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Porque el estado del bienestar destruye a las personas

LA SITUACIÓN DE REINO UNIDO DEBERÍA CONSTITUIR UN TERRIBLE AVISO PARA EL RESTO DE EUROPA. Y NO HABLAMOS DEL ‘BREXIT’, SINO DE LA DEVASTACIÓN SOCIAL QUE PUEDE PROVOCAR LA COMBINACIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR Y CIERTO TIPO DE CULTURA O FILOSOFÍA VITAL. COMPARADO CON ELLA, EL ‘BREXIT’ ES UN ASUNTO TRIVIAL

POR THEODORE DALRYMPLE

En el hospital en el que trabajaba como médico prácticamente ningún niño era hijo de padres casados, excepto los hijos de inmigrantes indios. Tal vez en algunos países la ausencia de vínculo matrimonial no importe, ya que los progenitores se esfuerzan por seguir juntos para no perjudicar a los niños. Pero en Reino Unido ese no era el caso. Cuando un adolescente británico cumple 15 años, es mucho más probable que tenga un televisor en su cuarto a que tenga un padre viviendo en casa. De hecho, el adolescente no habita un hogar tradicional; habita un hogar por el que desfila una serie cambiante de personas. Ese adolescente tiene en realidad tres progenitores: la madre, el Estado y la televisión.

No estoy hablando de una minoría cuya situación es trágica, pero que carece de relevancia social. Más de la mitad de los niños británicos nacen fuera del matrimonio. Para un buen porcentaje de ellos, su modelo de familia consiste en una sucesión de extraños. Los novios de sus madres van y vienen, y lo más probable es que alguno o varios de ellos sean francamente desagradables.

Un indicador de la destrucción de la vida familiar es el hecho de que una quinta parte de los niños británicos no come con otro miembro de su familia (o quizás debería decir: con otro miembro de su hogar) más de una vez cada dos semanas. Vale la pena analizar este hecho.

LA CALLE ES MI CASTILLO

Compartir mesa es seguramente uno de las formas de socialización más importantes, aunque sea algo elemental. El niño aprende a controlarse: tiene que compartir y esperar su turno, tiene que conversar en lugar de simplemente afirmar algo o expresarse con la mayor fuerza posible. En al menos una quinta parte de los hogares británicos, este tipo de relaciones no existen. En la cárcel en la que también trabajé, conocí a muchos prisioneros que nunca habían comido con alguien en su casa.

En esos hogares (en los que, dicho sea de paso, a menudo ni siquiera hay una mesa a la que las personas puedan sentarse juntas, pese a que no faltan varias pantallas enormes de televisión) no se cocina; solo se calientan alimentos preparados en el microondas. A los niños se les deja coger comida de la nevera cuando tienen hambre. Lo que encuentran son alimentos dulces y grasos, que consumen frente a la televisión y que, no por casualidad, han hecho que estén entre los más gordos del mundo. Este patrón también ayuda a explicar el terrible hecho de que la gente tire tanta basura a la calle. Solía decirse que el hogar de un inglés era su castillo, pero ahora la calle es su comedor. Come casi tanto en la calle como en casa y, como es antisocial, arroja los desperdicios a su alrededor igual que una vaca en el campo.

Este patrón de consumo antisocial, derivado de las ideas de los intelectuales progresistas, indica que estas personas no quieren aceptar lo obvio y no quieren enfrentarse a realidades desagradables, que cuestionen su opinión sobre el mundo. La explicación que ofrecen es que existen «desiertos alimentarios» en las zonas donde este patrón es prevalente. En otras palabras, que no hay tiendas en las que las mujeres puedan comprar alimentos frescos.

Pero esto es lo mismo que empezar a construir la casa por el tejado. La razón por la que no hay tales tiendas es que nadie compraría en ellas si las hubiera. En las zonas donde viven inmigrantes asiáticos pobres, existen comercios que venden gran variedad de verduras a un precio tan barato que es muy difícil que una persona pueda llevarse a casa ella sola todo lo que puede comprar a cambio de lo que cuestan unos pocos platos para calentar en el microondas.

El problema es otro: algo ha ido terriblemente mal con nuestra cultura.

SOLEDAD

Cuando trabajaba como médico, preguntarle a un paciente joven quién era su padre era una pregunta un poco delicada. A menudo respondía moviendo la cabeza: no sabía quién era o lo había olvidado, o quizá lo odiaba. Uno me contestó: «¿Se refiere a mi padre actual?» De hecho, los padres en el sentido tradicional casi habían desaparecido: había inseminadores y había padrastros, pero no había padre tradicional. Por cierto, la descomposición extrema de la familia explica en parte las dificultades para encontrar vivienda: mientras una familia nuclear necesita un hogar, una fragmentada necesita dos o más hogares. La cantidad de personas que viven solas en Reino Unido ha aumentado considerablemente como resultado de la ruptura de la estructura familiar. Dado que no se construyen más casas para satisfacer la demanda, los alquileres suben y la calidad de las viviendas existentes disminuye.

No es inconcebible que las buenas escuelas compensen de alguna manera las deficiencias de la vida hogareña, pero de hecho sucede lo contrario. Gracias a la pedagogía «progresista», varias generaciones no saben leer correctamente, de modo que una parte no insignificante de la población ni siquiera entiende que es necesario leer correctamente. Esto explica por qué, incluso en épocas en que la tasa de paro es alta, las empresas británicas a menudo prefieren la mano de obra extranjera a la británica, y por qué la productividad per cápita británica sigue siendo tan baja. Cuando decía a mis pacientes jóvenes que leyeran un texto para analizar su capacidad de lectura, a menudo señalaban una palabra larga y decían: «no la conozco», como si el inglés se escribiera con ideogramas en lugar de con el alfabeto.

PRUDENCIA

¿Qué papel ha desempeñado el estado de bienestar en esta catástrofe social? Como mínimo la ha hecho posible, casi inevitable.

Cuando empecé a trabajar como médico en 1974 todavía existía una generación que había vivido momentos muy difíciles: la Gran Depresión, la guerra mundial o la escasez de la posguerra. Esa generación no tenía la culpa de las dificultades que sufrió y estaba orgullosa de haber sobrevivido a esas penurias sin recurrir a mucha asistencia pública, cosa que les avergonzaba. Recordaba que la prudencia era una virtud y era fiscalmente conservadora, por así decirlo. Para esa generación era una cuestión de honor no comprar lo que no podía pagar; consideraba más vergonzoso el endeudamiento incontrolado que la pobreza.

Pero esta forma de pensar cambió pronto y la antigua cultura de la prudencia dio paso a una nueva de imprevisión, en la que a mucha gente no le importaba contraer deudas e incluso no pagarlas. El estado de bienestar garantizaba un nivel de vida por debajo del cual era imposible caer (independientemente de cómo cada uno eligiera vivir) y que no era muy inferior al de un trabajador no cualificado. Las prestaciones y las ayudas sociales dejaron de ser discrecionales y se convirtieron, al menos según la opinión de quienes las recibían, en derechos inalienables. Este cambio de actitud se reflejó en el lenguaje. En 1974, una persona que recibía dinero de la asistencia social decía: «Me dan el cheque el viernes». Cuatro décadas más tarde, decía: «Me pagan el viernes». Pagar es una remuneración por haber hecho un trabajo, por supuesto, y el trabajo por el que el estado de bienestar paga un cheque es una remuneración por simplemente seguir existiendo.

Al mismo tiempo, se lanzó un ataque a nivel intelectual, fiscal y legal contra el matrimonio como institución. Este último ha sido durante mucho tiempo objeto de crítica por parte de los intelectuales, por supuesto. Marx lo detestaba e Ibsen escribió obras muy fuertes contra él. (Cualquiera se da cuenta de que en Casa de muñecas Nora abandona a sus hijos sin ni siquiera pensarlo). George Bernard Shaw tachó el matrimonio de «prostitución legalizada». Para estos intelectuales, la plenitud de la personalidad humana solo se alcanzaría si se eliminaran todos los aspectos contractuales, convencionales y sacramentales en la relación entre los sexos.

Inspirado por esta crítica utópica e incluso adolescente, el Gobierno fue eliminando progresivamente las ventajas financieras y legales del matrimonio, hasta el punto de que ahora ya no tiene casi ninguna: por extraño que parezca, las clases altas, las que más criticaron la institución del matrimonio en abstracto, han resultado las más tradicionales en la práctica. Si yo creyera en conspiraciones, diría que la política social británica de los últimos 60 años ha sido un complot para mantener baja a la clase más baja.

La destrucción de la familia en Reino Unido no hubiera sido posible sin el estado de bienestar. Ahora hemos llegado a una situación en la que muchas mujeres consideran que la independencia no es la independencia del Estado o del erario público, sino la independencia (tanto económica como emocional) de los padres respecto de sus hijos. La dependencia total del Estado no les parece en absoluto una dependencia, porque lo que el Estado les da es un derecho inalienable. Ni siquiera se plantean si el hombre que va a ser el padre de su próximo hijo es apto para la paternidad. Tampoco se plantean si ese hombre les dará alguna ayuda financiera, porque el Estado siempre pagará. Pero si ni un hombre ni una mujer se plantean nada antes de tener un hijo, ¿en qué tipo de personas se han convertido?

ADICCIÓN

Para un porcentaje considerable de la población británica, la solidaridad social ahora consiste principalmente, o incluso exclusivamente, en las ayudas del Gobierno y sus organismos de asistencia. En Reino Unido nos sorprende la relativa paz social que reinó en España durante la Gran Recesión, porque sabíamos que si sufriéramos una crisis tan profunda (lo que ciertamente no es imposible e incluso podría ser probable), la agitación habría sido incontrolable. Dado que la familia ha sido pulverizada por una combinación de política social y fiscal, de una parte, y por el relativismo moral, de otra, no es una posible fuente de ayuda en tiempos difíciles. La imprudencia no ha sido solo de la población, sino también del Gobierno (supongo que su supuesta preocupación por el bien del país no es solo una máscara que oculta su preocupación por su propio interés). De hecho, el Estado ha actuado como un narcotraficante: ha vuelto a buena parte de la población adicta a sus ayudas, de modo que su eliminación plantea verdaderas dificultades y, como los políticos solo piensan en las próximas elecciones, hacer reformas es muy difícil.

Nuestro estado de bienestar ha corrompido algo más que los modales de los británicos: ha corrompido nuestro pensamiento y nuestra honradez intelectual. Un ejemplo de esto es el uso del término austeridad para referirse a los esfuerzos para equilibrar el presupuesto. No está claro si este intento de hacerlo, o al menos el intento de frenar el crecimiento de la deuda pública (gran parte de la cual es imputable al gasto en prestaciones sociales), es una buena idea desde el punto de vista económico; la opinión de los expertos no es unánime. Pero usar la palabra austeridad para denostar el intento de que la diferencia entre el ingreso y el gasto público no sea mayor del 3% del PIB en el año correspondiente es una infamia. Si tuviera que ir al banco a pedir un crédito porque gasto más que lo que gano y dijera que en el futuro solo gastaré un 3% más de lo que ingreso, ¿estaría siendo austero?

CORRUPCIÓN

En Reino Unido hubo otro ejemplo del efecto del estado de bienestar sobre nuestra honradez intelectual. En 2004 había 2,5 millones de personas que recibían ayudas públicas porque supuestamente estaban demasiado enfermas para trabajar. El estado de bienestar había dado lugar a más inválidos que la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo había logrado esta notable hazaña?

La respuesta es la corrupción. No me refiero al tipo de corrupción en la que se entrega dinero por debajo la mesa, sino a algo mucho peor. (En una situación económica excesivamente regulada, la corrupción de ese tipo puede incluso incrementar la eficiencia). Me refiero a la corrupción del alma, por así decirlo.

Alrededor del 70% de las personas que consideraban que estaban demasiado enfermas para trabajar en 2004 en realidad no tenían ninguna enfermedad. Cuando preguntaba a algunos de mis pacientes que recibían ayudas cuál era su enfermedad, ni siquiera comprendían la pregunta; uno incluso respondió que su enfermedad era el certificado que acreditaba que estaba enfermo, expresando así inconscientemente una verdad. En aquel momento el Gobierno deseaba fervientemente que la gente pensara que había resuelto el problema del paro y, por supuesto, los enfermos no eran desempleados. Por tanto, una transferencia de la categoría de desempleados a la de enfermos era buena para la propaganda electoral (algo que, por cierto, la prensa francesa se tragó en su totalidad).

Los desempleados, por su parte, estaban encantados, porque la prestación por enfermedad era algo mayor que la de desempleo. Por un curioso capricho de la psicología humana, los que fueron transferidos a la prestación por enfermedad empezaron a sentirse realmente mal: si le pagas a un hombre por sentirse mal, comenzará a sentirse mal, especialmente si no quiere considerarse un fraude.

Finalmente, los médicos estuvieron dispuestos en masa a certificar que las personas estaban enfermas aunque sabían perfectamente que no lo estaban. Hicieron esto para evitar problemas o escenas desagradables. La única vez que un paciente (llamémoslo el señor A) presentó una protestó contra mí fue porque me negué a firmarle una baja. El señor A se quejó de mí a los gerentes del hospital, estos me pidieron explicaciones y yo escribí lo siguiente: «El señor A es un borracho que pega a su esposa y no voy a firmarle ningún papel». No volví a tener noticias del señor A, pero estoy convencido de que otro médico le dio su certificado. Después de todo, las personas dependientes son emprendedoras a su manera y, al fin y al cabo, ¿beber demasiado y pegar a la esposa no es una enfermedad?

Así que había tres clases de personas corruptas, una de ellas (no la política) una profesión que antes era distinguida. Esto me lleva a mi conclusión: que mi objeción al estado de bienestar tal como se practica en Reino Unido no es que sea económicamente insostenible, aunque podría serlo, sino que ha ejercido y todavía ejerce un efecto profundamente corruptor sobre la personalidad humana.

Theodore Dalrymple es psiquiatra, articulista y escritor.

La propaganda desenmascarada – Sin censura

«Propaganda Exposed» [SIN CENSURA] revela la historia de la corrupción de las grandes farmacéuticas, los conflictos de intereses y explica por qué las intervenciones médicas actuales están tan fuertemente sesgadas hacia los medicamentos patentados. La serie documental también descubre la sórdida historia de la experimentación médica en los EE. UU. para ayudar a los espectadores a comprender cómo surgió, por qué ahora estamos perdiendo nuestra libertad de salud, qué podemos hacer al respecto y más.

Por: Dr. Peter F. Mayer

Los expertos conocidos que tienen su opinión en la serie documental de 9 partes incluyen a Robert F. Kennedy, Jr., Dr. Roberto Malone, Dra. Judy Mikovits, Dra. Peter McCullough, Dra. Omar Hamada, Del Bigtree, Mike Adams, Dr. Russel Blaylock, Dra. Andrew Wakefield, Zach Vorhies, John Schneider, Dr. Sherry Tenpenny, Dra. Carrie Madej, Sayer Ji, Dra. Alan Keyes, Dra. Irvin Sahni, y muchos otros.

Esta serie documental cubrirá todo, desde el cáncer y el cannabis hasta el fluoruro y la Reserva Federal. Lo más importante es que descubrirá la verdad sobre el covid, las vacunas y las conspiraciones del mundo real que ahora están en marcha.

El lanzamiento mundial de Propaganda Exposed [UNCENSORED] tendrá lugar el 9 de noviembre y es gratuito para todo el mundo. Para reservar espacio, visite este sitio web .

Aquí hay una vista previa del contenido de Ty & Charlene Bollinger

La verdad sobre la medicina moderna

Desde que existe la medicina moderna, ha habido violaciones éticas escandalosas. Cuando escuche el término «experimentos médicos», podría pensar en los horribles experimentos llevados a cabo con judíos, comunistas, homosexuales y una gran cantidad de otros «indeseables» en la Alemania nazi durante el Tercer Reich. Si bien estos experimentos fueron sin duda horribles, no fueron ni los primeros ni los últimos de su tipo.

De hecho, la historia de experimentación poco ética en los Estados Unidos y en el extranjero es larga y desgarradora. Niños, soldados, minorías, prisioneros e incluso ciudades enteras han sido sometidos, por la fuerza o sin saberlo, a experimentos peligrosos, crueles y, a menudo, mortales, todo en nombre de la ciencia.

Los médicos y científicos responsables de desarrollar y administrar estos medicamentos están capacitados y patrocinados por el sistema corrupto que ahora los controla. La medicina occidental tal como la conocemos hoy existe en la órbita de la industria farmacéutica. En las facultades de medicina, los médicos aprenden cómo relacionar los síntomas con las recetas, los hospitales negocian el costo de los medicamentos con las compañías de seguros y continúa la carrera para crear el último y mejor fármaco que pueda curar todas las enfermedades.

Los curanderos de hoy ya no son los héroes del pasado. Los curanderos de hoy están capacitados, financiados y son responsables ante la industria farmacéutica. Esta corrupción está habilitada en gran medida por un sistema de supervisión gubernamental, que no es más que una herramienta utilizada por el complejo médico-industrial para aprobar y vender sus productos mientras limita su responsabilidad.

Peor aún, estos títeres del gobierno ahora están utilizando la tecnología privada y las industrias de los medios para garantizar que solo se difunda la cuenta oficial; aquellos con opiniones disidentes o datos contradictorios son silenciados, censurados y calumniados.

Esto alguna vez fue considerado una teoría de la conspiración. Sugerir que estas instituciones podrían estar involucradas en una conspiración global que se ha cobrado decenas de millones de vidas y socavado los cimientos de nuestra democracia equivalía a una blasfemia.

El emperador esta desnudo

En las últimas semanas ha surgido evidencia impactante que muestra que la industria tecnológica, las compañías médicas, los medios y las agencias gubernamentales están trabajando para silenciar la disidencia, apuntar a personas y organizaciones específicas y controlar a qué información puede acceder, silenciar la disidencia, apuntar a personas y organizaciones específicas, y controlar a qué información puede acceder.

El 31 de agosto de 2022, el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, y el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, presentaron una demanda alegando que al menos 45 funcionarios federales de varias agencias dentro de la administración de Biden se confabularon con Facebook y Twitter para adaptar sus algoritmos para “censurar” la libertad de expresión. expresión sobre una variedad de temas, incluida la pandemia de COVID-19 (Google, LinkedIn y otros también se citan en la petición).

A continuación se muestra un extracto del documento, que puede leer en su totalidad aquí:

Bajo la Primera Enmienda, el gobierno federal no debería tener ningún papel en el control del discurso privado o en la determinación de ganadores y perdedores en el mercado de ideas. Pero eso es exactamente lo que están haciendo los funcionarios federales, y en una escala masiva, una escala cuyo alcance e impacto completo aún está por verse.

El ministro del DHS, Mayorkas, explicó que el esfuerzo del gobierno federal para controlar el discurso privado en las redes sociales se está llevando a cabo «en toda la empresa federal». Resulta que esta declaración es cierta, en un grado que los demandantes nunca podrían haber previsto.

Los hallazgos limitados presentados hasta ahora ofrecen una visión tentadora de una «empresa de censura» federal masiva y en expansión que incluye docenas de funcionarios federales en al menos 11 agencias federales y componentes identificados hasta ahora, que se han confabulado con plataformas de redes sociales sobre desinformación. y suprimir el discurso privado en las redes sociales, todo con la intención y el efecto de presionar a las plataformas de redes sociales para que censuren y supriman el discurso privado que los funcionarios federales desaprueban.

Este impactante descubrimiento fue seguido por un informe condenatorio publicado por The Intercept, que arroja más luz sobre hasta dónde llega esta conspiración. La sub autoridad del DHS CISA (Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad) en particular fue muy activa en la lucha contra la «información errónea, desinformada y errónea», abreviada como «MDM».

El informe se basa en documentos internos filtrados o desclasificados recientemente que brindan información sobre el tipo de conversaciones que los ejecutivos corporativos y los funcionarios gubernamentales han tenido sobre cómo lidiar con representaciones en línea potencialmente dañinas y temas delicados.

En la reunión de marzo, Laura Dehmlow, funcionaria del FBI, advirtió que la amenaza de información subversiva en las redes sociales podría socavar el apoyo al gobierno estadounidense. Dehmlow enfatizó que «necesitamos una infraestructura de medios que rinda cuentas», según las notas de la llamada, en la que participaron altos ejecutivos de Twitter y JPMorgan Chase.

Se considera un crimen contra la humanidad cuestionar las «medidas COVID» impuestas por los gobiernos de todo el mundo, en particular la vacunación contra el COVID, que en sí misma es un crimen contra la humanidad, y sin embargo, es peligroso hacerlo para decir.

Sin embargo, la historia ha demostrado que estas sospechas no son infundadas. De hecho, existe una historia extensa y bien documentada de corrupción y prácticas poco éticas por parte de las mismas compañías farmacéuticas y agencias gubernamentales en las que se supone que debemos confiar.

El pasado criminal de Pfizer

En 2009, Pfizer (y su subsidiaria Pharmacia & Upjohn Company) pagó $2.3 MIL MILLONES para liquidar responsabilidades penales y civiles por publicidad ilegal de sus productos farmacéuticos. Ese monto incluye el pago de más de $102 millones a seis personas que llamaron la atención sobre las prácticas fraudulentas de la empresa.

Bextra, un fármaco antiinflamatorio que se retiró del mercado en 2005 debido a problemas de seguridad, ha sido comercializado por la empresa para varios usos no autorizados. La compañía también promocionó ilegalmente varios otros medicamentos, incluido el antipsicótico Geodon, el antibiótico Zyvox y el antiepiléptico Lyrica. A los proveedores de atención médica se les pagó por recetar estos medicamentos a los pacientes para un uso no indicado en la etiqueta… literalmente se sobornó a los médicos para que recetaran medicamentos no probados y no aprobados para sus pacientes.

Se presentaron solicitudes falsas a los programas de salud del gobierno, lo que permitió eludir los programas de seguro. Pfizer debía pagar aproximadamente mil millones de dólares a Medicare, Medicaid y otros programas de seguros federales como parte del acuerdo.

Y estos son solo algunos ejemplos.

En 1993, el fármaco anticonvulsivo gabapentina se prescribió ampliamente para usos no aprobados, como el tratamiento del dolor y los trastornos psiquiátricos. Los tribunales dictaminaron que Pfizer realizó campañas de propaganda, pagó investigaciones e informes favorables y suprimió investigaciones desfavorables sobre la droga. Varias agencias reguladoras encontraron que el fármaco no era efectivo para las dolencias relacionadas, y Pfizer pagó $430 millones en uno de los acuerdos más grandes de la historia para resolver demandas de responsabilidad civil y penal en el sector de la salud.

Se presentó una «demanda de denunciante» contra Wyeth, que fue adquirida por Pfizer en 2009, en 2005, alegando que la compañía había comercializado ilegalmente sirolimus (Rapamune) para usos no autorizados, se acercó a ciertos médicos e instalaciones médicas para obtener el aumento de las ventas de Rapamune, tratando de que los pacientes trasplantados cambien sus medicamentos de trasplante a Rapamune, y apuntando a los afroamericanos.

Según los denunciantes, Wyeth también ha proporcionado sobornos en forma de subvenciones, donaciones y otros beneficios a los médicos y hospitales que recetaron el medicamento. En 2013, la compañía se declaró culpable de violar la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Hasta agosto de 2014, había pagado $491 millones en sanciones civiles y penales relacionadas con Rapamune.

En junio de 2010, la red de seguros de salud Blue Cross Blue Shield presentó una demanda contra Pfizer por presuntamente comercializar ilegalmente los medicamentos Bextra, Geodon y Lyrica. Blue Cross alegó que Pfizer pagó sobornos y persuadió erróneamente a los médicos para que recetaran los medicamentos. Según la demanda, Pfizer distribuyó material «engañoso» sobre usos no autorizados, envió a más de 5000 médicos a viajar al Caribe o Estados Unidos y les pagó 2000 dólares en honorarios para escuchar conferencias sobre Bextra.

Un plan de marketing interno reveló que Pfizer tenía la intención de «capacitar a los médicos para que fueran portavoces». El caso se resolvió en 2014 por $ 325 millones. Temiendo que Pfizer fuera «demasiado grande para quebrar» (y que enjuiciar a la empresa interrumpiría Medicare y Medicaid), los fiscales federales acusaron a una subsidiaria de una subsidiaria de una subsidiaria de Pfizer, protegiéndolos efectivamente de cualquier responsabilidad financiera.

En 2013, Pfizer acordó un acuerdo de $964 millones por la venta de aislamiento que contenía asbesto.

Ese mismo año, Pfizer retiró anuncios «por valor de $ 400,000 a $ 1 millón» de la revista Harper’s después de que se publicara un artículo poco halagador sobre su medicamento para la depresión.

En 1994, Pfizer acordó pagar 10,75 millones de dólares para abordar las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. de que la empresa mintió para obtener la aprobación de válvulas cardíacas defectuosas que mataron a unas 500 personas.

En 1996, estalló en Nigeria un brote de sarampión, cólera y meningitis bacteriana. Los funcionarios y empleados de Pfizer organizaron un ensayo clínico y le dieron a unos 200 niños un antibiótico experimental, trovafloxacina. Funcionarios locales informaron que más de cincuenta niños (más del 25%) murieron en el intento, mientras que muchos otros desarrollaron deformidades mentales y físicas.

Soborno de médicos

Lamentablemente, este comportamiento poco ético (ya menudo delictivo) se extiende no solo a las empresas, sino también a los hombres y mujeres a quienes confiamos nuestra salud y bienestar. Es importante tener en cuenta que la gran mayoría de los médicos son personas amables, honestas y trabajadoras con un deseo genuino de ayudar a quienes los rodean.

Pero muchos han sido capturados por el complejo industrial médico.

La mayoría de los médicos reciben obsequios de Big Pharma de una forma u otra. Una encuesta de 2018 publicada en el Journal of General Internal Medicine encontró que casi tres de cada cuatro médicos tienen vínculos financieros con Big Pharma. La gran mayoría de estas relaciones fueron con representantes de fabricantes de dispositivos médicos o medicamentos recetados. Los obsequios incluyeron muestras de medicamentos, comidas y pagos por trabajos de consultoría.

Desde 2013, la ley federal exige que los pagos realizados por las empresas farmacéuticas y de tecnología médica a los médicos se informen públicamente. La base de datos (a la que puede acceder aquí) publicó más de 78 millones de registros desde 2015 hasta 2021, lo que refleja $63,23 mil millones en regalos y pagos.

Dr. Aaron S. Kesselheim, profesor asociado de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard y autor principal del estudio, dice que esto podría influir en el comportamiento de los médicos. El estudio afirma: “Las muestras de cortesía se utilizan como una herramienta de marketing y están asociadas con la prescripción de medicamentos de marca caros frente a medicamentos genéricos más baratos. Sospecha que el dinero pagado por hablar en público y trabajar como consultor puede tener un impacto aún mayor en el comportamiento de los médicos. «Los científicos sociales le dirán que cualquier cantidad de dinero afecta a las personas, pero creo que cantidades más grandes pueden afectar más el comportamiento», dijo el Dr. Kesselheim.

Confiamos en que nuestros médicos hagan las mejores recomendaciones para nuestra salud, pero la mayoría de estos médicos reciben obsequios de Big Pharma que pueden afectar los tratamientos que recomiendan. Por ejemplo, entre 2015 y 2017, un cirujano ortopédico en Manhattan recibió casi $2,000,000 de compañías que fabrican productos de reemplazo de cadera y rodilla. No es casualidad que el cirujano, el Dr. Geoffrey Westrich, realiza cientos de cirugías de reemplazo de cadera y rodilla cada año. En 2017, este médico recibió $870 573,39 en pagos generales de compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos, incluidos $448 000 en «honorarios de consultoría», $28 580 en charlas no educativas y más de $23 000 en viajes y alojamiento.

Una gigantesca máquina de movilizar dinero por el mundo: las ONG

Cualquiera que esté dispuesto a interactuar con las comunidades sobre temas reales (la situación de los niños, el trabajo, la salud) será castigado con una medida de confinamiento en el recinto. Es un mundo completamente cerrado, con normas extraterritoriales, en el que puede ocurrir cualquier cosa.

De los miles de millones recaudados por las grandes organizaciones benéficas multinacionales, la trazabilidad suele verse comprometida por su condición de organizaciones filantrópicas. Las exenciones fiscales les protegen del escrutinio, aunque a veces recauden más dinero que la facturación de las grandes empresas multinacionales. En Estados Unidos, esta normativa fiscal se conoce como Ley 501. En la República Democrática del Congo (RDC), el estatus de ONG, y la exención fiscal que lo acompaña, es concedido por el Ministro de Finanzas y validado por el Ministro de Planificación. La ONG puede entonces actuar en el marco de un decreto ministerial que le otorga prerrogativas aún más amplias que las de un diplomático. Este modelo puede extrapolarse a casi cualquier nación con parámetros similares a los de la RDC. Una vez firmado el decreto ministerial, el derecho de supervisión nunca se ejercerá en la práctica.

Hay dos áreas en las que las organizaciones benéficas están trabajando duro: la comunicación y el marketing para crear nuevas estrategias de recogida de donaciones. No en vano, los directivos de estas grandes ONG proceden de las mejores escuelas de negocios y no de las ciencias duras o las humanidades. En términos de comunicación, su distribución es necesariamente la de los títulos más populares.

La Reserva Faunística de Okapi (RFO), en la provincia de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo (RDC), es una de las mayores del mundo: 13.000 kilómetros cuadrados. También es una de las regiones más ricas del mundo en recursos mineros. Sin embargo, la prensa de las grandes metrópolis llama a realizar donaciones, a pesar de no mencionan a los beneficiarios. RFO es un nombre genérico, no el de una entidad legal.

El llamamiento publicitario hace referencia a una misteriosa organización de representantes de la sociedad civil, “Alerta congoleña por el ambiente y los derechos del hombre” (ACEDH). La RFO laa dirige, desde hace treinta años, a la fundación estadounidense Wildlife Conservation Society (WCS), que nunca se mensiona en la publicidad, y que trabaja en estrecha asociación con Usaid.

Su recinto está en el pueblo de Epulu. Si la ACEDH está totalmente ausente sobre el terreno, lo que abunda son las graves violaciones de los derechos humanos, las vejaciones a las poblaciones indígenas, el hambre de los niños, la fiebre tifoidea y el paludismo endémicos, todas ellas consecuencias del empobrecimiento forzoso de las familias, bajo la gobernación de facto de la WCS. Son enfermedades prevenibles y tratables fácilmente, pero no se distribuyen antimaláricos ni antibióticos.

Las quejas se están organizando. A cambio de los sacrificios para proteger el “pulmón del mundo”, las poblaciones no reciben nada. La despigmentación del cabello de los niños es uno de los signos de desnutrición. Es imposible ignorarlo. Las poblaciones no disponen de generadores, y si los tienen, funcionan con muy poco tiempo. No hay ninguna práctica médica. En treinta años, la WCS no ha considerado oportuno crear un hospital permanente con las decenas de miles de millones de dólares recaudados cada año. Ni siquiera un campamento. No hay infraestructura de agua potable, ni posibilidad de desarrollo económico. El escaso intento de sobrevivir mediante el lavado artesanal de oro suele estar criminalizado y, de hecho, sometido a la compañía, a menudo mortal, de los grupos rebeldes que infestan la provincia.

Por si fuera poco, el comportamiento neocolonial de la WCS ha llevado a la prohibición de una ONG como Acción contra el Hambre (ACF) en el territorio que “gobierna”, cuyo representante en Mombasa, a 75 kilómetros de Epulu, es considerado persona non grata por los funcionarios de la WCS.

La consigna es no ayudar a las comunidades. Aunque en la página de la ACHDH se habla de la identidad de género y del medio ambiente, no son prioridades en el tejido social y económico de la provincia. Cualquiera que esté dispuesto a interactuar con las comunidades sobre temas reales (la situación de los niños, el trabajo, la salud) será castigado con una medida de confinamiento en el recinto. Es un mundo completamente cerrado, con normas extraterritoriales, en el que puede ocurrir cualquier cosa.

La sociedad civil de Epulu está atrapada entre, por un lado, una fundación estadounidense, con una agenda dictada por donantes muy politizados, el 80 por cien de los cuales son votantes del Partido Demócrata, y, por otro lado, la metástasis de las milicias paramilitares, esencialmente Mai Mai. Dos mundos en extremos opuestos del espectro, ambos igual de dañinos. En octubre de 2020, bajo la presidencia de Trump, la WCS vio cómo se le retiraba una donación de 12.000 millones de dólares, al igual que a la World Wild Fundation (WWF), debido a las acusaciones de violaciones de derechos humanos en Asia y África. La violencia ejercida contra los “cazadores furtivos”, personas que han vivido de la caza durante milenios. Los malos tratos y el trato degradante se han reanudado desde entonces, al menos según los testimonios que hemos podido recoger.

El fanatismo no se traduce en una inversión en lo que sería su razón de ser. No se ha invertido en conservación. De los miles de millones recaudados por la WCS, 13.000 millones este año, ni un laboratorio de registro de la biodiversidad, ni un especialista en deforestación, ni un botánico, ni un biólogo, ni un etólogo. Ni un médico, ni siquiera para el pequeño equipo de expatriados de menos de una docena de personas. No podría haber investigación científica, porque ni siquiera hay una base viva. Tampoco hay un generador, aunque sólo sea para garantizar las comunicaciones y la conservación de los alimentos.

La rotación de la repatriación médica también es totalmente anormal para el personal que está acostumbrado a las situaciones más extremas. Fiebre tifoidea, meningitis, lombrices de Cayor, la pequeña compañía de aviación, MAF, la única autorizada a entrar en el “territorio WCS” está acostumbrada a traer los restos del recinto. Hay que señalar que la fundación tiene cuidado de que no haya estadounidenses trabajando en ese entorno. Los europeos, franceses o asimilados y británicos, forman el grueso de los recursos humanos. Curiosamente, el contrato se redacta para todos desde Kigali, Ruanda, a pesar del clima de guerra latente entre ambas naciones.

Si MAF es una empresa por encima de toda sospecha, hay otra que intriga a una fuente de inteligencia en Goma por sus aterrizajes en pistas de monte, infestadas de grupos rebeldes. Es cierto que el artículo 39 de la Ley sobre las ONG en la RDC prevé “la exención de derechos sobre la importación de bienes y equipos relacionados con su misión [de las ONG]”, pero también “el derecho a utilizar equipos y frecuencias de radio y, sobre todo, la aplicación de procedimientos simplificados ante la Oficina de Control congoleña”. La reserva de Okapis tiene reservada otra sorpresa. Nadie ha visto nunca un okapi allí. Los únicos okapis que se ven son los que fueron puestos en cautiverio, para que no pudieran huir ante la incursión del dirigente de la milicia Mai Mai, alias “Morgan”, en 2012. En la actualidad, en aras de su comunicación, la dirección del sitio está estudiando la posibilidad de traer okapis tomados de zoológicos de todo el mundo, para volver a ponerlos en cautividad.

Lo que interesa a la WCS, su verdadera obsesión, está a menos de 200 kilómetros al este. La mina de oro Muchacha es propiedad de la empresa china Kimia Mining Investment SARL, bajo la concesión de un ciudadano chino, Lin Hao. Se dice que los chinos tienen conexiones con grupos rebeldes, pero también relaciones con miembros de las Fuerzas Armadas de la RDC que probablemente sean demasiado buenas para ser verdad. El uso de maquinaria de drenaje prohibida por el convenio internacional sobre la extracción de oro y, en última instancia, el vertido de mercurio en el río Epulu, visible a simple vista, forman una grave lista de agravios, aunque el nivel de trato al personal haya mejorado con el tiempo y sea ahora superior al de la WCS.

Pero esta no es la verdadera preocupación de la WCS. De hecho, la fundación nunca ha intentado evaluar la calidad del agua. Su problema es que es chino y no anglosajón. El comunicado de la misteriosa organización de representantes de la “sociedad civil”, que nadie ha visto nunca en Epulu, pide “al gobierno de la RD del Congo que revoque la concesión minera otorgada a una empresa china”.

¿Qué hacen con el dinero recaudado durante estas grandes misas en las que se chorrean cheques con ocho ceros? La otra cuestión, no menos importante, es si los donantes son conscientes de la situación sobre el terreno. No se trata necesariamente de un caso de malversación de fondos, sino quizás de blanqueo de dinero, o incluso de utilizar la fundación como vehículo para un proyecto que no está en su mandato oficial.

La cuestión de la opacidad de las ONG va más allá del ámbito de la conservación. Es un paradigma aplicable a muchas organizaciones benéficas multinacionales. Goma está surcada por jeeps blancos con los logotipos de las mayores ONG del mundo, las que llevan décadas recaudando los fondos más espectaculares sin que nadie se moleste en saber qué pasa con el dinero. Los habitantes de la capital de Kivu del Norte están acostumbrados al desfile de estos vehículos, que a menudo transportan expatriados. Goma es al negocio de la caridad lo que la Avenida Montaigne [París] es al lujo, el escaparate necesario para vender. La transacción consiste en vender una buena intención, como una indulgencia. Pero el regalo va y se queda con la entidad. Los que las ONG han conceptualizado como “beneficiarios”, rara vez ven el dinero.

La terraza del Serena, un hotel de cinco estrellas con una impresionante vista del lago Kivu, reúne cada mañana a los directores regionales de las grandes ramas profesionales de la caridad. Su aspecto es el de la pobreza y el veganismo, pero en la conversación, los temas giran en torno a las estrategias de concienciación para recaudar mejor los fondos, y no a las operaciones en línea con la misión declarada. Aquella para la que han sido autorizados a operar.

Los jeeps de la ONG “Save the Children” atraviesan Goma en medio de manadas de niños con múltiples dificultades. Ninguno de estos pequeños “beneficiarios” puede atestiguar ninguna acción concreta que haya cambiado su vida en lo más mínimo, aunque sólo sea un acto personal de generosidad de uno de estos profesionales de la caridad. Es cierto que estos cooperantes parecen temer la calle y rara vez se bajan de sus 4×4.

Las autoridades congoleñas han desarrollado una forma de insensibilidad debido a la costumbre de la representación excesiva de las ONG. Sin embargo, el uso de la marca país, unido a la pobreza estructural, empieza a generar cierto prurito. Viajar en estos jeeps suscita a veces una inquietante hostilidad. La falta de impacto sobre el terreno podría llevar a exigir un mayor control sobre el papel de estas entidades, las facilidades fiscales que se les conceden y el marco legal en el que operan.

Teresita Dussart https://www.francesoir.fr/monde/ong-gigantesque-machine-lever-des-fonds-cheval-de-troie-strategique-impact-invisible-le-cas

Lo que se está viniendo contra la democracia y nuestra libertad. Por Gusarapo

Lo que se está viniendo contra la democracia y nuestra libertad.

«Qué podíamos saber nosotros de lo que iba a venir. Qué podíamos saber nosotros de lo que es la vida, la democracia y nuestra libertad»

Ayer por la mañana me encontré en la calle con un conocido. Eran las ocho. La ciudad comenzaba a desesperezarse, el centro estaba vacío.

Este caballero, de oficio indefinido pues se dedica a muchas cosas y a ninguna, es muy inquieto y avispado. Se mueve mucho y factura mucho más. Compra, vende, intercede, invierte en aquello, sea lo que sea, en lo que vea la posibilidad de ganar un duro. Y le va mejor que bien.

Estaba enfurruñado y ofendido con nuestros convecinos por dormilones, perezosos y vagos. Con la mayoría de ellos. No comprende cómo es posible que la ciudad no esté en pleno funcionamiento desde el primer minuto de la mañana. Aunque habría que saber cual es esa primer hora, porque para cada uno será una, evidentemente.

Y por otra parte, habría que tener en cuenta que la mayoría de los negocios que hasta hace poco había en la zona en la que nos encontrábamos, han cerrado, por lo que difícilmente puede haber alguien abriendo, entrando, saliendo, entregando, recogiendo, o simplemente barriendo el trozo de acera que hay delante de cada una de sus puertas.

Una costumbre ésta, la de barrer delante de la puerta, que además de limpiar pretendía expulsar la mala suerte del hogar o negocio, a decir de otro conocido mío, experto en conocimientos inútiles.

Hay una expresión francesa, «balayer devant sa porte«, barrer delante du la propia puerta, que parece ser que nuestros vecinos del Norte utilizan cuando alguien lejos de reconocer y corregir sus propias faltas, pretende dar consejos, lecciones, o corregir las faltas o errores de los demás. Más o menos como nuestro «ver la paja en el ojo ajeno, y no ver la viga en el nuestro«.

Estuvimos conversando unos minutos sobre algunas noticias de la actualidad, o más bien debería decir que me estuvo poniendo al tanto de ciertas cosas que me he perdido durante los últimos dos meses por mi forzoso retiro campestre estival.

La mayoría de los temas de los que me informó eran cuestiones relativas a las ocurrencias -malas o pésimas- de los políticos, nuestros muy amados políticos, esos que nos malgobiernan desde todas las posiciones, ya sean locales, autonómicas, nacionales y de cualquier signo, porque hay que ver las ideas peregrinas de la mayoría de ellos, y que casi siempre, en casi todos los casos, suponen un coste para el ciudadano contribuyente.

Me informó del estudio y recuperación de vías pecuarias y la aprobación de la primera partida económica para su ejecución. Los mismos que durante decenios han hecho caso omiso a veredas y cordeles, o incluso han permitido su usurpacion o destrucción, ahora se muestran defensores y recuperadores de su uso, aunque no para el ganado, porque ya se ocuparon durante esos mismos decenios de constreñir y acabar con la conducción del ganado por esas mismas vías y con la trashumancia y con muchos ganaderos, sino para su disfrute por paseantes humanos.

Tal vez estén acertados en este asunto, los políticos, viendo que el español medio se ha convertido en oveja y la sociedad en un gran rebaño o piara. Por aquí usamos piara más que rebaño.

Hay quien utiliza piara para referirse a los cerdos, y en muchos casos también sería buena elección para el caso, porque hay que ver el rastro que van dejando muchos de esos paseantes de fin de semana allí por donde pasan. Aunque tal vez no sea culpa de ellos sino de la inexistencia de una adecuada red de papeleras en los caminos rurales.

También me informó de la conversión de los trabajadores de la prevención y extinción de incendios forestales de fijos discontinuos a fijos continuos, con la correspondiente duplicación de presupuesto.

Antes había menos incendios y más ganaderos y ganado, y leñadores, y resineros, y recolectores de piñas, y no costaba dinero. Qué confundidos estábamos.

Después hablamos de las bajadas y subidas de impuestos. Y de la serie. Es decir, de obscenidades, y como no quisiera ofender a nadie con pornografía y obscenidades, me guardo mi opinión sobre este asunto.

Luego comentamos sobre las aproximadamente cincuenta mil vacas que dicen que se han sacrificado de más durante lo que va de año. Puede que sean más o que sean menos, pero en cualquier caso es una salvajada.

Todo sea por el aire limpio y la naturaleza. Y la democracia y la libertad europeas. Porque hay un anuncio de la UE que informa de lo bueno que resulta para la democracia y la libertad la eliminación de las emisiones de CO2. Del bolsillo de los europeos no dice nada dicho anuncio. Será porque los bolsillos llenos también perjudican a la democracia y a la libertad. Seguro que es así y por eso nos fríen a impuestos y tasas y nos quieren ver sin nada, hasta sin camisa.

A quienes avisamos de carestias y desabastecimientos de materias primas y alimentos, nos dedicaron lindezas y palabras que para algunos no resultaron muy agradables, y ni había pandemia ni guerra en Ucrania, pero qué podíamos saber nosotros de lo que iba a venir. Qué podíamos saber nosotros de lo que es la vida, la democracia y la libertad.

Porque esa es otra, lo que se está viniendo contra la democracia y nuestra libertad.

FUENTE: La Paseata.

Corrupciones de Podemos

PODEMOS CORRUPCIONES

Maria Teresa Fernandez, malversación de caudales públicos por hacer una obra en su casa con dinero y materiales públicos cuando era vicealcaldesa de la localidad en 2012.
Por un delito mucho más grave, el tráfico de drogas, fue condenado y obligado a dimitir José Oliver, dirigente del partido morado en Baleares. Fue condenado en 2013 a 20 meses de prisión y 3.000 euros de multa por la posesión de más de 148 gramos de metanfetamina.
En Asturias, fue el parlamentario regional Enrique López, el que fue acusado de un delito de atentado contra agente de la autoridad y de falta de lesiones. Su condición de aforado hizo que el caso se derivara al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que finalmente le absolvió.
También integra esta lista negra la exparlamentaria en las Cortes Valenciana, Covadonga Peremarch, a la que Podemos tuvo que expulsar del partido por un delito de corrupción.
Uno de los casos más escabrosos y recientes. El candidato de Podemos por Badajoz fue detenido en abril del año pasado por corrupción de menores y delitos relativos a la prostitución.
De vuelta a Madrid, especial revuelo mediático provocaron las hermanas Rosa y Paloma Agudo, número 2 y 3 de la lista de Ganemos en Valdemoro. Fueron condenadas a 3 años  de cárcel por un delito de insolvencia punible, por repartirse 600.000 euros que reclamaban a una inmobiliaria.
Uno de los casos más escabrosos se produjo en Castilla León y tuvo como protagonista al parlamentario regional de Podemos, Pedro de Palacio, condenado cuando era menor por abusar de una niña. Acabo dimitiendo de su cargo.
El parlamentario de Podemos en Castilla y León Pedro de Palacio. Dimitió vinculado a un sórdido caso de pederastia.
Problemas con el tráfico de drogas tuvo también el senador por Lanzarote, Ramón Galindo, detenido en 2008 por posesión de cocaína.
También con repercusión en las Cortes Generales, en la relación de ovejas negras de Podemos figura su senadora por Álava, Elvira García, expulsada del partido morado y tránsfuga en el Grupo Mixto. Fue condenada por dejar de pagar el alquiler de la vivienda social de la que disfrutaba en Vitoria. Pese a su nómina de casi 8.000 euros en la Cámara Alta.
El senador de Podemos por Guipúzcoa, Josetxo Arrieta, detenido en su día por pertenecer a un comando de ETA.
Uno de los casos más relevantes lo protagoniza el senador por Guipuzcoa, Josetxo Arrieta, exmiembro de ETA. Con tan solo 18 años fue detenido en San Sebastián, junto a otros dos miembros de un comando terrorista.
El de las agresiones a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es uno de los delitos más habituales en muchos cargos de Podemos. Es el caso de José Bail, ex-diputado por Huesca y condenado por agredir en 2012 a la Guardia Civil en una protesta contra el recrecimiento del pantano de Yesa.
Uno de los casos más mediáticos afecta al diputado por Tenerife Alberto Rodríguez, popularmente conocido como el «diputado de las rastas». Precisamente hace dos semanas fue citado por el Tribunal Supremo en relación con un delito de desorden público cometido cuando, en la madrugada del 25 de diciembre de 2006, tuvo un altercado con policías locales en La Laguna (Tenerife).
Por agresión a un concejal del PSOE fue condenado el edil de Podemos en Jaén, Andrés Bódalo. Condenado a tres años de cárcel y por reincidente, permanece en prisión.
En el Ayuntamiento de Madrid, las distintas marcas bajo el paraguas de Podemos tienen a varios de sus concejales imputados. La última, Rommy Arce, por un delito de odio. También Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por prevaricación y malversación de caudales públicos. La propia portavoz municipal, Rita Maestre, fue condenada por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos por asaltar la capilla de la Universidad Complutense.
El delito de estafa tampoco le es ajeno a Podemos. El gaditano Francisco Cano fue condenado por la Audiencia Nacional a siete años de prisión por su participación en la estafa de la empresa de inversión de bienes Arte y Naturaleza. Una estafa de carácter piramidal.
Otro de los casos que más revuelo mediático provocó tuvo como protagonista a la concejal de Guanyar Alicante, Marisol Moreno, conocida como ‘Marisol la Roja’, por injurias al Rey. La Fiscalía pedía para ella 10 meses de cárcel por las frases «absolutamente vejatorias» que dedicó en las redes sociales a la familia real. Finalmente fue condenada a una multa de 6.000 euros por injurias a la Corona.
En 2015, el cabeza de lista de Catalunya sí que es Pot por Tarragona, Gerard Bargalló, se vio obligado a dimitir como diputado en el Parlament al conocerse que cobró el paro de forma irregular.
Otro de los casos más escabrosos, y más recientes, se produjo en Badajoz. En abril del año pasado, su candidato en 2015 Salvador Salvatierra de Toro fue detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores y delitos relativos a la prostitución. La Policía encontró en su domicilio un ordenador con imágenes de menores desnudas.
Otro dirigente de Podemos con problemas con la Justicia es el diputado autonómico extremeño  Eugenio Romero, acusado por dos delitos de coacciones y desorden público. Son los 20 «nombres de la vergüenza» que Pablo Iglesias trata de ocultar. 
Pero los problemas con la Justicia, con Hacienda o con la Seguridad Social no le son ajenos tampoco a la cúpula del partido. Los pagos opacos de Venezuela e Irán a Pablo Iglesias, la beca-black de Íñigo Errejón, el caso del asistente sin contrato de Pablo Echenique, los cobros irregulares  de Carolina Bescansa o los problemas fiscales de Juan Carlos Monedero son algunos de ellos.
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Así es la gran trama clientelar de Carmena y Ahora Madrid

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Manuela Carmena ha colocado al 71% de integrantes de su lista electoral.

Por Diego Sánchez de la Cruz

Desde que llegó al poder, el gobierno de Ahora Madrid se ha caracterizado por disparar de forma significativa el presupuesto reservado para conceder subvenciones. Nada más comenzar la legislatura, levantó una enorme polvareda el abultado presupuesto de ayudas municipales que maneja el sobrino político de la alcaldesa Manuela Carmena. También generó muchas críticas el hecho de que la asociación que venía dirigiendo el número dos de la alcaldesaNacho Murgui, esté recibiendo millones de euros en aportaciones de las arcas locales.

Por si no fuese suficiente, el Ayuntamiento modificó las pautas de aprobación de estas partidas para relajar las medidas de control y disfrutar de mayor discrecionalidad. Quizá por eso los contratos menores y las subvenciones directas se han disparado de manera obscena, hasta el punto de que la Administración Carmena lleva ya 11.000 adjudicaciones a dedo en los dos últimos años, por un monto que ronda los 60 millones de euros.

Todas estas informaciones han disparado las críticas al gobierno local de la Villa y Corte, acusado de tejer una red clientelar a base de apoyar a entidades afines. Un caso especialmente mediático fue el de la «consultora social» Dinamia, una entidad dirigida por una actriz que participó en la creación de Ahora Madrid. Dicha organización ha recibido una lluvia de contratos municipales desde que la extrema izquierda controla el Ayuntamiento.

Pero las acusaciones de clientelismo también tienen que ver con la política de contratación del gobierno local. De entrada, Manuela Carmena ha colocado al 71% de los integrantes de su lista electoral. A esto hay que sumarle los ocho millones de euros reservados para contratar a «dinamizadores sociales» o los seis millones de euros que cuestan cada año los más de cien asesores fichados por Ahora Madrid.

Esta forma de gobernar obedece a una estrategia concreta que fue detallada a puerta cerrada por Íñigo Errejón. El dirigente morado impartió una charla en 2017 para insistir en que los llamados Ayuntamientos del Cambio deben aprovechar su paso por el poder para «dejar sembradas instituciones populares para refugiarse cuando gobierne el adversario». Errejón defendió entonces la creación de una «estructura económica autónoma» similar a la que ha creado el peronismo argentino para «sostener a su militancia». Desde el Ayuntamiento de Madrid no han dudado en defender esta forma de hacer política, afirmando que el objetivo es «fomentar la participación ciudadana» y «mejorar la relación y la cooperación entre el consistorio y el tejido asociativo».

El caso es que no paramos de conocer nuevas informaciones que ahondan en la trama de clientelismo que ya denunció Libre Mercado desde los primeros compases de la legislatura. En El Mundo hemos leído recientemente que Carmena ha subvencionado personalmente a distintos miembros de cooperativas vinculadas a la marca blanca de Podemos en Madrid. También hemos conocido a través de la cabecera de Unión Editorial que los contratos a dedo han subido un 1.166% en los primeros compases de 2018.

Y algo similar se desprende de las informaciones de El País en las que se apunta que la cooperativa de una impulsora de Ahora Madrid ha recibido ya 300.000 euros del consistorio. Ante semejantes informaciones, no es de extrañar que todas las encuestas conocidas con motivo del 2 de mayo certifiquen la caída de popularidad de Carmena y los suyos, cuya salida del poder municipal se antoja cada vez más probable, a un año de las elecciones municipales.

El PSOE se lleva la palma en el ranking de la corrupción con los 3.500 millones de Andalucía

La comparativa en los casos de corrupción de los partidos en España Todos corruptos. Aunque unos más que otros. No se libran los partidos …

Origen: El PSOE se lleva la palma en el ranking de la corrupción con los 3.500 millones de Andalucía

 

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La comparativa en los casos de corrupción de los partidos en España

Todos corruptos. Aunque unos más que otros. No se libran los partidos constitucionalistas, como el PP o el PSOE, aquellos que -se supone- tienen más sentido de Estado. Los que, en teoría, podrían ser la alternativa a los peligrosos experimentos de los populismos.

Pero, a juzgar por el número de casos de corrupción y las elevadas cifras, su credibilidad no es precisamente alta. Eso explica la desafección del electorado y el desprestigio que rodea a esas viejas formaciones.

Por la magnitud económica, uno de los de mayor cuantía es el conocido como caso Malaya,una trama político-urbanística que salpicó al ayuntamiento de Marbella -y otras localidades de Andalucía y España- en su mayoría del partido GIL. La cantidad defraudada es de 2.400 millones de euros.

El ‘boom’ inmobiliario

Durante años se produjeron pagos procedentes de empresas constructoras a cambio de concesiones y licencias de obras. Cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos fueron algunos de los delitos protagonizados por los políticos que gestionaron los años del ‘boom inmobiliario’.

A muy poca distancia se sitúa CIU. El partido nacionalista catalán es investigado por el caso Jordi Pujol, un entramado con numerosas ramificaciones en las que están implicados miembros de su familia y también el propio partido por las mordidas del 3% cobradas por la adjudicación de obra pública que sirvieron para financiar a la formación. Entre lo defraudado por el clan Pujol y la investigación que atañe a CIU se calcula que el fraude alcanza los 3.000 millones de euros.

El Partido Popular tiene tres casos de corrupción abiertos de importancia. Bárcenas, Gürtel y Púnica. Las cantidades defraudadas serían de 50 millones de euros en el primer caso, 120 millones el segundo y 250 millones el tercero. En total 420 millones de euros.

Dentro del PP hay quienes ven manos negras en la filtración de sumarios a los medios de comunicación

Algunos cargos del PP se han quejado en los últimos tiempos de la exposición exagerada en los medios que tienen estos casos respecto al que tienen otros partidos. Y también en relación a la cuantía, menor a la de CIU o PSOE.

Por eso, mientras los casos de corrupción en el PP acorralan a Mariano Rajoy, hay quienes dentro del partido ven manos negras en la filtración de los sumarios. El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, acusado por la cadena SER de ser el nexo con la caja B nacional del partido e integrante de “organización criminal”, ha pedido recientemente que se persiga penalmente la filtración del sumario e incluso interpuso una denuncia contra el medio de comunicación por informar de “semejante falacia”.

En la misma línea se ha pronunciado hace unos días la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, señalada en el marco de la investigación al PP valenciano por financiación ilegal. “Ha habido más filtraciones. Hay más mentiras impunes, condenas mediáticas, apaleamiento público y dolor en las familias. “Hay que se legislar muy seriamente sobre las filtraciones del secreto de sumario”.

‘100 años de honradez’

PSOE: De los cien años de honradez a los 3.200 millones de euros en dos casos de corrupción

Pero el primer puesto en el ranking de la corrupción lo tiene el Partido Socialista, como refleja el gráfico comparativo de los distintos casos de corrupción que ilustra esta información. El que hace años se adornaba con los “Cien años de honradez” suma una cantidad de 3.200 millones de euros en Andalucía, entre el caso de los ERE y el fraude de los cursos de formación. Un volumen muy superior a la cantidad del PP (420 millones).

Se calcula que hasta 2.000 millones de euros fueron presuntamente desviados en el caso de los cursos de formación. La Junta de Andalucía habría pagado cursos de formación que no se llegaron a impartir, sin exigir la justificación de la realización de los mismos ni la devolución de los fondos en caso de que el curso no llegara a celebrarse.

Pero no es el único caso de corrupción relacionado con los socialistas andaluces. El más mediático -aunque algo menor en cuanto a cuantía- es el de los EREs fraudulentos. Se trata de una red de corrupción vinculada al gobierno autonómico y que se destapó gracias a que fueron detectadas prejubilaciones aparentemente fraudulentas en la empresa Mercasevilla.

El montante total de fondos defraudados está en torno a los 1.200 millones de euros. Por ello, la cuantía total de los dos grandes casos de corrupción que salpican al PSOE es de 3.200 millones, una cifra que sitúa a los socialistas en la primera posición del ránking de corrupción política en España.

Los documentos que tumban la defensa de Sánchez Mato y Celia Mayer

#PodemosBasura

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento indicaron en varias ocasiones a los ediles imputados el camino a seguir. Estos lo ignoraron.

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Libertad Digital ha tenido acceso a las peticiones de información realizadas por el Gobierno de Manuela Carmena -en concreto por la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Valera, y el propio Carlos Sánchez Matoa la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid y la respuesta contundente de esta última.

El objetivo, tal y como consta en estos escritos y dicho por el propio responsable de las arcas públicas de la ciudad, era denunciar presuntas irregularidades en el convenio suscrito en 2011 entre el Consistorio de Alberto Ruiz Gallardón y la entidad Madrid Trophy Promotion para el patrocinio del torneo de tenis Mutua Madrid Open.

El 18 de enero de 2016 Ana Valera, en calidad de coordinadora general de Cultura, Deportes y Turismo, envió una nota a los servicios jurídicos municipales. El 17 de marzo, el letrado Rafael R.C. da cumplida respuesta a las dudas planteadas por Valera. No obstante, el 17 de noviembre es el propio Sánchez Mato, como presidente en funciones de Madrid Destino, el que se dirige al director de la Asesoría Jurídica, Ángel Luis Ortiz.

 

Le pide una serie de documentos; valoración sobre la fecha de la firma de un segundo convenio, el del 29 de diciembre de 2011; una valoración económica «conforme a criterios de mercado de la aportación económica y en especie del Ayuntamiento y del retorno obtenido»; una valoración «económica y jurídica del porcentaje que supone este convenio de patrocinio en el presupuesto dedicado al deporte»; «análisis de la cesión de derechos de sede» y dos cuestiones más sobre las que Sánchez Mato pide una valoración jurídica: «control de gasto y eficiencia» y «enriquecimiento injusto». Sobre la primera cuestión solicita «informe sobre si unos gastos de 50 millones de euros comprometidos por unos derechos de sede casan con dichos principios y si, en el caso del Ayuntamiento, lo hace un patrocinio que compromete mayor cantidad».

En cuanto al enriquecimiento injusto, Sánchez Mato señala que «en esta relación contractual» no parece que se cumplan «lo principios al menos de la justicia conmutativa». «Partiendo que tenemos una cifra de negocio de 34.600.000 euros como ventaja patrimonial de MTP según sus cuentas anuales publicadas en el Registro Mercantil y que tenemos un empobrecimiento correlativo que asciende a más de 10 millones de euros al año para las arcas públicas se ruega informe sobre si existe causa que sustente esta situación patrimonial».

¿Por qué no firmaron el convenio?

Una semana después de enviar esta misiva, el propio Ángel Luis Ortiz contesta a Sánchez Mato indicándole la necesidad de que se firme un convenio entre el Consistorio y Madrid Destino «para que los letrados del Ayuntamiento de Madrid puedan asumir el asesoramiento jurídico de una sociedad mercantil local«. El PSOE, durante el Pleno del mes pasado en el que solicitó la comparecencia de Sánchez Mato por este asunto, lo puso de relieve. La portavoz socialista en materia de Cultura, Mar Espinar, planteó una cuestión clave: «¿Por qué no se plantearon hacer ese convenio entre las dos partes?, ¿por qué insisten en preguntas que sabían que traspasaban las competencias de los funcionarios? Porque ustedes, defensores a ultranza de lo público en teoría, necesitaban una hoja de ruta que justificase la decisión de acudir a un bufete privado«. Sánchez Mato no contestó a la edil socialista.

Además, Ortiz le indica «que buena parte de las cuestiones sobre las que pide informe se refieren a las valoraciones económicas o a aspectos relativos al control del gasto y a la eficiencia de servicios».

El 13 de diciembre, Sánchez Mato vuelve a enviar la misma misiva. No cambia prácticamente nada de su contenido aunque en la firma sí añade también su cargo de delegado de Economía y Hacienda. El 19 de enero de este año, el letrado Rafael R.C. emite un exhaustivo informe en el que, punto por punto, va contestando a todas las preguntas formuladas.

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Dos bufetes privados

En noviembre de 2016, de forma paralela a las gestiones con los servicios jurídicos del Consistorio, Ana Varela encargó un primer informe al bufete Nazaret 6. Sin embargo, en dicho documento, el bufete descartó que en el convenio del Open de Tenis existan ilícitos penales. Detectó, eso sí, falta de seguimiento en el impacto mediático y un posible caso de desvío de fondos. Aconsejó analizar más documentación.

Tres meses después, Varela pidió una nueva auditoría. El encargo se registró el 20 de febrero de 2017, cuando la sustitución de Celia Mayer en el Área de Cultura era ya más que probable (se hizo efectiva un mes después). Varela se puso en contacto con el bufete Alemany, Escalona & De Fuentes Abogados para que redactara otra auditoría. Lo hicieron a espaldas de la alcaldesa y del consejo de administración de Madrid Destino. Este bufete sí detectó posibles irregularidades penales. En concreto, un gasto creciente por parte del Consistorio, considerado injustificado. Si en 2009 la capital pagó 5,3 millones de euros por quedarse con el torneo, al año siguiente esa cuantía se duplicó hasta los 10,4 millones de euros. Se obviaba, no obstante, que la ciudad recibe como retorno más de 90 millones de euros por evento.

En virtud de este presunto sobrecoste, Mato, Mayer y Varela presentaron el 23 de marzo —después de que Carmena ya hubiera anunciado la destitución de Mayer— una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción contra Madrid Trophy Promotion. Pocos días después, se filtró a dos medios el informe del segundo bufete. Estalló el escándalo justo el día antes de que comenzase el Master de tenis. Nadie sabía nada.

Las justificaciones de Ahora Madrid

Así las cosas, el PP se querelló contra los tres por malversación de fondos públicos -los informes externos tendrían un coste de 100.000 euros para el erario público y se adjudicaron a dedo, sin que mediara concurso público-, prevaricación y delito societario. El juez los ha imputado y llamado a declarar el próximo 18 de septiembre, pero este martes se aferraron al cargo y se negaron a dimitir. Un día después, este miércoles, se han dirigido al juzgado para solicitar «declarar ya, y no dentro dentro de tres meses».

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Según justifica Ahora Madrid, no contrataron los informes a dedo, sino que fue con «el procedimiento de Madrid Destino. Externalizar asesoría es habitual en empresa pública». Sin embargo, según el PP, «burlaron la normativa en materia de contratos de la administración pública, que dice que en el caso de Madrid Destino por encima de 50.000 euros hay que convocar un concurso público». Así, trocearon el contrato: «En la memoria del encargo de la que disponemos dice claramente que el precio será 50.000 + 50.000 euros. Eso son 100.000», expuso el portavoz de los populares en el Ayuntamiento José Luis Martínez Almeida cuando anunció la querella contra los tres.

Además, justifican el hecho de acudir a bufetes privados señalando que «la Asesoría Jurídica municipal indicó que no tiene competencias sobre consultas del Open de Tenis«. Tal y como consta en el último informe del letrado municipal, citado anteriormente, no fue sólo eso lo que les indicaron los funcionarios municipales. Pero es que, además, Carlos Sánchez Mato nunca contestó a esta pregunta del PSOE realizada en sesión plenaria:

¿Por qué no se plantearon hacer ese convenio entre las dos partes (Ayuntamiento y Madrid Destino), tal y como le aconsejaron los propios servicios jurídicos municipales?

El funeral del PP liberal y el triunfo de la Checa del 11M (partes I y II)

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Ferreras, Sáenz de Santamaría, Iglesias, Montoro, Díaz e Iceta | LaSexta/PP/Podemos/Efe

POR Federico Jimenez Losantos EN LIBERTAD DIGITAL

Lo peor no es que personas que creíamos honradas no lo sean, o que, hartas de una política sin horizonte, se pasaran a la política como negocio. Eso es malo pero, por la torcida condición humana, resulta inevitable. Nos dejan en ridículo, pero no debería sorprendernos. Lo que ha convertido la penúltima fechoría de Soraya para proteger a Rajoy en una carnicería de la que, si hubiera justicia, sería víctima su propio tinglado mediático, cadalso de políticos del PP y peana del terror podemita, es que no hay justicia y que lo ajusticiado es el último referente político del liberalismo en España, el otrora poderoso PP de Madrid a cuyo funeral hemos asistido esta semana.

Porque no nos engañemos: lo que une a Ferreras y Soraya, Pablenín y Montoro, Iceta y Susana, el Carnicero de Mondragón y Cocomocho, a la banda impune de los Pujol y al impune ejército de los ERE, es el odio a una idea liberal de España o a una idea de España basada en la libertad. Y eso que durante casi veinte años ha representado el PP de Aguirre –e Ignacio González- es lo que ha muerto por mucho tiempo ante la opinión pública.

Adiós a un gran modelo político

Y con el desprestigio abrumador de buena parte de los dirigentes del PP de Madrid, lo desprestigiado, para alegría de comunistas, socialistas y rajoyistas, es la mejor gestión del dinero público en cualquier autonomía, la visión más libre y próspera de la sociedad, la libertad de elección de escuela y hospital, la calidad de la enseñanza, las escuelas bilingües, el metro y demás infraestructuras concebidas como inversiones básicas para que la iniciativa privada, único motor del desarrollo, cree empleo e innove, y sobre todo, el ejemplo de libertad y prosperidad que a toda España daba la Comunidad madrileña, mientras las pirañas autonómicas devoraban, servidas por el carnicero fiscal Montoro, los higadillos de Madrid.

 

Con Esperanza Aguirre, la Checa del 11M, el mismo García Ferreras que inventó los terroristas suicidas del 11M, ayer al servicio de Cebrián, hoy de Casals y Soraya, siempre de la tiranía, ha linchado esta semana y va a seguir linchando las que vienen, al PP de Aznar, culminando el proceso que empezó en el Congreso de Bulgaria, capital Valencia, de 2008, cuando Rajoy decidió sacrificar el partido a su supervivencia personal y política. Y el PP, con Camps y Rita Barberá, que en paz descansa una y sin paz el otro, y Arenas como muñidor, lo aceptó.

Aznar y Aguirre pudieron dar entonces la batalla, y luchar por una parte, aunque fuera minoritaria del PP identificada con una idea liberal de España. No lo hicieron, y tras ver cómo caían, aplaudidos por los artífices del 13M y de la Ley de venganza Histórica, María San Gil, Ortega Lara y lo mejor del PP vasco y español, que siempre tuvo en el Madrid de Aguirre su refugio de españoles maltratados, han acabado siendo víctimas de su respeto a las siglas o a esos argumentos personales que cada uno guardará en su almario y por los que nadie se interesará durante los próximos años.

Porque no estamos ante una caída, una enfermedad grave, un cáncer que se puede tratar y curar sino ante el entierro de la criatura política en la que algunos, no muchos, hemos confiado durante dos décadas. Y que deja la escena política sumida en el oprobio y arrastrando, simbólicamente, a los pocos medios que durante estos años hemos defendido lo que seguiremos defendiendo, faltaría más, pero sin nadie que nos represente y sin la menor confianza en que alguien ocupe ese hueco, fosa o abismo, del PP liberal.

Por supuesto, seguiremos diciendo -mientras nos dejen, y aunque no nos dejen- que el impuesto de sucesiones es un crimen de leso pueblo, que la política de Rajoy en Venezuela, arrendada a Zapatero, es un crimen de lesa dignidad, que la política de apaciguamiento con el separatismo catalán es un crimen de lesa patria, que la politización de la Justicia es un crimen de leso Derecho y que la inquisición mediática de las telesorayas es un crimen de lesa libertad. Pero seremos pocos y seremos infamados por la gran triunfadora de esta semana: la checa del 11M, que hoy no es la SER sino el Sextabús conducida con tres capas de calzoncillos por el mismo chófer, cabeza del grupo creado por Soraya y Rajoy (Atresmedia/La Sexta) y cerebro del proyecto de Podemos para liquidar España y nuestra libertad. Por cierto, que según Javier Ayuso el chófer Ferreras se reunió con González, su presunto testaferro Adrián de la Joya, Villarejo y Mauricio Casals. ¿Para hablar de qué? ¿Lo llamará a declarar el juez Velasco?

Pero antes de que los vichinsky del despotismo comunista instalado en el poder mediático por el fantasma de Rajoy la fantasma de Soraya, nos «haga la autocrítica», debemos hacerla nosotros. Nuestra idea de España es no sólo nacional sino de orden moral. Y por eso cualquiera de los cientos de miles de compatriotas que nos escuchan, ven y leen a diario, de los dos mil accionistas del Grupo de LD, tiene derecho a preguntar: ¿Cómo no vieron ustedes la corrupción del PP de Madrid, que aun siendo mucho menor que la del PSOE, Pujol y Podemos, tanto perjudica la idea liberal?

Más adelante (esto es tan largo que parecerá de pedro Jota) entraré en detalles, pero hay una razón absolutamente vulgar: uno no sabe estas cosas si no está dentro y no suele aceptar los rumores sobre los «suyos» si vienen de los contrarios. Añadiré otra: mi personal relación con el PP histórico, con el que rompí cuando claudicó ante el Poder Fáctico Fácilmente Reconocible (fue en una entrevista conmigo cuando Aznar no se atrevió a nombrar a Polanco) y tras la nefasta boda del Escorial, con algunos de los reclusos del PP como invitados. En mi libro «Con Aznar y contra Aznar», a cuya presentación el mejor presidente de la democracia prohibió asistir a sus ministros, con Aguirre, Mayor, Acebes, Zaplana y demás acatando la orden con perruna obediencia (sólo Álvarez del Manzano se atrevió a ir), se recogen los ensayos y artículos sobre la cara y cruz de aquella época.

Los fundamentales, publicados en La Ilustración Liberal, son el «Viaje al centro de la nada», por aquella internacional centrista inventada por Aznar y el del invierno mediático que esperaba la derecha si el PP perdía el Poder. La política aznarista de rendición ante la izquierda llegó al punto de negarse a cumplir la sentencia del Supremo que ordenó devolver al mercado las emisoras de Antena 3 de radio, compradas ilegalmente por Banesto para la SER, a cambio de la protección de PRISA a Mario Conde. Y el libro termina con el largo artículo en LD al día siguiente de la boda del Escorial, que, durante dos años, supuso romper toda relación con Aznar.

¿Qué cambió? Aznar, no mucho. España, del todo. Desde 2002, la Izquierda se echó a la calle y del chapapote demagógico del Nunca mais al 13M de 2004, pasando por la guerra de Irak, tuve que elegir entre el rencor al partido que votaba y pedía votar desde que Aznar llegó al Poder del PP o hacerme perdonar –lo hubiera hecho de mil amores- por la checa mediática de la Izquierda, siempre deseosa de liberales y conservadores arrepentidos. Hice justo lo contrario. En mis libros «De la noche a la mañana» y «El adiós de Aznar» explico el cómo y el porqué de mi defensa de aquel PP.

Lo que atacaban en él no era la corrupción -casi desconocida salvo casos como los de Villalonga o Canyellas, poquita cosa al lado de la del PRISOE y Pujol- sino una idea más liberal que socialista del Gobierno y a la media España que creía y cree en la Nación, la Propiedad y la Libertad. Por eso, el 15M yo abrí mi programa a las seis en la COPE diciendo que desde el 11M y el 14M, previo cerco a las sedes del PP el 13M, había diez millones de huérfanos políticos en España y que la COPE era su casa. Así fue durante cuatro años, en especial los dos primeros: la COPE, El Mundo y Libertad Digital nos quedamos solos denunciando las mentiras del 11M y los apaños de ZP con la ETA y el separatismo catalán. Promovimos once manifestaciones con centenares de miles de personas en la calle, en defensa de las víctimas del terrorismo y del régimen constitucional, entre la AVT de Alcaraz, la COPE (q.e.p.d.), El Mundo, LD… y el PP de Rajoy, Acebes y Zaplana. Nunca tan pocos hicieron frente a tantos ni por más noble causa.

La liquidación del PP por Rajoy

Pero llegaron las elecciones de 2008. Rajoy tuvo un gran resultado pero perdió frente a ZP y decidió, tras un oscuro viaje a México, no dimitir, hacer suyo en el Congreso valenciano del PP el proyecto de Gallardón que era «obviar el 11M» y denunciar ante el tribunal del PRISOE –los que le cercaron el 13M- a los medios que le habíamos apoyado, no por él, claro está, sino por lo que representaba aquel PP, y liquidar el partido de Aznar, Aguirre y San Gil, mientras esperaba el fallo de Zapatero para sucederle, no para cambiar nada importante ni para enmendar sus infinitas fechorías.

En mi libro El linchamiento (es un milagro de la Virgen del Tremedal que sobreviviera para escribirlo) cuento el proceso, padecido en primera persona, del cambio del PP de Aznar al de Rajoy, que era el de Gallardón, Zarzalejos y Cebrián; o sea, el del régimen salido del 11M. El verdadero anuncio del congreso de Bulgaria, capital Valencia, fue el juicio de Gallardón contra mí –cuya condena ha sido anulada de forma aplastante por el Tribunal de Estrasburgo- en realidad un pulso por el Poder dentro del PP. Y allí se produjo lo que la checa mediática del 11M, a cuyo liderazgo prisaico se había uncido La Sexta de Roures y ZP, llamó con regocijo -véase la hemeroteca- «la traición de los liberales a Losantos».

Los liberales que se negaron a respaldar lo que sabían perfectamente que era cierto -que Gallardón, enfrentado a la línea entonces mayoritaria en el PP, defendía literalmente en ABC y dentro del partido «obviar el 11M»– fueron Acebes, Zaplana, Aguirre e Ignacio González. No entraré en más detalles porque para eso está el libro y porque parecería que hago lo que hicieron ellos: ponerse de perfil ante alguien caído en desgracia. Sí quiero explicar por qué, igual que pasó con Aznar, volví a hablarles y, con Acebes y Zaplana ya defenestrados, he defendido a Aguirre y González en Madrid.

En primer lugar, porque me repugna la injusticia. Y lo que las checas del 11M han perpetrado esta semana es el linchamiento político del PP de ayer con el sólido argumento de hoy: la corrupción. Dos cosas me parecen especialmente repugnantes: cobrar millón y medio de López Madrid, el contratista de Villarejo, y negociar comisiones en la Venezuela chavista, como los de Podemos, algo que jamás imaginé en nadie del PP de Madrid. Pero el Sextabús, panzer del grupo Atresmedia/La Sexta, creado de forma ilegalísima por Rajoy y/o Soraya, era el que peor ha quedado, chantajeando a Cifuentes para proteger a uno de sus directivos. Y eso lo han tapado con ranas de atrezzo. La transcripción de la amenaza de Casals: «Que sepa que no es sólo La Razón, sino también Antena 3, Onda Cero y La Sexta», es, sin duda, lo más grave, porque prueba la existencia de una trama mediática y política, con cabeza en Moncloa, para impedir que la Justicia persiga la corrupción del PP. Y eso lo han ocultado descaradamente Ferreras y todos sus tertulianos, que lo habían leído en El Español y escuchado en la SER.

En segundo lugar, porque este descaro digno del Planeta mediático catalán, me permite barruntar que Cifuentes podría hacer lo que hicieron conmigo los liberales del PP en 2008: negar la evidencia, ahora grabada y ayer publicada en la mismísima portada de ABC; que podría negar las coacciones evidentes y por las mismas razones: que el partido le perdone y le deje seguir en política. Eso creerá. Como enemiga de Soraya en la lucha por la herencia de Rajoy, la atropellará el Sextabús como a Aguirre. No es porque haya robado un euro, sino por no hacerlo y además desconocer la omertá rajoyana. «El PP siempre se porta bien», dijo Rajoy anteayer ante jóvenes militantes andaluces. Denunciar la corrupción es portarse mal. E implicar en ella a un directivo del grupo mediático de Moncloa, fatal.

Y en tercer lugar porque se puede sobrevivir a la pérdida del último referente político del liberalismo en España, pero no a la omnipotencia de la checa nacida entre el humo y la sombra del 11M, que ha comprobado que seguirá ganando muchísimo dinero (Atresmedia ha dado esta semana los mejores resultados de su historia) persiguiendo la corrupción ajena y protegiendo la propia. O sea, alanceando moros muertos del PP mientras se apoya a Podemos y se hunde España, mientras la empresa gane dinero.

¿Hasta qué punto supimos o debimos sospechar?

Ahora, el multimedia implicado en la mal llamada operación Lezo (podían haberle puesto un nombre menos heroico), convierte en sinónimos liberalismo y corrupción. Cuando la corrupción del liberalismo del PP de Madrid la demuestra precisamente su relación con la cadena de Podemos. Pero eso no obsta para preguntarse si sabíamos lo que pasaba, al menos en parte, o no queríamos ni mirar porque lo denunciaba la Izquierda corrupta. Yo creo que lo segundo explica, aunque no lo justifique, lo primero. Han acusado a Aguirre de corrupción tantas veces y tan falsamente en esa meca delictuosa llamada PRISA y al servicio del sospechosón Gallardón, origen, de la trama caribeña ahora descubierta, que como todo lo antiaguirrista, en general, lo de González tuvo el mismo beneficio de la duda, en particular.

Ayer, Luis Herrero, debutaba en ABC contando dos denuncias sobre la trama González-Atresmedia-La Sexta, aunque Luis dice que La Sexta es un medio periodístico o así. Así y asá. Una, que yo no conocía y es una lástima: Villar Mir le habría dicho a Lapuerta que le dio a González un millón y medio de euros. Informado Rajoy, no hizo nada. Con lo que he tenido que aguantar de la cloaca de Villarejo, con el que se reúne Luis sin que el empleado de López Madrid deje de denunciarme para ver si consigue callarme. Me hubiera encantado poderlo contar y comentar, la verdad.

De otra, hace tres años, proveniente de nuestro antiguo editorialista y luego político y alcalde de Leganés Jesús Gómez Ruiz, sí supe algo, pero a la vez que me contaban que Jesús había contratado en Leganés a Gonzalo Boye, condenado a siete años de cárcel por colaborar con la ETA en el secuestro de Revilla y promotor de una querella contra mí a cuenta del separatismo catalán. Supuse que la información sobre la famosa cuenta suiza, sin titular, procedía de ahí, y que, si era verdad, debía denunciarlo el tal Boye. Nunca lo hizo. En LD informaron del caso y nada más. Luego he leído que fue con un notario a registrar su denuncia ante Juan Carlos Vera, el aparatchik de Rajoy para echar a Aguirre y poner a Cifuentes. O sea, que de nuevo lo sabía Rajoy. Y, sin embargo, ahora le piden responsabilidades a Aguirre… los chicos de Rajoy. Me parece una broma pesada, la verdad.

Hay, sin embargo, un argumento más de fondo, que es el de la lucha ideológica contra el abuso fiscal del Gobierno. Cuando Montoro le declaró la guerra a Ignacio González porque se negó a reponer el impuesto de sucesiones y bajó los impuestos del tramo autonómico («será que le sobra», dijo), ¿cómo no defender a Ignacio González? Cuando las mareas blancas y verdes –léase rojas y moradas- atacaban a su Gobierno porque defendía la calidad de la enseñanza y la gestión privada de los hospitales en Madrid, ¿cómo no defender que no hicieran fijos a esos maestros interinos que dicen que el Guadalquivir y el Ebro pasan por Madrid? Pues Montoro va a hacerlo. Cuando Aguirre defiende la bajada sistemática de impuestos, igual que Aznar, ¿cómo no defenderlos, que es defendernos de Montoro y del destino de nuestro dinero, que es la financiación del separatismo catalán? Y durante los años de Zapatero y los seis de Rajoy este ha sido el pan nuestro de cada día. ¿Cómo no conceder el beneficio de la duda a quien se negaba a ceder, en favor de la ciudadanía, ante Montoro y Asociados, Villalobos y Arriola, Arenas y Mato, es decir, Rajoy y Soraya, telesocios de Podemos?

La corrupción salvo para las izquierdas en general («ahora nos toca a nosotros», dicen en Andalucía desde hace 35 años) y una parte de las derechas es indefendible. Habrá que esperar a una nueva generación de políticos limpios que se dejen votar. Pero sin estos referentes, perdidos por algún tiempo, las ideas liberales sobrevivirán. Lo invivible es un régimen totalitario como el que hemos visto en acción esta semana, con detenciones anunciadas con días de antelación y la televisión de la checa esperando a la Guardia Civil para la detención y humillación de los presuntos, con todos los detalles de los sumarios declarados secretos y, lo más grave de todo, con la defensa, como en tiempos de Lenin, del Terror Rojo o el Teleterror.

Segunda parte del ensayo El funeral del PP liberal y el triunfo de la Checa del 11M.

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Ignacio González, entre agentes de la UCO | EFE

Este mismo sábado, J.M. Contreras, uno de los socios fundadores de la Sexta con Roures, Benet y Barroso, esos que Cebrián llamó «visitadores nocturnos de la Moncloa» de ZP, -él lo era diurno con González y ahora con Soraya-, publicó en Infolibre un artículo –Protejamos la pena del telediario– que su Sexta ha aplicado esta semana contra el PP de ayer para tapar al PP de hoy y su propia corrupción empresarial. Es decir, que los que mandan a través del duopolio televisivo en la España actual, por delegación de Moncloa y al servicio de Podemos, defienden abiertamente la muerte del Estado de Derecho y la creación de un régimen asesino y difamador como los de Cuba y Venezuela, que tienen en el linchamiento de los enemigos políticos –inocentes o no, da igual; están condenados antes de llegar a juicio, si llegan- su herramienta esencial de propaganda y terror político.

Vale la pena leerlo entero, y temblar, pero resumiré lo sustancial:

«Esta semana hemos asistido a un capítulo más de nuestra reciente historia política, la esperada detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que tantas noticias había protagonizado como recurrente sospechoso de haber cometido numerosos actos delictivos, sin que hasta ahora la ley hubiera actuado contra él. Una cámara de la Sexta pudo conseguir las únicas imágenes de su captura por las fuerzas de seguridad».

Esto es falso. Fue la UCO la que accedió al Sextabús, para proceder a la detención conjunta y tapar con lo de González la llamada a declarar de Rajoy.

«No hay duda de que uno de los momentos televisivos preferidos de muchos espectadores es el de poder ver la llamada ‘pena del telediario’. Son esas imágenes, desgraciadamente repetidas en multitud de ocasiones, en las que algún expoderoso corrupto es introducido en la parte de atrás de un coche policial tras su detención. Siempre me llama la atención su reacción, que de manera casi milimétrica suele reproducirse de forma cotidiana. El personaje en cuestión suele caminar atropelladamente con la cabeza baja, incluso cubierta, y busca meterse en el vehículo que se convierte en una especie de último refugio donde cree poder terminar con su agonía. Dentro del coche, intentan ocultar su rostro con manos y brazos o con alguna prenda de vestir o se esconden detrás del asiento».

Esto es cierto, pero se ve que Contreras no tiene familia, a la que nadie salvo un marrajo quiere humillar, o se cree impune ante el Sextabús y la UCO. Debe de serlo, porque la absorción de la Sexta por A3 fue delictiva y ahí sigue.

«Es una pena que las fuerzas de seguridad suelan colaborar en ese comportamiento que impide que algún reportero, de forma calmada, pudiera acercarse al detenido y preguntarle sobre las razones de su ocultamiento, aclarándole que, aunque se tape la cara, todos le estamos viendo y, sobre todo, todos sabemos perfectamente quién es y qué ha hecho».

Esto es falso. Nadie sabe «perfectamente, lo que es y lo que ha hecho», salvo el que tenga la condena hecha antes del juicio, el fiscal o juez de un Estado totalitario. A la Sexta la llama su Gobierno de su PP. Y en el caso Rato hemos visto a la policía tratarlo con menos celo que a los etarras.

«Es habitual escuchar voces públicas que defienden la eliminación de las penas del telediario. El argumento de base es que esas imágenes suponen una condena social de facto, que ignora el principio de la presunción de inocencia. La cuestión no puede ser más absurda. Las imágenes no reflejan la condena sino la detención, porque hay firmes indicios de que ha cometido algún delito. Si el principio de presunción de inocencia se antepusiera a todo, ni siquiera la detención debería tener lugar puesto que no ha habido aún condena. Un disparate».

¿Un disparate que todos sean inocentes hasta que se demuestre lo contrario? Quizás Contreras lo piensa sobre etarras e islamistas, no sobre los del PP, a los que tan «perfectamente» conoce. Y la burla al «cretinismo democrático y parlamentario» (Lenin) acaba en este sadismo de chequista:

«Lo que sí reflejan esas voces es el daño moral que parece infligir a los corruptos detenidos esas imágenes difundidas incesantemente en las televisiones. He de reconocer que en mi caso me provocan un efecto hipnótico. Siento un alivio cuando las veo. Por un momento, esa reproducción electrónica de la realidad me hace creer que quizá hay justicia y que, de vez en cuando, el que la hace la paga. Pienso que ese castigo público debería formar parte de cualquier condena por un delito que supone el enriquecimiento ilícito, el haber sacado provecho, quebrantando la ley, de la confianza de los ciudadanos y de transformar el servicio público en vehículo para el robo de bienes ajenos».

Y ahora llega el regodeo del co-creador de la Sexta gracias a ZP:

«Propongo por tanto regular un protocolo especial para llevar a cabo la detención de los corruptos. Puedo llegar a entender que se impida el contacto directo a reporteros y ciudadanos con los acusados para evitar altercados e incidentes. Se deberían habilitar unas vallas de seguridad que facilitaran la visibilidad del público asistente. Sin embargo, el paseíllo hasta el vehículo policial habría que reglamentarlo. Deberíamos dejar al menos 200 metros de recorrido obligado, para que el detenido, convenientemente esposado, se dirigiera hasta el coche. Propongo que el desplazamiento lo hiciera en solitario y sin elementos que entorpecieran su marcha. Todo ello, eso sí, perfectamente televisado, con posibilidad de utilizar diferentes tomas y repeticiones con cámaras superlentas, al estilo de los encierros de San Fermín. Incluso, propondría la colocación de una mini cámara que portara el detenido en su solapa que nos permitiera tener una toma subjetiva de gran valor emocional. Una buena selección musical difundida con megafonía sería el toque final perfecto. El denostado reggaetón de Luis Fonsi, Despacito, sería una banda sonora perfecta con esa simbólica estrofa final:

Pasito a pasito, suave suavecito
Nos vamos pegando, poquito a poquito
Hasta provocar tus gritos
Y que olvides tu apellido
Despacito»

Lo de «provocar tus gritos» suena a torturador vocacional o rapero podemita. A «la azotaría hasta sangrar» o «soy un marxista devenido psicópata». Pero Contreras olvida algo demasiado deprisa: el apellido del corrupto no lo ha olvidado despacito ni deprisita el directivo de la Sexta detenido junto a González ni el gran jefe Casals, sino el camarada Ferreras, que lo tapó. ¿Por qué Contreras no comenta este caso de corrupción de la empresa que él fundó, nada menos que un descarado chantaje mediático para que no lo denunciaran? ¿Todavía pertenece a la empresa?

El mal menor no es un bien, es sólo menor

En fin, al leer este alarde tiránico de los que tras participar en el tinglado corrupto del PP de Madrid fingen desarticularlo para ahorrarse ellos la cárcel, vuelvo al dilema insoluble: el destino del liberal es siempre comprometido, porque uno elige los enemigos, no los aliados. Tras reñir con Aznar, lo defendí contra los golpistas del chapapote iraquí. Tras la traición de los liberales del PP, los defendí contra Montoro y el impuesto de Sucesiones. Tras leer a los viejos golpistas del 13 M, del Nunca mais y ahora del Sextabús vuelvo a la doctrina del mal menor para combatir el mayor: la tiranía. La corrupción del PP madrileño y su artera utilización para tapar la de Rajoy me ahorrará votar al PP, porque no se puede ni se debe votar a un muerto. Pero el PP medio liberal merecía un mejor funeral.

El PSOE valenciano plantea echar a 300 empleados de un hospital público para meter a 300 de los suyos

El comisionado de la Consellería de Sanidad valenciana para el hospital de Alzira, José Sanfeliu, aseguró en una reunión celebrada hace tan solo una semana en la sede del PSOE de Alberic, ante el subsecretario de la Conselleria de Sanitat, Ricardo Campos, que el próximo cambio de titularidad del centro -pasará a ser gestionado por la Administración Pública- será una oportunidad para meter “a familiares, amigos, conocidos que estén sin trabajo y deseen trabajar”, según aparece en una grabación a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El 31 de marzo de 2018 el Hospital Universitario de la Ribera, en Alzira, volverá a formar parte de la red pública al terminar la concesión a la empresa que actualmente lo administra, el grupo Ribera Salud. Un cambio de titularidad que no sólo puede suponer que hasta 300 trabajadores temporales del centro pierdan sus empleos, sino la incertidumbre para otros 1.200 que a día de hoy tienen un contrato indefinido y que tendrían que pasar por un concurso para confirmar sus plazas compitiendo con otros profesionales que así lo soliciten.

Así explica la jugada Sanfeliu: “Vamos dentro de 488 días, que es lo que falta para la reversión. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que asumir a todo el personal que es laboral indefinido con Ribera, en principio. Estamos hablando de ?????, o sea, 1.500, que serán por ejemplo 1.200. Ya estamos hablando de que hacen falta 300 personas más”.

El propio Sanfeliu aseguró en esta reunión que, actualmente, los trabajadores del hospital tienen “contratos de mañana, tarde, noche y fines de semana por la mañana” y que los quirófanos también se mantienen operativos los sábados y domingos. Esta es precisamente una de las claves en la gestión, ya que el centro decide abonar un plus a sus trabajadores para sacar el máximo rendimiento.

En la grabación se puede escuchar perfectamente cuál es el movimiento que realizará la Consellería. “Como vamos a mantener la cartera de servicios, como resulta que esta gente tiene unos contratos de mañana, tarde, noche, sábados por la mañana y domingos por la mañana… Que se hacen endoscopias, se hacen operaciones de sábado por la mañana, de prótesis, de cadera, ¿vale? Esa gente lo siento mucho, quiero decir, las condiciones laborales se van a ver modificadas. ¿Eso qué significa? Que harán falta trabajadores. ¿Cómo vamos a cubrir con esos trabajadores? Con personal estatutario de relevo en puestos???? de traslados. Es decir, que todas aquellas personas trabajadores de la sanidad pública que estén trabajando en La Fe, en el Clínico… (en distintos hospitales de la región) y quieran venir a este departamento, van a tener la oportunidad de venir”.

Eso en cuanto al personal fijo, según el propio comisionado unos 1.200 trabajadores. Pero, ¿qué pasará con los 300 empleados temporales? Los planes de Sanfeliu pasarían por la creación de una bolsa de trabajo en la que entrarían sus familiares y amigos que estén sin trabajo y sustituir a los actualmente contratados. En este sentido, el comisionado pidió esperar 488 días -fecha en que vence la concesión- momento en que va a hacer falta mucha gente para crear esa bolsa de trabajo.

“Espérate 488 días, espérate a que hagamos la […], a que se acabe el contrato, y entonces a partir de ese momento no os preocupéis, que va a hacer falta mucha gente. Se creará una bolsa de trabajo de la Rivera, ¿vale? Ahí se meterán nuestros familiares, amigos, conocidos… que estén sin trabajo y deseen trabajar, y se les va a dar la oportunidad de trabajo”, asegura en el audio al que ha tenido acceso OKDIARIO.

José Sanfeliu ejerce en el Hospital de Alzira la función de control público como comisionado de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat, organismo que dirige la consejera socialista Carmen Montón.

Desde la Generalitat valenciana se ha intentado revertir la concesión de estos hospitales, sin embargo, ante el alto coste que tendrían que asumir han decidido que se agote el plazo de las mismas. Desde el PP valenciano muestran su sorpresa ante lo que aseguran: “No es un asunto ideológico, ahora ya sabemos su finalidad, colocar a los amigos y a las familias”.

El modelo Alzira

El llamado modelo Alzira toma su nombre de la localidad donde se ubica el Hospital de la Ribera, que tras su construcción en 1999 se convirtió en el primer hospital público español gestionado bajo la modalidad de concesión administrativa, y que se define en cuatro pilares: propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada. La Generalitat, entonces gobernada por el PP, cedió un total de cinco centros a entidades privadas por un período de 15 años.

Este modelo, que fue la bandera de la gestión sanitaria del PP valenciano, se ha convertido en una de las principales enmiendas del nuevo gobierno regional a la gestión de sus antecesores. El pasado septiembre, durante el Debate del Estado de la Comunidad Valenciana, el presidente Ximo Puig reveló su intención de revertir este modelo y dejar que las concesiones se agotasen.

Este anuncio causó una gran preocupación entre los trabajadores del centro, que se vieron enfrentados a la incertidumbre de si perderían sus puestos de trabajo o sus condiciones laborales se verían alteradas. Desde el gobierno autonómico han insistido en trasmitir un mensaje de calma a los trabajadores fijos, aunque para los 300 que cuentan con contrato temporal las perspectivas parecen cada vez peores.

 Origen: El PSOE valenciano plantea echar a 300 empleados de un hospital público para meter a 300 de los suyos

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