Las administraciones públicas en España han abierto sus brazos para ayudar a los musulmanes. Así reciben una infinidad de ayudas por encima de los españoles. Lo cuenta César Vidal en su último editorial titulado significativamente «El cuco se apodera del nido».
Por Juan Robles
Mientras que muchos españoles con hijos a cargo y en el paro deben sobrevivir al mes con 426 euros del programa Prepara del Gobierno, los inmigrantes extranjeros, sobre todo los musulmanes , se aprovechan de una infinidad de ayudas y beneficios.
Así en el listado de ayudas públicas al alquiler de la Comunidad de Madrid, publicado el pasado mes de julio, casi el 90% de los beneficiarios son musulmanes.
Las ayudas, en ocasiones, llegaban hasta los 2.000 euros. Sin embargo, los españoles, a pesar de ser muy pocos, se encontraban entre los que menos dinero percibían, tal y como recoge César Vidal en su editorial ‘El cuco se apodera del nido’.
El titular tiene toda la intención, porque como explica el periodista los cucos son aves parasitarias que dejan su huevo en nido ajeno y así otros se encargan de criarlo. Gracias a eso la hembra del cuco coloca una docena de huevos propios en diferentes nidos, siempre ajenos.
El símil alude a la actitud de las administraciones españoles que alimentan a inmigrantes musulmanes, con generosas ayudas, permitiendo así una suerte de invasión demográfica.
Lamentablemente el caso de Madrid no es el único. De hecho, la web islamista Alandalusislamica.com difundía mensajes de ánimo a los musulmanes para que se establecieran en ciudades determinadas de España para recibir ayudas públicas.
Lo hicieron durante meses a través de una página en Facebook: “Restituir la Santidad en el Al-Andalus”. Desde estas dos plataformas se hacía un llamamiento para situarse sobre todo en Barcelona, según informó El Confidencial Digital.
Y, es que, según varios estudios, en Cataluña, los musulmanes procedentes de Marruecos viven el 80% de las ayudas sociales. Perciben de fondos públicos 600 euros por persona, pero siete mil de los beneficiarios no vivirían en Cataluña, sino en su país de origen a donde se los manda el dinero.
Con llevar empadronado un año en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana se puede cobrar una paga de 532 euros
También con abundante población musulmana se encuentra la Comunidad Valenciana en la que con sólo llevar empadronado un año en cualquier municipio sirve para cobrar una paga de 532 euros. Y si además tienes hijos, la cifra asciende a 775 euros.
A estas subvenciones, además, se pueden sumar las relacionadas con el alquiler que suelen dotar de unos 250 euros mensuales.
La situación del País Vasco no es diferente. El pasado más de enero salió a la luz el caso de Ahmed Bouguerba, el argelino de 31 años afincado en Bilbao que fue detenido por la Ertzaintza por «autoadoctrinarse» en terrorismo yihadista y que cobraba la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Es decir, la ayuda social que el Gobierno vasco concede a personas en riesgo de exclusión, tal y como recogió El Correo.
Bouguerba recibía 625 euros de RGI, más otros 250 euros complementarios para el alquiler de una vivienda. En concreto, llevaba siendo perceptor desde 2011, cuando tenía 26 años.
España paga a sus terroristas
Con el caso de Bouguerba se demuestra que España ya no es el único país europeo que paga a sus terroristas. Así, entre los terroristas islámicos detenidos en España se encontró que el marroquí Saib Lachhab, antiguo combatiente en Siria contra Assad, estaba cobrando al mes 625 euros de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del Gobierno vasco y 250 euros más como complemento de vivienda.
Un argelino de 44 años arrestado por la Guardia Civil en Bilbao y miembro de Estado Islámico cobraba 650 euros
Al menos, ha habido otros tres casos similares de estos dos terroristas islámicos detenidos en el País Vasco. También está el caso de Samir Mahdjoub, un argelino de 44 años arrestado por la Guardia Civil en Bilbao y miembro de Estado Islámico que estaba cobrando 650 euros de RGI vasca y un complemento de 250 euros de ayuda al alquiler.
O el de Redouan Bensbih, un marroquí de 26 años que murió en Siria en marzo de 2014 combatiendo contra el gobierno de Assad mientras percibía 836 euros mensuales de la Renta de Garantía de Ingresos vasca.
En este además, como no hubo notificación oficial del fallecimiento el Servicio vasco de Empleo (Lanbide) siguió ingresando el subsidio en su cuenta bancaria después de muerto.
Españoles sin pensión, musulmanes con pensión sin cotizar
Otro tema es de las pensiones. Como subraya César Vidal, los españoles no tienen asegurada su pensión después de haber trabajado durante décadas, pero decenas de extranjeros la perciben si haber cotizado un sólo día de sus vidas.
Los españoles no tienen asegurado que sus hijos reciban ningún tipo de ayuda ni una atención sanitaria digna a pesar de pagarla
Además, los hijos de extranjeros, aunque se encuentren de forma ilegal, tienen derecho y preferencia sobre los españoles de recibir becas de comedor, plazas en escuelas y, por supuesto, sanidad gratis.
Por el contrario, los españoles no tienen asegurado que sus hijos reciban ningún tipo de ayuda y muchos menos la seguridad de recibir una atención sanitaria digna a pesar de pagarla.
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Para comprender cómo se lucran todas estas entidades, es necesario entender que se trata de un circuito de retroalimentación, donde se encuentran las denuncias por violencia de género, los presupuestos y subvenciones y la financiación con los Fondos Europeos. Cuantas más denuncias, más ayudas, más financiación; y cuantas más ayudas, más se incentivan las denuncias.
Las denuncias falsas existen
Hasta la década de los 90 se producían en España en torno a 15.000-20.000 denuncias al año por violencia de hombres a mujeres en el ámbito de la pareja. Posteriormente, hasta principios de este milenio, se registraron unas 70.000 denuncias anuales. Y a partir del 2005, con la implantación de la ley, las denuncias ascienden a 126.000 al año, cifra que continúa aumentando (en 2017 ya 166.000). El primer salto se explica porque, en 1999, comienza a contemplarse el maltrato psicológico como delito y, además, el delito de violencia contra la mujer se extiende a los casos entre ex parejas. Eso explica que se incremente sustancialmente el número de denuncias.
Pero el segundo salto no se debe a una recalificación de los actos delictivos, sino a la “Ley contra la Violencia de Género”, que introduce el concepto de discriminación positiva, vulnerando así, de forma evidente, la igualdad ante la ley. Se empiezan a aplicar penas diferentes en función de si el hecho lo comete un hombre o una mujer. Incluso, determinados actos constituyen delito si son cometidos por un hombre… pero no si los comete una mujer. También se suprime la presunción de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba: el hombre denunciado es culpable hasta que no demuestre su inocencia. Y, además, esta ley concede sustanciosas ayudas económicas y ventajas jurídicas a las mujeres que denuncian, incluso antes de que se dicte sentencia.
No sólo eso, se crea una jurisdicción específica para la violencia de género, unos Tribunales de Excepción, inconstitucionales pues están expresamente prohibidos por la Constitución Española de 1978, en los que solamente se juzga a hombres. A este proceso discriminatorio se le añade otro más perverso: se crean fuertes incentivos para que la mujer acuse a su esposo de malos tratos en los procesos de separación conyugal. Hasta el punto que surgen abogados especializados en ello, que introducen estas acusaciones como elemento de presión en la negociación del divorcio.
Pero, ¿qué impulsa a una mujer a recurrir a estas más que dudosas prácticas de denuncia indebida? Muy sencillo: con una denuncia por malos tratos se agiliza el proceso de separación. Para empezar, el expediente de separación pasa de ser un trámite civil (Juzgado de Familia) a uno penal (Juzgado de Violencia de Género). Además, sin que el esposo haya sido juzgado, se aplican medidas cautelares desproporcionadas, como una orden de alejamiento.
Pero aquí no termina el despliegue de incentivos. La mujer que ha denunciado obtiene, en pocos días, la custodia total de los hijos, una pensión alimenticia y el derecho exclusivo al uso de la vivienda. Y, aunque la mujer disponga de medios económicos sobrados, puede beneficiarse de los servicios gratuitos de un abogado a cargo de la Administración. Infinidad de beneficios para la mujer; al hombre, por el contrario, se le despoja de todo sin haber sido ni siquiera juzgado.
Las denuncias falsas apenas se investigan
Mientras esta práctica inmoral está a la orden del día, los medios de comunicación insisten en afirmar que sólo el 0.0075% de las denuncias son falsas. Su fuente proviene de la Fiscalía General del Estado pero lo que dice esta fiscalía realmente no es que sólo exista este porcentaje de denuncias falsas sino que solo ha investigado y comprobado como falsas ese número. Existen muchas más que quedan impunes. Pero ¿por qué no se investigan?
Los procesos legales son complejos; si el juez no aprecia delito de violencia de género se debe a que o no existió o bien no se encuentran indicios o pruebas. La mayoría de las veces no se sabe si se debe a una razón u otra y por ello se procede a archivar y a absolver al hombre denunciado. Del más de millón de denuncias interpuestas desde la ley, la tasa de delitos inexistentes, archivados o sobreseídos es del 80% respecto a los hombres enjuiciados, según los datos del CGPJ. Exactamente ahí, en esas sentencias es donde se ocultan las denuncias falsas.
Ahora bien, si el juez tiene claro que no hay pruebas porque no hay delito de malos tratos y sospecha que la denunciante lo sabía, entonces se puede abrir un nuevo proceso por denuncia falsa. Pero este nuevo procedimiento discurre de igual modo: si no hay pruebas de denuncia falsa, el caso se archiva. Al contrario, si hay pruebas de ello y se condena, la pena máxima para esa mujer es de 2 años de prisión pero, sin antecedentes, la pena queda en suspenso. Por tanto, para una mujer, el riesgo de denunciar falsamente a su esposo es mínimo, casi inexistente.
Resumiendo, ese famoso 0,0075% hace referencia solamente a los casos en los que se abrió un proceso penal contra la mujer, se acusó, juzgó y condenó, confirmando la Audiencia Provincial la sentencia. Cabe preguntarse por qué la Fiscalía no actúa de oficio ante un falso testimonio. Lo cierto es que sólo actúa en casos muy flagrantes y, además, resulta que denunciar sin pruebas no es un delito. Pero, sobre todo, lo fundamental aquí es que la Fiscalía no es independiente: trabaja para el Gobierno, para el Poder Político.
Existen incentivos cuantiosos para incitar la denuncia falsa
Todo el edificio económico de subvenciones pivota en un hecho jurídico, las denuncias. A través de la ley se establecen unos criterios para el reparto de los Fondos Europeos. Una tercera parte de los fondos atiende a criterios vinculados con valores demográficos. Las otras dos terceras partes atiende al número de mujeres asesinadas, al número de mujeres que se declaran maltratadas y al número de denuncias interpuestas. Así, a mayor número de denuncias más dinero procedente del Fondo Social Europeo se reparte al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Qué mejor forma de obtener fondos que por medio de las denuncias. Pero, para ello, tuvieron que modificar el Código Penal y violentar los principios de igualdad ante la ley, causalidad y presunción de inocencia. Así se amparan situaciones esperpénticas como un hombre que fue condenado por soltar una ventosidad durante una discusión con su pareja. Incorporándose este hecho en el largo catálogo de acciones punibles por las que los hombres pueden ser denunciados. En palabras de Soledad Murillo de la Vega“cuando hicimos la ley se nos planteaba el dilema entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas”. Suena a naufragio: “primero las mujeres y los niños”.
A las motivaciones para denunciar se suma la llamada Renta Activa de Inserción (RAI),una ayuda que, como otras, se concede a la mujer por la mera denuncia, sin que exista base legal base legal constitutiva de la existencia de maltrato. Así se explica que, a pesar del descenso de número de hombres condenados, haya aumentado el número de mujeres perceptoras de los pagos de la RAI: 10.913 hombres condenados frente a 31.555 mujeres perceptoras de la RAI en 2015.
A este sistema de percepción de fondos se le suman las múltiples subvenciones que conceden las Administraciones Públicas. Hace poco Absolutexe, el Grifo de Twitter, documentó más de 93 millones de euros concedidos, en más de 9.000 subvenciones aprobadas desde el año 2014. Partiendo de los términos “mujer” y “convocatoria” hizo toda una aproximación. Así aparecen entidades como la Fundación Mujeres, la Asociación Mujeres para la Salud o la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quienes reciben cuantiosas ayudas en esta materia además de otras distintas instancias. En cualquier caso, la lista de entidades que reciben subvenciones es muy larga. Es todo un enredo de aportaciones que confirma el lucro de estas asociaciones y otras tantas. Pero también confirma el papel del Estado y su intención a la hora de incentivarlas y mantenerlas.
La verdadera lacra de la Ley de Violencia de Género
Como se puede apreciar, esto es un círculo vicioso: la pescadilla que se muerde la cola. Con una simple denuncia se activan los mecanismos económicos: y las ayudas y subvencionas animan a denunciar. La dotación para la denominada “violencia de género” y su difusión y relevancia en los medios de comunicación nada tiene que ver con el bienestar de las personas sino con el beneficio privado que las ayudas proporcionan a algunas asociaciones, que han hecho de la Ley de Violencia de Género su medio de vida.
Como consecuencia de esta perniciosa ley se violan sistemáticamente los derechos humanos, no sólo de los hombres afectados, sino también de niños, abuelos, familias, etc. Y otro daño colateral de esta ley es el infligido a aquellas mujeres que realmente necesitan ayuda, que piden auxilio y no tienen las asistencias necesarias para salvaguardar sus vidas.
La ley falla porque no quiere ver que la violencia íntima en la pareja es un problema humano en el que están implicados factores psicobiológicos y culturales. La Ley no funciona porque no protege ni siquiera a las mujeres, por más que diferentes estamentos elogien su aprobación y puesta en marcha. Pero los datos en contra son muy tozudos. Sólo la sociedad puede impedir que la política y sus brazos largos se adueñen definitivamente de nuestras vidas. Depende absolutamente de todos nosotros no seguir ignorando tan enorme daño. La vida de cada persona no debería tener un precio distinto y menos aún en función de su “género”.