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María Calvo: “La Ley Cifuentes es retrógrada, en EEUU la ciencia dice justo lo contrario”

María Calvo Charro destaca que en EEUU la ciencia recomienda no realizar operaciones de cambio de sexo ni tratar estos temas con los niños, todo lo contrario de lo aprobado por Cifuentes.

POR: Pablo González de Castejón EN: Actuall

La ley antidiscriminación LGTBI aprobada la semana pasada por la Asamblea de Madrid a propuesta del Partido Popular, con Cristina Cifuentes a la cabeza, continua suscitando reacciones contrarias a la misma, en especial dentro del mundo de la educación, uno de los apartados en el que esta ley ejerce una mayor intromisión.

Una de las voces más críticas de las consultadas por Actuall ha sido María Calvo Charro, presidenta de la Asociación europea de centros de educación diferenciada (EASSE), profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y autora de libros comoAlteridad sexual, razones frente a la ideología de género‘.

Lo primero que remarca María es que le llama más la atención el contenido de la ley que el partido que la propuso y la aprobó (el PP), porque ya vio venir las intenciones de los populares cuando el año pasado el Ministerio de Sanidad publicó la Guía ‘Abraza la diversidad’, un documento que da una serie de directrices para los alumnos y los profesores en un intento de prevenir la discriminación LGTBI en las escuelas.

María Calvo: “Se les estimula a masturbarse, a tocar al vecino, a elegir su identidad sexual,… se les adoctrina”

“Si te metes a ver los contenidos, son casi pornográficos. Se quiere enseñar a los niños una educación sexual que no necesitan. Se les estimula a masturbarse, a tocar al vecino, a elegir su identidad sexual,… se les adoctrina”, afirma la profesora Calvo.

Dicha Guía, que cumple de forma clara los requisitos para que se utilice en todos los colegios de la comunidad (públicos, privados y concertados) y se imparta a todos los alumnos (desde los 0 a los 18 años), fue elaborada con el consenso de grupos LGTBI.

María Calvo Charro / Youtube

Esta ley no contó con ninguna asociación de padres, o de expertos educativos independiente, sino que fue elaborada con el consenso de grupos LGTBI que además revisarán de manera anual el funcionamiento de la norma. Una decisión que no gustó mucho en Concapa.

Para María Calvo no es sorprendente, ya que cualquier profesional desaconsejaría enseñar sexo a los niños. “Los niños no se plantean esas cosas. Se saltan la parte psicológica y esto les afecta. Están violando sus derechos, les puede traumatizar“, insiste.

Es más, la presidenta de la asociación remarca que en España intentamos ir de mordernos con estas leyes, pero que en el fondo vamos con 30 años de retraso. “Es una ley muy anticuada y retrógrada. En EEUU ya han dado la vuelta a esto”.

María Calvo: “Me llamarán homófoba por decir esto, pero yo hablo de datos, es sentido común”

Se refiere a que ahora la tendencia en EEUU es a no hablar con los más pequeños de sexo, sino a enseñarles a autocontrolarse. “Me llamarán homófoba por decir esto, pero yo hablo de datos, es sentido común. Hoy está todo dominado por el relativismo absoluto y el emotivismo, la muerte de la razón”.

Es difícil argumentar frente a alguien que te dice yo me siento así y ya está, reconoce María Calvo, pero se debería tener más en cuenta los estudios del Instituto John Hopkins, que ha pasado de ser el primer lugar en realizar operaciones de cambios de sexo en los año 70 a recomendar no operar a nadie porque no soluciona nada.

Mariano Bailly-Bailliere: “Es un paso más en el control de la sociedad” 

Para Mariano Bailly-Bailliere, miembro de objetores a Educación para la Ciudadanía, “la Ley contra la “LGTBfobia” supone un paso más en el control de la sociedad civil por parte de las autoridades”.

Y es que esta ley lo que “pretende es enjuiciar y educar obligatoriamente los sentimientos de los los menores de edad sin mediar ningún consentimiento paterno“. Insiste Mariano en que “más que al respeto o a la tolerancia, la norma aspira a que los miembros de los colectivos LGTBI sean queridos por sus conciudadanos”.

Además, argumenta que “las agresiones contra el respeto y la tolerancia están ya tipificadas en el Código Penal”, por lo hablar de que “los hechos son objeto de la justicia pero los motivos son indemostrables. Y la inversión de la carga de la prueba propia de regímenes totalitarios”.

Bailly-Bailliere: “Pretender achacar un hecho delictivo a un sentimiento es tan dudoso como ineficaz: lo que ha de juzgarse es el hecho”

Lo resumen así: “Pretender achacar un hecho delictivo a un sentimiento es tan dudoso como ineficaz: lo que ha de juzgarse es el hecho, no sus motivaciones”.

Sobre lo que debería hacer el gobierno de Cristina Cifuentes Bailly-Bailliere remarca que “el Estado debe velar por el respeto y la tolerancia. Y este respeto ampara tanto a quien se considera ciudadano LGTBI como a quien no lo es. En igualdad: sin supuestas discriminaciones positivas que, además de  privilegiar a unos en detrimento de los otros, transmiten un mensaje ideológico”.

CENSURA: El Supremo señala que el PP usó la censura para callar las críticas de un grupo provida.

SE VULNERÓ LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA PLATAFORMA CÍVICA HAZTEOIR.ORG

El Tribunal Supremo ha comunicado hoy una sentencia dando la razón a HazteOir.org frente a la censura sufrida por esta plataforma cívica en las últimas Elecciones autonómicas en Madrid.

Tergiversan la Ley Electoral para prohibir una campaña de una asociación provida
Tras rechazar el amparo legal para los niños por nacer, Cifuentes lo pide para las mascotas

Una campaña denunciada por el PP y prohibida por la JEPM el mismo día

El 7 de mayo de 2015 y a iniciativa de Cristina Cifuentes, el PP denunció ante la Junta Electoral la campaña “Yo rompo con Cifuentes”, con la que HazteOir.org recordaba el apoyo al aborto de la entonces candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Además de mentir sobre su posición en ese tema, Cifuentes dijo que la campaña de HO era “algo intolerable, injustificable y bastante ofensivo”. Como ya recordé entonces, se daba la circunstancia de que en 2008 el propio PP había acogido en un mitin pancartas con un lema similar, pero dirigido contra Zapatero. Sin tener en cuesta esto y con una inusitada rapidez, la Junta Electoral Provincial de Madrid admitió la denuncia del PP ese mismo día y prohibió la campaña de HO, y lo hizo apelando al artículo 50.5 de la LOREG y al párrafo 2º del artículo 53 de esa misma norma, unos preceptos que se referían a la campaña electoral y a la captación de sufragios, y que por tanto no tenían relación con la iniciativa del grupo provida. El 9 de mayo de 2015 ya denuncié aquí que esta censura se basaba en una tergiversación de la Ley Electoral y que vulneraba el Artículo 20 de la Constitución Española.

El Supremo deja en evidencia la vulneración de un derecho constitucional

En su sentencia, los magistrados del Tribunal Supremo coinciden con las apreciaciones que hice en aquella entrada: Carece de justificación la equiparación o asimilación que el recurrido acuerdo de la JEC efectúa de los actos dirigidos a orientar el voto de los electores con las estrictas actividades llevadas a cabo “en orden a la captación de sufragios” que, a los efectos de delimitar el concepto de campaña electoral, literalmente menciona el apartado 4 del artículo 50 de la LOREG, y a la que está referida la prohibición dispuesta en el apartado 5 de dicho precepto legal.” Concretamente, y como también señalé el año pasado aquí, la sentencia afirma “la necesidad de preservar el derecho fundamental a la libertad de expresión del artículo 20.2 CE que el mencionado precepto de la LOREG establece”. Esto es lo que dice el citado Artículo 20 de la Constitución:

“1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

(…)
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

La sentencia advierte que “establecer una equivalencia entre pedir el voto e influir en el voto puede conducir a una grave y desproporcionada restricción de derechos fundamentales durante el periodo electoral, estrangulando el debate público y convirtiendo el espacio del dialogo político en un ámbito de monopolio ocupado en exclusiva por los partidos políticos y sus candidaturas.”

La sentencia no contempla que los censurados sean indemnizados

Lo que sí es insólito de la sentencia del Supremo conocida hoy es que no se pronuncia sobre las costas procesales, esto es, que no contempla que a la asociación injustamente censurada sea indemnizada ni se le restituya siquiera el dinero que ha gastado en su defensa tras ser víctima de un atropello contra sus derechos constitucionales. Hay que recordar que a la hora de censurar esa campaña totalmente legal, el PP se valió de recursos públicos pagados por todos, incluso llamando a los anunciantes para amenazarles con el derribo de sus vallas si no retiraban inmediatamente la campaña de HO. Este punto de la sentencia abre la puerta a que el poder político siga abusando de su posición y de los recursos de los que dispone -insisto: pagados por todos los contribuyentes- para silenciar campañas críticas, aunque sea de forma abiertamente contraria a la ley, como ocurrió en el caso que nos ocupa, mediante una política de hechos consumados que deja al ciudadano expuesto a grandes gastos judiciales incluso si el tribunal le da la razón, lo que provocará que más de uno se deje pisotear a falta de fondos para afrontar su defensa.

Cifuentes guarda silencio tras el jarro de agua fría del Supremo

Hay que decir, a pesar de lo que acabo de señalar, que esta sentencia supone un gran jarro de agua fría para la presidenta madrileña, que se valió de su posición para conseguir que una Junta Electoral censurase una campaña totalmente legítima y legal. Además, el Supremo deja en evidencia que Cifuentes ganó las elecciones tras servirse de la censura para acallar críticas en su contra, un hecho que perturba claramente la necesaria limpieza con la que se tendría que desarrollar una campaña electoral en un país democrático. Aunque en el momento de redactar estas líneas Cifuentes aún no ha hecho declaración alguna sobre el dictamen del Supremo -un silencio que tal vez se deba a la enorme dificultad que supone explicar ahora su autoritaria reacción a la campaña de HO-, no sería extraño que en su gabinete conociesen desde hace días la sentencia. Eso explicaría el nerviosismo de Ángel Garrido con su ataque a Ignacio Arsuaga este fin de semana, presentando al presidente de HO como anticristiano, después de que tanto Garrido como Cifuentes hayan apoyado leyes anticristianas como la vigente Ley del Aborto de 2010.

La sombra de la sentencia se cierne sobre la última ley de Cifuentes

Además de lo señalado, y aunque obviamente no la menciona pues no era el objeto de ese recurso de HO, la sentencia del Supremo arroja sombras sobre la ley totalitaria aprobada por el PP la semana pasada con el apoyo del PSOE y de Podemos. Si ya ha quedado claro con una sentencia judicial firme que Cifuentes fue capaz de echar mano de la censura para silenciar críticas contra ella por su apoyo al aborto, ¿qué garantía tienen los ciudadanos madrileños de que esa ley no se usará también para ejercer la censura, cuando la propia norma incluye vulneraciones de derechos constitucionales? Por otra parte, y como ya señalé el año pasado, esta sentencia demuestra el curioso orden de prioridades que mantiene el PP: no tiene tiempo para capturar a etarras fugados como Josu Ternera, ni para echar a las marcas electorales de ETA de las instituciones, pero sí para censurar una campaña provida de forma abiertamente ilegal. Y en el PP aún se extrañarán de la enorme cantidad de votos que se ha dejado por el camino.

FUENTE: Elentir

Y ¡OJO! esto es una batalla ganada, pero nada mas, solo basta, sin ir mas lejos, leer este post que publiqué ayer mismo y que tiene relación con este tema por cuento esta sentencia puede influir, y mucho, en esta ley impresentable que se han sacado y que, practicamente, COLOCA AL «LOBBY GAY» EN UNA POSICIÓN DE PRIVILEGIO contra lo que, además, puede ser peligroso hacer críticas, puesto que te pueden denunciar por «discriminación». Esto es algo que nos advierten incluso personas homosexuales, como podemos ver en este otro artículo en el que se habla de que el Lobby Gay ejerce una auténtica DICTADURA.

También tenemos este otro ejemplo, esta vez se trata de la famosa «red de redes», Facebook, en la que estamos casi todos (aunque haya quien no lo quiera reconocer y se tira el rollo de que no que «que va, yo Facebook nunca») y en el que vemos que la «facequisición» ha cerrado una página, con multitud de seguidores además, todo ello a instancia una vez mas del «lobby»: http://citizengo.org/es/35804-que-se-abra-cuenta-sexo-seguro-que-fue-arbitrariamente-cerrada

La cosa es aun mas grave, pues hasta ahora, todo lo que hemos visto se refiere, o solo a España o a un solo tema (como en el último caso) pero es que la cosa se extiende a Europa y tambien a los Estados Unidos, lo que quiere decir que es a nivel global, porque hay por ahí paises donde esto ni siquiera hace falta ya que NUNCA han tenido la menor libertad de expresión (los paises MUSULMANES, por ejemplo, o China y Corea del Norte), como podemos ver en este otro artículo (está en inglés, pero con el traductor de Google se entiende perfectamente): Facebook, Twitter prohibición de la libertad de expresión para formar «Super-Estado» virtual

Es decir que, incluso esta sentencia de nuestro Tribunal Supremo PUEDE QUEDAR EN NADA SI LAS DIRECTRICES EUROPEAS LO ORDENAN y no olvidemos que, en Alemania, por ejemplo, ya te pueden hasta encarcelar si haces críticas contra los inmigrantes o contra el Islam, y no solo es Angela Merkel, no, el SPD (los social-demócratas), a traves del Ministro de Justicia, pertenciente a dicho partido (para quien no esté enterado, que los habrá, le recuerdo que en Alemania, el gobierno es una coalición entre la derecha y los social-demócratas, osea, como si aquí al final llegaran a un acuerdo PP y PSOE y gobernaran juntos) a obligado a Facebook, Twitter y Google a borrar material (http://www.lavozdegalicia.es/noticia/redessociales/2015/12/15/google-twitter-facebook-eliminaran-mensajes-odio-racial-aleman-24-horas/00031450209842993303793.htm)

Esto nos dicen, nos intentan convencer PRACTICAMENTE A LA FUERZA que es para acabar con la discriminación, pero NO ES OTRA COSA QUE IMPONER EL PENSAMIENTO ÚNICO, ni mas ni menos.

¿QUIEN COJONES ES EL ESTADO PARA DECIRLE A UN INDIVIDUO LO QUE PUEDE O NO PUEDE SENTIR O PENSAR? Esto es el mundo que nos narra Orwell en su famosa novela «1984», así de sencillo.

Nos convierten en una sociedad aborregada e INFANTILOIDE, ¿nadie lo ve? pues es fácil ¿quien de niño no le ha ido a su papi o su mami con la cantinela de «papá, mamáaa…sniff, snifff, que Ricardito me ha llamado gordo»?, bien y ahora nos están llevando al «Papá Estado, Papá Estado, que Ricardito me ha llamado maricón (o negro o moro o calorro…)».

Y esto no deberia ser así, ¿que te llaman tal o cual? ¡Pues contestas o te aguantas!, eso ENDURECE EL CARACTER, en lugar de convertirte EN LOS INDIVIDUOS BLANDENGUES Y LLORICAS EN QUE NOS ESTÁN CONVIRTIENDO.

Yo, desde luego, lo tengo bien claro, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEBE ESTAR SIEMPRE POR ENCIMA DE IDEOLOGIAS, RELIGIONES, COSTUMBRES, CREENCIAS, TRADICIONES, COLECTIVOS Y NACIONES.

A MI ME PARECE QUE ES HORA DE AMOTINARSE, ASÍ, COMO SUENA.

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El Gobierno de Madrid predica con el ejemplo

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha esperado a que la Ley anti-discriminación LGTB empiece a aplicarse, para predicar con el ejemplo de la homogeneidad y la intolerancia que la nueva norma instauran alrededor de la perspectiva de género obligatoria. Aprobada el pasado jueves en la Asamblea regional, casi por unanimidad, la ley incluye, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria de la ideología de género en los colegios públicos y privados, la posibilidad de multar con 45.000 euros a un sacerdote que atienda a una persona homosexual que quiere cambiar de vida, o la inversión de la carga de la prueba en las denuncias por homofobia y transfobia. Para mostrar algunas de las prestaciones más inquietantes de la ley, el portavoz del gobierno regional, Ángel Garrido, del PP, empezó señalando desde su cuenta de Twitter a Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, una de las plataformas ciudadanas que han denunciado que la nueva ley recorta la libertad personal de la mayoría de la población para favorecer la discriminación positiva de una minoría de activistas ideológicos. La nueva ley asume premisas controvertidas como la idea de una identidad de género libremente determinada. Al convertirse en un precepto legal, promoverse como un valor de las instituciones, enseñarse en los colegios y modificar el principio de la presunción de inocencia, la discriminación positiva se practica a costa de la libertad de los demás. En aras de una supuesta diversidad sexual, se suprime la diversidad de ideas. Este es el impacto de la nueva ley madrileña, sobre el que diversas voces de la sociedad civil española están alertando en los últimos días. ¿Es esta crítica infundada? ¿Es irrespetuosa? ¿Atenta contra la democracia? El portavoz gubernamental de Madrid cree que sí. En su perfil de Twitter, Ángel Garrido descalificó como “anti-cristiano” a Ignacio Arsuaga. Aquí puedes leer la respuesta del presidente de HO en Actuall. Se diría que el Gobierno de la presidenta Cristina Cifuentes ha elegido a un discrepante de sus políticas para enviar un mensaje al resto de la sociedad. La polémica ley recién aprobada deja suficiente margen de discrecionalidad a los gobernantes para perseguir la crítica y sofocar la diversidad de pensamiento, como para no pensar que el mensaje de un político con poder ejecutivo entraña algo más que un desahogo personal. (Con información de ABC, Religión en Libertad, Actuall)