El año pasado, el día internacional de la mujer estuvo marcado por el ridículo que hizo Podemos, una vez más, con su cartel repleto de mensajes como «Ni una menos» o «Un país con nosotras» y… la foto de Pablo Iglesias. Que, salvo que aceptemos que se siente de género binario no fluido o alguna cosa parecida, no es una mujer. Lo cual, por supuesto, no le ha impedido aparecer como feminista, como tampoco le han restado puntos sus ansias de «azotar hasta que sangre» a una periodista desafecta. Ni ponerse a la cabeza de la reivindicación de este año, que es una huelga de mujeres en la que los hombres no somos bienvenidos, pese a lo cual se supone que es una manifestación más de la lucha contra el sexismo.
Que el feminismo actual no es más que una careta de la extrema izquierdaresulta evidente a ojos de cualquiera que tenga… bueno… ojos. El problema es que abusa de una etiqueta que para muchos significaría abogar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para imponer una elusiva y unidireccional igualdad social. Elusiva, porque se pretende una representación igualitaria en sueldos, ocupaciones laborales, parlamentos y prácticamente cualquier ámbito considerado deseable donde las mujeres sean minoría, cuando un vistazo a la historia y al mero sentido común nos desvela que grupos diferenciados –sea por sexo, nacionalidad, cultura o cualquier otro baremo en que se pueda clasificar a los seres humanos en conjuntos con distintos intereses y aptitudes– jamás han tenido una representación igualitaria en nada. Unidireccional, porque jamás les preocupará que los hombres sean la práctica totalidad de los encarcelados, de los fallecidos en accidente laboral, de quienes pierden la custodia de los hijos o de los suicidas. Como tampoco luchan para que las mujeres sean la mitad de los que arreglan nuestros problemas con las fosas sépticas, conducen camiones durante jornadas interminables o consiguen que a nuestras casas llegue ese milagro conocido como electricidad. No. Lo que quieren es que las mujeres sean al menos la mitad de los arquitectos, no de los albañiles.
La izquierda ha reducido su visión del mundo al producto exclusivo de una serie de relaciones de poder, sin que ninguna otra causa pueda explicar nada. Por tanto, cualquier injusticia o desigualdad, real o percibida, en la situación de la mujer no puede sino ser provocada por un poder injusto impuesto por los opresores machos a las pobres oprimidas mujeres. De ahí que Julia Otero, tan incapaz de un pensamiento original como entusiasta portavoz de cualquier ocurrencia políticamente correcta, se dedique a insultar a Cayetana Álvarez de Toledo calificándola de «cómplice de la opresión» por no ser una feminista acrítica, valga la redundancia. Pero resulta difícil tomar en serio la existencia de un patriarcado omnipresente y todopoderoso como explicación de todo cuando existen Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Patricia Botín. Si el patriarcado es el Poder y todo se explica por el Poder, no habría ninguna mujer en ningún puesto de tronío en ningún país occidental; el Poder se habría encargado de impedirlo. No se preocupen: las feministas también encuentran explicación a estos casos, como que esas mujeres no son mujeres realmente, porque han interiorizado los valores masculinos y en el fondo son hombres en esencia. Pero quizá es más sencillo y realista concluir que no todo se reduce a esa visión dialéctica simplista de la lucha de opresores y oprimidos.
Como el posmodernismo que late por debajo de casi toda la ideología de la izquierda de hoy niega legitimidad o capacidad explicativa a nada que no sea el poder, los esfuerzos de la ciencia por investigar las causas reales de la brecha de género, o de la criminología por intentar averiguar las razones reales que llevan a un hombre a asesinar a su pareja, son criticados como meras justificaciones del patriarcado. Exactamente igual que hace 150 años Marx encontraba en la clase social burguesa a la que pertenecían los demás economistas la razón por la que no estaban de acuerdo con él. Por eso el uso que hace el feminismo de hoy de la ciencia es selectivo: vale lo que valga para la causa. La biología sí sirve para justificar que los hombres tengan de media cinco años menos de esperanza de vida, pero no para explicar que las mujeres opten más a menudo por carreras enfocadas en las personas (de medicina a trabajo social) antes que en las cosas (ciencias e ingenierías), o que sean mayoritariamente ellas quienes prefieran tener una vida más equilibrada entre lo personal y lo profesional.
Pero, oye, igual resulta que esta manifestación es limpia, que no la han organizado este tipo de feministas posmodernas, que no es cosa de esas locas que gritan «Machete al machito» o «Al abortaje». Pero un vistazo siquiera superficial del manifiesto debería llevar a cualquier persona razonable, esté a favor o en contra de la convocatoria, a descartar esa posibilidad. Personas razonables entre las que obviamente no se encuentra el obispo Osoro, que de buenas a primeras ha decidido que la Virgen María estaría a favor del aborto o de la lucha contra «la alianza del patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas». Según la convocatoria de la huelga, para defender los derechos de las mujeres tienes que ser anticapitalista, antiliberal, abortista, anticlerical, antimilitarista y apoyar las fronteras abiertas. Es decir, tienes que ser de extrema izquierda.
La verdad, no conozco a ningún hombre que quiera a las mujeres «dóciles, sumisas y calladas». Ahora, conozco a muchísimos hombres y mujeres que sí querrían que este tipo de feministas se callara de un puta vez y dejara de darnos la matraca. Y cada vez somos más.
principio estoy a favor de las huelgas, ¿cómo no iba a estarlo?En Cuba las huelgas están prohibidas, como casi todo. Allí donde quiera que se implante el castro-comunismo, lo más relevante es y será siempre la prohibición, la censura, la negativa como respuesta inicial y definitiva. ¿Quién se enfrenta a eso sin correr el riesgo de la cárcel, el fusilamiento, el destierro? A estas alturas, el que lo ignore no es más que un colaboracionista del régimen, y su deplorable cúmbila.
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Para comprender cómo se lucran todas estas entidades, es necesario entender que se trata de un circuito de retroalimentación, donde se encuentran las denuncias por violencia de género, los presupuestos y subvenciones y la financiación con los Fondos Europeos. Cuantas más denuncias, más ayudas, más financiación; y cuantas más ayudas, más se incentivan las denuncias.
Las denuncias falsas existen
Hasta la década de los 90 se producían en España en torno a 15.000-20.000 denuncias al año por violencia de hombres a mujeres en el ámbito de la pareja. Posteriormente, hasta principios de este milenio, se registraron unas 70.000 denuncias anuales. Y a partir del 2005, con la implantación de la ley, las denuncias ascienden a 126.000 al año, cifra que continúa aumentando (en 2017 ya 166.000). El primer salto se explica porque, en 1999, comienza a contemplarse el maltrato psicológico como delito y, además, el delito de violencia contra la mujer se extiende a los casos entre ex parejas. Eso explica que se incremente sustancialmente el número de denuncias.
Pero el segundo salto no se debe a una recalificación de los actos delictivos, sino a la “Ley contra la Violencia de Género”, que introduce el concepto de discriminación positiva, vulnerando así, de forma evidente, la igualdad ante la ley. Se empiezan a aplicar penas diferentes en función de si el hecho lo comete un hombre o una mujer. Incluso, determinados actos constituyen delito si son cometidos por un hombre… pero no si los comete una mujer. También se suprime la presunción de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba: el hombre denunciado es culpable hasta que no demuestre su inocencia. Y, además, esta ley concede sustanciosas ayudas económicas y ventajas jurídicas a las mujeres que denuncian, incluso antes de que se dicte sentencia.
No sólo eso, se crea una jurisdicción específica para la violencia de género, unos Tribunales de Excepción, inconstitucionales pues están expresamente prohibidos por la Constitución Española de 1978, en los que solamente se juzga a hombres. A este proceso discriminatorio se le añade otro más perverso: se crean fuertes incentivos para que la mujer acuse a su esposo de malos tratos en los procesos de separación conyugal. Hasta el punto que surgen abogados especializados en ello, que introducen estas acusaciones como elemento de presión en la negociación del divorcio.
Pero, ¿qué impulsa a una mujer a recurrir a estas más que dudosas prácticas de denuncia indebida? Muy sencillo: con una denuncia por malos tratos se agiliza el proceso de separación. Para empezar, el expediente de separación pasa de ser un trámite civil (Juzgado de Familia) a uno penal (Juzgado de Violencia de Género). Además, sin que el esposo haya sido juzgado, se aplican medidas cautelares desproporcionadas, como una orden de alejamiento.
Pero aquí no termina el despliegue de incentivos. La mujer que ha denunciado obtiene, en pocos días, la custodia total de los hijos, una pensión alimenticia y el derecho exclusivo al uso de la vivienda. Y, aunque la mujer disponga de medios económicos sobrados, puede beneficiarse de los servicios gratuitos de un abogado a cargo de la Administración. Infinidad de beneficios para la mujer; al hombre, por el contrario, se le despoja de todo sin haber sido ni siquiera juzgado.
Las denuncias falsas apenas se investigan
Mientras esta práctica inmoral está a la orden del día, los medios de comunicación insisten en afirmar que sólo el 0.0075% de las denuncias son falsas. Su fuente proviene de la Fiscalía General del Estado pero lo que dice esta fiscalía realmente no es que sólo exista este porcentaje de denuncias falsas sino que solo ha investigado y comprobado como falsas ese número. Existen muchas más que quedan impunes. Pero ¿por qué no se investigan?
Los procesos legales son complejos; si el juez no aprecia delito de violencia de género se debe a que o no existió o bien no se encuentran indicios o pruebas. La mayoría de las veces no se sabe si se debe a una razón u otra y por ello se procede a archivar y a absolver al hombre denunciado. Del más de millón de denuncias interpuestas desde la ley, la tasa de delitos inexistentes, archivados o sobreseídos es del 80% respecto a los hombres enjuiciados, según los datos del CGPJ. Exactamente ahí, en esas sentencias es donde se ocultan las denuncias falsas.
Ahora bien, si el juez tiene claro que no hay pruebas porque no hay delito de malos tratos y sospecha que la denunciante lo sabía, entonces se puede abrir un nuevo proceso por denuncia falsa. Pero este nuevo procedimiento discurre de igual modo: si no hay pruebas de denuncia falsa, el caso se archiva. Al contrario, si hay pruebas de ello y se condena, la pena máxima para esa mujer es de 2 años de prisión pero, sin antecedentes, la pena queda en suspenso. Por tanto, para una mujer, el riesgo de denunciar falsamente a su esposo es mínimo, casi inexistente.
Resumiendo, ese famoso 0,0075% hace referencia solamente a los casos en los que se abrió un proceso penal contra la mujer, se acusó, juzgó y condenó, confirmando la Audiencia Provincial la sentencia. Cabe preguntarse por qué la Fiscalía no actúa de oficio ante un falso testimonio. Lo cierto es que sólo actúa en casos muy flagrantes y, además, resulta que denunciar sin pruebas no es un delito. Pero, sobre todo, lo fundamental aquí es que la Fiscalía no es independiente: trabaja para el Gobierno, para el Poder Político.
Existen incentivos cuantiosos para incitar la denuncia falsa
Todo el edificio económico de subvenciones pivota en un hecho jurídico, las denuncias. A través de la ley se establecen unos criterios para el reparto de los Fondos Europeos. Una tercera parte de los fondos atiende a criterios vinculados con valores demográficos. Las otras dos terceras partes atiende al número de mujeres asesinadas, al número de mujeres que se declaran maltratadas y al número de denuncias interpuestas. Así, a mayor número de denuncias más dinero procedente del Fondo Social Europeo se reparte al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Qué mejor forma de obtener fondos que por medio de las denuncias. Pero, para ello, tuvieron que modificar el Código Penal y violentar los principios de igualdad ante la ley, causalidad y presunción de inocencia. Así se amparan situaciones esperpénticas como un hombre que fue condenado por soltar una ventosidad durante una discusión con su pareja. Incorporándose este hecho en el largo catálogo de acciones punibles por las que los hombres pueden ser denunciados. En palabras de Soledad Murillo de la Vega“cuando hicimos la ley se nos planteaba el dilema entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas”. Suena a naufragio: “primero las mujeres y los niños”.
A las motivaciones para denunciar se suma la llamada Renta Activa de Inserción (RAI),una ayuda que, como otras, se concede a la mujer por la mera denuncia, sin que exista base legal base legal constitutiva de la existencia de maltrato. Así se explica que, a pesar del descenso de número de hombres condenados, haya aumentado el número de mujeres perceptoras de los pagos de la RAI: 10.913 hombres condenados frente a 31.555 mujeres perceptoras de la RAI en 2015.
A este sistema de percepción de fondos se le suman las múltiples subvenciones que conceden las Administraciones Públicas. Hace poco Absolutexe, el Grifo de Twitter, documentó más de 93 millones de euros concedidos, en más de 9.000 subvenciones aprobadas desde el año 2014. Partiendo de los términos “mujer” y “convocatoria” hizo toda una aproximación. Así aparecen entidades como la Fundación Mujeres, la Asociación Mujeres para la Salud o la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quienes reciben cuantiosas ayudas en esta materia además de otras distintas instancias. En cualquier caso, la lista de entidades que reciben subvenciones es muy larga. Es todo un enredo de aportaciones que confirma el lucro de estas asociaciones y otras tantas. Pero también confirma el papel del Estado y su intención a la hora de incentivarlas y mantenerlas.
La verdadera lacra de la Ley de Violencia de Género
Como se puede apreciar, esto es un círculo vicioso: la pescadilla que se muerde la cola. Con una simple denuncia se activan los mecanismos económicos: y las ayudas y subvencionas animan a denunciar. La dotación para la denominada “violencia de género” y su difusión y relevancia en los medios de comunicación nada tiene que ver con el bienestar de las personas sino con el beneficio privado que las ayudas proporcionan a algunas asociaciones, que han hecho de la Ley de Violencia de Género su medio de vida.
Como consecuencia de esta perniciosa ley se violan sistemáticamente los derechos humanos, no sólo de los hombres afectados, sino también de niños, abuelos, familias, etc. Y otro daño colateral de esta ley es el infligido a aquellas mujeres que realmente necesitan ayuda, que piden auxilio y no tienen las asistencias necesarias para salvaguardar sus vidas.
La ley falla porque no quiere ver que la violencia íntima en la pareja es un problema humano en el que están implicados factores psicobiológicos y culturales. La Ley no funciona porque no protege ni siquiera a las mujeres, por más que diferentes estamentos elogien su aprobación y puesta en marcha. Pero los datos en contra son muy tozudos. Sólo la sociedad puede impedir que la política y sus brazos largos se adueñen definitivamente de nuestras vidas. Depende absolutamente de todos nosotros no seguir ignorando tan enorme daño. La vida de cada persona no debería tener un precio distinto y menos aún en función de su “género”.