A día de hoy trece Comunidades Autónomas gobernadas por partidos de diverso signo político han aprobado leyes denominadas genéricamente LGTBI. En todas ellas, sin excepción, se atenta contra ese bien fundamental del hombre que es su libertad. Estas leyes, que están ya vigentes, en su mayoría, conculcan derechos básicos de las personas, como son: la presunción de inocencia, la libertad de expresión, la igualdad, la libertad de cátedra, la seguridad jurídica, el derecho de los padres a educar a los hijos según sus convicciones, etc.. Y en especial atentan contra los más vulnerables, los menores, conculcando el principio del interés superior del menor.

El iter legislativo, puede culminar en breves semanas con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la “Proposición de ley de Podemos contra La discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales”.

Esta Proposición, lejos de perseguir lo que afirma, no solo atenta contra numerosos derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, sino que trata de imponer una ideología, una forma de concebir al hombre, violentando la ciencia bajo unos parámetros no científicos, y todo ello en un marco de absoluto relativismo moral, con el perverso sello de estimular guerras y odios entre iguales. Por supuesto, con la prescripción y aplicación de sanciones para el que disienta. Única forma de hacer prevalecer a una ideología contraria a la naturaleza.

Esta ley prevé una legislación específica, para un determinado grupo de personas, en función de su orientación sexual, produciendo una discriminación con cualquiera otro que entienda la sexualidad de manera diferente.

El sexo biológico desaparece frente al “sexo sentido”. Los menores podrán recibir tratamientos irreversibles que, según dictamina la Asociación de Pediatras Americana, hacen un profundo daño a los niños.

Se prohíben tratamientos para revertir el sexo hacia la heterosexualidad, aun pudiendo ser esta la voluntad del paciente.

Introduce en la escuela una determinada forma de entender la sexualidad, siempre contraria al sexo biológico y a la evidencia científica, violentando el derecho de los padres y se transgrede la clara obligación de absoluta neutralidad del Estado en estas cuestiones.

Culpabiliza a todo aquel que pueda disentir, imponiendo sanciones de forma discrecional a quien sea denunciado por discriminación, con el único parámetro subjetivo del sentimiento del presunto ofendido.

Todo ello bajo la excusa de igualdad y no discriminación, que encierra toda una estrategia para modificar culturalmente nuestra sociedad y subvertir los valores en los que se asienta nuestra Carta Magna. ¿Cómo no defender la igual dignidad de toda persona? ¿Cómo no luchar contra cualquier tipo de discriminación? ¿Cómo no crear en los colegios pautas en contra de cualquier ataque a un compañero? Pero… lamentablemente, esta no es la intención. Nuestro ordenamiento jurídico actualmente responde ante estos posibles ataques.

La ley de Podemos, que es muy parecida en sus postulados a la aprobada por unanimidad en la Comunidad de Madrid, y que conlleva en ambos casos sanciones a quien disienta, ha sido objeto de una enmienda a la totalidad presentada por el GPP. Una enmienda que trataba de que se aprobara un texto, por otra parte innecesario, de no discriminación. Un gran avance, si se hubiera aprobado, con respecto a todo lo anterior (aunque pueda disentir de parte de su contenido). Pero, en mi opinión, esta enmienda iba más dirigida a dar una pátina de cordura y trasladar un mensaje a sus votantes, que realmente a defender lo obvio.

“Paroles, paroles, paroles…” se oyó en el hemiciclo.

Un discurso consistente, que denunciaba vulneraciones de derechos fundamentales, que era digno de alabar, y que hacía falta oír, pero en el que se introdujo, justificando a modo de torpe excusa, que en las Comunidades Autónomas donde se gobierna, existen leyes similares que ya se están aplicando. Madrid, Galicia, Extremadura o Murcia. Esa reafirmación, no parece muy coherente. Porque esas leyes autonómicas, que adolecen de los mismos errores que denuncian para la Ley de Podemos, se están aplicando, introduciendo sus pautas culturales, y sancionando a quien disienta. Lo hemos podido comprobar con el director de un colegio en Madrid, perteneciente a la institución educativa Educatio Servanda.

En su virtud, y atendiendo a la coherencia, la Plataforma por las Libertades, formada por más de cien asociaciones, reivindica la derogación de estas leyes autonómicas, que contradicen de forma evidente el discurso del PP en el hemiciclo, y lo que es más importante, contradicen la Constitución Española.

Ahora bien, la consagración de la colonización ideológica a nivel nacional, viene de la mano de Podemos y, lamentablemente, con el apoyo fundamental de los dos partidos PSOE y Ciudadanos. El resto de grupos parlamentarios que componen la Cámara han dado el visto bueno a la tramitación de la Ley (excepto PP y UPN del GP mixto). Auspiciada por la izquierda esta revolución social de deconstrucción del hombre y la familia, encuentran ahora, la inestimable ayuda de Ciudadanos, que aprovecha cualquier oportunidad para crear inestabilidad, con afán oportunista, sin importarle la defensa de tal o cual derecho incuestionable del hombre.

El procedimiento requiere en este momento, que el texto acometa el trámite de enmiendas parciales. Si se aprueba en sus términos actuales, se consagrará a nivel nacional, “el ataque a la libertad, en nombre de la libertad”, como afirma Gabrielle Kuby. Esta nueva ley que de principio a fin, persigue una colonización ideológica, poco podrá mejorarse con unas enmiendas parciales. Podrá minorar sus graves efectos, pero…, ojalá me equivoque, se utilizará la demagogia imperante para, en nombre de la libertad, atentar contra las libertades y sobretodo hacer un gravísimo daño a los niños. Porque,cuando se atenta contra la verdad del hombre, se hace precisamente más daño a aquellos a quien se dice defender.

Serán en fin los Tribunales y en concreto el Tribunal Constitucional, quienes tendrán que dirimir, después de pasado un tiempo su legalidad o constitucionalidad. Es la consecuencia de la actitud de políticos y gobernantes que en unos casos delegan su función representativa en ellos, como estamos viendo últimamente (y como ha ocurrido con el ya olvidado tema del aborto) y en otros casos como éste, legislan en contra de sus propios ciudadanos. Han pasado casi ocho años desde que se presentó el recurso contra la actual Ley del Aborto en el Constitucional, por lo que, podemos concluir, que en similares circunstancias, se habrán conseguido para entonces parte de sus objetivos de normalización aceptación e irreversibilidad.

Ante esta desoladora situación política, en tema tan trascendente, solo nos queda…. ¡Despertar!Un despertar que ha de comenzar por recordar a nuestros representantes cuál es su verdadera obligación. Y si no es la defensa de las libertades… ¿Cuál es entonces?

Lourdes Méndez Monasterio 
Coordinadora de la Plataforma por las Libertades