
No me sorprendería que los mismos que están maquinando la distorsión del lenguaje en la actualidad, y con ello el desbarajuste global, sean la reencarnación de los arrogantes espíritus que causaron la debacle en la torre de Babel.
La inclusividad y el mito
Lo de la confusión del lenguaje, en el caso de Babel, suena más bien a una terrible insolación en medio de un conflicto laboral con inmigrantes, que no hablaban el idioma de la región de Senaar, donde construían la torre.
En ese momento, cada cual resolvió declararse en paro y regresar al lugar de donde había venido. La torre, que pretendía ser un templo muy alto, solo llegó a los siete pisos y la única explicación que se le ocurrió al capataz, se le transmitió al rey: los albañiles enloquecieron y empezaron a hablar en otras leguas. Aquella excusa, la misma que se le dio al pueblo, terminó por convertirse, primero en leyenda y luego en mito.
La biblia nos cuenta, por ejemplo, de cómo Yahvé, en un acto divino, confundió lingüísticamente a los que pretendían construir un edificio tan alto que llegara al cielo y de paso sirviera de refugio, en caso de diluvio. Según la versión sagrada, los constructores empezaron a hablar sin ton ni son. No se sabe si el rey, que financiaba la obra, también hablaba otra lengua a la hora de pagar. Como quiera que sea, el historiador persa, Al-Tabari (839-923 A.D.) cuenta que del babélico revolú se originaron 72 idiomas.
Las fuentes judías definen la de Babel, como “la generación de la secesión”, altiva, anárquica, autodestructiva, cuyos seres no reconocían ni respetaban su puesto y querían disputárselo al Creador. En otras tradiciones, metafísicamente hablando, los de Babel son, desde entonces, espíritus perdidos, confundidos. Como los ángeles caídos, son criaturas rebeldes; almas cuyo único objetivo es reencarnar para sembrar el caos.
¿Lenguaje incluyente o divisivo?
Pero volviendo al mundo actual, los internautas conocen el video viralizado hace ya un tiempo, en donde una persona que se identifica con el género no binario, rompe a llorar en plena clase en línea porque un estudiante le llama “compañera” en lugar de “compañere”.
El video volvió a circular recientemente, tras la entrevista de Univisión, en la que Jorge Ramos, interroga al Premio Nobel de Literatura y miembro de la Real Academia de la Lengua Española, Mario Vargas Llosa, sobre los pronombres inclusivos. El escritor no pudo contener la risa ante la posibilidad de que se utilice “todes” en lugar de “todos”, cuando se hable de hombres y mujeres juntos.
Ya lo había dicho en otra entrevista en 2016, que el lenguaje se concibe de forma natural y que hay reglas en su uso que se deben respetar y por tanto no se puede distorsionar para satisfacer una ideología.
“El uso de la letra e como supuesta marca de género, _explicó entonces el intelectual_, es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos”.
Ramos preguntó al Nobel sobre si esta postura no era machista, pues en principio, el feminismo es uno de los elementos para proponer su uso. “Si hay más mujeres que hombres debería de ser ‘nosotras’ en lugar de ‘nosotros’, formuló el periodista.
“Yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres. Pero desnaturalizar el lenguaje porque se considera machista, es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar. La lengua se va renovando, adaptando, y no se la puede forzar sin provocar traumas lingüísticos”.
Piruetas lingüísticas
“Un individuo que tiene una limitación en el lenguaje por su falta de educación y de cultura, que pretenda cambiarlo, es el colmo de la ignorancia y la arrogancia”, apunta el escritor español Arturo Pérez Reverte y agrega que “las piruetas lingüísticas son innecesarias”.
Miembro, como Vargas Llosa, de la RAE, Pérez Reverte observa que “cuando el ser humano empieza a perder habilidades mentales, lo primero que sufre es la memoria y el lenguaje”. Y se refiere al lenguaje incluyente como a “un disparate lingüístico vinculado a la política, al feminismo radical, a la incultura y a la política demagógicamente correcta”.
Pérez R. critica “a las autoridades locales que imponen idioteces que violentan el sentido común y acosan a las personas por querer ejercer su derecho a hablar y escribir con propiedad la lengua española”.
La respuesta de la izquierda ante estos argumentos, se reduce a acciones injustas o violentas como las del dictador Daniel Ortega que ordenó en junio de este año, la disolución de la RAE en Nicaragua, por considerarla un “agente extranjero”. De paso cerró otras 82 agencias de tipo social y cultural que no se acomodaban a su ideología marxista.
La politización del lenguaje
Pero, como dice la filósofa y feminista estadounidense, Camille Paglia, la cultura y el lenguaje es de todos y para todos. No existe el derecho a deformarlo para hacerlo más inclusivo. Solo la literatura puede hacerlo más personal. “¡Contribuya al lenguaje, escriba un poema, escriba un libro, en lugar de destruirlo!” aconseja a los promotores del lenguaje incluyente a quienes considera, además, “agitadores políticos” que están invadiendo la privacidad y la libertad de pensamiento y de expresión.
El idioma es un legado, creado por intelectuales y artistas serios y dedicados, que han contribuido a la literatura y a la cultura, señala Paglia al tiempo que cuestiona: “¿Cómo se atreven los maniáticos a dictar como debemos hablar o como debemos usar los pronombres?” La escritora aplaude, al tiempo que apoya, la decisión de maestros y académicos que rehúsan, el uso en las aulas, de los pronombres propuestos por los activistas del género.
El escritor y profesor colombiano Alister Ramírez Márquez, miembro de la RAE en Estados Unidos, afirma que el movimiento para cambiar los pronombres y hacerlos inclusivos, ha creado una gran confusión en todas las esferas. Por otra parte, el academista no cree en el uso arbitrario de los pronombres ni en que la lengua se adapte a la imposición de un grupo élite académico. Ramírez considera más importante “eliminar los prejuicios raciales, culturales y de género antes que dictar nuevas reglas a la lengua”.
Misión del lenguaje
Como ocurre en el mundo del arte, los ideólogos y activistas radicales recurren a la manipulación del lenguaje como una forma incongruente de desestabilizar la sociedad. Esa táctica, añadida al desadaptado social, que solo encuentra satisfacción en la protesta y el desorden, tiene como efecto, solo el caos. Lo paradójico es que, al tiempo que, en su hostilidad, exigen respeto e inclusión, ellos mismos son ofensivos y divisivos. La hipocresía de sus acciones es muy obvia. El lenguaje inclusivo es otra forma de separar, dividir, segregar. Una cosa es la libertad de expresión en los reclamos de justicia social, pero otra, la conveniente distorsión del lenguaje y la cultura.
Aparte de ser libre, el lenguaje es orgánico, es una función viva que crece y muta con el ser humano. Es una evolución lenta, gradual, que se adapta al ritmo de la transformación social. Bien empleado, el lenguaje une porque mejora la comunicación. Forzar sus funciones para lograr objetivos políticos es mera falta de imaginación en las desesperadas provocaciones.
Gloria Chávez Vásquez escritora, periodista y educadora reside en Estados Unidos.













Para comprender cómo se lucran todas estas entidades, es necesario entender que se trata de un circuito de retroalimentación, donde se encuentran las denuncias por violencia de género, los presupuestos y subvenciones y la financiación con los Fondos Europeos. Cuantas más denuncias, más ayudas, más financiación; y cuantas más ayudas, más se incentivan las denuncias.
Las denuncias falsas existen
Hasta la década de los 90 se producían en España en torno a 15.000-20.000 denuncias al año por violencia de hombres a mujeres en el ámbito de la pareja. Posteriormente, hasta principios de este milenio, se registraron unas 70.000 denuncias anuales. Y a partir del 2005, con la implantación de la ley, las denuncias ascienden a 126.000 al año, cifra que continúa aumentando (en 2017 ya 166.000). El primer salto se explica porque, en 1999, comienza a contemplarse el maltrato psicológico como delito y, además, el delito de violencia contra la mujer se extiende a los casos entre ex parejas. Eso explica que se incremente sustancialmente el número de denuncias.
Pero el segundo salto no se debe a una recalificación de los actos delictivos, sino a la “Ley contra la Violencia de Género”, que introduce el concepto de discriminación positiva, vulnerando así, de forma evidente, la igualdad ante la ley. Se empiezan a aplicar penas diferentes en función de si el hecho lo comete un hombre o una mujer. Incluso, determinados actos constituyen delito si son cometidos por un hombre… pero no si los comete una mujer. También se suprime la presunción de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba: el hombre denunciado es culpable hasta que no demuestre su inocencia. Y, además, esta ley concede sustanciosas ayudas económicas y ventajas jurídicas a las mujeres que denuncian, incluso antes de que se dicte sentencia.
No sólo eso, se crea una jurisdicción específica para la violencia de género, unos Tribunales de Excepción, inconstitucionales pues están expresamente prohibidos por la Constitución Española de 1978, en los que solamente se juzga a hombres. A este proceso discriminatorio se le añade otro más perverso: se crean fuertes incentivos para que la mujer acuse a su esposo de malos tratos en los procesos de separación conyugal. Hasta el punto que surgen abogados especializados en ello, que introducen estas acusaciones como elemento de presión en la negociación del divorcio.
Pero, ¿qué impulsa a una mujer a recurrir a estas más que dudosas prácticas de denuncia indebida? Muy sencillo: con una denuncia por malos tratos se agiliza el proceso de separación. Para empezar, el expediente de separación pasa de ser un trámite civil (Juzgado de Familia) a uno penal (Juzgado de Violencia de Género). Además, sin que el esposo haya sido juzgado, se aplican medidas cautelares desproporcionadas, como una orden de alejamiento.
Pero aquí no termina el despliegue de incentivos. La mujer que ha denunciado obtiene, en pocos días, la custodia total de los hijos, una pensión alimenticia y el derecho exclusivo al uso de la vivienda. Y, aunque la mujer disponga de medios económicos sobrados, puede beneficiarse de los servicios gratuitos de un abogado a cargo de la Administración. Infinidad de beneficios para la mujer; al hombre, por el contrario, se le despoja de todo sin haber sido ni siquiera juzgado.
Las denuncias falsas apenas se investigan
Mientras esta práctica inmoral está a la orden del día, los medios de comunicación insisten en afirmar que sólo el 0.0075% de las denuncias son falsas. Su fuente proviene de la Fiscalía General del Estado pero lo que dice esta fiscalía realmente no es que sólo exista este porcentaje de denuncias falsas sino que solo ha investigado y comprobado como falsas ese número. Existen muchas más que quedan impunes. Pero ¿por qué no se investigan?
Los procesos legales son complejos; si el juez no aprecia delito de violencia de género se debe a que o no existió o bien no se encuentran indicios o pruebas. La mayoría de las veces no se sabe si se debe a una razón u otra y por ello se procede a archivar y a absolver al hombre denunciado. Del más de millón de denuncias interpuestas desde la ley, la tasa de delitos inexistentes, archivados o sobreseídos es del 80% respecto a los hombres enjuiciados, según los datos del CGPJ. Exactamente ahí, en esas sentencias es donde se ocultan las denuncias falsas.
Ahora bien, si el juez tiene claro que no hay pruebas porque no hay delito de malos tratos y sospecha que la denunciante lo sabía, entonces se puede abrir un nuevo proceso por denuncia falsa. Pero este nuevo procedimiento discurre de igual modo: si no hay pruebas de denuncia falsa, el caso se archiva. Al contrario, si hay pruebas de ello y se condena, la pena máxima para esa mujer es de 2 años de prisión pero, sin antecedentes, la pena queda en suspenso. Por tanto, para una mujer, el riesgo de denunciar falsamente a su esposo es mínimo, casi inexistente.
Resumiendo, ese famoso 0,0075% hace referencia solamente a los casos en los que se abrió un proceso penal contra la mujer, se acusó, juzgó y condenó, confirmando la Audiencia Provincial la sentencia. Cabe preguntarse por qué la Fiscalía no actúa de oficio ante un falso testimonio. Lo cierto es que sólo actúa en casos muy flagrantes y, además, resulta que denunciar sin pruebas no es un delito. Pero, sobre todo, lo fundamental aquí es que la Fiscalía no es independiente: trabaja para el Gobierno, para el Poder Político.
Existen incentivos cuantiosos para incitar la denuncia falsa
Todo el edificio económico de subvenciones pivota en un hecho jurídico, las denuncias. A través de la ley se establecen unos criterios para el reparto de los Fondos Europeos. Una tercera parte de los fondos atiende a criterios vinculados con valores demográficos. Las otras dos terceras partes atiende al número de mujeres asesinadas, al número de mujeres que se declaran maltratadas y al número de denuncias interpuestas. Así, a mayor número de denuncias más dinero procedente del Fondo Social Europeo se reparte al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Qué mejor forma de obtener fondos que por medio de las denuncias. Pero, para ello, tuvieron que modificar el Código Penal y violentar los principios de igualdad ante la ley, causalidad y presunción de inocencia. Así se amparan situaciones esperpénticas como un hombre que fue condenado por soltar una ventosidad durante una discusión con su pareja. Incorporándose este hecho en el largo catálogo de acciones punibles por las que los hombres pueden ser denunciados. En palabras de Soledad Murillo de la Vega“cuando hicimos la ley se nos planteaba el dilema entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas”. Suena a naufragio: “primero las mujeres y los niños”.
A las motivaciones para denunciar se suma la llamada Renta Activa de Inserción (RAI),una ayuda que, como otras, se concede a la mujer por la mera denuncia, sin que exista base legal base legal constitutiva de la existencia de maltrato. Así se explica que, a pesar del descenso de número de hombres condenados, haya aumentado el número de mujeres perceptoras de los pagos de la RAI: 10.913 hombres condenados frente a 31.555 mujeres perceptoras de la RAI en 2015.
A este sistema de percepción de fondos se le suman las múltiples subvenciones que conceden las Administraciones Públicas. Hace poco Absolutexe, el Grifo de Twitter, documentó más de 93 millones de euros concedidos, en más de 9.000 subvenciones aprobadas desde el año 2014. Partiendo de los términos “mujer” y “convocatoria” hizo toda una aproximación. Así aparecen entidades como la Fundación Mujeres, la Asociación Mujeres para la Salud o la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quienes reciben cuantiosas ayudas en esta materia además de otras distintas instancias. En cualquier caso, la lista de entidades que reciben subvenciones es muy larga. Es todo un enredo de aportaciones que confirma el lucro de estas asociaciones y otras tantas. Pero también confirma el papel del Estado y su intención a la hora de incentivarlas y mantenerlas.
La verdadera lacra de la Ley de Violencia de Género
Como se puede apreciar, esto es un círculo vicioso: la pescadilla que se muerde la cola. Con una simple denuncia se activan los mecanismos económicos: y las ayudas y subvencionas animan a denunciar. La dotación para la denominada “violencia de género” y su difusión y relevancia en los medios de comunicación nada tiene que ver con el bienestar de las personas sino con el beneficio privado que las ayudas proporcionan a algunas asociaciones, que han hecho de la Ley de Violencia de Género su medio de vida.
Como consecuencia de esta perniciosa ley se violan sistemáticamente los derechos humanos, no sólo de los hombres afectados, sino también de niños, abuelos, familias, etc. Y otro daño colateral de esta ley es el infligido a aquellas mujeres que realmente necesitan ayuda, que piden auxilio y no tienen las asistencias necesarias para salvaguardar sus vidas.
La ley falla porque no quiere ver que la violencia íntima en la pareja es un problema humano en el que están implicados factores psicobiológicos y culturales. La Ley no funciona porque no protege ni siquiera a las mujeres, por más que diferentes estamentos elogien su aprobación y puesta en marcha. Pero los datos en contra son muy tozudos. Sólo la sociedad puede impedir que la política y sus brazos largos se adueñen definitivamente de nuestras vidas. Depende absolutamente de todos nosotros no seguir ignorando tan enorme daño. La vida de cada persona no debería tener un precio distinto y menos aún en función de su “género”.