Censura, persecución y «cancelaciones» en nombre de las minorías y los Derechos Humanos

El llamado «delito de odio», incorporado a la legislación española en el año 2015, se presentó a la opinión pública como una normativa destinada a proteger a colectivos susceptibles de ser agredidos, como los homosexuales, los inmigrantes o las minorías étnicas. Una finalidad más que loable contra la que muy pocos – acaso tan solo algún nazi orgulloso de serlo- se podrían manifestar. Sin embargo – opina nuestro colaborador Cristóbal García Vera – la propia redacción de la ley abría las puertas para que, finalmente, se utilizara como una suerte de nueva «ley mordaza» contra la libertad de expresión (…).

Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

Un fantasma parece estar recorriendo el mundo. Y no es el del comunismo, sino el de una nueva y recrudecida forma de represión que, cual postmoderno caballo de Troya, ha traspasado nuestras murallas disfrazada de legislación para «defender a los más vulnerables».

   Nos referimos, como apunta el título de este artículo, al llamado «delito de odio», incorporado en el Código Penal de la legislación española mediante la Ley Orgánica 1/2015,  que se presentó a la opinión pública como una normativa destinada a proteger a colectivos susceptibles de ser agredidos, como los homosexuales, los inmigrantes o las minorías étnicas. Una finalidad más que loable contra la que muy pocos  – acaso tan solo algún nazi orgulloso de serlo- se podrían manifestar.

    Según ha apuntado Jon-Mirena Landa, director de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad del País Vasco, la expresión  «delito de odio» (hate crime) procede de los Estados Unidos, donde se acuñó a finales de la década de los ochenta del pasado siglo, y con el tiempo se extendió a los códigos penales de otros países occidentales, con la consecuencia de un incremento de las penas asociadas a acciones delictivas cuando éstas estaban relacionadas con determinados prejuicios.

   Este sería el caso, por ejemplo, de una paliza propinada por un grupo de supremacistas blancos estadounidenses a un hombre o una mujer afroamericana,  un homosexual o una persona transexual, motivada por la propia condición de la víctima.

    Una legislación de ese tipo, huelga decirlo, tiene un sentido evidente que justifica su promulgación y el apoyo a la misma de los sectores progresistas de la sociedad. 

CUANDO EL «DELITO DE ODIO»  COMIENZA A ENCUBRIR  LA CENSURA Y LA INCAPACIDAD PARA CONFRONTAR IDEAS

   El problema con los llamados «delitos de odio», que los convierte de facto en una legislación mordaza y en un peligrosísimo instrumento de censura, se genera cuando el  «odio» perseguido por el Código penal no tiene que ver ya con actos concretos y objetivos, sino que se comienza a buscar, de forma subjetiva, en la simple expresión de ideas u opiniones contrarias al pensamiento dominante.

   En este punto, que ya estamos sufriendo en el Estado español, el «hate crime» es sustituido por el «hate speech». Los «discursos de odio», entendidos como tales por cualquier persona o colectivo que, subjetivamente,  sienta que otra ideología, o incluso argumentos lógicos y evidencias empíricas, «atentan» contra su propia concepción del mundo o contra su identidad.

Si preguntáramos en la calle qué es un delito de odio, muy probablemente, las respuestas se encaminarían hacia declaraciones insultantes, humillantes o amenazantes contra personas que son o piensan diferente. Sin embargo, la mayoría de las acusaciones por este presunto delito que hoy se producen tienen que ver, más bien, con una respuesta, por parte de los más diversos colectivos, pero también del propio Estado,   contra aquellos que cuestionan sus planteamientos o la visión de la realidad que ellos consideran como la única justa y admisible.

      No nos estamos refiriendo, pues, a discursos realmente agresivos o deshumanizantes con los que, en más de una ocasión, se han preparado las condiciones para proceder a auténticos genocidios. Y mucho menos a  llamamientos directos a atacar a los miembros de cualquier colectivo. Hablamos, específicamente, del intento de convertir el disenso en una acción punible por la ley.

   Aunque por el momento no tenemos noticias de que los colapsados tribunales españoles estén dictando condenas al respecto, parece como si, en nombre de los «derechos humanos» o la «defensa de las minorías» se pretendiera sustituir el debate y la confrontación de ideas por el recurso a la judicialización de todo aquel discurso que pueda «ofender» alguna sensibilidad. 

«No nos estamos refiriendo a discursos realmente agresivos o deshumanizantes con los que, en más de una ocasión, se han preparado las condiciones para proceder a auténticos genocidios, sino al intento de convertir el disenso en una acción punible por la ley»

   Este tétrico panorama, cada vez más común en muchos países occidentales, es posible gracias  al efecto conjunto de una creciente e interesada banalización de la política y de una «subcultura» infantilizada que, en efecto, identifica la discrepancia con una agresión. Una forma de pensar, o más propiamente de sentir, cada vez más extendida entre amplios sectores de la juventud, a la que se está maleducando y debilitando hasta el punto de que ya se los empieza a conocer como la generación de cristal.    

LA DERECHA TAMBIÉN SABE VICTIMIZARSE Y DENUNCIAR A «ODIADORES»

  La «caja de Pandora» abierta por estas leyes contra la libertad de expresión, en cualquier caso, no se circunscribe a unos pocos grupos etarios, ni se limita, como podría imaginarse por su origen, al cuadrante «izquierdo» del espectro político institucional. También la derecha más extrema ha aprendido a victimizarse y no manifiesta reparos a la hora de denunciar a sus propios «odiadores». 

En febrero de 2018, la Policía Nacional ya había denunciado a un humilde mecánico de Reus,  Jordi Perelló, por presunta «incitación al odio», por negarse a reparar el vehículo particular de una agente de este Cuerpo policial (2).

Un año después, en la Isla de Gran Canaria, Miguel Ángel Ramírez –presidente de la UD Las Palmas y empresario conocido por no pagar a sus empleados y por cometer otros presuntos delitos contra la Hacienda pública- también se refugiaba en el socorrido «delito de odio» para expulsar a un socio del club que se había atrevido a colocar una pancarta con el lema ‘¡Ramírez vende ya!’, en las lomas que circundan la Ciudad Deportiva de ese equipo de fútbol (3).

Son tan solo un puñado de ejemplos que no representan, como algunos creen, un mal uso de la norma, sino la consecuencia previsible de la formulación de la ley, cuyo artículo 510 establece que:

    «serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad».

    Una redacción lo suficientemente ambigua como para que cualquiera pueda ampararse en la ley para tratar de penalizar a quienes le desagradan o lo cuestionan, por motivos meramente ideológicos o, incluso, de inquina personal.

ACALLANDO LA DISIDENCIA EN NOMBRE DE LAS MINORÍAS Y LA «CULTURA DE LA CANCELACIÓN»

   El problema fundamental no es la utilización que nuestros adversarios ideológicos puedan hacer de esta ley, sino el mismo hecho de penalizar la expresión de las ideas ajenas, desde una presunta atalaya moral  cuyas reglas, a la postre, siempre acaban determinando los poderes realmente existentes o sus representantes políticos institucionales.

«Con la coartada de defender a colectivos vulnerables se avanza hacia la penalización de las ideas ajenas, desde una presunta atalaya moral  cuyas reglas, a la postre, siempre acaban determinando los poderes realmente existentes»

   Solo desde una posición de poder, en efecto, se pueden imponer censuras a actos sobre la participación de atletas trans en la categoría de deporte femenino, como hacía el pasado año el Cabildo de Gran Canaria, por mediación de la consejera de Igualdad de Unidas Podemos, Sara Ramírez (5) porque -de acuerdo a la ideología ahora dominante – el mero debate sobre este tema, o la aportación de datos contrastables al respecto, constituiría «un delito de odio». «Delito», por cierto, decretado por la propia consejera podemita como censora y juez,  sin proceso debido, con anterioridad a la celebración del acto y sin ningún derecho a la defensa.

VÍDEO SOBRE LA CENSURA IMPUESTA AL CONGRESO «MUJERES Y DEPORTE», CON LA JUSTIFICACIÓN DE PROTEGER LOS «DERECHOS HUMANOS»

En la misma línea, la nueva ley trans aprobada por el Ejecutivo central del PSOE y Unidas Podemos contempla la imposición de altísimas multas  a quienes se atrevan a cuestionar públicamente algunas de las «verdades» contenidas en la norma, aunque para ello puedan apoyarse en la evidencia científica.

   Es decir, que el ala «izquierda» del Ejecutivo más progresista de la historia de España, literalmente, ¡ha prohibido disentir de su discurso oficial!  Y ello, con el silencio cómplice, o incluso el aplauso, de una parte de la izquierda «alternativa» supuestamente crítica con Unidas Podemos, aparentemente incapaz de entender que su acuerdo en este tema concreto con el partido del Gobierno no los tendría que llevar a suscribir el silenciamiento forzado de quienes mantienen otros puntos de vista.

Estas actuaciones impuestas desde las propias instituciones del Estado, y presentadas ante la opinión pública como medidas destinadas a defender a las minorías de supuestos «ataques de odio», constituyen una nueva forma de censura «progresista» que viene de la mano de la «cultura de la cancelación» de lo políticamente incorrecto, importada de Estados Unidos, y representada en ese país norteamericano por el guerrerista Partido Demócrata.

   Más tarde o más temprano, los sectores de la izquierda extraparlamentaria que han asumido esta lógica perversa, influidos de una u otra forma por las ideologías postmodernas, también tendrán que pagar la factura por el  ecosistema político represivo que están contribuyendo a establecer.  Y es muy probable que, como en la Alemania de los años 30 del siglo XX, «cuando vayan a buscarlos a ellos, ya no haya nadie para protestar».

EL ABOGADO Y YOUTUBER RUBÉN GISBERT DENUNCIADO POR INFORMAR Y OPINAR SOBRE LA GUERRA DE UCRANIA

   Nadie con una mínima conciencia crítica podrá quedar para defenderlos, en efecto, si hoy todos decidimos callar, cobardemente, ante esta nueva forma de «inquisición bienpensante». O si no levantamos la voz cuando los censurados, multados o encarcelados solo por expresarse y opinar son otros con quienes no coincidimos ideológicamente o incluso nos situamos en sus antípodas.

   De ahí que también sea obligatorio en un texto como éste denunciar la reciente imputación por la Fiscalía del  abogado y youtuber español Rubén Gisbert, por una presunta «incitación al odio».

   Gisbert ha sido acusado de «dar noticias falsas sobre la guerra de Ucrania y actuar como agente de desestabilización política», solo por atreverse a ofrecer una información alternativa a la impuesta por los medios occidentales sobre este conflicto bélico, contando para ello con la participación de varios especialistas en el tema, como el coronel Pedro Baños, censurados en dichos medios por negarse a reproducir la propaganda de Guerra de la OTAN.

VÍDEO: GISBERT REBATIENDO, DESDE UCRANIA, ALGUNOS ASPECTOS DE LA PROPAGANDA DE GUERRA OCCIDENTAL 

En el vídeo que adjuntamos a esta nota (*), el joven letrado responde con firmeza a su imputación, manifestando que no se dejará amedrentar y explicando claramente cuál es el significado de este ataque que ha recibido.

DEFENDER EL DERECHO BÁSICO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: BATALLA DE IDEAS Y ORGANIZACIÓN POPULAR

   Por nuestra parte, defender el derecho de Gisbert a realizar su labor informativa sin ser represaliado por ello resulta perfectamente compatible con nuestra radical discrepancia con su ideología y muchos de sus posicionamientos políticos. Dicha defensa, como la del derecho de las especialistas en deporte femenino a cuestionar aspectos de la ley trans; el derecho de una activista transexual a disentir a su vez de esas especialistas; el de un ultraconservador católico  a sostener  que solo la familia tradicional debería ser promovida por el Estado o el de un liberal a exponer sus ideas sobre la economía capitalista desregulada, no implica en realidad más que defender un mínimo terreno de juego político en el que nosotros mismos no podamos ser encarcelados, en cualquier momento, solo por hablar sobre la necesidad de que una revolución socialista evite la barbarie  inherente a este sistema económico y político promovido por el liberal. 

«Defender el derecho de los otros a expresar sus opiniones, por «odiosas» que éstas nos resulten, no es más que defender un mínimo terreno de juego político en el que nosotros mismos no seamos represaliados por discrepar del discurso dominante»

   El debate, el intercambio de ideas y la confrontación dialéctica con quienes defienden propuestas contrarias a las nuestras, así como la organización imprescindible para que se escuche la voz de las clases trabajadoras, son las herramientas que debemos utilizar quienes, desde las coordenadas del marxismo, aspiramos a transformar la realidad en un sentido auténticamente progresivo. 

   Por el contrario, la «moda» de recurrir a la represión estatal contra quienes tienen un discurso que nosotros rechazamos, por «odioso» que éste nos resulte, constituye un claro síntoma de que, en algún momento, se abandonó el campo de batalla de las ideas y de la construcción popular. O de que, al menos, la ideología dominante ha logrado permear lo suficiente a quienes así actúan como para que su lucha se perdiera en los enrevesados y variopintos senderos del capitalismo woke (5). 

(*) VÍDEO RELACIONADO:

Notas y referencias bibliográficas:

(1) Incitar al odio contra el nazismo es un «delito de odio», dice la Fiscalía General del Estado

(2) Mecánico acusado por «delito de odio» por negarse a arreglar los coches de la Policía Nacional

(3) Miguel Ángel Ramírez expulsa a un socio de la UD Las Palmas por un «delito de odio»

(4) Suspendido por censura el congreso estatal «Mujeres y Deporte» que se iba a celebrar en Gran Canaria

(5) Capitalismo «woke»: A la diversidad rogando y con el mazo dando