por J.B. Shurk

Traducción del texto original: The Antidote to Tyranny is Liberty, Not Democracy or International Government
Traducido por El Medio

El lenguaje político manipula el debate político. Los detractores del aborto que se definen a sí mismos como «pro vida» convierten semánticamente a los partidarios del aborto en «pro muerte». Los partidarios del aborto que se definen como «pro elección» semánticamente convierten cualquier oposición en «anti elección». ¿Quién quiere ser «pro muerte» o «anti elección», después de todo? Tal es la naturaleza de la política. Las palabras son armas: cuando se manejan con destreza, modelan el campo mental de batalla.

Así las cosas, ¿por qué los dirigentes occidentales hablan tanto de democracia y tan poco de derechos individuales? ¿Por qué predican las virtudes de las instituciones internacionales mientras demonizan el nacionalismo como algo xenófobo y peligroso? Eso significa que la soberanía nacional y los derechos naturales e inviolables están siendo atacados frontalmente en todo Occidente.

Se ha vuelto bastante común que los políticos europeos y estadounidenses dividan el mundo entre naciones «democráticas» y «autoritarias»; las primeras son descritas como poseedoras de una bondad inherente y las segundas, despreciadas como una amenaza para la existencia misma del planeta. Por supuesto, después de más de dos años de imposición de mascarillas, vacunas y permisos de viaje por el covid-19, a menudo por medio de acciones ejecutivas o administrativas unilaterales –y no por medio de una decisión del Legislativo o tras un referéndum popular–, cuesta afirmar que las naciones democráticas están libres de impulsos autoritarios.

Cuando los presidentes y primeros ministros elaboran y aplican leyes a su antojo so pretexto de los «poderes de emergencia», la ciudadanía no debería sorprenderse cuando descubren un sinfín de emergencias que requieren una actuación urgente. Si hay alguna duda al respecto, sólo hay que mirar la implacable decisión del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de sofocar las protestas pacíficas del Convoy de la Libertad de los camioneros contra la obligatoriedad de las vacunas experimentales, a principios de este año, confiscando cuentas bancarias y efectuando detenciones por la fuerza, con escasa consideración por el proceso debido o la libertad de expresión de los canadienses. La emergencia decretada por Trudeau prevaleció sobre los derechos individuales de los ciudadanos canadienses.

Ciertamente, la democracia en sí misma no es garantía de una sociedad noble y justa. En una democracia perfectamente funcional de cien ciudadanos, cincuenta y uno pueden votar para negar a los otros cuarenta y nueve la propiedad, la libertad e incluso la vida. Si un miembro de la minoría se ve esclavizado por el Estado o condenado a ser ejecutado simplemente porque la mayoría así lo desea, no cantará las alabanzas de la democracia cuando le pongan la soga al cuello.

Los principios del federalismo (donde la jurisdicción del gobierno soberano se divide entre una autoridad central y sus partes constituyentes locales) y la separación de poderes (donde las funciones judicial, legislativa y ejecutiva del gobierno se dividen en ramas distintas e independientes) procuran controles de peso contra la concentración y el abuso del poder.

Ahora bien, es la asunción que ha hecho tradicionalmente Occidente de los derechos naturales, que existen al margen de y son superiores a la autoridad constitucional, lo que brinda la mayor protección contra el poder injusto del gobierno (democrático o no). Cuando los derechos naturales se consideran inviolables, como sucede en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la libertad de expresión no puede ser censurada simplemente por que el gobierno no esté de acuerdo con determinado mensaje. Cuando la propiedad privada se entiende como un derecho inherente a los individuos, Trudeau no puede ir tan fácilmente a por las cuentas bancarias privadas al declarar una emergencia. Sin embargo, cuando los derechos naturales individuales se consideran obsequios del gobierno, desaparecen rápidamente cuando las autoridades lo consideran oportuno.

Cada vez es más frecuente que se ataque a los derechos individuales como «egoístas» y contrarios al «bien común». Si los gobernantes convencen a los ciudadanos de que los derechos personales no existen, o de que no deberían existir, entonces los regímenes autoritarios que adoptan diversos tonos de comunismo o fascismo llaman a la puerta.

El imperio de la ley no sanciona la tiranía simplemente porque lo injusto haya sido promulgado democráticamente. Si una minoría con derecho a voto resulta vulnerable ante los caprichos de la mayoría, entonces percibirá el régimen democrático como excesivamente autoritario. Y si su vida, su libertad o su propiedad están en juego, es muy posible que usted prefiera el juicio de un dictador benévolo antes que las exigencias de una turba resentida pero democrática.

Lo contrario de la tiranía no es la democracia, sino la libertad y los derechos individuales. ¿No resulta sorprendente, pues, que los dirigentes occidentales exalten la democracia pero rindan tan poco homenaje a las libertades personales? Sin duda, la civilización occidental debería ensalzar la libertad de expresión, la libertad de religión y la libertad de acción, tan arduamente conquistados. Sin duda, el avance de la libertad humana debería celebrarse como un triunfo de la razón y la racionalidad sobre los sistemas feudales de poder y sus formas imperiosas de control. Las sociedades libres se distinguen de los regímenes autoritarios por su firme protección de los derechos humanos inviolables, que existen con independencia del derecho estatutario. Sin embargo, rara vez se habla de la libertad y los derechos individuales. Los políticos ensalzan las «virtudes» de la democracia y poco más. Es como si un juego de manos lingüístico hubiera despojado a los ciudadanos occidentales de su patrimonio más valioso.

Los líderes políticos occidentales han recurrido al vudú retórico para sustituir la «libertad individual» por vagas nociones a la «democracia», y utilizado una brujería similar para sustituir la soberanía nacional por formas internacionales de gobierno. ¿Qué son la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud sino estructuras institucionales para debilitar el poder del voto particular de los ciudadanos de cada nación entregando a no ciudadanos poderes antaño vinculados a la soberanía nacional?

¿No es extraño que los dirigentes occidentales alaben la democracia por encima del autoritarismo mientras, al mismo tiempo, reducen el poder de sus votantes y refuerzan la autoridad de las instituciones extranjeras? ¿No deberían las naciones democráticas decidir sus propios destinos? Si no es así, si deben someterse a la autoridad de la UE, la ONU o la OMS, ¿pueden seguir afirmando que están siendo gobernadas democráticamente?

Hoy en día, nacionalismo es un término denigrante, como si todo lo que se haga en interés de la nación fuera intrínsecamente sospechoso. Los ciudadanos que expresan orgullo patriótico por su cultura y su historia suelen ser tachados de cerriles e intolerantes. Los movimientos políticos que defienden la autodeterminación nacional (como la coalición MAGA del presidente Trump en Estados Unidos y el Brexit en el Reino Unido) son ridiculizados habitualmente como «fascistas» o «neonazis». Y se les tacha de «amenazas« a la democracia incluso cuando triunfan en elecciones democráticas.

Pero ¿por qué las formas más grandes y vastas de gobierno internacional deberían considerarse más virtuosas y menos corruptas que las formas nacionales? Cuando Roma pasó de República a Imperio, ¿se volvieron sus instituciones, ya internacionales, intrínsecamente más fiables? Cuando el Sacro Imperio Romano Germánico unió gran parte de Europa, ¿lucieron sus emperadores menos autoritarios? Por otra parte, si el Partido Nazi de Hitler hubiera logrado conquistar toda Europa, ¿habría merecido su Unión Europea una mayor legitimidad que los regímenes nacionales de Polonia, Bélgica o Francia?

Seguramente es tan absurdo alabar las instituciones internacionales por encima de los regímenes nacionales sin tener en cuenta las formas que adoptan como lo es alabar la democracia sin tener en cuenta las libertades y los derechos individuales. Seguramente es más fácil fiscalizar las acciones de un político local que exigir responsabilidades a un funcionario de un ente lejano, en Washington DC, Nueva York, Bruselas o Ginebra. Sin embargo, los organismos internacionales gozan hoy de una enorme consideración, mientras que los nacionales son tratados con frecuencia con desdén. Es como si la soberanía nacional hubiera sido demolida porque no se puede confiar en los votos de las naciones democráticas para servir a los intereses internacionales. Cuando los líderes occidentales replican como loros lo quedice el Foro Económico Mundial, no parece que sigan el mandato de sus electores. Recurrir a organizaciones no electas, no transparentes y que no rinden cuentas parece una forma bastante extraña de luchar contra el autoritarismo.

Cuando a las poblaciones nacionales se les niega la autodeterminación y las libertades personales se tratan como privilegios en vez de como derechos, la tiranía nunca está lejos de imponerse. Ocultar esa realidad tras manipulaciones del lenguaje no cambia la poderosa verdad. Simplemente se difiere el conflicto para más tarde, cuando sea más explosivo.