Nadie que acepte la investidura de Torra podrá decir que no participa en el Golpe, porque lo hace.

Por Federico Jiménez Losantos

Plácido Fernández-Viagas, letrado del parlamento andaluz e hijo del primer presidente de la Junta de Andalucía, luego senador por el PSOE y miembro del CGPJ, publicó ayer en El Mundo un gran artículo que, a mi juicio, ilumina la gravedad de la situación institucional española tras la proclamación del candidato «limpio» que buscaba Rajoy y que ha resultado ser un racista redomado llamado Torra, cuyo discurso de investidura fue una burla al Estado, un reto a los jueces y una llamada al conflicto civil entre catalanes, que son los separatistas, y los «fascistas españoles que viven en Cataluña», más de la mitad de los votantes que no aceptan el apartheid antiespañol. Nunca se vio con tal claridad la condición criminal del proyecto separatista y la gravísima responsabilidad de las instituciones españolas si lo aceptan.

La ilegitimidad del nombramiento de Torra

Aunque Rajoy, empeñado en conseguir, para evitar nuevas elecciones, un gobierno de la Generalidad a cualquier precio, salió de inmediato a decir que «no le gustaba» el discurso de Torra, pero que aguardaba a «sus hechos», la elección de alguien que anuncia que proseguirá el golpe de Estado plantea un problema no sólo ético -¿debe firmar el Rey el nombramiento de alguien que insulta a los españoles y proclama su empeño en la ilegalidad?- sino legal y político: ¿es legítima la elección de Torra con un programa guerracivilista?

Tres son los aplastantes argumentos de Fernández-Viagas. El primero es el del nombramiento de Torra y su elección por el Parlamento regional.

«¿Reúne los requisitos necesarios para superar los límites impuestos por la aplicación del artículo 155 de la CE? Es muy dudoso la verdad, sobre todo si se tiene en cuenta que participar en un proceso de carácter delictivo lo impediría claramente. No se puede incidir en una rebelión y, al mismo tiempo, presidir una de sus comunidades autónomas. Un Estado serio no puede aceptar, por comodidad, miedo, prudencia incluso, una actuación fraudulenta contra su ordenamiento jurídico.»

A partir de ahí, esgrime tres argumentos. El primero, la continuidad de la actividad delictiva de Puigdemont, expresamente exhibida por ambos:

«La candidatura de Quim Torra ha sido impuesta por un señor, Puigdemont, que está encausado por hechos susceptibles de ser tipificados como rebelión, conspiración para la rebelión, o sedición, y que se considera aún presidente legítimo de la Generalitat. Más grave aún, pretende utilizar a Torra como un elemento meramente ejecutor de su proyecto calificado como delictivo. Si es consciente el candidato de todo ello, y no parece muy tonto, debería tener en cuenta que nuestro Código Penal cuando determina la responsabilidad criminal señala, en su artículo 29, que «son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos», algo en lo que podría incidir claramente Quim Torra. ¿Cómo puede considerarse, entonces, legítima una propuesta dirigida a consolidar una rebelión?»

El segundo argumento, aunque no lo cite el artículo, cabría integrarlo en la instrucción del Juez Llarena en el Supremo y el agravamiento del delito:

«Sería disparatado no tener en cuenta que los efectos de los delitos de que viene acusado el señor Puigdemont no han sido consumados. Sus propios autores recuerdan que su único objetivo es «implementar la República». Y en ese propósito se enmarcan las actuaciones que vienen realizando a nivel internacional, los distintos hechos de resistencia, activa y pasiva, que se desarrollan en Cataluña y, sobre todo, la enorme campaña que su aparato de propaganda, desde medios oficiales incluso, sigue protagonizando. El proyecto criminal, de existir, se encontraría en una fase decisiva, la de consolidación del enfrentamiento con parálisis de nuestro aparato estatal.»

Y el tercer argumento, escrito -ojo- antes del discurso de investidura de Torra, plantea el problema de fondo: la «vuelta a la normalidad»… golpista:

«Para restablecer la legalidad constitucional no basta con la elección de un «presidente limpio» de imputación penal. Es ridículo siquiera plantearlo, lo que es necesario es que no participe en forma alguna en hechos que, en su día, pudieran merecerla. Y lo cierto es que el señor Torra está siendo utilizado de manera instrumental en hechos muy posiblemente constitutivos de un delito de rebelión, que el Estado no puede tolerar.»

Evidentemente, si los tres argumentos bastaban y sobraban para rechazar la investidura del candidato por lo que había manifestado antes de la sesión de investidura, el discurso de Torra despreciando la Ley, retando al Estado e insultando a los partidos españoles de Cataluña, lo convierten en absolutamente intolerable. Nadie que acepte la investidura de Torra podrá decir que no participa en el Golpe, porque lo hace. A PP y PSOE, que han hecho del borrón y cuenta nueva la política ante el golpismo catalán, les resultará difícil rectificar, pero si Ciudadanos mantiene -debe hacerlo- la ilegitimidad de la investidura de Torra, Rajoy y Sánchez serán socios de sus fechorías, al mismo nivel de Podemos. Pero el partido más afectado es el del Gobierno.

Ni normalidad, ni legalidad: insurrección que pagan los españoles

El «manejo magistral de los tiempos» de Rajoy, que tanto elogiaban sus turiferarios cuando tuvo una mayoría absolutérrima y no la usó para nada, se ha revelado como una pereza pavorosa a cualquier compromiso con la acción de Gobierno, que es para lo que está en la Moncloa. La vergonzosa dejación de funciones ante el separatismo catalán durante casi seis años, los que consigna Llarena en la instrucción del caso contra los golpistas, ha sido fundamental para que la situación haya desembocado en esto: la designación de un racista por un forajido para representar al Estado Español en Cataluña.

Pero Rajoy tiene un problema: al entregarse de pies y manos al separatismo para tirar año y medio en La Moncloa, sin otro plan que el de su particular y exclusiva supervivencia, sus socios debían procurar no delatarle. Urkullu lo ha hecho al elogiar su «sensibilidad» con los asesinos de la ETA, y ahora la famosa estrategia del «candidato limpio» desemboca en este Torra, que empieza re-proclamando la República, despreciando la Constitución e insultando a los españoles de Cataluña, en los que antaño tenía votos el PP.

Torra ha dejado en ridículo a Rajoy y a Pedro Sánchez a las primeras de cambio. Y le ha servido a Rivera el menú completo para hartarse de votos del PP y el PSOE, indignados por su actitud ante el golpismo vasco y catalán. La estrategia «normalizadora», de la que Rivera supo salirse a tiempo y que Arrimadas enterró ayer con otra gran actuación simbólico-parlamentaria, es un filón electoral sencillamente inagotable para Ciudadanos. Cada fechoría que haga Torra, y las hará a diario, porque es un fanático racista y místico, genuinamente pujolista, como explicaba ayer su examigo Miquel Giménez en Vozpopuli, se cargará en el debe de Rajoy; y en el de Sánchez; y en el de Podemos, porque comunismo y racismo separatista nunca encajan del todo.

El dilema del Rey

Por último, por si faltaba algo, está el dilema del Rey, que apareció en televisión justo cuando, por la deserción bipartidista, ganaba el golpismo y sacó a la calle a la nación española, mostrando la inmensa fuerza que atesora y los partidos desprecian. Afrentado institucionalmente por Torra, que además participó en un escrche contra él, debe firmar (o no firmar) su nombramiento como representante en Cataluña del Estado que quiere violentamente destruir. Porque cuando Arrimadas dijo que Torra no venía a presidir la generalidad sino los CDR dijo exactamente lo que va a hacer: la máxima violencia contra los catalanes no nacionalistas y el máximo desafío al Estado.

¿Y puede el Rey hacerlo como si estuviera respaldando cualquier nombramiento del Gobierno en el ejercicio de su papel constitucional? Dicho de otro modo: ¿es constitucional colaborar con el golpe anticonstitucional? No me extrañaría que, por prudencia y previendo violencias futuras, el Rey retrasara la firma del decreto de nombramiento de Torra como representante del Estado hasta tener un informe del Consejo de Estado sobre la legitimidad de ese nombramiento. Sólo entonces, si fuera positivo, debería firmarlo. En mi opinión, por las razones dadas al principio -o sea, tomadas de Fernández-Viagas- no debería hacerlo. En todo caso, y respetando la difícil decisión que tome, un gesto formal de reprobación sería necesario.

Y si Rajoy y Sánchez se atreven a alegar que eso es salirse de sus funciones, que se preparen. Todos hemos vimos que tuvo que salir en televisión porque ellos no las cumplieron, ni las cumplen, ni piensan hacerlo. España ha entrado en un terreno pantanoso por su personal y política cobardía. Ya veremos cuándo y cómo podemos salir.