POR: Lucio Curiel

No hay canallada mayor a la que se pueda someter a un Ejército que ponerle frente a su propio pueblo desarmado.

Lo de Cataluña, no es que haya llegado a la línea roja más allá de la cual se entra el el territorio de lo sin Ley, de la descomposición del Estado, del caos; en realidad, ayer, 27 de Octubre, la línea roja ha sido traspasada por las huestes separatistas catalanas y lo han hecho a bombo y platillo, desplegando estandartes y fanfarrias y en el «templo de la democracia» convertido en taberna de conspiradores.

Es le penúltimo paso después de un sin fin de infracciones en materia grave, como lo es siempre el incumplimiento de la Ley y de las sentencias de los tribunales. Pero su sistemática impunidad ha envalentonado a una clase polìtica no ya sólo encanallada y corrupta hasta la náusea, sino enloquecida por el vino del éxito que supone humillar una y otra vez al Estado de Derecho sin que éste reaccione o, lo que es peor, lo haga con más concesiones, más entrega, más debilidad…

Desde hace ya demasiado tiempo, llevamos soportando del Presidente del Gobierno, de sus ministros, de diversos responsables de Instituciones del Estado y, por supuesto, de esa nueva subespecie de sabios que todo lo saben, los tertulianos, lecciones magistrales de cómo se actuará llegado el momento de que se consume eso que todos pensaban que no iba a suceder. Lo pensaban y, pese a lo ocurrido en el día de ayer, uno se asombra al comprobar que, con excepciones, parece que la mayoría lo sigue pensando.

He oído hablar a Políticos de todas las tendencias, a juristas, a tertulianos y todos, con un par de excepciones (Santiago Abascal y Rosa Díez), siguen teorizando sobre lo que habrá que hacer cuando se consume el delito de sedición; el primero, el Presidente del Gobierno ¿No se ha enterado este señor de que tiene a su disposición todo un cuerpo de Abogados del Estado para asesorarse y dar a cada acto el valor exacto que tiene?

Lo que ayer ha ocurrido en el Parlamento catalán ha sido un clarísimo acto de conspiración y proposición para la sedición que constituye, en si mismo, un delito que la Justicia y el Estado tienen la obligación de perseguir de oficio; un delito que, además, anuncia DE FORMA INEQUÍVOCA que, de inmediato, en cuestión de horas o de muy pocos días, se va a cometer el delito principal: LA SEDICIÓN contra ESPAÑA. Y se ha hecho en sede parlamentaria, mediante documento oficial. Conspiración pública y formalmente escenificada contra la Democracia, contra la Ley, contra la Constitución Española y contra el Pueblo Español para romper la indisoluble unidad de España.

¿Qué ha hecho el Gobierno, su Presidente y el resto de las Instituciones del Estado cuyos dirigentes han jurado o prometido solemnemente cumplir y hacer cumplir la Ley y la Constitución como Norma fundamental del Estado? Pues lo de siempre: NADA. Decirnos que si los conspiradores siguen adelante, harán lo que deban de hacer, pero que no han hecho hasta ahora ante el incumplimiento de leyes y sentencias de altos tribunales, ni lo han hecho ayer ante la perpetración de un delito de CONSPIRACIÓN PARA Y PROPOSICIÓN DE SEDICIÓN CONTRA ESPAÑA.

¿No es esto una prevaricación manifiesta de todos los Poderes del Estado?

¿No es esto una absoluta dejación de funciones del Gobierno, de la Fiscalía, de los Tribunales, de las mismísimas Cortes de España cuando está en RIESGO EVIDENTE E INMEDIATO nada menos que la ruptura de España y con ella y, por efecto dominó, de su supervivencia como NACIÓN?

Ya es grave que desde hace tiempo en Cataluña no se cumpla la Ley ni las sentencias de los tribunales de Justicia, pero ¿Por qué ayer no se han puesto en marcha todos los mecanismos del Estado para castigar a los responsables de un gravísimo delito consumado y prevenir y evitar la consumación del delito más grave en el que se puede incurrir contra la propia esencia de una nación?

¿Alguien es, a estas alturas, tan ingenuo o tan imbécil que sigue pensando aquello de que «no se van a atrever»? Ya no es cuestión de que se atrevan o no. Artur Mas y su caterva de traidores ya no tiene más salida que la huida hacia adelante; son prisioneros de su propia osadía. Una marcha atrás ahora sería meterse en las fauces del monstruo que ellos mismos han creado y que, por supuesto, les devoraría, y ellos lo saben.

Ayer debió de producirse un golpe de autoridad y un obligado acto de justicia. A instancias del gobierno, la Fiscalía General del Estado debiera de haber pedido a la instancia judicial que proceda la detención inmediata de los autores del delito de conspiración para la sedición, es decir, de los cuatro firmantes del cuerpo del delito, que a estas alturas ya estarían a disposición judicial. Acto seguido debiera de haberse procedido a poner en marcha con carácter de máxima urgencia, los trámites legales previstos en la Constitución (Art. 155) para la intervención de la autonomía.

A estas alturas, el ordenamiento constitucional, en estos momentos quebrantado o en vías de grave quebranto en Cataluña, ya estaría restablecido con una ventaja: El Estado se habría anticipado a la agenda de los sediciosos cortando e imposibilitando los pasos que tienen perfectamente estudiados y calculados.

Sin embargo, ha vuelto a ocurrir. El Estado vuelve a dar ventaja a quienes planean su destrucción.

No salgo de mi asombro cuando oigo a destacados miembros de esa subespecie a la que antes me he referido, los tertulianos, decir que no pasa nada, que no hay que alarmarse, que, llegado el momento (como si el momento no hubiera ya llegado ¡CIEGOS!), el Estado tiene todos los instrumentos necesarios para reconducir la situación. Porque, si bien esa afirmación es cierta, parece que nadie quiere pensar en el precio que, si les dejamos actuar conforme a su agenda, puede llegar a tener la operación de desmontaje de esta ALTA TRAICIÓN. O es que, habiendo llegado hasta aquí, ¿alguien ignora de que ellos no dudarán en incitar a sus seguidores (son el 47% de la población y eso es mucho) a la rebelión activa?

¿Se imaginan, si les dejamos marcar sus tiempos, que pongan en la calle a doscientos, trescientos mil o muchos más (ya lo han hecho en varias ocasiones; auténticos ensayos encubiertos que nadie ha querido ver) fanáticos enaltecidos, dispuestos a respaldar la sedición de sus líderes?

¿Alguien se imagina las consecuencias?

Una multitud enloquecida de esas dimensiones no hay Policía ni Guardia Civil que la pare. Y les diré una cosa: No hay canallada mayor a la que se pueda someter a un Ejército que ponerle frente a su propio pueblo desarmado.

Y todo esto, para lo que existen altas probabilidades de convertirse en realidad, podría haberse evitado ayer con un acto de valentía en el cumplimiento del deber llevado a cabo por sorpresa y sin vacilaciones por un Gobierno verdaderamente consciente de sus responsabilidades y de lo que su pueblo espera de él.

Otra vez nos has fallado, Mariano Rajoy.

A pesar de todo, es tan alto el precio que nos jugamos, que ahora no hay más remedio que todos, Instituciones, partidos políticos y ciudadanos, ponernos al lado del Gobierno y plantar cara al desafío de unos canallas que, de nuevo, una vez más se empeñan en romper España.

Habrá tiempo después, cuando los culpables estén a buen recaudo, de pedir responsabilidades y de poner a cada uno en su sitio.

¡¡BASTA!!