Este es un interesante artículo que nos dice, una vez mas, pues no es la primera vez que ya no solo desde España sinó también desde fuera que el más grave problema que tiene el país es ese ENGENDRO que son las Autonomias.

De hecho, ya a principios de los ochenta un dirigente francés hablando con un colega español indico, de forma claramente sarcástica que «Francia no tiene dinero para tener un estado de autonomias».

Estoy bastante de acuerdo con el artículo aunque a mi parecer se queda corto puesto que, en mi opinión, lo que habría que hacer no es una amplia reforma como indica el mismo sinó ACABAR CON LAS AUTONOMIAS DE RAIZ.

Así, sin mas.

Que tome nota el Sr. Rajoy y digo el Sr. Rajoy porque es el que actualmente tiene la responsabilidad de gobierno y que tomen nota también el resto de los políticos de cualquier signo que realmente tengan intención (me parece que pido demasiado) de arreglar este desaguisado.

Por supuesto, no meto a los del PSOE porque este partido el mejor favor que podría hacer, el único en su historía, la única buena acción en toda su existencia, SERIA DISOLVERSE PARA NO VOLVER JAMÁS.

El día 12 de enero de 2012, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Jorge de Esteban, en el que el autor declara que en su opinión, la crisis económica ha sido la consecuencia del fallido y derrochador sistema autonómico, y aboga por reformar la Constitución para revisar el modelo territorial y lograr así reducir el déficit público. Transcribimos íntegramente el texto de dicho artículo.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO

Tenemos nuevo Gobierno con una cómoda mayoría absoluta, es decir, con las condiciones suficientes para que podamos salir de la postración a que nos han llevado especialmente los Gobiernos de Zapatero. Ahora bien, lo primero que habría que decir, en la preocupante situación en que nos hallamos, sería, parafraseando la famosa sentencia de Clinton, pero adaptada a nuestro caso, que lo grave “no es sólo la economía, estúpidos”.

El Gobierno de Rajoy ha comenzado su mandato tomando una serie de medidas -algunas muy discutibles- para tratar de no incrementar el déficit en que nos hallamos inmersos, y de reactivar, al mismo tiempo, la economía, con su secuela de cinco millones de parados que sobreviven como pueden. Por supuesto, todos sabemos que la crisis económica que afecta a Europa y, por tanto, a España, es consecuencia de la crisis financiera que surgió en los Estados Unidos, causada por los famosos créditos subprime. Todo eso es verdad, pero lo más grave es que tal desastre ha venido a aumentar la amplia manada de lobos que ya tenían atemorizada a la sociedad española. Porque la dramática situación que nos envuelve tiene un origen que es genuinamente español, porque la hemos creado nosotros totalmente por nuestra cuenta. La Constitución de 1978, como todas las constituciones, evidentemente no es perfecta, pero posee un carácter progresista y moderno que la hace bastante válida para regir nuestra convivencia política. Pero dicho eso, tiene, con todo, un vicio de origen que es el que nos ha llevado, en gran parte, a nuestra patética situación actual. Me refiero al Título VIII que trata de la Organización territorial del Estado y que es una verdadera calamidad nacional, como ya señalé, entre otros, desde el mismo momento de su aprobación. El llamado Estado de las Autonomías que posibilitaba se convirtió enseguida en el Estado de las Autonomías interminables, porque no se regulaba un diseño final de Estado, sino que era un Estado cambiante, que, sobre todo, por la existencia de partidos nacionalistas en las Cortes, se fue convirtiendo en un Estado de geometría variable. De esta manera, sufría uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, como es el de la seguridad jurídica, es decir, la certeza en las normas y en que las relaciones jurídicas son estables, permitiendo así predictibilidad de su aplicación por el Estado, a causa de que cada comunidad autónoma legislaba de forma continua e incoherente, olvidando al conjunto como si fueran compartimentos estancos. Lo peor ha sido que este desbordamiento legislativo y, por tanto, económico, ha producido una elefantiasis de cada comunidad autónoma, aunque ciertamente algunas más que otras, las cuales han acabado apoderándose del 70% del Presupuesto General del Estado, sobrepasando un déficit racional, como viene exigiendo la Comunidad Europea.

Se creaban así, en cada comunidad autónoma, órganos solapados con los propios del Estado, como defensores del Pueblo; consejos asesores; televisiones autonómicas; aeropuertos como los de Alguaire, Huesca, Albacete, Ciudad Real, Castellón o Murcia, que no tienen ni aviones ni pasajeros; universidades como la de Elche, creada en 1996, que dista de la de Alicante, erigida en 1979, 20 kilómetros, y 57 de la centenaria de Murcia; más de 4.000 empresas públicas para colocar a políticos y simpatizantes, que elevaban a las alturas la deuda autonómica… Se creaban todo tipo de cargos públicos, parlamentarios, asesores, consejeros, en proporciones desmesuradas, se consagraba la politización de las cajas de ahorro, y para qué continuar.

En suma, este derroche, este despilfarro, que estamos pagando ahora a un precio desorbitado, no se debe a las hipotecas subprime de Estados Unidos, ni a la falta de unidad fiscal de la Comunidad Europea, aunque hayan podido influir también. Se debe sobre todo al galimatías de nuestro Estado de las Autonomías interminables, en el que ni se especificaron las competencias propias del Estado y las propias de las autonomías, ni se ponía tampoco fin a las transferencias de las materias traspasables. Por otro lado, la Constitución había creado un Senado, como Cámara de representación territorial, antes de saber cuántas y cuáles serían las comunidades autónomas, esto es, se había puesto el carro antes de los bueyes, con lo que nadie sabe con exactitud para qué sirve el Senado en la actualidad, integrado por 266 senadores que aumentan ostensiblemente los gastos del Estado pero no tienen, la mayoría de ellos, un cometido concreto.

Así las cosas, ha habido tentativas de atajar esta desmesura, tratando de racionalizar semejante engendro de Estado, pero todas las veces han fracasado. La primera fue la que llevó a cabo el Gobierno de Calvo-Sotelo, con el Pacto autonómico de 1981 entre UCD y el PSOE, concretándose en la LOAPA, que, posteriormente, el Tribunal Constitucional declararía inconstitucional en varios artículos, acentuando así de forma irresponsable el desgobierno de España. La segunda fue en 1992 con el segundo Pacto autonómico firmado por Felipe González y José María Aznar, que llevaría durante el Gobierno de Aznar a cierta igualación de competencias en todas las autonomías. En ese periodo se pudo cerrar el diseño final del Estado autonómico, y se pudo haber modificado el Senado para que fuese un espejo que reflejase el mapa definitivo de las comunidades. Pero por las razones que sean no se hizo. Y, finalmente, una nueva posibilidad se plasmó durante el primer Gobierno de Zapatero, respecto a la idea de reformar la Constitución para enumerar en ella las autonomías, y modificar igualmente el Senado. El proyecto no pasó de una mera tentativa, porque el veneno del desacuerdo lo había introducido Zapatero, incluso antes de llegar a ser presidente, prometiendo a los nacionalistas catalanes, encabezados paradójicamente por el socialista Maragall, que aceptaría un nuevo Estatuto que aprobase el Parlamento catalán. En ese momento, el Estado de las Autonomías estaba sentenciado a muerte, pues el Estatuto que se aprobó en el 2005, a pesar del cepillado que se le hizo en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, aumentado por el tijeretazo del Tribunal Constitucional, ha convertido a nuestro Estado en algo inviable. Otras autonomías siguieron el mismo camino, imitando con sus nuevos estatutos al catalán. Si no hubiese sido por la crisis económica que azota a Europa y, especialmente, a España, mal que bien, hubiese ido renqueando el maltrecho Estado. Pero la crisis ha puesto de manifiesto que el actual Estado español es ingobernable y que es una auténtica fábrica de producir déficit, pues son principalmente las comunidades autónomas las que, como he dicho, lo producen en mayor medida.

Así las cosas, no caben más que dos posibilidades: una que podríamos llamar minimalista, y que consistiría, como me temo sea el proyecto del Gobierno de Rajoy, en tomar especialmente medidas económicas y en poner algún parche en la estructura del Estado. Pero tal solución es una falsa solución, pues a la larga volveríamos a caer en los excesos de algunas comunidades, que incluso querrían pasar de la autonomía a la soberanía. Por consiguiente, si el famoso sentido común de Rajoy debe imponerse ante los acechos de un derrumbe del Estado, no cabe más que coger el toro por los cuernos y reformar la Constitución, según la posición maximalista, que creo es la única realista en esta situación de emergencia nacional.

De esta forma habría que llevar a cabo una serie de decisiones dirigidas a conseguir la funcionalidad de nuestro Estado y a reducir drásticamente el déficit, que comienza a ser enormemente preocupante. Se seguiría la medida que se tomó en agosto para reformar el artículo 135 de la Constitución, pues, según este precedente, habría que adoptar al menos los siguientes puntos, que exigirían la reforma de la Constitución. En primer lugar, habría que agrupar municipios para dotarlos de un gobierno común, que redujese los gastos en cargos y en duplicidades. En segundo lugar, se deberían suprimir las diputaciones provinciales, pues no tienen ningún cometido especial en un Estado autonómico. En tercer lugar, habría que reforzar la unidad de mercado como condición para el crecimiento económico en todo el territorio nacional. En cuarto lugar, habría que establecer una diferencia clara entre las competencias exclusivas y excluyentes del Estado y las de las comunidades. En quinto lugar, habría que llegar a un acuerdo sobre la cuestión de si todas las autonomías mantienen las mismas competencias o, por el contrario, algunas de ellas deben alcanzar un nivel superior. Pero, en cualquier caso, se debe cerrar definitivamente el mapa o diseño del Estado, acabando con la inseguridad jurídica que ha sido típica en estos últimos años y que ha perjudicado tanto la funcionalidad de nuestras instituciones, además de crear la desigualdad entre los españoles. Entonces, y sólo entonces, es cuando se podrá reformar el Senado a la vista del diseño definitivo del Estado, reduciendo el número de senadores, que no deberían de ser más de cuatro o cinco por cada comunidad autónoma, es decir, convirtiendo entonces al Senado en la auténtica Cámara de representación territorial que establece la Constitución.

Estas reivindicaciones se pueden llevar a cabo, si hay voluntad política, cuando se dispone de una mayoría absoluta no sólo en las Cortes Generales sino también en 12 de las comunidades autónomas. De nada serviría que se aumenten los impuestos a los españoles, que en algunos casos podría llegar a ser inconstitucional, porque indudablemente tener que pagar el 52% de las rentas del trabajo posee claramente un carácter confiscatorio. No es extraño, por tanto que el Tribunal Constitucional alemán se haya pronunciado en este sentido en alguna ocasión. En definitiva, España no puede seguir adelante si no se reforma la Constitución en los puntos señalados y en otros más que, en su momento, habría que detallar. Aunque sea una vulgaridad, cabe decir, en este caso, que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. El que quiera entender, que lo entienda.

FUENTE: IUSTEL