• Desde hace décadas, la inmigración masiva de los musulmanes a Europa ha sido calificada de «enriquecimiento». El grito de «¡islamofobia!» no niega cómo es prácticamente imposible pensar en un solo país que realmente se haya visto enriquecido por ella.

• La idea de que con el tiempo la doctrina del islam se moderará de algún modo y se disolverá por el mero hecho de alojarse en Europa, es ilusoria, especialmente en las comunidades donde los migrantes musulmanes ya superan en número a los nativos europeos.
• Incluso en un país con una población islámica consolidada como Gran Bretaña, el desempleo entre musulmanes languidece un 50% entre los hombres y un 75% entre las mujeres.

La palabra refugiado es un término legal, definido por varios tratados internacionales. Esos documentos alumbraron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y son la base de la importancia de este organismo de Naciones Unidas como el responsable en materia de refugiados hasta la fecha.

Los contenidos de esos tratados, sin embargo, no se corresponden demasiado bien con el modo exhaustivo con que ACNUR ha tratado de embaucar al público europeo respecto al estatus predominante de la afluencia demográfica a su continente durante este año.

Ninguno de esos documentos –la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, o las Regulaciones de Dublín de la propia Unión Europea– garantiza el derecho al estatus de refugiado a aquellos que atraviesan varios países seguros y cruzan ilegalmente múltiples fronteras para quedarse en el mejor Estado de Bienestar.

Incluso un refugiado legítimo de Siria que ahora viva en, por ejemplo, Turquía o el Líbano pierde su estatus de refugiado al pagar a un traficante de personas para viajar a Europa. Según la ley internacional, ese refugiado se convierte entonces en un «solicitante de asilo». Solo cuando su petición de asilo ha sido investigada y considerada válida por el correspondiente organismo del país, vuelve a ser de nuevo un refugiado.

Hasta ahora, los medios mundiales han seguido con diligencia el falso relato que ACNUR ha establecido. Quienes se han sentido preocupados por un flujo sin comprobaciones ni controles de musulmanes hacia Europa –preocupaciones siniestramente confirmadas por las atrocidades de los yihadistas en París el pasado viernes– han sido generalmente acusados de inhumanidad hacia los supuestos refugiados.

La prensa, sin embargo, no ha sido ni mucho menos la única que ha definido la bienvenida a la afluencia ilegal de musulmanes como una obligación moral. También se han utilizado sistemáticamente argumentos económicos para legitimar la afluencia humanitaria de este año, dado el envejecimiento de la población en los países europeos.

Al celebrar los resultados del Informe de Seguimiento Global del Banco Mundial, «Los objetivos de desarrollo en una era de cambio demográfico», publicado el mes pasado, su presidente, Jim Yong Kim, anunció con aplomo:

Con el conjunto adecuado de políticas, esta era de cambio demográfico puede ser un motor de crecimiento económico (…) Si los países con envejecimiento de la población pueden crear un camino para que los refugiados y los migrantes participen en la economía, todos se beneficiarán.

A pesar de tener una estructura de gobernanza diferente a la de la ONU, el Banco Mundial forma parte del sistema de Naciones Unidas.

Las palabras «objetivos de desarrollo» en el título del informe del Banco Mundial son muy reveladoras. Se refieren a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un exhaustivo programa elaborado bajo el mandato del exsecretario general de la ONU Kofi Annan, para la transición de la Organización de las Naciones Unidas, de organismo cuyo principal cometido es limitar los conflictos internacionales a motor de justicia social global.

Mientras que los medios de comunicación, las ONG, los activistas con principios y los famosos han seguido el camino de ACNUR, muchas e importantes instituciones financieras han imitado igualmente la declaración del Banco Mundial: hay que dar la bienvenida a la entrada de migrantes en Europa.

El HSBC, por ejemplo, un gigante de la banca mundial, predijo sólidos beneficios fiscales para los países de la Unión Europea tras un «periodo de ajuste». Una nota de investigación emitida por el HSBC el 8 de octubre, y elaborada por un equipo de analistas dirigido por Fabio Balboni, llegaba a la siguiente conclusión:

Desde una perspectiva económica, Europa necesita más trabajadores. Es bien sabido que en la mayor parte de Europa las poblaciones están envejeciendo rápidamente. Esto da lugar a un menor crecimiento y a menores ingresos fiscales, mientras que eleva simultáneamente el gasto público a través de las pensiones y la asistencia sanitaria. La Eurozona, en particular, está a punto de embarcarse en este reto demográfico con una montaña de deudas. La manera más fácil de soportar más jubilados es tener más contribuyentes.

El grupo europeo de investigación macroeconómica del HSBC fue aún más lejos, desglosándolo en cifras:

De una población en edad de trabajar de 220 millones, calculamos que un millón más de inmigrantes al año podría impulsar el crecimiento potencial de la Eurozona un 0,2% anual, y para 2025 el PIB potencial acumulado podría ser 300.000 millones mayor de lo que habría sido de otro modo. Pese a que se necesita tiempo para integrar a los inmigrantes en el mercado laboral, incluso a corto plazo, el aumento del gasto público necesario para hacer frente a la crisis podría respaldar el crecimiento.

Que esas predicciones se opongan a todas las evidencias disponibles es problemático.

Incluso en un país con una población islámica consolidada como Gran Bretaña, el desempleo entre musulmanes languidece un 50% entre los hombres y un 75% entre las mujeres.

Además, los musulmanes suponen en Gran Bretaña el grupo demográfico con la mayor tasa de nacimientos. Sumado a sus niveles de paro, estos salvadores imaginarios del modelo de bienestar social europeo son, como grupo, receptores de los ingresos del Estado, en vez de contribuyentes.

Las sucesivas generaciones de musulmanes en toda Europa, como Christopher Caldwell señaló en 2009, no están normalizando las tasas de nacimientos de sus poblaciones de acogida, como han hecho anteriores grupos inmigrantes. Se podría admitir que esa tendencia pueda ser útil para impulsar la población de Europa en cifras, pero también subraya un alarmante patrón.

Como anunció recientemente la baronesa Caroline Cox, la «vista gorda» que se ha hecho con la poligamia en Gran Bretaña –y en Francia, Bélgica y Alemania– ha hecho posible que algunos musulmanes estén teniendo hasta 20 hijos con múltiples esposas, casi siempre a costa del Estado. Esta es una pésima noticia para la inmigración: las familias con posturas fundamentalistas están teniendo más descendencia que sus correligionarios más moderados.

Incluso si la afluencia demográfica que inunda actualmente Europa se compusiese enteramente de verdaderos solicitantes de asilo sirios, los cuales tienen tasas de nacimientos algo más bajas que los musulmanes surasiáticos o africanos, las noticias económicas serían peores.

Un reciente estudio en Dinamarca precisaba que, de todo el rango de orígenes de los inmigrantes que se han establecido allí, los sirios son los que tienen los niveles más bajos de desempleo (22,8%). Un estudio danés distinto, longitudinal, también revelaba que, de aquellos migrantes musulmanes que habían ido a Dinamarca afirmando ser refugiados, solo uno de cada cuatro había logrado encontrar un trabajo después de diez años.

A pesar de que hay cuatro millones de sirios desplazados por el conflicto, y pese a la fácil disponibilidad de falsos documentos de identidad sirios, se calcula que, de los que han entrado en Europa este año, los sirios suponen solamente el 20% de un total que va en aumento.

El gran número de migrantes no sirios, que han utilizado la entrada ilegal para acceder a los Estados de Bienestar de Europa y vivir a costa de los contribuyentes del continente, llevó a un eurodiputado a condenar las cuotas de reubicación de la Unión Europea. Hasta ahora, el programa de cuotas de reubicación es la única solución planteada para abordar el gran número de migrantes que ya se encuentran en Europa. Sin embargo, es una medida cuyo efecto es el de subcontratar la política de inmigración del continente a los traficantes de personas.

Como resultado de los ataques yihadistas en París la semana pasada, el esquema de cuotas de la Unión Europa, que obliga a los Estados miembros a aceptar a los inmigrantes que las instituciones europeas les imponen, queda hecho trizas. Como predijo el Gatestone Institute, el Gobierno polaco recién electo se ha negado unilateralmente a participar aduciendo motivos de seguridad.

Otros países parecen destinados a seguir su ejemplo, especialmente tras el anuncio de Grecia esta semana de que uno de los terroristas suicidas de París había cruzado el 3 de octubre como refugiado a la isla griega de Leros desde Turquía.

La persistencia de la política de cuotas obligatoria en cada cumbre de la UE celebrada este año dio qué pensar especialmente a la presidente de Lituania. En una reunión del Consejo Europeo en Bruselas el 23 de septiembre, Dalia Grybauskaitė habló a los periodistas de su confusión. Los líderes de Europa, dijo, habían estado discutiendo desde febrero medidas «estratégicas» para lidiar con el problema de la migración, con vistas a cortar de raíz el creciente flujo que atraviesan las fronteras de la UE y tratar de asegurar éstas.

En su lugar, reflexionaba Grybauskaitė, las cifras de las cuotas de reubicación, en aumento constante, destinadas a la distribución de los migrantes musulmanes entre todos los Estados miembros, siempre parecían –por alguna razón– una prioridad en las agendas. Por ello, el 22 de septiembre la Comisión Europea había sido legalmente facultada para extender la creciente cantidad de migrantes de los países islámicos por todo el continente. Los miembros de los países europeos que objetaron fueron desestimados.

Lamentablemente, los costes económicos –basados en predicciones macroeconómicas defectuosas alejadas de las realidades geopolíticas– se han seguido amontonando contra la nación en la que se ancla la estabilidad de la moneda única: Alemania.

Al principio, el Gobierno de la canciller Angela Merkel afirmó que la ola de migrantes de este año le habría costado a Alemania solo unos 5.000 millones de euros adicionales. Después, un banco japonés, Mizuho, citó una predicción de 25.000 millones de euros en dos años. Sin embargo, ese cálculo no tuvo en cuenta la casi segura multiplicación por dos del número de migrantes en 2016. La última predicción –presentada por la Asociación de Ciudades Alemanas el 29 de octubre– de 16.000 millones de euros cada año de cara al futuro ya está fragmentando la unidad de los atribulados líderes de Alemania.

Dada la menguante reserva de ciudadanos alemanes en edad de trabajar, algunos puntales de la industria como Mercedes-Benz han sumado sus voces al coro de bienvenida a la afluencia humana en Europa. Pero si el 80% de los migrantes carecen de cualificación, y el 20% son analfabetos, solo pueden trabajar en la industria si reciben formación. Los estándares de las escuelas alemanas ya van en descenso; algunos funcionarios reconocen que, como respuesta pragmática a la magnitud de la presión migratoria, los estándares deberán ser más bajos.

A menudo, la cuestión del fracaso de Europa para integrar a los musulmanes se ha reducido a acusaciones de racismo autóctono e intrínseco. Esta acusación parece, sin embargo, carecer de fundamentos en un continente que se ha inyectado multiculturalismo durante décadas.

La experiencia de Alemania es un caso ilustrativo. Los padres de clase media de su preexistente población musulmana, principalmente turca, enviaban a sus hijos a las cada vez más escasas escuelas con predominio de niños alemanes. Aparentemente, a esos padres musulmanes les preocupa que allá donde haya sobre todo alumnos de origen turco, que apenas adquieren en casa una alfabetización básica –en cualquier idioma–, el rendimiento académico de sus hijos pueda caer en picado.

No obstante, los organismos gubernamentales europeos han respondido a la invasión musulmana de este año fletando transbordadores y alquilando autobuses para ayudar a agilizarla. Los responsables de seguridad en las fronteras de la UE describen dichas incursiones como «flujos de migración» hacia el interior que deberían ser «gestionados» por el bien del continente.

Una explicación a este cambio radical en las políticas de fronteras que aplican ahora las instituciones europeas se encuentra quizá en una detallada propuesta publicada en 2000 por Naciones Unidas. Defendía el «reemplazo» de la población europea por migrantes musulmanes del Tercer Mundo.

Desde entonces, aquellos que han especulado sobre las inevitables consecuencias sociales, culturales y de seguridad de la transformación demográfica de Europa perfilada por Naciones Unidas –como la escritora de origen egipcio Gisèle Littman, el escritor francés Renaud Camus y el ensayista noruego Peder Jenssen– han sido durante mucho tiempo tachados de cuentistas delirantes y fanáticos.

Dejando a un lad o dicha polémica, y cómo las políticas de repoblación involuntaria masiva parecen estar preocupantemente cerca de infringir el la cláusula c) del Artículo 2 de la propia Convención sobre el Genocidio de 1948 de la ONU, hay una premisa económica no abordada que sustenta esa visión: que importar en masa el mundo musulmán a Europa es beneficioso para ambos.

El razonamiento parece ser que, una vez que un país tiene un Estado de Bienestar, el gasto social de ese país solo se puede mantener aumentando perpetuamente el tamaño de su población –un supuesto económico con consecuencias de largo alcance ampliamente demostradas en toda Europa este año–.

El mayor problema parece ser que tanto la ONU como la UE, esas burocracias gemelas transnacionales con legitimidad democrática sumamente limitada, tienen más en común la una con la otra –en las visiones y soluciones que promueven– que en su respuesta a los deseos de las poblaciones que tienen que vivir con los resultados.

Los resultados de 2015 indican hasta qué punto las facultades críticas de los líderes de la Unión Europea han sido atacadas en su punto ciego por el multiculturalismo. Es sin duda una verdad molesta e hiriente, dada la frecuencia con que acusan a sus críticos más severos, y también del islam –como el líder del PPV holandés, Geert Wilders– de tener un concepto bidimensional de la fe musulmana, carente de matices.

Aquellos que emplean la lógica económica para implementar la transformación demográfica europea, no reconocen las complejidades del islam: ignoran el resurgimiento fundamentalista sostenido durante más de un siglo. Un rasgo de esta creciente adhesión a la literalidad es la creencia –validada por las sagradas escrituras– de que los musulmanes tienen el derecho a beneficiarse ociosamente de la productividad de los infieles. Esta perspectiva sitúa la actitud de legitimidad de muchísimos migrantes en un contexto inesperado pero muy necesario.