Por  Juanma Badenas

Leí con atención el último artículo de José Javier Esparza publicado en este periódico. En él se aborda el llamado “Gran Reinicio” (Great Reset, según su nombre original en inglés). No me voy a extender sobre su contenido (de imprescindible lectura), simplemente voy a recordar al lector que el reinicio consiste en lo que las élites financieras mundiales han decidido que será nuestro mundo dentro de diez años. Esparza nos advierte de que no se trata de un plan oculto, sino de una planificación completamente abierta y transparente en la que están de acuerdo el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial y otras instituciones globalistas, entre las que se encuentra el Partido Demócrata norteamericano. La reelección de Trump hubiera supuesto un pequeño inconveniente en la producción de estos planes, así que había que hacer todo lo posible (los lectores ya me entienden), para evitar la reelección, tal y como los hechos acontecidos antes, durante y después de las elecciones del pasado 3 de noviembre han demostrado con claridad.

El Gran Reseteo se apoya en ocho puntos, siendo el primero de ellos, a mi juicio, el de mayor transcendencia: “No tendrás propiedades y serás feliz, alquilarás lo que quieras y será entregado por un dron”. Expuesto así, parece algo inofensivo, diríase que incluso bienintencionado, pues habla de que seremos felices sin necesidad de tener nada. Me recuerda un refrán que bien podría haber inventado el papa Francisco: “no es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita”.

En efecto, ser propietario implica preocupaciones, ya que hay que cuidar y conservar la cosa, mantenerla, pagar impuestos y otras molestias. Así que si —de acuerdo con la Agenda 2030— en los próximos diez años vamos siendo todos y cada uno de nosotros progresivamente despojados de la carga de la propiedad, seguramente seremos más felices. ¿O no? 

Veamos algunos ejemplos. Hoy, muchos tenemos un coche e incluso una casa, lo cual nos permite desplazarnos por cuenta propia y habitar en una morada estable en compañía de nuestra familia. Es verdad que poseer un coche obliga a mantenerlo, pagar un seguro, impuestos, etc., y que para tener una casa casi siempre hace falta constituir una hipoteca, contribuir con el IBI, cuidarla e incluso tener que pagar los gastos de comunidad; pero mientras somos propietarios estamos seguros de que normalmente, hasta que decidamos venderlos, podemos seguir utilizando el coche y la casa sin que haya nadie que nos lo pueda impedir.

Sin embargo, como sabe el lector, la propiedad no es lo mismo que el arrendamiento. El inquilino tiene un contrato temporal que necesita ser renovado cada cierto tiempo. No es lo mismo ser el propietario de un coche que ser su arrendatario, y tampoco es igual ser el dueño del inmueble que estar a merced de un alquiler. Hay algunas cosas que conviene tener en cuenta: sólo el propietario de la vivienda puede hacer reformas en ella y ajustarla plenamente a sus necesidades, mientras que el inquilino ha de pedir permiso al propietario a veces incluso para cambiar el color de las paredes. La situación actual de propiedad e inquilinato se corresponde con la de un mercado en el que hay una gran variedad de propietarios (grandes y pequeños, empresarios y particulares), con unos Derechos nacionales muy protectores de los intereses de los inquilinos (en España vamos a tener hasta una Ley antidesahucios). Pero la situación no será la misma si los propietarios son solo unos pocos fondos internacionales, radicados en no se sabe dónde, con unos Derechos nacionales cada vez más irrelevantes, sin papel moneda —sino simplemente monedas digitales, controladas por unos pocos bancos centrales y otros agentes desconocidos— en la que todos los arrendamientos serán celebrados por medio de smart contracts (contratos inteligentes), que seguidamente explicaré.

Los smart contracts son un tipo de programas informáticos que, según una definición bastante extendida, “facilita, hace cumplir y ejecuta acuerdos registrados entre dos o más partes”. Es decir, son unos contratos digitalizados que al mismo tiempo que formalizan un acuerdo entre las partes (por ejemplo, un arrendador y un arrendatario), permiten que el contrato se vaya ejecutando minuto a minuto y segundo a segundo, de acuerdo con la programación establecida en el propio contrato. De manera que ya no hace falta que haya leyes ni jueces, ni nada parecido, porque es el propio contrato, basado en la tecnología blockchain (cadena de bloques), el que actúa como intermediario entre las partes. Todo se debe realizar conforme a lo establecido en la cadena de bloques de información, de manera que si una de las partes deja de cumplir lo estipulado en el contrato inteligente la relación queda escindida desde ese mismo momento. Veamos otro ejemplo. Algunas compañías de alquiler de vehículos están empezando a plantearse el uso de smart contracts para la celebración de sus contratos con los consumidores. Cuando el arrendatario del coche firma digitalmente el contrato recibe una llave que le permite acceder al vehículo y usarlo, a condición de que cumpla todo lo estipulado; porque, en caso de que el contrato detecte algún tipo de irregularidad, la llave del coche queda automáticamente bloqueada, de manera que el arrendatario es privado, desde ese mismo instante, de su uso.

La misma práctica se podría trasladar a los arrendamientos de viviendas o de cualesquiera otros bienes. Si el contrato inteligente, tal y como ha sido programado por la parte arrendadora, detecta algún tipo de incumplimiento por parte del inquilino (por ejemplo, un “uso inadecuado” del inmueble, un retraso en el pago de la renta, etc.), automáticamente se bloquea la llave de acceso a la casa, el suministro de gas y electricidad y cualquier otra cosa vinculada con la vivienda. Todo ello en cuestión de segundos, sin posibilidad de reclamación ni desahucio, porque es el propio contrato inteligente el que actúa como intermediario y juez entre las partes.

Esto, desde el punto de vista jurídico es muy interesante; pero, desde el de los usuarios, no parece tan divertido. Sobre todo, si —tal como prevé el Gran Reseteo— en los próximos diez años la propiedad queda concentrada en muy pocas manos (las de los grandes plutócratas globales) y Europa se convierte en un continente de arrendatarios. Aunque felices (¿o no?).

Durante la Edad Media la propiedad también estuvo concentrada en pocas manos; pero, al menos, los señores, por medio del acuerdo de vasallaje, tenían un compromiso de defensa y protección de los vasallos que trabajaban sus tierras, cosa que no estoy seguro de que se produzca entre los inquilinos y los titulares anónimos de los fondos internacionales que terminarán por convertirse en propietarios de los bienes. Porque la Agenda 2030 habla de que todos seremos arrendatarios, sin decir que alguien deberá seguir siendo el dueño de las cosas; pues no puede haber arrendamiento sin que alguien ostente la propiedad del bien que se arrienda. Lo que se nos viene encima no será como el comunismo (en que la propiedad de los bienes correspondía al Estado), pero acaso sea mucho peor.

Como decía Aynd Rand, “sin derechos de propiedad ningún otro derecho es posible”. Quien tiene el control sobre tus cosas tiene el control de tu vida. ¿De qué sirve reclamar el derecho a la libertad de expresión o de asociación, ideológica o religiosa, si tu vida depende de que un gran fondo internacional esté contento contigo? El derecho a disfrutar de “tu casa”, de “tu coche”, de “tu teléfono”, de tu conexión de internet, estará a merced de un click del gran suministrador de los bienes y de los servicios, por medio de los contratos inteligentes. También los “jueces” (aunque se habilitará una especie de justicia automática por medio de programas informáticos) y los “políticos” habitarán en las casas y utilizarán los coches y los teléfonos, ordenadores, etc. de las grandes compañías, controladas por los fondos internacionales, señores de todos los bienes.

Al final todo va concordando. Santiago Niño-Becerra lleva algunos años vaticinando la defunción del sistema capitalista que trajo consigo la Ilustración, la democracia liberal y el Estado de derecho, tal como hasta ahora lo estábamos conociendo. Él sitúa el colapso definitivo en torno a 2065, aunque reconoce que la crisis del Covid-19 va a acelerar el derrumbe. Coincide con los representantes del Foro Económico Mundial y de las restantes organizaciones globalistas en que el futuro al que nos encaminamos será sin derecho de propiedad, en un mundo lleno de arrendatarios felices que esperarán la llegada del dron milagroso.

¿Por qué las predicciones de Niño-Becerra y del Foro Económico Mundial se van a cumplir tan rápidamente? Pues porque el empobrecimiento causado por la “gran pandemia”, que nos ha traído el coronavirus —que no se sabe muy bien cómo se originó— provocará, más pronto que tarde, un abaratamiento del precio de los bienes que muchas personas no tendrán más remedio que vender, lo cual producirá, a su vez, que quienes tengan liquidez (especialmente, los grandes fondos internacionales) compren muy barato. Y si esto no se consigue a la primera, vendrán dos, tres o más crisis económicas —como la de 2008— que conseguirán que se produzca el definitivo abaratamiento de los bienes y que todos terminen siendo comprados por los citados fondos (esto en lo que respecta a los inmuebles). La proscripción de los combustibles fósiles también traerá consigo que, en menos de diez años, todos nuestros coches de gasoil y gasolina resulten inservibles y que terminemos recurriendo al alquiler de vehículos eléctricos de uso temporalizado. En fin, seremos muy felices, aunque ya no tengamos nada. También la molestia de pensar cómo repartir nuestra herencia dejará de ser una preocupación; pues lo único que tendremos será un puñado de contratos inteligentes y de cadenas de bloques de información, junto a la esperanza de que un dron nos traiga algo que realmente no necesitamos, pero que los grandes amos del mundo han decidido que sí deberíamos necesitar.