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Los impuestos son robo y no pueden justificarse ni siquiera por causas caritativas

Por Dumo Denga. ORIGINAL IN ENGLISH

En su artículo «Las multinacionales obtienen beneficios obscenos de las crisis mundiales —pónganles impuestos para defender los derechos humanos», Magdalena Sepúlveda pedía más impuestos a las multinacionales y a los ricos como medio para financiar políticas destinadas a proteger a los más vulnerables de lo que ella llama «la crisis del coste de la vida». En este artículo, me gustaría responder a Sepúlveda diciendo que la fiscalidad es un robo y que cualquier intento de justificar los impuestos, especialmente por caridad, llevará a conclusiones irracionales.

A mi entender, Sepúlveda adopta la filosofía de la socialdemocracia. Dicha filosofía es una subcategoría del socialismo y se distingue por abogar por derechos de propiedad privada relativamente más fuertes en comparación con el marxismo y el leninismo, los cuales rechazan por completo los derechos de propiedad privada.

Además, los defensores de la socialdemocracia (SDA) creen que parte de los ingresos obtenidos por los propietarios pertenecen a la sociedad, de ahí sus continuos llamamientos a favor de más impuestos, un nuevo impuesto sobre la riqueza o cualquier otro impuesto destinado a lograr fines igualitarios (que incluyen, entre otros,«reducir la desigualdad» o «una distribución más equitativa de la riqueza»). Los interesados en saber más sobre los orígenes de la socialdemocracia pueden leer el libro de Hans-Hermann Hoppe titulado Social Democracy. En el artículo de Sepúlveda, hay un momento en el que, en mi opinión, muestra sus afiliaciones con la socialdemocracia. Afirma: «Las pandemias, las guerras y las recesiones no eximen a los Estados de cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos. Deben gravar más a las multinacionales y a los más ricos para financiar políticas específicas que protejan a los más vulnerables contra la crisis del coste de la vida».

Los impuestos son un robo y los ASD como Sepúlveda se enfrentan a un problema moral cuando abogan por los impuestos, independientemente de los fines de los impuestos propuestos. La razón se deriva de la teoría de la ley natural de la propiedad, popularizada por Murray Rothbard, Walter Block y Hoppe. La ley natural proporciona cuatro reglas simples y lógicamente conectadas para la propiedad privada:

Una persona es dueña de su propio cuerpo.
Una persona es propietaria de todo bien escaso otorgado por la naturaleza que haya puesto en uso mediante su propio cuerpo antes que nadie. Es el concepto de apropiación originaria.
Una persona es propietaria de todos los productos nuevos que ha creado mediante sus propios bienes originalmente apropiados y su propio cuerpo, siempre que no se haya dañado la propiedad de otros durante el proceso de producción.
La propiedad de los bienes que se han apropiado o producido originalmente sólo puede transferirse del propietario anterior al posterior mediante un acuerdo contractual voluntario.

Los impuestos son un robo porque violan la cuarta regla, que exige que la propiedad se transfiera mediante un acuerdo contractual voluntario. Los impuestos no requieren ningún acuerdo contractual para la transferencia de la propiedad del contribuyente al Estado. Efectivamente, los impuestos son una reclamación sobre la parte de la propiedad de los ciudadanos por parte del Estado, y el hecho de que los ciudadanos no se adhieran a dicha reclamación puede tener como resultado el encarcelamiento, que es una amenaza de violencia. Esto no es diferente de ser asaltado por un ladrón que utiliza una pistola para obtener cooperación.

Los ASD podrían refutar afirmando que los ingresos obtenidos mediante los impuestos se utilizan para financiar el sistema judicial y otras funciones estatales que tienen por objeto ayudar al orden social y la caridad, que a partir de aquí se denominan «causas sociales». Sin embargo, tal refutación no aborda la violación de los derechos naturales que conlleva la tributación. Si se aceptara tal refutación, entonces se deduce que los ladrones comunes, incluidos los que utilizan la amenaza de la violencia para coaccionar la cooperación, están justificados para tomar por la fuerza la propiedad de sus víctimas siempre que el producto de tal delito se utilice para causas sociales.

Dado el problema de la refutación de las «causas sociales», los ASD tendrán que usar otro argumento que es que la tributación no viola la ley natural porque existen contratos «implícitos» o «conceptuales» entre los propietarios y el Estado que dan cuenta de la tributación. Tal refutación fracasa a la hora de justificar los impuestos porque estos contratos «implícitos» o «conceptuales» no existen. Para que exista un contrato, debe haber al menos dos partes que se pongan de acuerdo y, lo que es más importante, las partes deben ser conscientes del contrato que se está acordando.

Sin embargo, si tales contratos existen, entonces los APS tendrán que demostrar también cómo los ciudadanos aceptan tales contratos. En otras palabras, los ASD tendrán que demostrar cómo un ciudadano acepta un acuerdo no terminable con el Estado en el que se conceden al Estado amplios poderes sobre la propiedad privada de un ciudadano. En mi opinión, demostrar que existen acuerdos «conceptuales» o «implícitos» entre el ciudadano y el Estado y que los ciudadanos celebran dichos acuerdos mediante consentimiento expreso o tácito es una tarea casi imposible.

Hoppe, en el capítulo quince de su libro titulado La economía y la ética de la propiedad privada), justifica aún más mi punto de vista sobre la celebración de un acuerdo de este tipo.

Es inconcebible que alguien pueda aceptar un contrato que permita a otra persona determinar permanentemente lo que puede o no puede hacer con su propiedad, ya que al hacerlo esa persona se habría quedado indefensa ante ese decisor último. Del mismo modo, es inconcebible que alguien acepte un contrato que permita a su protector determinar unilateralmente, sin el consentimiento del protegido, la suma que éste debe pagar por su protección.

Teniendo en cuenta la cita anterior y mis objeciones anteriores, argumentar que los impuestos no violan la ley natural debido a acuerdos «implícitos» o «conceptuales» entre el Estado y los propietarios debe abandonarse porque es inconcebible que los propietarios acepten tales contratos.

Con respecto al artículo de Sepúlveda y su llamamiento a aumentar los impuestos a las empresas multinacionales y a los ricos, hay que señalar que los impuestos violan los derechos naturales a pesar de las intenciones de la fiscalidad, ya que en la práctica permiten que el Estado tome por la fuerza una parte de la propiedad de uno sin su consentimiento. El derecho natural exige que la propiedad se transfiera mediante acuerdos contractuales voluntarios.

Además, las razones esgrimidas en un intento de justificar la tributación —ya sea por causas sociales o que la tributación responde a acuerdos «implícitos» o «conceptuales» entre el Estado y los propietarios— deben rechazarse porque la primera justifica efectivamente el robo en general, mientras que la segunda es inconcebible.

[Una versión de este artículo se publicó originalmente en ManPatria.]

Author:

Dumo Denga (@dumodenga) is an Austro-Libertarian and co-hosts the ManPatria Podcast.

**The real labor exploitation is that the State steals half of your salary through taxes.**

Los comunistas preparan la mayor subida fiscal de la historia con la excusa del coronavirus

La «tasa covid» solo es la punta del iceberg. Unidas Podemos pretende subir el IRPF, Sucesiones, Sociedades e incluso gravar los depósitos.

pablo-iglesias-garzon-elecciones-andaluzas-2018 — *Pablo Iglesias (Izq.) y Alberto Garzón* / EFE

Ahora que la crisis sanitaria amaina, tal y como evidencia el gradual desconfinamiento que acaba de anunciar el Gobierno, la crisis económica empieza a mostrar sus primeros efectos. La histórica caída del PIB y la intensa destrucción de empleo que registrará España en 2020 se traducirán también en un amento sustancial del déficit y la deuda pública. ¿Quién pagará, por tanto, la ingente factura presupuestaria del coronavirus?

En líneas generales, existen tres vías para tratar de reequilibrar las cuentas públicas, que, además, se pueden combinar en mayor o menor grado: austeridad (recortes de gasto público), reformas estructurales (para impulsar el crecimiento) o subidas de impuestos.

Podemos, el socio de gobierno de Pedro Sánchez, opta abiertamente por esta última y pretende aprovechar la crisis del coronavirus para imponer su programa fiscal en España. El líder de los comunistas y vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ya avanzó el pasado lunes su intención de implantar un nuevo impuesto para los ricos que, no por casualidad, lleva el nombre de «tasa covid». En realidad, no es más que el gravamen adicional sobre la riqueza que defiende Podemos desde su nacimiento como partido, allá por 2014, solo que ahora lo revisten con la excusa de la pandemia.

La cuestión, sin embargo, es que no se trata de una simple idea peregrina, sino que esta primera propuesta forma parte de un programa fiscal mucho más ambicioso que, en caso de aprobarse, supondrá, de lejos, la mayor subida de impuestos de la historia de España. De hecho, Izquierda Unida ya está trabajando en un documento específico, que, a priori, verá la luz a finales de este mes, a fin de ser debatido en la coalición que conforman con Podemos.

La elaboración de este particular «Plan de Reconstrucción«, que lleva por título «Horizonte País«, fue aprobada en la reunión de la Coordinadora Federal de IU que tuvo lugar el pasado 18 de abril, y, entre otras materias, destina un apartado específico a la fiscalidad, cuyos principales objetivos son, por un lado, subir el IRPF, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Sociedades, el Impuesto a los Depósitos y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); y, por otro, crear nuevas figuras, tales como la «tasa Covid» de Iglesias, un gravamen a las Transacciones Financieras o más impuestos verdes.

Aunque los detalles todavía se desconocen, todas estas medidas están recogidas en los respectivos programas electorales de IU y Podemos. La única diferencia es que, hasta ahora, habían sido aparcadas debido al rechazo inicial del PSOE, pero la crisis del coronavirus abre una nueva ventana de oportunidad para exigir su puesta en marcha en el seno del Gobierno.

A la espera de los cambios concretos que incorpore dicho «Plan de Reconstrucción», el grueso del programa fiscal que defendían IU y Podemos de cara a la presente legislatura se resume en los siguientes puntos:

Subir el IRPF a las rentas de más de 100.000 euros anuales, con un tipo marginal del 47%, que llegaría hasta el 55% para las de más de 300.000 euros.
Que las rentas del capital tributen en la misma base que las del trabajo, incluyendo las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a seis en el caso de inmuebles).
Eliminar las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones, cuyo límite actual se sitúa en 8.000 euros al año por contribuyente.
Crear un Impuesto sobre la Riqueza (ahora «tasa covid») sobre patrimonios de más de 1 millón de euros, con el fin de recaudar el 1% del PIB (más de 10.000 millones de euros). Tendría un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravaría con un 2% los patrimonios de más de 1 millón, con un 2,5% los de más de 10, con un 3% los superiores a 50 y con un 3,5% los de más de 100 millones. Sustituiría al Impuesto de Patrimonio.
Elevar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, armonizándolo a escala estatal a partir de un mínimo de tributación para evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas.
Establecer un tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades para las bases imponibles superiores al millón de euros, introduciendo, además, un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable.
Aplicar un Impuesto sobre los Depósitos con un gravamen mínimo del 0,2%, con la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer recargos adicionales.
Crear un recargo específico en el IBI para viviendas desocupadas.
Y aprobar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras para gravar con un 0,3% la compra de acciones y derivados, quedando exenta la adquisición de deuda pública.

FUENTE: LIBRE MERCADO

¿Por qué los impuestos son un robo?

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“La idea de que la libertad política puede preservarse en ausencia de libertad económica, y viceversa, es una ilusión”.

Ludwig von Mises (1881-1973), en Planning for Freedom

Por Sergio Villalta en Instituto libertad

Existe una creencia muy generalizada en que pagar impuestos es una obligación moral y que no hacerlo es un acto deleznable. Parecido a cualquier otra acción que siendo ilegal es a la vez muy censurable.

También existe el sofisma de que los impuestos son un mal necesario. Al menos aquí se reconoce la inmoralidad del tributo – sin embargo -, se le exculpa a medias cuando se dice que es un mal; pero un mal que es ineludible y además necesario.

I. La autopropiedad.

En primer lugar es necesario afirmar que el hombre es dueño de si mismo. Derecho del cual goza simplemente por su condición de ser humano. Es decir, por su condición de hombre cada persona es dueña de si misma (de su cuerpo y de su mente) por derecho propio.

Este derecho no deviene de ningún otro hombre, tampoco de ningún grupo o gobernante. La propiedad de si mismo es una proposición moral.

Y una sociedad libre (una sociedad “voluntarista”) necesariamente debe basarse en este principio.

Murray Rothbard lo describe en su obra “La Ética de la Libertad”, al explicarnos que solo existen tres posibilidades:

A) Que cada individuo sea dueño de sí mismo. Esto es el derecho de ser dueño de uno mismo por libre voluntad.

B) Que algunas personas sean dueñas de otras. Esto sería la esclavitud o servidumbre de un hombre para con otro de sus semejantes.

C) Que cada persona sea dueña de una parte de todas las demás personas. Y esto significaría la propiedad comunal y universal de voluntades.

En la tercera opción no podría un hombre cortarse su cabello, a no ser que tuviera el permiso del resto de la humanidad entera. Puesto que cada parte de su cuerpo sería propiedad de los demás.

Esta tercera opción por la impracticabilidad absoluta que conlleva degenera en un absurdo teórico.

Sobra decir que solamente la primera opción sería compatible con una sociedad libre, porque es mediante el gozo de la libertad de acción de cada individuo que se puede disponer de uno mismo.

Y en sentido contrario: para la libre disposición de su persona, el hombre necesariamente tienen que gozar de la libertad para determinar su voluntad.

II. El derecho a la vida.

Siendo el hombre dueño de si mismo, este goza de la libertad de vivir. Esto es así y no de otra manera, porque la primera condición para que el individuo pueda reclamar su propiedad es que esté vivo.

Sin vida no es posible enunciar nada, menos una voluntad. Tampoco le sería posible al individuo establecer la propiedad de si mismo ante los demás, ni ante él mismo. Y sin estar vivo: ¿cómo podría gozar de la libertad de voluntad o de acción?

Además, como la propiedad de si mismo implica la posibilidad de declarar el derecho a la vida, este es en primer lugar una condición natural y a la vez una consecuencia posterior del derecho de propiedad.

El gran ensayista libertario Frank Chodorov lo explica así:

“El derecho absoluto de propiedad deriva del derecho original a la vida porque no tiene sentido el uno sin el otro: los medios de vida deben identificarse con la vida misma.”

III. La propiedad

Si cada hombre es dueño de si mismo y este es libre para vivir – es decir para actuar de acuerdo a su libre voluntad -, entonces por consiguiente somos libres para gozar del fruto de nuestras acciones y de nuestra voluntad.

¿Cómo podríamos tener la libertad de ser dueños de nosotros mismos y tener un libre albedrío, pero no ser libres de disfrutar de todo aquello que se deriva de nuestra misma propiedad y de nuestra voluntad?

Si se puede hacer lo primero necesariamente deberá ser posible hacer los segundo. Salvo los casos – claro está -, en que se agrede o provoca un daño a terceros.

Al ser el hombre dueño de si mismo y tener la libertad para decidir sus acciones, es consecuencia lógica, que tendrá también la libertad de gozar de todo lo que su voluntad produzca.

Porque de no ser así tendríamos que aceptar que otro individuo (un tercero) tendría el derecho a gozar de lo que otra persona produzca por derecho propio.

Esto sería igual que proclamar a este tercero como dueño de todos los derechos que hicieron posible ese disfrute.

El tercero devendría en dueño finalmente de aquello que produjo esos frutos – es decir -, de la vida y voluntad de la otra persona. En este último caso estaríamos ante la esclavitud.

IV. El robo.

Siempre es fácil identificar al robo cuando este se produce a un nivel individual. Por ejemplo: imagine que usted ahorró parte de su salario durante varias semanas para comprarse una bicicleta.

Ahora imagine que un día cualquiera otro individuo le roba a usted su bicicleta a punta de pistola. Ante este hecho no habría discusión alguna en llamarlo por lo que es: un robo.

Existe una tendencia innata a identificar al robo. No es necesario ser un intelectual, ni una mente brillante para entender que la propiedad de otros debe respetarse.

Nuestra moral está predispuesta a condenar el robo. De niños se nos enseña a no robar.

En en la tradición judeo-cristiana – así como en otras -, el no robar constituye un mandamiento. Existe una si

mpatía natural que surge ante el que ha sido asaltado en un camino solitario.

Sentimos repulsión e ira ante el ladrón que se aprovecha de la debilidad o descuido de otro para robarle. Y hasta se podría sentir incluso compasión ante el ladrón que ha sido robado.

Si dos hombres roban a otro tampoco habría dificultar en identificar esta acción. Fácilmente se tendría como un robo.

Podríamos hipotéticamente aumentar la cantidad de ladrones de manera exponencial: 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc., pero a medida que aumenta la cantidad – asombrosamente -, es más difícil para algunos identificar el robo.

En especial cuando los ladrones llegan a ser un grupo muy numeroso y proclaman una justificación para apropiarse de los bienes de otros, en nombre de la “sociedad”, la “seguridad”, la “necesidad”, la “justicia”, o cualquier otro pretexto.

V. El robo legal

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La pregunta es: ¿habría una diferencia entre la acción de una persona que roba a otra y la acción de todo un grupo cuando este llega a robarle a uno de sus miembros?

O más claro: ¿en qué punto el robo deja de ser un robo? ¿Si los ladrones son mil? ¿Un millón? ¿La mitad de la población? ¿La mitad más uno? ¿Dos tercios de la población de un país, el 80%, etc.?

La respuesta es que no hay diferencia alguna. El robo sigue siendo robo, independientemente del número de ladrones que ejecuten la acción e independientemente de la excusa que lleguen a invocar.

No hay diferencia si se llaman a si mismos como una mayoría, una “supermayoría” o la “sociedad” o el “gobierno”, y aunque se ampare la acción en una ley, el robo sigue siendo robo.

Chodorov nos explica:

“No es la ley la que en primera instancia define el robo, es un principio ético que la ley puede violar, pero no suplantar. Si por necesidades de la vida consentimos la fuerza de la ley, si por una larga costumbre perdemos de vista su inmoralidad, ¿se ha eliminado el principio? Un robo es un robo y ninguna cantidad de palabras puede hacer de él algo distinto.”

Así como no podemos justificar que otro individuo (un tercero) tenga el derecho de disfrutar de todo lo que la voluntad y la autopropiedad de una persona produzcan – tampoco podemos aceptar que el “Estado”, el “Gobierno” o la “Sociedad” lo puedan hacer.

Ya que en última instancia el “Estado”, el “Gobierno” y la “Sociedad” no son más que una abstracción y representan nada más a un conjunto de individuos.

Ni el “Estado”, ni el “Gobierno”, ni la “Sociedad” tienen un cuerpo, una mente y menos una voluntad propia. Solo reflejan la voluntad de un grupo particular de hombres.

Así como no podemos aceptar que un tercero sea dueño de todos los derechos (o de las causas) que hicieron posible los frutos de la propiedad – porque el tercero devendría en dueño finalmente de aquello que produjo esos frutos -, es decir, de la vida y voluntad de la otra persona; de igual manera tampoco podemos aceptar que un grupo de personas que se presentan a si mismas como el “Estado”, el “Gobierno” o la “Sociedad” lo hagan.

Si el robo es moralmente censurable en la primera instancia, lo es necesariamente en la segunda también. Ya que el robo no deja de serlo en función de la cantidad de ladrones que lo lleven a cabo. Y tampoco deja de serlo en función del motivo por el cual se haga.

Y si no tenemos el derecho de robar la propiedad de otro, tampoco podemos delegar ese poder en el “Gobierno”, en el “Estado” o en la “Sociedad”. Ya que no podemos entregar a otro un derecho que no poseemos.

No existe ninguna obligación moral en pagar impuestos. De la misma forma que no existe obligación moral en obedecer al ladrón cuando nos amenaza para que le entreguemos la billetera.

Lo cual no significa que sea aconsejable no pagar impuestos. De la misma forma que tampoco es aconsejable no entregarle la cartera al hampón que nos amenaza con matarnos.

Podemos entender ahora que al decir: los impuestos son un “mal necesario”, esto equivale a decir, que el robo es un “mal necesario”. Similar a decir que la esclavitud es un “mal necesario”.

Aceptar esto sería aceptar que una sociedad libre debería – y podría -, construirse a partir del uso de la violencia.

Sería igual a decir que una sociedad libre podría – o debería -, construirse con base en la esclavitud. En cualquier caso estamos ante un oxímoron.

En mucho mejores palabras Hans Hermann Hoppe nos dice:

“Obviamente, los impuestos no son pagos normales ni voluntarios, por bienes y servicios, porque a usted no se le permite abstenerse de pagar si no está satisfecho con el producto. Usted no será castigado si deja de comprar coches de Renault o perfumes de Chanel, pero será arrojado a la cárcel si deja de pagar los costos de escuelas públicas o universidades estatales, o los gastos pomposos (…) Tampoco es posible interpretar los impuestos como pagos de alquiler normal…”

Así como ninguna cantidad de palabras puede cambiar la naturaleza inmoral de un robo, tampoco ninguna “ley” puede cambiar la naturaleza inmoral de los impuestos. Es necesario siempre repetir a viva voz: ¡sí, los impuestos son un robo!

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Los impuestos los pagas tu (Taxes you pay for)

PARA QUE SE ENTEREN SOBRE TODO, LOS CRETINOS QUE VOTAN A PODEMOS Y PARTIDOS SIMILARES O AL MISMO PSOE.

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Escrito por José Luis Montesinos

Es bien conocido por una parte importante de la ciudadanía que los impuestos siempre recaen sobre la clase media. Si se incrementan en demasía la clase media se convierte en baja y el país se va al carajo. Así de sencillo. Las clases altas, y más en un mundo globalizado, tienen los recursos necesarios para poner el dinero a buen recaudo, fuera de la voracidad de la sanguijuela de turno del ministerio de economía.

Todas las veces que repitamos este mantra son pocas. Comprobado está, de la misma forma. que existen políticos que reiteran que los impuestos los van a pagar los ricos y tontos de baba que les creen. La envidia siempre se consideró el pecado endémico de los españoles y eso de que paguen otros y que se jodan cala como gota malaya.

Mientras es un hecho que la economía repunta, los salarios en España se mantienen bajos. Las empresas que han sufrido un tremendo reajuste en los últimos tiempos no acaban de transferir esta bonanza a la cuenta de sus empleados, entre otras cosas porque no acaban de notarla. Habiendo como hay más trabajo, en el mundo global competir con otros países implica mantener los costes bien embridados. En un país donde la energía se paga al doble de lo que cuesta, gracias a los impuestos, es muy difícil transponer las subidas en el volumen de negocio a subidas salariales. El tejido empresarial español, en donde las empresas de alto valor añadido son la excepción, no puede repuntar si a cada paso que de les suben el gasoil, la luz o Sociedades.

Las pretendidas subidas de impuestos que se han anunciado y que pagaran las grandes empresas y las pymes, se repercutirán directamente en los salarios de sus empleados. Hasta en un 75%, según los estudios.

Los conocimientos más básicos de economía nos enseñan que el precio viene determinado por el mercado, cuando el número de competidores va en aumento. En la economía mundial, a excepción de algunos monopolios y oligopolios, el número de actores que participan en el mercado de cada producto o servicio es cada vez mayor, lo que impide que nadie pueda marcar el precio, por lo que nuestras empresas deberán reducir sus costes cada vez que al iluminado recaudador le parece que necesita hacer caja. Mientras suben ventas e ingresos el beneficio se lo lleva Hacienda y los salarios se quedan igual. Sencillo de entender.

Así de sencillo. Tú pagas el pato, como trabajador de una empresa de que haya que recaudar más. Tú pagas el pato como consumidor, porque eres clase media y cuando suben impuestos te los suben siempre a ti. Tú pagas. Y ¿callas?

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La estafa del Impuesto de Sucesiones

Vuelve a ser noticia el Impuesto de Sucesiones. En esta ocasión, ha salido a la luz por el gobierno andaluz, el cual sin ningún pudor, ha echado la culpa de someter a los andaluces a una situación propia de la época feudal, a Montoro. Tiene gracia que los caciques que llevan gobernando la región con más parados de Europa, la comunidad con mayor número de dependientes de ayudas económicas y la región donde más renuncias a heredar se realizan en España, den lecciones de gestión económica.

En Andalucía, al día, se producen 19 renuncias a heredar. Sí, han leído bien, por culpa de unos cuantos malnacidos, la gente tiene que renunciar a lo que el pertenece por la imposibilidad de hacer frente a la cantidad de dinero que le exige el gobierno para poder recibir ¡lo que es suyo!

Por si esto fuera poco, cuando les preguntan por qué no eliminar este impuesto, tanto el gobierno como el PSO¿E?, mienten al decir que este impuesto no se puede erradicar por imposición de la UE. Muchos países de la UE no cuentan con semejante estafa a los ciudadanos.

La respuesta a este atraco propio de regímenes liberticidas de un Estado comunista, es que estas sanguijuelas políticas que padecemos no tienen límites para seguir llenándose los bolsillos con nuestro dinero.

A continuación les dejo una tabla extraída de la OCDE donde pueden ver el % que pagamos los españoles por heredar y los países que no cuentan con este impuesto.

Origen: La estafa del Impuesto de Sucesiones

SOLIDARIDAD OBLIGATORIA, -FALTARÍA MÁS!- Y ADEMÁS QUE PAGUEN MÁS LOS QUE MÁS TIENEN, QUE PAGUEN LOS RICOS…

Milton Friedman dice que hay cuatros formas de gastar el dinero:
1º, cuando una persona gasta su dinero en beneficio propio, y en ese caso tiende a gastar lo menos posible y a conseguir la máxima rentabilidad.

2º, cuando una persona gasta su dinero en beneficio de otra persona, por ejemplo, cuando hacemos un regalo de cumpleaños, y en tal caso también procura gastar lo menos posible, pero la utilidad o el beneficio que le reporte a la otra persona no importa demasiado.

3º, cuando una persona gasta dinero ajeno en beneficio propio, y dado que no le ha costado ningún esfuerzo conseguirlo, entonces busca conseguir la máxima satisfacción y lo que cueste el capricho le importará un bledo. Pongo por caso si la empresa donde esa persona trabaja decide invitarlo a pasar unas vacaciones de lujo porque los dueños de la empresa son “así de esplendidos”. Otro ejemplo podría ser cuando alguno recibe un premio enorme por haberle tocado la lotería.

4º, cuando una persona gasta dinero ajeno en beneficio ajeno, como es el caso de los gobiernos y de quienes gestionan empresas públicas; ni los diversos gobiernos ni los mandamases de las empresas públicas tienen demasiado en cuenta la utilidad del gasto, el beneficio que realmente cause, y menos aún la cuantía del gasto.

Bien, tras estas advertencias, imaginemos que quienes dirigen ese maravilloso invento, llamado “Podemos”, movidos por su bondad extrema, su bonhomía, su espíritu solidario (detrás de lo cual generalmente se esconde algo así como sentimiento de culpa por pertenecer al grupo social de los “favorecidos”, que les lleva a verse impelidos a exigir “justicia social”, “igualdad” y ocurrencias por el estilo; pero, claro, con el dinero ajeno) un día cualquiera proponen en el Congreso de los Diputados que se emprendan acciones para “acabar con la pobreza”.

Por supuesto, antes de hacer semejante proposición, Pablo Iglesias y su tropa realizarían una campaña de “sensibilización” en la calle, en los medios de información, en las universidades, en los institutos de enseñanza media, y un largo etc, para “concienciar la gente” del gravísimo problema social que aqueja a España (Pablo Iglesias y sus correligionarios nunca dirán España, dirán “estepaís”).

El Congreso de los Diputados, en el cual el partido gobernante, integrado por miembros de la derecha boba, al no contar con mayoría se vería obligado a apoyar la proposición de “podemos” y la acogería con enorme entusiasmo, para evitar que los llamaran reaccionarios, fachas, insolidarios y lindezas por el estilo, y propondría la creación de una “comisión ad hoc” para estudiar tan terrible “lacra”. Ni que decir tiene que los restantes partidos políticos con representación parlamentaria aplaudirían, también, a rabiar la iniciativa del partido de Pablo Iglesias para no quedarse descolgados en el mercadeo y chalaneo del voto.

La comisión para el “estudio de la pobreza”, acabaría decidiendo, después de hacer comparecer en ella a miembros de “la sociedad civil” que, por su especial predicamento y autoridad en la materia pudieran aportar su enorme sabiduría y luz a tan noble causa…, que habría que crear de forma urgente, inaplazable, un “observatorio” integrado por “expertos” para dar solución a tan terrible lacra social. La primera tarea a emprender por el “observatorio de la pobreza” sería definir el umbral de pobreza, el nivel de ingreso mínimo que según la costumbre, la tradición y también las creencias, es necesario para adquirir un óptimo nivel de vida en “estepaís”. No importa que ya existan estadísticas oficiales, o estudios de organizaciones tales como Caritas, u “oenegés” por el estilo acerca de tal asunto, que en más de una ocasión han afirmado cosas tales como que en España una de cada cinco personas viven por debajo del umbral de la pobreza, o que alrededor del 20% de la población española deambula por las calles muriéndose de hambre, no tienen donde cobijarse y tampoco con qué vestirse; eso es lo de menos, pues cuando se crean en España semejantes tinglados, la primera obligación de quienes forman parte de ellos es ser creativos, originales y redefinir conceptos, y a ser posible inventar nuevos “palabros” y crear una nueva jerga, e innovar el lenguaje.

Una vez decidido, por parte del “observatorio de la pobreza” quiénes son calificables de “pobres”, la siguiente acción a emprender será ponerse a localizar a quienes entre nuestros compatriotas, y quienes transitan por el solar patrio de forma más o menos “legal”, coinciden con el “estándar” decidido por el “observatorio”. Para ello, propondrán que se cree la burocracia correspondiente (por descontado, los gerifaltes de “podemos” ya habrían previsto este particular en su proposición de ley para combatir la pobreza…) y que se realice la dotación dineraria que corresponda –según el criterio de tan doctos “observantes”- para atender a quienes sufren tan la tan terrible e insoportable “lacra”.

A estas alturas de mi narración ya es seguro que algunos habrán empezado a pensar que todo ello “cuesta dinero, muchísimo dinero”; pero esto tampoco importa, pues como dijo una eminente “miembra” (de nombre Carmen Calvo Poyato) del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el dinero es de todos y no es de nadie.

Ni que decir tiene que, los proponentes de tan hermosa y noble cruzada ya habrían dicho en más de una ocasión que su ingeniosa iniciativa ¡También se crearía empleo!

Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Asuntos Sociales, o como mejor deseen ustedes denominarlo (algunos es posible que tuvieran la feliz ocurrencia de proponer que se creara un ministerio específico para atender al enorme número de nuestros compatriotas calificables de “pobres”) se haría una convocatoria pública con la publicidad que se suele dar en estos casos, para seleccionar a la legión de funcionarios que integrarían la burocracia encargada, para empezar, de detectar, localizar a la multitud de “pobres” que hay en España. Por supuesto, dado que en España alrededor del 25 por ciento de las personas que están en edad de trabajar, están “oficialmente” desempleadas, y previendo que la cantidad de candidatos a funcionarios inmensa, el gobierno decidiría que quienes se apuntaran a tal proceso de selección deberían abonar una cierta cantidad dineraria, como requisito para participar en los exámenes.

Una vez realizado el “casting”, la legión de burócratas se patearía todo el territorio patrio en busca de “pobres” a los que ayudar, y dependiendo de la laxitud o severidad empleado para valorarlos, siguiendo el baremo creado exprofeso por el “observatorio de la pobreza”, se elaboraría el censo de personas candidatas a ser agraciadas con ayudas dinerarias procedentes, ¡Cómo si no! del dinero de los contribuyentes.

Como generalmente quienes manejan dinero ajeno, tal cual ya advertí al principio, en palabras de Milton Friedman, no suelen escatimar en gastos, es seguro que debido a esa exploración efectuada por los burócratas del “observatorio de la pobreza”, se llegaría a la conclusión de que eran muchos más los “pobres” españoles que los que se había pensado en principio. Y por consiguiente habría que aumentar la dotación presupuestaria destinada a tan noble causa.

Como tales iniciativas, generosas a más no poder, suelen descuadrar los presupuestos de los gobiernos y de las empresas estatales, la siguiente iniciativa que tomaría el “observatorio de la pobreza” sería sugerir al Gobierno que intentara recaudar más o que creara un “canon” especial para atender a nuestros desgraciados y “pobres” compatriotas, para ello, por ejemplo, bastaría con grabar con un pequeño tanto por ciento la gasolina, o el tabaco, o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, que sea de consumo corriente.

Llegados a este punto, ya se habría dado más de un caso de gente “pícara” que habría recurrido a alguna artimaña para pasar a ser catalogado como “pobre” aunque su circunstancia personal no fuera calificable de tal manera. También, como consecuencia lógica habría muchos contribuyentes (los que pagamos impuestos por coacción, y si pudiéramos “escaquearnos” los intentaríamos) que habrían llegado a pensar que la cruzada contra la pobreza era otra nueva estafa, y un despilfarro que no nos podemos permitir y que nunca se debió emprender, además de fomentar otra forma de parasitismo.

Los más pudientes ya habrían contratado los servicios de asesores fiscales para intentar no participar en el sostenimiento de una acción más de las muchas que emprende la élite oligárquica y caciquil que nos gobierna, o mejor dicho “nos malgobierna”, e incluso más de uno habría ya hecho algo para poner a buen recaudo sus ahorros y su patrimonio, fuera por el procedimiento que fuera, incluyendo el cerrar sus negocios e irse a otros lugares donde la casta parasitaria sea menos depredadora.

Moraleja: como decía un tal Winston Churchill, los colectivistas, socialistas, intervencionistas, son muy “amigos de los pobres”, por eso cuando gobiernan aumenta el número de pobres. Porque ¿Cuál acabaría siendo el resultado de emprender una acción semejante, inspirada en la bondad extrema de los sabios que forman parte del Congreso de los Diputados, sino el empobrecimiento y el saqueo de la clase media, de quienes trabajan y crean riqueza?

¡Ah, se me había olvidado, iniciativas de este tipo, más tarde o más temprano, aparte de generar déficit e inflación, acaban siendo financiadas con más y más deuda pública, y por tanto nos hipotecan más y más, por muchos años, y a nuestros descendientes directos y no tan directos!

Y por supuesto, iniciativas de esta clase aparte de fomentar la arbitrariedad de los gobiernos y quienes dirigen las empresas estatales, fomentan la corrupción de la que tanto nos hablan hipócritamente quienes la promueven con sus acciones, hipocresía que se encargan de amplificar los trovadores y aduladores de los medios de información que, también reciben enormes cantidades de dinero, en forma de subvenciones y regalos diversos por hacerle el caldo gordo a los gobernantes.

Carlos Aurelio Caldito Aunión.