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Presupuesto golpista, no

¡¡VÁYASE, SEÑOR RAJOY!!. Pero de la política y que le acompañen Pedro Sánchez y ese macarra de medio pelo de «El Coletas».

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FERNANDO ALVARADO / EFE

Por  Federico Jiménez Losantos en El Mundo

Albert Rivera ha dicho que «los españoles no se merecen» el acuerdo de Rajoy y Sánchez para que recomience el golpe de Estado ese Hitleret que llama «bestias» a los catalanes y otros cuatrocientos cincuenta millones más que en el mundo hablan español. Cierto. Por eso los españoles dejan en masa de votar a los partidos que han usufructuado el régimen constitucional durante cuarenta años. Ahora, en el momento más grave de la historia de España desde 1936, Rivera debe demostrar que merece ser el presidente de esos españoles traicionados por los que, ante el requetegolpe de Estado, huyen en desbandada camino de unos jueces a los que Catalá y Robles ya han apuñalado preventivamente, por si Torra accediera a disimular un añito.

La parte de representación o parlamentaria ante el requetegolpe ya la ha desempeñado magníficamente Ciudadanos. Es difícil hacerlo mejor que Inés Arrimadas en las sesiones de investidura del que nos llama «bestias», sin que se inmuten esos medios de comunicación catalanes apesebrados y golpistas. Torra presume también de que toda su familia, como pidió en un tuit, es parte de los CDR, esos matones que agreden a los que en Cataluña se oponen a la dictadura xenófoba de un nacionalismo que, al fin, muestra su verdadera faz. También ha negado la legitimidad de su propio nombramiento, al reconocer que es otro y no él, pese a haberlo votado el parlamento regional, el presidente legítimo: el forajido, archicobarde y requetegolpista Puigdemont. También ha dicho que repondrá al paramilitar golpista Trapero -que debería estar en la cárcel- al frente de los 17.000 mozos de escuadra que son los que han de enfrentarse a tiros con la policía, la guardia civil y el ejército español. Y, por supuesto, ya ha dicho que a ver qué día decae el 155 y le dan la llave de la caja para refinanciar el requetegolpe, o sea, el enfrentamiento civil.

Ese dinero es el de los futuros Presupuestos del Estado, que serían los del requetegolpe pactado por Rajoy con Urkullu y sus borrokas. Y Rivera no debería votarlos jamás. Si Sánchez, que participa plenamente del proyecto golpista catalán en la Comunidad Valenciana y Baleares, quiere votarlos, que lo haga. Los españoles no merecemos que Rivera también nos traicione. Aunque no sea por patriotismo sino por interés, debe romper ya con Rajoy.

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Un 155 contra Ciudadanos

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Hoy por hoy es el único partido que cree que la unidad de España es un bien a preservar.

Por     en Libertad Digital

El Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE de Pedro Sánchez se han puesto su mejor traje de hombres de Estado y han pactado que aplicarán el 155 en según qué circunstancias y con según qué alcance. Sus voceros justificarán la alianza en la gravedad de la situación. Nadie duda de esa gravedad. De lo que cabe dudar, y mucho, es de las intenciones de estos dos necios arrogantes. Si efectivamente Pedro Sánchez percibiera la gravedad de la situación que atraviesa España, habría ayudado al Gobierno en la tramitación de los presupuestos generales a fin de evitar el chantaje del PNV. Y si efectivamente Mariano Rajoy hubiera sido consciente de los peligros que acechan a la nación, jamás se habría sometido a la extorsión de un partido cuyo objetivo es destruirla. No sólo: si de verdad tuvieran tan clara la necesidad de colaborar, lo que harían sería formar un Gobierno de coalición y arremeter unidos con toda la fuerza del Estado contra quienes quieren romper España.

Nada de eso hay porque el peligro que perciben Rajoy y Sánchez es en realidad el mismo que empujó a los nacionalistas vascos a votar los presupuestos. Ese peligro se llama Ciudadanos. Los acuerdos a los que llegaron este martes Rajoy y Sánchez no tienen por objeto pactar una estrategia con la que hacer frente a los futuros desafíos de la Generalidad. Su razón de ser es aislar a Ciudadanos. Y la prueba está en la invitación a Pablo Iglesias que el pacto incluye. Tal invitación es absurda, toda vez que el invitado es el responsable de que su franquicia en Cataluña entregara la presidencia del Parlamento catalán a los soberanistas. Esto es así porque el pacto no está dirigido contra Torra, sino contra Rivera. Su propósito es demostrar al electorado que el partido naranja sufre un ataque de histeria, sobreactúa y está contraindicado para combatir el independentismo catalán. El mensaje es que los soberanistas sólo pueden ser vencidos con mesura y sosiego y no con la ansiedad y precipitación que empapan las propuestas de Ciudadanos. De manera que Rajoy y Sánchez no se unen para salvar España sino para salvar sus antifonarios. Es para este elevado fin para el que hay unidad.

Es evidente que Rivera cometió un gravísimo error cuando se permitió apoyar la ley de presupuestos junto con el PNV, pues eso lo convirtió en cómplice del chantaje. Quizá creyó que no debía desdecirse o le pudo más colgarse las medallas de las medidas que había logrado introducir en ellos. Sea como fuere, el caso es que hoy por hoy representa al único partido que cree que, mal que bien, la unidad de España es un bien a preservar. Lo que Rajoy y Sánchez pretenden en definitiva es destruir la única esperanza que les queda a quienes creen que merece la pena tratar de impedir que España se rompa, aunque sólo sea para proteger la libertad de los españoles que se tienen por tales y que viven en Cataluña.

Las otras ‘manadas’ que no tuvieron juicios mediáticos en España: ¿adivinas el motivo?

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En España ha habido una gran polémica por la sentencia de “La Manada”, que vino precedida de un juicio paralelo en los medios, juicio que no tuvieron otros casos similares. ¿Por qué razón?
He estado investigando un poco en hemerotecas y en las webs del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, y me he encontrado con las siguientes noticias de abusos sexuales en grupo ocurridos en los últimos años y que no merecieron la atención de los grandes medios, y por las que no han montado protesta alguna ni los grupos feministas ni los partidos de izquierda que ahora arremeten contra los jueces del caso “La Manada”:
Estoy seguro de que los datos que he indicado en negrita no han tenido que ver con el silencio abrumador de los medios, de las organizaciones feministas y de los partidos mayoritarios sobre estos casos. Todo debe ser pura casualidad, o a lo mejor hay alguna otra razón que se me escapa y que seguramente alguien tendrá la amabilidad de explicarme.
Por Elentir

Torra es ilegítimo, Rajoy se ha deslegitimado

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Rajoy, en El Puerto de Santamaría/Quim Torra con Elsa Artadi durante el debate | EFE

Nadie que acepte la investidura de Torra podrá decir que no participa en el Golpe, porque lo hace.

Por 

Plácido Fernández-Viagas, letrado del parlamento andaluz e hijo del primer presidente de la Junta de Andalucía, luego senador por el PSOE y miembro del CGPJ, publicó ayer en El Mundo un gran artículo que, a mi juicio, ilumina la gravedad de la situación institucional española tras la proclamación del candidato «limpio» que buscaba Rajoy y que ha resultado ser un racista redomado llamado Torra, cuyo discurso de investidura fue una burla al Estado, un reto a los jueces y una llamada al conflicto civil entre catalanes, que son los separatistas, y los «fascistas españoles que viven en Cataluña», más de la mitad de los votantes que no aceptan el apartheid antiespañol. Nunca se vio con tal claridad la condición criminal del proyecto separatista y la gravísima responsabilidad de las instituciones españolas si lo aceptan.

La ilegitimidad del nombramiento de Torra

Aunque Rajoy, empeñado en conseguir, para evitar nuevas elecciones, un gobierno de la Generalidad a cualquier precio, salió de inmediato a decir que «no le gustaba» el discurso de Torra, pero que aguardaba a «sus hechos», la elección de alguien que anuncia que proseguirá el golpe de Estado plantea un problema no sólo ético -¿debe firmar el Rey el nombramiento de alguien que insulta a los españoles y proclama su empeño en la ilegalidad?- sino legal y político: ¿es legítima la elección de Torra con un programa guerracivilista?

Tres son los aplastantes argumentos de Fernández-Viagas. El primero es el del nombramiento de Torra y su elección por el Parlamento regional.

 

«¿Reúne los requisitos necesarios para superar los límites impuestos por la aplicación del artículo 155 de la CE? Es muy dudoso la verdad, sobre todo si se tiene en cuenta que participar en un proceso de carácter delictivo lo impediría claramente. No se puede incidir en una rebelión y, al mismo tiempo, presidir una de sus comunidades autónomas. Un Estado serio no puede aceptar, por comodidad, miedo, prudencia incluso, una actuación fraudulenta contra su ordenamiento jurídico.»

A partir de ahí, esgrime tres argumentos. El primero, la continuidad de la actividad delictiva de Puigdemont, expresamente exhibida por ambos:

«La candidatura de Quim Torra ha sido impuesta por un señor, Puigdemont, que está encausado por hechos susceptibles de ser tipificados como rebelión, conspiración para la rebelión, o sedición, y que se considera aún presidente legítimo de la Generalitat. Más grave aún, pretende utilizar a Torra como un elemento meramente ejecutor de su proyecto calificado como delictivo. Si es consciente el candidato de todo ello, y no parece muy tonto, debería tener en cuenta que nuestro Código Penal cuando determina la responsabilidad criminal señala, en su artículo 29, que «son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos», algo en lo que podría incidir claramente Quim Torra. ¿Cómo puede considerarse, entonces, legítima una propuesta dirigida a consolidar una rebelión?»

El segundo argumento, aunque no lo cite el artículo, cabría integrarlo en la instrucción del Juez Llarena en el Supremo y el agravamiento del delito:

«Sería disparatado no tener en cuenta que los efectos de los delitos de que viene acusado el señor Puigdemont no han sido consumados. Sus propios autores recuerdan que su único objetivo es «implementar la República». Y en ese propósito se enmarcan las actuaciones que vienen realizando a nivel internacional, los distintos hechos de resistencia, activa y pasiva, que se desarrollan en Cataluña y, sobre todo, la enorme campaña que su aparato de propaganda, desde medios oficiales incluso, sigue protagonizando. El proyecto criminal, de existir, se encontraría en una fase decisiva, la de consolidación del enfrentamiento con parálisis de nuestro aparato estatal.»

Y el tercer argumento, escrito -ojo- antes del discurso de investidura de Torra, plantea el problema de fondo: la «vuelta a la normalidad»… golpista:

«Para restablecer la legalidad constitucional no basta con la elección de un «presidente limpio» de imputación penal. Es ridículo siquiera plantearlo, lo que es necesario es que no participe en forma alguna en hechos que, en su día, pudieran merecerla. Y lo cierto es que el señor Torra está siendo utilizado de manera instrumental en hechos muy posiblemente constitutivos de un delito de rebelión, que el Estado no puede tolerar.»

Evidentemente, si los tres argumentos bastaban y sobraban para rechazar la investidura del candidato por lo que había manifestado antes de la sesión de investidura, el discurso de Torra despreciando la Ley, retando al Estado e insultando a los partidos españoles de Cataluña, lo convierten en absolutamente intolerable. Nadie que acepte la investidura de Torra podrá decir que no participa en el Golpe, porque lo hace. A PP y PSOE, que han hecho del borrón y cuenta nueva la política ante el golpismo catalán, les resultará difícil rectificar, pero si Ciudadanos mantiene -debe hacerlo- la ilegitimidad de la investidura de Torra, Rajoy y Sánchez serán socios de sus fechorías, al mismo nivel de Podemos. Pero el partido más afectado es el del Gobierno.

Ni normalidad, ni legalidad: insurrección que pagan los españoles

El «manejo magistral de los tiempos» de Rajoy, que tanto elogiaban sus turiferarios cuando tuvo una mayoría absolutérrima y no la usó para nada, se ha revelado como una pereza pavorosa a cualquier compromiso con la acción de Gobierno, que es para lo que está en la Moncloa. La vergonzosa dejación de funciones ante el separatismo catalán durante casi seis años, los que consigna Llarena en la instrucción del caso contra los golpistas, ha sido fundamental para que la situación haya desembocado en esto: la designación de un racista por un forajido para representar al Estado Español en Cataluña.

Pero Rajoy tiene un problema: al entregarse de pies y manos al separatismo para tirar año y medio en La Moncloa, sin otro plan que el de su particular y exclusiva supervivencia, sus socios debían procurar no delatarle. Urkullu lo ha hecho al elogiar su «sensibilidad» con los asesinos de la ETA, y ahora la famosa estrategia del «candidato limpio» desemboca en este Torra, que empieza re-proclamando la República, despreciando la Constitución e insultando a los españoles de Cataluña, en los que antaño tenía votos el PP.

Torra ha dejado en ridículo a Rajoy y a Pedro Sánchez a las primeras de cambio. Y le ha servido a Rivera el menú completo para hartarse de votos del PP y el PSOE, indignados por su actitud ante el golpismo vasco y catalán. La estrategia «normalizadora», de la que Rivera supo salirse a tiempo y que Arrimadas enterró ayer con otra gran actuación simbólico-parlamentaria, es un filón electoral sencillamente inagotable para Ciudadanos. Cada fechoría que haga Torra, y las hará a diario, porque es un fanático racista y místico, genuinamente pujolista, como explicaba ayer su examigo Miquel Giménez en Vozpopuli, se cargará en el debe de Rajoy; y en el de Sánchez; y en el de Podemos, porque comunismo y racismo separatista nunca encajan del todo.

El dilema del Rey

Por último, por si faltaba algo, está el dilema del Rey, que apareció en televisión justo cuando, por la deserción bipartidista, ganaba el golpismo y sacó a la calle a la nación española, mostrando la inmensa fuerza que atesora y los partidos desprecian. Afrentado institucionalmente por Torra, que además participó en un escrche contra él, debe firmar (o no firmar) su nombramiento como representante en Cataluña del Estado que quiere violentamente destruir. Porque cuando Arrimadas dijo que Torra no venía a presidir la generalidad sino los CDR dijo exactamente lo que va a hacer: la máxima violencia contra los catalanes no nacionalistas y el máximo desafío al Estado.

¿Y puede el Rey hacerlo como si estuviera respaldando cualquier nombramiento del Gobierno en el ejercicio de su papel constitucional? Dicho de otro modo: ¿es constitucional colaborar con el golpe anticonstitucional? No me extrañaría que, por prudencia y previendo violencias futuras, el Rey retrasara la firma del decreto de nombramiento de Torra como representante del Estado hasta tener un informe del Consejo de Estado sobre la legitimidad de ese nombramiento. Sólo entonces, si fuera positivo, debería firmarlo. En mi opinión, por las razones dadas al principio -o sea, tomadas de Fernández-Viagas- no debería hacerlo. En todo caso, y respetando la difícil decisión que tome, un gesto formal de reprobación sería necesario.

Y si Rajoy y Sánchez se atreven a alegar que eso es salirse de sus funciones, que se preparen. Todos hemos vimos que tuvo que salir en televisión porque ellos no las cumplieron, ni las cumplen, ni piensan hacerlo. España ha entrado en un terreno pantanoso por su personal y política cobardía. Ya veremos cuándo y cómo podemos salir.

La libertad individual y el Estado.

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Ensayo de Enrique Arenz sobre la doctrina liberal

La libertad individual es la gran conquista de la civilización occidental. Pero una conquista permanentemente amenazada y puesta en tela de juicio por el deseo de algunos de imponer su voluntad a sus semejantes.

Siempre hay personas que aspiran a gobernar a los demás, a pesar de que nadie en el mundo tiene el derecho de hacerlo. Es inevitable que esto ocurra en todos los tiempos y en todas las sociedades. Por eso la libertad no puede conservarse si los hombres no están dispuestos a defenderla cada día de su existencia, siendo muchos los peligros que la acechan permanentemente. Tanto la sociedad en su conjunto, al ejercer sobre las energías creativas de las personas ciertas presiones inhibitorias, como algunos hombres antisociales, al intentar someter a otros hombres, tejen una sutil trama de coacciones que tienen a limitar, restringir o, en algunos casos extremos, a impedir el ejercicio de las libertades individuales.

Por algo el premio Nobel de economía, Friedrich A. Hayek definió a la libertad como aquella condición por la cual la coacción que algunos ejercen sobre los demás queda reducida, en el ámbito social, al mínimo. “La libertad es la independencia frente a la voluntad arbitraria de un tercero”, afirmó resumiendo su claro concepto.

Pero Manuel Tagle va aun más lejos y asevera que la libertad es algo más que la simple ausencia de coerción. En su artículoAlberdi y de Tocqueville, dos almas gemelas, publicado en el diario La Prensa del 25/9/84, dice este pensador argentino: “En una primera instancia menos madura, la libertad se reduce a cortar los lazos dealgo que nos sujeta. Pero una vez alcanzada esa ausencia de coerción, la libertad del individuo se transforma en libertad para algo por realizar”.

Ahora bien, suele pensarse erróneamente que todo orden social implica inevitablemente una disminución de la libertad individual como precio por las ventajas de la civilización. Algunos opinan que el hombre primitivo disfrutaba plenamente de su derecho natural a ser absolutamente libre, pero que al organizarse socialmente debió sacrificar parte de su libertad en beneficio del conjunto.

No es así. La pérdida de la libertad jamás podría ser el precio de la civilización por la sencilla razón de que no puede haber libertad sin civilización. Imposible fuera concebir la libertad individual desvinculada de un ámbito de organización y cooperación social. Sólo en la esfera de las relaciones humanas cobra sentido la idea de la libertad. Tiene razón von Mises cuando nos señala que el hombre no nació ni fue libre en sus orígenes, puesto que en el orden biológico los más fuertes dominan y vencen a los más débiles, razón por la cual nuestros antepasados, los hombres primitivos, aún no organizados socialmente, sólo eran libres hasta que tropezaban con criaturas más fuertes. Cabe afirmar, por lo tanto, que el hombre no puede ser libre si no se organiza socialmente para serlo.

Suele decirse también que el “bienestar común” exige progresivas restricciones a la libertad individual. Debemos rechazar esta cómoda y peligrosa idea sencillamente porque tal “bienestar común” no existe, es una mera abstracción. Sólo existe el bienestar de los individuos siempre y cuando éstos dispongan de suficiente libertad y medios adecuados para alcanzar sus propios y personales fines. Resulta inimaginable una sociedad bien alimentada y feliz, salvo que esté integrada por individuos bien alimentados y felices. La sociedad es una abstracción cuya existencia sería inconcebible sin los individuos que la componen. La sociedad fue voluntariamente creada por las personas cuando éstas comprendieron las ventajas de unirse y cooperar entre sí frente a las dificultades que implicaba tratar de sobrevivir aisladamente. Por lo tanto el individuo está antes que la sociedad. El llamado “bienestar común” deriva en todo caso del bienestar de los individuos que componen la sociedad. Von Mises afirmaba que en libertad las mentes más agudas y ágiles son impulsadas a promover el bienestar de las más rezagadas.

Diferente, en cambio, es el concepto del bien común siempre que con él estemos señalando las condiciones políticas y jurídicas que aseguran las libertades del individuo y a las cuales éste se subordina. El bien común es la finalidad del derecho, según veremos más adelante.

Límites de la libertad

La libertad, sin embargo, nunca es absoluta, ya que necesariamente debe el hombre someterse a tres categorías de leyes que limitan sus acciones: las leyes físicas, las leyes praxeológicas y las leyes humanas de orden público. (En cierto sentido, el orden moral también condicionaría la libertad. Jorge García Venturini afirmada que no hay libertad sin moral ni moral sin libertad. “El hombre -decía- es libre, pero no hace lo que quiere sino lo que puede, y tampoco debe hacer lo que pueda sino lo que deba”. Sin embargo, debemos advertir que esta cuestión pertenece al ámbito de la conciencia individual. Desde el estricto punto de vista de la doctrina libertad todo aquello que contribuye a fortalecer la cooperación social voluntaria es moral, en tanto que lo que tienda a entorpecer o impedir dicha cooperación debe considerarse inmoral).

Las tres categorías de leyes mencionadas arriba (físicas,praxeológicas y humanas) establecen límites a la libertad individual, pero cuando una sociedad está organizada para la libertad, estos límites tienden a expandirse en lugar de contraerse. Puede decirse que la libertad es un sistema de fronteras móviles que el hombre puede ampliar permanentemente.

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Este concepto encierra tanta importancia para la comprensión de nuestra doctrina que es conveniente demorarnos en una más detallada explicación.

Todo el mundo acepta la soberanía de las leyes físicas como razonable límite a la libertad. No ocurre así con las leyes praxeológicas que, por desconocimiento, suelen ser resistidas por las personas. Esto se refleja en las leyes humanas. Cuando la sociedad dicta sus leyes de orden público, respeta escrupulosamente la jurisdicción de las leyes físicas. Ninguna ley humana, por ejemplo, puede contradecir la Ley de gravitación universal de Newton. Sin embargo, las leyes humanas suelen extralimitarse en lo referente a las leyes praxeológicas cuyas zonas invaden por desconocimiento.

Absurdo sería aun para el más ignorante decir que un hombre no es libre porque no puede arrojarse desde un décimo piso y volar como las aves. Cualquier necio comprende las leyes físicas que impiden hacer tal cosa. Sin embargo, cuando se trata de juzgar la suba de precio de un producto que escasea, pocos son los que advierten (aún entre los más cultos) la existencia de leyes praxeológicas que producen ese fenómeno, y la mayoría prefiere culpar a los comerciantes y exigir la intervención del Estado en resguardo de la “libertad” de comprar barato. En muchos casos (en la Argentina y en muchos otros países, sobre todo en tiempos de inflación o de crisis) este reclamo popular induce al legislador a sancionar leyes arbitrarias que comprimen las libertades individuales, vulneran el derecho de propiedad y alteran el orden espontáneo del mercado agravando aun más el problema que se pretendía solucionar. (Comprobaremos más adelante que la “libertad de comprar barato” es equivalente a la “libertad de volar”. Tan ilusoria una como la otra, salvo que atinemos a ampliar inteligentemente las fronteras móviles de la acción humana, en cuyo caso ambas serán posibles.)

El hombre nunca podrá lograr absolutamente todo lo que se propone. Sus deseos son ilimitados, pero las posibilidades de que dispone para satisfacerlos son siempre escasas. Por eso su libertad se halla necesariamente restringida y condicionada a esfuerzos y sacrificios personales para ampliar sus límites.

Las leyes físicas y las leyes praxeológicas son dóciles con quienes las entienden y respetan. Pero castigan implacablemente a quienes las llevan por delante. “La naturaleza no consiente burlas -escribió Goethe-, es siempre verdadera, siempre seria, siempre rigurosa; tiene siempre razón, y los errores y equivocaciones son siempre de los hombres. Ella repudia al inepto y se rinde tan sólo a quien es capaz, verdadero y puro, revelándole sus secretos”

Pero así como las leyes físicas y las leyes praxeológicas ofrecen flexibilidad en el trazado de sus límites a la libertad individual, con la sola condición de que el hombre sepa descubrir y respetar sus postulados, las leyes humanas, cuando pretenden modificar la naturaleza de las cosas, crean barreras rígidas que reducen arbitrariamente la esfera de la acción humana. No hay forma de ensanchar las posibilidades del hombre dentro de un sistema jurídico que pretenda crear y conceder derechos contrarios al orden natural, cuando sólo debiera limitarse a proteger la propiedad privada, la libertad de todos y el ámbito de la convivencia pacífica.

Nadie se rebela contra las leyes físicas cuando son éstas las que se oponen a los caprichos humanos- Pero cuando se trata de leyes praxeológicas las personas suelen resistirse a sus designios simplemente por ignorancia, y en lugar de buscar las soluciones por los cauces que esas mismas leyes les ofrecen, prefieren inducir a los políticos a dictar leyes que expropien (porque de eso en definitiva se trata) los frutos del trabajo de unos en beneficio de otros, creyendo que la falla está en la distribución de la riqueza. Todos pierden libertad y prosperidad por este camino. La invocada “libertad de comprar barato” (que ciertamente no puede concederse por decreto por ser ella el resultado laborioso de comprender y respetar las leyes praxeológicas) se transforma así en una aspiración ilusoria.

Las leyes físicas le dicen al hombre que no puede volar, pero al mismo tiempo le sugieren las soluciones científicas para fabricar una máquina voladora. ¿A quién se le ocurriría pedir al gobierno la derogación de la ley de Newton en resguardo de la “libertad de volar”? Tan sólo respetando esta ley y otras leyes físicas ha podido el hombre volar libremente como los pájaros.

Ahora apliquemos este razonamiento a las leyes praxeológicas. Si un producto comienza a faltar en el mercado, es natural que suba de precios, porque hay una ley praxeológica que se llama “Ley de la oferta y la demanda” que dice que si muchas personas desean al mismo tiempo un bien escaso, se producirá una competencia entre los potenciales consumidores quienes ofrecerán más dinero para quedarse con el producto anhelado. El precio que finalmente se forme en el mercado debido a esta presión de la demanda será el factor selectivo que se encargue de segregar quiénes pueden pagar de quiénes no pueden hacerlo, ya que si así no ocurriera, la violencia o el azar serían los que decidirían a manos de qué consumidores irían a parar las limitadas existencias disponibles.

Puede parecer injusto que en una sociedad civilizada unos puedan pagar y otros no. Sin embargo no es así. Von Mises nos explica en La acción humana que la desigualdad económica entre las personas es en sí misma el resultado de una previa selección del mercado, el cual, en decisiones que se modifican todos los días, hace a la gente rica o pobre, triunfadora o fracasada, según haya sabido o no interpretar y satisfacer los caprichos de… nosotros los consumidores.

Por otra parte, para comprar un producto a un determinado precio, no basta solamente con “poder pagar”, también es indispensable estar dispuesto a hacerlo. Recordemos que todo intercambio comercial se produce únicamente si cada parte valora en más lo que recibe que lo que da. Por consiguiente, habrá consumidores que no aceptarán el precio de un bien deseado a pesar de contar con el dinero necesario, sencillamente porque no lo considerarán un buen negocio y preferirán destinar sus limitados recursos a la compra de otros bienes aun más deseados.

El precio de mercado (esto lo veremos detalladamente más adelante), como fenómeno social selectivo, se produce por influencia de muchos factores concurrentes en cada consumidor y en cada vendedor. Algunos de estos factores son de carácter subjetivo (valor atribuido, preferencia, necesidad, emotividad), y otros, rigurosamente objetivos (capacidad económica, apremio legal, etc.)

Pero retornemos a la cuestión de las leyes praxeológicas. Si bien el fenómeno de los precios nos suele llamar la atención únicamente en aquellos productos que experimentan alteraciones en su abastecimiento, se verifica, en rigor, en todos los bienes y servicios que existen, ya que la oferta siempre es menos a la demanda potencial.

Es la escasez (combinada con su utilidad) lo que convierte a las cosas en bienes económicos. Todo cuesta, todo es dificultoso, todo tiene su precio porque todo lo útil o bien es difícil de obtener, o es obra de la creatividad y del esfuerzo humano. Sólo el aire abunda en todas partes, y por eso no tiene precio. El agua, en cambio, tiene valor comercial en muchos lugares, y aun donde abunda, debe pagarse por el servicio de su potabilización y traslado a los domicilios. Decía Röpke: “Toda sociedad debe confrontar el hecho de que, por un lado están nuestros deseos ilimitados, y por el otro, nuestros limitados recursos para satisfacer dichos deseos”. Es por ello -según ya lo hemos dicho antes-  que nadie ve totalmente satisfechas sus ambiciones. Y cuando alguien se enfrenta a dos cosas que desea ardientemente pero que no puede obtener al mismo tiempo, debe siempre elegir una y renunciar a la otra.

Estas leyes praxeológicas parecen muy antipáticas porque se empeñan en poner freno a nuestros antojos y caprichos. Sin embargo, son estas mismas leyes las que nos enseñan a economizarrecursos escasos a la vez que nos revelan sus secretos sugiriéndonos la forma científica de producir más y mejor para satisfacer cada vez en mayor medida nuestros ilimitados deseos.

Respetando las leyes praxeológicas logramos ampliar sus fronteras y con ellas el campo de las posibilidades humanas. La libertad de comprar barato resulta así tan posible como la libertad de volar. Nada más destructivo para el hombre civilizado que ir contra ellas. Tan vano resulta fijar precios y salarios por decreto (por mencionar tan sólo una de las insensateces de la política moderna, como derogar la ley de Newton.

La libertad debe ser de todos

Ahora bien, de la misma manera que nadie puede considerarse menos libre porque debe obedecer las leyes físicas y las leyes praxeológicas, tampoco puede hablarse de pérdida de libertad cuando el hombre debe respetar los límites que le imponen las leyes humanas, siempre que estas leyes tengan por finalidad únicamente la protección del individuo y la defensa de la libertad de todos. Si las leyes humanas van más allá de este objetivo -que es, por otra parte, su única justificación- la libertad individual es irremediablemente lesionada.

“El derecho -escribe Kant- puede definirse en general como la limitación impuesta a la libertad de un individuo hasta donde lo permite su acuerdo con la libertad de todos los otros individuos, en cuanto ello es posible por medio de una ley universal”.

Y recordemos a nuestro Alberdi: “Lo que llamamos nuestro deber no es más que la libertad de los otros: es la libertad nuestra que paga el respeto que debe a la libertad de otros”

La libertad, pues, debe ser de todos, y ella presupone la existencia de un contexto de cooperación e interdependencia social y la ausencia de coacción. Más allá de los límites impuestos por la libertad de los demás, el individuo libre disfruta de una amplia esfera de actividad privada en la cual no pueden intervenir los otros ni la sociedad.

A cada integrante de la sociedad le conviene que sus vecinos y conciudadanos desarrollen al máximo sus energías creadoras a fin de que el aporte de cada uno de ellos hacia la comunidad sea el máximo que su capacidad le permita. Un país con abundancia es un país donde todos producen y se benefician con la diversidad creciente de posibilidades y recursos. Ahora bien, si la libertad individual (según lo hemos visto en el capítulo anterior) es la condición indispensable para el fenómeno productivo se multiplique geométricamente mediante la liberación de las energías creativas individuales, es natural que todos nosotros, desde el más pobre al más rico, tengamos especial y personal interés en la libertad de los otros. En las antiguas monarquías absolutas el rey no era más libre que sus siervos: no podía curar sus enfermedades, no disponía de medios para viajar cómodo y seguro, no había calefacción en sus húmedos y fríos aposentos, no era dueño de darse una ducha caliente ni de hacer sus necesidades en un cómodo sanitario.

“¡El Estado soy yo!”  “¡Después de mí el diluvio!”  Así expresaban su arrogancia los soberanos absolutos cuya autoridad de origen divino les concedía la potestad sobre vidas y haciendas de sus súbditos. Sin embargo no podían disfrutar de las mínimas comodidades que hoy tiene a su alcance el más humilde obrero de un país capitalista. Con todo acierto William Allen White dijo que la libertad es la única cosa que uno no puede tener sin estar dispuesto a que los demás también la tengan. Porque si yo tengo libertad para trabajar, comerciar y poseer bienes y las demás personas no la tienen, no podré intercambiar nada con ellas, por lo cual no dispondré de aquellos indispensables medios que sólo la múltiple creatividad de los otros podría proporcionarme. Y sin tales medios, de poco habrá de servirme la libertad, pues mis posibilidades de elección serán casi nulas. Por el contrario, si todos somos libres, aún el más pobre recibirá parte de la riqueza creada por todos. “La vida del hombre medio es hoy más fácil, cómoda y segura que la del más poderoso en otro tiempo. ¿Qué le importa no ser más rico que otros, si el mundo lo es y le proporciona magníficos caminos, ferrocarriles, telégrafo, hoteles, seguridad corporal y aspirina?” (Ortega y Gasset, La rebelión de las masas).

Yo viajo diariamente en autobús. Mi asombro se renueva en cada uno de esos fantásticos viajes. Confortablemente sentado en una mullida y bien tapizada butaca individual, suelo preguntarme si no estoy soñando al desplazarme velozmente como en un cuento de hadas por lisos y bien nivelados pavimentos, protegido del frío y de la lluvia por grandes y transparentes ventanilla. Cuando llego a destino, oprimo un botón y como en el país de las maravillas de Alicia, el vehículo se detiene y la puerta trasera se abre para que yo, el soberano del siglo XX, pueda descender. ¿Cómo es posible no asombrarse frente a ese prodigio de la civilización? ¿Es que a alguien puede parecerle cosa natural un autobús circulando a frecuencia regular al servicio de la gente? Yo, al menos, no lo creo así. Soy consciente de que cada vez que hago ese fantástico viaje estoy recibiendo generosamente la cooperación acumulada de millones de personas que trabajaron, estudiaron, crearon, inventaron, ahorraron e invirtieron para que yo, por unos centavos, me pueda dar diariamente ese lujo inconcebible en otros tiempos. He ahí un sencillo ejemplo -a menudo inadvertido- de lo mucho que nos beneficia la acumulación de capital y la creatividad libremente expresada.

Gracias al capitalismo, cualquier trabajador recibe de millones de personas que jamás conocerá, más servicios y ventajas personales que los que obtenía a fuerza de látigo un señor feudal de sus esclavos.

Fácilmente deducimos, entonces, que el principal interés de toda comunidad consiste en asegurar a todos por igual el ejercicio de la libertad individual, creando leyes y costumbres tendientes a tal fin y abjurando del principal enemigo de la libertad, la divinización del poder, ya sea en su forma individual o colectiva.

El Estado y el orden jurídico 

Recapitulando, recordaremos que libertad individual es aquella condición por la cual todo hombre disfruta de una amplia esfera de actividad privada en la cual los demás no pueden interferir.

Si quisiéramos analizar el significado de la libertad desde un punto de vista negativo, deberíamos definir la esclavitud. Para ello nada mejor que recurrir a Herbert Spencer. Decía este pensador que esclavo es alguien que trabaja sometido a coerción para satisfacer los deseos de otro, y el grado de severidad de la esclavitud a que está sometido depende de la mayor o menor medida en que el esfuerzo es aplicado compulsivamente en beneficio de otro en lugar de serlo en propio beneficio.

Hemos analizado hasta aquí las dos condiciones extremas de un hombre: la total libertad individual (limitada por las físicas, las leyes praxeológicas y las leyes humanas), y la máxima esclavitud posible (también limitada por la última y trágica libre opción del esclavo: obedecer o suicidarse). Todos los infinitos estados intermedios que puedan imaginarse entre ambas condiciones extremas, son exponentes de pérdida de libertad del hombre. No es una exageración tautológica afirmar que el hombre nunca es más o menos libre, sino más o menos esclavo. La condición del hombre libre es una sola: no absoluta ni ilimitada, como queda dicho, pero sí susceptible de constante perfeccionamiento. Nadie puede considerarse libre “a medias”. Sólo se puede ser esclavo a medias.

Ahora bien, cuando se pierde la condición de hombre libre, la disminución progresiva de la libertad no se detiene. Lamentablemente esto ocurre en forma gradual y las personas no advierten lo que les está sucediendo, sobre todo cuando la pérdida de la libertad se produce por el avance del Estado sobre el ámbito de acción privativo de los particulares, en violación de las leyes praxeológicas del mercado, provocan desocupación de un sector laboral en beneficio de los obreros que conservan sus empleos. Con esta arbitrariedad no solamente limitan la libertad del empleador -y del consumidor, que en definitiva es quien fija precios y salarios- sino que también limitan la libertad de los propios trabajadores que quizás preferirían trabajar por un sueldo menor antes que quedar sin empleo.

Los límites del Estado han sido siempre un motivo de discusión, ya que de la misma manera con que algunos pretenden llevar su poder hasta extremos en que el hombre se transforma en su siervo, otros pretenden negar toda forma de autoridad política, aduciendo que el menor atisbo de coerción gubernamental implica pérdida de libertad.

Ninguna de ambas posiciones es aceptable. Es más, constituyen las dos caras de una misma moneda totalitaria: el colectivismo y el anarquismo.

Von Mises se encargó de aclarar, con estas palabras los fundamentos del orden jurídico en un sistema de libertad: “Mientras el gobierno, es decir, el aparato social de autoridad y mando, limita sus facultades de coerción y violencia a impedir la actividad antisocial, la libertad individual prevalece intacta. Esta coerción no limita la libertad del hombre, pues aunque éste decidiera prescindir del orden jurídico y el gobierno, no podría al mismo tiempo disfrutar de las ventajas de la cooperación social, y actuar sin frenos obedeciendo a sus instintos de violencia y rapacidad”.

En efecto, cuando el hombre delega la defensa de su libertad en una organización social, no renuncia a dicha libertad, ya que lo que quiere es precisamente preservarla. A lo que renuncia es a la irracionalidad y a la violencia. Por eso el hombre no puede ser libre si no se desenvuelve en un medio social donde todos los hombres hayan pactado cooperar entre sí para ser libres.

Es obvio que los gobiernos carecerían de toda justificación moral si los hombres no tuvieran aquellos instintos de rapacidad y violencia que los llevan a enfrentar permanentemente entre sí. De no existir reglas estipuladas de convivencia y una fuerza defensiva organizada, los más fuertes e inescrupulosos terminarían por someter a los más débiles e indefensos. La justificación moral de todo gobierno se nutre en un derecho natural de todo ser viviente: usar de la fuerza para defenderse de las acciones destructivas de los demás.

Nadie pone en duda que el derecho más elemental e incuestionable de todo ser humano es el derecho a vivir y a conservar la propia existencia. Este derecho, lógicamente, implica el uso de los medios adecuados para la obtención del sustento y la preservación de la vida y la salud. (Recuérdese que hay una sola cosa que el hombre puede hacer sin medios: dejarse morir). Ahora bien, si admitimos el presupuesto del derecho a la vida y al uso de los medios idóneos para defenderla, fácilmente deducimos que el hombre es libre para elegir, usar y disponer de una variedad ilimitada e imponderable de dichos medios con los cuales ha de conservar la vida, ponerla a cubierto de futuros riesgos, asegurar la supervivencia y bienestar de los hijos, acumular reservas para la vejez y eventuales enfermedades y, finalmente, alcanzar fines superiores. Nadie puede razonablemente negarle al hombre tales lógicas atribuciones, con lo cual queda claramente perfilado su derecho natural e inalienable a poseer bienes y disponer libremente de ellos. He aquí el sentido de la propiedad privada.

Pero la propiedad privada sería ilusoria si no se la protegiera en forma efectiva mediante el orden jurídico. Los más fuertes y violentos impedirían este derecho a los más débiles y terminarían por apropiarse de todo. La vida humana se extinguiría en el planeta.

En todos los tiempos han existido hombres pacíficos y hombres violentos. Hombres buenos y hombres malos. Los pacíficos han intentado vivir en comunidad, trabajando, creando e intercambiando libremente el fruto de su trabajo. Pero los violentos, han utilizado sus energías destructoras para imponer su voluntad a sus semejantes y apropiarse por la fuerza de las energías creadoras de los demás.

He aquí, en esta realidad de la condición humana, la primera amenaza a la libertad del hombre. Caín impone su violencia homicida sobre el pacífico Abel. El Antiguo Testamento nos muestra descarnadamente esta trágica circunstancia que habrá de acompañar eternamente el destino del hombre: la libertad y su amenaza permanente. El hombre pacífico frente a su tirano, el hombre violento.

Como se recordará, Leonard Read define a esta realidad como “el único problema social que existe”, ya que todo lo demás queda en la jurisdicción de lo creativo y lo individual.

Según hemos visto, el derecho a la vida y a conservar la propia existencia, implica necesariamente el derecho a la libre elección de los medios con los cuales lograr tales primarios fines. No cabe pues duda de que la libertad individual es un derecho anterior al hombre mismo ya que proviene de su Creador que lo dotó de la voluntad de vivir y del instinto de la supervivencia. La libertad, sin embargo (y esto también lo dijimos), sólo es posible en un contexto de organización social, ya que el hombre primitivo jamás pudo ejercerla. Es, por lo tanto, un derecho que requiere el voluntario propósito de cultivarlo (la conciencia del hombre libre es, en rigor, un estado cultural), un derecho que exige una clara convicción de su conveniencia social y, sobre todo, una firme decisión de preservarlo. La manera moderna de ejercer la libertad individual (sobre todo en el plano económico que es donde alcanza su máxima significación social) constituye, como afirmamos al principio de este capítulo, la gran conquista de la civilización occidental. Pero una conquista constantemente amenazada y puesta en tela de juicio. Por ello la libertad es un derecho que debe ser defendido todos los días, un derecho ligado a la vida misma que -al igual que ésta- se halla expuesta a mil peligros y acechanzas.

Por esta razón la libertad no es posible sin los medios adecuados para defenderla. Ahora bien, cualquiera tiene el derecho moral de impedir las acciones destructivas de los demás. Pero, por las razones que analizaremos a continuación, el hombre pacífico no puede enfrentar por sí mismo a los seres violentos que amenazan su libertad.

En primer lugar porque el hombre pacífico que dedica todas sus energías creativas a su trabajo, no puede estar de vigilante, temeroso de las acechanzas de los demás. Y aunque así lo hiciera, su reducido ámbito de información no le permitiría conocer los peligros que se ciernen sobre su vida y bienes, tramados a veces a mucha distancia.

Porque si cada individuo se hiciera cargo personalmente de su propia defensa, tendríamos en la Argentina 35 millones de tribunales de justicia, cada cual con su propia concepción del derecho.

Porque al hombre sólo le está moralmente permitido usar la “fuerza defensiva” y jamás la “fuerza agresiva”. La diferencia entre ambas es demasiado sutil para que cada cual la interprete a su manera.

Y finalmente el argumento más convincente: porque si se trata de imponerse por el uso de la fuerza, es imprescindible el empleo de las armas, y en este terreno siempre ganan los que las manejan mejor. Entre un hombre laborioso y pacífico y un delincuente, sin duda este último habrá de manejar más hábilmente las armas. Si cada cual estuviese librado a su propia defensa, los delincuentes no tardarían en erigirse en gobernantes y someter por la fuerza agresiva a todos los seres pacíficos.

Con lo cual no podemos sino llegar a la siguiente conclusión:El hombre debe delegar la defensa de su libertad en una organización que utilice con carácter de monopolio la fuerza defensiva, a fin de enfrentar -orgánica y eficientemente- el único problema social que existe: las agresiones de algunos individuos contra la libertad individual. De ahí la necesidad de que exista un gobierno y un orden jurídico.

La organización de un Estado sólo se justifica, entonces, en la necesidad de los individuos de defenderse contra las acciones humanas que inhiben la energía creadora y su libre intercambio. Un gobierno justo deriva de esta única motivación: la necesidad común de todos los hombres de protegerse contra aquellos que quisieran limitar sus posibilidades creativas.

“El principio que justifica la organización, por parte de la sociedad, de una función defensiva -nos advierte Leonard Read-, impone limitaciones a lo que debe realizar dicha organización. En una palabra, la limitación del derecho reside en la propia justificación del derecho.La fuerza es una cosa peligrosa. Por lo tanto, la función organizada de la sociedad es un instrumento peligroso. Contrariamente a lo que algunos sostienen, no es un mal necesario. Siempre que se limite a su debido alcance defensivo, es un bien positivo. Cuando excede sus justas limitaciones y se convierte en una agresión, no es un mal necesario sino un mal, directamente.”

Es simple deducir que las facultades de un Estado están limitadas por los mismos principios que justificaron su creación. Si ningún individuo tiene el derecho de gobernar a otro, mucho menos la asociación de muchos individuos (el Estado) formada precisamente para proteger a sus integrantes de aquellos que aspiran a imponerles su voluntad por la fuerza, podría asumir facultades que el individuo no tiene. Es decir, si yo me organizo junto a otros individuos en una sociedad para evitar que los merodeadores violentos intenten limitar mi libertad, mal puedo aceptar que esa misma sociedad vaya más allá de sus fines y avance sobre los derechos para cuya preservación fue creada.

Podemos, en fin, hacer un resumen de lo expresado hasta aquí diciendo que el ámbito donde la criatura humana puede desarrollar al máximo sus potencialidades creativas e intercambiar libremente sus energías en una cooperación voluntaria que beneficia a todos, es la libertad individual. Como dicha libertad está siempre amenazada, el hombre debe hacer algo para preservarla. El Estado, pues, es la consecuencia de la necesidad del hombre de proteger su libertad. Por tal razón el Estado es una organización subordinada al hombre que tiene, por definición, facultades estrictamente limitadas. Si estos límites defensivos son sobrepasados, cosa que ocurre hoy, lamentablemente, en todos los países del mundo, el individuo pierde independencia y ve interferida y reducida su esfera privada de acción.

Digamos, para finalizar este capítulo que existen dos tipos de fuerza  según ya lo insinuamos antes: la fuerza defensiva y lafuerza agresiva. La primera es un derecho indiscutido de todo ser viviente sobre la tierra. La segunda, en cambio, es siempre inmoral y socialmente destructiva. La violencia agresiva sólo es legítima en el mundo salvaje, en medio de la competencia biológica por la supervivencia.

 La competencia social propia del hombre civilizado se basa en la cooperación y en la búsqueda de ganancias mediante un mejor servicio a los demás. Decididamente, toda forma de agresividad es dañina y antisocial.

Hemos visto que el hombre se ve precisado a delegar en el cuerpo político de la sociedad, el uso de la fuerza defensiva. Ahora bien, si nadie tiene el derecho moral de emplear la fuerza agresiva contra sus semejantes, nadie tampoco puede delegar en el gobierno ese derecho que no tiene. Además, lo que no puede hacer un solo individuo, tampoco lo puede hacer un grupo de individuos o una sociedad. Sólo la fuerza defensiva podemos moralmente utilizar, y sólo la fuerza defensiva delegamos legítimamente en el gobierno,

Sin embargo, los gobiernos suelen atribuirse derechos y facultados que los individuos no tienen. A raíz de esta extralimitación, la fuerza defensiva del Estado puede transformarse, casi inadvertidamente, en una fuerza agresiva y volverse contra aquellos mismos a los cuales debiera proteger.

El padre del liberalismo político, John Locke, ha dicho que la grande y principal finalidad de los hombres que se unen en república y se someten al gobierno es el mantenimiento de su propiedad. Podríamos agregar que la única función de un gobierno republicano es defender la propiedad privada, amparar la libertad de los ciudadanos y asegurar la convivencia pacífica.

Podemos afirmar que todo empleo de la fuerza agresiva por parte del gobierno atenta contra la propiedad, reduce las esferas privadas de acción, inhibe las energías creadoras de los individuos y disminuye las posibilidades y recursos globales perjudicando a toda la sociedad. En este aspecto la doctrina liberal es, como acertadamente la definió Carlos Sánchez Sañudo, la doctrina de la limitación del poder.

En resumen: el orden social de la libertad es un inteligente sistema de fronteras móviles que el hombre puede ensanchar hasta el infinito siempre que tenga la sabiduría de armonizar sus propias y falibles leyes con aquellas otras leyes perfectas que el Creador estableció en todo el Universo para nuestro exclusivo uso y beneficio.

La censura de Facebook en Alemania / Facebook’s Censorship in Germany

UN PEQUEÑO CHISPAZO DE OPTIMISMO, tanto el tribunal alemán como el abogado que llevó la demanda, se  han enfrentado, al mismo tiempo, CON LA LEY MORDAZA DE SU PROPIO PAÍS Y CON FACEBOOK.

¡¡Y HAN GANADO!! Aunque Facebook, como de costumbre, solo lo ha aplicado en parte, lo que demuestra QUE ES EN REALIDAD ESA RED SOCIAL que me parece a mi que NI ES RED NI ES SOCIAL.

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Por/By Stefan Frank

ORIGINAL TEXT IN ENGLISH: Facebook’s Censorship in Germany

Traducido por El Medio

Un tribunal de Berlín ha dictado una orden de suspensión cautelar contra Facebook. Bajo una amenaza de multa de 250.000 euros o una pena de cárcel, Facebook está obligada a restaurar el comentario de un usuario que había sido borrado. Además, la sentencia prohíbe a la empresa bloquear al usuario por su comentario.

Esta es la primera vez que un tribunal alemán se ha enfrentado a las consecuencias de la ley de censura de internet alemana, que entró en vigor el 1 de octubre de 2017. La ley estipula que las empresas propietarias de las redes sociales tienen que borrar o bloquear «posibles» delitos penales, como el libelo, la injuria, la difamación o la incitación, en un plazo de 24 horas tras la recepción de la queja de un usuario.

Como muchos críticos han señalado, este Estado censor deja la libertad de expresión al albur de las decisiones arbitrarias de entidades corporativas que probablemente censurarán más de lo absolutamente necesario, para no arriesgarse a pagar una demoledora multa de hasta 50 millones de euros. Según publicó un periódico, los censores de Facebook sólo tienen diez segundos para decidir si borrar un comentario o no.

El caso del que tuvo que ocuparse el tribunal de Berlín fue que el 8 de enero, el diario suizo Basler Zeitung publicó un artículo titulado: «Viktor Orban habla de ‘invasión’ musulmana en su página de Facebook». El destacado decía:

Viktor Orban se pregunta cómo en un país como Alemania […] el caos, la anarquía y el cruce ilegal de fronteras se puede celebrar como algo bueno.

El usuario Gabor B. publicó un comentario:

Los alemanes se están volviendo cada vez más estúpidos. Normal, ya que los medios de izquierdas les contaminan diariamente con noticias falsas sobre ‘trabajadores cualificados’, el descenso de la tasa de paro o Trump.

Este comentario recibió rápidamente la mayor cantidad de «me gusta», hasta que Facebook lo borró por una supuesta infracción de las «normas de la comunidad» de Facebook. Además, se bloqueó el acceso de Gabor B. a Facebook durante treinta días.

«Uno puede compartir la opinión del que hace el comentario o puede considerarlo polémico o no objetivo», dijo el abogado de Gabor B., Joachim Nikolaus Steinhöfel, a Gatestone. «Lo importante es que el comentario está amparado por el derecho a la libertad de expresión». Añadió que antes de ir a juicio su bufete había enviado una carta de aviso a Facebook.

Facebook cedió en parte y desbloqueó al usuario, pero no restauró el comentario. Los abogados de Facebook nos notificaron que «tras un nuevo y concienzudo análisis habían llegado a la conclusión de que se habían aplicado correctamente las normas de la comunidad y por lo tanto el contenido no se podía restaurar», una valoración que no podemos compartir.

Steinhöfel, además de ser abogado, es un renombrado periodista, bloguero y activista contra la censura. Dirige una página web en la que ha documentado innumerables casos en los que Facebook ha borrado contenido o bloqueado a usuarios, a veces ambas cosas. Al parecer, Facebook suele bloquear a usuarios por comentarios críticos con la inmigración masiva o ciertos aspectos de la cultura islámica. Por ejemplo, en marzo, Frank Bormann fue bloqueado después de hacer este comentario irónico: «Los musulmanes se están buscando una segunda esposa. Para financiarles la vida, los alemanes se están buscando un segundo trabajo».

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Joachim Steinhöfel (derecho) es un abogado, periodista y activista anticensura. Dirige una web en la que documenta casos en los que Facebook ha eliminado contenido o baneado a usuarios. (Foto: Hilmaarr/Wikimedia Commons).

A veces, Facebook parece poner reparos incluso a las críticas implícitas a organizaciones terroristas. En abril, Christian Horst fue bloqueado durante tres días después de haber publicado una foto donde aparecían miembros de la organización terrorista Frente Democrático por la Liberación de Palestina haciendo el saludo nazi.

A veces, los usuarios son bloqueados sin ningún motivo aparente. En marzo, Marlene Weise fue bloqueada en Facebook durante treinta días por publicar un conjunto de dos imágenes: en una aparecía la selección nacional de voleibol femenino en la década de 1970, con camisetas y pantalones cortos; en la otra, el actual equipo iraní, con hiyabs y ropas que les cubren los brazos y las piernas.

Steinhöfel explica que el tribunal no suele dar explicaciones sobre una orden de suspensión. Sin embargo, el tribunal acepta la solicitud si el contenido en cuestión que ha sido borrado se considera legal y legítimo al fin y al cabo:

Esta es una decisión que sienta jurisprudencia, y la primera de este tipo dictada en Alemania […]. Al final, los usuarios pueden actuar contra las prácticas opacas de las empresas que se toman su responsabilidad como si estuviesen tratando con bicicletas de segunda mano.

Steinhöfel dice que, dada la ventajosa posición de Facebook en el mercado, el resultado de esta batalla legal tendrá repercusiones de gran alcance para la comunicación e intercambio de opiniones en las redes sociales: «¿Acaso una ley y un usuario que cumple el contrato han de consentir que empresas como Facebook y Twitter eliminen su contenido o lo bloqueen? Esta sentencia es una importante victoria escénica para la libertad de expresión.

Rajoy tiene un problema singular: España

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Rajoy, el Judas de este viacrucis, tiene, como dijo Catalá del juez González, un problema singular: se llama España. Para tirarse un año más a la bartola en la Moncloa, está dispuesto a entregar, troceado y barato, el Estado. No lo permita la Nación.

Por Federico Jiménez Losantos

Mariano Rajoy quiere alargar un par de años su estadía en la Moncloa, pese a carecer de mayoría parlamentaria, de proyecto político y de partido, porque el PP se va hundiendo mientras su líder, encaramado a sus hombros náufragos, mantiene la cabeza fuera del agua. También cabe verlo como un barco que se va inexorablemente a pique y prolonga su agonía echando al mar cualquier cosa que permita aligerar su peso, en vez de subirse a un bote y tratar de salvarse antes de que el postrer remolino se lo trague.

Esta semana hemos visto el precio de ese empeño en estar a costa de no ser, que después de siete lustros en política, debería haber colmado su ambición: ponerse en manos de los enemigos de España el tiempo que permanezca en el Poder, conscientes, él y ellos, de que nada puede convenirles más que un Presidente del Gobierno dispuesto a vender el Gobierno a cambio de presidir lo que sea.

Una triple infamia: la ETA, el Prusés y Catalá

Tres son los episodios que prueban, más allá de toda duda razonable, ese empeño de Rajoy de aguantar como sea, a costa del régimen constitucional: 1) la pantomima de cambio de local, que no de actividad, de la ETA, protagonizada por el asesino Ternera, interlocutor protegido -CNI mediante- de los gobiernos de Zapatero y Rajoy; 2) el apoyo a la formación de cualquier gobierno golpista en Cataluña con tal de que no lo presida -aunque pueda formalmente tutelarlo- Puigdemont; y 3) el ataque calumnioso, personal y profesional, del Ministro de Justicia a un juez cuya honradez intelectual le ha hecho acreedor de una típica campaña totalitaria de asesinato civil a manos de la horda femirroja, podemitarra, respaldada por el cadalso mediático que dirige la Sexta y seguida por la recua que conforma el albañal audiovisual y al que obedece el rebaño del bien llamado «espectro político».

 

Hemos visto cómo se regala a los etarras las dos piezas que siempre reclamaron para dejar de matar españoles: Navarra y la suelta de sus presos. Y ambas cosas las ha asegurado públicamente Urkullu, paseando con Barcos y asegurando en El País que Rajoy e Instituciones Penitenciarias son «sensibles» a la situación de los asesinos etarras. Vamos, que los sueltan ya.

Pero esa suelta de los pistoleros del separatismo etarra es el prólogo y garantía de que los presos catalanes por el golpe de estado del 1 de octubre seguirán la misma suerte. Para eso hacen falta dos cosas: que haya Gobierno en Cataluña, todo lo separatista que quiera, pero que permita archivar el 155; y una presión implacable a los jueces hasta plegarse a lo que ya no sería un golpe de Estado en dos frentes, vasco y catalán, sino del propio Gobierno, que, contando con la inmensa batahola de medios comunistas y separatistas, con el aplauso entusiasta de la Izquierda, la mudez de la Derecha y la memez del Centro, acabaría sometiendo a jueces y tribunales a lo que el PSOE llama el «Veredicto Popular«, que estaría muy, muy por encima de la Constitución.

Esa es la función de los dos asaltos a la independencia judicial que ha perpetrado en apenas dos semanas el Gobierno. El primero, fue contra el juez Llarena, al que quiso imponer a través de la Fiscalía General del Estado la suelta de Forn, primer favorecido con una política penitenciaria «sensible» a la situación de los presos golpistas hasta «normalizar» la violencia callejera y poder lavarse las manos de la responsabilidad del 155, que moriría inédito.

El segundo asalto lo perpetró el mismísimo Ministro de Justicia contra el juez González, y ha sido tan escandalosa la forma de agredirlo en lo personal y despreciarlo en lo profesional que ha conseguido movilizar en su contra a todas las asociaciones de jueces, y de fiscales, menos una. Y no se sabe si el milagro se debe al decoro profesional, a la humillación corporativa o a que han adivinado que, tras dejar en manos del Poder Judicial la inmensa y honrosa responsabilidad de proteger a la Nación y su Estado de Derecho, ahora el Ejecutivo de Rajoy, con un amplio respaldo del Legislativo, quiere quitarles aquella «patata caliente» para zampársela asadita con los golpistas.

España, Italia, la ETA y la Mafia

Los tres movimientos –el pacto con la ETA, el apoyo al golpismo light y el acoso a los jueces molestos– tienen el mismo objetivo político: asegurar a Rajoy la supervivencia durante el resto de la legislatura, mediante la alianza más abyecta que haya hecho nunca un Gobierno de España: con los partidos y organizaciones criminales que nacieron y viven para destruirla. Es como si en Italia formara Gobierno el izquierdista Grillo con el apoyo parlamentario de la fascio-separatista Liga Norte y el callejero de la Mafia y la Camorra.

Este es el proyecto de supervivencia político-personal de Rajoy: de momento, llegar a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019; y después, prorrogando los Presupuestos, hasta las Generales de 2020. Cuenta, como expuso obscenamente el portacoz del PNV, con el apoyo del separatismo vasco, para retrasar todo lo posible la llegada de Rivera al Poder. Y con el separatismo vasco, que de nuevo toma la delantera, pero siempre coordinados, el separatismo catalán, para el que de inmediato se negociará otra salida «sensible» para los presos, antes de que Rivera pueda impedirla. No es seguro que se atreviera a hacerlo, pero, por si acaso, mejor asegurarlo con un muerto en Moncloa que con un rivales que ambicionen hacer Historia.

Ante este plan de Rajoy tan rastrero como evidente, que es también el de la ETA, el PNV, los separatistas catalanistas y los comunistas podemitas, Rivera puede quitarle su apoyo parlamentario y forzar elecciones generales. Aparentemente, eso no le conviene nada desde una perspectiva partidista, ya que está recibiendo un alud de votos del PP y una inundación del PSOE. A este paso, en nueve meses, arrasaría, consolidaría bastiones de poder local y regional y se presentaría ante las generales con todos los triunfos en la mano. Como ese voto de rechazo a los dos grandes partidos lo recibe por parecer un partido formal, para defender las instituciones y evitar revoluciones, sería difícil, aunque creo que no imposible, explicar por qué derriba al Gobierno. Entiendo que, hoy por hoy, Rivera se plantee, sobre todo, no cometer errores. Cuantos más votos y escaños obtenga, con esta táctica, mejor podrá en el Gobierno deshacer las fechorías que perpetren Rajoy y sus aliados satánicos.

Rivera puede encontrarse una España intransitable

Sin embargo, ese planteamiento tiene un defecto: olvida al enemigo. Precisamente por temor a Rivera y confianza en la inerme doblez de Rajoy, sus aliados de fortuna, separatistas y comunistas, llevarán todo lo lejos que puedan el proceso de desmantelamiento del régimen constitucional de 1978. Y en ese proyecto, que es el de la Ruptura, la condena de la Transición y el plebiscito de una República Confederal con derecho a la autodeterminación de los territorios que la integren, van a contar con el PSOE de Pedro Sánchez.

Sin apenas darnos cuenta, hemos entrado en una época de «gimnasia revolucionaria«, que así llamaba el faísta García Oliver -y gusta repetir Pablo Iglesiasa la violencia callejera para ensayar el golpe final revolucionario. Con la careta del feminismo batasuno, la violencia callejera de los CDR o las procesiones de entronización de asesinos etarras, lo que cada día nos sirven unos medios audiovisuales tan demagogos, sectarios y avariciosos que ya sólo les falta rifar asesinatos en directo dizque para ayudar a niños etíopes, es el desprecio de los jueces en particular y la Ley en general, mientras se exalta la violencia callejera como expresión directa de la Voluntad Popular.

Ese calentamiento de las masas brutas y ese acostumbramiento de las blandas a la brutalidad, ya lo vivimos una vez, del 2002 al 2004, con las grandes movilizaciones del Prestige y la Guerra de Irak que desembocaron en los terribles días del 11M al 14M, en especial el cerco a las sedes del PP el 13M, cuando empezó a cambiar, o sea, a descarrilar, la Historia de España. El proceso de vuelta a la Guerra Civil, a la división social por sexos y lenguas que empezó Zapatero, está alcanzando con Rajoy un punto de no retorno. No podemos confiar en los dos grandes partidos, que son parte del problema, ni fiarlo todo a Ciudadanos, inédito en la gestión y aún gateante en la política.

La Nación, al rescate del Estado

Las únicas instituciones que, frente a la defección del Gobierno y la Oposición, y bajo unos medios audiovisuales corruptos, comunistas y golpistas, han demostrado capacidad de resistencia frente al reto separatista y la descomposición de España son la Corona, la Nación y la Justicia. Deben movilizarse antes de que esta política torva y a traición parezca irreversible.

Digo parezca. Para que el sórdido egoísmo de la Derecha y la siniestra idiocia de la Izquierda triunfaran haría falta que los españoles admitiéramos que no valemos para estar juntos y que aceptamos, so capa de autonomías, privilegios feudales, fronteras lingüísticas e inquisiciones sexistas. Puede que nuestros enemigos triunfen, pero no les será fácil. Rajoy, el Judas de este viacrucis, tiene, como dijo Catalá del juez González, un problema singular: se llama España. Para tirarse un año más a la bartola en la Moncloa, está dispuesto a entregar, troceado y barato, el Estado. No lo permita la Nación.

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El Gobierno no tiene dinero para las pensiones pero sí para mantener a las autonomías y a 8 millones de inmigrantes

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«Rajoy nos dice ufano que no hay dinero para las pensiones pero le envía 100 millones de euros al Monomotapa. A ver ¿no hay dinero para los pensionistas, que no reclaman sino lo que es suyo, y lo que es suyo se destina a “ayudar a países africanos”? Que nos lo expliquen. Y sobre todo que los afectados se lo pregunten.»

Por Yolanda Couceiro Morin

Últimamente los jubilados son noticia en España: por fin se han dado cuenta de que son un colectivo importante a pesar del ninguneo constante al que son sometidos por todas las fuerzas políticas del arco parlamentario de nuestro país. Y se han decidido a tomar las calles y protestar reclamando lo que es suyo, lo que han ganado en sus años de trabajo y cotización, con su ahorro y su esfuerzo de años y décadas

Pero no puedo evitar que esta situación me recuerde el cuento de la moneda. Dice el cuento que una mujer perdió una valiosa moneda de oro en su casa. Alarmada, pidió ayuda a sus vecinas para que le ayudaran a buscarla por el patio. Tras dos horas buscando la moneda, una de las vecinas le preguntó: “Pero ¿estás segura de que la perdiste aquí?”. “No, contestó la mujer, la perdí en la cocina.”. Irritadas, las vecinas le dijeron: “¿Y por qué las estamos buscando aquí entonces?”. Contestó ella: “Porque aquí hay más luz.”

Las reivindicaciones de los jubilados son justas, ciertamente, pero están buscando “su moneda” de manera equivocada, en la geografía equivocada. Reclamarle lo propio a este gobierno, o al precedente o al que sin duda vendrá (tanto monta monta tanto) es tan insensato y errado como la actitud de los protagonistas del cuento citado. Lo que corresponde hacer en este caso es preguntarse cómo y dónde se perdió la moneda y en consecuencia buscarla adecuadamente. Pues esa moneda se perdió cuando estos mismos jubilados entregaron su confianza a los mismos que ahora son objeto de la reclamación actual.

Los jubilados gritan su descontento y su cólera con toda razón, pero si quieren saber dónde está su moneda perdida deberían intentar una reflexión sobre el uso de ese dinero que no llega a sus bolsillos. El despilfarro del dinero público, cuando no la malversación o incluso el latrocinio (legal mediante publicación en el BOE o ilegal en cuentas dobles, comisiones diversas y demás “regalos” a amigos y parientes…) es la tónica general del sistema que nos esquilma a todos. Un único (y reciente) ejemplo: el gobierno anunció hace pocos días el regalo de más de 100 millones de euros a varios países africanos en concepto de “ayuda al desarrollo para combatir la pobreza en los países del Sahel.”

Si nuestros jubilados se preguntan dónde está su dinero, pacientemente ahorrado durante años de trabajo y sacrificios, pues ya lo saben. Se ha ido al corazón de África. El gobierno Papá Noel de España ha considerado que allí es donde debe ir el fruto del esfuerzo de los españoles.

Rajoy nos dice ufano que no hay dinero para las pensiones pero le envía 100 millones de euros al Monomotapa. A ver ¿no hay dinero para los pensionistas, que no reclaman sino lo que es suyo, y lo que es suyo se destina a “ayudar a países africanos”? Que nos lo expliquen. Y sobre todo que los afectados se lo pregunten.

Y no es lo único que nos tienen que explicar, por cierto.

Nos deberían explicar por qué un país como España, que no es precisamente rico, mantiene 17 mini Estados, todos ellos con una legión de cargos, subcargos, altos cargos políticos, duplicidad funcionarial y gastos desorbitados en sedes, consejeros, etc, etc. Son cada vez más las voces que se alzan contra el estado de las autonomías, pero no parece que ningún político esté por la labor de someterlo a referéndum, ni la calle lo reclama en manifestaciones multitudinarias.

También deberían explicarnos por qué hemos traído y mantenemos a tantos millones de inmigrantes. Primero nos vendieron el cuento de que “vienen a hacer los trabajos que los españoles no querían“. La mentira tiene las patas cortas. Coló un tiempo, pero era algo tan evidentemente falso que buscaron otro cuento: “vienen a pagarnos las pensiones“. Ah, pues si venían a pagarnos las pensiones ¿cómo es que ahora, después de 8 o 10 millones de inmigrantes, no hay dinero para pensiones?. Al final ya, cuando ningún cuento era creíble, recurrieron a la solidaridad, a la lágrima fácil, a la sensiblería: “son pobres refugiados que huyen de países en conflicto y buscan un futuro mejor“. Pero el futuro que buscan es a costa de nuestro futuro, ya no hay dudas al respecto.

Nadie puede ser solidario si apenas tiene para sí mismo. Nadie está obligado a ser solidario con el dinero de su pensión, porque se lo ha ganado trabajando y pagando impuestos, y ahorrando, y luchando cada día en la jungla del empleo. Que sea solidario quien quiera y pueda permitírselo, pero no a mi costa. No puedo ser solidario con los extraños mientras haya pensionistas españoles cobrando una miseria. No quiero ser solidario con los extraños mientras se ningunea el trabajo y el derecho a una ayuda a los españoles. Que no me cuenten milongas: eso no es solidaridad, eso es genocidio: se quiere destruir a la población nativa y dar lo suyo, lo legítimamente ganado, a quienes ni han hecho nada por merecerlo ni les pertenece. Si en sus países están mal, que reclamen a sus gobiernos y que pidan mejoras en su país. Pero que no vengan al mío a reclamar lo que pertenece a los jubilados, lo que me pertenecerá en un futuro a mi. Curiosamente, todo lo que exigen en nuestros países, jamás lo han pedido en los suyos.

También deberían explicarnos por qué España ayuda a construir mezquitas en Afganistán, financiar festivales de cine en Perú, bailes tradicionales en Cochabamba o paritorios en Tánger sin haber dinero para los jubilados, sin haber trabajo para los propios españoles. ¿Nos quieren vender eso como solidaridad? ¿Desde cuando la irracionalidad es solidaridad?

– Nos deberían explicar montones de cosas más, pero creo que ya se entiende la idea. Y la idea es que hay dinero para sueldos innecesarios de políticos innecesarios con pensiones que rozan la inmoralidad y el escándalo, y que además, no tienen ni que cotizar como el resto de mortales. Hay dinero para todo el que llega de modo ilegal a nuestro país. Hay dinero para “ayudar” a otros países. Pero no hay dinero para los jubilados.

Por eso digo que los jubilados, aunque hacen bien en reivindicar lo que es suyo, están buscando la moneda en el patio en lugar de donde se perdió: en los consejos de ministros de los sucesivos gobiernos que venimos soportando durante décadas, y en los parlamentos nacional y autonómicos que legislan contra los intereses de los ciudadanos.

Lo primero que tienen que hacer los jubilados y los no jubilados es exigir la suspensión inmediata del Estado de autonomias, y que todos los cargos innecesarios (altos cargos, subcargos, consejeros, consejero del consejero, secretario del consejero, subconsejero, etc etc,), sean eliminados.

Exigir el cese inmediato de subvenciones y ayudas para cualquier proyecto fuera de España con dinero publico. El que quiera ser solidario, que dé de su paga y de su dinero. Pero no del dinero de todos, del dinero ajeno. (¿De esos últimos 100 millones de euros regalados por Rajoy a África cuantos de ellos han salido de su bolsillo?)

Exigir que los inmigrantes tengan el mismo trato que los españoles, que no haya discriminación positiva para ellos y que si no cotizan, no cobren ningún tipo de ayuda. Lo dicho. El mismo trato que los españoles. Y ya veríamos entonces si hay dinero o no. Cuando les quitemos las ayudas a todos esos improductivos extranjeros que reciben una paga por respirar y apoyar esquinas en España, tal vez empiecen a salirnos un poco mejor las cuentas.

Todo lo que sea reivindicar sin poner soluciones es como buscar la moneda en el patio cuando ésta se perdió en la cocina. El griterío y las maldiciones son humanamente comprensibles pero no son soluciones reales para una situación que cada vez irá a peor si no hacemos nada por rectificarla y corregirla.

Los jubilados y los no jubilados no deben equivocarse de actitud para hacer frente a sus problemas y asumir la defensa de sus intereses. En el sistema en el que vivimos tenemos todavía algunas herramientas que por regla general no sabemos utilizar efectivamente. Por ejemplo, el derecho a voto. No es en la luminosidad tumultuosa de las plazas en donde que hay que buscar una efectiva solución al problema de la “moneda perdida”, sino en la soledad del cuarto oscuro a la hora de votar.

España: Sociedad Limitada

Montoro y Rosell

«Todo aquel que critica el sistema para mejorarlo desde una posición moderada y reformista, es inmediatamente arrojado extramuros y etiquetado como antisistema»

Por Benegas y Blanco en Disidentia

El teléfono sonó dos veces. Tan pronto el alto ejecutivo descolgó, la voz al otro lado del hilo comenzó a hablar de manera atropellada, en un tono tan alto que sus palabras resonaron por todo el despacho. El directivo frunció el ceño. Impaciente, golpeó rítmicamente la superficie de la mesa con las yemas de los dedos mientras las palabras brotaban incesantes del auricular.

De pronto, interrumpió a su interlocutor y le espetó: “Escucha, Fulano, sabemos que no es culpa tuya pero no es lo que hablamos, no es lo acordado… y habrá que poner remedio”. Sin dejar margen a la réplica, continuó: “tú lo que vas a hacer es lo siguiente…” y, en un tono complaciente y a la vez amenazante, le dio una serie de instrucciones claras y concisas.

La voz al otro lado de la línea enmudeció unos instantes. Cuando volvió a hablar, era casi ininteligible, un dulce susurro. El ejecutivo escuchó satisfecho, asintió con la cabeza, se despidió de su interlocutor cariñosamente y colgó. Luego, volviéndose hacia quien había sido testigo de la conversación, se encogió de hombros y dijo: “Estos estúpidos políticos se ahogan en un vaso de agua”.

Un secreto a voces

Infinidad de rumores apuntan hacia situaciones similares, sean conversaciones telefónicas, reuniones informales o charlas cara a cara entre un político y un gran empresario durante algún evento con acceso restringido. En ocasiones, se trataría de amañar adjudicaciones públicas a cambio de un pago diferido en el tiempo; en otras de promulgar determinadas leyes, normas y regulaciones que afectarían a los sectores llamados “estratégicos”, donde el Boletín Oficial del Estado, con su letra pequeña, es la llave que abre y cierra mercados, la cal que ensancha o estrecha el terreno de juego.

La consecuencia es que, finalmente, en la estructura productiva española existe una desproporción enorme entre grandes empresas, por un lado y pequeñas y medianas empresas (pymes), por otro. Esta anomalía se debe a motivos legales y regulatoriosLas pequeñas empresas no crecen porque si aumentan de tamaño deben comenzar a cumplir infinidad de nuevas normas y requisitos extraordinariamente costosos, muchas veces inalcanzables. Lógicamente, al no crecer no pueden competir con las grandes compañías, que sí tienen suficiente músculo, y también relaciones, para asumir las cargas del marco regulatorio.

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Así, en España, las pymes suponen el 99,9% de las compañías: son 3.110.522. Y lo que es peor, más de la mitad de ellas, 1.670.329 (el 53%), son microempresas sin empleados, y de ellas 1.050.714 son meras personas físicas. Pero hay una gran escasez de medianas empresas. ¿Cómo generar “salarios dignos” con una estructura productiva tan precaria?

La trampa regulatoria: un arma contra la competencia

Muchas regulaciones no son neutrales ni inocentes: surgen precisamente de esas llamadas telefónicas, encuentros y conversaciones entre políticos y empresarios; es decir, de la connivencia del poder político y económico. Por ello, el Régimen español se asemeja más a un sistema de acceso restringido que a un sistema de libre acceso. En Violence and Social Orders (2009), Douglass NorthJohn Wallis y Barry Weingast explicaron la diferencia entre ambos.

El Sistema de Acceso Restringido es cerrado porque imperan los privilegios, las relaciones de tipo personal y las barreras a la participación en la política y en la economía. Por el contrario, en el Sistema de Libre Acceso predominan las relaciones impersonales, institucionalizadas, la ausencia de barreras, la libre competencia en la política y la economía, y la igualdad de oportunidades.

Cuando el sistema es cerrado, los políticos generan una legislación, unas normas y regulaciones que no son neutrales sino simples estratagemas para impedir la competencia y favorecer a las grandes empresas amigas que, a cambio, corresponden con financiación al partido, pagos opacos a sus dirigentes o lo que se han venido a llamar “puertas giratorias“.

¿Por qué son tan pocos los que lo denuncian?

En un sistema de acceso restringido, pocas cosas suceden de manera espontánea; los primeros comprometidos son los medios de comunicación, que viven de la publicidad de las grandes empresas. Un publicidad que, aunque lo parezca, en realidad no es comercial. Su precio está extraordinariamente inflado, porque su verdadero objetivo es comprar la voluntad de unos medios incapaces de vivir de sus lectores, del mercado.

Las alocuciones de gobernantes o políticos en activo, poco o nada dicen al respecto: tienen mucho que perder. Algo más de sustancia contienen las declaraciones de ex políticos que ya no participan de la vida partidista ni aspiran a cargo o prebenda alguna. Por ejemplo, José Bono, ex ministro de Defensa, denunció que, en España, las listas electorales sólo incluyen a los amigos del jefe del partido. O Francisco Granados reveló, justo al abandonar su escaño, que las tareas de los senadores se limitaban a pulsar un botón. Los hechos eran de sobra conocidos pero… ninguno de los dos había pregonado estas “verdades del barquero” cuando se encontraban en activo.

La sinceridad sobrevenida

Al contar su historia, el ex político suele ofrecer una versión exculpatoria, demasiado idealizada de su trayectoria, pero también se siente mucho más libre para señalar esos fallos del sistema sobre los que antes guardó silencio. La entrevista que Rosa Díezconcedió a Disidentia contiene todos estos elementos pero, sobre todo, denuncias de hechos demasiado graves como para ser pasados por alto.

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De sus declaraciones puede deducirse que España está dominada por un puñado de grandes empresas, que poseen o controlan los medios de comunicación y que utilizan este poder, no directamente para influir en el día a día de las decisiones gubernamentales, pero sí para encauzar los cambios, alzando a los partidos que mejor sirven a sus intereses y saboteando a los que no les sirven. Así explicaba por qué su partido, UPyD, desapareció súbitamente no solo de los medios de comunicación; también de unas encuestas que no pretenden tanto medir la opinión pública como manipularla.

Lo que la veterana ex política define con sus palabras es lo que se conoce popularmente como “capitalismo de amigotes”, un sistema en el que existe una coalición gobernante, compuesta por un puñado de grandes empresas, estructuras de partidos, grupos de interés y burócratas que, mediante acuerdos tácitos o explícitos, utilizan de forma interesada el poder imponiendo barreras tanto en la política como en la economía.

De esta forma, el imperio de la ley es desplazado por un esquema de pura arbitrariedad, de intercambio de favores. Y los personajes pudientes obtienen un trato de favor, no sólo del ejecutivo o del legislativo; a veces también del judicial.

Así, Emilio Botín no sólo pasará a la historia por haber presidido el Banco Santander, también a los anales de la jurisprudencia por la doctrina jurídica que lleva su apellido, un invento de última hora del Tribunal Supremo para retorcer la ley, evitando una condena a tan ilustre banquero. Un favor similar fue concedido a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los famosos “Albertos”, cuando el Tribunal Constitucional decidió cambiar toda la doctrina sobre prescripción de delitos para librarlos de la cárcel. Con suficiente influencia y dinero… casi todo es posible en España.

Los antisistema, tontos útiles… del sistema

Rosa Díez insinúa que al Establishment le convienen los partidos antisistema. Y tiene razón, pero por un motivo que no señala: sirven para desactivar la crítica que se lleva a cabo desde posiciones reformistas sensatas… pero peligrosas para determinados intereses. Las críticas al modelo de acceso restringido para proponer la eliminación de las barreras, la evolución hacia un régimen abierto a la política y la economía se manipula en los medios para identificarla con la que realizan los antisistema, cuya beligerancia no es demasiado sincera; más bien una forma de ganar votos e introducirse dentro del esquema de poder.

Así, todo aquel que critica el sistema para mejorarlo, para hacerlo más eficiente y justo, desde una posición moderada y reformista, es inmediatamente arrojado extramuros y etiquetado como antisistema. Sin embargo, hay una sustancial diferencia entre ambos: la solución propuesta. Mientras que los antisistema pretenden construir un régimen todavía más cerrado, con añadidas trabas, componendas y cambalaches, los verdaderos reformistas desean abrirlo, retirar esas barreras que impiden la participación de todos.

Un modelo peligroso e inestable

Ahora bien, los sistemas de acceso restringido, por muy correosos que parezcan, tienen un flanco muy débil: a largo plazo resultan inestables. Los acuerdos suelen quebrar por voluntad de algún miembro de la coalición gobernante que aspira a obtener una parte mayor del pastel. Es el caso en España de parte de la oligarquía catalana, que decidió romper la baraja presionada por las apreturas que trajo consigo la Gran depresión. Esto, junto con la crisis de los partidos tradicionales, el conocimiento de la corrupción estructural y los escándalos de tipo económico desembocó en una sensación de fin de Régimen.

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En efecto, el sistema está agotado y sólo hay dos caminos. O bien restablecer el statu quoque ha estado vigente hasta hoy, aseando el Régimen para que parezca que cambia, pero siga todo igual, es decir, lo que ha venido en llamarse la operación Ciudadanos. O, como abogamos algunos, acometer las reformas necesarias para eliminar barreras, liquidar los privilegios, garantizar la igualdad ante la ley. Dicho de otro modo, avanzar hacia un sistema de libre acceso, en beneficio de todos.

Como señaló Jean-François Revel, “la libertad de emprender es, ante todo, el medio de defensa de los pequeños contra los grandes y de los débiles contra los fuertes”. La connivencia entre gobernantes y grandes empresarios para establecer barreras causa un quebranto enorme a los ciudadanos, les impone incalculables costes económicos, pero sobre todo socava pilares fundamentales.

Los políticos no resuelven los problemas porque no gobiernan en beneficio de la población, sino en interés de ellos mismos y de determinados grupos. Y la sociedad civil desaparece, queda desvertebrada, limitada: como esa mayoría de empresas… incapaz de crecer.

 

La verdad del mantero / The truth of the «mantero»

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Lo ilegal debe ser extirpado y expulsado. Lo contrario, esta papilla globalista ahora mismo padecida, es el peor desprecio al hombre, ya sea blanco o negro.

Por Carlos Kaiser

La trata de esclavos que fomenta Europa está en pleno apogeo. ¡Quien tuvo, siempre será un pervertido! Así las “pateras” o “balsas de la ignominia”, fletadas por los “tratantes esclavistas” de Africa y Oriente Próximo, yihadistas y pro–palestinos del odio sin coartada, protegidas por diversas ONGs cómplices de “cosa nostra” y rescatadas por los Servicios de Auxilio Marítimo (y por la Armada española), únicos humanitarios impolutos en esta cadena criminal, llegan a nuestras costas y desembarcan en el país una creciente muchedumbre de negros (ahora se tiende a llamarlos subsaharianos en piadosa jaculatoria jesuítica o leninista). Estos esclavos recién llegados, celebrados por toda una Europa política de forajidos (en otro momento hablaremos de los “muslims”), sólo tienen por delante la condena a trabajos forzados (consumirse noche y día en los invernaderos a 50º C) o vivir de la limosna y de la delincuencia. Detrás, por el camino de los mares, van quedando cientos y miles de cadáveres, ahogados sin identidad, que no consiguieron llegada en esta gymkana de lo perverso. Nuestro “piélago político” en su totalidad reacciona con su sabido despotismo irresponsable: «Aquí sólo se cumplen las leyes que a mí me salen de las “webs”». Nada más lejano de sus prácticas que un Estado de derecho.

Nos encontramos por consecuencia con una creciente comunidad incrustada de gentes de color oscuro (¡negros, vamos!) que han accedido ilegalmente a nuestro país, que no pueden legalizar su permanencia en él, que carecen de todo recurso legal para llegar a ser “libertos” y únicamente tienen abierto el camino de la delincuencia consentida (en muchos casos también protegida a lo Capone): permanencia ilegal, prostitución, comercio ambulante ilegal y tráfico de mercancías robadas y/o falsificadas, el llamado “pirateo de baja intensidad”. Frente a ello, las llamadas autoridades sólo saben jugar a ser “niños de piedra”, pedrusquitos de sonrisa estúpida que ignoran todo compromiso con la ley y juegan a ser monaguillos de Cáritas Diocesana (¡todo para el pobre, pero sin el pobre!). «¡Tente a tres pasos, sosancho, que jiedes!», dijo Cervantes.

Pero alguno de estos “marginados”, a veces, tiene acceso a la palabra y lo que dice no nos gusta. Un “mantero” de Lavapiés, negro como un tizón, ha tenido acceso a las gacetas y ha soltado, refiriéndose al niño Gabriel asesinado en Las Hortichuelas”: «Se muere un niño de mierda y España sale a la calle». Nuestros tiernos corazones, ¡tan sensibles!, se remueven dentro de sus tumbas. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se puede ser tan animal?

Sí, pero intenten por un momento entender el razonamiento del “mantero”: «Vosotros, delicados y llorosos querubines colmados de virtudes, que aceptáis la esclavitud de facto de los negros, que no respetáis vuestras propias leyes y celebráis su incumplimiento, vosotros los discípulos del más artero de los satanases, los babosos mendicantes de piedad para los verdugos aún delante de los cuerpos todavía calientes de sus víctimas, ¿os llamáis a vosotros mismos bondadosos? ¿Dónde están los aplausos, las manifestaciones, las velitas, los dibujitos, las banderas a media asta y los días oficiales de luto por los negros ahogados en su huida hacia el infierno? ¿Somos los negros unos muertos de baja calidad como denunciaba Machín en sus Angelitos Negros? ¿O todavía pensáis que os vamos a dar las gracias por dejarnos infravivir? ¿Habéis imaginado siquiera que nosotros también querríamos soñar con algún futuro?»

Esa es la verdad del mantero, por mucho que nos moleste. Y nuestra mentira es aplaudir, por muy “buenistas” que queramos ser, que exista un “al margen” consentidor permitiendo la burla de la ley. Ya sean intentonas golpistas, foralidades trasnochadas o invasiones extranjeras.

Lo ilegal debe ser extirpado y expulsado. Lo contrario, esta papilla globalista ahora mismo padecida, es el peor desprecio al individuo, al hombre, ya sea blanco o negro, y a la sociedad de todos. El primer paso es respetarnos a nosotros mismos, lo demás vendrá por añadidura. Negar la evidencia es un suicidio, el más cobardica de todos, la del bobainas terco y contumaz. Es un morirse por lo laico (¡el más irrisorio de los rituales, desde la Prehistoria hasta hoy!), ya que estamos. Y si es contra alguien, más patético. ¡Por cierto, no se les ocurra buscar mi tumba, los muertos son ustedes!

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