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El Banco Mundial exige a España que pague los pleitos millonarios de las renovables

La correspondencia que han intercambiado el CIADI y el Gobierno pone en un compromiso internacional al Estado. Los funcionarios nacionales consideran que el organismo no tiene potestad para hacerles pagar

Pedro Sánchez junto a la carta del CIADI, institución del Banco Mundial Jesús García

ALBERTO SANZ

El conflicto de España con los fondos internacionales por el recorte a las renovables lleva enrocado más de una década. Y, de forma recurrente, aparece con fuerza en la actualidad. Este mes de abril es uno de esos momentos. Como explican fuentes conocedoras de estos pleitos a Vozpópuli, este pico está vinculado a la correspondencia que han intercambiado en las últimas semanas el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, y el Reino de España.  

El CIADI enviaba a la Abogacía del Estado una carta, a la que ha tenido acceso este medio, para exigir que afrontara el pago de cerca de 120 millones de euros por el denominado ‘caso Antin’, por la compensación del recorte más los costes judiciales e intereses. España perdió este arbitraje ante el CIADI en 2018 y el Tribunal internacional ratificó su decisión un año después a favor de los inversores en energías renovables Infrastructure Services Luxembourg S.A.R.L y Energia Termsolar B.V, titulares del laudo Antin.

“El CIADI ha recibido la comunicación adjunta de fecha 16 de diciembre de 2022, junto con los poderes de representación también adjuntos, recibidos por el Centro el 23 de enero de 2023, informando que, a la fecha, el Reino de España no ha cumplido con el Laudo. En este sentido, hacemos referencia al Artículo 53 del Convenio del CIADI que dispone que el Laudo y la Decisión de Anulación son definitivos y obligatorios para las partes”, explica la carta del organismo del Banco Mundial. 

Esta misiva, con fecha 25 de enero, era una reacción del organismo a la queja por parte de los inversores. Estas firmas internacionales quieren cobrar lo que les ha reconocido el Banco Mundial. Su protesta reside en que consideran a España una “democracia avanzada” que debe cumplir sus obligaciones dentro de su marco de seguridad jurídica. Sin embargo, los incumplimientos e impagos siguen escalando, hasta el punto de que solo Venezuela tiene tantos laudos pendientes de pago como informó Vozpópuli. 

“Agradeceremos que el Reino de España informe al CIADI las medidas que hayan sido adoptadas para cumplir con los términos. En caso de que no se haya adoptado ninguna medida hasta la fecha, instamos al Reino de España a cumplir y acatar los términos del Laudo tal como lo dispone el Convenio del CIADI y con el fin de evitar la acumulación de los intereses previstos en el Laudo”, añaden. 

España no ve motivos para pagar

El Reino de España, a través del Ministerio de Justicia, contestó a esta carta el pasado 22 de marzo a la exigencia del Banco Mundial. “El CIADI no juega ningún papel en el reconocimiento y ejecución de los laudos bajo el Convenio del CIADI, el cual no le reconoce ningún papel en esta materia. Por otra parte, este convenio no impone al Reino de España obligación alguna de informar sobre las medidas adoptadas”, apuntan desde el actual Gobierno. 

Para el Ministerio de Justicia “desgraciadamente” este tipo de comunicaciones castigan a la UE porque ofrecen una “publicidad indebida” de los intereses e imagen del Reino de España. El Gobierno español le recuerda al organismo del Banco Mundial que tanto España como los demás estados miembros de la Unión Europea no han sometido a la jurisdicción del Centro los litigios que afectan con el Tratado sobre la Carta de la Energía a nivel europeo

“Razón por la cual cualquier laudo dictado en una controversia de esta naturaleza constituye una extralimitación del tribunal arbitral”, afirman los funcionarios españoles. “En este sentido, el Reino de España solicita al CIADI que se abstenga de registrar solicitudes de arbitraje que se encuentren manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro, de conformidad con el artículo 36(3) del Convenio”, explican.

Carta del Ministerio de Justicia Jesús García

La UE es el escudo

España se agarra a su papel de país miembro de la Unión Europea, que están sujetos a los Tratados y sus disposiciones sobre Ayudas de Estado. La Comisión Europea actualmente está analizando si un laudo arbitral constituye una ayuda de estado. Algo que no es compatible “con la integridad del mercado interior”, como le recuerda Justicia al CIADI. 

“El propio inversor es plenamente consciente de esta situación y del motivo por el cual España no ha procedido al pago de la cantidad fijada en el laudo, ya que se le ha dado la oportunidad (junto a otros inversores) de presentar las oportunas alegaciones en el procedimiento iniciado por la Comisión”, asegura esta carta a la que ha tenido acceso este medio. 

El Gobierno también considera que los demandantes del ‘caso Antin’ saben que, de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea y su interpretación por parte del Tribunal de Justicia, que debería ser el sistema judicial de la propia Unión donde debería haber acudido para hacer valer los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico europeo

“Sin embargo, esta información ha sido silenciada por Antin en su carta”, apuntan. Una respuesta contundente al Banco Mundial que ni el Ministerio de Justicia ni la Secretaría de Estado de Comunicación han querido añadir más ante la consulta de Vozpópuli.

UNIDOS PODEMOS: Más deuda, más impuestos y más regulaciones.

Por: Juan Ramón Rallo para La Razón

Unidos Podemos, la coalición electoral de Podemos e Izquierda Unida, presentó esta semana su programa económico para las elecciones generales del próximo 26 de junio. Se trata de un simple lavado de cara de las principales propuestas que ya estaban contenidas en el programa de Podemos de los pasados comicios del 20 de diciembre. Y si ya entonces esas propuestas constituían un error mayúsculo que, de haberse aplicado en su integridad, habrían condenado a nuestra economía a la bancarrota, actualmente no es posible emitir un juicio más optimista.

Así, el programa de Unidos Podemos se asienta sobre tres grandes pilares. El primero, reducir el déficit público mucho más lentamente y lograr que toda su disminución se acometa a través de fuertes subidas de impuestos. El segundo, dirigir, planificar e hiperregular en mucha mayor medida la economía y la vida de las empresas. Y, por último, establecer una tupida red de asistencialismo estatal para rescatar a todos aquellos ciudadanos excluidos de la sociedad debido a la pobreza generada por las subidas de impuestos y la hiperregulación de la economía.

Más en concreto, Unidos Podemos aboga por enfrentarse a las instituciones europeas para conseguir que el gobierno de España tenga derecho a endeudar todavía más rápidamente a los ciudadanos españoles. Al parecer, que la deuda pública se haya cuasi triplicado durante la última década les resulta insuficiente: necesitamos todavía más deuda para hipotecar en mayor grado el futuro de nuestros hijos y nietos. En este sentido, para la formación filocomunista, la sangría del déficit público sólo debe ir minorándose a través de brutales aumentos de prácticamente todos los impuestos —IRPF, cotizaciones sociales, patrimonio, sucesiones, sociedades, especiales, etc.—, con el declarado objetivo de incrementar la recaudación en hasta 40.000 millones de euros (una media superior a los 2.000 euros por familia).

A su vez, Unidos Podemos también defiende la necesidad de colocar una mayor porción de la economía bajo el control directo de las regulaciones y de los mandatos políticos. De entrada, pretende derogar las últimas reformas laborales para regresar al más rígidamente intervenido marcado de trabajo previo a 2010: sí, ese mercado de trabajo responsable de que la tasa media de paro en España haya sido del 17% en los últimos 35 años. La solución que ofrece Unidos Podemos para las personas que buscan empleo es, simple y llanamente, condenarlas al paro estructural más elevado del mundo desarrollado. Pero el dirigismo estatal no termina aquí: la formación rojimorada también aspira a crear una banca pública —a imagen y semejanza de las desastrosas cajas de ahorros—, a aprobar un “plan nacional de transición energética” —reforzando todavía más la injerencia política en la determinación de nuestras fuentes de energía, lo que ha contribuido a disparar su precio durante la última década— y a imponerles a los empresarios el tipo de inversiones que deben acometer —la mal llamada “política industrial” que no es más que una versión acicalada de la planificación indicativa que tantos fracasos cosechó en las economías socialistas—.

Por último, dado que Unidos Podemos parece ser consciente de que sus políticas económicas no contribuyen a generar riqueza sino sólo a colocar la economía a los pies de los políticos —a sus pies—, la coalición también contempla un reforzamiento del asistencialismo estatal para todos aquellos que queden desplazados de la sociedad: así, en el programa se defiende una renta mínima de inserción mucho más extensa que la actual, una reestrucuturación forzosa de la deuda privada o un control de precios sobre los suministros básicos. En suma, tras renunciar a la creación de riqueza —más deuda, más impuestos y más regulaciones— no les queda otra que apostar por repartir la miseria.

Sablazo al ahorro privado

La muy delicada situación a largo plazo de la Seguridad Social parecería justificar una cierta promoción del ahorro privado entre los españoles para que así cuenten con un colchón con el que capear los inexorables recortes futuros en sus pensiones. Sin embargo, Unidos Podemos plantea todo lo contrario: una ofensiva sin cuartel contra el ahorro privado. De entrada, la confluencia de izquierdas apuesta por aumentar aquellos impuestos que más directamente atacan la tenencia de ahorro privado: patrimonio y sucesiones. A su vez, también promete incrementar la tributación sobre las rentas del ahorro (como los dividendos, los intereses o las plusvalías). Y, por último, suprime toda ventaja fiscal al ahorro (muy en especial, la deducción por aportación a planes de pensiones, que aunque mal diseñada no debería eliminarse sin ofrecer alternativa alguna). En suma, Unidos Podemos ha colocado en su punto de mira a los ahorradores y no es de extrañar: el ahorro y la acumulación de un cierto patrimonio privado concede al individuo autonomía frente al Estado y la formación rojimorada no desea ciudadanos autónomos sino ciudadanos dependientes del Estado.

El expolio de la Seguridad Social

Como decimos, la situación financiera de la Seguridad Social es crítica, pero lejos de promover el ahorro privado complementario, Unidos Podemos aspiran a rapiñar con más saña a los ciudadanos. Así, por un lado, la confluencia de izquierdas apuesta por eliminar los límites a las cotizaciones sociales sin que ello implique elevar las pensiones máximas ofrecidas por el sistema. Textualmente: “Se eliminará el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción”. Pagar más, recibir lo mismo. Por otro lado, Unidos Podemos también propugna que los autónomos coticen según sus ingresos reales, impidiéndoles escoger su base de cotización tal como sucede ahora mismo: una política que encarecerá las cuotas de casi el 80% de todos los profesionales autónomos. En definitiva, se trata de arramblar sin miramiento alguno con los ingresos reales y con el ahorro de los españoles para mantener a flote un sistema social deficitario y condenado desde su mismo nacimiento al fracaso por meras razones demográficas.

La sindicalización de las pymes

Unidos Podemos suele manifestar su propósito de auxiliar a las pymes frente a las grandes empresas. Sin embargo, a la hora de la verdad, su programa económico establece muchos obstáculos nuevos a su capacidad para crecer y prosperar. Dejando de lado la contrarreforma laboral que prepara la coalición de izquierdas y que atentará directamente contra la capacidad de sobrevivir de muchas pequeñas empresas, su programa electoral contiene otra sorpresa envenenada para las pymes. En la actualidad, las empresas con menos de 10 trabajadores no están obligadas a contar con representantes de sus empleados dado el alto coste que ello representa en plantillas tan pequeñas y la creciente burocratización que implica en la gestión diaria de la compañía. Pues bien, Unidos Podemos pretende extender los representantes de los trabajadores —y, en definitiva, la presencia empresarial de los sindicatos— a todas las compañías con independencia de su tamaño. Lejos de liberarlas de la losa burocrática que ahora mismo las asfixia, la formación rojimorada pretender incrementarla todavía más.

La deuda del marido de Carmena con sus empleados ya suma 209.000 euros

POR: M.A. Ruiz Coll .

La Justicia ha dado hasta ahora la razón a nueve trabajadores a los que el arquitecto Eduardo Leira dejó de pagar las nóminas en agosto de 2010

El arquitecto Eduardo Leira –marido de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmenaya adeuda más de 209.000 euros a los antiguos empleados de su empresa, la firma I3 Consultores.

En un comunicado oficial difundido por Ahora Madrid el pasado 12 de mayo, la regidora de Madrid únicamente reconocía que un Juzgado de lo Social había condenado al gabinete de arquitectura de su marido por el “impago de salarios” a tres de sus antiguos trabajadores.

La juez Carmena no mintió, pero evitó cuidadosamente decir toda la verdad. Aunque “olvidó” mencionarlo, en realidad en aquel momento ya eran nueve los exempleados de su marido a los que la Justicia ha reconocido el derecho a cobrar las nóminas que les adeuda Eduardo Leira. Hasta el momento, ninguno de ellos ha conseguido cobrar.

El Juzgado de lo Social número 40 de Madrid condenó el 22 de julio de 2011 a la empresa de Leira a pagar 128.000 euros a los tres arquitectos mencionados en el comunicado de Ahora Madrid, que llevaban un año sin cobrar sus nóminas.

A lo largo de 2012, varios juzgados de lo Social reconocieron el mismo derecho a otros seis antiguos empleados de I3 Consultores (la mayoría de ellos arquitectos, pero también una secretaria), lo que dispara la deuda de Antonio Leira hasta los 209.040 euros.

Sin embargo, su firma de arquitectura no ha pagado esta deuda porque ha declarado concurso de acreedores y los Juzgados han reconocido su situación de insolvencia. Por lo tanto, como reconocía la alcaldesa de Madrid, tendrá que ser el Fondo de Garantía Salarial el que asuma el pago de esta deuda contraída por su marido, cuando se resuelva el proceso concursal.

La sentencia de julio de 2011 confirmó el doble fraude cometido por la empresa del marido de la alcaldesa de Madrid. Hasta 2010, mantuvo a estos arquitectos contratados como “falsos autónomos” o colaboradores, sin darlos de alta como empleados: trabajaban en las oficinas de I3 Consultores con un horario fijo de 40 horas semanales, pero no estaban dados de alta como empleados estables de la empresa. Una de las arquitectas demandantes se encontraba en esta situación irregular desde hacía cinco años.

A principios de 2010, Leira decidió hacerles un contrato indefinido, después de que el Colegio Oficial de Arquitectos advirtiera en una circular de que la Inspección de la Seguridad Social estaba realizando visitas a las empresas del sector para detectar este tipo de fraudes.

Para evitar una multa de la Seguridad Social, el marido de la juez Carmona incorporó a estos arquitectos a la plantilla el 1 de enero de 2010, pero con la categoría de “técnicos de cuentas”: por lo tanto con un sueldo inferior al que realmente les correspondía, según señala la sentencia.

Un doble fraude que, junto con el impago de las nóminas, constituye una “vulneración de los derechos de los trabajadores”, subraya la resolución judicial.

Ocho meses después, en agosto de 2010, la empresa dejó de pagar las nóminas “a causa de la crisis, que incidió como sabemos de forma especialmente intensa en el sector de la construcción”, aclara el comunicado de la alcaldesa de Madrid.

Porque, según la versión ofrecida por Manuela Carmena en la web de Ahora Madrid, que los nueve empleados de la firma de arquitectura se hayan quedado sin cobrar 209.000 euros en nóminas no es culpa de su marido, sino de “un modelo económico fallido cuyo mayor arquitecto es el señor Rodrigo Rato, exministro de Economía y responsable de la estafa de Bankia”.

Después de que la empresa de Eduaro Leira se declarara insolvente, los tres primeros empleados que habían conseguido una sentencia condenatoria presentaron una querella contra él y contra Manuela Carmena por un presunto de alzamiento de bienes.

Fundamentaban esta acusación en el hecho de que, en noviembre de 2010 (cuando ya adeudaba el salario de cinco meses a sus trabajadores), Leira había traspasado todo su patrimonio a su esposa, ejecutando así laseparación de bienes que el matrimonio había pactado en 1999.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid decidió archivar la querella por considerar que no estaba suficientemente fundada. Los tres antiguos empleados de la juez Carmona desistieron de recurrir este auto, porque no podían hacer frente a las tasas y costes judiciales que el proceso les habría acarreado.

LOS EXTREMISTAS CIERRAN FILAS CON TSIPRAS

LOS EXTREMISTAS CIERRAN FILAS CON TSIPRAS

Infoblogger

El «No» gana en el referéndum convocado por el gobierno de Grecia y abre una etapa de incertidumbre en Europa. El voto joven ha sido clave para esta victoria que pone al país a un paso de ser declarado en bancarrota.

Ayer se celebró por fin el esperado referéndum convocado de forma unilateral por el Primer Ministro griego Alexis Tsipras. El resultado fue un rotundo NO, por parte de los votantes. Una altísima abstención de casi el 50% ha hecho posible que Grecia haya optado por un nuevo suicidio tras el triunfo electoral de Syriza.

Todo estaba a su favor: una televisión pública reabierta para regocijo del régimen y una potente campaña por parte del gobierno Heleno para hacer valer su opción favorita, el No a las propuestas de La Troika. El No a devolver su deuda.

Este No a Europa ha sido apoyado por todos los grupos extremistas…

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Debt Bomb (subtitulado al español)

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JAJAJAJAJAJAJA 2risaJAJA… Dedicado a «mis muy queridos amigos» ESTATISTAS, COLECTIVISTAS, KEYNESIANOS, INTERVENCIONISTAS y, como no, A TODOS ESOS BURROS QUE SIMPATIZAN CON ESA ÑORDA llamada «PODEMOS».

¡MENOS ESTADO Y MAS LIBERTAD INDIVIDUAL!

Esta vez, con HUMOR (y ritmo, mucho ritmo, ritmo sexy además ;) )

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Debt Bomb (Bomba de deuda).

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Una cachondísima sátira super directa sobre la crisis económica global en que nos hemos (o nos han, según distintos puntos de vista, aunque yo personalmente creo que aunque unos mas que otros, todos hemos dado pié a ello) metido. Además en plan «sexy» para que quede más curioso.

Para ello, se toma la excelente, marchosa y seductiva canción de Tom Jones «Sex Bomb», respetandole la instrumentación original y colocandole una letra…..un tanto «peculiar».

En fin, el sentido del humor que no nos falte. En este caso, es humor británico.

Agradecimiento a DIEGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ en cuyo blog he descubierto el video.

 

 

 

 

LA SANGUIJUELA CATALANA (AUDIO)

 

Editorial de César Vidal

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Es la noche de César
Presentado por César Vidal
6:46
César Vidal lee su editorial.
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LA QUIEBRA DE PYMESH (AUDIO)

 

Editorial de César Vidal:

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La quiebra de PYMESH

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Es la noche de César
Presentado por César Vidal
6:09
César Vidal lee su editorial.
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OSTRACISMO, APRENDAMOS DE LOS GRIEGOS.

 

Una de las cosas que más me llama la atención del mundo de los políticos, es la nula responsabilidad social que tienen en la gestión que realizan.

Un político, puede llevar a un país a la ruina, como el caso de Grecia, Irlanda, endeudar una comunidad autónoma hasta límites insospechados, e imposibles de afrontar, y su único “castigo”, es la posibilidad de no resultar reelegido en los próximos comicios.

Por ello, para castigar los abusos de poder, en la antigua democracia griega, se inventó el ostracismo.

Seguramente el término les suene, pero poco saben de dónde procede.

La ley del ostracismo aparece a finales del s. VI a.C. La ley establecía la pena de destierro para aquellos políticos que fueran encontrados culpables de acumular un exceso de poder.

El término ostracismo procede del término griego “óstraca” que significa literalmente conchas, y era utilizado por el modo en el que los ciudadanos griegos, usaban una pieza de barro, de las que abundaban en el barrio griego de Cerámicos con forma de concha, para votar una vez al año en la asamblea, el nombre de aquellos gobernantes, que en su opinión habían realizado un abuso del poder que les había sido otorgado.

Para que la condena se llevase a cabo, se requerían 6000 votos que eran aproximadamente dos tercios, de la población de la ciudad.

Algo así es inviable en nuestros días, pero aunque no podamos expulsar a un político de un país, por haberle causado un gran daño, deberíamos de aprender de los antiguos, y buscar una manera de castigar una gestión nefasta que haya llevado a millones de ciudadanos inocentes a la mayor de la ruinas.

 

By Rafael Soto Santos

FUENTE: PERIODISMOINDEPENDIENTE.ES