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CLARA EXPLICACIÓN DE LA SITUACIÓN.

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Imagine (Alemania) que un amigo (España) le pide dinero.

 

Lógicamente usted le pregunta para qué lo necesita, y él le dice que para pagar los gastos básicos, -agua, luz, hipoteca del piso, comida, colegio de los niños, etc.,- sin los cuales no puede subsistir.

 

Usted decide que se lo presta.

 

Su amigo, al cabo de tres meses le vuelve a pedir dinero. A usted esta petición ya no le gusta tanto porque considera que debería haber conseguido cubrir esos gastos básicos. Pero decide dejárselo a un bajo interés, para que de alguna manera tenga conciencia de que lo prestado tiene un coste.

 

Tres meses más tarde vuelve a pedirle dinero. Entonces usted decide que antes de prestárselo quiere revisar sus cuentas. Y ¡sorpresa! Descubre que su amigo tiene dos personas que le hacen las tareas del hogar, más días festivos que usted, un coche de alta gama, veranea en un resort de lujo, alquila pistas de tenis para jugar con los amigos, pero además tiene a su cargo a dos de sus primos, a un tío de Albacete y dos apartamentos vacíos que usa dos veces al año, uno en invierno y el otro en verano. Su amigo lleva una vida cómoda aunque, evidentemente, no llega a final de mes, por lo cual necesita pedirle un préstamo.

 

¿Usted qué haría? ¿Le seguiría dejando dinero? ¿O bien le exigiría que redujese todos los gastos superfluos, que serían un ochenta por ciento, para poder volver a hablar de préstamos?

 

Unos cuantos meses después —y sigo con la historia— su amigo se presenta en su casa y le dice que vuelve a necesitar dinero. Usted le pide explicaciones y él alega que ya ha reducido gastos. ¿Cuáles? Les ha bajado el sueldo a las asistentas.

 

Pues bien, eso es lo que le pasa a Merkel, a los mercados y al Banco Central Europeo: razonablemente no van a permitir que este país de pandereta siga funcionando de la manera en que lo hace.

 

Y es que no puede ser que tengamos más aeropuertos que Alemania, que seamos el segundo país del mundo con más líneas de alta velocidad después de China, que “disfrutemos” de más festivos y puentes que ningún otro, que tengamos la tira de administraciones públicas todas para sacarle la pasta al pobre ciudadano: parlamento nacional, senado, parlamentos autonómicos, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, consejos comarcales, cabildos, mancomunidades, etc., que medio país esté permanentemente inmerso en festejos y folklores varios, que el nivel educativo sea tan bajo, con un nivel de exigencia que roza la subnormalidad, que los técnicos y científicos (el futuro de un país avanzado) en todas las áreas sean pocos, mal pagados y sin reconocimiento alguno, que cuando alguien se dedica a delinquir, robar o asesinar, casi no se le castiga y sale de la cárcel enseguida, mientras que al ciudadano honrado se le multa, detiene y juzga por apretar el acelerador, fumar, pescar sin licencia, etc…por no decir el caso de los hombres a los que se les detiene por una simple denuncia sin derecho a la presunción de inocencia (Ley de violencia de género) o de los policías que se les condena a la mínima denuncia de los delincuentes, que cualquiera que no sabe hacer la O con un canuto puede ser alcalde, ministro, alto cargo, o Presidente, que estemos en permanentes tensiones internas con toda clase de separatistas y regionalistas jugando a ser Estados dentro del Estado, que los políticos se autoprotejan a ellos y a sus camarillas, que los jueces puedan dictar las sentencias más absurdas sin que les pase nada, que haya cerca de 300.000 sindicalistas que cobren del estado por tocarse las narices, que cualquier persona pueda mofarse, burlarse o agredir a los simbolos del Estado (bandera, himno, Jefe de Estado) sin que le pase nada, que cualquier inmigrante ilegal que llega tenga inmediatamente derecho a toda clase de subsidios, atención sanitaria, escolarización, etc… etc…

 

La señora Merkel quiere que nos pongamos serios y nos dejemos de cachondeo. A ella, una teutona licenciada en ciencias físicas, le da lo mismo por dónde empecemos, la cuestión es que reduzcamos todos los gastos superfluos, y hagamos las reformas necesarias para convertirnos en un país serio y que lo hagamos ya.

 

Mientras, el grifo lo tendrá cerrado, y bien que hará.GRACIAS SRA. MERKEL, si lo consigue los españoles honrados y con dos dedos de frente se lo agradecemos.

El recorte más necesario: sobran las Autonomías.

Son el verdadero agujero en las cuentas públicas españolas.  El recorte que más necesitamos pero en el que paradógicamente ningún partido quiere meter la tijera.  Ya no es cuestión sólo de los obstáculos que ponen 17 legislaciones diferentes que han roto la unidad de mercado y dificultan la recuperación económica y la creación de empleo; es que las autonomías nos cuestan 86.000 millones que no sólo tienen que salir de nuestros bolsillos sino que quitamos a lo que realmente nos interesa: la educación, la sanidad, la garantía del sistema de pensiones.

Está demostrado que por cada nuevo empleo público se destruyen 2,8 empleos privados, pues se necesitan más impuestos para mantenerlos.  Sostener el necesario estado de bienestar (una sanidad y educación de calidad, justicia, seguridad…) requiere empleo público suficiente y de calidad; el problema son los empleos públicos improductivos y a menudo innecesarios.  Según los expertos, y teniendo en cuenta el número de habitantes de España, sobran 1.000.000 de empleos públicos (920.000 por las autonomías).  ¿Consecuencias de tener una administración excesivamente engordada por las innecesarias y carísimas autonomías?: España, que es el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo (más que Grecia y mucho más que Portugal)  y el tercero en volumen de déficit público (por detrás de Grecia e Irlanda), se ha situado ya (11-07-2012) como el cuarto país europeo con más impuestos (detrás de Bélgica, Dinamarca y Suecia). Sin embargo, al contrario que estos tres últimos países, esos impuestos no van a sostener el estados del bienestar, ni tampoco a ayudar a salir de la crisis, sino a mantener una Administración excesivamente engordada por unas autonomías que sólo benefician a las castas políticas.

En total, el traspaso de competencias del Estado a las comunidades autónomas ha implicado un traspaso de 821.357 empleados.  Sin embargo los asalariados de las autonomías superan ya los 1.740.000 empleados (920.000 más) y no paran de crecer exponencialmente (ver gráfico). ¿Dónde están esos 920.000 empleados de más? ¿Hay más médicos? ¿Más profesores?… Algunos más pro el aumento de la población estos años, pero pocos.  De hecho, España está por debajo de la media europea en número de funcionarios y sin embargo diversos organismos aseguran que en relación al número de habitantes, en España sobran alrededor de 1.000.000 de empleados públicos.

¿Dónde están entonces esos 920.000 empleados de más en las autonomías? Se estima que más de 500.000 son enchufados, el resto, unos 400.000 son el producto de multiplicar por 17 la estructura de gestión.

nota: en miles de empleados

Más de 500.000 Enchufados.   Amigos, familiares y militantes (de todos los partidos políticos)… colocados en fundaciones, agencias y en las 2.671 empresas públicas creadas por las autonomías para contratar a dedo y evitar la fiscalización de las cuentas, convirtiéndose en una tapadera del despilfarro público.  Esto explica porqué nuestros políticos no quieren meter la tijera en las autonomías; pero el problema autonómico no se resuelve sólo con legislación y recortes para eliminar esos 520.000 enchufados… porque seguiría habiendo 17 estructuras paralelas con incompetencias impropias y que nos costaría al menos la mitad de esos 86.000 millones de euros de sobrecoste que actualmente tienen las CC.AA.  Ante la gravísima situación, las comunidades autónomas se comprometieron a cerrar sólo 600 de esas 2.671 empresas públicas; sin embargo, meses después, sólo han cerrado 2 de ellas.

Actualmente las autonomías españolas tienen mayor nivel de competencias y gasto que las regiones de cualquier otro país del mundo. Aproximadamente tienen el  56% de competencias y del gasto público total.   ¿Hay que descentralizar? Aquí todos los expertos están de acuerdo: Sí, pero hacia la administración local; en un país del tamaño de España no se justifica una administración intermedia entre Estado y Administración local (Ayuntamientos y diputaciones).

Según el estudio “comparación internacional de los modelos de descentralización fiscal” de la Fundación Cajamar, a nivel mundial… de 213 Estados, sólo 25 presentan una estructura descentralizada de gobierno. Si observamos estos pocos estados federales, hay dos tipos: los que son muy muy extensos (EEUU, Rusia, India, Australia, Canadá…) y los que surgieron de la unión de pequeños estados en un nuevo país unido, buscando entre otras cosas eficiencia y tamaño (Alemania, Suiza…).  Sin embargo en España hemos ido contra toda lógica al disgregar un estado relativamente pequeño en extensión como España para crear estructuras administrativas intermedias en las regiones.  Además dotándolas de más competencias y porcentaje de gasto público que los estados, landers… de ningún otro país del mundo; añadiendo 86.000 mill. €  de gasto innecesario e improductivo y multiplicando por 17 las normativas a aplicar en multitud de sectores lo que dificulta el desarrollo económico y nos empobrece más a todos.  Si nos fijamos por ejemplo en los dos estados federales europeos más conocidos (surgidos ambos de la unión de estados pequeños para formar uno mayor y más eficiente cediendo competencias al gobierno central el nuevo estado), según el estudio citado de la Fundación Cajamar:  En Alemania el 65,2 % del gasto público corresponde al Estado alemán, por sólo el 20,3 % a las regiones o Landers y el 14,5 % a los Ayuntamientos.  En Suiza, el 51,5 % del gasto corresponde al Estado suizo, el 27,6 % a la administración regional y el 20,9 % a la local.

España es además el país europeo donde la Administración local (Ayuntamientos y Diputaciones)  tiene un menor porcentaje de gasto (aproximadamente el 12% del total de las administraciones públicas).   Hay muchos ayuntamientos pequeños, algunos minúsculos que habría que fusionar además de mantener las Diputaciones.  Pero no nos engañemos (o que no nos engañen), aunque todas las castas políticas autonómicas, en su intento de mantener el estado autonómico cueste lo que cueste, estén deseando eliminar las Diputaciones y algunas incluso el Estado, aunque también haya despilfarro en muchos Ayuntamientos, aunque haya que legislar para evitar el enchufismo y se penalice incluso penalmente el despilfarro de dinero público… aún con todo eso, es imprescindible atajar el principal agujero en las cuentas públicas, el principal problema, el verdadero cáncer que impide dedicar recursos a lo que nos interesa y no a mantener una estructura administrativa ineficiente:  el problema autonómico.  Para racionalizar esto, hay que eliminar directamente las autonomías,  cediendo las competencias tanto al Estado (las que gestionaría mejor y a menor coste como Sanidad, Educación, Justicia, Ciencia y Tecnología, I+D, grandes infraestructuras…) como a Ayuntamientos y Diputaciones (Asuntos Sociales, pequeñas infraestructuras…).  Basta ver cómo tienen distribuidas las competencias otros estados más eficientes:

En la mayoría de países de la Unión Europea y del mundo, es el Estado quién concentra más del 80% del gasto público total. Sólo en seis países europeos (Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Finlandia, Suecia) el Estado tiene algo menos del 80% del gasto, sólo en algún caso (Alemania y Suiza) por la descentralización hacia gobiernos intermedios (fruto además de uniones de pequeños estados en un Estado mayor y no, cómo sólo ha ocurrido en España, de la desintegración de un país), en el resto (Reino Unido, Finlandia o Suecia) por el peso de las entidades locales.

España incurrió por tanto, en su intento de contentar a vascos y catalanes durante la transición, en una descentralización muy muy cara y además mal enfocada pues deberían haberse cedido menos competencias y no hacia una administración intermedia innecesaria en las regiones sino hacia la administración local (Aytos y Diputaciones).  Este disparate autonómico es muy costoso no sólo por ceder, ceder y ceder competencias a las autonomías sin importar si era lógico y eficiente o no, sino porque se ha demostrado que los ciudadanos no podemos seguir pagando un sistema administrativo intermedio.  En un país como este, lo eficiente son dos niveles de administración: la central con las competencias que sea más eficiente y barato gestionar de forma centralizada (sanidad, educación, ciencia y tecnología, justicia, economía, grandes infraestructuras…) y teniendo en cuenta que poco a poco alguna de esas competencias debe ir a la Unión Europea y la administración local (Ayuntamientos y Diputaciones provinciales) con parte de las competencias que ahora tienen las autonomías (servicios sociales, pequeñas infraestructuras…).  Sólo con eso ya ahorraríamos 86.000 millones de euros.  Si añadimos la fusión de ayuntamientos pequeños o cesión de sus competencias a Diputaciones junto con la eliminación entidades comarcales o mancomunidades, tendríamos ya sobradamente solucionado el problema de los 90.000 millones de euros de déficit, sin recortes sociales ni subidas de impuestos por lo que tendríamos los cimientos sólidos para empezar a salir de la crisis.   Muchos expertos, catedráticos y organismos internacionales llevan tiempo avisando… mientras no se solucione el cáncer autonómico sólo vamos a conseguir seguir empobreciéndonos.

Los partidos discuten entre si es mejor más recortes sociales o subir el déficit más aún e hipotecarnos por varias generaciones, siempre pagando los ciudadanos… pero ninguno tiene intención de recortar lo que realmente sobra.  Eso sí, España es con abrumadora diferencia el pías europeo con más políticos por habitante.  Un reciente estudio cifra en 445.568 los políticos tiene España;  el doble que Italia y que Francia (segundo y tercer país pero a gran distancia de la España de las Autonomías).  Otro ejemplo, Alemania, con el doble de habitantes, tiene tres veces menos políticos.   Si pusiésemos en fila a todos los políticos españoles, dando 50 centímetros a cada uno, sumarían nada menos que 223 kilómetros.  Así que está claro por qué no quieren ni oír hablar de suprimir las autonomías, con diferencia la administración pública española más enchufista y con más empresas públicas, fundaciones, agencias...

Pero, como publicaba el catedrático de Economía Roberto Centeno en el diario Cotizalia… el dilemas es:  o las autonomías o nosotros.  No es una cuestión de partidos ni de ideologías, es una cuestión de dónde queremos en un futuro emplear los 86.000 millones de euros en impuestos que nos cuestan las autonomías: en mantener el estado del bienestar (la sanidad, la educación, las pensiones…) o en pagar los 920.000 enchufados y empleados que sobran con el sistema autonómico y las castas políticas que lo sustentan.

En una reciente encuesta del diario El Mundo, 9 de cada 10 votaron a favor de la devolución de competencias al Estado.  Los españoles lo tenemos claro, los políticos no tanto. No hace falta que lo diga The Economist, las autonomías tienen que desaparecer para poder evitar el colapso y salir de la crisis.  Una salida al disparate autonómico podría ser el referendum.  Quién todavía no lo tenga claro, quizá porque añore las bondades vendidas por muchas autonomías, siempre con necesidad de autojustificarse, les recomiendo que lean el libro  EL OCASO DE LAS AUTONOMÍAS. (El libro que ningún partido político quisiera ver publicado) de Joaquín Javaloys; puede descargarse gratuitamente en formato pdf.

Julián pavon es Licenciado y catedrático de Economía, Licenciado en Sociología y Doctor Inteniero industrial

Julián Pavón es, además de catedrático de Economía, Licenciado en Economía, Licenciado en Sociología, y Doctor Ingeniero Industrial

Si estás de acuerdo, si sabes que ningún político va a hacer nada a no ser que haya una verdadera e indignada exigencia ciudadana… une tu voz a la de los muchos ya estamos pidiendo a gritos que se acabe con el despropósito de tanto recorte social y subida de impuestos y se meta la tijera en extirpar el gran problema de las cuentas públicas: el cáncer autonómico.  No queda otra.  REFERENDUM SOBRE LAS AUTONOMÍAS YA !!   De esta crisis hay que salir fortalecidos; si vascos o catalanes quieren seguir pagando un alto sobrecoste por sus autonomías allá ellos, pero el resto nos bajamos de este disparate… es lo que piensa la inmensa mayoría.. el sistema autonómico es innecesario, ineficiente e insostenible. NO con mis impuestos.

¡¡¡ PÁSALO !!! por email, en foros, en redes sociales…

elPROBLEMAsonlasAUTONOMIAS.wordpress.com

EL OCASO DE LAS AUTONOMÍAS. (El libro que ningún partido político quisiera ver publicado)

referendumAutonomiasYA.blogspot.com.es/

twitter.com/FueraAutonomias

EL INÚTIL DESPILFARRO DE LAS DUPLICIDADES ESTADO–CCAA.

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POR:  JOAQUÍN  JAVALOYS (Junio 2012)

La falta de un modelo constitucional autonómico y el hecho de que la descentralización de España se haya hecho para contentar a los nacionalistas y a impulsos electorales de los barones territoriales de los partidos políticos han dado lugar a que resulte un Estado autonómico en el que proliferan las duplicidades o triplicidades, las redundancias y los excesos administrativos, porque se ha generalizado una mentalidad “autonómica” que consiste en asumir la mayor cantidad posible de competencias, porque a más competencias mayor poder, aunque sea necesario endeudarse para ejercer competencias adicionales.

 

Los políticos gobernantes de las entidades políticas territoriales, comunidades autónomas o ayuntamientos han procurado obtener la mayor cantidad posible de competencias, sin tener en cuenta si ello beneficiaba o no a los ciudadanos y tampoco si podían ejercerlas eficientemente, dados sus recursos disponibles. Finalmente las CCAA se han convertido en voraces mini-Estados que han intentado dotarse de una administración cuasi-estatal, desproporcionada y despilfarradora, en la que abundan las duplicidades.

La concurrencia de administraciones superpuestas (estatal, autonómica, provincial y municipal) es causa de numerosas duplicidades y redundancias. El sistema autonómico existente sufre de falta de coordinación efectiva, que produce duplicidades en la actuación y en su coste, pues han multiplicado por 17 los órganos y entidades de la Administración: 17 Parlamentos, 17 Gobiernos autonómicos, 17 Defensores del Pueblo, 17 Tribunales de Cuentas, 17 Agencias de Protección de Datos, 17 Institutos Meteorológicos, 17 Institutos de Estadística, 17 TVs públicas (algunas de ellas con varios canales) y, en fin, 17 de todo, como un verdadero semi-Estado que se precie. ¡Ah!, y miles de empresas públicas y entes autonómicos; así como órganos representativos para mejorar las relaciones “internacionales”: embajadas y oficinas comerciales y de turismo en el extranjero, amén de oficinas de representación en Madrid y en otras capitales españolas. En 1999, el Gobierno vasco contaba con una única oficina en el exterior (Bruselas). Hoy en día, su red cuenta con ocho embajadas. En los últimos nueve años el País Vasco ha destinado 27,6 millones de euros a esta política. Lo mismo ocurre también en Cataluña, que cuenta con delegaciones en Alemania, Reino Unido, Nueva York y Francia, para lo que se han destinado, en 2009, 25,9 millones de euros.

Actualmente el grado de descentralización del gasto público en las ruinosas CCAA es mayor en España que en cualquier Estado federal. UPyD estima en 40.000 millones de euros el despilfarro existente como “gasto excesivo”, por la existencia de duplicidades y redundancias. Por mi parte, yo creo que esa estimación se queda corta, y que la verdadera cifra de gasto innecesario por duplicidades sería de unos 50.000 millones. En todo caso, dicha cifra es muy considerable, teniendo en cuenta que, en 2011, las CCAA costaron 86.333 millones de euros, solo en personal y gastos corrientes.

Además, hay que tener en cuenta que, en marzo de 2011, los empleados públicos en las CCAA eran 1.748.160, y que de ellos, solo algo menos de la mitad de esa cifra se explica por el traspaso de competencias. En dos años, en plena crisis económica, el empleo público en las Autonomías —que ha favorecido principalmente a militantes de los partidos y a otros enchufados— ha aumentado en 415.316 personas; en enero de 2009, los empleados públicos sólo eran 1.332.844. Ese aumento se debe a que las administraciones autonómicas han seguido creciendo en ese periodo para poder ocuparse bien de las duplicidades y de las redundancias existentes.

Ante estas cifras un observador extranjero, desconocedor de nuestro singular Estado de las Autonomías, deduciría que en España somos muy ricos, a la vista del aumento de empleados públicos y del coste de las lujosas CCAA, por gastos públicos necesarios y por duplicidades y redundancias. Pues ¡nada de eso! Lo que ocurre es que, los gobernantes autonómicos, si no hay consignación presupuestaria para un gasto importante para ellos, acuden inmediatamente a la deuda pública. Efectivamente, la pésima e irresponsable costumbre del endeudamiento se da tanto en las Comunidades gobernadas por el PSOE, como en las del PP y en la nacionalista Cataluña. Todos los partidos políticos tienen el mismo vicio: gastar por encima de lo presupuestado y de las posibilidades. ¡Si al menos lo gastaran bien! Pero, ¡no!: las cuentas de las CC.AA. son escandalosas porque, muchas veces, muestran inútiles despilfarros. ¡Claro!, parece que el dinero que gastan no es de nadie, ni siquiera de los contribuyentes.

El problema es de base. Las CCAA llevan años presupuestando por debajo de lo que gastan en la Sanidad —entre un 15 a 20% menos, según los expertos— y esa diferencia continúa acumulándose. La Infra-financiación es el principal problema que aducen la mayoría de las comunidades cuando se les menciona la deuda. Lo que no dicen es que esa Infra-financiación se debe a que la prestación de servicios sanitarios es, por economías de escala, por lo menos un 20 % más caro si lo gestionan 17 CCAA que si lo hace directamente la administración del Estado.

Por ello, como demostraron S. Alcelay e Y. Gómez, en un artículo publicado en ABC el 2 de abril de 2012, “las Autonomías han doblado el gasto en Sanidad y educación en diez años”. Desde luego, ello no se debe a que han duplicado los servicios sanitarios en diez años, sino al mayor coste de la Sanidad y de la Educación, si la prestan 17 CCAA en vez del Estado, y también a la existencia de duplicidades y redundancias.

En definitiva, lo que resulta indudable es que nuestro modelo autonómico es muy ruinoso para los ciudadanos, que sufren los recortes sociales, los copagos y los aumentos de impuestos que son necesarios para reducir la asfixia financiera de las CCAA, que ellas mismas han provocado con sus despilfarros, sus duplicidades y su excesivo endeudamiento.

Pero, ¿existe alguna manera de eliminar las duplicidades Estado-CCAA? Por supuesto que sí; hay varias formas de eliminarlas. La primera, tan obvia como radical, es eliminar las Autonomías, aunque ello tropieza con dos obstáculos enormes: uno, porque la autonomía territorial es un derecho reconocido en la Constitución española y para eliminarla es preciso modificar profundamente la Constitución; otro, porque los partidos mayoritarios y los nacionalistas prefieren mantener las actuales CCAA en vez de refundar el Estado, ya que las Autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política y para los militantes de los partidos políticos. En efecto, las CCAA mantienen a legiones de políticos y de enchufados.

Para eliminar las costosas duplicidades Estado-CCAA hay que proceder por fases. Lo más urgente es revisar la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, porque aunque el modelo previsto en los artículos 148 y 149 de la CE es asumible, la aplicación abusiva de lo previsto en el artículo 150.2, referente a la posibilidad de transferir a las comunidades autónomas facultades de competencia exclusiva del Estado, ha vaciado la Administración del Estado, que actualmente realiza sólo el 21 % del gasto público, por lo que se ha convertido en una administración residual. Por lo tanto, el Estado debe reasumir las competencias exclusivas que le corresponden constitucionalmente, evitando la mayoría de las duplicidades y redundancias existentes. Todos los españoles, independientemente del lugar en que habiten, deben obtener los servicios sociales con un nivel de calidad similar, pero ya sabemos que ciertas comunidades autónomas, como Cataluña, aplican prioritariamente los recortes presupuestarios a la Sanidad y a otros servicios sociales en lugar de hacerlo en asuntos identitarios y en “adelgazar” la administración y las empresas públicas.

Además, es indispensable la aprobación de leyes orgánicas que normalicen las autonomías territoriales en un nivel semejante, para que todos los territorios autónomos establezcan techos competenciales.

Antes o después, deberemos entrar en razón y, sea para lograr el bien común o por imposición de Europa —tal vez tras una intervención o rescate de España— ante la insostenibilidad económica del “café para todos”, tendremos que conformarnos con el “café para unos pocos” o, incluso, con ningún café para ninguna comunidad territorial. En todo caso, el “café” autonómico debe ser no atractivo. Y el café se conseguirá cuando sea verdaderamente autofinanciable, es decir, solo con los impuestos de los habitantes de cada territorio autónomo, en vez de ser financiado por el Estado; o sea, por el resto de los españoles, como ahora. ¡Ah!, y cuando digo autofinanciación de la autonomía, quiero decir que sea suficiente para pagar también las amortizaciones y los intereses de la deuda pública de cada comunidad autónoma. Y el “café” se conseguirá asimismo cuando las competencias autonómicas sean pocas, tasadas y no ampliables con transferencias de competencias exclusivas del Estado. En fin, el “café” autonómico será amargo si deja de ser el chollo que es actualmente para los nacionalistas, incluso electoralmente, y pasa a ser un mal negocio. Y, por supuesto, a la comunidad territorial que no le guste esa autonomía, siempre podrá renunciar a ella, para ser igual que las otras comunidades de régimen común. ¡Se trata de dejar de privilegiar las Autonomías!

Por supuesto, los partidos mayoritarios y los nacionalistas persistirán en su actitud de no modificar las Autonomías, aunque saben que conllevan costosas duplicidades y ruinosos despilfarros. ¿Qué podemos hacer entonces los ciudadanos para que PP y PSOE se avengan a eliminar las duplicidades Estado-CCAA, y a reformar profundamente las Autonomías? Pues sencillamente luchar democráticamente contra ellos hasta que cambien de actitud sobre este asunto, lo que exige llevar a cabo, entre otras cosas, lo siguiente:

  • Influir en la opinión pública mediante campañas para que sean conscientes de que deben desaparecer esas costosas duplicidades, reformando el Estado de las Autonomías.
  • Pedir la celebración de un Referéndum sobre duplicidades Estado-CCAA.

 

  • Exigir la devolución al Estado de las competencias de Sanidad, Educación y Justicia, así como de otras que se estimen convenientes para evitar duplicidades y redundancias.

 

  • Votar solo a partidos políticos que propugnen la eliminación de esas duplicidades mediante la reforma del Estado de las Autonomías; o, incluso, la eliminación de las CCAA, tras la necesaria reforma de la Constitución.

 

SOBRE LA COPA DEL REY.

Sobre el tema del partido de la Copa del Rey de futbol que se juega esta misma noche (en ya muy pocas horas) quiero manifestar que ESTOY EN TOTAL ACUERDO Y APOYO TOTALMENTE LAS DECLARACIONES DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Dª ESPERANZA AGUIRRE queriendo agregar además lo siguiente:

  • Lo primero de todo y para tanto «listillo» que hay por ahí suelto, incluyendo a los propios partidos políticos entre los que también hay miembros del propio Partido Popular, es que la proposición NO es un invento o una salida de Esperanza Aguirre pues ya antes, el hasta hace poco presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, tomó esa decisión ante los silbidos que contra el Himno Nacional Francés, «La Marsellesa» y en la propia Francia se produjeron en algunos partidos de su selección y realizados MAYORITARIAMENTE por MUSULMANES. Dicha decisión DIÓ RESULTADO ADEMÁS, NO SE HA VUELTO A SILBAR AL HIMNO FRANCÉS y dicho decreto SE MANTIENE POR PARTE DEL ACTUAL PRESIDENTE SOCIALISTA.
  • Lo segundo es que yo actuaría más allá y tras suspender el partido y debido a la proximidad de la Copa de Europa de Naciones, el campeonato este año debería quedar DESIERTO, pues el celebrarlo, sea a puerta cerrada o no, perjudicaria los intereses de la Selección Nacional Española. Otra opción sería que de dicha final y como castigo ejemplar, fueran excluidos los actuales finalistas y esta se celebrara entre los otros dos equipos seminifinalistas, el Valencia C.F. y el Mirandés, equipos que, además, en esta ocasión apenas influirian en la preparación de la Selección (bueno…el Mirandés dificilmente por razones evidentes). Premios, certamenes y campeonatos, CON MUCHA MÁS RELEVANCIA Y TRASCENDENCIA (aunque no mediática ni económica seguramente) han quedado desiertos o se han suspendido en alguna ocasión sin que nada haya pasado.
  • En tercer lugar, estos dos equipos DEBERÍAN SER SANCIONADOS y apartados al menos por una temporada de su participación en dicho torneo, es más, el torneo, guste o no, SE LLAMA COPA DEL REY pero también se considera COPA DE ESPAÑA (como en Francia  hay copa de Francia, en Italia de Italia, etc..) y NO ES COMPETENCIA DE LA LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL, como si lo es la LIGA DE FUTBOL, sinó que es un torneo PERTENECIENTE A LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL y por tanto, SI TANTO LES MOLESTA EL HIMNO DE ESPAÑA, QUE NO PARTICIPEN. No creo que si cuando se planifica la temporada siguiente, algún club desea NO PARTICIPAR en dicho torneo, SE LE PONGA NINGUNA PEGA por lo tanto, lo dicho, que decidan, si participan, PARTICIPAN RESPETANDO LO QUE ES y si no lo desean, SON MUY LIBRES DE NO PARTICIPAR. Esto no tiene que afectar además a su participación en la liga puesto que la liga, en la actualidad, PERTENECE A LA LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL, es decir, que PERTENECE A LOS CLUBS DE FUTBOL Y NO A LA FEDERACIÓN.

Por otra parte MANIFIESTO QUE yo voy a ver el partido pues, al fin y al cabo, ES UN PARTIDO DE FUTBOL y LA POLÍTICA DEBERÍA ESTAR APARTADA DE LO QUE ES EL PROPIO JUEGO DEL FUTBOL. Por lo tanto, seguramente (salvo que no me apetezca, cosa que ha sucedido alguna que otra vez y con partidos en los que tenía mucho más interés pues uno de los contendientes era mi equipo y no como hoy que soy totalmente imparcial) HARÉ UNA CRÓNICA EN ESTE BLOG PERO DICHA CRÓNICA CONTENDRÁ SOLAMENTE LO QUE ES RELATIVO AL PARTIDO DE FUTBOL, SIN METERME EN OTRAS HONDURAS, para eso, si me parece bien, ya habrá otro u otro post, más político que futbolístico.

Y por supuesto, NO ME QUEDO SIN DECIR QUE, UNA VEZ MÁS, ESTO ES CULPA DE ESE ENGENDRO MAJADERO QUE SE LLAMAN AUTONOMÍAS Y DE LOS MALNACIDOS DE LOS PARTIDOS NAZI-ONAL-SEPARATISTAS, lo que indica claramente que LAS AUTONOMIAS DEBERÍAN SER INMEDIATAMENTE SUPRIMIDAS, TODAS SIN EXCEPCIÓN Y LOS PARTIDOS NAZI-ONALISTAS SER ILEGALIZADOS.

A CUERPO DE REY, CUANDO ALGUNOS CREIAN QUE ERAMOS RICOS.

El libro La Casta Autonómica desvela la delirante España de los chiringuitos locales y autonómicos. Los autores han estado un año investigando para destripar un Estado de las Autonomías que debe reformarse o renovarse.

Jorge Marcos.14.03.12. Le preguntaron en su día a Francois Mitterand por qué no copiaba el modelo autonómico español. Fue tajante: “España es un país rico y se lo puede permitir”. Lo dijo con la ironía que caracterizaba el personaje pero no mentía. España se creía rica. Tanto como para que sus representantes dijeran frases del estilo de “este dinero no es de nadie”, al referirse al dinero del Estado. Ahora también se lleva eso de que “si creyera en la ética no estaría en este puesto”. Sandra Mir y Gabriel Cruz han recopilado los desmanes de la España de las Autonomía en un libro La casta Autonómica (Esfera de los Libros) que podría ser el libro de humor del año si no estuviera salpicado de chanchullos, desmanes y derroches con el dinero de todos.

¿Puede un alcalde de un municipio de 100.000 habitantes contar con 56 asesores personales? ¿Es creíble, sin que nadie se lleve las manos a la cabeza y le llame a uno loco, que se monte una Consejería de Sanidad en la Rioja cuando solo se cuenta con un hospital? El y yo más o el y yo también han invadido unas Autonomías de las que solo uno de cada tres españoles está satisfecho. Leído este libro, se antoja un porcentaje demasiado alto.

Tenemos más entidades locales que Gran Bretaña… porque somos muchos más ricos, o eso creíamos

Crisis económica, sí, y contención salarial. Pero no para todos. Parla ocupó las portadas del Financial Times en su día, pero no por ser ejemplo de nada sino porque un peón del Ayuntamiento podía ganar 61.000 euros al año. Son muchos los presidentes Autonómicos los que hablan ahora de acabar con los reinos de Taifas que son las Comunidades Autónomas… la mayoría cuando ellos no ocupan ahora el sillón de mando, o cuando la realidad les obliga a sacar la tijera de podar. La pregunta es: ¿Qué hacían cuando en España se han llegado a tener 3.000 miniayuntamientos y ocho mil ayuntamientos? En Gran Bretaña ( o sea, no en el tercer mundo) se apañan con 340 entes locales. El grado de despropósito es tal que en pueblos como Tredós, en el Valle Arán, los vecinos tienen que coger tres papeletas para votar, una para el pueblo, otra para los concejales y otra para el Consejo General. Será por dinero y recursos. Y es solo un ejemplo.

Más funcionarios de agricultura que agricultores

España es el país en el que una Consellería de Agricultura en Baleares puede contar con más funcionarios públicos (440) que agricultores (430), promocionar el esquí en Aragón, montar una Academia de la Lengua para Canarias, complicar la burocracia para hacer la vida imposible al ciudadano, aprobando una media de seis leyes por semana, puede haber tres ayuntamientos en una localidad de 300 habitantes… ¿lo bueno? Que si haciendo las cosas así aún no estamos del todo en la ruina hay esperanza.

Un edificio custodiado por 33 bedeles

La Diputación de Orense, la segunda empresa de la provincia si tenemos en cuenta su número de empleados, cuenta con 33 bedeles para custodiar el edificio. ¿Quién paga? Todos… en lenguaje español… nadie. Así no es de extrañar que la organización provincial española cueste 22.000 millones de euros al año. ¿Están los mejores en sus puestos? No hay que generalizar porque hay políticos que trabajar a muerte por su localidad pero parece que también hay mucho carné de partido y qué hay de lo mío. Y así se da el caso, tal y como desgrana el libro, del Virrey de la Gomera, o lo que es lo mismo Casimiro Curbelo. El hombre capaz de estar en el Senado, según los autores, veinte años sin que en su ficha del senado se registrara ninguna iniciativa o pregunta. Lo que se dice llevárselo muerto. ¿Alguien conocía a Curbelo en España? No hasta que salió en los papeles por decir a un policía “No sabe con quién está hablando, voy a acabar con tu carrera”. El policía había acudido ante una pelea. Ahí está otra de las claves. No sabes quién soy yo, no sabes a quién conozco.

¿Que tú tienes una Embajada fuera para representar a tu Comunidad? Pues yo quiero otra.

Lo que está claro es que España, a las Autonomías, se les queda pequeña. Por eso nos gastamos 402 millones de euros en Embajadas, oficinas y delegaciones repartidas por el mundo. ¿Que queremos promocionar embajadas de Catalunya por el mundo? Pues creamos 32 y nos gastamos 13 millones al año. ¿El País Vasco? Otras trece, y 62 millones al año. Valencia tiene 23, Andalucía 22, una en Madrid no vaya a ser que no se conozca bastante el pescaíto por esos lares. Madrid también tiene 11. Aquí nadie es menos que nadie. ¿Quién paga esto? Todos. Como para ahorrar.

Llama con el móvil que paga la empresa… Estado

Eso de que los diputados tengan móvil de Empresa puede ser razonable, lo hay también en la empresa privada. Pero ¿Cuánto duraría en su puesto un trabajador que fuera capaz de gastarse 500 euros mensuales de media en llamadas? Más bien poco. Es lo que se han llegado a gastar los diputados de Valencia. 20.000 euros mensuales para 99 diputados. Calma. Ahora con la crisis, se lo han bajado a 140 euros al mes.

Un país en los que alcaldes y presidentes de la Comunidad cobran más que el presidente

Si el propio Zapatero dijo en su día que presidente puede ser cualquiera, nada extraña. Pero viendo su sueldo tampoco parece una frase tan desafortunada. 78.185 euros al año cobra el presidente de sueldo. Es decir, que Montilla, mandando en la Generalitat, y siendo el que más cobraba de España, se embolsaba 164.000 euros al año.Tampoco extraña que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid cobre más que su presidenta o que un alcalde cobre 30.000 euros más que el presidente (Hay 14 alcaldes de capitales de provincia que cobran más que Rajoy). No solo eso algunos concejales también cobran más que el presidente.

Porque yo lo valgo

Alcaldes que se ponen sus propios sueldos y sus asesores, personajes que tienen hasta 10 cargos, otros que se suben el sueldo en plena crisis un 32% y que encima dice que nos hace un favor, como el alcalde de Mollet del Vallés, Josep Monrás, que no dudó en hacerlo y dejar esta perla: “El sueldo de 78.000 euros al año es el que toca”. Sólo logró cobrar 65.000.

Tampoco puso reparos el señor Emilio Pérez Touriño en tener el coche blindado de Barack Obama. Uno, primer presidente negro, en medio de dos guerras y líder mundial y otro, aterrorizado en la Xunta.  Al final, esto es España: 470.000 euros de coche. Yo como Obama. Lo malo es que luego se ven los currículos de muchos y ese “yo lo valgo” se diluye. Algunas lo atribuyen a errores de transcripción (En Alemania dimiten por mentir en el curriculo), otros simplemente ponen la etiqueta estudios de… y al cargo. Celestino Corbacho, José Blanco y Patxi López, según los autores del libro, dan fe de ello. ¿Títulos? Pocos. Al final todo esto arroja los resultado que arroja. En 1979 se destinaban 9 millones de euros en subvenciones a los partidos… en 2011, 131 millones.

Obama aumenta la flota de coches de 238 a 412 y se enfrenta a una crisis… en España hay 1.098 y no pasa nada

Obama tuvo que aguantar las críticas por aumentar la flota de coches de 238 a 412, un vehículo del Gobierno por cada 747.572 habitantes. En España tenemos 1.098, uno por cada 42.085. ¡Americanos a nosotros! Claro, hay que tener clase. De ellos: 40.000 son de alta gama. Algunos ejemplos: Pedro Castro de Getafe (120.000 euros de coche oficial), Manuel Robles de Fuenlabrada (100.000 euros), Rafael Gómez de Leganés  (80.976), Enrique Cascallana de Alcorcón, 60.000 euros.. y así suma y siga. Y todo ello siendo alcaldes de zonas obreras. Un lujo este menor si se compara con la foto de la imagen del presidente Montilla: Sácame guapo, diría al menos, tras ver la factura: 7.358 euros.

Inaugura que algo queda… aunque sean aeropuertos sin aviones o líneas de ferrocarril sin vías

“Me siento como Alejandro I el Inagurador”, soltó Alejandro Font, conseller de Educación de la Comunidad Valenciana. Eso frase resume una forma de hacer política. Los resultados ya los sabemos. En España se han inaugurado bibliotecas sin libros, hospitales presentando solo una maqueta (ya lo construiremos, ya),. aeropuertos sin aviones y líneas de ferrocarril sin vías (los vagones sí se compraron). Por inagurarse se han inaugurado cursos de informática. No es de extrañar que el señor Fabra dijera eso de “Durante mes y medio cualquier ciudadano que lo desee podrá visitar esta terminal y caminar por las pistas de aterrizaje. Dicen que estamos locos porque hemos inagurado un aeropuerto sin aviones, no entienden nada”. Y tan tranquilo. Ahí sigue el aeropuerto de Castellón sin aviones, claro. Su jefe de aeródromo sí lo entiende: 84.200 euros de sueldo. Y 500.000 euros en halcones para que las aves no obstaculizaran a los aviones. Halcones hay, aviones, poco. En Huesca tres cuartos de lo mismo. De los 47 aeropuertos que hay en España no llegan a diez los rentables. Volvemos al yo también quiero uno.

Kenia y Cabo Verde nos adelantan a la hora de fomentar al emprendedor

¿Se puede construir la primera línea de alta velocidad regional de Europa y hacer el ridículo? La respuesta la tiene Barreda. La línea Toledo, Cuenca, Albacete tuvo 9 pasajeros al día. El mantenimiento de cada viaje costaba 18.000 euros. La envidia de Europa. Antich hizo lo mismo en Baleares. Creo un ferrocarril sin tener línea férrea. Alguien la pagará.En Coruña también se puede construir un edificio para observar las aves de 420.000 euros y no ser ni siquiera inaugurado, o 56 millones en un Museo en Galicia de 17.000 metros cuadrados que aún espera obras de arte que lucir.  En España se han subvencionado museos a curanderos, a analizar las Caras del Bálmez… y todo ello con dinero de Europa. España desde 1985 ha recibido cerca de 120.000 millones de euros. ¿Cuánto de ese dinero ha sido tirado? No se habrá invertido en facilitar llevar a cabo las grandes ideas, crear negocios. En eso estamos en el puesto 133 de 183 países del mundo según el informa del Banco Mundial ‘Doing Business’. Kenia, Cabo Verde o Nicaragua están por delante.

Estos y muchos casos mas son la muestra inequivoca de que estos ultimos años en España se ha vivido a cuerpo de Rey, utilizando la corrupcion y el despilfarro como via para hacernos creer lo que no era creible. No era normal, era insostenible, nunca se puede gastar mas de lo que se ingresa, pues nada aqui somos mas listos que en el resto del mundo, SI SI, aqui el gobierno lo ha hecho, y ahora que? pues nada vulgarmente hablando podemos decir “ajo y agua”.

Atras van a quedar los años del boom inmobiliario, de las obras faraonicas (muchas de ellas sin acabar y lo que es peor sin pagar), etc….

Atras tambien van a quedar los años de que cualquier obrero portaba un BMW, MERCEDES, etc… porque era “constructor”, “alicatador”,  etc.. profesiones que claramente hablando han ganado lo que han querido y ahora se ven ahogado por las deudas.

Pero aqui es donde quiero yo llegar, ¿es que ahora tengo yo que pagar el desgobierno politico? ¿Tengo yo la culpa de que un constructor ahora ya no venda sus pisos a los precios de antes?

Claramente yo digo que no, y eso esta claro, cuando ellos ganaban dinero llovido del cielo, yo seguia con mi trabajito de siempre y cobrando mis “mil euritos” y viviendo como buenamente podia, y eso si,soy uno de los hipotecados de por mi vida, no lo puedo negar pero no el responsable de lo ocurrido en ESPAÑA.

Yo continuo con mi cochecito de 5 años y ellos cambiaban de vehiculo cada año e incluso con menos de un año, se les llenaba la boca de decir que ganaban mucho dinero.

Resulta paradojico al menos, que ahora la realidad sea que yo con mi sueldecito segun ellos soy el que vivo bien, etc… cuando ellos años atras se reian de mi, porque algunos incluso conocidos me decían que vaya sueldo que ganaba, que era una mierda, que si tal que si cual……y ahora la tortilla ha dado la vuelta, ahora algunos me dicen que ya quisiera tener al menos mi sueldo.

Muy claro lo dice el refran, “NO TE RIAS DEL MAL DEL VECINO QUE EL TUYO VIENE POR EL CAMINO”

Yo no soy muy listo pero esta claro que en mi casa intento en la medida de lo posible no gastar mas de lo que gano. ¿acaso ellos lo hicieron?

FUENTE: ELTROTAMUNDOSDEOLOT

SR. RAJOY, SRES. POLÍTICOS, TOMEN BUENA NOTA.

Este es un interesante artículo que nos dice, una vez mas, pues no es la primera vez que ya no solo desde España sinó también desde fuera que el más grave problema que tiene el país es ese ENGENDRO que son las Autonomias.

De hecho, ya a principios de los ochenta un dirigente francés hablando con un colega español indico, de forma claramente sarcástica que «Francia no tiene dinero para tener un estado de autonomias».

Estoy bastante de acuerdo con el artículo aunque a mi parecer se queda corto puesto que, en mi opinión, lo que habría que hacer no es una amplia reforma como indica el mismo sinó ACABAR CON LAS AUTONOMIAS DE RAIZ.

Así, sin mas.

Que tome nota el Sr. Rajoy y digo el Sr. Rajoy porque es el que actualmente tiene la responsabilidad de gobierno y que tomen nota también el resto de los políticos de cualquier signo que realmente tengan intención (me parece que pido demasiado) de arreglar este desaguisado.

Por supuesto, no meto a los del PSOE porque este partido el mejor favor que podría hacer, el único en su historía, la única buena acción en toda su existencia, SERIA DISOLVERSE PARA NO VOLVER JAMÁS.

El día 12 de enero de 2012, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Jorge de Esteban, en el que el autor declara que en su opinión, la crisis económica ha sido la consecuencia del fallido y derrochador sistema autonómico, y aboga por reformar la Constitución para revisar el modelo territorial y lograr así reducir el déficit público. Transcribimos íntegramente el texto de dicho artículo.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO

Tenemos nuevo Gobierno con una cómoda mayoría absoluta, es decir, con las condiciones suficientes para que podamos salir de la postración a que nos han llevado especialmente los Gobiernos de Zapatero. Ahora bien, lo primero que habría que decir, en la preocupante situación en que nos hallamos, sería, parafraseando la famosa sentencia de Clinton, pero adaptada a nuestro caso, que lo grave “no es sólo la economía, estúpidos”.

El Gobierno de Rajoy ha comenzado su mandato tomando una serie de medidas -algunas muy discutibles- para tratar de no incrementar el déficit en que nos hallamos inmersos, y de reactivar, al mismo tiempo, la economía, con su secuela de cinco millones de parados que sobreviven como pueden. Por supuesto, todos sabemos que la crisis económica que afecta a Europa y, por tanto, a España, es consecuencia de la crisis financiera que surgió en los Estados Unidos, causada por los famosos créditos subprime. Todo eso es verdad, pero lo más grave es que tal desastre ha venido a aumentar la amplia manada de lobos que ya tenían atemorizada a la sociedad española. Porque la dramática situación que nos envuelve tiene un origen que es genuinamente español, porque la hemos creado nosotros totalmente por nuestra cuenta. La Constitución de 1978, como todas las constituciones, evidentemente no es perfecta, pero posee un carácter progresista y moderno que la hace bastante válida para regir nuestra convivencia política. Pero dicho eso, tiene, con todo, un vicio de origen que es el que nos ha llevado, en gran parte, a nuestra patética situación actual. Me refiero al Título VIII que trata de la Organización territorial del Estado y que es una verdadera calamidad nacional, como ya señalé, entre otros, desde el mismo momento de su aprobación. El llamado Estado de las Autonomías que posibilitaba se convirtió enseguida en el Estado de las Autonomías interminables, porque no se regulaba un diseño final de Estado, sino que era un Estado cambiante, que, sobre todo, por la existencia de partidos nacionalistas en las Cortes, se fue convirtiendo en un Estado de geometría variable. De esta manera, sufría uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, como es el de la seguridad jurídica, es decir, la certeza en las normas y en que las relaciones jurídicas son estables, permitiendo así predictibilidad de su aplicación por el Estado, a causa de que cada comunidad autónoma legislaba de forma continua e incoherente, olvidando al conjunto como si fueran compartimentos estancos. Lo peor ha sido que este desbordamiento legislativo y, por tanto, económico, ha producido una elefantiasis de cada comunidad autónoma, aunque ciertamente algunas más que otras, las cuales han acabado apoderándose del 70% del Presupuesto General del Estado, sobrepasando un déficit racional, como viene exigiendo la Comunidad Europea.

Se creaban así, en cada comunidad autónoma, órganos solapados con los propios del Estado, como defensores del Pueblo; consejos asesores; televisiones autonómicas; aeropuertos como los de Alguaire, Huesca, Albacete, Ciudad Real, Castellón o Murcia, que no tienen ni aviones ni pasajeros; universidades como la de Elche, creada en 1996, que dista de la de Alicante, erigida en 1979, 20 kilómetros, y 57 de la centenaria de Murcia; más de 4.000 empresas públicas para colocar a políticos y simpatizantes, que elevaban a las alturas la deuda autonómica… Se creaban todo tipo de cargos públicos, parlamentarios, asesores, consejeros, en proporciones desmesuradas, se consagraba la politización de las cajas de ahorro, y para qué continuar.

En suma, este derroche, este despilfarro, que estamos pagando ahora a un precio desorbitado, no se debe a las hipotecas subprime de Estados Unidos, ni a la falta de unidad fiscal de la Comunidad Europea, aunque hayan podido influir también. Se debe sobre todo al galimatías de nuestro Estado de las Autonomías interminables, en el que ni se especificaron las competencias propias del Estado y las propias de las autonomías, ni se ponía tampoco fin a las transferencias de las materias traspasables. Por otro lado, la Constitución había creado un Senado, como Cámara de representación territorial, antes de saber cuántas y cuáles serían las comunidades autónomas, esto es, se había puesto el carro antes de los bueyes, con lo que nadie sabe con exactitud para qué sirve el Senado en la actualidad, integrado por 266 senadores que aumentan ostensiblemente los gastos del Estado pero no tienen, la mayoría de ellos, un cometido concreto.

Así las cosas, ha habido tentativas de atajar esta desmesura, tratando de racionalizar semejante engendro de Estado, pero todas las veces han fracasado. La primera fue la que llevó a cabo el Gobierno de Calvo-Sotelo, con el Pacto autonómico de 1981 entre UCD y el PSOE, concretándose en la LOAPA, que, posteriormente, el Tribunal Constitucional declararía inconstitucional en varios artículos, acentuando así de forma irresponsable el desgobierno de España. La segunda fue en 1992 con el segundo Pacto autonómico firmado por Felipe González y José María Aznar, que llevaría durante el Gobierno de Aznar a cierta igualación de competencias en todas las autonomías. En ese periodo se pudo cerrar el diseño final del Estado autonómico, y se pudo haber modificado el Senado para que fuese un espejo que reflejase el mapa definitivo de las comunidades. Pero por las razones que sean no se hizo. Y, finalmente, una nueva posibilidad se plasmó durante el primer Gobierno de Zapatero, respecto a la idea de reformar la Constitución para enumerar en ella las autonomías, y modificar igualmente el Senado. El proyecto no pasó de una mera tentativa, porque el veneno del desacuerdo lo había introducido Zapatero, incluso antes de llegar a ser presidente, prometiendo a los nacionalistas catalanes, encabezados paradójicamente por el socialista Maragall, que aceptaría un nuevo Estatuto que aprobase el Parlamento catalán. En ese momento, el Estado de las Autonomías estaba sentenciado a muerte, pues el Estatuto que se aprobó en el 2005, a pesar del cepillado que se le hizo en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, aumentado por el tijeretazo del Tribunal Constitucional, ha convertido a nuestro Estado en algo inviable. Otras autonomías siguieron el mismo camino, imitando con sus nuevos estatutos al catalán. Si no hubiese sido por la crisis económica que azota a Europa y, especialmente, a España, mal que bien, hubiese ido renqueando el maltrecho Estado. Pero la crisis ha puesto de manifiesto que el actual Estado español es ingobernable y que es una auténtica fábrica de producir déficit, pues son principalmente las comunidades autónomas las que, como he dicho, lo producen en mayor medida.

Así las cosas, no caben más que dos posibilidades: una que podríamos llamar minimalista, y que consistiría, como me temo sea el proyecto del Gobierno de Rajoy, en tomar especialmente medidas económicas y en poner algún parche en la estructura del Estado. Pero tal solución es una falsa solución, pues a la larga volveríamos a caer en los excesos de algunas comunidades, que incluso querrían pasar de la autonomía a la soberanía. Por consiguiente, si el famoso sentido común de Rajoy debe imponerse ante los acechos de un derrumbe del Estado, no cabe más que coger el toro por los cuernos y reformar la Constitución, según la posición maximalista, que creo es la única realista en esta situación de emergencia nacional.

De esta forma habría que llevar a cabo una serie de decisiones dirigidas a conseguir la funcionalidad de nuestro Estado y a reducir drásticamente el déficit, que comienza a ser enormemente preocupante. Se seguiría la medida que se tomó en agosto para reformar el artículo 135 de la Constitución, pues, según este precedente, habría que adoptar al menos los siguientes puntos, que exigirían la reforma de la Constitución. En primer lugar, habría que agrupar municipios para dotarlos de un gobierno común, que redujese los gastos en cargos y en duplicidades. En segundo lugar, se deberían suprimir las diputaciones provinciales, pues no tienen ningún cometido especial en un Estado autonómico. En tercer lugar, habría que reforzar la unidad de mercado como condición para el crecimiento económico en todo el territorio nacional. En cuarto lugar, habría que establecer una diferencia clara entre las competencias exclusivas y excluyentes del Estado y las de las comunidades. En quinto lugar, habría que llegar a un acuerdo sobre la cuestión de si todas las autonomías mantienen las mismas competencias o, por el contrario, algunas de ellas deben alcanzar un nivel superior. Pero, en cualquier caso, se debe cerrar definitivamente el mapa o diseño del Estado, acabando con la inseguridad jurídica que ha sido típica en estos últimos años y que ha perjudicado tanto la funcionalidad de nuestras instituciones, además de crear la desigualdad entre los españoles. Entonces, y sólo entonces, es cuando se podrá reformar el Senado a la vista del diseño definitivo del Estado, reduciendo el número de senadores, que no deberían de ser más de cuatro o cinco por cada comunidad autónoma, es decir, convirtiendo entonces al Senado en la auténtica Cámara de representación territorial que establece la Constitución.

Estas reivindicaciones se pueden llevar a cabo, si hay voluntad política, cuando se dispone de una mayoría absoluta no sólo en las Cortes Generales sino también en 12 de las comunidades autónomas. De nada serviría que se aumenten los impuestos a los españoles, que en algunos casos podría llegar a ser inconstitucional, porque indudablemente tener que pagar el 52% de las rentas del trabajo posee claramente un carácter confiscatorio. No es extraño, por tanto que el Tribunal Constitucional alemán se haya pronunciado en este sentido en alguna ocasión. En definitiva, España no puede seguir adelante si no se reforma la Constitución en los puntos señalados y en otros más que, en su momento, habría que detallar. Aunque sea una vulgaridad, cabe decir, en este caso, que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. El que quiera entender, que lo entienda.

FUENTE: IUSTEL

Hasta aquí hemos llegado: o las autonomías o nosotros.

 

Por: Roberto Centeno

“Nos han jodido bien, si tuvieran vergüenza se pegarían un tiro”, me decía mi amigo Cela sobre los padres de la Transición, quienes nos impusieron este engendro de Estado y de dictadura partitocrática. La casta política jamás renunciará a su enorme entramado de expolio y corrupción: 17 estados, 8.000 ayuntamientos, 4.000 empresas públicas y el 70% del presupuesto, que manejan como les place. Están dispuestos a hundirnos para varias generaciones. Sin embargo, el dilema es muy simple: o ellos o nosotros; o la casta política o nuestros hijos y su futuro.

Rajoy, quien gusta de desaparecer siempre que hay problemas, no ha cambiado el rumbo. Se inclina por mantener el tamaño del Estado a costa de la economía productiva. Mientras, PNV, CiU y Amaiur exigen que escojamos ya entre pagarles un tributo, ahora que estamos en ruina, o la independencia. Y ni lo uno ni lo otro, tal y como hace Francia con los catalanes y vascos franceses.

No solo nos han arruinado, sino que han infligido un daño irreparable al tejido productivo, rematado por Rajoy al colocarnos a la cabeza de Europa en impuestos a la renta y al ahorro, una medida que generará una recesión sin precedentes. “Ha puesto a España en una espiral descendente”, afirma The Economist. Mientras la casta política no solo no reduce un sector público gigantesco, que mantiene dos millones de personas a nuestra costa, Rajoy anuncia que no dejará suspender pagos a ninguna comunidad ni ayuntamiento. Es de locos: “Gasten lo que quieran, el Estado les avala”.

Sin embargo, nada como las cifras para conocer el grado de engaño y de expolio al que nos somete la casta política. El pasado miércoles este diario publicó un artículo que narraba cómo las CCAA han creado miles de empresas públicas para colocar a familiares y amigos -520.000 enchufados en conjunto con sueldos superiores a los de los funcionarios- y esconder su deuda. Son empresas que escapan a todo tipo de control: sus empleados se contratan a dedo y no tienen que rendir cuentas a nadie, ni siquiera a los parlamentos autonómicos, una práctica que no tiene parangón en el mundo civilizado.

Pues bien, según el Banco de España su deuda asciende a 15.500 millones de euros, una cifra disparatada que no coincide ni de lejos con la real. En el desglose me encuentro con Valencia, comunidad que conozco bien, cuya deuda en el informe se cifra en 1.694 millones. ¿Qué engaño es este? Solo CIEGSA, la empresa pública para la construcción de escuelas, tiene una deuda de 2.000 millones; la de EPSAR, dedicada a la construcción de depuradoras, alcanza los 1.000 millones; Canal Nou y otros medios suman una deuda de 1.300; la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, después de haber recibido 1.900 millones de fondos públicos, tiene un agujero de 500; y así 46 más. El total arroja una deuda de 9.200 millones, ¡cinco veces superior a la oficial, Doña Soraya!

No cierran empresas pero encargan un estudio

Tras el hachazo al ahorro y al salario de las familias -en palabras de Alberto Recarte, “nadie pasa ya a Rajoy por la izquierda”, dado que ha colocado el tipo máximo del IRPF en el 52% frente al 50% que pedía Izquierda Unida- se había filtrado que el Gobierno cerraría el jueves 350 empresa de las 454 del Estado -lo de subir el IVA, hidrocarburos, Patrimonio y demás lo dejan para después de las elecciones andaluzas-. No han cerrado ni una. En lugar de eso Sáenz de Santamaría ha encargado un estudio y ha anunciado un maravilloso plan antifraude para recaudar 8.171 millones y 25 céntimos. Bruselas lo ha definido como una tomadura de pelo. Ya puestos, ¿por qué no recaudar 81.710? El viejo plan antifraude de Zapatero pretendía recaudar 70.000 millones y, claro, una abogada del Estado no va a ser menos que un abogadillo de cuarto y mitad.

La casta política ha aniquilado sin piedad a decenas de miles de pymes y a cientos de miles de autónomos (33.000 solo en 2011) porque no les pagan (deben más de 70.000 millones de euros a proveedores), condenando a millones de españoles productivos al paro para que sus enchufados, totalmente improductivos, puedan seguir comiendo la sopa boba

Sin embargo, el disparate con mayúsculas, el que demuestra que no saben ni dónde tienen la mano derecha, ha sido la fiscalidad sobre las ganancias de capital, que han subido hasta un nivel sin precedentes. La medida no solo no incrementa la recaudación sino que la reduce. Todo hacendista sabe que hay una relación inversa entre tributación sobre las ganancias de capital y recaudación que es muy superior a lo proporcional. Una reducción de un punto en los impuestos sobre las ganancias de capital eleva un 10% la recaudación por este impuesto. Más graves son, incluso, los efectos devastadores sobre el conjunto de la economía: reduce la inversión, reduce la competitividad y aumenta el paro. No se puede hacer peor. Sus incondicionales, y las almas cándidas, argumentarán: “No les dais tiempo, esperad y veréis”. Zapatero nos llevaba al abismo. Rajoy, cuanto menos, debería haber cambiado de dirección. Pero ha hecho lo contrario, ha acelerado el camino a la perdición.

Pongamos un ejemplo en cifras. Valencia, que ostenta el récord de endeudamiento/PIB, no modificará los gastos de 2011 en sus presupuestos para el presente año. Será por dinero: 13.754 millones de la administración general, más 2.420 millones de empresas públicas, fundaciones y chiringuitos… en total: 16.174. Ingresos no financieros (suponiendo un incremento del PIB del 1%) de 12.000 millones. Y ahora, su gran plan de ahorro: “Vamos a ahorrar 280 millones subiendo impuestos”. La cita es textual. ¿Desde cuándo subir impuestos es ahorrar? Pretenden reducir 440 millones de gastos sanitarios “gracias a una mejora en la eficiencia sin mermar la calidad del servicio” -una burla- y otros 270 millones reduciendo salarios y horario de eventuales. Después, el no va más del engaño, reducirán las 46 empresas públicas a seis, pero sin cerrar ninguna; las juntan todas en seis holdings para ocultar deuda. El ahorro total es de 1.000 millones. ¿Y los 3.000 restantes?, ¿y los 1.000 o más porque la economía caerá en torno al 4%?

Ya no pagan a las concesiones sanitarias, a la universidades, a las farmacias… deben a proveedores no menos de 7.000 millones. Deben devolver 500 millones en febrero y no tienen un céntimo. Eso sí, de recortar en despilfarro nada. Ni una palabra de fastos, eventos encargados a dedo, televisiones, empresas públicas inútiles, embajadas, coches oficiales, oficinas de lujo y aeropuertos sin aviones. No es de extrañar que estos insensatos hayan elevado la deuda oficial en un 75% desde 2008, hasta los 20.469 millones.

Si se suma lo camuflado en las empresas públicas, intereses e impagados, el déficit real es de unos 43.000 millones, el doble que el oficial. ¿Qué hace mientras Rajoy? Obligar el jueves a la banca a darles 1.200 millones con nuestro aval para que sigan gastando y mintiendo, mientras asfixia a las Fuerzas Armadas -menos elogios, Majestad, cuando las dejáis inoperativas para que la casta política mantenga el despilfarro- y recorta en Sanidad y gasto social.

Referéndum inmediato sobre el sistema autonómico

Por ello, repito lo dicho al principio: hasta aquí hemos llegado. O acabamos con la casta política o ésta acaba con nuestras familias y nuestro futuro. Así de claro y dramático. Fíjense en el Congreso o en el Senado, órgano inútil, que se niega a ahorrar un solo céntimo mientras piden austeridad con una desvergüenza pasmosa. O la alcaldesa de Madrid, con 1.500 asesores y 137 coches oficiales, dado que todos los concejales tienen uno, y pretende recortar… ¡10 millones de euros! O la Comunidad de Madrid, definida como el “ejemplo de austeridad a seguir”, que mantiene el mismo nivel de gasto que en 2011 y cuyo déficit se incrementa en un 80%, de 1.435 a 2.583 millones. O Cataluña, donde el despilfarro y la corrupción alcanzan tales niveles que convierten los casos acaecidos en el resto de España en una broma. Hasta las subvenciones de la UE a los agricultores y el dinero de las infraestructuras se las queda la casta política para pagar embajadas y televisiones, coches oficiales y oficinas de lujo.

Pero, sobre todo, fíjense en los gigantescos tentáculos de la clase política en comunidades y ayuntamientos, donde han colocado a dedo a dos millones de amigos y parientes, entre empleados públicos y asesores. La misma casta política que ha aniquilado sin piedad a decenas de miles de pymes y a cientos de miles de autónomos (33.000 solo en 2011) porque no les pagan (deben más de 70.000 millones de euros a proveedores), condenando a millones de españoles productivos al paro para que sus enchufados, totalmente improductivos, puedan seguir comiendo la sopa boba.

En conjunto, un despilfarro de 120.000 millones de euros año, 34.000 de los cuales se disuelven en duplicidades y el resto en despilfarro absolutamente innecesario. Esto no es todo: las siete cajas intervenidas por el BdE, cuyo deber era cerrarlas, necesitarán más de 40.000 millones de dinero público. Y eso para empezar, pues solo representan el 10% del total. El “banco malo” incrementaría la deuda de España en 104.000 millones. Ninguna nación puede sobrevivir con tal grado de irresponsabilidad.

Todo lo anterior solo tiene una salida democrática. Convocar de inmediato un referéndum para la supresión del sistema autonómico. No adaptar, ni optimizar, esto tiene que acabarse de raíz. Para convocarlo se necesitan 500.000 firmas. Rosa Díez las sacaría con mover el dedo meñique. Si se consigue, ni Rajoy, ni Rubalcaba, ni su Majestad, aunque lo intentarán, podrían impedirlo si la gente sale a la vez a la calle. Y el resultado del referéndum sería aplastante contra el sistema autonómico. ¿Qué lo sustituirá? Pues cualquier sistema democrático actual, ninguno de los cuales se asemeja a este engendro. Recojo dos posibilidades, que podrían constituir una segunda pregunta del referéndum: centralismo descentralizado tipo Francia, o Estado federal, tipo Alemania. Cualquiera serviría. Fuera de esto, España no tiene salida. Y quien no sea capaz de movilizarse para defender el futuro de sus hijos, merecerá lo que le pase.

FUENTE: COTIZALIA.