En apenas unas horas, los compañeros de viaje del PSOE en una eventual investidura están exhibiendo sin pudor una falta de compromiso con las más elementales formas democráticas
Después de que el Rey propusiera a Pedro Sánchez como candidato para la investidura, se ha abierto el tiempo en el que el presidente del Gobierno en funciones debe buscar los apoyos parlamentarios para intentar revalidar su mandato al frente de un nuevo Ejecutivo. Han bastado unas horas para constatar que los socios del PSOE son, cuando menos, un tanto anómalos. En primer lugar, no podemos normalizar que formaciones políticas como EH Bildu, Junts, ERC o el BNG no hayan comparecido a la ronda de consultas iniciadas por Felipe VI. La descortesía de estos partidos nacionalistas con la jefatura del Estado y con lo que representa deberían ser prueba suficiente para evidenciar que los compañeros de viaje que el PSOE ha escogido para una posible investidura no cumplen con los requisitos mínimos de institucionalidad democrática que serían deseables en quienes están llamados a servir de sostén para un eventual gobierno. La situación no mejora sustancialmente en lo que se refiere a Sumar. Durante el tiempo en el que Alberto Núñez Feijóo intentó tejer una legítima mayoría parlamentaria, Yolanda Díaz no creyó oportuno reunirse con el líder del partido más votado en las pasadas elecciones generales. En aquellos días, la vicepresidenta segunda no tuvo reparos, en cambio, en reunirse en Waterloo con Carles Puigdemont y posar, entre sonrisas, delante de los fotógrafos.
Hace muy pocos días se hablaba de una investidura exprés y se valoraba como fecha posible el 17 de octubre. Aquella estimación optimista parece haberse desdibujado ya que desde Sumar han planteado como límite para las negociaciones la última semana de este mes. Sólo un ingenuo podría considerar que Yolanda Díaz no aceptará cualquier propuesta que le formule Pedro Sánchez sean cuales sean los detalles de la oferta. Una repetición electoral sería letal para Sumar, por lo que la extensión de este nuevo plazo sólo es una mascarada para que el PSOE y Junts puedan negociar el encaje de una inaceptable amnistía y otras prebendas fiscales. El activismo de Armengol, dando por hecha la investidura al tiempo que no fija un plazo, vuelve a dar muestra de su paradigmática mala praxis. Cada acción de la nueva presidenta del Congreso pone de manifiesto su falta de pericia así como su impúdica parcialidad.
Desde Junts las cosas tampoco parecen estar enteramente claras. Una asociación llamada Consell de la República votará la posibilidad de bloquear la «investidura en el Estado español». Este consejo es una entidad privada y fue creada por Puigdemont en Bélgica tras huir de la justicia. El sector crítico con la gestión del prófugo es minoritario, por lo que esta consulta no debería arrojar un resultado distinto del que decida el propio fugado. Sin embargo, la mera posibilidad de que se pueda privatizar una decisión de tanto calado demuestra a las claras el nivel de surrealismo político al que Sánchez está condenando a nuestro país al otorgar un protagonismo fundamental a Junts y a alguien como Puigdemont. Han bastado unas horas para que se hagan evidentes los frágiles e insólitos fundamentos sobre los que el PSOE estaría intentando vertebrar una mayoría parlamentaria que, por lo demás, no dejaría de ser precaria. Lo que parecía una investidura asegurada comienza a exhibir sus primeras fisuras. Independientemente de cuál sea el resultado final, la mera negociación de los apoyos está demostrando una total falta de escrúpulos no ya por personalidades políticamente tan excéntricas como Puigdemont, sino por aquellos que están dispuestos a entregarles la llave de la gobernabilidad de España a formaciones políticas alejadas de las más elementales formas democráticas.
Lo que el separatismo oculta mientras habla de ‘democracia’ o ‘derecho a decidir’
Escribo estas líneas pensando en la impresión que tendrán muchos extranjeros al leer las quejas de los separatistas catalanes. Parecen ser parias en un país que los maltrata y los discrimina.
Esa misma impresión es la que intentan dar algunos medios españoles ideológicamente afines al separatismo catalán. Pero hay una gran diferencia entre lo que el separatismo afirma y lo que pasa en realidad. Veamos algunos datos y hechos.
Dicen los separatistas que los catalanes tienen derecho a decidir su futuro, como si viviesen bajo una dictadura y alguien decidiese por ellos. Pero no es así. Como los demás españoles, los catalanes votaron libremente en el referéndum para aprobar la Constitución Española de 1978, esa Constitución que ahora están violando los separatistas. A lo mejor piensas que los catalanes votaron en contra de esa Constitución, pero no fue así: un 90,46% de los catalanes votaron a favor, siendo la cuarta región española que más apoyó el proyecto constitucional. En la provincia Madrid, en la que se sitúa la capital de España, tuvo un respaldo del 86,14%.
Los separatistas también dan a entender que los catalanes no se sienten identificados con la Constitución de 1978. Pues bien: el referéndum constitucional de 1978 fue el que más porcentaje de votos a favor tuvo de todos los referendos celebrados en Cataluña en los últimos 40 años. A modo de ejemplo, el Estatuto catalán de 1979 tuvo un 88,15% de votos a favor. El Estatuto de 2006 fue apoyado por el 73,24%. Los partidos separatistas que han iniciado esta ruptura ilegal con la Constitución ni siquiera consiguieron el apoyo de la mitad de los catalanes. Esos partidos separatistas (Junts pel Sí y CUP) reunieron un 47,8% de los votos.
Dicen los separatistas que ellos están haciendo un ejercicio de democracia. Pero la democracia implica que todos aceptamos las normas de convivencia libremente elegidas por los españoles en el referéndum constitucional. No es democrático que un 47,8% de separatistas rompan las normas de convivencia que se dieron el 90,46% de los catalanes. Y tampoco es democrático que un gobierno regional se salte la legalidad vigente y las sentencias judiciales, como ha venido haciendo el gobierno catalán en un constante desafío a la legalidad.
También afirman los separatistas que ellos sólo desean votar. Leyendo este argumento da la impresión de que a los catalanes nunca se les ha permitido votar. Pero no es cierto. En la actual monarquía parlamentaria española, los catalanes han votado en 13 elecciones generales, 11 elecciones al Parlamento de Cataluña, 10 elecciones municipales, 7 elecciones al Parlamento Europeo y 6 referendos. Es decir, que en la actual democracia española los catalanes han votado libremente en 47 ocasiones, en procesos que seguían las pautas legales y que reunían las condiciones exigibles a una votación democrática. Unas condiciones que no reúne el referéndum ilegal convocado por los partidos separatistas, aprobado en una sesión parlamentaria que violó el reglamento del Parlamento de Cataluña y la Constitución Española.
Los separatistas también dicen que Cataluña tiene derecho a autogobernarse. Con esto da la impresión de que los catalanes llevan décadas sometidos al mandato de un gobernador designado desde Madrid. Por el contrario, Cataluña fue la primera región española en obtener un Estatuto de Autonomía (junto con las provincias vascas: ambos fueron aprobados el 18 de diciembre de 1979). Es más: cuando otras regiones españolas aprobaron sus propios estatutos a partir de 1981 (en lo que entonces se conoció como el «café para todos») el separatismo catalán protestó, ya que entendía la autonomía como un privilegio que sólo les correspondía a ellos y a los nacionalistas vascos. Este afán diferencialista ha llevado a los separatistas catalanes a exigir siempre más competencias al Gobierno de España, convirtiéndose en una de las regiones de Europa con las mayores cotas de autogobierno. Ese trato privilegiado ha sido pagado por los separatistas con constantes muestras de deslealtad hacia España, promoviendo el odio hacia el resto de los españoles y fomentando un injusto victimismo, como si fuesen la región más maltratada, a pesar de ser una de las más favorecidas.
Dicen los separatistas que hay un conflicto que sólo puede remediarse con soluciones políticas. Lo que quieren decir es que su desafío a la legalidad debe cerrarse con más cesiones por parte del Gobierno de España, y que los actos de desobediencia deben quedar impunes. La exigencia de los separatistas implicaría romper uno de los pilares de toda democracia: la igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos estamos obligados a obedecer las leyes y las sentencias judiciales. Esas leyes y esas sentencias son los diques que nos protegen de los abusos de poder por parte de los políticos. La idea de que un político tiene derecho a saltarse la ley y las sentencias judiciales es una idea radicalmente antidemocrática.
Hay que recordar que el propio separatismo ha provocado ese conflicto con su desafío a la legalidad, y que lo hace aceptando como única la ley la ley del embudo. Y es que este mismo separatismo que habla de democracia, a la vez impone multas a los comerciantes que rotulan sus tiendas en español y obliga a los niños a cursar sus estudios solamente en catalán, unas prácticas radicalmente totalitarias en un territorio con dos lenguas oficiales, el español y el catalán. A esto hay que añadir que el gobierno catalán ha impuesto en los colegios un adoctrinamiento ideológico nacionalista que es absolutamente antidemocrático. A los niños catalanes se les imparte el odio a España y la falsificación de la historia para convertirlos en adeptos a la causa separatista. Esa misma manipulación se lleva a cabo desde la televisión pública regional, TV3, unos hechos que vienen siendo motivo de múltiples críticas desde hace décadas.
Finalmente, el llamado nacionalismo moderado se ha aliado con grupos independentistas de extrema izquierda como la CUP (de ideología comunista) para llevar a cabo este golpe separatista contra la legalidad constitucional. Se trata de grupos violentos que han protagonizado campañas de odio contra los turistas en Cataluña, llamando «terroristas» a quienes viajan a esa región por motivos de ocio. Esos grupos radicales de izquierda están siendo usados como una fuerza de choque para amedrentar a los defensores de la Constitución, llevando a cabo actos de acoso contra políticos y funcionarios (e incluso contra sus familias, incluidos sus hijos en edad escolar) y ataques contra sedes de partidos democráticos y negocios de los que no opinan como ellos. Los separatistas deben gran parte de su hegemonía en Cataluña al miedo: se han esforzado por infundir miedo entre todos aquellos que no están de acuerdo con el independentismo, incluso entre los niños.
Los medios de comunicación internacionales casi nunca informan sobre estos hechos y datos que acabo de señalar. Por eso, si sientes respeto por la verdad y por la justicia, si te consideras un demócrata y comprendes, como lo hacemos la mayoría de los españoles, que no puede existir una verdadera democracia sin el respeto por la ley, te ruego que compartas este artículo con tus amigos y conocidos. Esto tienen que conocerlo en todo el mundo.