okupas y la prohibición de los desahucios -por impago de hipoteca o alquiler-, impidiendo así a los legítimos dueños la recuperación de su propiedad.

Aunque, al principio, la formación morada insistía en que su objetivo se centraba en los pisos de bancos e inmobiliarias, lo cierto es que en 2015 ya hablaba abiertamente de empresas y particulares, siempre y cuando poseyeran más de diez viviendas. De este modo, los «grandes tenedores» se verían obligados a ceder sus inmuebles en «alquiler social» -con un precio inferior al del mercado-, bajo la amenaza directa de sanciones económicas o expropiación forzosa, en caso de que permanecieran vacíos.

Siguiendo los pasos de Baleares

Ahora, aprovechando la presentación de su proyecto alternativo de Presupuestos, Podemos detalla un poco más su particular «Plan de Alquiler de Viviendas a Precios Sociales», cuyo coste estima en 700 millones de euros para las arcas públicas en 2018. En concreto, su propuesta se enmarca dentro de las 15 que hace la formación para «cambiar un país».

Consiste en desarrollar «una ley de vivienda similar a la que en este momento se tramita en el Parlamento de las Islas Baleares, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de viviendas de alquiler a precio asequible o alquiler social. Se pondrán a disposición del alquiler social hasta 120.000 viviendas de grandes tenedores (propietarios de más de diez viviendas) que lleven al menos dos años cerradas, mediante una cesión del uso de la vivienda desocupada a cambio de un precio de compensación a los propietarios».

Es decir, todos aquellos propietarios, tanto particulares como empresas, que mantengan vacías sus viviendas durante más de dos años correrían el riesgo de perder su propiedad mediante una expropiación de uso.

Según la ley que tramita Baleares, los «grandes poseedores» son las personas físicas y jurídicas que, directa o indirectamente -a través de sociedades-, tienen diez o más viviendas en propiedad, alquiler o usufructo y participan de manera activa en el mercado (desarrollan una actividad económica con los inmuebles).

Libre Mercado

PODEMOS99

¿Emergencia social? El 75% de los okupas pertenecen a mafias criminales

El 84% de los 3.700 ‘okupas’ identificados en Madrid son extranjeros y más de la mitad tiene antecedentes.

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Más de las mitad de los okupas de Madrid tiene antecedentes | EFE

La lacra de la usurpación se ha propagado con fuerza en Madrid. El número de condenados por okupar viviendas de forma ilegal se multiplicó por siete entre los años 2008 y 2015. Semejante deterioro motivó el lanzamiento de una estrategia específica, coordinada por la Delegación de Gobierno en colaboración con la Justicia madrileña, la Policía y la Guardia Civil.

Como explicó Libre Mercado, la reordenación de los protocolos de respuesta ha permitido grandes avances en la lucha contra la okupación. Si en 2015 hacían falta dos años para recuperar un inmueble usurpado, hoy vemos que la espera media oscila entre dos semanas y dos meses. Esta reducción tan significativa descansa en la excelente labor de coordinación que ha asumido la Delegación, apoyada en la magistratura y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Pero hay muchas preguntas encima de la mesa. ¿Cuántas viviendas okupadas hay en Madrid? ¿Cuántos okupas están activos en la región? ¿Hablamos de personas que usurpan propiedades por necesidad o se trata más bien de colectivos organizados? ¿Y qué hay de la procedencia de quienes están cometiendo estos delitos? ¿Son nacionales o extranjeros?

 

Los datos facilitados por la Policía y la Guardia Civil nos ayudan a responder estas preguntas. El grueso del trabajo ha recaído en la Policía, que tiene conocimiento de 3.641 viviendas okupadas en la Comunidad de Madrid. De esa cifra, unas 2.521 está en la capital, de modo que la Villa y Corte concentra el 70% de los casos denunciados ante las autoridades.

El mapa de la okupación en Madrid

¿Cómo se reparte la usurpación por la capital de España? Las cifras oscilan mucho dependiendo del distrito. En Usera se han producido 504 denuncias por usurpación, mientras que en Puente de Vallecas se han registrado 438. También son especialmente elevadas las cifras para Carabanchel y Villa de Vallecas, con 256 y 214 denuncias.

Otros distritos experimentan una situación mucho más favorable. En el Barrio de Salamanca, el número de denuncias por delitos de usurpación se reduce a nueve. Menos aún son los casos comunicados a las autoridades en Retiro: un total de seis. Pero la palma se la lleva Chamberí, que se consolida como la demarcación con menos ataques a la propiedad privada (apenas cuatro casos comunicados a la Policía).

Fuera de Madrid, la Policía ha verificado 1.120 denuncias por okupación. De esta cifra, los municipios con más casos son Fuenlabrada (210), Móstoles (163), Leganés (140), Alcalá de Henares (118), Torrejón de Ardoz (108) y Parla. Por el contrario, en el extremo opuesto se situarían Coslada (42), Alcobendas (17) y Pozuelo (4).

¿Emergencia social? Solo uno de cada cuatro

Los datos que maneja la Policía apuntan a que tan sólo el 25% de los casos observados tiene una motivación real de necesidad. Estas usurpaciones son gestionadas en colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el grueso de las denuncias arroja un patrón muy distinto: no hablamos de una usurpación motivada por las dificultades económicas, sino de actuaciones delictivas organizadas.

Desde abril de 2016 hasta mediados de octubre, la Policía identificó a 3.731 okupas. De esa cifra total, unos 2.597 han sido fichados en lo que va de 2017. Más de la mitad de los okupas tenía antecedentes con la Justicia, mientras que un tercio está en España en situación irregular. El 84% son extranjeros, procedentes principalmente de República Dominicana, Marruecos y Rumanía, aunque también hay cifras relativamente altas de ecuatorianos y colombianos.

Las cifras de la Benemérita

La Guardia Civil ha actuado en 353 denuncias a lo largo del último año y medio. La IV Compañía de Alcalá de Henares ha verificado 46 usurpaciones en Mejorada del Campo, 38 en Arganda del Rey, 22 en Rivas-Vaciamadrid y 14 en Nuevo Baztán. La I Compañía de San Lorenzo del Escorial ha realizado 73 actuaciones, 20 en Galapagar y 14 en Collado Villalba. Por último, la II Compañía de Getafe ha registrado 47 casos, 15 de ellos en Casarrubuelos.

Desde la Delegación de Gobierno insisten en la importancia de denunciar «con la mayor celeridad posible. Cuanto menos tiempos estén ocupados los inmuebles, más rápida puede ser la actuación y menos inseguridad y conflictos tendrán que sufrir los vecinos. La Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas cuenta con un número de teléfono, el 900-100-301, y una dirección de correo electrónico, madrid.ocupacioni@policia.es, operativos 24 horas al día, los 365 del año, para comunicar cualquier hecho relacionado con las viviendas okupadas ilegalmente».

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Y POR MI PARTE OPINO QUE ESTO ES UN AVANCE, CIERTO, PERO, EN REALIDAD,  SE TENDRÍA QUE SOLUCIONAR EN NO MAS DE 48 HORAS. Como indicaba en este post  https://ramrock.wordpress.com/2017/08/01/okupas-los-okupas-son-unos-parasitos/

«DEBERÍA BASTAR CON QUE EL PROPIETARIO SE PRESENTASE EN CUALQUIER COMISARÍA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SIN LUGAR A DUDAS SU TITULARIDAD Y, DE FORMA INMEDIATA, IR ACOMPAÑADO DE LA FUERZA PÚBLICA Y EXPULSAR A LOS OCUPANTES SIN MAS Y NO SOLO PARA DEJARLES EN LA CALLE, NO, SINO PARA SER DETENIDOS Y QUE TENGAN QUE RESPONDER POR EL DELITO DE ALLANAMIENTO (ADEMÁS DE LAS POSIBLES INDEMNIZACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS EN LA PROPIEDAD DE QUE SE TRATE)»

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Podemos declara la guerra a los propietarios: así expropiarán su vivienda

El programa de Pablo Iglesias plantea hasta tres mecanismos para impedir el uso y disfrute de la vivienda a sus legítimos propietarios.

Podemos ya avanzó en su programa electoral de las pasadas europeas la posibilidad de expropiar viviendas para impulsar el «alquiler social». Su programa hablaba, entonces, de «pisos vacíos» en general, incluyendo los que pertenecen a particulares y no sólo a bancos o inmobiliarias.

Se trataba, por tanto, de una expropiación indirecta de viviendas privadas, ya que o bien los propietarios les daban uso de forma forzosa (residiendo en ellas o alquilándolas) o pasarían a formar parte de un nuevo «parque público» por el que recibirían una renta muy inferior al precio de mercado («alquiler social»).

En caso de no ofrecer sus inmuebles en «alquiler social», el propietario sería castigado con el pago de nuevos impuestos sobre dicha vivienda vacía. La aplicación de estas medidas se traduciría en una expropiación de uso. De hecho, meses después, Podemos concretó un poco más su plan en materia de vivienda, incluyendo la posibilidad de expropiar, directamente, los inmuebles en manos de grandes propietarios privados (más de diez pisos).

En concreto, el partido de Iglesias defendió la posibilidad de imponer la «cesión obligatoria» de viviendas para alquiler social, más allá del aumento de impuestos, en caso de que cualquier tenedor (empresa o particular) posea más de diez inmuebles vacíos. Sin embargo, una vez abierta la puerta de la expropiación a particulares, ¿qué impediría al Estado reducir ese umbral de diez pisos vacíos para apropiarse de viviendas privadas?

Pero es ahora cuando Podemos desvela realmente losdetalles concretos de su política de vivienda, tras aprobar la semana pasada su programa electoral para las generales de diciembre, y la conclusión es que el partido de Iglesias acaba de declarar la guerra a los propietarios privados mediante, al menos, tres vías distintas: prohibir todo tipo de desahucios; imponer y extender el «alquiler social»; y despenalizar la okupación de pisos vacíos.

1. No podrá desalojar a los morosos

Podemos plantea, en primer lugar, prohibir los desahucios, todo tipo de desahucios, tanto por impago dehipoteca como de alquiler, imitando la regulación que existe en Venezuela. Así, los propietarios no podrán expulsar al inquilino o al hipotecado moroso (en caso de bancos) hasta que no se le garantice una «alternativa habitacional», según el programa.

– Propuesta de Ley Orgánica de protección al derecho a la inviolabilidad del domicilio yprohibición de los desalojos sin alternativa habitacional […] En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.

Esta medida es idéntica a la que está vigente en Venezuela desde hace años y cuya aplicación ha condenado a muerte al mercado del alquiler, ya que la oferta de pisos brilla por su ausencia y los precios son desorbitados. En concreto, la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas que aprobó Venezuela en 2011 establece en su artículo 13 lo siguiente:

En todo caso, no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona.

Este punto, idéntico al que propugna Podemos, unido al cúmulo de incentivos previos que marca la regulaciónvenezolana, se ha traducido en un impago masivo de alquileres y en la imposibilidad de recuperar la vivienda.

2. Legalización de los ‘okupas’

Pero los propietarios españoles no sólo verían vulnerado el derecho a recuperar su vivienda en caso de que el inquilino dejase de pagar, sino que, además, quedaría indefenso si su inmueble es okupado por otro. El programa de Podemos establece que, «en ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda […]».

De hecho, aboga por la «despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas«. Es decir, la intención de Podemos es legalizar la okupación de pisos vacíos, con el consiguiente menoscabo de sus legítimos propietarios.

3. Sanciones y expropiación de pisos

El tercer gran mecanismo para expropiar viviendas privadas consiste en imponer sanciones, subir impuestos, prorrogar obligatoriamente contratos, reducir rentas y, en última instancia, decretar la «cesión obligatoria» de dichos inmuebles a la Administración Pública con el fin de garantizar el «alquiler social«. Podemos plantea diversas medidas al respecto:

  • Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos: alargar el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de vivienda habitual hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler obligatoria cuando el arrendador sea gran propietario de viviendas, con un mínimo de 10 viviendas.
  • Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares, que habiendo cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional.
  • El alquiler social no podrá superar el 30% de la renta familiar incluyendo suministros básicos. Asimismo se tendrá en cuenta la delimitación del número de miembros de la unidad familiar para reducir la cuantía hasta un umbral sostenible.
  • Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre y entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias) garantizarán el alquiler social […] a través de la movilización de pisos vacíos.
  • Creación de figuras jurídicas que incentiven la cesión en usufructo de los propietarios a la administración pública de viviendas para la creación del parque público de alquiler social.
  • Impuesto a los tenedores de vivienda vacía.
  • Definición de procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los tenedores de más de 10 viviendas, con especial agravante para las situaciones de abandono por el menoscabo que supone para el derecho a la ciudad y a la convivencia. El procedimiento contemplaría la cesión obligatoria en los casos graves.
  • Prohibición de la privatización del parque público de vivienda en alquiler.

Dación en pago con carácter retroactivo

Por otro lado, Pablo Iglesias también pretende imponer la dación en pago por ley y con carácter retroactivo, lo cual acabaría perjudicando a la inmensa mayoría de hipotecados -presentes y futuros-.

Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado. Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo.

Igualmente, plantea que las empresas privadas asuman las pérdidas derivadas del impago de «suministros básicos» de agua, luz y gas, y estudiará la posibilidad de crear una «suministradora pública» -de cero o bien nacionalizando alguna de las empresas existentes-.

– Derecho a los suministros básicos garantizados como parte integrante del derecho a una vivienda digna y adecuada. El derecho al contrato de suministro sólo requerirá el requisito de empadronamiento.

– Se impedirán los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar.

– Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras.

– Se estudiará la posibilidad de crear una empresa suministradora pública.

Fuertes subidas de impuestos a los propietarios

Por último, el programa de Podemos incluye nuevas y generalizadas subidas fiscales a todos los propietarios de vivienda, tal y como recoge Idealista.news.

– Se reduce el techo del Patrimonio. Actualmente, los contribuyentes empiezan a pagar el Impuesto sobre el Patrimonio cuando tiene un valor superior a los 700.000 euros. Podemos propone que sea a partir de los 400.000 euros de patrimonio para obtener más dinero por esa vía. El Patrimonio incluye toda la riqueza de una persona, desde propiedades (que suelen ser las que más peso tienen), hasta dinero en efectivo, depósitos o acciones. Curiosamente, fue creado en 1978 de forma ‘extraordinaria’ y se ha suprimido y vuelto a aplicar desde entonces.

Derogar bonificaciones a Sucesiones y Donaciones. Podemos promete negociar con las comunidades autónomas para derogar las bonificaciones al impuesto de Sucesiones y Donaciones, que es competencia de cada comunidad. En muchas comunidades, como en Madrid, se bonifica casi el 100%.

FUENTE: LibreMercado.

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