«A caballo entre la ignorancia histórica, el postureo y la mala fe, quienes convocan una huelga general feminista para protestar por la discriminación prescinden de que sigue vigente el engendro zapateril de la ‘discriminación positiva’.»
Por Antonio Escohotado en Libertad Digital
Tras el auge del terrorismo comunista en los años 70 y 80, respaldado de modo más o menos abierto por una industria cultural inclinada a ver en Marx «sencillamente la verdad objetiva» (Sartre), la implosión soviética supuso para esa conciencia entrar en una fase de espora, donde seguiría hasta descubrir aliados en el integrismo islámico y en el imperio académico de la posmodernidad.
Roma, por ejemplo, perdió muchos catecúmenos fervorosos no suscribiendo «la preferencia de Dios por el pobre» llamada Teología de la Liberación, y explicó sus objeciones en la Libertatis Nuntius (1984), un extenso informe de Ratzinger dedicado a mostrar el compromiso de dicho movimiento con la lucha de clases. Pero desde 2013 el solideo papal lo ostenta un adalid de la rama bautizada como Iglesia del Pueblo, que hoy reclama la santificación de 69 mártires asesinados en la franja de terreno comprendida entre Canadá y la Patagonia, todos ellos por defender «la permanente e incondicional apuesta de Dios contra los encumbrados, y a favor de los humillados».
El papa Francisco llama «pueblo de Dios» al conjunto de «los excluidos por la globalización», y está sin duda en lo cierto cuando alega que el comunismo no es un fenómeno reciente, sino fidelidad a la condena del rico –espiritual y material– expuesta por el Sermón de la Montaña, núcleo a su vez de la verdad revelada. Cree que los satisfechos son tan culpables de los insatisfechos como los prósperos de los míseros, y en 2016 se besó repetidamente con los imames supremos del Islam chiita y sunita, mediando gestos de cordialidad tan emocionada como los mostrados al encontrarse con Fidel y Maduro.
En El sueño zapatista, que demostró la potencia editorial del marxismo publicándose simultáneamente en nueve lenguas, el subcomandante Marcos explica que «la caída del Muro significó el desierto, la soledad, lo irreal del mundo por el que luchábamos (…) sin dar lugar a un mundo mejor, más abierto, más plural, sino a un ascenso de la derecha», y en Chiapas se celebraría el primero de los Encuentros Internacionales por la Humanidad y contra el Neoliberalismo (1996).Lo abierto es el telón de acero, y el mundo plural lo contrario de la globalización, dos paradojas ilustrativas del respeto por la coherencia que caracteriza a un espíritu enemistado ante todo con la libertad responsable, y herido allí donde cualquier ciudadanía se emancipe de caudillos redentores.
Si coordinamos el treno jeremíaco del subcomandante con el orden prosaico de cosas, descubriremos que aquella década coincidió con los mandatos de Clinton en los USA, y en Europa con otros tantos de laborismo británico y socialdemocracia, gracias a los cuales se consolidó una inversión pública sin precedente en enseñanza, sanidad, seguros sociales y pensiones. Esto le parece al subcomandante «ascenso de la derecha», porque el realismo de cuadrar gastos con ingresos ha logrado sostener el sistema asistencial más amplio de los anales, pero es anatema para el pobrismo victimista lograrlo con innovación económica y concordia política, correlacionando prestaciones y productividad.
Desde 2000, cuando el adversario se concreta en la Organización Mundial del Comercio, los disturbios ligados a cada una de sus reuniones exhiben lo que Fernando Savater llama «izquierda centrifugada», y el Foro de Porto Alegre abre el año siguiente enumerando algo más de 1.400 tendencias –algunas unipersonales–, detalladas por sus organizadores como testimonio de fortaleza y universalidad. Todos coinciden en que «la miseria se agudiza vertiginosamente», una tesis avanzada por Marx en 1848, a su juicio compatible con que en 2018 el planeta sostenga diez veces más habitantes, y haya multiplicado por tres tanto la esperanza de vida como la renta per cápita.
Siglo y medio de experiencia no basta para tocar una coma de la idea fija, que empezó blindándose como revelación y quiso luego pasar por humanismo, basada siempre en que «los de abajo» se venguen al fin de «los de arriba». Partiendo de conceptos tan veraces como la conspiranoia, y brújulas tan ecuánimes como el rencor de clase, la idea fija da por seguro que «la fría lógica de la ganancia» debe domarse con «lo irresistible del deseo profético». Son palabras del profesor A. Negri, cuyo ensayo Imperio (2003) refleja tanto como El sueño zapatista la nostalgia por el Muro, deplorando «la facilidad con la cual cruzan fronteras las tecnologías, las personas y los bienes».
La última novedad en este orden cosas es el rencor de género, que ha decidido ligar capitalismo con virilidad como el subcomandante Marcos unía la indigencia con un crecimiento de la derecha, aunque desde finales de los años 40 hubiese optado en toda Europa por engrosar el centro. A caballo entre la ignorancia histórica, el postureo y la mala fe, quienes convocan una huelga general feminista para protestar por la discriminación prescinden, para empezar, de que sigue vigente sine die el engendro zapateril llamado discriminación positiva, como si discriminar no fuese la esencia de lo injusto, y en este preciso campo un estímulo para pervertir abierta o veladamente el principio constitucional de igualdad ante la ley, y el afán de igualar también las oportunidades.
Tanteando hasta dónde podría la izquierda centrifugada rascar algún voto extra, y como una especie de plebiscito informal sobre el posible retroceso de Podemos y afines, dicha jornada de paro muestra la misma indiferencia hacia el rendimiento de empresas y servicios que los disconformes genéricamente con la existencia de mercancías, porque llamar la atención sobre el grupo autobautizado como 8-M prima sobre cualquier perjuicio o molestia a terceros, por supuesto de ambos sexos.
Tras almorzar, cuando Libertad Digital me invitó a escribir algo sobre esta huelga, pregunté a mi mujer qué opinaba de la iniciativa, y me dijo textualmente: «No nací víctima, y agradezco haber nacido en un país donde he tenido todas las oportunidades que quise tener». ¿Cuántas españolas piensan lo mismo? ¿Y cuántas coinciden en ver un sesgo ideológico tan siniestro como contraproducente en el paquete zapateril de medidas dirigidas a prevenir y castigar la violencia de género? Ojalá lo supiera, porque el seguimiento de la iniciativa anti «heteropatriarcal» bien podría depender mucho más de pereza y gregarismo que de plantearse el fondo del asunto, y los convocantes han dado por eso muestras de aptitud en la asignatura llamada «agitprop» desde Lenin.
En todo caso, quienes firman el manifiesto publicado anteayer llaman «a celebrar el 8 de marzo que la gran mayoría de las mujeres en España somos libres para elegir carrera profesional, trabajo y tipo de vida». Olé sus arrestos, y olé su cordura, que serán sin duda necesarios para capear la nueva invitación al resentimiento, y la deslealtad de omitir los progresos realizados. Nadie en sus cabales negará que la española puede ampliar esos logros, pero no será vistiendo a las monas de seda, ni sustituyendo una evolución gradual por decretos.
No por llamarse subcomandante perderá quien usa el alias Marcos sus ansias de Comandante Supremo, y no por representar a la Iglesia de Roma dejará Bergoglio de confraternizar al tiempo con dictadores rojos y pontífices de una religión que manda matar al apóstata, y trata a la mujer como menor de edad perpetuo. Tampoco decir que defiende la igualdad le quitará su rabia vindicativa al feminismo del 8-M, empeñado en trasladar la guerra civil al ámbito de la relación sexual.
desacuerdo sea expuesto como odio y acusarlo de eso. Pronto, en el momento que alguien se atreva a afirmar su desacuerdo con ese estilo de vida, será verbalmente atacado e injuriado como alguien que odia al homosexual. Así eventualmente, aunque solo estén en desacuerdo con la homosexualidad las personas comienzan a mantenerse calladas. Es decir la corrección política se utiliza para forzarlo a aceptar un nuevo valor, suprimiéndole el de su tradición.
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Para comprender cómo se lucran todas estas entidades, es necesario entender que se trata de un circuito de retroalimentación, donde se encuentran las denuncias por violencia de género, los presupuestos y subvenciones y la financiación con los Fondos Europeos. Cuantas más denuncias, más ayudas, más financiación; y cuantas más ayudas, más se incentivan las denuncias.
Las denuncias falsas existen
Hasta la década de los 90 se producían en España en torno a 15.000-20.000 denuncias al año por violencia de hombres a mujeres en el ámbito de la pareja. Posteriormente, hasta principios de este milenio, se registraron unas 70.000 denuncias anuales. Y a partir del 2005, con la implantación de la ley, las denuncias ascienden a 126.000 al año, cifra que continúa aumentando (en 2017 ya 166.000). El primer salto se explica porque, en 1999, comienza a contemplarse el maltrato psicológico como delito y, además, el delito de violencia contra la mujer se extiende a los casos entre ex parejas. Eso explica que se incremente sustancialmente el número de denuncias.
Pero el segundo salto no se debe a una recalificación de los actos delictivos, sino a la “Ley contra la Violencia de Género”, que introduce el concepto de discriminación positiva, vulnerando así, de forma evidente, la igualdad ante la ley. Se empiezan a aplicar penas diferentes en función de si el hecho lo comete un hombre o una mujer. Incluso, determinados actos constituyen delito si son cometidos por un hombre… pero no si los comete una mujer. También se suprime la presunción de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba: el hombre denunciado es culpable hasta que no demuestre su inocencia. Y, además, esta ley concede sustanciosas ayudas económicas y ventajas jurídicas a las mujeres que denuncian, incluso antes de que se dicte sentencia.
No sólo eso, se crea una jurisdicción específica para la violencia de género, unos Tribunales de Excepción, inconstitucionales pues están expresamente prohibidos por la Constitución Española de 1978, en los que solamente se juzga a hombres. A este proceso discriminatorio se le añade otro más perverso: se crean fuertes incentivos para que la mujer acuse a su esposo de malos tratos en los procesos de separación conyugal. Hasta el punto que surgen abogados especializados en ello, que introducen estas acusaciones como elemento de presión en la negociación del divorcio.
Pero, ¿qué impulsa a una mujer a recurrir a estas más que dudosas prácticas de denuncia indebida? Muy sencillo: con una denuncia por malos tratos se agiliza el proceso de separación. Para empezar, el expediente de separación pasa de ser un trámite civil (Juzgado de Familia) a uno penal (Juzgado de Violencia de Género). Además, sin que el esposo haya sido juzgado, se aplican medidas cautelares desproporcionadas, como una orden de alejamiento.
Pero aquí no termina el despliegue de incentivos. La mujer que ha denunciado obtiene, en pocos días, la custodia total de los hijos, una pensión alimenticia y el derecho exclusivo al uso de la vivienda. Y, aunque la mujer disponga de medios económicos sobrados, puede beneficiarse de los servicios gratuitos de un abogado a cargo de la Administración. Infinidad de beneficios para la mujer; al hombre, por el contrario, se le despoja de todo sin haber sido ni siquiera juzgado.
Las denuncias falsas apenas se investigan
Mientras esta práctica inmoral está a la orden del día, los medios de comunicación insisten en afirmar que sólo el 0.0075% de las denuncias son falsas. Su fuente proviene de la Fiscalía General del Estado pero lo que dice esta fiscalía realmente no es que sólo exista este porcentaje de denuncias falsas sino que solo ha investigado y comprobado como falsas ese número. Existen muchas más que quedan impunes. Pero ¿por qué no se investigan?
Los procesos legales son complejos; si el juez no aprecia delito de violencia de género se debe a que o no existió o bien no se encuentran indicios o pruebas. La mayoría de las veces no se sabe si se debe a una razón u otra y por ello se procede a archivar y a absolver al hombre denunciado. Del más de millón de denuncias interpuestas desde la ley, la tasa de delitos inexistentes, archivados o sobreseídos es del 80% respecto a los hombres enjuiciados, según los datos del CGPJ. Exactamente ahí, en esas sentencias es donde se ocultan las denuncias falsas.
Ahora bien, si el juez tiene claro que no hay pruebas porque no hay delito de malos tratos y sospecha que la denunciante lo sabía, entonces se puede abrir un nuevo proceso por denuncia falsa. Pero este nuevo procedimiento discurre de igual modo: si no hay pruebas de denuncia falsa, el caso se archiva. Al contrario, si hay pruebas de ello y se condena, la pena máxima para esa mujer es de 2 años de prisión pero, sin antecedentes, la pena queda en suspenso. Por tanto, para una mujer, el riesgo de denunciar falsamente a su esposo es mínimo, casi inexistente.
Resumiendo, ese famoso 0,0075% hace referencia solamente a los casos en los que se abrió un proceso penal contra la mujer, se acusó, juzgó y condenó, confirmando la Audiencia Provincial la sentencia. Cabe preguntarse por qué la Fiscalía no actúa de oficio ante un falso testimonio. Lo cierto es que sólo actúa en casos muy flagrantes y, además, resulta que denunciar sin pruebas no es un delito. Pero, sobre todo, lo fundamental aquí es que la Fiscalía no es independiente: trabaja para el Gobierno, para el Poder Político.
Existen incentivos cuantiosos para incitar la denuncia falsa
Todo el edificio económico de subvenciones pivota en un hecho jurídico, las denuncias. A través de la ley se establecen unos criterios para el reparto de los Fondos Europeos. Una tercera parte de los fondos atiende a criterios vinculados con valores demográficos. Las otras dos terceras partes atiende al número de mujeres asesinadas, al número de mujeres que se declaran maltratadas y al número de denuncias interpuestas. Así, a mayor número de denuncias más dinero procedente del Fondo Social Europeo se reparte al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Qué mejor forma de obtener fondos que por medio de las denuncias. Pero, para ello, tuvieron que modificar el Código Penal y violentar los principios de igualdad ante la ley, causalidad y presunción de inocencia. Así se amparan situaciones esperpénticas como un hombre que fue condenado por soltar una ventosidad durante una discusión con su pareja. Incorporándose este hecho en el largo catálogo de acciones punibles por las que los hombres pueden ser denunciados. En palabras de Soledad Murillo de la Vega“cuando hicimos la ley se nos planteaba el dilema entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas”. Suena a naufragio: “primero las mujeres y los niños”.
A las motivaciones para denunciar se suma la llamada Renta Activa de Inserción (RAI),una ayuda que, como otras, se concede a la mujer por la mera denuncia, sin que exista base legal base legal constitutiva de la existencia de maltrato. Así se explica que, a pesar del descenso de número de hombres condenados, haya aumentado el número de mujeres perceptoras de los pagos de la RAI: 10.913 hombres condenados frente a 31.555 mujeres perceptoras de la RAI en 2015.
A este sistema de percepción de fondos se le suman las múltiples subvenciones que conceden las Administraciones Públicas. Hace poco Absolutexe, el Grifo de Twitter, documentó más de 93 millones de euros concedidos, en más de 9.000 subvenciones aprobadas desde el año 2014. Partiendo de los términos “mujer” y “convocatoria” hizo toda una aproximación. Así aparecen entidades como la Fundación Mujeres, la Asociación Mujeres para la Salud o la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quienes reciben cuantiosas ayudas en esta materia además de otras distintas instancias. En cualquier caso, la lista de entidades que reciben subvenciones es muy larga. Es todo un enredo de aportaciones que confirma el lucro de estas asociaciones y otras tantas. Pero también confirma el papel del Estado y su intención a la hora de incentivarlas y mantenerlas.
La verdadera lacra de la Ley de Violencia de Género
Como se puede apreciar, esto es un círculo vicioso: la pescadilla que se muerde la cola. Con una simple denuncia se activan los mecanismos económicos: y las ayudas y subvencionas animan a denunciar. La dotación para la denominada “violencia de género” y su difusión y relevancia en los medios de comunicación nada tiene que ver con el bienestar de las personas sino con el beneficio privado que las ayudas proporcionan a algunas asociaciones, que han hecho de la Ley de Violencia de Género su medio de vida.
Como consecuencia de esta perniciosa ley se violan sistemáticamente los derechos humanos, no sólo de los hombres afectados, sino también de niños, abuelos, familias, etc. Y otro daño colateral de esta ley es el infligido a aquellas mujeres que realmente necesitan ayuda, que piden auxilio y no tienen las asistencias necesarias para salvaguardar sus vidas.
La ley falla porque no quiere ver que la violencia íntima en la pareja es un problema humano en el que están implicados factores psicobiológicos y culturales. La Ley no funciona porque no protege ni siquiera a las mujeres, por más que diferentes estamentos elogien su aprobación y puesta en marcha. Pero los datos en contra son muy tozudos. Sólo la sociedad puede impedir que la política y sus brazos largos se adueñen definitivamente de nuestras vidas. Depende absolutamente de todos nosotros no seguir ignorando tan enorme daño. La vida de cada persona no debería tener un precio distinto y menos aún en función de su “género”.