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‘No es magia, son tus impuestos’

Son muchas las cesiones por parte del PSOE de Pedro Sánchez y ninguna de los separatistas catalanes para que, pese haber perdido las elecciones generales del 23J -121 diputados, frente a los 137 del PP- Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno. El precio es altísimo para todos los españoles, que pierden además del principio de igualdad, 15.000 millones de euros que se perdonan de la deuda catalana, la más alta de todo el Estado español, inflada ya no por una mala gestión, sino por gastos como embajadas, malversaciones de dinero público para actos ilegales como el 1-O, o dinero a espuertas para todas las organizaciones, asociaciones y medios afines a la causa del independentismo. Y todavía falta por ver la partida que se le adjudicará a Cataluña en los Presupuestos Generales de 2024, porque esto solo es un pacto de investidura.

«No Es Magia, Son Tus Impuestos’, En Este Caso El Lema Propagandístico De Una Millonaria Campaña Pública Del Gobierno En Funciones, Si Hace Honor A La Verdad»

Pero ese dinero no sale del bolsillo de Sánchez, ni del PSOE, sale de las arcas del Estado, unas arcas propiedad de los contribuyentes españoles y que no están al servicio personal de un presidente caótico que se mueve en la zona roja de la ilegalidad. Como dice la empalagosa y costosa campaña propagandística de un Gobierno en funciones que desde hace semanas bombardea en los medios a los ciudadanos, «no es magia son tus impuestos» y en el caso de Sánchez y sus cesiones a partidos minoritarios que no representan el conjunto de la sociedad española, el lema si hace honor a la verdad.

El acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno implica que la deuda de la Generalitat de Cataluña con el llamado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se recortará en 15.000 millones, lo que supone dejarla en unos 58.110 millones.

Según los últimos datos disponibles del Banco de España, que cifra en 86.800 millones la deuda total de la Generalitat hasta junio, de los cuales un total de 73.110 millones corresponden al Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, que se nutre de los impuestos que soportan en España empresas y hogares.

Tras El Pacto PSOE-ERC, Todos Los Españoles Tienen Que Asumir El Perdón De 15.000 Millones De Deuda De Cataluña, Un Dinero Que Se Retrae De Inversión En Sanidad, Educación O Distintos Servicios Públicos

Los españoles tienen que asumir 15.000 millones de la deuda de Cataluña, que se retraen de inversiones en sanidad o educación, porque así lo decide Sánchez, perdedor de las elecciones del 23J, para alcanzar su investidura

Ese fondo aglutina el dinero solicitado por la Generalitat a los diferentes mecanismos de provisión de liquidez puestos en marcha por el Estado, entre ellos el Fondo de Liquidez Autonómico, por lo que esos 15.000 millones de deuda se restarían de los 73.110 millones adeudados hasta ahora.

Este acuerdo por el cual el Estado asume «en torno al 20 % de la deuda viva en el momento de ejecución» del mismo implicará también el ahorro de 1.300 millones en intereses, ha destacado esta tarde el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Otra consecuencia práctica de este acuerdo es que si actualmente un 84,2 % de la deuda catalana está en manos del Estado, al restarle esos 15.000 millones de pasivo del FLA se rebajará también ese porcentaje.

Con esos 15.000 millones menos, la deuda de la Generalitat sería de unos 71.800 millones, de los que 58.110 corresponderían al FLA, es decir, un 80,9 %, siempre según los últimos datos de deuda divulgados por Banco de España. Y es que Cataluña solo puede financiarse a través del Estado, porque en los mercados financieros está considerado como ‘bono basura’ y nadie compra su deuda, y menos aún viendo como los principales bancos o empresas catalanes han traslado su sedes a territorios más seguros de España.

El Traspaso Integral De Cercanías A Cataluña Es Magia, Es Algo Tan Simple Como Una Burda Mentira Más De Sánchez

No es magia, sin embargo, sino más bien una burda mentira más, calificar de ilegal el traspaso integral de Cercanías a Cataluña, como hace poco manifestó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a firmar dicha media con ERC para su apoyo a la investidura de Sánchez.

Un acuerdo, además, que también tendrá un gran coste económico, porque, además de ir acompañada de una gran partida presupuestaria para mejorar la infraestructura, también implica el traspaso de la gestión de las vías por donde circulan un alto número de trenes ajenos a Cercanías, como de pasajeros o mercancias de distintos operadores ferroviaarios, sin olvidar la conexión con Francia.

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FUENTE: Intereconomía

Los impuestos son robo y no pueden justificarse ni siquiera por causas caritativas

Por Dumo Denga. ORIGINAL IN ENGLISH

En su artículo «Las multinacionales obtienen beneficios obscenos de las crisis mundiales —pónganles impuestos para defender los derechos humanos», Magdalena Sepúlveda pedía más impuestos a las multinacionales y a los ricos como medio para financiar políticas destinadas a proteger a los más vulnerables de lo que ella llama «la crisis del coste de la vida». En este artículo, me gustaría responder a Sepúlveda diciendo que la fiscalidad es un robo y que cualquier intento de justificar los impuestos, especialmente por caridad, llevará a conclusiones irracionales.

A mi entender, Sepúlveda adopta la filosofía de la socialdemocracia. Dicha filosofía es una subcategoría del socialismo y se distingue por abogar por derechos de propiedad privada relativamente más fuertes en comparación con el marxismo y el leninismo, los cuales rechazan por completo los derechos de propiedad privada.

Además, los defensores de la socialdemocracia (SDA) creen que parte de los ingresos obtenidos por los propietarios pertenecen a la sociedad, de ahí sus continuos llamamientos a favor de más impuestos, un nuevo impuesto sobre la riqueza o cualquier otro impuesto destinado a lograr fines igualitarios (que incluyen, entre otros,«reducir la desigualdad» o «una distribución más equitativa de la riqueza»). Los interesados en saber más sobre los orígenes de la socialdemocracia pueden leer el libro de Hans-Hermann Hoppe titulado Social Democracy. En el artículo de Sepúlveda, hay un momento en el que, en mi opinión, muestra sus afiliaciones con la socialdemocracia. Afirma: «Las pandemias, las guerras y las recesiones no eximen a los Estados de cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos. Deben gravar más a las multinacionales y a los más ricos para financiar políticas específicas que protejan a los más vulnerables contra la crisis del coste de la vida».

Los impuestos son un robo y los ASD como Sepúlveda se enfrentan a un problema moral cuando abogan por los impuestos, independientemente de los fines de los impuestos propuestos. La razón se deriva de la teoría de la ley natural de la propiedad, popularizada por Murray Rothbard, Walter Block y Hoppe. La ley natural proporciona cuatro reglas simples y lógicamente conectadas para la propiedad privada:

Una persona es dueña de su propio cuerpo.
Una persona es propietaria de todo bien escaso otorgado por la naturaleza que haya puesto en uso mediante su propio cuerpo antes que nadie. Es el concepto de apropiación originaria.
Una persona es propietaria de todos los productos nuevos que ha creado mediante sus propios bienes originalmente apropiados y su propio cuerpo, siempre que no se haya dañado la propiedad de otros durante el proceso de producción.
La propiedad de los bienes que se han apropiado o producido originalmente sólo puede transferirse del propietario anterior al posterior mediante un acuerdo contractual voluntario.

Los impuestos son un robo porque violan la cuarta regla, que exige que la propiedad se transfiera mediante un acuerdo contractual voluntario. Los impuestos no requieren ningún acuerdo contractual para la transferencia de la propiedad del contribuyente al Estado. Efectivamente, los impuestos son una reclamación sobre la parte de la propiedad de los ciudadanos por parte del Estado, y el hecho de que los ciudadanos no se adhieran a dicha reclamación puede tener como resultado el encarcelamiento, que es una amenaza de violencia. Esto no es diferente de ser asaltado por un ladrón que utiliza una pistola para obtener cooperación.

Los ASD podrían refutar afirmando que los ingresos obtenidos mediante los impuestos se utilizan para financiar el sistema judicial y otras funciones estatales que tienen por objeto ayudar al orden social y la caridad, que a partir de aquí se denominan «causas sociales». Sin embargo, tal refutación no aborda la violación de los derechos naturales que conlleva la tributación. Si se aceptara tal refutación, entonces se deduce que los ladrones comunes, incluidos los que utilizan la amenaza de la violencia para coaccionar la cooperación, están justificados para tomar por la fuerza la propiedad de sus víctimas siempre que el producto de tal delito se utilice para causas sociales.

Dado el problema de la refutación de las «causas sociales», los ASD tendrán que usar otro argumento que es que la tributación no viola la ley natural porque existen contratos «implícitos» o «conceptuales» entre los propietarios y el Estado que dan cuenta de la tributación. Tal refutación fracasa a la hora de justificar los impuestos porque estos contratos «implícitos» o «conceptuales» no existen. Para que exista un contrato, debe haber al menos dos partes que se pongan de acuerdo y, lo que es más importante, las partes deben ser conscientes del contrato que se está acordando.

Sin embargo, si tales contratos existen, entonces los APS tendrán que demostrar también cómo los ciudadanos aceptan tales contratos. En otras palabras, los ASD tendrán que demostrar cómo un ciudadano acepta un acuerdo no terminable con el Estado en el que se conceden al Estado amplios poderes sobre la propiedad privada de un ciudadano. En mi opinión, demostrar que existen acuerdos «conceptuales» o «implícitos» entre el ciudadano y el Estado y que los ciudadanos celebran dichos acuerdos mediante consentimiento expreso o tácito es una tarea casi imposible.

Hoppe, en el capítulo quince de su libro titulado La economía y la ética de la propiedad privada), justifica aún más mi punto de vista sobre la celebración de un acuerdo de este tipo.

Es inconcebible que alguien pueda aceptar un contrato que permita a otra persona determinar permanentemente lo que puede o no puede hacer con su propiedad, ya que al hacerlo esa persona se habría quedado indefensa ante ese decisor último. Del mismo modo, es inconcebible que alguien acepte un contrato que permita a su protector determinar unilateralmente, sin el consentimiento del protegido, la suma que éste debe pagar por su protección.

Teniendo en cuenta la cita anterior y mis objeciones anteriores, argumentar que los impuestos no violan la ley natural debido a acuerdos «implícitos» o «conceptuales» entre el Estado y los propietarios debe abandonarse porque es inconcebible que los propietarios acepten tales contratos.

Con respecto al artículo de Sepúlveda y su llamamiento a aumentar los impuestos a las empresas multinacionales y a los ricos, hay que señalar que los impuestos violan los derechos naturales a pesar de las intenciones de la fiscalidad, ya que en la práctica permiten que el Estado tome por la fuerza una parte de la propiedad de uno sin su consentimiento. El derecho natural exige que la propiedad se transfiera mediante acuerdos contractuales voluntarios.

Además, las razones esgrimidas en un intento de justificar la tributación —ya sea por causas sociales o que la tributación responde a acuerdos «implícitos» o «conceptuales» entre el Estado y los propietarios— deben rechazarse porque la primera justifica efectivamente el robo en general, mientras que la segunda es inconcebible.

[Una versión de este artículo se publicó originalmente en ManPatria.]

Author:

Dumo Denga (@dumodenga) is an Austro-Libertarian and co-hosts the ManPatria Podcast.

**The real labor exploitation is that the State steals half of your salary through taxes.**

Y no se les cae la cara de vergüenza

Es verdad, según pasan los años, uno se va haciendo a su realidad y sin querer se va agrupando con los de su edad. Es por eso por lo que me he vuelto hipersensible con esto de la jubilación.

Mientras estaba en activo apenas me ocupaba del tema, bastante tenía con buscar clientes para mi compañía y pagar la bestialidad de impuestos que me quitaba eso que llaman el Estado.

Por la razón que fuera nunca utilice uno de los servicios que se suponen se financian con nuestros impuestos. No usé el colegio público para mis hijos porque según el Estado ganaba demasiado para beneficiarme de ello. No use la sanidad pública porque los plazos de atención eran tremendos y no estaba dispuesto a jugarme a mi familia, por cierto, mi madre casi la dejan morir en un pasillo de un “reconocido” hospital público, finalmente, por la noche, la llevaron a morir a una habitación compartida y allí nos dijo adiós. Las autopistas las pagaba a precio de oro cuando circulaba por ellas. La Administración publica resulta torpe, lenta y con vicios, así que poco se puede esperar de ella, sino plazos imposibles y falta de empatía con el ciudadano y desidia.

Total, que pagamos impuestos, como el IRPF, hasta sacarnos en algunos casos el 50% de nuestro salario, servicios que están en permanente de huelga y manifestación con lo que los únicos que se hacen ricos son hacienda (que no somos todos) y los liberados sindicales que cobran de gorra y son imposibles de despedir.

Pero amigo lector, hoy me he desayunado con la noticia de que Hacienda ingresará 1.250 millones más de los pensionistas en IRPF tras la subida de las prestaciones. Esto, en teoría, es la cifra que se desprende del cálculo realizado por la AIReF tras la supuesta revalorización del 8,5%. Es decir, que como media, cada jubilado va a pagar 400 euros al año más que hacía antes. De traca.

No es que no lo supiera, tan solo había que ver la repercusión de esta subida en la nómina de la jubilación del mes de enero. Uno buscaba y buscaba, pero no encontraba donde estaba la subida. Y es que en realidad había sido una jugada más de los trileros al mando.

La realidad es que Hacienda se queda con el 40% de la tan cacareada revalorización porque al elevar las prestaciones también aumentan las cuantías a pagar en el IRPF.

Vamos, que juegan con nosotros a eso de “¿a ver si ves la bolita?, de mala manera. Osea, que el dinero estará de vuelta a las manos del Estado de una forma o de otra.

Según apuntaba el Gobierno, la subida de las pensiones de este año tiene un coste de alrededor de 13.000 millones de euros para el Estado. Unos 3,5 puntos de PIB. Pero tal y como he comentado, parte de esos 13.000 millones volverán al estado vía impuestos. Aunque no está claro cuánto exactamente recaudarán en IRPF.

Yo no salgo de mi asombro, estos genios de las finanzas del gobierno ¿Para quién trabajan? Porque para el ciudadano está claro que no. Eso si, el tonto de turno, no deja de hacerse fotos con los jubilados a la petanca, pero con esos que no critican, con los suyos, los leales, que para eso los escogen a dedo.

Este pasado 2022 ha sido un año récord en cuanto a la recaudación de IRPF. Según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, los contribuyentes pagaron más de 109.000 millones por IRPF, el dato más alto de la historia.

Alucino, esta gentuza es insaciable. Nos arruinamos, pasamos hambre, crece el paro, los sanitarios no atienden (están de huelga), los de la Seguridad Social dicen que no pueden más y ni te hacen caso.

Por otro lado, los violadores salen de la cárcel por capricho de una ministra inútil, la violencia está tomando diariamente las calles (basta con ver Barcelona), el rey moro ni hace puñetero caso a la visita de nuestro ¿gobierno?, el paro sube (lo quieran ver o no), los precios de la alimentación están por las nube, etc., pero eso si a Sánchez, según hemos sabido por el tal Máximo Huerta, lo que le importa es ¡que dirá la historia de él?, al resto que nos vayan dando.

Mire presidente la historia será implacable con usted, como lo ha sido con Zapatero. A el le llama Maduro a sabe Dios que a usted ni eso. Este tipo es una marioneta de quienes son conocedores de su ego, de ahí que jueguen con el a capricho catalanes, marroquies, etc

Y por todo esto y más, ¿este gobierno quiere que paguemos más impuestos? Tienen una jeta impresionante.

Aviso a navegantes: Jubilarse ya no es tan buen negocio. Y es qué sabe que pasa lector, que uno se pasa los últimos años de su vida laboral deseando este momento para que impresentables como los de este gobierno te agüen la fiesta. Menuda mierda

Nada que me cojo mi pancarta y me voy con mis amigos del banco y las palomas a gritar contra Sánchez allá donde vayan.

Y no vean en mi rencor alguno contra el que está al mando, que también, es que en un análisis aséptico este Sanchez no pasa el corte ni para tonto y su ministra de Hacienda tampoco, y el de Seguridad Social no digamos y el de yo que se tampoco, y el….

Pues eso.

FUENTE: realpolitics

Este es el nuevo impuesto que tendrás que pagar a partir de enero y que te quitará unos 5 euros al mes

El 1 de enero entrará en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que pretende llenar la hucha de las pensiones

Tanto si eres autónomo como empleado deberás pagar un nuevo impuesto a partir de 2023. Se trata del El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un nuevo impuesto que deberán pagar, a partir del 1 de enero de 2023, todos los trabajadores que se encuentren dados de alta en la Seguridad Social y que supondrá un porcentaje del salario. Una medida que afecta a más de 20 millones de ciudadanos españoles.

¿Qué es el MEI? El nuevo impuesto que llega en 2023

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional sustituye al antiguo Factor de Sostenibilidad y es contingente y temporal. Este impuesto tiene como objetivo volver a llenar la hucha de las pensiones mediante el reparto equilibrado entre generaciones del esfuerzo para financiar las pensiones.

Con elenvejecimiento de la población en niveles disparados, el paro actual, la inminente jubilación de la generación del baby boom y el fondo de reserva de las pensiones prácticamente vacío, el Gobierno prevé la llegada de tiempos muy difíciles para las pensiones.

Por lo que, entre otras medidas que incluye la reforma de las pensiones, se sacó adelante la del MEI, que se publicó en el BOE el pasado diciembre. Este mecanismo actúa sobre los ingresos (cotizaciones) y no sobre las prestaciones (gastos) como actuaba el derogado Factor de Sostenibilidad. A diferencia de este último, que calculaba las prestaciones en función del aumento de la esperanza de vida, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional solo se activará si es necesario y de forma temporal.

Cómo será el nuevo impuesto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional

El MEI que llegará en enero de 2023 no afectará a las pensiones, por lo que no se reducirá el importe de las mismas, a diferencia del derogado Factor de Sostenibilidad. Se trata de un nuevo impuesto que será asumido por todos los trabajadores independientemente de sus ingresos. Es decir, el porcentaje sobre el salario será el mismo para todos.Este nuevo impuesto se aplicará como un nuevo concepto de cotización, por lo que las personas que estén dadas de alta en la Seguridad Social verán reducidas sus nóminas en un 0,6%. Este recargo en la cotización pesará en la nómina de los trabajadores, pero también en la cuota de autónomos.

De esta forma, el Gobierno quiere recaudar suficiente dinero para cubrir el coste de las futuras pensiones. En concreto, se pretende recaudar alrededor de 22.000 millones de euros hasta 2032, fecha en la que está previsto que termine la aplicación de este nuevo impuesto.

¿Cómo te afectará el nuevo impuesto?

Para pagar este nuevo impuesto, que se pondrá en marcha el 1 de enero de 2023, se descontará un 0,6% del salario de los trabajadores. De esta cantidad, los empresarios pagará un 0,5% y los trabajadores pagarán el 0,1% restante. Mientras que en el caso de los autónomos, los autónomos, los sindicatos calculan que el pago medio será de unos 5 euros al mes.

Si hablamos de números, en el caso de los trabajadores con un salario bruto de 2.000 euros, por ejemplo, el nuevo impuesto supondría 12 euros al mes, de los que 10 euros los pagará la empresa y 2 euros el empleado.

FUENTE: El Periódico de España

Impuestos al mal (al capital)

Tenemos el gallinero alborotado. O al menos tenemos a los partidos populistas intentando alborotarlo al grito de “para acabar con la pobreza igual hay que acabar con los ricos” (textual) y pidiendo impuestos “extraordinarios” al patrimonio por encima de 3 millones de euros.

Como siempre en estos casos, no se trata tanto de conseguir una medida real que solucione un problema real, como de ganar puntos en el juego partidista. Los populistas (y el Gobierno) están disfrutando de haber llevado a la oposición a oponerse a un “impuesto a los ricos”, aunque para ello hayan tenido que anunciar un “impuesto a los ricos” tan absurdo que hasta los comunistas deberían oponerse. Porque hablamos de “anuncios”, globos sonda, mensajes.

Pero claro, hablamos del capital. Hablamos del mal, un mal casi tan puro como cuando hablábamos de Franco. Defenderlo es perder votos, o eso esperan los populistas.

Los ministros, que cobran 80.000 euros año sólo por serlo, proponen un impuesto al mal por encima de 3 millones de euros. Para ponerlo en contexto, si todo ese mal rindiera un 3% anual, rentaría 90.000 al año.

Proponen un impuesto directo, extraordinario, sin matices, que tiene como gran virtud que no afecta a casi ninguno de sus votantes habituales. Porque ni siquiera Montero tiene tanto mal acumulado, aunque gane más que si lo tuviera.

Si dejamos aparte la propaganda, los tertulianos desatados y el cruce de etiquetas, e intentamos enterarnos de qué discuten, igual llegamos a conclusiones interesantes (ya que no útiles, porque aquí deciden otros).

El primer punto de interés es que la recaudación estimada del impuesto extraordinario no mueve la aguja. No soluciona el problema, No está ni a miles de kilómetros de corregir el desfase presupuestario, o el agujero de las pensiones.

El segundo es que tiene efectos secundarios. Repasemos un poco quiénes son esos malvados que acumulan más de 3 millones de euros e impiden a nuestros libertadores acabar con la pobreza. Hay cuatro grandes tipos.

Uno son los pequeños patrimonios de ahorradores o herencias. Hablamos de dos o tres pisos, alguna finca rústica, un fondo de inversión. Estas personas, con mucha frecuencia, son ya jubilados (por eso tienen patrimonios que se gestionan solos). Habitualmente, esos pisos tienen bastante tiempo y por eso su valor catastral es alto. Pero los ingresos de este tipo de gente, lo que cobran de todo ese patrimonio, no suele llegar aun 3%, lo que significa menos que un ministro. Si se les cobra un impuesto “extraordinario” del 3%, se les acaban de confiscar todos sus ingresos. Es un impuesto “confiscatorio”: ara poder pagarlo, tienen que liquidar lo que puedan, y lo que pueden liquidar es la parte líquida, que es la rentable, lo que significa que no sólo les quitan todos sus ingresos del año sino parte de los del siguiente.

Dejando aparte la cuestión ética de un impuesto confiscatorio, este tipo de propietarios son los que cargan con montes y piedras: patrimonio que no sólo apenas es rentable, sino que requiere inversión para su correcta conservación. Patrimonio que se viene abajo cada día porque no hay con qué cubrir esos gastos. Ahora resta un 3% en efectivo.

Otro grupo son los pequeños empresarios. Tienen unos cuantos camiones y naves, o una cantera, o tres tiendas en una ciudad. Tienen una buena casa, igual otra en la playa, y normalmente poco ahorro porque meten todo el dinero en la empresa. Lo que no se suele recordar es que un puesto de trabajo cuesta mucho más que un sueldo: local, terreno, equipamiento, herramientas, stock de materias primas o producto, costes de operación. Gran parte de esos costes se cubren inicialmente con una aportación de capital, que suele seguir en el balance la empresa y marca el “valor contable”… y por tanto el patrimonio. Eso es “el capital”. Es la suma del mal… o lo que hace posibles los puestos de trabajo.

Los pequeños empresarios tienen suerte si sacan más de un 3% anual al dinero que han dedicado a la empresa. En el último trimestre del año pasado la rentabilidad sobre activos fue un 3,7% anual, según CEPYME (los activos no son sólo el capital, pero por el otro lado, cualquier inversión va a venir de esa rentabilidad, y sin inversión no se crean nuevos puestos de trabajo ni se sobrevive, así que no toda esa rentabilidad se reparte a los accionistas: suponer que le sacan un 3% es suponer mucho.

Eso significa que si los dueños tienen que pagar un 3%, el dinero viene de destruir el capital de la empresa. Y el mal, como hemos visto, es la suma de los puestos de trabajo.

Un tercer colectivo serían las auténticas grandes fortunas, bien gestionadas y profesionalizadas. Esas fortunas que cobran por rendimientos del capital unas cantidades superiores al 3% del capital que tienen, y que lo saben colocar de modo que Hacienda lo mida del modo más favorable posible. A esas fortunas, el impuesto extraordinario les va a pasar rozando porque lo primero que harán será adecuar los valores de sus participaciones del modo más efectivo para evitar el impuesto. El valor contable de muchas empresas se va a desplomar este año.

Entendámonos. Esas fortunas, que son a las que debería ir dirigido el impuesto si de verdad fuera a por “los ricos”, son suficientemente grandes para defenderse de él. Tienen ingresos suficientes para pagar a especialistas cualificados, y criterio suficiente para usarlos. Sus inmuebles están a nombre de empresas, y los deprecian cada año con las amortizaciones. El valor de sus empresas e inversiones se “ajusta a mercado” con facilidad, en el grado más conveniente fiscalmente.

El último grupo son los profesionales como la ministra Montero, con un sueldo alto y capacidad de ahorro, que se han ido comprando cositas (una casa en la Moraleja, o en Galapagar) y metiendo dinero en fondos de inversión, hasta sumar 3 millones de euros. La mayoría tienen cultura económica, así que no votan populista.

A este colectivo de diputados, ministros y otros “ricos” de gama baja, el impuesto les va a escocer pero no podrán esquivarlo: no tienen los medios, y pueden pagarlo. Están bien sujetos por la maquinaria de control del Estado, que sabe lo que ganan y dónde lo tienen, y no pueden permitirse auténticas sofisticaciones.

En resumen, el supuesto impuesto extraordinario directo sobre el capital va a poner contra la pared a ahorradores y propietarios de bienes no rentables, confiscando algo que ya ha pagado impuestos y arruinando a más de uno. va a dañar el tejido productivo español, sangrando a millones de PYMES, ahogando puestos de trabajo y reduciendo competitividad. va a ser toreado fácilmente por las grandes fortunas. lo van a pagar los profesionales mejor pagados del país (esos por los que se pegan todos los países y ciudades, compitiendo para que vengan a vivir, producir y gastar, porque son esencialmente móviles).

El impuesto al patrimonio “de toda la vida” (porque ya existe) suele tener una cláusula de deducción o exención por la que los bienes “afectos a la actividad económica” no se incluyen, o se incluyen parcialmente. Eso evita que tengas que liquidar tu empresa para para pagar por tenerla, básicamente (o vender un piso que tengas alquilado). El sentido no es sólo proteger esa actividad económica sino mantener el sentido común: el Estado ya se está llevando, a través del IRPF, una parte de lo que se consigue con ese patrimonio. Si matas la gallina, te quedas sin huevos, y es mejor huevo diario que pechuga una vez.

Un impuesto sobre el patrimonio es buena idea cuando tiene fines sensatos, como prevenir la acumulación del capital en manos de unas pocas grandes fortunas. Como medio recaudatorio, salvo que tenga las exenciones que acabamos de comentar, es pegarse un tiro en el pie y atacar directamente a la parte más productiva de la clase media. Media-alta, de acuerdo… pero desde la perspectiva de los ricos, cualquiera que lo pague es un rico de medio pelo.

Un impuesto real a las grandes fortunas, que aspire a recaudar, tiene que ir orientado a las rentas del capital, no al patrimonio, y estar bien pensado. Tiene que tener otro umbral, otras exenciones. Tiene, en resumen, que ser muy distinto. Pero claro, ese colectivo, como ya hemos dicho, se defiende, y tiene los medios para hacer daño a los populistas donde les duele (los votos). En cambio, la clase media alta, la burguesía que le decían antes, es presa fácil.

Así que esta cacería contra los ricos se reduce a una campaña recaudatoria contra los que no pueden pagar, los que no queremos que paguen, los que no queremos que se vayan para no pagar, y los que se ríen del impuesto. Y encima, no parece que genere ni remotamente el dinero suficiente para cubrir los gastos de una Administración que no deja de crecer ni para tomar impulso.

Está hecha de tal modo que afecta a la oposición (aunque Duque, Calvo y Celaá probablemente también paguen) y les obliga a aparecer como enemigos de los pobres. Y ese, estimados lectores, es probablemente su único objetivo.”

MIGUEL CORNEJO

Las mentiras de la izquierda sobre Liz Truss: no cae por los impuestos sino por disparar el gasto

En contra de lo que sostiene la izquierda, la causa no es el impuesto a «los ricos», sino el aumento del gasto y de la deuda. Es decir, la misma situación que en España.

**La ex primera ministra británica, Liz Truss (EP)**

Por: EDUARDO SEGOVIA

La izquierda política y mediática lleva semanas alentando la teoría de que la caída de Liz Truss como primera ministra británica se debe al fracaso de su intento de bajar los impuestos a «los ricos». Nada más lejos de la realidad: la crisis financiera que ha vivido el Reino Unido ha estado provocada por la explosión del gasto público, mientras que la medida para las rentas altas tenía un impacto mínimo en las cuentas del país.

Para empezar, Truss no aprobó una bajada de impuestos para los tramos más altos de su Impuesto sobre la Renta, sino para todos los contribuyentes: en concreto, rebajó el tramo más bajo del 20% al 19%. Asimismo, anuló la subida anunciada de las cotizaciones sociales (un 1,25% este año y otro 1,25% el próximo) y la del Impuesto de Sociedades, que iba a pasar del 19% al 25%. Finalmente, pretendía reducir el tipo para el tramo más alto del IRPF -más de 150.000 libras anuales- del 45% al 40%, que es lo que retiró ante el rechazo social.

El impacto total de estas medidas se calculaba en unos 45.000 millones de libras, mientras que la medida retirada -la de las rentas altas- supondría entre 2.000 y 7.000 millones, según la fuente que se tome. En todo caso, no es un importe que asuste a los mercados.

«Los mercados no tiemblan por una bajada que afecta a entre 2.000 y 7.000 millones en un conjunto de casi 200.000 millones en medidas», señala un economista experto en la materia. Esa cantidad sale de sumar 150.000 en aumento del gasto público para combatir la escalada de la luz y los citados 45.000 en impuestos. Y es que Reino Unido ha anunciado el mayor paquete de ayudas de Europa para paliar el alto coste de la energía para sus ciudadanos y empresas.

Igual que España

Por tanto, la realidad es que la rebaja del tramo más alto del Impuesto de la Renta no es, ni mucho menos, la causa de la crisis financiera que provocó la intervención del Banco de Inglaterra comprando deuda pública en el mercado. Es la mezcla de estas rebajas impositivas y, sobre todo, un aumento desaforado del gasto público, que dejó sin credibilidad sus presupuestos. Es decir, algo muy parecido a lo que está pasando con Pedro Sánchez, con la diferencia de que aquí el aumento descontrolado del gasto no se destina a rebajar el recibo de la luz, sino al despilfarro y a las medidas para comprar votos del Gobierno.

Otro economista subraya que Reino Unido fue el segundo país tras España que más sufrió con la pandemia (su PIB cayó el 11%), aunque su crecimiento fue superior al nuestro en 2021, del 7,5%. Pero esta caída provocó un incremento de la deuda de 420.000 mill libras (el 19%), a lo que hay que sumar los 200.000 millones del paquete previsto entre más gasto y menos ingresos. Por tanto, los mercados no se creen el presupuesto presentado, que lo fía todo a un crecimiento del 2,5% en 2023 -como hace nuestro Gobierno con su previsión del 2,1%- y que no ha sido revisado por el organismo equivalente a nuestra Airef (OBR).

Si a esto se suma la inestabilidad política, «los mercados creen que puede ir directo a una crisis financiera», de ahí la inestabilidad en la libra y los bonos británicos. Pero, en contra de lo que sostiene la izquierda, la causa no es el impuesto a «los ricos», sino el aumento del gasto y de la deuda. Es decir, la misma situación que en España.

Lo que se está viniendo contra la democracia y nuestra libertad. Por Gusarapo

«Qué podíamos saber nosotros de lo que iba a venir. Qué podíamos saber nosotros de lo que es la vida, la democracia y nuestra libertad»

Ayer por la mañana me encontré en la calle con un conocido. Eran las ocho. La ciudad comenzaba a desesperezarse, el centro estaba vacío.

Este caballero, de oficio indefinido pues se dedica a muchas cosas y a ninguna, es muy inquieto y avispado. Se mueve mucho y factura mucho más. Compra, vende, intercede, invierte en aquello, sea lo que sea, en lo que vea la posibilidad de ganar un duro. Y le va mejor que bien.

Estaba enfurruñado y ofendido con nuestros convecinos por dormilones, perezosos y vagos. Con la mayoría de ellos. No comprende cómo es posible que la ciudad no esté en pleno funcionamiento desde el primer minuto de la mañana. Aunque habría que saber cual es esa primer hora, porque para cada uno será una, evidentemente.

Y por otra parte, habría que tener en cuenta que la mayoría de los negocios que hasta hace poco había en la zona en la que nos encontrábamos, han cerrado, por lo que difícilmente puede haber alguien abriendo, entrando, saliendo, entregando, recogiendo, o simplemente barriendo el trozo de acera que hay delante de cada una de sus puertas.

Una costumbre ésta, la de barrer delante de la puerta, que además de limpiar pretendía expulsar la mala suerte del hogar o negocio, a decir de otro conocido mío, experto en conocimientos inútiles.

Hay una expresión francesa, «balayer devant sa porte«, barrer delante du la propia puerta, que parece ser que nuestros vecinos del Norte utilizan cuando alguien lejos de reconocer y corregir sus propias faltas, pretende dar consejos, lecciones, o corregir las faltas o errores de los demás. Más o menos como nuestro «ver la paja en el ojo ajeno, y no ver la viga en el nuestro«.

Estuvimos conversando unos minutos sobre algunas noticias de la actualidad, o más bien debería decir que me estuvo poniendo al tanto de ciertas cosas que me he perdido durante los últimos dos meses por mi forzoso retiro campestre estival.

La mayoría de los temas de los que me informó eran cuestiones relativas a las ocurrencias -malas o pésimas- de los políticos, nuestros muy amados políticos, esos que nos malgobiernan desde todas las posiciones, ya sean locales, autonómicas, nacionales y de cualquier signo, porque hay que ver las ideas peregrinas de la mayoría de ellos, y que casi siempre, en casi todos los casos, suponen un coste para el ciudadano contribuyente.

Me informó del estudio y recuperación de vías pecuarias y la aprobación de la primera partida económica para su ejecución. Los mismos que durante decenios han hecho caso omiso a veredas y cordeles, o incluso han permitido su usurpacion o destrucción, ahora se muestran defensores y recuperadores de su uso, aunque no para el ganado, porque ya se ocuparon durante esos mismos decenios de constreñir y acabar con la conducción del ganado por esas mismas vías y con la trashumancia y con muchos ganaderos, sino para su disfrute por paseantes humanos.

Tal vez estén acertados en este asunto, los políticos, viendo que el español medio se ha convertido en oveja y la sociedad en un gran rebaño o piara. Por aquí usamos piara más que rebaño.

Hay quien utiliza piara para referirse a los cerdos, y en muchos casos también sería buena elección para el caso, porque hay que ver el rastro que van dejando muchos de esos paseantes de fin de semana allí por donde pasan. Aunque tal vez no sea culpa de ellos sino de la inexistencia de una adecuada red de papeleras en los caminos rurales.

También me informó de la conversión de los trabajadores de la prevención y extinción de incendios forestales de fijos discontinuos a fijos continuos, con la correspondiente duplicación de presupuesto.

Antes había menos incendios y más ganaderos y ganado, y leñadores, y resineros, y recolectores de piñas, y no costaba dinero. Qué confundidos estábamos.

Después hablamos de las bajadas y subidas de impuestos. Y de la serie. Es decir, de obscenidades, y como no quisiera ofender a nadie con pornografía y obscenidades, me guardo mi opinión sobre este asunto.

Luego comentamos sobre las aproximadamente cincuenta mil vacas que dicen que se han sacrificado de más durante lo que va de año. Puede que sean más o que sean menos, pero en cualquier caso es una salvajada.

Todo sea por el aire limpio y la naturaleza. Y la democracia y la libertad europeas. Porque hay un anuncio de la UE que informa de lo bueno que resulta para la democracia y la libertad la eliminación de las emisiones de CO2. Del bolsillo de los europeos no dice nada dicho anuncio. Será porque los bolsillos llenos también perjudican a la democracia y a la libertad. Seguro que es así y por eso nos fríen a impuestos y tasas y nos quieren ver sin nada, hasta sin camisa.

A quienes avisamos de carestias y desabastecimientos de materias primas y alimentos, nos dedicaron lindezas y palabras que para algunos no resultaron muy agradables, y ni había pandemia ni guerra en Ucrania, pero qué podíamos saber nosotros de lo que iba a venir. Qué podíamos saber nosotros de lo que es la vida, la democracia y la libertad.

Porque esa es otra, lo que se está viniendo contra la democracia y nuestra libertad.

FUENTE: La Paseata.

Quien suba los impuestos, ese es el canalla. / Whoever raises the taxes, that is the scoundrel.

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«EN EL CAMINO QUE CREÍAMOS DE DIRECCIÓN ÚNICA APARECE UNA BIFURCACIÓN INESPERADA. EL BUEN GOBERNANTE SABE VERLO, TIENE LA SABIDURÍA Y EL CORAJE PARA TOMAR LA DESVIACIÓN OPORTUNA. EL MALO SUELE SEGUIR DE FRENTE. COMO EN EL REFRÁN DEL TONTO Y LA LINDE QUE SE ACABA, CONTINÚA ANDANDO UN CAMINO QUE YA NO EXISTE HASTA PERDERSE»

Por Javier Benegas para DISIDENTIA

Durante la campaña electoral de 2011, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, incluía entre sus promesas una bajada de impuestos destinada a aliviar la presión que en plena Gran recesión asfixiaba a familias, emprendedores, empresas y capitales. La idea era estimular la economía para invertir la tendencia de un PIB en caída libre y domeñar la tasa de desempleo que alcanzaba prácticamente el 23 por ciento (22,9). Esta medida, junto a la promesa de reformar en profundidad el modelo administrativo, sedujo a millones de votantes angustiados por la insólita profundidad de la crisis.

Así, el domingo 20 de noviembre de 2011 los electores otorgaron al Partido Popular una mayoría absoluta. Sin embargo, tan sólo un mes más tarde el nuevo gobierno del PP, a través de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció una subida «temporal» de impuestos de carácter «equitativo» para recaudar 6.000 millones de euros más en 2012. Esta subida se reflejó en un aumento del IRPF y del IBI. Rajoy admitió que no figuraba en el programa electoral del PP, pero que había tenido que tomar esta decisión porque “no quedaba otra alternativa”, y que lo único que pretendía era “favorecer el crecimiento económico y el empleo”. Durante la campaña electoral había asegurado que esos objetivos se lograrían mediante la bajada de impuestos y la racionalización del gasto. Apenas un mes después argumentaba lo contrario.

Esta no sería la única vez que Rajoy subiría los impuestos. Nueve meses más tarde, concretamente el 1 de septiembre de 2012, hacía efectiva la subida del IVA, cuyo tipo general pasó del 18 por ciento al 21; y el reducido, del 8 por ciento al 10. Después, en 2017, aplicó otra subida que elevó la factura fiscal en 7.500 millones de euros adicionales. En esa ocasión, el esfuerzo se endosó mayoritariamente a las empresas mediante el aumento de Impuesto de Sociedades y el “destope” de las bases máximas de cotización. Preguntado sobre cómo se tomarían las subidas de impuestos los electores, Cristóbal Montoro, con su proverbial cinismo, respondió: «No hubo ninguna promesa electoral que dijera que íbamos a bajar los impuestos, porque no podía haberla».

Es cierto que cuando Mariano Rajoy obtuvo la mayoría absoluta, España se encontraba al borde del abismo. Pero son precisamente las grandes crisis, con sus potentes shocks, las que abren una ventana de oportunidad para acometer cambios críticos y necesarios. La única condición para salir airoso es actuar muy rápido. En los momentos de conmoción y angustia, la opinión pública se siente apremiada y suele dar manga ancha, “hagan lo que sea preciso, pero arréglenlo”. De esta forma, en el camino que creíamos de dirección única aparece una bifurcación inesperada. El buen gobernante sabe verlo, tiene la sabiduría y el coraje para tomar la desviación oportuna. El malo suele seguir de frente. Como en el refrán del tonto y la linde que se acaba, continúa andando un camino que ya no existe hasta perderse.

Sea como fuere, las sucesivas subidas de impuestos de Rajoy se tradujeron en un aumento agónico de la recaudación que, finalmente, llevaron al ejercicio de 2017 a las puertas de batir el récord absoluto de ingresos fiscales logrado en 2007, cuando el boom inmobiliario estaba en su momento más álgido. Pero también lastraron fatalmente la economía, impidiendo que a largo plazo la recaudación pudiera seguir creciendo, y prolongaron la crisis innecesariamente durante años. Alemania necesitaría apenas dos años para superarla, España prácticamente ocho, aunque en realidad nunca terminó de superarla. Para colmo, de una deuda pública per cápita de 9.511 euros en 2008 pasamos a 25.241 en 2019.

Expresado de forma gráfica, las sucesivas subidas de impuestos contribuyeron a convertir la recuperación económica en una larga y mortificante montaña rusa de la que, en realidad, nunca nos bajamos. Para comprobarlo, basta una breve cronología. La mayor caída del PIB de la Gran recesión tuvo lugar en 2009, con un -3,8 por ciento. Esta cifra se redujo muy significativamente en los ejercicios de 2010 y 2011, que arrojaron respectivamente un resultado positivo de 0,2 y otro negativo de -0,8. Combinadas ambas cifras, el retroceso fue de apenas el 0,6 por ciento, lo que podría indicar que lo peor de la crisis había pasado. Sin embargo, en 2012, año en que se aplican las drásticas subidas del IRPF, IB e IVA, el PIB se contraería súbitamente un 3 por ciento.

Se podría pensar que fue una casualidad o una maldad de los dioses, que se la tenían jurada a Rajoy… pero a la subida de impuestos de 2016 también le sucedió casualmente un enfriamiento de la economía. Demasiadas casualidades juntas.

En efecto, si bien en 2015 parecía consolidarse el regreso a la senda de un fuerte crecimiento con un incremento del PIB del 3,8 por ciento, esta tendencia perdería impulso coincidiendo con la nueva subida de impuestos. El PIB cayó al 2,9 por ciento en 2017 (año en que se rozó el récord de recaudación), al 2,4 por ciento en 2018 y al 2 por ciento en 2019.

Se puede argumentar que esta tendencia estaba también condicionada por la economía global. El viento, que había soplado favorable —precio del petróleo contenido, inversión internacional creciente, aumento histórico de las exportaciones, turismo en cifras récord…—, habría empezado a virar. Pero aun siendo así, lo que quedaría al descubierto es que España es un país con una economía sospechosamente vulnerable. Con el viento radicalmente a favor, crece de forma inconsistente y errática, y su tasa de desempleo se mantiene anormalmente alta también cuando el PIB crece con fuerza.

Sin embargo, cada vez que los políticos proyectan nuevas subidas de impuestos, ignoran deliberadamente estas “misteriosas” anomalías. Aplican a la economía española el rasero propio de economías de países mucho más ricos y solventes. Así, de cara a una más que probable nueva subida de impuestos, el argumento es que seguimos estando muy lejos de la media europea en recaudación, que es del 46,3 por ciento del PIB. Por lo tanto, nuestra brecha de ingresos es del 7,4 por ciento del PIB, porcentaje que traducido a cifras absolutas vendría a suponer alrededor de 80.000 millones de euros anuales.

Esta cantidad, dicen algunos expertos, permitiría reducir todo el déficit público y financiar el aumento del gasto en pensiones por la jubilación de la generación del ‘baby boom’, aunque se revalorizasen con el IPC y se eliminase el factor de sostenibilidad… Pero es la cuenta de la vieja, porque si algo han demostrado nuestros políticos es que todo aumento de ingresos se traduce automáticamente en un aumento del gasto. En los partidos con opciones de poder prima la compra de votos y voluntades por encima de la previsión y el ahorro. Por eso, incluso el ejercicio de 2017, que a punto estuvo de batir todos los récords de recaudación, se cerró con un déficit de 35.138 millones de euros.

Afirmar que, según el PIB, la presión fiscal en España es inferior en un 7 por ciento que, por ejemplo, en Alemania, implica ignorar deliberadamente la diferencia real que existe entre economías. Esta diferencia donde se aprecia con claridad es en el PIB per cápita, que en Alemania fue de 41.350 euros en 2019, mientras que en España fue de 26.440 euros; también en el salario medio, que en Alemania fue de 52.185 euros al año (4.349 euros al mes si hacemos el cálculo suponiendo 12 pagas anuales), mientras que en España se quedó en 27.537 euros (2.295 euros al mes); o también en la tasa de desempleo, que en Alemania fue del 3,3 por ciento, mientras que en España fue del 13,7 por ciento. Desde esta perspectiva, mucho más realista y bastante menos interesada, el esfuerzo fiscal sería proporcionalmente mayor en España que en Alemania, puesto que los contribuyentes españoles son bastante menos ricos que los alemanes.

Los impuestos los pagan los contribuyentes y las empresas con lo que realmente ganan, no con los datos agregados del PIB. Para que los políticos españoles recauden los mismo que sus homólogos alemanes, primero deben dejar de colocar el carro delante de los bueyes; es decir, primero tendrá que converger nuestro nivel de renta con Europa, y después, en todo caso, el nivel de recaudación relativo en términos de PIB. Esta es la gran verdad de la fiscalidad española, y también el gran fraude político, que, a lo que parece, todos los partidos se empeñan en ocultar a la opinión pública.

Con los datos en la mano, afirmar que la crisis fiscal española se debe a que los fontaneros, con nuestra complicidad, se ahorran el IVA de las facturas, es una recurrente tontería. Necesitaríamos un ejército de cientos de miles de fontaneros, todos completamente defraudadores, trabajando a destajo, día y noche, para justificar el catastrófico desfase de las cuentas públicas (deuda pública 1.234.693,96 millones de euros en abril de 2020).

En cuanto a la mitificada economía sumergida, conviene señalar que ésta suele ser el vivero de la economía formal, y que el ritmo de transición de una a otra es proporcional a las barreras de entrada que los legisladores coloquen en el proceso. Por lo tanto, que en España la economía sumergida sea anormalmente grande se debe en buena medida a que estas barreras no se ajustan a la realidad de los ingresos de demasiados potenciales contribuyentes.

Pretender que trabajadores por cuenta propia que ingresan poco más de 1.000 euros mensuales, se retengan cada mes entre el 10 y el 20 por ciento de sus ingresos y que además abonen 286 euros mensuales a la Seguridad Social, es irreal, completamente irreal. Lo mismo cabría decir de millones de asalariados que apenas llegan a mileuristas, y a quienes las administraciones les sustraen sin que se enteren, en concepto de retenciones y cotizaciones, una buena parte de su nómina bruta.

Es habitual denunciar que los empresarios explotan a los trabajadores, pero diríase que en España el peor patrón, el más esclavista es el Estado. Un Estado que, capturado por partidos devenidos en bandas, está alcanzando cotas de una crueldad inaudita. Sólo así se explica que ante una contracción de la economía sin precedentes, como la que se avecina, se vaya a optar una vez más por subir los impuestos. Hay que ser muy ignorante o muy malvado, o ambas cosas.

Los grandes países europeos están optando por afrontar lo que ha de venir con bajadas de impuestos, incluso Italia, con sus cuentas públicas en situación crítica, o Portugal, con un gobierno socialista. Estimular la economía de forma audaz y decidida es la forma más segura de evitar la quiebra. Subir los impuestos es, por el contrario, una manera ruin de salvar los muebles en el corto plazo —sobre todo, los muebles de las intocables administraciones públicas, los partidos y las redes clientelares— pero sus consecuencias a largo son desastrosas.

Lamentablemente, el gobierno socialista parece determinado a cometer los mismos errores, pero añadiendo nuevas dosis de incompetencia y sectarismo, y esta vez en una crisis cuya profundidad no tiene precedentes. Una bomba de relojería.

Querido lector, no se equivoque, esto no es ideología: es supervivencia. Quien suba los impuestos, ése es el canalla.

Los comunistas preparan la mayor subida fiscal de la historia con la excusa del coronavirus

La «tasa covid» solo es la punta del iceberg. Unidas Podemos pretende subir el IRPF, Sucesiones, Sociedades e incluso gravar los depósitos.

pablo-iglesias-garzon-elecciones-andaluzas-2018 — *Pablo Iglesias (Izq.) y Alberto Garzón* / EFE

Ahora que la crisis sanitaria amaina, tal y como evidencia el gradual desconfinamiento que acaba de anunciar el Gobierno, la crisis económica empieza a mostrar sus primeros efectos. La histórica caída del PIB y la intensa destrucción de empleo que registrará España en 2020 se traducirán también en un amento sustancial del déficit y la deuda pública. ¿Quién pagará, por tanto, la ingente factura presupuestaria del coronavirus?

En líneas generales, existen tres vías para tratar de reequilibrar las cuentas públicas, que, además, se pueden combinar en mayor o menor grado: austeridad (recortes de gasto público), reformas estructurales (para impulsar el crecimiento) o subidas de impuestos.

Podemos, el socio de gobierno de Pedro Sánchez, opta abiertamente por esta última y pretende aprovechar la crisis del coronavirus para imponer su programa fiscal en España. El líder de los comunistas y vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ya avanzó el pasado lunes su intención de implantar un nuevo impuesto para los ricos que, no por casualidad, lleva el nombre de «tasa covid». En realidad, no es más que el gravamen adicional sobre la riqueza que defiende Podemos desde su nacimiento como partido, allá por 2014, solo que ahora lo revisten con la excusa de la pandemia.

La cuestión, sin embargo, es que no se trata de una simple idea peregrina, sino que esta primera propuesta forma parte de un programa fiscal mucho más ambicioso que, en caso de aprobarse, supondrá, de lejos, la mayor subida de impuestos de la historia de España. De hecho, Izquierda Unida ya está trabajando en un documento específico, que, a priori, verá la luz a finales de este mes, a fin de ser debatido en la coalición que conforman con Podemos.

La elaboración de este particular «Plan de Reconstrucción«, que lleva por título «Horizonte País«, fue aprobada en la reunión de la Coordinadora Federal de IU que tuvo lugar el pasado 18 de abril, y, entre otras materias, destina un apartado específico a la fiscalidad, cuyos principales objetivos son, por un lado, subir el IRPF, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Sociedades, el Impuesto a los Depósitos y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); y, por otro, crear nuevas figuras, tales como la «tasa Covid» de Iglesias, un gravamen a las Transacciones Financieras o más impuestos verdes.

Aunque los detalles todavía se desconocen, todas estas medidas están recogidas en los respectivos programas electorales de IU y Podemos. La única diferencia es que, hasta ahora, habían sido aparcadas debido al rechazo inicial del PSOE, pero la crisis del coronavirus abre una nueva ventana de oportunidad para exigir su puesta en marcha en el seno del Gobierno.

A la espera de los cambios concretos que incorpore dicho «Plan de Reconstrucción», el grueso del programa fiscal que defendían IU y Podemos de cara a la presente legislatura se resume en los siguientes puntos:

Subir el IRPF a las rentas de más de 100.000 euros anuales, con un tipo marginal del 47%, que llegaría hasta el 55% para las de más de 300.000 euros.
Que las rentas del capital tributen en la misma base que las del trabajo, incluyendo las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a seis en el caso de inmuebles).
Eliminar las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones, cuyo límite actual se sitúa en 8.000 euros al año por contribuyente.
Crear un Impuesto sobre la Riqueza (ahora «tasa covid») sobre patrimonios de más de 1 millón de euros, con el fin de recaudar el 1% del PIB (más de 10.000 millones de euros). Tendría un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravaría con un 2% los patrimonios de más de 1 millón, con un 2,5% los de más de 10, con un 3% los superiores a 50 y con un 3,5% los de más de 100 millones. Sustituiría al Impuesto de Patrimonio.
Elevar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, armonizándolo a escala estatal a partir de un mínimo de tributación para evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas.
Establecer un tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades para las bases imponibles superiores al millón de euros, introduciendo, además, un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable.
Aplicar un Impuesto sobre los Depósitos con un gravamen mínimo del 0,2%, con la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer recargos adicionales.
Crear un recargo específico en el IBI para viviendas desocupadas.
Y aprobar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras para gravar con un 0,3% la compra de acciones y derivados, quedando exenta la adquisición de deuda pública.

FUENTE: LIBRE MERCADO

El PSOE quiere que el Impuesto de Sucesiones suba y sea idéntico en todas las comunidades / The PSOE wants the Inheritance Tax to rise and be identical in all communities

montero-junta-hacienda-655x368-1 — **La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su etapa en la Junta de Andalucía. / Foto: Junta de Andalucía**

El PSOE quiere subir todos los impuestos de las Comunidades Autónomas del PP hasta igualarlos a los suyos. Se ha hablado de la creación de un suelo mínimo exigible en toda España para el impuesto de las herencias –Sucesiones– o de las donaciones. Pero lo cierto es que el PSOE quiere ir más allá. Busca la igualación de los tipos tributarios de todos los impuestos regionales en España, algo que llevaría a subir el impuesto a los muertos, el de la Donaciones, el Actos Jurídicos Documentados o el de Transmisiones Patrimoniales en todas las autonomías del PP que los han bajado.

El PSOE ha analizado este punto a la hora de debatir sobre los fondos que deben ser destinados a cada región. Y lo hace afirmando que “el alcance del concepto de esfuerzo fiscal similar en todos los territorios” debe ser “entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales”. Traducido: que a la hora de remitir fondos a las comunidades se asignarán menos recursos a aquellos territorios que fijen los tipos de impositivos de sus tributos autonómicos por debajo del de otras regiones o de los establecidos en las normas base.

De este modo, si una autonomía rebaja esos tipos fiscales deberá saber que, en caso de ganar recaudación por haber generado más actividad económica o haber atraído más riqueza, no le servirá para nada: porque se le asignarán desde el Estado menos fondos procedentes de la bolsa de impuestos nacionales.

Castigo a las bajadas de impuestos

El esquema se convierte en una mecánica de castigo a las regiones que quieran bajar impuestos. Algo que pretende llevar a una igualación de los tipos fiscales en un catálogo de impuestos que afecta desde las herencias, hasta las donaciones o las meras compraventas de viviendas.

La medida completa el deseo ya confirmado de la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de subir el Impuesto a las Herencias en Madrid y en las Comunidades Autónomas donde exista una menor carga impositiva, como Canarias o Murcia.

Montero, recién aterrizada en el Fisco, fue consejera durante la etapa de los ERE y se convirtió en la máxima defensora de subidas de impuestos a las Donaciones y Sucesiones. Pero, además, de subirlos en el resto de las comunidades autónomas que han optado, como Madrid, por bajarlos o incluso, casi, eliminarlos para colectivos como los hijos o los hermanos.
Montero se hizo cargo en 2013 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Y ha sido desde ese momento en el que su protagonismo ha cogido fuerza en la exigencia de que comunidades autónomas como Madrid eliminasen la bonificación en el Impuesto de Sucesiones.

Montero ha liderado, así, las negociaciones –ahora interrumpidas– del nuevo sistema de financiación autonómica. Donde no se ha planteado ni una sola medida de rebaja de impuestos, pero sí de creación de un tipo y pago mínimo obligatorio en estos impuestos para impedir lo que ella califica como una competencia desleal de las comunidades autónomas que bajan impuestos.

La nueva ministra de Hacienda pilotará la aplicación práctica del plan del PSOE, que incluye una subida masiva de impuestos en IRPF, Sociedades, Ahorro y Herencias, según recoge el documento inicialmente adoptado por Sánchez y realizado por Manuel Escudero. El proyecto está previsto para alcanzarlo en una legislatura entera: cuatro años. Y el impacto puede ser de más 7.000 millones por año.

El PSOE sabe que sin esas subidas no podrá soportar la escalada de gasto público que ha prometido a diversos colectivos sociales y a partidos como Podemos y ERC para obtener su apoyo a la moción de censura.

CARLOS CUESTA

RAMROCK'S BLOG

‘No es magia, son tus impuestos’