Y luego, sus AFILIADOS, VOTANTES Y SIMPATIZANTES seguirán insistiendo en que eso de que apoyan y están con los terroristas es una falsedad, un FAKE.
PUES DE «FAKE» NADA, ESTA ES LA NOTICIA Y QUE LA REFUTEN SI PUEDEN.
Por Segundo Sanz en Ok diario
El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que los miembros de los autodenominados ‘Comités de Defensa de la República (CDR)’ en Cataluña no puedan ser acusados de un presunto delito de terrorismo en la comisión de actos violentos al estilo de la ‘kale borroka’. Si bien el texto presentado es una proposición no de ley (PNL), la formación morada sí que plantea en su contenido un cambio normativo en el Código Penal.
El partido de Pablo Iglesias y sus confluencias quieren que el Congreso inste al Gobierno a modificar el apartado 2 del artículo 573.1 del Código Penal para que “no se permita la aplicación de los tipos de terrorismo a protestas ciudadanas fruto del derecho a la libre participación política, de acuerdo con las directivas europeas y la legislación internacional en materia de derechos humanos”.
La iniciativa, registrada en la Comisión de Justicia con el título ‘Proposición no de Ley para garantizar el derecho de protesta’, señala que la actual redacción del Código Penal permite “una interpretación arbitraria” que “podría dirigirse sin problemas a la criminalización de las actuaciones de quien, en un momento dado, pueda considerarse enemigo del Gobierno de turno”.
En esta línea, el grupo parlamentario de Unidos Podemos critica que la Fiscalía acusara de terrorismo y rebelión a Tamara Carrasco, integrante de un Comité de Defensa de la República (CDR), por “coordinar y dirigir presuntamente las protestas llevadas a cabo en Semana Santa en las carreteras catalanas”. El texto recuerda que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, descartó la acusación de terrorismo e imputó a la acusada un delito de desórdenes públicos, decisión recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El Ministerio Público acusó a Carrasco de desarrollar actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de los CDR. Añadió además que el objetivo de los mismos era normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso separatista catalán que se investiga en sendos procedimientos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
Sin embargo, Podemos considera que “el derecho a la protesta forma parte del núcleo esencial de un Estado democrático, y los poderes públicos deben garantizarlo como medio de reivindicación del cambio democrático”. El partido de Iglesias subraya que “los mayores logros económicos, sociales y culturales de la historia han ido precedidos de movilizaciones ciudadanas” y advierte al Gobierno de que “debe abstenerse de instrumentalizar y desnaturalizar el derecho penal para criminalizar la protesta política“.
“Reunión pacífica”
La proposición, que lleva la firma de los diputados Alberto Garzón, Jaume Moya, Eduardo Santos y Lucía Martín, también insta a cambiar de la redacción del artículo 571 del Código Penal “para vincular en todo caso la actividad de la organización terrorista a la difusión de terror entre la población a través de actos violentos”. Además, exige “proteger el derecho a la reunión pacífica de toda la ciudadanía, como medio legítimo y constitucionalmente protegido para la incidencia política y cumplir la obligación de los poderes públicos de fomentar la participación política”.
Tal y como publicó OKDIARIO, la independentista Tamara Carrasco, cabecilla de los CDR, fue candidata de la marca de Podemos en Viladecans (Barcelona). En concreto, ocupó el puesto número de 3 de la candidatura Guanyem Viladecans en las elecciones municipales de 2015. Antes de ello, Carrasco se movió en el entorno de los radicales de la CUP.
Hasta la llegada al trono de Alfonso II de Aragón en 1163 no habría existido diferencia entre Corona y Reino de Aragón. La diferencia entre ambos radicaba en la existencia de territorios autónomos, administrativa y legalmente hablando, dentro de la Corona, como sería el caso de los reinos de Valencia y Mallorca, que se unían al reino de Aragón.
describir los condados de Barcelona, Girona y Osona que controlaba Ramón Berenguer, si bien se trataba de limites territoriales y no administrativos. Además, inicialmente incluía otros territorios como los condados de Lerida o Urgel, pero desde Jaime I y su Real Pragmática de 1243, los limites se reducían al condado de Barcelona, derogándose el título de marqueses, que habían tomado sin consentimiento regio aprovechando la minoría de edad del monarca aragonés.
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