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Podemos quiere expropiar 120.000 viviendas a empresas y particulares

El partido morado pretende que los pisos vacíos de los grandes propietarios -más de diez inmuebles- sean cedidos a alquiler social.

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Una de las grandes obsesiones del Podemos consiste en declararle la guerra a los propietarios de viviendas, ya que, desde su nacimiento como partido, plantea la cesión obligatoria de inmuebles a la Administración Pública con el fin de fomentar el «alquiler social», así como la legalización de los okupas y la prohibición de los desahucios -por impago de hipoteca o alquiler-, impidiendo así a los legítimos dueños la recuperación de su propiedad.

Aunque, al principio, la formación morada insistía en que su objetivo se centraba en los pisos de bancos e inmobiliarias, lo cierto es que en 2015 ya hablaba abiertamente de empresas y particulares, siempre y cuando poseyeran más de diez viviendas. De este modo, los «grandes tenedores» se verían obligados a ceder sus inmuebles en «alquiler social» -con un precio inferior al del mercado-, bajo la amenaza directa de sanciones económicas o expropiación forzosa, en caso de que permanecieran vacíos.

Siguiendo los pasos de Baleares

Ahora, aprovechando la presentación de su proyecto alternativo de Presupuestos, Podemos detalla un poco más su particular «Plan de Alquiler de Viviendas a Precios Sociales», cuyo coste estima en 700 millones de euros para las arcas públicas en 2018. En concreto, su propuesta se enmarca dentro de las 15 que hace la formación para «cambiar un país».

Consiste en desarrollar «una ley de vivienda similar a la que en este momento se tramita en el Parlamento de las Islas Baleares, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de viviendas de alquiler a precio asequible o alquiler social. Se pondrán a disposición del alquiler social hasta 120.000 viviendas de grandes tenedores (propietarios de más de diez viviendas) que lleven al menos dos años cerradas, mediante una cesión del uso de la vivienda desocupada a cambio de un precio de compensación a los propietarios».

Es decir, todos aquellos propietarios, tanto particulares como empresas, que mantengan vacías sus viviendas durante más de dos años correrían el riesgo de perder su propiedad mediante una expropiación de uso.

Según la ley que tramita Baleares, los «grandes poseedores» son las personas físicas y jurídicas que, directa o indirectamente -a través de sociedades-, tienen diez o más viviendas en propiedad, alquiler o usufructo y participan de manera activa en el mercado (desarrollan una actividad económica con los inmuebles).

Libre Mercado

PODEMOS99

Podemos declara la guerra a los propietarios: así expropiarán su vivienda (min 1:16) #VOTOPORESPAÑA

El programa de Pablo Iglesias plantea hasta tres mecanismos para impedir el uso y disfrute de la vivienda a sus legítimos propietarios.

Podemos ya avanzó en su programa electoral de las pasadas europeas la posibilidad de expropiar viviendas para impulsar el “alquiler social”. Su programa hablaba, entonces, de “pisos vacíos” en general, incluyendo los que pertenecen a particulares y no sólo a bancos o inmobiliarias.

Se trataba, por tanto, de una expropiación indirecta de viviendas privadas, ya que o bien los propietarios les daban uso de forma forzosa (residiendo en ellas o alquilándolas) o pasarían a formar parte de un nuevo “parque público” por el que recibirían una renta muy inferior al precio de mercado (“alquiler social”).

En caso de no ofrecer sus inmuebles en “alquiler social”, el propietario sería castigado con el pago de nuevos impuestos sobre dicha vivienda vacía. La aplicación de estas medidas se traduciría en una expropiación de uso. De hecho, meses después, Podemos concretó un poco más su plan en materia de vivienda, incluyendo la posibilidad de expropiar, directamente, los inmuebles en manos de grandes propietarios privados (más de diez pisos).

En concreto, el partido de Iglesias defendió la posibilidad de imponer la “cesión obligatoria” de viviendas para alquiler social, más allá del aumento de impuestos, en caso de que cualquier tenedor (empresa o particular) posea más de diez inmuebles vacíos. Sin embargo, una vez abierta la puerta de la expropiación a particulares, ¿qué impediría al Estado reducir ese umbral de diez pisos vacíos para apropiarse de viviendas privadas?

Pero es ahora cuando Podemos desvela realmente los detalles concretos de su política de vivienda, tras aprobar la semana pasada su programa electoral para las generales de diciembre, y la conclusión es que el partido de Iglesias acaba de declarar la guerra a los propietarios privados mediante, al menos, tres vías distintas: prohibir todo tipo de desahucios; imponer y extender el “alquiler social”; y despenalizar la okupación de pisos vacíos.

No podrá desalojar a los morosos

Podemos plantea, en primer lugar, prohibir los desahucios, todo tipo de desahucios, tanto por impago de hipoteca como de alquiler, imitando la regulación que existe en Venezuela. Así, los propietarios no podrán expulsar al inquilino o al hipotecado moroso (en caso de bancos) hasta que no se le garantice una “alternativa habitacional”, según el programa.

Propuesta de Ley Orgánica de protección al derecho a la inviolabilidad del domicilio y prohibición de los desalojos sin alternativa habitacional […] En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.

Esta medida es idéntica a la que está vigente en Venezuela desde hace años y cuya aplicación ha condenado a muerte al mercado del alquiler, ya que la oferta de pisos brilla por su ausencia y los precios son desorbitados. En concreto, la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas que aprobó Venezuela en 2011 establece en su artículo 13 lo siguiente:

En todo caso, no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona.

Este punto, idéntico al que propugna Podemos, unido al cúmulo de incentivos previos que marca la regulación venezolana, se ha traducido en un impago masivo de alquileres y en la imposibilidad de recuperar la vivienda.

Legalización de los ‘okupas’

Pero los propietarios españoles no sólo verían vulnerado el derecho a recuperar su vivienda en caso de que el inquilino dejase de pagar, sino que, además, quedaría indefenso si su inmueble es okupado por otro. El programa de Podemos establece que, “en ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda […]”.

De hecho, aboga por la “despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas”. Es decir, la intención de Podemos es legalizar la okupación de pisos vacíos, con el consiguiente menoscabo de sus legítimos propietarios.

Sanciones y expropiación de pisos

El tercer gran mecanismo para expropiar viviendas privadas consiste en imponer sanciones, subir impuestos, prorrogar obligatoriamente contratos, reducir rentas y, en última instancia, decretar la “cesión obligatoria” de dichos inmuebles a la Administración Pública con el fin de garantizar el “alquiler social”. Podemos plantea diversas medidas al respecto:

Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos: alargar el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de vivienda habitual hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler obligatoria cuando el arrendador sea gran propietario de viviendas, con un mínimo de 10 viviendas.
Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares, que habiendo cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional.
El alquiler social no podrá superar el 30% de la renta familiar incluyendo suministros básicos. Asimismo se tendrá en cuenta la delimitación del número de miembros de la unidad familiar para reducir la cuantía hasta un umbral sostenible.
Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre y entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias) garantizarán el alquiler social […] a través de la movilización de pisos vacíos.
Creación de figuras jurídicas que incentiven la cesión en usufructo de los propietarios a la administración pública de viviendas para la creación del parque público de alquiler social.
Impuesto a los tenedores de vivienda vacía.
Definición de procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los tenedores de más de 10 viviendas, con especial agravante para las situaciones de abandono por el menoscabo que supone para el derecho a la ciudad y a la convivencia. El procedimiento contemplaría la cesión obligatoria en los casos graves.
Prohibición de la privatización del parque público de vivienda en alquiler.
Dación en pago con carácter retroactivo

Por otro lado, Pablo Iglesias también pretende imponer la dación en pago por ley y con carácter retroactivo, lo cual acabaría perjudicando a la inmensa mayoría de hipotecados -presentes y futuros-.

Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado. Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo.

Igualmente, plantea que las empresas privadas asuman las pérdidas derivadas del impago de “suministros básicos” de agua, luz y gas, y estudiará la posibilidad de crear una “suministradora pública” -de cero o bien nacionalizando alguna de las empresas existentes-.

Derecho a los suministros básicos garantizados como parte integrante del derecho a una vivienda digna y adecuada. El derecho al contrato de suministro sólo requerirá el requisito de empadronamiento.
Se impedirán los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar.
Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras.
Se estudiará la posibilidad de crear una empresa suministradora pública.

Fuertes subidas de impuestos a los propietarios

Por último, el programa de Podemos incluye nuevas y generalizadas subidas fiscales a todos los propietarios de vivienda, tal y como recoge Idealista.news.

Se reduce el techo del Patrimonio. Actualmente, los contribuyentes empiezan a pagar el Impuesto sobre el Patrimonio cuando tiene un valor superior a los 700.000 euros. Podemos propone que sea a partir de los 400.000 euros de patrimonio para obtener más dinero por esa vía. El Patrimonio incluye toda la riqueza de una persona, desde propiedades (que suelen ser las que más peso tienen), hasta dinero en efectivo, depósitos o acciones. Curiosamente, fue creado en 1978 de forma ‘extraordinaria’ y se ha suprimido y vuelto a aplicar desde entonces.

Derogar bonificaciones a Sucesiones y Donaciones. Podemos promete negociar con las comunidades autónomas para derogar las bonificaciones al impuesto de Sucesiones y Donaciones, que es competencia de cada comunidad. En muchas comunidades, como en Madrid, se bonifica casi el 100%.

FUENTE: Riete de Podemos

UNIDOS PODEMOS: Más deuda, más impuestos y más regulaciones.

Por: Juan Ramón Rallo para La Razón

Unidos Podemos, la coalición electoral de Podemos e Izquierda Unida, presentó esta semana su programa económico para las elecciones generales del próximo 26 de junio. Se trata de un simple lavado de cara de las principales propuestas que ya estaban contenidas en el programa de Podemos de los pasados comicios del 20 de diciembre. Y si ya entonces esas propuestas constituían un error mayúsculo que, de haberse aplicado en su integridad, habrían condenado a nuestra economía a la bancarrota, actualmente no es posible emitir un juicio más optimista.

Así, el programa de Unidos Podemos se asienta sobre tres grandes pilares. El primero, reducir el déficit público mucho más lentamente y lograr que toda su disminución se acometa a través de fuertes subidas de impuestos. El segundo, dirigir, planificar e hiperregular en mucha mayor medida la economía y la vida de las empresas. Y, por último, establecer una tupida red de asistencialismo estatal para rescatar a todos aquellos ciudadanos excluidos de la sociedad debido a la pobreza generada por las subidas de impuestos y la hiperregulación de la economía.

Más en concreto, Unidos Podemos aboga por enfrentarse a las instituciones europeas para conseguir que el gobierno de España tenga derecho a endeudar todavía más rápidamente a los ciudadanos españoles. Al parecer, que la deuda pública se haya cuasi triplicado durante la última década les resulta insuficiente: necesitamos todavía más deuda para hipotecar en mayor grado el futuro de nuestros hijos y nietos. En este sentido, para la formación filocomunista, la sangría del déficit público sólo debe ir minorándose a través de brutales aumentos de prácticamente todos los impuestos —IRPF, cotizaciones sociales, patrimonio, sucesiones, sociedades, especiales, etc.—, con el declarado objetivo de incrementar la recaudación en hasta 40.000 millones de euros (una media superior a los 2.000 euros por familia).

A su vez, Unidos Podemos también defiende la necesidad de colocar una mayor porción de la economía bajo el control directo de las regulaciones y de los mandatos políticos. De entrada, pretende derogar las últimas reformas laborales para regresar al más rígidamente intervenido marcado de trabajo previo a 2010: sí, ese mercado de trabajo responsable de que la tasa media de paro en España haya sido del 17% en los últimos 35 años. La solución que ofrece Unidos Podemos para las personas que buscan empleo es, simple y llanamente, condenarlas al paro estructural más elevado del mundo desarrollado. Pero el dirigismo estatal no termina aquí: la formación rojimorada también aspira a crear una banca pública —a imagen y semejanza de las desastrosas cajas de ahorros—, a aprobar un “plan nacional de transición energética” —reforzando todavía más la injerencia política en la determinación de nuestras fuentes de energía, lo que ha contribuido a disparar su precio durante la última década— y a imponerles a los empresarios el tipo de inversiones que deben acometer —la mal llamada “política industrial” que no es más que una versión acicalada de la planificación indicativa que tantos fracasos cosechó en las economías socialistas—.

Por último, dado que Unidos Podemos parece ser consciente de que sus políticas económicas no contribuyen a generar riqueza sino sólo a colocar la economía a los pies de los políticos —a sus pies—, la coalición también contempla un reforzamiento del asistencialismo estatal para todos aquellos que queden desplazados de la sociedad: así, en el programa se defiende una renta mínima de inserción mucho más extensa que la actual, una reestrucuturación forzosa de la deuda privada o un control de precios sobre los suministros básicos. En suma, tras renunciar a la creación de riqueza —más deuda, más impuestos y más regulaciones— no les queda otra que apostar por repartir la miseria.

Sablazo al ahorro privado

La muy delicada situación a largo plazo de la Seguridad Social parecería justificar una cierta promoción del ahorro privado entre los españoles para que así cuenten con un colchón con el que capear los inexorables recortes futuros en sus pensiones. Sin embargo, Unidos Podemos plantea todo lo contrario: una ofensiva sin cuartel contra el ahorro privado. De entrada, la confluencia de izquierdas apuesta por aumentar aquellos impuestos que más directamente atacan la tenencia de ahorro privado: patrimonio y sucesiones. A su vez, también promete incrementar la tributación sobre las rentas del ahorro (como los dividendos, los intereses o las plusvalías). Y, por último, suprime toda ventaja fiscal al ahorro (muy en especial, la deducción por aportación a planes de pensiones, que aunque mal diseñada no debería eliminarse sin ofrecer alternativa alguna). En suma, Unidos Podemos ha colocado en su punto de mira a los ahorradores y no es de extrañar: el ahorro y la acumulación de un cierto patrimonio privado concede al individuo autonomía frente al Estado y la formación rojimorada no desea ciudadanos autónomos sino ciudadanos dependientes del Estado.

El expolio de la Seguridad Social

Como decimos, la situación financiera de la Seguridad Social es crítica, pero lejos de promover el ahorro privado complementario, Unidos Podemos aspiran a rapiñar con más saña a los ciudadanos. Así, por un lado, la confluencia de izquierdas apuesta por eliminar los límites a las cotizaciones sociales sin que ello implique elevar las pensiones máximas ofrecidas por el sistema. Textualmente: “Se eliminará el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción”. Pagar más, recibir lo mismo. Por otro lado, Unidos Podemos también propugna que los autónomos coticen según sus ingresos reales, impidiéndoles escoger su base de cotización tal como sucede ahora mismo: una política que encarecerá las cuotas de casi el 80% de todos los profesionales autónomos. En definitiva, se trata de arramblar sin miramiento alguno con los ingresos reales y con el ahorro de los españoles para mantener a flote un sistema social deficitario y condenado desde su mismo nacimiento al fracaso por meras razones demográficas.

La sindicalización de las pymes

Unidos Podemos suele manifestar su propósito de auxiliar a las pymes frente a las grandes empresas. Sin embargo, a la hora de la verdad, su programa económico establece muchos obstáculos nuevos a su capacidad para crecer y prosperar. Dejando de lado la contrarreforma laboral que prepara la coalición de izquierdas y que atentará directamente contra la capacidad de sobrevivir de muchas pequeñas empresas, su programa electoral contiene otra sorpresa envenenada para las pymes. En la actualidad, las empresas con menos de 10 trabajadores no están obligadas a contar con representantes de sus empleados dado el alto coste que ello representa en plantillas tan pequeñas y la creciente burocratización que implica en la gestión diaria de la compañía. Pues bien, Unidos Podemos pretende extender los representantes de los trabajadores —y, en definitiva, la presencia empresarial de los sindicatos— a todas las compañías con independencia de su tamaño. Lejos de liberarlas de la losa burocrática que ahora mismo las asfixia, la formación rojimorada pretender incrementarla todavía más.

Podemos declara la guerra a los propietarios: así expropiarán su vivienda

El programa de Pablo Iglesias plantea hasta tres mecanismos para impedir el uso y disfrute de la vivienda a sus legítimos propietarios.

Podemos ya avanzó en su programa electoral de las pasadas europeas la posibilidad de expropiar viviendas para impulsar el «alquiler social». Su programa hablaba, entonces, de «pisos vacíos» en general, incluyendo los que pertenecen a particulares y no sólo a bancos o inmobiliarias.

Se trataba, por tanto, de una expropiación indirecta de viviendas privadas, ya que o bien los propietarios les daban uso de forma forzosa (residiendo en ellas o alquilándolas) o pasarían a formar parte de un nuevo «parque público» por el que recibirían una renta muy inferior al precio de mercado («alquiler social»).

En caso de no ofrecer sus inmuebles en «alquiler social», el propietario sería castigado con el pago de nuevos impuestos sobre dicha vivienda vacía. La aplicación de estas medidas se traduciría en una expropiación de uso. De hecho, meses después, Podemos concretó un poco más su plan en materia de vivienda, incluyendo la posibilidad de expropiar, directamente, los inmuebles en manos de grandes propietarios privados (más de diez pisos).

En concreto, el partido de Iglesias defendió la posibilidad de imponer la «cesión obligatoria» de viviendas para alquiler social, más allá del aumento de impuestos, en caso de que cualquier tenedor (empresa o particular) posea más de diez inmuebles vacíos. Sin embargo, una vez abierta la puerta de la expropiación a particulares, ¿qué impediría al Estado reducir ese umbral de diez pisos vacíos para apropiarse de viviendas privadas?

Pero es ahora cuando Podemos desvela realmente losdetalles concretos de su política de vivienda, tras aprobar la semana pasada su programa electoral para las generales de diciembre, y la conclusión es que el partido de Iglesias acaba de declarar la guerra a los propietarios privados mediante, al menos, tres vías distintas: prohibir todo tipo de desahucios; imponer y extender el «alquiler social»; y despenalizar la okupación de pisos vacíos.

1. No podrá desalojar a los morosos

Podemos plantea, en primer lugar, prohibir los desahucios, todo tipo de desahucios, tanto por impago dehipoteca como de alquiler, imitando la regulación que existe en Venezuela. Así, los propietarios no podrán expulsar al inquilino o al hipotecado moroso (en caso de bancos) hasta que no se le garantice una «alternativa habitacional», según el programa.

– Propuesta de Ley Orgánica de protección al derecho a la inviolabilidad del domicilio yprohibición de los desalojos sin alternativa habitacional […] En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.

Esta medida es idéntica a la que está vigente en Venezuela desde hace años y cuya aplicación ha condenado a muerte al mercado del alquiler, ya que la oferta de pisos brilla por su ausencia y los precios son desorbitados. En concreto, la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas que aprobó Venezuela en 2011 establece en su artículo 13 lo siguiente:

En todo caso, no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona.

Este punto, idéntico al que propugna Podemos, unido al cúmulo de incentivos previos que marca la regulaciónvenezolana, se ha traducido en un impago masivo de alquileres y en la imposibilidad de recuperar la vivienda.

2. Legalización de los ‘okupas’

Pero los propietarios españoles no sólo verían vulnerado el derecho a recuperar su vivienda en caso de que el inquilino dejase de pagar, sino que, además, quedaría indefenso si su inmueble es okupado por otro. El programa de Podemos establece que, «en ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda […]».

De hecho, aboga por la «despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas«. Es decir, la intención de Podemos es legalizar la okupación de pisos vacíos, con el consiguiente menoscabo de sus legítimos propietarios.

3. Sanciones y expropiación de pisos

El tercer gran mecanismo para expropiar viviendas privadas consiste en imponer sanciones, subir impuestos, prorrogar obligatoriamente contratos, reducir rentas y, en última instancia, decretar la «cesión obligatoria» de dichos inmuebles a la Administración Pública con el fin de garantizar el «alquiler social«. Podemos plantea diversas medidas al respecto:

Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos: alargar el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de vivienda habitual hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler obligatoria cuando el arrendador sea gran propietario de viviendas, con un mínimo de 10 viviendas.
Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares, que habiendo cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional.
El alquiler social no podrá superar el 30% de la renta familiar incluyendo suministros básicos. Asimismo se tendrá en cuenta la delimitación del número de miembros de la unidad familiar para reducir la cuantía hasta un umbral sostenible.
Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre y entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias) garantizarán el alquiler social […] a través de la movilización de pisos vacíos.
Creación de figuras jurídicas que incentiven la cesión en usufructo de los propietarios a la administración pública de viviendas para la creación del parque público de alquiler social.
Impuesto a los tenedores de vivienda vacía.
Definición de procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los tenedores de más de 10 viviendas, con especial agravante para las situaciones de abandono por el menoscabo que supone para el derecho a la ciudad y a la convivencia. El procedimiento contemplaría la cesión obligatoria en los casos graves.
Prohibición de la privatización del parque público de vivienda en alquiler.

Dación en pago con carácter retroactivo

Por otro lado, Pablo Iglesias también pretende imponer la dación en pago por ley y con carácter retroactivo, lo cual acabaría perjudicando a la inmensa mayoría de hipotecados -presentes y futuros-.

Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado. Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo.

Igualmente, plantea que las empresas privadas asuman las pérdidas derivadas del impago de «suministros básicos» de agua, luz y gas, y estudiará la posibilidad de crear una «suministradora pública» -de cero o bien nacionalizando alguna de las empresas existentes-.

– Derecho a los suministros básicos garantizados como parte integrante del derecho a una vivienda digna y adecuada. El derecho al contrato de suministro sólo requerirá el requisito de empadronamiento.

– Se impedirán los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar.

– Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras.

– Se estudiará la posibilidad de crear una empresa suministradora pública.

Fuertes subidas de impuestos a los propietarios

Por último, el programa de Podemos incluye nuevas y generalizadas subidas fiscales a todos los propietarios de vivienda, tal y como recoge Idealista.news.

– Se reduce el techo del Patrimonio. Actualmente, los contribuyentes empiezan a pagar el Impuesto sobre el Patrimonio cuando tiene un valor superior a los 700.000 euros. Podemos propone que sea a partir de los 400.000 euros de patrimonio para obtener más dinero por esa vía. El Patrimonio incluye toda la riqueza de una persona, desde propiedades (que suelen ser las que más peso tienen), hasta dinero en efectivo, depósitos o acciones. Curiosamente, fue creado en 1978 de forma ‘extraordinaria’ y se ha suprimido y vuelto a aplicar desde entonces.

– Derogar bonificaciones a Sucesiones y Donaciones. Podemos promete negociar con las comunidades autónomas para derogar las bonificaciones al impuesto de Sucesiones y Donaciones, que es competencia de cada comunidad. En muchas comunidades, como en Madrid, se bonifica casi el 100%.

FUENTE: LibreMercado.

¿Cumplirá ‘Podemos’ su palabra?

Si llegan a hacerlo, será A COSTA DE QUITARLES A OTROS, ni mas ni menos, SON UNOS GANSTERS y quienes les votan UNOS ASNOS y de aquí sacamos una lastimosa conclusión, ESPAÑA SIGUE SIENDO UN PAIS SUBDESARROLLADO, NUNCA HA DEJADO DE SERLO Y LO ES PORQUE MAS DE LA MITAD DE SUS CIUDADANOS, ESO QUE LLAMAN «EL PUEBLO», A PESAR DE LO «MODELNITOS» QUE VISTEN, MENTALMENTE (QUE ES LO QUE IMPORTA), SIGUEN SIENDO ESTO: