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Los servicios jurídicos del Ayuntamiento indicaron en varias ocasiones a los ediles imputados el camino a seguir. Estos lo ignoraron.
Libertad Digital ha tenido acceso a las peticiones de información realizadas por el Gobierno de Manuela Carmena -en concreto por la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Valera, y el propio Carlos Sánchez Mato– a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid y la respuesta contundente de esta última.
El objetivo, tal y como consta en estos escritos y dicho por el propio responsable de las arcas públicas de la ciudad, era denunciar presuntas irregularidades en el convenio suscrito en 2011 entre el Consistorio de Alberto Ruiz Gallardón y la entidad Madrid Trophy Promotion para el patrocinio del torneo de tenis Mutua Madrid Open.
El 18 de enero de 2016 Ana Valera, en calidad de coordinadora general de Cultura, Deportes y Turismo, envió una nota a los servicios jurídicos municipales. El 17 de marzo, el letrado Rafael R.C. da cumplida respuesta a las dudas planteadas por Valera. No obstante, el 17 de noviembre es el propio Sánchez Mato, como presidente en funciones de Madrid Destino, el que se dirige al director de la Asesoría Jurídica, Ángel Luis Ortiz.
Le pide una serie de documentos; valoración sobre la fecha de la firma de un segundo convenio, el del 29 de diciembre de 2011; una valoración económica «conforme a criterios de mercado de la aportación económica y en especie del Ayuntamiento y del retorno obtenido»; una valoración «económica y jurídica del porcentaje que supone este convenio de patrocinio en el presupuesto dedicado al deporte»; «análisis de la cesión de derechos de sede» y dos cuestiones más sobre las que Sánchez Mato pide una valoración jurídica: «control de gasto y eficiencia» y «enriquecimiento injusto». Sobre la primera cuestión solicita «informe sobre si unos gastos de 50 millones de euros comprometidos por unos derechos de sede casan con dichos principios y si, en el caso del Ayuntamiento, lo hace un patrocinio que compromete mayor cantidad».
En cuanto al enriquecimiento injusto, Sánchez Mato señala que «en esta relación contractual» no parece que se cumplan «lo principios al menos de la justicia conmutativa». «Partiendo que tenemos una cifra de negocio de 34.600.000 euros como ventaja patrimonial de MTP según sus cuentas anuales publicadas en el Registro Mercantil y que tenemos un empobrecimiento correlativo que asciende a más de 10 millones de euros al año para las arcas públicas se ruega informe sobre si existe causa que sustente esta situación patrimonial».
¿Por qué no firmaron el convenio?
Una semana después de enviar esta misiva, el propio Ángel Luis Ortiz contesta a Sánchez Mato indicándole la necesidad de que se firme un convenio entre el Consistorio y Madrid Destino «para que los letrados del Ayuntamiento de Madrid puedan asumir el asesoramiento jurídico de una sociedad mercantil local«. El PSOE, durante el Pleno del mes pasado en el que solicitó la comparecencia de Sánchez Mato por este asunto, lo puso de relieve. La portavoz socialista en materia de Cultura, Mar Espinar, planteó una cuestión clave: «¿Por qué no se plantearon hacer ese convenio entre las dos partes?, ¿por qué insisten en preguntas que sabían que traspasaban las competencias de los funcionarios? Porque ustedes, defensores a ultranza de lo público en teoría, necesitaban una hoja de ruta que justificase la decisión de acudir a un bufete privado«. Sánchez Mato no contestó a la edil socialista.
Además, Ortiz le indica «que buena parte de las cuestiones sobre las que pide informe se refieren a las valoraciones económicas o a aspectos relativos al control del gasto y a la eficiencia de servicios».
El 13 de diciembre, Sánchez Mato vuelve a enviar la misma misiva. No cambia prácticamente nada de su contenido aunque en la firma sí añade también su cargo de delegado de Economía y Hacienda. El 19 de enero de este año, el letrado Rafael R.C. emite un exhaustivo informe en el que, punto por punto, va contestando a todas las preguntas formuladas.
Dos bufetes privados
En noviembre de 2016, de forma paralela a las gestiones con los servicios jurídicos del Consistorio, Ana Varela encargó un primer informe al bufete Nazaret 6. Sin embargo, en dicho documento, el bufete descartó que en el convenio del Open de Tenis existan ilícitos penales. Detectó, eso sí, falta de seguimiento en el impacto mediático y un posible caso de desvío de fondos. Aconsejó analizar más documentación.
Tres meses después, Varela pidió una nueva auditoría. El encargo se registró el 20 de febrero de 2017, cuando la sustitución de Celia Mayer en el Área de Cultura era ya más que probable (se hizo efectiva un mes después). Varela se puso en contacto con el bufete Alemany, Escalona & De Fuentes Abogados para que redactara otra auditoría. Lo hicieron a espaldas de la alcaldesa y del consejo de administración de Madrid Destino. Este bufete sí detectó posibles irregularidades penales. En concreto, un gasto creciente por parte del Consistorio, considerado injustificado. Si en 2009 la capital pagó 5,3 millones de euros por quedarse con el torneo, al año siguiente esa cuantía se duplicó hasta los 10,4 millones de euros. Se obviaba, no obstante, que la ciudad recibe como retorno más de 90 millones de euros por evento.
En virtud de este presunto sobrecoste, Mato, Mayer y Varela presentaron el 23 de marzo —después de que Carmena ya hubiera anunciado la destitución de Mayer— una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción contra Madrid Trophy Promotion. Pocos días después, se filtró a dos medios el informe del segundo bufete. Estalló el escándalo justo el día antes de que comenzase el Master de tenis. Nadie sabía nada.
Las justificaciones de Ahora Madrid
Así las cosas, el PP se querelló contra los tres por malversación de fondos públicos -los informes externos tendrían un coste de 100.000 euros para el erario público y se adjudicaron a dedo, sin que mediara concurso público-, prevaricación y delito societario. El juez los ha imputado y llamado a declarar el próximo 18 de septiembre, pero este martes se aferraron al cargo y se negaron a dimitir. Un día después, este miércoles, se han dirigido al juzgado para solicitar «declarar ya, y no dentro dentro de tres meses».
Según justifica Ahora Madrid, no contrataron los informes a dedo, sino que fue con «el procedimiento de Madrid Destino. Externalizar asesoría es habitual en empresa pública». Sin embargo, según el PP, «burlaron la normativa en materia de contratos de la administración pública, que dice que en el caso de Madrid Destino por encima de 50.000 euros hay que convocar un concurso público». Así, trocearon el contrato: «En la memoria del encargo de la que disponemos dice claramente que el precio será 50.000 + 50.000 euros. Eso son 100.000», expuso el portavoz de los populares en el Ayuntamiento José Luis Martínez Almeida cuando anunció la querella contra los tres.
Además, justifican el hecho de acudir a bufetes privados señalando que «la Asesoría Jurídica municipal indicó que no tiene competencias sobre consultas del Open de Tenis«. Tal y como consta en el último informe del letrado municipal, citado anteriormente, no fue sólo eso lo que les indicaron los funcionarios municipales. Pero es que, además, Carlos Sánchez Mato nunca contestó a esta pregunta del PSOE realizada en sesión plenaria:
¿Por qué no se plantearon hacer ese convenio entre las dos partes (Ayuntamiento y Madrid Destino), tal y como le aconsejaron los propios servicios jurídicos municipales?
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