Etiqueta: AUTONOMIAS

Cuestión catalana por Florentino Portero (vídeo)

MAGISTRAL conferencia sobre el tema del independentismo catalán. Muy recomendable ver desde el primer hasta el último segundo.

FLORENTINO PORTERO RODRÍGUEZ

Profesor Titular

CURRICULUM

(Madrid, 1956) Licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Historia Contemporánea, por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1980. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con una tesis realizada bajo la dirección del Catedrático D. Javier Tusell Gómez titulada Política exterior española. Las relaciones hispano-británicas, 1945-1950. Junio 1988.

Profesor del Centro de Estudios Universitarios San Pablo, desde Octubre de 1984 hasta Julio de 1986. Profesor Colaborador del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, desde Octubre de 1985 a 1987. Profesor del Centro de Estudios Internacionales, Toledo, (Programa de la Universidad de Minnesota en España). Profesor Ayudante LRU del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, desde Octubre de 1987 a 1989.Visitong Fellow del Centre for Contemporary Spanish Studies del Queen Mary College, University of London, durante los cursos académicos 1988-89 y 1989-90. Profesor Titular Interino del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, desde Enero de 1989 a 1990. Profesor Titular del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, desde Octubre de 1990. Visiting Professor del Spanish and Portuguese Studies Department de la University of Minnesota, cursos 2001-02 y 2006-07.

DATOS PERSONALES

  • Categoria Profesional: Profesor Titular.
  • Departamento:          Historia Contemporánea
  • Número de Teléfono:  91 398 67 46
  • Número de fax:           91 398 67 18
  • Correo electrónico:     fportero@geo.uned.es
  • Dirección de trabajo:  Edificio de Humanidades.

                                      Paseo Senda del Rey 7, Despacho 520, 28040, Madrid.

FUENTE: UNED

La reforma constitucional del PP y PSOE no es fiable y constituye un grave riesgo para España

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Por Francisco Rubiales

El drama catalán ha terminado uniendo en alianza al PP y al PSOE, pero los socialistas han impuesto al PP el compromiso de abordar en seis meses una reforma constitucional, lo que constituye para España un riesgo y una amenaza que podría ser peor que el independentismo catalán. 

PP y PSOE han acordado cambiar la Constitución, lo que representa un gravísimo riesgo para España. Son los dos partidos más corrompidos de Europa y los culpables de la actual situación de España. Uno y otro alimentaron el independentismo catalán durante décadas, pactando con los nacionalistas, concediendoles más poder y cerrando los ojos ante sus violaciones a la Constitución y a los derechos humanos, a cambio de votos para mantenerse en el poder. Permitir que esos dos partidos cambien la Constitución sin las aportaciones de los ciudadanos es un suicidio para España. 

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No tenemos constancia de que la noticia sea cierta, pero tampoco ha sido desmentida formalmente. El periodista Carlos Cuesta, sin duda uno de los mejor conectados con las altas esferas de Moncloa, publicaba el lunes que Mariano Rajoy ofreció a Carles Puigdemont, a través de intermediarios, una reforma constitucional extremadamente favorable para Cataluña si renunciaba a la declaración de independencia, o bien su procesamiento. 

Este es el contenido de la propuesta de reforma constitucional ofrecida a Puigdemont, que cuenta con el visto bueno del PSOE, en el caso de que se retracte de la declaración de independencia: 

– Cataluña es una nación constituida como estado libre asociado al reino de España para seguir en la Unión Europea y no perder sus privilegios. 
– Nuevo modelo de financiación similar al cupo vasco-navarro. Agencia Tributaria, Seguridad Social y Sistema de Pensiones propios. Las ventajas fiscales supondrían al resto de España un déficit de 60.000 millones de euros anuales. 
– Representación exterior propia con embajadas catalanas independientes de las de España en todos los países y organismos internacionales. Cataluña sería una nación diferente de España a estos efectos. 

Si Rajoy ha sido capaz de ofrecer esas concesiones a un delincuente como Puigdemont y a una Cataluña dominada por sediciosos y traidores, entonces no es de fiar y permitirle que cambie la Constitución, junto con el PSOE, es todo un suicidio para España. 

Otorgar a dos partidos como el PP y el PSOE, inmersos en la corrupción y culpables de haber construido una España nada ejemplar, injusta, desigual y con gravísimos deficits democráticos es un privilegio que no merecen. 

La Constitución de 1978 fue el resultado de compromisos y acuerdos difíciles y complejos y fue redactada por políticos que amaban a España mucho más que los actuales e impulsada por partidos que todavía no estaban podridos por la corrupción y el abuso de poder. De aquel debate, en el que no se permitió la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil, surgió un documento que al menos es garantista y que, aunque no se cumpla, es democrático, equilibrado y homologable con las constituciones de nuestro entorno. 

Pero una Constitución redactada por los actuales grandes partidos, dos organizaciones habituales en los banquillos de los tribunales, con tantos delitos acumulados y políticos imputados y condenados que se han convertido en las organizaciones más delictivas del país, junto con la extinta ETA, no sólo no representa una esperanza y una ilusión sino un verdadero peligro de muerte para España. 

No es la Constitución de 1978 la que ha llenado España de corruptos, la que nos ha impuesto un Estado tan lleno de políticos y de privilegios que es imposible de financiar, ni la que ha permitido que los impuestos sean agobiantes, que la desigualdad sea hiriente y que los partidos lo dominen todo, incluyendo una Justicia politizada y una ciudadanía marginada, sino que fueron los gobiernos de los dos partidos que ahora quieren reformar la Constitución, toda una amenaza que debería causarnos estremecimiento y pánico. 

La única manera de reformar la Constitución sería abrir un periodo de libertad constituyente en el que intervinieran cabezas decentes e independientes, al margen de los actuales partidos políticos, y en la que la voz de los ciudadanos tuviera cauces reales para influir. 

Si los únicos que van a imponer los cambios son el PSOE y el PP, tendremos una nueva Constitución más partitocrática, con menos defensas civiles, con menos protagonismo de la ciudadanía, con los poderes básicos del Estado y todos los recursos en manos de los partidos y en la que la unidad de España quede debilitada por un «sistema federal» que constituye la más absurda obsesión del PSOE que controla Pedro Sánchez.

# #MasALaCárcel : España tendría pleno empleo sin el gasto en nóminas de las autonomías

INFORMA Leónidas Tur

El principal problema laboral en España viene derivado de nuestro modelo de Estado autonómico y, por tanto, tiene un origen político. Esta es la conclusión resultante del XIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

La falta de unidad de mercado a nivel nacional, la anticompetitiva complejidad administrativa interregional, la inexistencia de un modelo educativo estatal, etc., frenan de forma considerable el crecimiento económico, el desarrollo empresarial y en consecuencia disminuyen las oportunidades de creación de nuevos puesto de trabajo.

El gasto de las 17 autonomías y referente a las nóminas (y cotizaciones a la Seguridad Social) de los empleados públicos ascendió en 2016 a 72.000 millones de euros. Es relevante tener en cuenta que en los dos últimos años el endeudamiento de las comunidades autónomas ha aumentando en 45.000 millones de euros.

El gasto salarial del sector público autonómico no solo está concentrado en los funcionarios, que han ganado legalmente su oposición, también cobran un sueldo los cientos de miles de empleados públicos sin oposición y enchufados por los partidos políticos, que se encuentran acomodados laboralmente en administraciones, universidades, empresas públicas, fundaciones y todo tipo de organismos regionales deficitarios y subvencionados.

En este sentido, Cataluña y Andalucía son las dos autonomías que más han disparado el gasto en personal. De hecho, la Generalitat y la Junta son las dos administraciones responsables de la mitad del crecimiento del gasto autonómico en salarios durante el último trienio del 2016. Aunque, todas las comunidades autónomas han aumentado en mayor o menor medida sus costes salariales.

La Administración autonómica incrementa año a año el gasto en salarios públicos, aumentando la deuda y disimulando el déficit a base de pedir dinero prestado. Olvidando que cada empleado público contratado de manera innecesaria e improductiva destruye dos puestos de trabajo necesarios y productivos en el sector privado.

Las autonomías cada vez reciben más dinero del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). En 2016, el citado fondo ha repartido cerca de 25.000 millones de euros entre las autonomías, siendo Cataluña la región que más fondos ha recibido.

Las descuadradas cuentas de las comunidades autónomas solo podrán equilibrarse reduciendo de manera ostensible el entramado administrativo político y público empresarial de nuestras 17 Comunidades Autónomas.

El órdago nacional.

Por , Magistrado excedente del Tribunal Supremo

Aumenta la frecuencia de los desplantes de los secesionistas frente al Estado. No pasa un día sin que insistan en su desafío de convocar ilegalmente una consulta previa a su declaración de independencia, o directamente amenacen con lo que denominan desconectarse del Estado español.
Diariamente nos desayunamos con esa cantinela, cansina por lo reiterada pero preocupante por la intensificación de la firmeza con la que expresan su enloquecido plan secesionista. Y porque ya empiezan a pasarse abiertamente por el arco del triunfo las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo con la mayor desfachatez. Dicen que no se sienten sujetos a sus decisiones porque son tribunales españoles….
Todo esto se veía venir desde hace muchos años. La pasada Historia contemporánea de España avalaba los peores augurios, y los acontecimientos políticos recientes los corroboraban. Sin embargo, quienes tenían el deber y el poder de poner a punto los mecanismos jurídicos de respuesta no lo han hecho. Prefirieron mirar hacia otro lado. De hecho, se dedicaron de manera suicida a desarmar el aparato jurídico del Estado, eliminando sus defensas hasta dejarlo inerme frente a los retos del secesionismo. Y esto durante veintiún años, que se dice pronto.
Pero hemos llegado ya al final del trayecto y las autoridades del Estado parece que por fin ven las orejas al lobo y dicen que quieren responder. Proclaman ahora solemnemente que tienen dispuestos y a punto los mecanismos de reacción. Si es así, a buenas horas…
Yo, la verdad, no veo tales mecanismos por ninguna parte. Por más que los busco y estudio el ordenamiento jurídico no los encuentro. No descubro ninguna respuesta legal verdadera y seria. Me refiero, claro está, a una respuesta que sea eficaz y dotada de una escala que se ajuste realmente a la gravedad del desafío que hay que neutralizar.
Porque si de lo que se trata es de tener una reacción raquítica, canija, lo mejor será no usarla ni exhibirla siquiera. Por dignidad. Por no hacer el ridículo, y por evitarnos a todos los españoles tener que rematar con un triste espectáculo final la incompetencia de quienes desde los resortes del poder político nos han traído a rastras hasta esta lamentable situación histórica.
Le dirán a usted, amable lector, que el Estado está preparado. Pero no se deje engañar. Sepa usted que hoy en España, aunque parezca mentira, proclamar la independencia de una parte de su territorio no es un delito. Ni puede ser castigada semejante enormidad con una pena. A la opinión pública se le dice que sí lo es, pero no es cierto. Me consta que importantes juristas de altísimo nivel situados en las instituciones del Estado trabajan con ahínco para encontrar la naturaleza delictiva del desafío secesionista. Yo lo veo muy difícil sin retorcer los textos legales y sin quebrantar el principio de legalidad, fundamental en el Derecho Penal civilizado.
Lo que es verdad es que el comportamiento al que me refiero fue un grave delito en España durante muchos años hasta que el Código Penal de 1995, llamado Código de la democracia, suprimió todas las figuras penales que castigaban los ataques a la unidad nacional, y los comportamientos secesionistas dirigidos a la fragmentación del Estado. Ataques que castigaba, y muy severamente, por cierto, el Código Penal de la Segunda República: su artículo 242 recogía como delito de rebelión “los ataques a la integridad de España… bajo una sola Ley fundamental y una sola representación de su personalidad como tal Estado español”. La pena no era precisamente menuda: de seis años y un día a doce años de prisión; y en el caso de llegar a tener efecto la rebelión, la de prisión de doce años y un día a veinte años para los promovedores de ella.
El Código Penal de la Segunda República castigaba, y muy seriamente, los ataques a la unidad nacional.
Este delito se mantuvo en los Códigos Penales posteriores, primero como delito de rebelión y luego como delito de sedición. Pero el legislador del 95, aquejado de un buenísimo suicida, los suprimió todos haciendo gala de una ceguera política verdaderamente asombrosa. Pero la verdad es que tampoco nadie después rectificó este error, aunque lo conocían. Y así hemos seguido durante veintiséis años. Ahora las cosas quieren arreglarse tarde y mal. Y posiblemente no puedan ya arreglarse de ningún modo.
Ésta es la verdad que no se cuenta.
¿Y ahora qué tenemos?, se preguntará usted. Pues nada… No tenemos nada que castigue la proclamación de independencia de una parte de España: no es ya rebelión porque ésta exige que la finalidad de separar una parte del territorio español se pretenda a través de un alzamiento público que además tiene que ser “violento”. No es tampoco sedición porque este delito exige que el alzamiento público sea además “tumultuario”. Así que proclamar la independencia de parte del territorio español, sin que medie violencia ni haya tumulto, aun concurriendo alzamiento público, no es nada.
Es más: ni siquiera los sucesivos gobiernos de España han querido incluir semejante barbaridad entre los delitos contra la Constitución. Le parecerá mentira pero así es. Entre esos delitos encontrará el lector un variado repertorio de conductas más o menos perturbadoras del trabajo de los diputados; incluso el inocuo hecho de manifestarse ante las sedes del Congreso de los Diputados, por citar sólo un ejemplo de algo irrelevante pero que ha sido elevado a la categoría de delito contra la Constitución. Sin embargo, no encontrará usted ninguna figura que describa la proclamación de independencia de una comunidad autónoma o de una parte de nuestro territorio, en el seno de una asamblea legislativa por votación y decisión colectiva de sus Señorías secesionistas.
¿Qué nos queda entonces? Pues el modesto campo de la desobediencia a los tribunales en el que no faltan ciertas particularidades verdaderamente bochornosas: cuando el desobediente es una autoridad (por ejemplo, Presidente de la Comunidad Autónoma) que se niega abiertamente a dar debido cumplimiento a una resolución judicial (por ejemplo, Supremo o Constitucional), ni siquiera su comportamiento rebelde es delito contra la Constitución a pesar de que integra un verdadero ataque a la estructura del Estado y a la división de poderes. Es sólo un modesto delito contra la Administración Pública, o sea, un delito en el que lo que se protege es la eficacia de la maquinaria que dispensa los servicios públicos. La pena por ello es ridícula: una pequeña multa, y una inhabilitación por dos años como máximo para ejercer empleos o cargos públicos… precisamente en España. Es fácilmente imaginable lo que estas penas pueden impresionar a la autoridad autonómica secesionista que se constituye en Estado independiente.

Aún más: el precepto que recoge este delito de la autoridad desobediente a las sentencias judiciales es el mismo que, también con idéntica pena, sanciona a cualquier funcionario que desobedece las órdenes recibidas de la autoridad superior. No importa ni el rango jerárquico del que desobedece ni la relevancia de la autoridad desobedecida, desde una perspectiva constitucional. Así que para el legislador ambas cosas son equiparables: la conducta del modesto funcionario que desobedece a la autoridad de la que depende y la conducta de la autoridad rebelde que se niega a cumplir las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional o de nuestro Tribunal Supremo.
Y todavía algo peor: el precepto contiene la vergonzosa previsión de que el desobediente (pensemos en un Presidente autonómico que se niega a cumplir una sentencia del Supremo o del Constitucional) pretenda su exención de responsabilidad con el alegato de que el mandato incumplido era contrario a la Ley. No digo que este alegato pueda prosperar. Digo que la norma prevé la posibilidad de hacer esta alegación incluso cuando el mandato desobedecido proceda del más alto Tribunal de España. Y digo yo que el sólo hecho de que el Código Penal contemple esta hipótesis como posible y por tanto como alegable en un proceso, debería abochornar al legislador español que ha mantenido este estado de cosas en el repertorio jurídico del Estado.
Así que cuando ahora nos dicen que están preparados los mecanismos jurídicos para responder al desafío, pienso para mis adentros: “menos lobos…”
El Gobierno, viniéndose arriba, busca tranquilizar a la inquieta opinión pública. Pero no nos engañemos. Para soltar un órdago así al envite del nacionalismo hace falta algo más que entusiasmo. Hace falta tener mejores cartas jurídicas. En este problema no se puede ir de farol porque se corre el riesgo de que te contesten: “veo”. Y en ese momento hay que enseñar las cartas.
Entonces, ¿qué haremos? Mucho me temo que, aparte del ridículo, no haremos nada. Sólo contemplar un desastre de gravísimas consecuencias para la Historia de España. Un desastre que tiene una larga nómina de responsables.

¿Nueva política o vieja política? – Pedro Fernández Barbadillo / La Gaceta de los Negocios

Verdades Ofenden

EL SENTIDO DE LA VOTACIÓN A PODEMOS REPITE EL DE LA VOTACIÓN QUE TRAJO LA II REPÚBLICA

Si creía usted que al votar a Podemos para fastidiar a Mariano Rajoy o al PSOE estaba siendo original, lamentamos decirle que ya lo hicieron muchos burgueses en 1931 votando a los republicanos para “reventar” a Alfonso XIII.

Pedro Fernández Barbadillo
Sábado, 20. Junio 2015 – 16:02

Mientras que en otros pueblos europeos los temas de debate público son el invierno demográfico, el empobrecimiento de la clase media, la integración de los inmigrantes de origen musulmán, el suministro energético, las alianzas exteriores o el alejamiento de Europa de los centros de decisión política y económica mundiales, los españoles seguimos enredados en los años 30 del siglo XX y en fabricar nuevas nacioncitas.

El nuevo alcalde de Cádiz, José María González Santos (Kichi),de Podemos, ha retrocedido aún más en el tiempo, al rendir homenaje a Fermín Salvochea, un anarquista que en 1873 fue…

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En España sobran banderas, sobran las autonomías. 

En España sobran banderas, sobran las autonomías. 

Blog de Javier del Campo

Las Autonomías españolas, pequeñas Taifas con 17 legislaciones diferentes han roto la unidad de mercado, dificultan la recuperación económica y la creación de empleo; un capricho parido en tiempos de UCD que cuestan más de 86.000 millones de euros cada año que atenta contra el estado del bienestar.

Según economistas como el catedrático Roberto Centeno, cada nuevo empleo público no productivo destruye 2,8 empleos privados, pues se necesitan más impuestos para mantenerlos.  Sostener el necesario estado del bienestar (una sanidad y educación de calidad, justicia, seguridad…) requiere empleo público suficiente y de calidad; el problema son los empleos públicos improductivos y a menudo innecesarios.  Según los expertos, y teniendo en cuenta el número de habitantes de España, sobran 1.000.000 de empleos públicos (y 920.000 de ellos por las autonomías).  Esto, junto a la ruptura del mercado económico y laboral producido por la proliferación de legislaciones autonómicas implica que…

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CARTA A ÁNGELA MERKEL : EXIJA EL FIN DE LAS AUTONOMÍAS.

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¡¡¡¡¡ COMPÁRTE EL MANIFIESTO POR EL FIN AUTONÓMICO !!!!

YA QUE NI EL PRESIDENTE RAJOY , NI RUBALCABA , NI CAYO LARA NI LOS NACIONALISTAS QUIEREN RENUNCIAR A SU PODER,ENCHUFISMO,ENRIQUECIMIENTO ,ODIO Y DESPILFARRO.

«CARTA A ÁNGELA MERKEL : EXIJA EL FIN DE LAS AUTONOMÍAS»

Por Don Roberto Centeno.

saqueo(1)Respetada Canciller Federal:

Hace tres semanas, el profesor e historiador norteamericano David Spengler publicaba una carta abierta en The Asian Times dirigida a su persona, en la que le pedía “que dejara caer a España”, y explicaba las razones, que incluían la incompetencia, el despilfarro y la corrupción generalizadas del Gobierno y particularmente de las administraciones territoriales, donde nadie controla nada y nadie responde de nada, lo que implica una asignación del grueso de los recursos públicos (45 % del PIB) en forma tan disparatada e ineficaz que supera todo lo imaginable. Adicionalmente, según el Dr. Spengler, el Gobierno miente en todo: sobre su situación económica, sobre la bancaria y sobre la fiscal. Su deuda y los intereses son ya inasumibles  y, en consecuencia, somos insalvables.
No obstante, y aun reconociendo la veracidad de sus afirmaciones —que tengamos hoy más PIB real que en 2007 resume la falsedad inaudita de las cifras oficiales—,  España no sólo es salvable, es que ni siquiera necesitaría la intervención: sólo necesita la supresión del sistema autonómico, que representa un despilfarro anual de más de 120.000 millones de euros, equivalentes al 12% del PIB. Sin embargo, la oligarquía política se opone radicalmente a desmontar esta gigantesca estructura que ha levantado en su exclusivo beneficio, escapando a las manos de los españoles el poder de cambiar este expolio de proporciones épicas. A día de hoy, el déficit de las regiones y ayuntamientos asciende a unos 5.000 millones de euros mensuales, y está siendo cubierto por el Gobierno con supuestos “adelantos presupuestarios”, supuestos porque jamás serán devueltos, lo que ha elevado el déficit del Estado en un 50% hasta abril, equivalente al 10% del PIB en términos anualizados. Y tampoco pueden pagar los vencimientos de deuda, más de 25.000 millones, y esperan que el Gobierno con el dinero del BCE lo haga por ellos.
Con una deuda pública total —no sólo la computable— del 118 % del PIB oficial, un déficit  2012 estimado en más de 110.000 millones y unos intereses del 4,5% del PIB oficial en los próximos 12 meses, España ha superado el punto de no retorno y ocurre que sólo Ud. como Canciller de Alemania y líder más cualificada de Occidente tiene el poder de acabar con una situación que supondrá la ruina, no sólo de España sino tal vez el fin de la zona euro. Y para evitarlo bastaría exigir, condicionando a ello cualquier ayuda, la reforma radical de las instituciones territoriales responsables de los dos tercios del gasto público. Es absolutamente inaceptable, tanto social como económicamente, que la UE y el FMI exijan a España que suba impuestos y recorte prestaciones, sin antes acabar con el despilfarro autonómico. ¿Cómo se puede subir el IVA y recortar pensiones, a la vez que se mantienen 30.000 coches oficiales o dos millones de empleados públicos inútiles?¿Cómo destruir la economía productiva y de las familias y mantener intacta la improductiva? Y es ahí, Sra. Canciller, donde los españoles necesitamos desesperadamente su ayuda.
Como conoce perfectamente, porque lo ha vivido en primera persona, España ha estado gobernada durante más de siete años por un presidente poco cualificado, y ahora, a pesar de las ilusiones populares puestas en el cambio, Mariano Rajoy se ha revelado un fracaso total. Ni tiene coraje, ni tiene un plan, ni intención alguna de tenerlo: toda su gestión ha resultado una auténtica tragedia. Ambos, junto con el aparato de sus propios partidos, funcionan exclusivamente como una oligarquía —España tiene 450.000 políticos, cuatro veces más por habitante que la UE— de intereses comunes y nunca como partidos nacionales. Para ellos son más importantes sus ventajas partidistas y personales que los intereses de la nación, lo que les lleva a mantener a toda costa un modelo de Estado cuyo nivel de despilfarro y de corrupción nos conduce a la ruina.
Vivimos bajo un modelo que dividió la nación en 17 autonomías territoriales, totalmente contrarias, excepto dos, a la Historia y a la realidad objetiva de España. Estas autonomías, cuyas competencias más que duplican a las de los Estados federales, son el vehículo con el que la oligarquía política fue colocando a sus familiares, amigos y correligionarios, creando para ello, el equivalente a 17 miniestados con todos los órganos propios de una nación, desde 17 Parlamentos a 19 televisiones públicas (todas en pérdidas), 23 Universidades sin alumnos que las justifiquen a 22 aeropuertos con 300 pasajeros/mes, pasando por infraestructuras absolutamente ruinosas. A ello se unen 8.200 Ayuntamientos, cuando no se justifican más de 3.000, y con niveles de despilfarro inauditos. Sólo Madrid, la capital más endeudada de Europa, tiene 1.500 asesores inútiles, 180 coches oficiales, personal cinco veces más que los grandes ayuntamientos mundiales y ha gastado 500 millones de euros en dotarse de la sede-palacio más lujosa de Occidente, mientras el 23% de madrileños vive por debajo del umbral de la pobreza, de ellos 140.000 niños. Y ahora ¡quieren organizar los Juegos Olímpicos!
La rémora del empleo público
Primero colocaron a decenas de miles, luego a cientos de miles y hoy totalizan dos millones de empleados públicos nombrados a dedo —causa principal del brutal nivel de desempleo, ya que en España cada empleo público destruye 2,8 puestos en el sector privado— y donde para no tener que dar explicaciones a nadie crearían hasta 3.000 empresas públicas, la gran tapadera del despilfarro, una inmensa telaraña de ocultación de deuda y corrupción, empleando a 400.000 personas amigas y con sueldos un 35% superiores a la media del sector privado.
El grueso de la crisis bancaria derivaría también del modelo de Estado. El 54% de los depósitos de la banca se concentraba hasta el año 2.000 en cajas de ahorro, que habían sido el referente de las clases humildes españolas durante casi dos siglos y que se convertirían en botín preferido de los Presidentes autonómicos, que impondrían a personas políticas afines y no profesionales al frente de las mismas, con objeto de poder disfrutar de un poder económico casi ilimitado para financiar sus obras faraónicas y los disparates más inauditos.
Veinte “gestores” irresponsables y moralmente corruptos, interrelacionados política y económicamente por 14 presidentes autonómicos, que les garantizaría la no intervención del Banco de España primero y la ocultación de la realidad de sus balances después, financiarían los proyectos inmobiliarios más inauditos, que junto con las grandes obras públicas llevarían a la quiebra a la mayoría de estas instituciones bicentenarias en solo ocho años. PP, PSOE y nacionalistas sellarían un pacto de silencio para que ninguno de los responsables de tamaña catástrofe fuera procesado. La última acción al respecto la protagonizaría el Sr. Rajoy, de acuerdo con el PSOE, al no destituir al Gobernador del Banco de España por grave incumplimiento de sus obligaciones a cambio de su silencio.
En conjunto, esta situación ha llevado a España a un nivel de endeudamiento público y privado del orden del 400% del PIB, el más elevado del planeta, una cantidad que jamás podrá ser devuelta. Dentro de ella, la deuda pública no cesa de crecer, gracias a la actitud absolutamente irresponsable del BCE, cuyos préstamos se entregan sin control alguno para financiar el gasto corriente y los agujeros bancarios, y donde ni un euro va a la economía productiva, lo que arruinará España para varias generaciones. El rescate bancario ha sido de nuevo insuficiente,  porque se ha infravalorado la morosidad —la real es doble de la oficial— y porque las viviendas caerán aún un 35% y no se ha tenido en cuenta. Además crea un círculo vicioso de bancos quebrados comprando deuda con el dinero del BCE para mantener un Estado quebrado, que a su vez se endeuda para salvar a estos mismos bancos quebrados. Sólo la actuación simultánea sobre el sistema financiero, cerrando los bancos inviables y cambiando de modelo de Estado, puede salvarnos.
Sin embargo, si la ya inevitable intervención se hiciera en forma indiscriminada, desconociendo la realidad económica de la nación, reduciendo salarios y prestaciones y subiendo impuestos, sin cortar de raíz los focos de despilfarro, a la vez que se mantienenintactos los 450.000 políticos, parásitos sociales en su mayoría,  que nos han llevado a la ruina, el resultado sería un desastre histórico y la miseria y el hambre para millones. Es por ello Sra. Canciller, que como única persona que está hoy en condiciones de ayudar al pueblo español, me dirijo a usted para pedirle queantes de la intervención exija en su lugar la supresión la locura económica que implica la actual administración autonómica y local. La eliminación de un gasto inútil de 120.000 millones de euros anuales, permitiría reducir el endeudamiento y crear significativamente empleo en relativamente poco tiempo, mientras que la alternativa contraria conllevaría una brutal deflación interna con unas consecuencias económica y socialmente devastadoras. Un sufrimiento casi inimaginable para los españoles actuales y futuros, para mantener los privilegios de una oligarquía política parasitaria y corrupta.
Ihre Centeno
Roberto Centeno, Catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid
(Se envían copias a Wolfgang Schäuble, Ministro de Finanzas de Alemania;Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI; Olli Rehn, responsable  de Asuntos Económicos y Euro de la Comisión, y Mario Draghi presidente del BCE.)
El gran saqueo de España. Datos:

  • 30.000 coches oficiales en toda España
  • 2 millones de empleados públicos inútiles
  • 450.000 políticos: 4 veces más por habitante que en la UE
  • Competencias de las Autonomías: más del doble que en cualquier Estado federal
  • España: las Autonomías reciben el 63% de todos los tributos. Alemania: los Länder reciben el 23% de todos los tributos.
  • 19 televisiones públicas, 23 Universidades, 22 aeropuertos
  • 8.200 Ayuntamientos en toda España. Sólo se justifican unos 3.000
  • Madrid: la capital más endeudada de toda Europa
    – 1.500 asesores oficiales (y Ana Botella exige 140 más). Sueldo medio: 45.000 € anuales
    – 180 coches oficiales
    – Personal cinco veces mayor que el de cualquier otro gran ayuntamiento del mundo
    – Coste de la nueva sede-palacio: 500 millones de euros
    – Por otro lado: el 23% de los madrileños (de los cuales, 140.000 niños) viven por debajo del umbral de la pobreza.

FUENTE: http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=4043

 

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ÉXITO DE LA CAMPAÑA #FueraAutonomías

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Ayer, 21 de febrero a las 20:0h h, nuestra plataforma tenía convocada una nueva campaña en Twitter. De nuevo, el seguimiento de una propuesta de #RED fue notable y #FueraAutonomías fue Trending Topic durante dos horas, llegando a estar en la 2ª posición en las tendencias de España.

Algunos datos relevantes de la acción son los siguientes:

– La ciudad española en la que mayor éxito tuvo el HT, fue Valencia.
– En Barcelona la duración del TT fue tres veces mayor que en Madrid.
– El HT no fue tendencia en el País Vasco

Esta acción ha dejado de manifiesto el sentir de los ciudadanos, al menos de aquellos que habitan el universo Twitter, respecto al tema territorial. Sabemos que no vamos a cambiar nada, pero al menos no cejaremos en el empeño de intentar que nuestra voz llegue cada día más lejos. Tenemos ideas, iniciativa, y ganas de comprometernos. Tenemos también canales de comunicación (blogs y redes sociales) y vamos a seguir utilizándolos, porque la sociedad civil ha decidido tomar la palabra.

Gracias a todos.

RED DE BLOGS COMPROMETIDOS. Somos #RED

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