Categoría: ARTÍCULOS

SOLIDARIDAD OBLIGATORIA, -FALTARÍA MÁS!- Y ADEMÁS QUE PAGUEN MÁS LOS QUE MÁS TIENEN, QUE PAGUEN LOS RICOS…

Milton Friedman dice que hay cuatros formas de gastar el dinero:
1º, cuando una persona gasta su dinero en beneficio propio, y en ese caso tiende a gastar lo menos posible y a conseguir la máxima rentabilidad.

2º, cuando una persona gasta su dinero en beneficio de otra persona, por ejemplo, cuando hacemos un regalo de cumpleaños, y en tal caso también procura gastar lo menos posible, pero la utilidad o el beneficio que le reporte a la otra persona no importa demasiado.

3º, cuando una persona gasta dinero ajeno en beneficio propio, y dado que no le ha costado ningún esfuerzo conseguirlo, entonces busca conseguir la máxima satisfacción y lo que cueste el capricho le importará un bledo. Pongo por caso si la empresa donde esa persona trabaja decide invitarlo a pasar unas vacaciones de lujo porque los dueños de la empresa son “así de esplendidos”. Otro ejemplo podría ser cuando alguno recibe un premio enorme por haberle tocado la lotería.

4º, cuando una persona gasta dinero ajeno en beneficio ajeno, como es el caso de los gobiernos y de quienes gestionan empresas públicas; ni los diversos gobiernos ni los mandamases de las empresas públicas tienen demasiado en cuenta la utilidad del gasto, el beneficio que realmente cause, y menos aún la cuantía del gasto.

Bien, tras estas advertencias, imaginemos que quienes dirigen ese maravilloso invento, llamado “Podemos”, movidos por su bondad extrema, su bonhomía, su espíritu solidario (detrás de lo cual generalmente se esconde algo así como sentimiento de culpa por pertenecer al grupo social de los “favorecidos”, que les lleva a verse impelidos a exigir “justicia social”, “igualdad” y ocurrencias por el estilo; pero, claro, con el dinero ajeno) un día cualquiera proponen en el Congreso de los Diputados que se emprendan acciones para “acabar con la pobreza”.

Por supuesto, antes de hacer semejante proposición, Pablo Iglesias y su tropa realizarían una campaña de “sensibilización” en la calle, en los medios de información, en las universidades, en los institutos de enseñanza media, y un largo etc, para “concienciar la gente” del gravísimo problema social que aqueja a España (Pablo Iglesias y sus correligionarios nunca dirán España, dirán “estepaís”).

El Congreso de los Diputados, en el cual el partido gobernante, integrado por miembros de la derecha boba, al no contar con mayoría se vería obligado a apoyar la proposición de “podemos” y la acogería con enorme entusiasmo, para evitar que los llamaran reaccionarios, fachas, insolidarios y lindezas por el estilo, y propondría la creación de una “comisión ad hoc” para estudiar tan terrible “lacra”. Ni que decir tiene que los restantes partidos políticos con representación parlamentaria aplaudirían, también, a rabiar la iniciativa del partido de Pablo Iglesias para no quedarse descolgados en el mercadeo y chalaneo del voto.

La comisión para el “estudio de la pobreza”, acabaría decidiendo, después de hacer comparecer en ella a miembros de “la sociedad civil” que, por su especial predicamento y autoridad en la materia pudieran aportar su enorme sabiduría y luz a tan noble causa…, que habría que crear de forma urgente, inaplazable, un “observatorio” integrado por “expertos” para dar solución a tan terrible lacra social. La primera tarea a emprender por el “observatorio de la pobreza” sería definir el umbral de pobreza, el nivel de ingreso mínimo que según la costumbre, la tradición y también las creencias, es necesario para adquirir un óptimo nivel de vida en “estepaís”. No importa que ya existan estadísticas oficiales, o estudios de organizaciones tales como Caritas, u “oenegés” por el estilo acerca de tal asunto, que en más de una ocasión han afirmado cosas tales como que en España una de cada cinco personas viven por debajo del umbral de la pobreza, o que alrededor del 20% de la población española deambula por las calles muriéndose de hambre, no tienen donde cobijarse y tampoco con qué vestirse; eso es lo de menos, pues cuando se crean en España semejantes tinglados, la primera obligación de quienes forman parte de ellos es ser creativos, originales y redefinir conceptos, y a ser posible inventar nuevos “palabros” y crear una nueva jerga, e innovar el lenguaje.

Una vez decidido, por parte del “observatorio de la pobreza” quiénes son calificables de “pobres”, la siguiente acción a emprender será ponerse a localizar a quienes entre nuestros compatriotas, y quienes transitan por el solar patrio de forma más o menos “legal”, coinciden con el “estándar” decidido por el “observatorio”. Para ello, propondrán que se cree la burocracia correspondiente (por descontado, los gerifaltes de “podemos” ya habrían previsto este particular en su proposición de ley para combatir la pobreza…) y que se realice la dotación dineraria que corresponda –según el criterio de tan doctos “observantes”- para atender a quienes sufren tan la tan terrible e insoportable “lacra”.

A estas alturas de mi narración ya es seguro que algunos habrán empezado a pensar que todo ello “cuesta dinero, muchísimo dinero”; pero esto tampoco importa, pues como dijo una eminente “miembra” (de nombre Carmen Calvo Poyato) del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el dinero es de todos y no es de nadie.

Ni que decir tiene que, los proponentes de tan hermosa y noble cruzada ya habrían dicho en más de una ocasión que su ingeniosa iniciativa ¡También se crearía empleo!

Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Asuntos Sociales, o como mejor deseen ustedes denominarlo (algunos es posible que tuvieran la feliz ocurrencia de proponer que se creara un ministerio específico para atender al enorme número de nuestros compatriotas calificables de “pobres”) se haría una convocatoria pública con la publicidad que se suele dar en estos casos, para seleccionar a la legión de funcionarios que integrarían la burocracia encargada, para empezar, de detectar, localizar a la multitud de “pobres” que hay en España. Por supuesto, dado que en España alrededor del 25 por ciento de las personas que están en edad de trabajar, están “oficialmente” desempleadas, y previendo que la cantidad de candidatos a funcionarios inmensa, el gobierno decidiría que quienes se apuntaran a tal proceso de selección deberían abonar una cierta cantidad dineraria, como requisito para participar en los exámenes.

Una vez realizado el “casting”, la legión de burócratas se patearía todo el territorio patrio en busca de “pobres” a los que ayudar, y dependiendo de la laxitud o severidad empleado para valorarlos, siguiendo el baremo creado exprofeso por el “observatorio de la pobreza”, se elaboraría el censo de personas candidatas a ser agraciadas con ayudas dinerarias procedentes, ¡Cómo si no! del dinero de los contribuyentes.

Como generalmente quienes manejan dinero ajeno, tal cual ya advertí al principio, en palabras de Milton Friedman, no suelen escatimar en gastos, es seguro que debido a esa exploración efectuada por los burócratas del “observatorio de la pobreza”, se llegaría a la conclusión de que eran muchos más los “pobres” españoles que los que se había pensado en principio. Y por consiguiente habría que aumentar la dotación presupuestaria destinada a tan noble causa.

Como tales iniciativas, generosas a más no poder, suelen descuadrar los presupuestos de los gobiernos y de las empresas estatales, la siguiente iniciativa que tomaría el “observatorio de la pobreza” sería sugerir al Gobierno que intentara recaudar más o que creara un “canon” especial para atender a nuestros desgraciados y “pobres” compatriotas, para ello, por ejemplo, bastaría con grabar con un pequeño tanto por ciento la gasolina, o el tabaco, o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, que sea de consumo corriente.

Llegados a este punto, ya se habría dado más de un caso de gente “pícara” que habría recurrido a alguna artimaña para pasar a ser catalogado como “pobre” aunque su circunstancia personal no fuera calificable de tal manera. También, como consecuencia lógica habría muchos contribuyentes (los que pagamos impuestos por coacción, y si pudiéramos “escaquearnos” los intentaríamos) que habrían llegado a pensar que la cruzada contra la pobreza era otra nueva estafa, y un despilfarro que no nos podemos permitir y que nunca se debió emprender, además de fomentar otra forma de parasitismo.

Los más pudientes ya habrían contratado los servicios de asesores fiscales para intentar no participar en el sostenimiento de una acción más de las muchas que emprende la élite oligárquica y caciquil que nos gobierna, o mejor dicho “nos malgobierna”, e incluso más de uno habría ya hecho algo para poner a buen recaudo sus ahorros y su patrimonio, fuera por el procedimiento que fuera, incluyendo el cerrar sus negocios e irse a otros lugares donde la casta parasitaria sea menos depredadora.

Moraleja: como decía un tal Winston Churchill, los colectivistas, socialistas, intervencionistas, son muy “amigos de los pobres”, por eso cuando gobiernan aumenta el número de pobres. Porque ¿Cuál acabaría siendo el resultado de emprender una acción semejante, inspirada en la bondad extrema de los sabios que forman parte del Congreso de los Diputados, sino el empobrecimiento y el saqueo de la clase media, de quienes trabajan y crean riqueza?

¡Ah, se me había olvidado, iniciativas de este tipo, más tarde o más temprano, aparte de generar déficit e inflación, acaban siendo financiadas con más y más deuda pública, y por tanto nos hipotecan más y más, por muchos años, y a nuestros descendientes directos y no tan directos!

Y por supuesto, iniciativas de esta clase aparte de fomentar la arbitrariedad de los gobiernos y quienes dirigen las empresas estatales, fomentan la corrupción de la que tanto nos hablan hipócritamente quienes la promueven con sus acciones, hipocresía que se encargan de amplificar los trovadores y aduladores de los medios de información que, también reciben enormes cantidades de dinero, en forma de subvenciones y regalos diversos por hacerle el caldo gordo a los gobernantes.

Carlos Aurelio Caldito Aunión.

DEROGACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Antes de nada, lo de borrego va dirigido a ciertas personas, ciudadanos que se han quejado o mejor dicho, que están en contra de esta Ley…
A los demás sólo animarles a compartirlo…
Estimado borrego:
Si… lo siento pero no puedo por menos que llamar borrego a todo aquel que lo único que conoce de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana es lo que hay oído en los titulares de la Sexta.
Hoy te congratulas y te alegras de la próxima derogación (que no modificación) de la LO de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y te congratulas simplemente porque en tu condición de borrego no te has molestado ni en leerla (al fin y al cabo los borregos no saben leer) y, por supuesto, no has usado ni una de tus neuronas para entender la finalidad de dicha ley… pero no te preocupes, que mi amor a los animales me hace perder un tiempo precioso en explicarte lo que significará ésta derogación.
El conjunto formado por un PSOE deshecho que no sabe donde tiene la mano izquierda, los lacayos de Maduro y los nazionalistas anti españoles me han quitado, como Policía, la ÚNICA herramienta legal que me permite quitar a un hijo de puta un cuchillo, una navaja automática o cualquier arma blanca que porte por la calle, bien en el coche, bien en el bolsillo en una zona de ocio. Es decir: que desde la derogación de la Ley que tanto aplaudes, cualquiera puede llevar un machete a lo Rambo, una navaja automática, una navaja de mariposa, unos nunchakus o incluso una katana o un machete de selva (de esos que tantos miembros de bandas latinas portan) por la calle, sin que yo pueda hacer nada para evitarlo. Es más: si quiero quitárselo, han eliminado el único instrumento legal que tenía para hacerlo, así que si no quiero que me procesen por un delito de robo con intimidación, tengo que dejar que ése “buen ciudadano” entre en la discoteca donde está tu hijo con su navaja o su cuchillo jamonero… esperemos que no le dé por usarlo contra él, le corte el pescuezo o se lo clave en su corazón, y tus actuales risas se transformen en llanto el día de mañana.
Me han quitado la única herramienta legal que me permite incautar droga o sancionar a quien la esté consumiendo a tu lado. Porque actualmente podrá sancionar a quien fume un Lucky Strike en tu autobús, pero si está fumando “María de la güena” no tengo herramienta legal para impedirlo, aunque esté a tu lado en el autobús echándote el humo a la cara. O sea que cuando vayas con tus hijos de corta edad a un parque, y tres o cuatro porreros se pongan a su lado, o un yonqui se ponga a pincharse en el parque infantil donde juega tu hijo y deje la jeringuilla llena de sangre al lado de los columpios, no me llames: llama a los servicios de limpieza de tu ayuntamiento porque yo no podré hacer nada de nada.
Es más: cuando encuentre a un camello en la puerta del colegio de tus hijos con tres pollos de cocaína para vendérselos, no podré hacer nada. Si… no son tontos y nunca llevan diez papelinas encima a la vez. Llevan la cantidad suficiente para que no pueda ser considerado más que “autoconsumo”. Pero ahora ya no podré quitárselas… espero que a tus hijos les siente bien y se metan sus “rayitas” o sus “pastis” sin la molestia de los “maderos”.
Incluso me han quitado la única herramienta legal que tengo para que, si veo que al vecino de encima de tu casa durante sus vacaciones se le rompe una tubería y tu techo está a punto de derrumbarse encima de tu cabeza y la de tus hijos, o estén las filtraciones de agua afectando a tu instalación eléctrica con el consiguiente peligro, no pueda acceder a ése domicilio a cortar el agua… O sea que lo mismo: no me llames a mí, porque no voy a entrar en un domicilio de nadie en caso de ruina inminente o grave peligro para las personas y los bienes sin el respaldo jurídico que la ley que ahora disfrutas derogando me daba antes. El domicilio es sagrado y desde esa derogación no podré entrar.
Dime ahora, querido borrego, que llame a un Juez que me autorice a entrar, que te contestaré lo que me dijo un Juez cuando le pedí permiso para un caso similar al que te cuento: “legalmente solo puedo autorizar la entrada a un domicilio por causa de delito. Vd. tiene la Ley de Seguridad Ciudadana para entrar de propia autoridad en caso de ruina o peligro grave para personas o bienes”… Pues bien: ahora no la tendré por lo que si se te cae el techo encima, no podré más que avisar a unos sanitarios para que te curen a ti o a tus hijos.
Hay muchas más cosas que tu ignoras, pero que esta Ley me permite hacer PARA TU SEGURIDAD, y que son herramientas que me van a quitar… Es decir: que te estás quitando tu mismo. Te aleccionan diciendo que esa Ley te quita libertad. No: le quita libertad al que lleva un cuchillo por la calle o al que consume drogas delante de tu hijo… Pero con su derogación les devuelve esa capacidad tan española de hacer lo que le salga a cada uno del nardo.
Disfruta ahora con la derogación, porque desde que entre en vigor la misma, esto va a ser un no parar de reír. Eso sí, no me llames porque poco podré hacer para ayudarte.
Hala borreguito: ¡disfruta lo votado!.
Un beso, abrazo o lo que quieras de este humilde ciudadano, ciudadano que estoy hasta … de tanta injusticia y que la mayoría de leyes favorezcan a los que suelen quebrantarlas.

La nefasta gestión de Ahora Madrid, en cuatro puntos.

POR 

LA mala gestión de Ahora Madrid al frente del Ayuntamiento de la capital se puede resumir en los siguientes cuatro puntos.

1. «El gobierno de Carmena genera superávit»

El gobierno anterior del Partido Popular presentó un presupuesto para el ejercicio 2015 donde había unos ingresos iniciales de 4.382 millones de euros, si bien finalmente el 2015 se cerró con unos ingresos de 4.916 millones. En total, 534 más de lo previsto, cifra sin duda extraordinaria. ¿Es mérito de Ahora Madrid recaudar 534 millones más de lo previsto?

Ninguno: es una situación coyuntural dada. Madrid está en un buen momento macroeconómico, de recuperación y se ha convertido en una máquina de recaudar impuestos y tasas, en definitiva, de esquilmar los bolsillos de los madrileños. El IBI es un impuesto muy estable y con un excelente comportamiento también en épocas de crisis, que ha aumentado la recaudación por dos en lo últimos diez años a nivel nacional. Como ejemplo se aplican deducciones y bonificaciones y aun así se recauda mucho más, nada que ver con el comportamiento de tributos estatales.

Por ello, es absurdo comparar las cuentas de Madrid capital con las de la Comunidad de Madrid o el Gobierno de España. En cambio, sí afirmamos que es un demérito de Ahora Madrid el no bajar impuestos y tasas a los madrileños, ya que esto impide potenciar el consumo, la inversión y la actividad económica.

2. «Aumenta gastos e inversiones»

En la parte del gasto e inversión es donde Ahora Madrid puede demostrar su pericia a la hora de gestionar. Invertir en limpieza, pavimentación, seguridad, bibliotecas, centros de mayores, infancia…

En el cuadro de gastos del ejercicio 2015, podemos ver cómo hay previstas unas inversiones de 324 millones para, al final, ejecutar 195 millones, o unos gastos en bienes y servicios de 1.540 millones de los que sólo ejecuta 1.345 millones. Esto evidentemente redunda en un superávit.

¿Es positivo este superávit? Este excedente consiste en no ejecutar inversiones ni gasto previsto, y, como consecuencia, tener Madrid sucio y lleno de baches. Para ser justos Ahora Madrid no lo hace no porque no quiera -intención sí que tienen-, sino que no lo hacen por su incapacidad para la gestión.

Por tanto, el superávit de Ahora Madrid es una prueba manifiesta de incapacidad de manejo de las cuentas públicas. Excelentes ingresos heredados, combinados con gastos e inversiones que no saben cómo llevar a cabo: así es como se genera un enorme excedente en el «modelo Carmena».

3. «Amortiza deuda»

«Ahora Madrid amortiza 1.058 millones». Inicialmente, los presupuestos incorporan una previsión realizada por el gobierno del PP de amortizar 734 millones. Ahora Madrid acabó amortizando 323 millones adicionales… pero esos 323 millones corresponden al superávit del año previo, cuando no gobernaba Ahora Madrid.

¿Qué dice la Ley de Estabilidad Presupuestaria que hay que hacer con el remanente del ejercicio anterior? Simple y llanamente, obliga a utilizar los superávits para amortizar deuda. La otra posibilidad sería dedicar el remanente a inversiones financieramente sostenibles, pero como hemos apuntado antes, Ahora Madrid es incapaz de ejecutarlas.

Por tanto, el mérito de la amortización de deuda no es de Carmena: el gobierno municipal está atado por Montoro y no tiene otra alternativa, dada su incapacidad para canalizar parte de ese superávit hacia inversiones financieramente sostenibles.

4. ¿Cuáles son las previsiones para 2016?

El presupuesto del ejercicio 2016 corresponde en su total realización al gobierno de Ahora Madrid, a diferencia del de 2015 que fue compuesto a medias con el PP. Con respecto a los ingresos, con gran probabilidad serán extraordinarios, es decir, se recaudará mucho más de lo previsto. Por tanto, vamos a más presión fiscal para los madrileños. Respecto al gasto e inversiones, que es donde Ahora Madrid podría demostrar su «buena gestión», vemos que está demostrando una absoluta falta de competencia.

A septiembre, apenas se había ejecutado el 11,52% de las inversiones. Es el peor dato de ejecución de los últimos ocho años. A estas alturas del ejercicio, deberíamos estar al menos en un 30%-40%. Por tanto, Ahora Madrid está marcando un récord de ineficacia en la Administración española. Eso se traduce en que las inversiones en limpieza, pavimentación, bibliotecas, carriles bicis, gasto social… No se realizarán en 2016. Por tanto, el dinero que no se invierta en eso irá, por ley, a amortizar deuda.

Conclusión

Esperamos que el superávit para el cierre del ejercicio 2016 sea espectacular por los ingresos dados, pero no por la capacidad de gastar e invertir con criterio, que se ha demostrado nula. Ahora Madrid amortizará deuda, lo hará en cifras récord, pero no por deseo, sino por incapacidad… Y porque así lo obliga la ley. Queda claro que hablar de una buena gestión por parte de Ahora Madrid es absurdo y los cuatro puntos anteriores así lo ponen de manifiesto.

Miguel Ángel Redondo es concejal del Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos.

Los ‘derechos humanos’ del islam. / Islam’s «Human Rights».

por Janet Tavakoli
28 de Noviembre de 2016

Tras presenciar cómo la República Islámica de Irán viola los derechos humanos, adopta la ley de la sharia, persigue a otras religiones, asesina a los disidentes y obliga al poder judicial a ponerse al servicio del Ministro de Inteligencia, parece claro que lo peor que puede ocurrirle a un país libre occidental es permitir que los fundamentalistas islámicos se hagan con un gobierno.

La mayoría de los 1.600 millones de musulmanes del mundo rezan en árabe, aunque no sea su lengua materna. El problema, sin embargo, no reside en la traducción, sino en la ideología.

Quince de los diecinueve secuestradores del 11-S eran árabes saudíes; dos eran de Emiratos Árabes Unidos, uno era de Egipto y otro del Líbano. Todos eran de países de lengua árabe.

Los eruditos musulmanes no se unieron para protestar por el acto terrorista del 11-S. En su lugar, muchos celebraron una victoria: el Corán incluye pasajes que permiten la violencia para expandir el islam.

La mayoría de los denominados musulmanes son amantes de la paz, pero como hay 164 versículos del Corán que prescriben la yihad, muchos musulmanes pueden sentir que sería herético o desleal condenarlo.

Los países de lengua árabe no son los únicos que apoyan el terrorismo. Según el Departamento de Estado de EEUU, la República Islámica de Irán sigue siendo el principal Estado patrocinador del terrorismo. Irán también anunció recientemente que seguirá financiando el terrorismo, incluidas las organizaciones terroristas Hezbolá [«El Partido de Alá»] y Hamás.

Irán sigue financiando la fetua de muerte dictada contra un europeo, el novelista británico Salman Rushdie, por Los versos satánicos –una novela–, dictada en 1989 el ayatolá Jomeini, muerto hace mucho tiempo. El año pasado, la recompensa por su cabeza se incrementó en otros 600.000 dólares, alcanzando casi los 4 millones de dólares.

Hasta su muerte a principios de este año, el ayatolá Vaez-Tabasi, un prominente clérigo chií en Irán, que presidió el santuario del Imán Reza, el cual atrae anualmente a tantos visitantes como La Meca, llamó a librar una «perpetua guerra santa».

Las prácticas de Mahoma chocan con los valores humanistas de la civilización occidental

Los fundamentalistas ven a Mahoma como el hombre perfecto. Sin embargo, Mahoma fue el guía de sus violentos seguidores, que violaron, esclavizaron a presos de guerra y asesinaron a los no creyentes como parte del plan de expansión del islam. Hoy, dicha conducta es emulada por los terroristas islámicos en Irak, Siria, Sudán, Pakistán, Bangladés, Mauritania y Nigeria, por citar sólo unos pocos.

Mahoma tuvo varias esposas, entre ellas una esclava que se le dio como regalo. Con los cincuenta años ya cumplidos, le pidió a un amigo la mano de su hija, de seis años, y consumó el llamado matrimonio cuando la niña tenía nueve. Aunque Mahoma criticaba las costumbres corruptas de sus contemporáneos árabes, mantuvo relaciones sexuales con una niña que era demasiado menor para tener capacidad de consentimiento; en Occidente llamamos a esto estupro. (Sahih Bukhari, volumen 5, libro 58, número 234)

Haciendo referencia a la vida de Mahoma, los fundamentalistas permiten matrimonios forzosos con menores en países como Arabia Saudí, Afganistán, algunos Estados del Golfo e Irán.

Si los líderes musulmanes fundamentalistas no entienden lo errónea que resulta esta ideología a ojos de occidente, tal incomprensión podría dar lugar a una visión fundamentalmente distinta de los derechos humanos: para Occidente, estos valores se encarnan en la Ilustración –valores como las libertades individuales, la libertad de pensamiento, la investigación desinteresada– , y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: que todos los pueblos, al margen de su raza, religión o sexo, tienen derecho a la vida, a la libertad y la seguridad personal, y a la libertad frente a la tortura, la esclavitud y el trato degradante.

Para los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), sin embargo, todos los derechos humanos deben basarse en primer lugar en la ley religiosa islámica, la sharia: todo lo que esté dentro de la sharia es un derecho humano, y todo lo que esté fuera de la sharia NO es un derecho humano.

Para los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica, los derechos humanos deben estar basados en la ley religiosa islámica, la sharia: lo que esté dentro de la sharia es un derecho humano; lo que esté fuera, no. En la imagen, la cumbre que la OCI celebró en Estambul en 2016. (Imagen: captura de un vídeo de Al Yazira).
Para los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica, los derechos humanos deben estar basados en la ley religiosa islámica, la sharia: lo que esté dentro de la sharia es un derecho humano; lo que esté fuera, no. En la imagen, la cumbre que la OCI celebró en Estambul en 2016. (Imagen: captura de un vídeo de Al Yazira).

Por lo tanto, la esclavitud, o el sexo con menores, o pegar a las mujeres, o llamar «adulterio» a las violaciones que no cuentan con cuatro testigos –castigado con la pena de muerte–, o que una mujer valga oficialmente la mitad que un hombre, son todo «derechos humanos».

En 2005, después de que el dibujante danés Kurt Westergaard dibujara una viñeta que satirizaba suavemente a Mahoma por encargo de un periódico, muchos clérigos musulmanes lo acusaron de blasfemia y pidieron su muerte. Entre ellos, un clérigo paquistaní que ofreció un millón de dólares de recompensa para quien asesinara al danés. Protestaron miles de musulmanes. En 2010, un asaltante musulmán, hacha en mano, atacó a Westergaard en su casa; por fortuna, Westergaard pudo escapar a una habitación segura.

Los gobiernos occidentales deberían mantenerse firmes frente a quienes nos chantajean para que renunciemos a nuestras libertades. Ningún gobierno inteligente debería debilitar el derecho a la libertad de expresión para aplacar a una gente que se presenta falsamente como víctimas, cuando a menudo son, en realidad, los agresores.

Los musulmanes reformistas y la crisis de credibilidad

La mayoría de los 1.600 millones de musulmanes del mundo no aprueben quizás la violencia y las violaciones de los derechos humanos, pero el hecho sigue siendo que los fundamentalistas no son un grupo marginal: ocupan posiciones de alto nivel en la jerarquía clerical musulmana. Hay decenas de millones (o más), y cada uno de ellos parece creer que su interpretación del islam es la única correcta. De este grupo, se calcula que cientos de miles son yihadistas dispuestos a tomar parte de la violencia activa.

Muchos musulmanes reformistas afirman que se les incluye injustamente en el mismo montón que esa cuadrilla de extremistas, pero si lo que están diciendo es que hay una división, puede que muchas veces no lo hayan expresado con demasiada claridad.

Cuando Martín Lutero, sacerdote católico y profesor de Teología, repudió dos enseñanzas fundamentales de la Iglesia Católica, reconoció que, por definición, ya no era católico. Formó parte de la Reforma protestante, y a sus seguidores se les conoce como luteranos.

Los musulmanes reformistas pueden seguir llamándose musulmanes, pero nunca podrá haber un Corán 2.0. Se considera que toda palabra del Corán es la palabra de Alá, similar a los Diez Mandamientos como la palabra directa de Dios. Nadie puede negar que Alá quiso decir realmente lo que se supone que Alá dijo. Las interpretaciones, sin embargo, sí difieren, y desde 1948 han provocado la muerte de 11 millones de musulmanes a manos de otros musulmanes.

Así que imaginemos lo que les podría deparar a los no musulmanes.

El islam, además, parece haberse estructurado para ser difundido mediante la violencia, la «yihad dura» y la «yihad blanda»: En la yihad dura entran el terrorismo, el asesinato y el intento de asesinato. En la yihad blanda entran la reescritura de la historia, como ha ocurrido con la votación de la Unesco que afirma que antiguos monumentos bíblicos, como la Tumba de Raquel o la Cueva de los Patriarcas, son islámicos, cuando el islam histórico ni siquiera existió hasta el siglo VII; la migración para hacer crecer el islam (héjira), como estamos viendo ahora en Europa y con las amenazas turcas de inundar Alemania de migrantes; la penetración cultural, como la promoción del islam en los libros de texto escolares o ajustar el currículum a la «corrección política»; la infiltración política y educativa, así como la intimidación (una yihad blanda bajo la que se esconde una yihad dura).

Más lamentable es que todo esto se haga tan a menudo, como con la Unesco, con la ayuda y la complicidad de Occidente.

Tanto la yihad dura como la blanda han sido históricamente el modo con que el islam ha podido imponerse en Persia, Turquía, Grecia, el sur de España, Portugal, todo el norte de África y toda Europa oriental. Depende de nosotros que no nos lo vuelvan a hacer.

ISLAMCANCER

Atención médica en Cuba, la realidad de un mito.

Solo hay que asomarse a los hospitales o clínicas de cualquier ciudad de Cuba para comprobar que mientras se exportan los servicios médicos a otros países, al interior de la isla van escaseando las oportunidades de obtener una atención médica de calidad.

LA HABANA, Cuba. -En Cuba, lograr la atención médica así como someterse a un examen de salud minucioso no resulta ni tan fácil ni tan gratuito como pregonan los medios oficiales y algunos otros foráneos que se hacen eco de las noticias sin tomarse el trabajo de investigar en el terreno. Solo hay que asomarse a los hospitales o clínicas de cualquier ciudad de Cuba para comprobar que mientras se exportan los servicios médicos a otros países, al interior de la isla van escaseando las oportunidades de obtener una atención médica de calidad.

Ante las puertas de las consultan crecen las colas de pacientes que, al final del día, solo obtienen un par de recetas y muy poca orientación sobre cómo enfrentar determinada dolencia debido a que los Cuerpos de Guardia ya no cuentan con personal debidamente preparado, y se va volviendo una práctica generalizada que sean los estudiantes de medicina quienes suplan la falta de personal.

Como consecuencia, se multiplican los diagnósticos errados y las complicaciones por malas prácticas que han agravado la situación de caos, al unirse a las prohibiciones de realizar estudios de laboratorio, el acortamiento de los periodos de ingreso hospitalario (para reducir los costos de los servicios) y la fatiga de los médicos, que han debido redoblar sus jornadas de trabajo y reducir los periodos de entre guardias para infructuosamente lograr paliar la situación.

Testimonios delatan la realidad del sistema de salud cubano

Una joven doctora del Hospital Clínico Quirúrgico de 10 de Octubre, antiguo

A cualquier hora los consultorios médicos permanecen cerrados (fotos del autor)
A cualquier hora los consultorios médicos permanecen cerrados (fotos del autor)

Dependiente, en la capital, nos comenta:
“Aquí las condiciones son pésimas y los periodos entre una guardia y otra son de menos de 48 horas. Hay días en que he tenido que empatar una jornada con otra y después salir a atender a mis pacientes en sala. La mayoría de los médicos de aquí están para Brasil y Venezuela y los que hemos quedado no alcanzamos a cubrir la demanda. Por la situación de este hospital, recibimos una gran cantidad de pacientes todos los días. La mayoría vienen con síntomas de dengue y procesos diarreicos y a veces no hay reactivos para los análisis. No hay capacidad para ingresarlos, tenemos que mandarlos para la casa. Muchos de ellos no tienen condiciones ni alimentación suficientes para hacerle frente a la enfermedad. Así que después, a las pocas horas, vienen peor o casi muertos”.

Zaida Luz Castellanos, vecina de Centro Habana, padeció dengue y nos describe cuánto debió esperar para que la diagnosticaran:

“Llevaba dos días con fiebre de 38 y todos los síntomas que describen en la televisión y por ahí, aun así me mandaron para la casa porque decían que tenía que esperar a las 72 horas para hacerme los análisis. Me atendió una estudiante de medicina de Ecuador, se veía que no sabía qué hacer. Le dije que me sentía muy mal, que tenía dolores en las articulaciones y que incluso me estaba saliendo una erupción en los brazos, que sin dudas era dengue, y me dijo que ella tenía indicado que los análisis eran solo para aquellos que tenían fiebre durante más de tres días, que a todos los demás había que mandarlos para la casa a tomar bastante líquido y Duralgina. Aunque me dio la receta, no pude comprarla en la farmacia porque no había. Se la compré a un viejito que las estaba vendiendo en una esquina, a cinco pesos el paquete de diez pastillas.”

Zaida Luz Castellanos
Zaida Luz Castellanos

“En cuanto al líquido, solo tomé agua porque no tenía ni para hacerme un jugo. Nadie fue por mi casa a preguntar si me había muerto o me había curado. Yo no iba a regresar al hospital a hacer una cola para ver si tenía dengue. Después supe que tuve dengue pero de nada me servía hacer una cola para verle la cara a una estudiante de medicina. […] Y ni hablar del Médico de la Familia, el consultorio de por mi casa siempre está cerrado. Creo que ni vive nadie allí. Al final, fui a ver a una amiga que trabaja en el [hospital] Julio Trigo y finalmente me hicieron los análisis. Había tenido dengue y ya llevaba más de una semana con la enfermedad”.

“Potencia médica”, inoperante industria

El testimonio de Zaida coincide con cualquiera de las historias que uno puede escuchar a diario. Ya sea para una simple consulta de estomatología o para un análisis de rutina con el objetivo de solicitar empleo, acceder al sistema de atención sanitaria en Cuba y ser atendidos dignamente se ha convertido en una verdadera proeza.

Los niveles primarios de atención no funcionan y hasta el acto de obtener el medicamento apropiado para los tratamientos resulta una odisea, al punto de que una parte de la población, aquella que cuenta con las posibilidades, casi siempre termina pidiendo los fármacos a los familiares que residen en el exterior.

La mayoría de los consultorios de aquel antiguo programa de salud de los años 80 que Fidel Castro nombrara “Médicos de las 120 familias”, un plan de construcción de viviendas-consultorios que atendería a las familias en los barrios, han caído en el olvido. Como sucede con todo en Cuba, pasado el furor del momento, muchos de los consultorios han sido clausurado y los poquísimos que aún funcionan lo hacen unas pocas horas al día y son locales con pésima iluminación, falta de agua, ausencia de instrumental adecuado. Las personas solo los usan para pedir una receta médica cuando llegan los medicamentos a las farmacias o para un servicio menor.

En cuanto a las farmacias, la mayoría exhiben sus anaqueles vacíos o anuncian en carteles que han sido clausuradas o que están a la espera de algún medicamento. Aquellos productos de mayor demanda como los analgésicos y los antibióticos se agotan al instante y más tarde cualquiera los encuentra en el mercado negro, a precios prohibitivos para el ciudadano común. Sin dudas, para los más pobres, es decir, para la inmensa mayoría de la población cubana, enfermar de un simple catarro suele ser un proceso muy cercano a la tragedia.

Anaqueles vacios en farmacia en calle Línea en el Vedado

Fidel Castro y Marcos Ana o la hipocresía de la izquierda

Avatar de miqueridaespana

El Che, Raúl y Fidel preparando un fusilamiento

«Cubanos, Castro ha muerto», y la figura del Comandante debería ser valorada exclusivamente por los historiadores sino fuera porque su régimen sigue sobreviviendo a día de hoy, aunque sea a base de empezar a tragarse buena parte de sus fracasadas teorías económicas.

Lo que aquí nos ocupa es cómo nuestra extrema izquierda e izquierda extrema, los Podemos, Izquierda Unida, Bildu y algunos destacados dirigentes de ERC y, no tanto, del PSOE, están reaccionando ante la muerte del ex dictador de Cuba. Apenas 24 horas antes que Castro, fallecía un poeta de la misma ideología que firmaba como Marcos Ana y que fue uno de los presos mal llamados republicanos (frentepopulistas es lo propio) más longevos, saliendo de prisión en 1963 (sí, doce años antes de que Franco muriera), ante los elogios de la misma izquierda que guarda el duelo por Fidel y…

Ver la entrada original 581 palabras más

La ruina económica que deja Fidel Castro. / The economic ruin left by Fidel Castro. (SPANISH-ENGLISH)

El dictador amasó un gran patrimonio, pero hasta su propio hermano Raúl reconoce que el legado castrista es desastroso.

Por  via LIBREMERCADO

Fidel Castro deja a Cuba sumida en la miseria | Efe
Fidel Castro deja a Cuba sumida en la miseria | Efe

Los actuales salarios no satisfacen las necesidades del trabajador cubano y de su familia

El modelo actual influye negativamente en la disciplina e incentiva el éxodo de personal cualificado que opta por salir de Cuba

El sistema desestima la promoción de los más capaces, ya que se traduce, generalmente, en que a mayor responsabilidad, menores ingresos personales

La anterior valoración sobre la ruina socioeconómica de Cuba no la firma ningún furibundo activista anticomunista. En realidad, son declaraciones de Raúl Castro en 2014. El hermano de Fidel reconocía así la necesidad de abandonar progresivamente el comunismo y adoptar un modelo económico más abierto.

Desde entonces, la dictadura ha impulsado tímidas medidas aperturistas, a menudo cosméticas, y también ha aprobado diversas leyes de inversión extranjera que buscan facilitar la entrada de capital en la isla. La viceministra de Comercio Exterior, Ileana Núñez, visitaba Madrid hace dos años y se reunía con el diario El País para reconocer que Cuba necesita «captar recursos financieros y lograr inversiones en sectores estratégicos». La cabecera de referencia de la izquierda escribía entonces que el objetivo de Fidel y Raúl Castro era «sacar al país del estancamiento económico y el subdesarrollo».

La realidad es cruda. Tras medio siglo de dictadura, el sueldo medio de los cubanos no llega a los 600 pesos, lo que se traduce en menos de 20 euros mensuales. ¿Y qué pueden adquirir los cubanos con esos 600 pesos? Un litro de yogur cuesta 30 pesos, un paquete de detergente o un kilo de pollo salen a 120 pesos… Y si ya resulta difícil comprar alimentos, acceder a cualquier comodidad se convierte en una misión imposible. Por ejemplo, una televisión cuesta 16 meses de sueldo íntegro mientras que una hora de internet supone 40 pesos.

La fortuna de Fidel

El impactante documental Cuba y los elefantes pone de manifiesto la miseria que sufren a diario los cubanos:

Pero recién fallecido Fidel Castro no sufría las penurias que sí atraviesa el cubano medio. Según revela su ex guardaespaldas, Juan Reinaldo Sánchez, el dictador nunca se privó de las comodidades y el lujo. «Al contrario de lo que pregonaba, Fidel nunca renunció a los lujos del capitalismo, una cosa era su discurso sobre la «vida austera» que debían vivir los revolucionarios, otra cosa era su modo de vida, que era el de todo un capitalista», escribe.

Ya en su día, Fidel Castro fue incluido en la lista de políticos millonarios que elaboró la revista Forbes. Por aquel entonces, se estimaba que el dictador amasaba un patrimonio cercano a los 800 millones de dólares.

«No es el bloqueo, estúpido»

A menudo se culpa al bloqueo de EEUU del empobrecimiento cubano. En realidad, el progresivo desplome del castrismo se explica por el declive de la Unión Soviética, que cada año inyectaba fondos equivalentes al 30% del PIB isleño. Hoy, Cuba es libre de comerciar con cientos de países y, de hecho, el comercio supone el 40% de su PIB. Sin embargo, la producción de la isla es tan primaria que Cuba es un actor marginal en la globalización.

La clave no está, por tanto, en el bloqueo de EEUU, sino en el atraso económico que ha generado el socialismo. Lo vemos, por ejemplo, con el azúcar y los cigarros. Aunque en 1958 había una producción de azúcar equivalente a 859 toneladas por cada 1.000 personas, hoy esta cifra es de apenas 106, ¡ocho veces menos! Algo parecido ha ocurrido con los cigarros: desde 1958 hasta hoy, su producción cayó de 92.000 a 26.000 por cada 1.000 personas, ¡3,5 veces menos!

inglaterra

TEXT IN ENGLISH

The dictator amassed a great heritage, but even his own brother Raul recognizes that the Castro legacy is disastrous.

Current wages do not meet the needs of the Cuban worker and his family.

The current model negatively influences the discipline and encourages the exodus of qualified personnel who choose to leave Cuba.

The system dismisses the promotion of the most capable, Generally, with greater responsibility, lower personal income

The previous assessment of Cuba’s socioeconomic ruin is not signed by any furious anti-communist activist. In fact, they are declarations of Raúl Castro in 2014. Fidel’s brother thus recognized the need to gradually abandon communism and adopt a more open economic model.

Since then, the dictatorship has encouraged timid, often cosmetic, opening-up measures, and has also passed a number of foreign investment laws aimed at facilitating the entry of capital into the island. Deputy Foreign Trade Minister Ileana Núñez visited Madrid two years ago and met with the newspaper El País to recognize that Cuba needs to «raise financial resources and secure investment in strategic sectors.» The reference header on the left then wrote that the objective of Fidel and Raúl Castro was «to get the country out of economic stagnation and underdevelopment».

The reality is crude. After half a century of dictatorship, the average salary of Cubans does not reach 600 pesos, which translates into less than 20 euros per month. And what can Cubans acquire with those 600 pesos? A liter of yogurt costs 30 pesos, a pack of detergent or a kilo of chicken comes out at 120 pesos … And if it is already difficult to buy food, access to any comfort becomes an impossible mission. For example, a television costs 16 months of full pay while an hour of internet costs 40 pesos.

The Fortune of Fidel.

The shocking documentary Cuba and the elephants shows the misery that Cubans suffer daily:

But recently deceased Fidel Castro did not suffer the hardships that the middle Cuban does. As revealed by his former bodyguard, Juan Reinaldo Sánchez, the dictator never deprived himself of comforts and luxury. «Contrary to what he preached, Fidel never gave up the luxuries of capitalism, one thing was his discourse on the» austere life «that revolutionaries had to live in, another way was his way of life, that of an entire capitalist» , writes.

Already in his day, Fidel Castro was included in the list of millionaire politicians who made Forbes magazine. At that time, it was estimated that the dictator amassed a patrimony near the 800 million dollars.

«It’s not the block, stupid»

The US blockade of Cuban impoverishment is often blamed. In fact, the progressive collapse of Castroism is explained by the decline of the Soviet Union, which each year injected funds equivalent to 30% of the island’s GDP. Today, Cuba is free to trade with hundreds of countries and, in fact, trade accounts for 40% of its GDP. However, the island’s production is so primary that Cuba is a marginal player in globalization.

The key, therefore, is not the US blockade, but the economic backwardness that has generated socialism. We see it, for example, with sugar and cigarettes. Although in 1958 there was a production of sugar equivalent to 859 tons per 1,000 people, today this figure is only 106, eight times less! Something similar has happened with cigars: from 1958 to today, their production fell from 92,000 to 26,000 per 1,000 people, 3.5 times less!

Carta de Santiago Abascal líder de Vox a Pablo Iglesias de Podemos.

Os recomiendo que no dejéis de leerla y compartir.

Pablo, permite que me ahorre lo de «estimado», más que nada porque me gusta decir la verdad siempre. El caso es que el otro día reiteraste tu miseria moral alabando a un terrorista. Dijiste que «sin personas como Otegi no habría paz». No leí tus declaraciones. Me las leyó mi padre. Me llamó por teléfono expresamente. Te ahorro la literalidad de la conversación porque es más virulenta aún que las letras que ahora escribo.

Pero debes saber que, mientras tú vomitabas esa basura, el hombre que me llamaba no debía de tener a muchos metros a los escoltas que le vigilan desde hace veinte años gracias a las balas de los amigos de Otegi. Mientras tú pasabas tu infancia en Soria leyendo a Verne y a Salgari, yo la pasaba en tierra vasca y española viendo cómo mataban a los amigos de mi padre, como Jesús Velasco o Félix Galíndez, o como a Estanis Galíndez, cartero de mi pueblo, asesinado, como todos, por la espalda. Sello de tus admirados, valientes y perspicaces amigos.

Mientras tu adolescencia empezaba a despertar con sueños húmedos con no sé qué actriz española –algo de eso dijiste hace poco–, la mía despertaba con las cartas que la ETA escribía a mi abuelo para anunciarle su temprana muerte: «Le buscaremos hasta ejecutarle», rezaban las misivas de tus perspicaces amigos. Mientras tú te reunías con el enemigo en una herriko taberna y alababas la «perspicacia de ETA», yo recibía a mis hijos en el paritorio acompañado por guardaespaldas.

Mientras tú te entretenías en la universidad entre escrache y manifa, yo acudía a la universidad escoltado y veía mi nombre en un punto de mira pintado con spray en las mismas pizarras. Literal, Pablo. Mientras tú disfrutabas de tus becas y de tu vida facilona, yo llevaba una pistola al cinto por si podía evitar que me pegasen un tiro en la nuca, anuncio también literal de las paredes de mi pueblo.

Mientras tú animabas a la afición que te jaleaba a salir a «cazar fascistas» o a pegar a un «lumpen», y quizá mientras tú leías cómo se hace un cóctel molotov, yo empezaba la madrugada apagando el fuego de la tienda de ropa de mi padre, arrasada por el fuego de los cócteles molotov de los amigos de tus amigos.

Mientras tú te dedicabas a acosar a los que no piensan como tú en la universidad me acuerdo ahora de Rosa Díez, yo veía pasar el féretro de Gregorio Ordóñez entre vivas a España, o velaba el cadáver de Jesús Mari Pedrosa, asesinado a tiros en la puerta de su casa en Durango.

Mientras yo rendía honores a Manuel Indiano, abatido a balazos en su tienda de golosinas de Zumárraga, tú cogías un vuelo para tu paraíso venezolano o iraní para aprender cómo jodernos más la vida.

Tu paraíso es nuestro infierno. Tus amigos son nuestros enemigos.Y tus héroes, Pablo, son nuestros villanos. Y tú siento decirlo y siento pensarlo eres todo eso a la vez, sin matices, el enemigo, un villano y el infierno mismo.
Por eso somos tantos los que te conocemos, cada día un poco más, los que vemos la gran mentira que se esconde detrás de alguna de tus verdades. Y por eso somos tantos los que te combatiremos, en las universidades si hace falta, en las urnas cuando toque, en los tribunales cuando la ocasión lo exija.
En la cheka si ese es nuestro destino en la España soviética que querrías construir. Y en todos los lugares en los que pretendas dar tu pérfida batalla. Cuando quieras y donde quieras. Porque se trata de nuestra Patria y se trata de nuestra Libertad. Y no solo no crees en ninguna de las dos, sino que quieres destruir ambas.

Lo tienes crudo, porque somos millones los que pensamos que representas lo peor. Lástima que los corruptos te hayan dado esta oportunidad para engañar a tanta buena gente.

Porque es así, Pablo, tú solo eres una consecuencia de la corrupción de tantos dirigentes del PSOE y del PP. Gracias a Dios, la España decente os combatirá a ambos a la vez. Por una España más unida, más justa y más libre. Os combatiremos siempre.

Santiago Abascal

Podemos empobrecerá a los más pobres con su ley de salario mínimo.

Una ley de salario mínimo solo decreta la prohibición jurídica de trabajar por debajo de una determinada remuneración. La ley no obliga a subir los sueldos de nadie

JUAN RAMÓN RALLO

El Congreso aprobó el pasado martes una proposición de Ley de Unidos Podemos para incrementar progresivamente el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio de España en el año 2020. Dado que en la actualidad el salario medio de España asciende a unos 1.881 euros mensuales, la propuesta de la formación morada pasa por fijarlo en 1.108 euros mensuales en 2020 (950 euros mensuales en 14 pagas).

La idea parece razonable, dado que únicamente desarrolla la respectiva sugerencia de la Carta Social Europea: a saber, que los salarios mínimos nacionales representen al menos el 60% de los salarios medios. Sin embargo, su fundamentación económica es muchísimo más endeble y peligrosa, justamente por no entender qué es y qué implicaciones conlleva un incremento normativo del sueldo mínimo.

¿Qué es el salario mínimo?

Empecemos por lo básico: una ley de salario mínimo solo decreta la prohibición jurídica de trabajar por debajo de una determinada remuneración. La ley no obliga a subir los sueldos de nadie, dado que el empresario puede optar por despedir al trabajador antes que abonarle un mayor salario. Si muchas personas confunden ambas proposiciones (subir el salario mínimo legal con incrementar los salarios más bajos de la economía) es porque implícitamente asumen que el empresario no podrá permitirse prescindir de sus empleados y, por consiguiente, se verá empujado a incrementarles su sueldo.

Si la aportación mensual que efectúa un trabajador a los ingresos de la empresa es inferior al salario mínimo legal, el empresario optará por despedirle

Pero esta última hipótesis —que el empresario preferirá siempre aumentar la remuneración de sus trabajadores antes que despedirlos— es cuando menos discutible. Si la aportación mensual que efectúa un trabajador a los ingresos de la empresa (lo que suele llamarse “productividad marginal del trabajador”) es inferior al salario mínimo legal, entonces el empresario optará por despedir a su empleado: “Si gracias a ti ingreso 10 pero me cuestas 15, mejor no te contrato”. Imaginen que el Congreso aprobara una “ley de altura mínima”, según la cual los empresarios no pudieran contratar a trabajadores que midieran menos de 1,85 metros: ¿lograría esa normativa aumentar la altura de los obreros más bajitos o más bien equivaldría a prohibirles trabajar por ley? O imaginen que el Congreso aprobara una “ley de ingresos mínimos” para los autónomos, según la cual ningún trabajador autónomo con ingresos inferiores a 1.100 euros mensuales tiene permitido desarrollar la actividad en nuestro país: ¿conseguiría esa ley que los autónomos ingresaran más o simplemente los condenaría al desempleo? El problema de las leyes de salario mínimo es justamente ese: en lugar de contribuir a mejorar las remuneraciones de los sectores más débiles de la sociedad, puede terminar relegándolos al desempleo estructural.

Ahora bien, es verdad que hay muchos economistas que defienden los aumentos del salario mínimo legal. ¿Por qué? Pues una de dos: o porque consideran que parte de los trabajadores están percibiendo a día de hoy un salario inferior a su productividad marginal (es lo que ocurriría en mercados laborales monopsónicos o con comportamientos similares al monopsonio) o porque creen que el incremento de los salarios mínimos contribuirá a elevar la productividad del trabajo de manera endógena (por ejemplo, porque el mayor coste laboral inducirá a los empresarios a reducir sus ineficiencias organizativas internas; o porque el mayor salario actuará como un estímulo keynesiano sobre el resto de la economía; o porque el mayor salario estimulará a los propios trabajadores a volverse más eficientes; o porque el mayor salario desincentivará la alta rotación de empleados en un mismo puesto de trabajo). En principio, pues, no cabe rechazar teóricamente de plano que un cierto incremento del salario mínimo pudiera generar un incremento sostenible de la ocupación y de las remuneraciones.

Por tanto, para conocer la relevancia real de los anteriores efectos no queda otra que recurrir a la empírica: ¿qué nos dice la experiencia acerca de las consecuencias de los aumentos del salario mínimo legal?

Efectos del salario mínimo

En 2009, los economistas Hristos Doucouliagos y T. D. Stanley publicaron una meta-análisis de 1.474 estimaciones acerca de los efectos del salario mínimo sobre el empleo, y el conjunto de tales estimaciones mostraba que, por cada incremento del 1% en el salario mínimo, el empleo se reducía un 0,19%. Es decir, si Unidos Podemos propone aumentar el salario mínimo legal un 45%, el empleo tenderá a reducirse un 8,5% con respecto a los niveles actuales: una destrucción de 1,5 millones de puestos de trabajo.

Es verdad, sin embargo, que Doucouliagos y Stanley consideran que su devastadora estimación sobre los efectos del salario mínimo se debe a que existe un sesgo de publicación entre los ‘journals’ de Economía: esto es, que los autores y los editores tienden a publicar en mayor medida análisis críticos con el salario mínimo que análisis favorables al mismo. Pero fijémonos en que la exoneración de los efectos destructivos del salario mínimo no se debe a que la evidencia disponible concluya que el salario mínimo es inocuo, sino a la presunción de que la evidencia disponible no es totalmente válida.

Si Unidos Podemos propone aumentar el salario mínimo legal un 45%, el empleo tenderá a reducirse un 8,5%: una destrucción de 1,5 millones de puestos

Pero supongamos que, en efecto, un incremento del salario mínimo no provoca destrucción neta de empleo porque la evidencia negativa sí se halla sesgada. ¿Significa ello que carece de consecuencias negativas sobre los trabajadores? En absoluto. La destrucción de empleo es solo uno de los posibles canales de transmisión de una subida del salario mínimo, pero hay al menos otros cinco canales negativos para los que contamos con diversos grados de evidencia empírica:

  • Ralentización de la creación de empleo: El incremento del salario mínimo no tiene por qué reducir el volumen de empleo actual, sino que bien puede frenar la creación de nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, los economistas Meer y West estiman que un aumento del 10% en el salario mínimo conlleva una reducción del 25% en el ritmo de creación de empleo. Dado que Unidos Podemos desea aumentar el salario mínimo más de un 40%, ello significaría que la creación de empleo de la economía española se frenaría por entero.
  • Reducción del número de horas trabajadas: Los empresarios pueden no despedir a aquellos trabajadores cuyo salario mínimo ha aumentado, pero sí pueden reducir el número de horas por las que los contratan (sustitución de la jornada a tiempo completo por jornada a tiempo parcial). Si la hora de trabajo sale más cara, su demanda de horas de trabajo cae.
  • Reducción de los salarios en especie: Los empresarios pueden compensar el mayor coste salarial con un menor coste no salarial (por ejemplo, una menor inversión en formación interna), de modo que la remuneración total de un trabajador no cambiará pese al mayor salario mínimo legal.
  • Sustitución de trabajadores no cualificados por trabajadores cualificados: Imaginemos que la productividad de un trabajador no cualificado es 10 y la de un trabajador cualificado es 15. Si el coste de contratar al no cualificado es 5 y el de contratar al cualificado es 12, el empresario preferirá incorporar al trabajador no cualificado (su margen de ganancias es mayor). Sin embargo, si se eleva el salario mínimo de 5 a 8, pasará a ser más rentable contratar al trabajador cualificado, de modo que el empresario podría optar por despedir a los empleados no cualificados para incrementar la contratación de los cualificados (el efecto del salario mínimo sobre el empleo total sería nulo, pero saldrían perdiendo aquellos a los que se quería beneficiar con el mayor salario mínimo).
  • Aumento de precios: Los empresarios que vendan bienes o servicios con una demanda muy inelástica podrán repercutir su mayor coste salarial sobre los precios finales. Pero, evidentemente, si los precios de los bienes de consumo aumentan, los salarios reales de todos los trabajadores se reducirán. O dicho de otro modo, el aumento nominal del salario mínimo de algunos trabajadores ocasionará un recorte del salario real de otros trabajadores. ¿Cuál es el saldo neto de este efecto redistributivo entre los que ganan y los que pierden? De acuerdo con un reciente estudio del economista Thomas MaCurdy, el efecto es netamente perjudicial para los más pobres (pues son ellos los que consumen un mayor porcentaje de los productos que más se encarecen).

La evidencia disponible, pues, no parece avalar un incremento del salario mínimo en España: incrementar la frontera mínima legal a partir de la que está permitido trabajar en nuestro país solo contribuirá a reducir muy significativamente el empleo y a hundir los ingresos reales de las familias más pobres. Un riesgo que, con una tasa de paro del 20%, no nos podemos permitir.

Incrementar la frontera mínima legal a partir de la que está permitido trabajar contribuirá a reducir el empleo y a hundir los ingresos de las familias más pobres

Ahora bien, imaginemos que somos relativamente escépticos con respecto a los resultados anteriores. A la postre, sigue habiendo numerosos economistas partidarios de subir el salario mínimo legal. ¿Quedaría en tal caso justificada la propuesta de Unidos Podemos? No, ni mucho menos. Incluso aquellos economistas partidarios de subir el salario mínimo son conscientes de que, a partir de ciertos umbrales, el efecto es siempre negativo. Tomemos el caso de uno de los más destacados defensores académicos de incrementar los salarios mínimos: el profesor Arindrajit Dube.

Dube defiende que los distintos estados que componen EEUU fijen un salario mínimo equivalente al 50% del salario mediano de ese estado. Él mismo reconoce que se trata de una propuesta osada y arriesgada —“la propuesta de incrementar el salario mínimo hasta el 50% del salario mediano va algo más allá del rango salarial para el que disponemos de una mejor evidencia empírica”—, pero por la que cree que merece la pena apostar. En España, el salario mínimo ya representa el 47,8% del salario mediano (el salario mínimo en doce pagas son 764 euros mensuales y el salario mediano en 2015 fue de 1.596 euros), de modo que incluso para economistas como Dube tendríamos poco margen para incrementarlo sin considerables riesgos.

Sucede que Unidos Podemos no pretende aumentar el salario mínimo al entorno —o algo por encima— del 50% del salario mediano, sino al 60% del salario medio, lo cual equivale al 70% del salario mediano. Se trataría, con diferencia, del salario mínimo relativo más elevado de toda la OCDE. Una absoluta imprudencia que multiplicaría todos los riesgos de destrucción de empleo en una economía que ya padece una altísima tasa de paro estructural como la nuestra:

En definitiva, la propuesta de Unidos Podemos de incrementar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio es puro populismo laboral. No existe ningún otro país desarrollado con una regulación salarial tan restrictiva y obstructiva, acaso porque sus consecuencias serían verdaderamente devastadoras: y lo serían, muy en especial, para aquellos trabajadores con menores sueldos. Si a Unidos Podemos realmente le preocuparan los sectores más desfavorecidos de la sociedad, mañana mismo procedería a retirar su pauperizadora proposición de Ley: no lo hará porque su genuina preocupación no son los trabajadores pobres, sino alcanzar el poder a hombros del populismo más descarnado… caiga quien caiga.

El órdago nacional.

Por , Magistrado excedente del Tribunal Supremo

Aumenta la frecuencia de los desplantes de los secesionistas frente al Estado. No pasa un día sin que insistan en su desafío de convocar ilegalmente una consulta previa a su declaración de independencia, o directamente amenacen con lo que denominan desconectarse del Estado español.
Diariamente nos desayunamos con esa cantinela, cansina por lo reiterada pero preocupante por la intensificación de la firmeza con la que expresan su enloquecido plan secesionista. Y porque ya empiezan a pasarse abiertamente por el arco del triunfo las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo con la mayor desfachatez. Dicen que no se sienten sujetos a sus decisiones porque son tribunales españoles….
Todo esto se veía venir desde hace muchos años. La pasada Historia contemporánea de España avalaba los peores augurios, y los acontecimientos políticos recientes los corroboraban. Sin embargo, quienes tenían el deber y el poder de poner a punto los mecanismos jurídicos de respuesta no lo han hecho. Prefirieron mirar hacia otro lado. De hecho, se dedicaron de manera suicida a desarmar el aparato jurídico del Estado, eliminando sus defensas hasta dejarlo inerme frente a los retos del secesionismo. Y esto durante veintiún años, que se dice pronto.
Pero hemos llegado ya al final del trayecto y las autoridades del Estado parece que por fin ven las orejas al lobo y dicen que quieren responder. Proclaman ahora solemnemente que tienen dispuestos y a punto los mecanismos de reacción. Si es así, a buenas horas…
Yo, la verdad, no veo tales mecanismos por ninguna parte. Por más que los busco y estudio el ordenamiento jurídico no los encuentro. No descubro ninguna respuesta legal verdadera y seria. Me refiero, claro está, a una respuesta que sea eficaz y dotada de una escala que se ajuste realmente a la gravedad del desafío que hay que neutralizar.
Porque si de lo que se trata es de tener una reacción raquítica, canija, lo mejor será no usarla ni exhibirla siquiera. Por dignidad. Por no hacer el ridículo, y por evitarnos a todos los españoles tener que rematar con un triste espectáculo final la incompetencia de quienes desde los resortes del poder político nos han traído a rastras hasta esta lamentable situación histórica.
Le dirán a usted, amable lector, que el Estado está preparado. Pero no se deje engañar. Sepa usted que hoy en España, aunque parezca mentira, proclamar la independencia de una parte de su territorio no es un delito. Ni puede ser castigada semejante enormidad con una pena. A la opinión pública se le dice que sí lo es, pero no es cierto. Me consta que importantes juristas de altísimo nivel situados en las instituciones del Estado trabajan con ahínco para encontrar la naturaleza delictiva del desafío secesionista. Yo lo veo muy difícil sin retorcer los textos legales y sin quebrantar el principio de legalidad, fundamental en el Derecho Penal civilizado.
Lo que es verdad es que el comportamiento al que me refiero fue un grave delito en España durante muchos años hasta que el Código Penal de 1995, llamado Código de la democracia, suprimió todas las figuras penales que castigaban los ataques a la unidad nacional, y los comportamientos secesionistas dirigidos a la fragmentación del Estado. Ataques que castigaba, y muy severamente, por cierto, el Código Penal de la Segunda República: su artículo 242 recogía como delito de rebelión “los ataques a la integridad de España… bajo una sola Ley fundamental y una sola representación de su personalidad como tal Estado español”. La pena no era precisamente menuda: de seis años y un día a doce años de prisión; y en el caso de llegar a tener efecto la rebelión, la de prisión de doce años y un día a veinte años para los promovedores de ella.
El Código Penal de la Segunda República castigaba, y muy seriamente, los ataques a la unidad nacional.
Este delito se mantuvo en los Códigos Penales posteriores, primero como delito de rebelión y luego como delito de sedición. Pero el legislador del 95, aquejado de un buenísimo suicida, los suprimió todos haciendo gala de una ceguera política verdaderamente asombrosa. Pero la verdad es que tampoco nadie después rectificó este error, aunque lo conocían. Y así hemos seguido durante veintiséis años. Ahora las cosas quieren arreglarse tarde y mal. Y posiblemente no puedan ya arreglarse de ningún modo.
Ésta es la verdad que no se cuenta.
¿Y ahora qué tenemos?, se preguntará usted. Pues nada… No tenemos nada que castigue la proclamación de independencia de una parte de España: no es ya rebelión porque ésta exige que la finalidad de separar una parte del territorio español se pretenda a través de un alzamiento público que además tiene que ser “violento”. No es tampoco sedición porque este delito exige que el alzamiento público sea además “tumultuario”. Así que proclamar la independencia de parte del territorio español, sin que medie violencia ni haya tumulto, aun concurriendo alzamiento público, no es nada.
Es más: ni siquiera los sucesivos gobiernos de España han querido incluir semejante barbaridad entre los delitos contra la Constitución. Le parecerá mentira pero así es. Entre esos delitos encontrará el lector un variado repertorio de conductas más o menos perturbadoras del trabajo de los diputados; incluso el inocuo hecho de manifestarse ante las sedes del Congreso de los Diputados, por citar sólo un ejemplo de algo irrelevante pero que ha sido elevado a la categoría de delito contra la Constitución. Sin embargo, no encontrará usted ninguna figura que describa la proclamación de independencia de una comunidad autónoma o de una parte de nuestro territorio, en el seno de una asamblea legislativa por votación y decisión colectiva de sus Señorías secesionistas.
¿Qué nos queda entonces? Pues el modesto campo de la desobediencia a los tribunales en el que no faltan ciertas particularidades verdaderamente bochornosas: cuando el desobediente es una autoridad (por ejemplo, Presidente de la Comunidad Autónoma) que se niega abiertamente a dar debido cumplimiento a una resolución judicial (por ejemplo, Supremo o Constitucional), ni siquiera su comportamiento rebelde es delito contra la Constitución a pesar de que integra un verdadero ataque a la estructura del Estado y a la división de poderes. Es sólo un modesto delito contra la Administración Pública, o sea, un delito en el que lo que se protege es la eficacia de la maquinaria que dispensa los servicios públicos. La pena por ello es ridícula: una pequeña multa, y una inhabilitación por dos años como máximo para ejercer empleos o cargos públicos… precisamente en España. Es fácilmente imaginable lo que estas penas pueden impresionar a la autoridad autonómica secesionista que se constituye en Estado independiente.

Aún más: el precepto que recoge este delito de la autoridad desobediente a las sentencias judiciales es el mismo que, también con idéntica pena, sanciona a cualquier funcionario que desobedece las órdenes recibidas de la autoridad superior. No importa ni el rango jerárquico del que desobedece ni la relevancia de la autoridad desobedecida, desde una perspectiva constitucional. Así que para el legislador ambas cosas son equiparables: la conducta del modesto funcionario que desobedece a la autoridad de la que depende y la conducta de la autoridad rebelde que se niega a cumplir las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional o de nuestro Tribunal Supremo.
Y todavía algo peor: el precepto contiene la vergonzosa previsión de que el desobediente (pensemos en un Presidente autonómico que se niega a cumplir una sentencia del Supremo o del Constitucional) pretenda su exención de responsabilidad con el alegato de que el mandato incumplido era contrario a la Ley. No digo que este alegato pueda prosperar. Digo que la norma prevé la posibilidad de hacer esta alegación incluso cuando el mandato desobedecido proceda del más alto Tribunal de España. Y digo yo que el sólo hecho de que el Código Penal contemple esta hipótesis como posible y por tanto como alegable en un proceso, debería abochornar al legislador español que ha mantenido este estado de cosas en el repertorio jurídico del Estado.
Así que cuando ahora nos dicen que están preparados los mecanismos jurídicos para responder al desafío, pienso para mis adentros: “menos lobos…”
El Gobierno, viniéndose arriba, busca tranquilizar a la inquieta opinión pública. Pero no nos engañemos. Para soltar un órdago así al envite del nacionalismo hace falta algo más que entusiasmo. Hace falta tener mejores cartas jurídicas. En este problema no se puede ir de farol porque se corre el riesgo de que te contesten: “veo”. Y en ese momento hay que enseñar las cartas.
Entonces, ¿qué haremos? Mucho me temo que, aparte del ridículo, no haremos nada. Sólo contemplar un desastre de gravísimas consecuencias para la Historia de España. Un desastre que tiene una larga nómina de responsables.